Entrevista a Luis Figueroa: “La Marroquín es un oasis para el pensamiento liberal”
Entrevista a Luis Figueroa, Relaciones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
Entrevista a Luis Figueroa, Relaciones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
En su libro Why Nations Fail (2012), Daron Acemoglu y James Robinson distinguen dos tipos de oligarquías de élites, las inclusivas y las extractivas que, respectivamente, diferencian las naciones ricas de aquellas más pobres.
Dado que las elecciones europeas son el próximo 25 de mayo, quizás puede resultar interesante analizar brevemente cómo distinguir los líderes inclusivos de los extractivos antes de decidir a quién votar entre las nuevas opciones electorales que podrían renovar la democracia española en los próximos años.
1. Líderes "inclusivos"
Para Acemoglu y Robinson, los líderes son inclusivos cuando impulsan instituciones "inclusivas" o positivas para el crecimiento económico y que, por tanto, hacen que las naciones sean más ricas como, por ejemplo, la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, la separación de poderes, la independencia de jueces y tribunales…
Pueden considerarse líderes "inclusivos" aquellos que dan la batalla por las ideas y actúan para evolucionar el marco institucional hacia una recuperación del "ethos", entendido como el conjunto de patrones de comportamiento, normas de conducta o instituciones morales, que arraiga en la población de un país.
Diferencian correctamente entre el bien y el mal, entre los ciudadanos de bien y los delincuentes, entre la honestidad y la rapiña, entre la nobleza y la vileza, entre el cumplimiento de la Ley y la prevaricación, la corrupción y la malversación de fondos públicos.
Se distinguen por una defensa sin ambigüedades de un paradigma de valores fijos y absolutos, frente al paradigma del relativismo moral y el consenso socialdemócrata, defendido por los antiguos partidos que sostienen un régimen de partitocracia y corrupción.
2. Oligarquías "extractivas"
Por otro lado, Acemoglu y Robinson sostienen que son líderes "extractivos" aquellos personajes que se dedica a la depredación de los recursos públicos, obtenidos del trabajo y el esfuerzo del resto de ciudadanos.
El lenguaje debe ser preciso y, por ello, entiendo que la denominación más correcta es oligarquías "extractivas" para referirnos a los personajes que se integran en sindicatos, partidos, patronales, asociaciones, fundaciones y grupos de interés que logran tejer una tela de araña para la captación de los recursos públicos del Estado-Administración en su niveles internacional, nacional, regional (autonómico), provincial, municipal,…
En mi modesta opinión, es inapropiado aplicar los términos "líder" o "élite" para denominar a una jauría de personas sin mérito, sin capacidad y sin valores que actúan como hienas y chacales, intentando vivir de los esfuerzos individuales del resto de la población. Cierto que logran dirigir grupos humanos pero, sin embargo, la palabra "liderazgo" está vinculada a características personales y a valores morales "inclusivos" que es conveniente proteger del uso inadecuado del idioma.
Las "oligarquías extractivas" tergiversan el espíritu de la Ley, empeoran las leyes, distorsionan el cumplimiento de las sentencias y rompen el marco institucional para favorecer sus propios intereses. Se caracteriza por personajes sin moral, o con una moral relativista, que potencian las instituciones "extractivas" o negativas, porque deterioran las leyes y el Estado de Derecho, promueven políticas intervencionistas y, en definitiva, "guían" el país hacia la pobreza de la mayoría de los ciudadanos.
Entre otras muchas, por ejemplo, son instituciones extractivas las leyes que deterioran los derechos de propiedad, otorgan ayudas y subvenciones públicas a grupos de medradores de prebendas, merman la calidad de las auditorías de cuentas, fomentan el descontrol en las cuentas públicas, impiden la separación de poderes, consienten la elección de los jueces por políticos, incumplen las sentencias de los tribunales… porque intervienen sobre el normal funcionamiento de un mercado libre y fomentan la corrupción, la prevaricación y la malversación de los caudales públicos.
3. Acción Humana en el orden de mercado y, también, en el orden político
La acción humana se produce no sólo en el orden económico o, si se prefiere, en el orden de mercado que surge de la interacción en libertad de millones de personas. Nos guste o no, la acción humana se produce también a lo largo de la historia dentro de un orden político con diferentes formas de institucionalización del poder, lo que no puede ser obviado en el estudio de las ciencias sociales.
Después de la Revolución Francesa (1789), el proceso de institucionalización del poder [1][2] ha involucionado en los siglos XX y XXI hasta la constitución del Estado Minotauro, señalaba Bertrand de Jouvenel en su obra Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento, y que devora la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos en favor de las oligarquías "extractivas" que controlan el poder político.
Recientemente, el catedrático Roberto Centeno señalaba que: "el castigo de los hombres buenos que no se ocupan de la cosa pública es ser gobernados por hombres malvados".
Sin embargo, ante situaciones de grave deterioro institucional, como la actual, los ciudadanos pueden actuar con seriedad para, responsablemente, elegir entre las tres alternativas posibles:
a) En primer lugar, pueden decidir abstenerse, lo que contribuye a mantener el "statu quo" imperante, porque no derriba gobiernos ni regímenes políticos; si bien sirve para deslegitimarlos, si supera más de la mitad del censo electoral.
b) En segundo lugar, pueden optar por sostener el régimen de oligarquías extractivas que dilapida los recursos públicos y deteriora la actividad económica del país, lo que ocurre cuando la tela de araña de ayudas, subvenciones e intereses públicos, tejida por sindicatos, patronales y partidos políticos, moviliza el voto del amplio colectivo de personas, dependientes de los presupuestos públicos para subsistir con las aportaciones (impuestos) de los demás.
Esto es lo que está ocurriendo en países como Argentina, Italia, Portugal o España. Una mitad del país termina viviendo a costa de la otra mitad y, por dicho motivo, las personas más preparadas emigran a otros países, en donde prevalece el orden de mercado por medio de un marco institucional más evolucionado y menos "extractivo" respecto de los recursos privados de las empresas, familias y personas.
c) En tercer lugar, pueden votar a líderes "inclusivos" que impulsen la recuperación de los valores morales propios de una sociedad civilizada (o abierta), la regeneración de la democracia con un marco institucional más "inclusivo" y, también, la reducción del tamaño del Estado-Administración, porque es lo que permite que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político u oligárquico.
Los líderes inclusivos se caracterizan por defender las "instituciones morales" que, como señalaba el premio Nobel de economía de 1974, Friedrich Hayek, en su obra La Fatal Arrogancia, permiten la existencia de una sociedad civilizada (o abierta) como, entre otros, el respeto por la vida, la propiedad, la familia, la libertad de pensamiento y culto, la libertad de empresa, el comercio libre, el dinero de calidad o el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las subidas de impuestos y el endeudamiento.
En definitiva, cuando la corrupción es generalizada entre la casta política, la regeneración de las instituciones sólo puede ser realizada por líderes "inclusivos", que se encontrarán en las nuevas formaciones políticas que opten por la democracia interna y la financiación transparente. No puede encontrase en los partidos que defienden el régimen político preexistente, cuando se encuentran deteriorados por la corrupción o cuando adolecen de ésos requisitos de transparencia en la gestión y de apertura a la sociedad civil.
Al igual que en otros países, los ciudadanos españoles pueden identificar los líderes "inclusivos" en los nuevos partidos políticos que deben cumplir sus promesas de valores morales, regeneración democrática y reducción del tamaño de las administraciones públicas.
Los ciudadanos también encuentran líderes inclusivos en las organizaciones no-gubernamentales, que se financian privadamente y que promueven el cambio del actual paradigma de valores morales relativistas y social-demócratas por un paradigma de valores morales fijos y de economía de mercado. Así, en España, con los matices de integrar grupos heterogéneos y con las diferencias propias de sus diferentes objetos sociales, se pueden encontrar líderes inclusivos entre otros, en asociaciones como: Instituto Juan de Mariana, Centro Diego de Covarrubias, Hazte Oír, Citizen Go, Vota Valores, Profesionales por la Ética…
Estas asociaciones se caracterizan porque no mantienen los cánones ideológicos de la corrección política ni los lugares comunes del consenso socialdemócrata, no medran del presupuesto público y, de modo general, promueven reformas escalonadas o hayekianas de la Constitución y las leyes para que, entre otros, se garanticen los derechos individuales (vida, propiedad y libertad) y arraiguen la separación de poderes, la independencia judicial, el cumplimiento de la Ley y una organización territorial racional en España.
Tal suele decir al economista Tyler Cowen, si fueran ciertas las conclusiones de Thomas Piketty acerca de una tasa de retorno del capital que aumenta por encima del crecimiento del conjunto de la economía (su famosa desigualdad r>g), la propuesta de política económica más razonable no sería un impuesto global sobre la riqueza (tal como propone Piketty) sino la privatización de las pensiones estatales. A la postre, si existe alguna tendencia subyacente que impulse a que la inversión se revalorice sobreproporcionalmente al resto de la economía, ¿por qué reprimir políticamente esa tendencia (impuesto sobre la riqueza) en lugar de permitir que toda la sociedad se aproveche de ella (privatización de las pensiones)?
Extrañamente, Cowen acusa a Piketty de omitir cualquier referencia a la privatización de las pensiones como alternativa a su ambicionado impuesto sobre la riqueza. Pero no: en su libro, Capital en el siglo XXI, Piketty sí valora escuetamente la posibilidad de privatizar las pensiones y, a mi juicio, sus opiniones a este respecto son mucho más sabrosas y reveladoras de lo que podría serlo cualquier omisión.
Piketty, sobre la privatización de las pensiones
Así, de acuerdo con Piketty, la transición hacia sistemas de pensiones privados y de capitalización —merced a los cuales los trabajadores podrían beneficiarse de la sobreproporcional revalorización del capital— no es una buena idea por lo siguiente: “A la hora de comparar los méritos del sistema de reparto y del sistema de capitalización hay que tener en cuenta que el retorno del capital resulta extremadamente volátil. Sería muy arriesgado invertir todos los ahorros para la jubilación en los mercados financieros globales. El hecho de que r>g como media no significa que eso sea cierto para toda inversión individual. Para una persona con recursos que pueda esperar entre 10 y 20 años para cosechar los beneficios, el retorno sobre el capital puede ser ciertamente atractivo. Pero cuando se trata de sufragar los gastos básicos de toda una generación, sería bastante irracional jugárselo todo a la ruleta rusa”. Es decir, según Piketty las pensiones no pueden privatizarse porque la tasa de retorno sobre el capital es una magnitud individualmente demasiado volátil e incierta.
Llegados a este punto, recordemos el propósito general de la obra del francés: de acuerdo con este economista, el capitalismo tiende a exhibir una tasa de retorno del capital superior al crecimiento del conjunto de la economía, lo que provoca que los capitalistas se vayan volviendo proporcionalmente más ricos y copando porciones mayores de la renta de una sociedad. Tal como el propio Piketty resume: “El empresario tiende a convertirse en un rentista que domina crecientemente a aquellos que no poseen nada salvo su trabajo. Una vez acumulado, el capital tiende a reproducirse a sí mismo más rápido de lo que aumenta la producción. El pasado devora al futuro”. O todavía peor: “Con independencia de si la riqueza de una persona de 50 o 60 años es producto del ahorro o de la herencia, lo cierto es que, a partir de cierto nivel, el capital tiende a reproducirse a sí mismo y a acumularse exponencialmente. La lógica de r>g implica que el empresario siempre termina transformándose en un rentista”.
La contradicción de Piketty
Es obvio que existe una contradicción profunda entre estos dos razonamientos de Piketty. Por un lado, el francés proclama que el capital se reproduce solo y de manera automática, lo que contribuye a su irrefrenable acumulación en cada vez menos manos; por otro, sostiene que el capital sólo se autorreproduce en términos medios, siendo altamente volátil e incierto como mecanismo individual de acumulación de riqueza. De hecho, este último razonamiento es el que yo mismo ofrecí hace unas semanas para criticar la visión de Piketty de que los superricos son cada vez más superricos: no sólo sucede que los multimillonarios de finales de los 80 no son los mismos que los multimillonarios actuales sino que muchos de ellos han perdido desde entonces más del 80% de su fortuna.
Es más, si de alguna manera deseáramos combinar las dos afirmaciones anteriores de Piketty, el sentido común nos indica que deberíamos hacerlo de forma inversa a cómo lo está haciendo el francés. Salvo honrosas excepciones, la fortuna de los superricos suele estar concentrada en unas pocas empresas (Bill Gates en Microsoft, Amancio Ortega en Inditex, Larry Ellison en Oracle, los hermanos Koch en Koch Industries, la familia Walton en Wal-Mart, etc.) que, por consiguiente, sí están sometidas a una volatilidad e incertidumbre potencialmente muy elevadas: si alguna de esas compañía desapareciera, la fortuna del correspondiente superrico se extinguiría. En cambio, las pensiones privadas de capitalización se hallarían invertidas en una amplia y diversificada cartera con millares de empresas, de modo que las clases medias se hallarían expuestas a la volatilidad del conjunto del mercado y no de una empresa o de un sector en particular: en ese sentido, la rentabilidad media de los mercados de valores durante el último siglo se sitúa alrededor del 5,5% anual. A largo plazo —el plazo en el que se invierte para la jubilación— se trata de un retorno bastante estable y con escaso riesgo: todo lo contrario que la inversión en empresas individuales.
A menos que Piketty esté sugiriendo que las empresas de los superricos son sistemáticamente más conservadoras que las del resto de la economía, carecería de sentido su afirmación de que cuanto más rico se vuelve un individuo, más automáticamente se capitaliza su riqueza. Ahora bien, si Piketty asume que las inversiones de los ricos son muy poco arriesgadas, entonces no se entiende que, a su vez, sostenga que los más ricos obtienen rendimientos extraordinarios por encima del resto del mercado.
¿Más rentabilidad a menor riesgo? Si eso fuera así, sólo cabrían dos explicaciones: una, que las empresas de los superricos gocen de privilegios gubernamentales; dos, que las empresas de los superricos generen mucho más valor para los consumidores que todas las restantes debido a ubicarse siempre dos pasos por delante de la competencia. En el primero caso, lo razonable sería que Piketty reclamara la supresión de tan nocivos incentivos gubernamentales; en el segundo, que Piketty aplaudiera la excelente gestión de los accionistas a la hora de maximizar el valor de sus modelos de negocio pese a la presión competitiva. Sin embargo, este último reconocimiento atentaría de lleno contra una de las tesis centrales del libro del francés: a saber, que la acumulación de capital es un proceso automático e independiente de los méritos del inversor a la hora de gestionar su capital (motivo por el cual puede ser sujeto a un tributo sobre la riqueza).
En definitiva, como dice Tyler Cowen, si aceptamos el mensaje esencial del libro de Piketty, las pensiones públicas deberían ser privatizadas. El economista francés sólo es capaz de esquivar esta inapelable conclusión incurriendo en una profunda contradicción interna que pone en solfa la perspectiva filosófica con la que analiza sus datos económicos. En el fondo, y como ya explicamos, la gestión y acumulación de capital es un muy complejo proceso de adaptación a un entorno dinámico y cambiante cuyos riesgos y dificultades sólo pueden minimizarse o a través de un extraordinario conocimiento del sector económico en el que se está invirtiendo (sólo disponible para los ahorradores exitosos y habilidosos) o a través de una amplia diversificación de activos (sólo disponible para los ahorradores medios). Ahorro e inversión empresarialmente inteligente: los dos grandes activos que explican el enriquecimiento de una sociedad respetuosa con los derechos de propiedad y los contratos.
Los regímenes islámicos tienen una especial preocupación por controlar la libertad de expresión de sus ciudadanos, especialmente en materia política y religiosa. Tal vez el país que actúa con más contundencia la materia sea Arabia Saudí, ejemplo de sociedad permeable al influjo de las tendencias occidentales pero regida por una jerarquía inspirada en una de las interpretaciones más radicales del islam (wahabismo) y dispuesta a todo para evitar que se cuestione su legitimidad o su manera de gobernar. Hace muy poco conocíamos el modo en que las autoridades saudíes habían aplastado un conato de disidencia en Youtube, pero la dureza contra los promotores de la revolución de los carnés de identidad palidece ante la manera en que Riad se está empleando contra Raif Badawi, el primer internauta saudí que se ha atrevido a crear un blog liberal en el reino.
Badawi abrió hace dos años la página web Saudíes Liberales Libres como foro de encuentro de los individuos de tal condición y tendencia. El hecho religioso no podía quedar al margen de un proyecto intelectual dedicado a promover la defensa de la libertad individual, así que junto a textos que daban a conocer principios generales que proporcionaban una visión liberal de la sociedad, aparecieron también artículos en defensa de la tolerancia con otras expresiones religiosas diferentes del islam, uno de los delitos más graves que pueden cometerse en un país musulmán y que en Arabia Saudí es perseguido con especial saña. Badawi también escribió críticas a las posiciones intolerantes de figuras destacadas como el gran muftí del reino, Abdulaziz ben Abdulá al Seij, todo lo cual condujo a que fuera procesado a mediados del año pasado por un tribunal de la ciudad de Yeda, acusado de apostasía, desobediencia paterna y comisión de delitos cibernéticos.
El primero de los cargos a los que se enfrentó Badawi, apostatar de la religión islámica, está castigado con la pena de muerte, pero, sometido el caso a una corte superior, los magistrados retiraron la acusación en el último momento. No obstante, el resto de las acusaciones tuvo como consecuencia el cierre de la web y una condena a 600 latigazos y siete años de prisión por "violar los valores islámicos y propagar el pensamiento liberal". La sentencia sería ampliada este mes mayo hasta mil latigazos, diez años de cárcel y una multa de un millón de riyales (unos 267.000 dólares).
El bloguero saudí fue propuesto por el Partido de la Libertad Individual de España para el Premio de la Libertad, galardón que concede cada año la Internacional Liberal. A comienzos de mayo Amnistía Internacional se sumó a la campaña para la liberación de Badawi exigiendo a las autoridades saudíes la anulación de la "sentencia escandalosa" de que ha sido víctima. Para Philip Luther, director del programa de Oriente Medio y Norte de África de la referida organización humanitaria, Badawi es
un preso de conciencia culpable solamente de atreverse a crear un foro público para el debate y el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. Las autoridades deben revocar su condena y liberarlo inmediatamente y sin condiciones.
De la entereza de Badawi da cuenta su esposa, al relatar en Twitter la respuesta de su marido cuando el juez le preguntó si era musulmán: "Sí, y no acepto que nadie ponga en duda mis creencias". Badawi cree que la práctica del islam no tiene por qué ser incompatible con el ejercicio de los derechos individuales, con la libertad de expresión y con una sociedad respetuosa con las diferentes creencias religiosas.
Como demuestra su propio caso, se trata de una de las amenazas más graves para los regímenes islámicos, que sus dirigentes, en especial los saudíes, no parecen dispuestos a tolerar bajo ningún concepto, al menos a corto plazo.
© elmed.io
Entrevista con el director ejecutivo del Ayn Rand Institute, Yaron Brook, el 14/05/2014.
El término “capital” se refiere a varias realidades económicas relacionadas pero no equivalentes, que enfatizan diferentes aspectos productivos (técnicos) o financieros (contables). Es un error grave estudiar el capital (y el interés como su coste o recompensa) desde un punto de vista exclusivamente técnico o ingenieril (cómo incrementa marginalmente la cantidad o calidad de bienes producidos o la eficiencia de su creación), sin tener en cuenta sus aspectos temporales y de riesgo: en qué momento y con qué riesgo o incertidumbre se reciben ingresos (se consiguen bienes) y se realizan gastos (se aportan recursos). La correcta maximización de la utilidad de los agentes económicos no suma sin más todas las utilidades esperadas (según su probabilidad) en distintos instantes de tiempo, sino que las corrige o descuenta según las preferencias temporales, aversiones al riesgo y preferencias por la liquidez de los diversos individuos.
Según la economía clásica hay tres factores de producción o recursos que contribuyen a la generación de bienes y servicios: trabajo, tierra y capital. El trabajo es la capacidad de acción del ser humano, su fuerza física dirigida de forma inteligente. La tierra incluye las materias primas o recursos naturales, orgánicos o inorgánicos. El capital está constituido por los medios o factores de producción previamente producidos (herramientas, máquinas, equipamiento, fábricas, mobiliario, edificios): son bienes de capital o capital físico, tangible, técnico.
A través de un proceso productivo que puede tener una estructura compleja con diversas etapas, la acción humana va transformando, con la ayuda de los bienes de capital, los recursos naturales en bienes intermedios y finalmente en bienes de consumo o más bienes de capital (el capital se reproduce, se utilizan bienes de capital para producir otros bienes de capital). Los bienes de capital son persistentes, duraderos (no se consumen o alteran salvo por el desgaste natural de su uso), y participan en las transformaciones y circulación de los recursos naturales y bienes intermedios.
Desde el punto de vista financiero o contable el capital es el valor monetario de los bienes a disposición de una empresa o el dinero invertido en un proyecto productivo cuyo propósito es obtener beneficios monetarios.
En el balance contable de un agente económico el pasivo indica cómo se han obtenido los recursos, si por participación conjunta de los dueños de la empresa (acciones, pasivo no exigible, patrimonio o fondos propios, que paga dividendos) o mediante préstamos (deuda, pasivo exigible, que paga interés). El capital puede referirse también a los fondos propios como capital neto: lo que se tiene (activo) menos lo que se debe (pasivo); la existencia de este capital indica que la empresa es solvente y actúa como amortiguador frente a posibles pérdidas.
El activo refleja los recursos disponibles capaces de generar ingresos y su valoración. Los bienes pueden ser tangibles o intangibles (propiedad intelectual, marca, reputación, organización); el activo incluye las máquinas y herramientas (capital fijo o inmovilizado, más especializado y difícil de transformar en otra cosa), las existencias o inventarios de bienes en distintas fases de transformación (bienes naturales, semielaborados o ya listos para la venta, que constituyen el capital circulante), los activos financieros (derechos de cobro, acciones en otras empresas) y los saldos de tesorería.
La valoración del pasivo exigible es fija en el sentido de que se trata de deudas de un monto predeterminado (con un posible factor probabilístico para la deuda contingente). Un problema contable es que normalmente no se considera su valor presente descontado según tipo de interés (el coste de amortizar la deuda ya), sino sólo su valor nominal a vencimiento: los cambios en los tipos de interés no se ven reflejados en la estimación del pasivo.
El valor de los activos es el valor presente de las rentas futuras que se espera que generen: puede variar según cómo cambien las expectativas y el tipo de interés al que se descuenten el futuro y el riesgo: se refleja a precio histórico de compra (por prudencia), o se estima según modelos o situación del mercado. Algunos activos se amortizan regularmente: su valor se descuenta de forma progresiva, van perdiendo valor, bien por desgaste físico natural, por obsolescencia (competencia de otros bienes sustitutivos más eficientes) o por cambio en las condiciones del mercado (lo que producen deja de valorarse). El mantenimiento del valor del activo exige reinversiones regulares para mantener su capacidad de generar valor.
Todos los negocios requieren capital financiero, propio o prestado, pero pueden tener poco capital físico productivo en el sentido de máquinas y herramientas: un agricultor con una azada, semillas y tierra; un pescador con una caña o red; un comerciante sin tienda, con bienes a la venta colocados en simples recipientes o estantes; un cambista con existencias de diferentes divisas.
Una buena herramienta tiene una productividad marginal física si incrementa la eficiencia de la producción para un esfuerzo laboral dado, como una red que permite pescar más peces. Pero esto no implica que su rendimiento financiero sea necesariamente positivo: puede no resultar económicamente beneficiosa si los costes actuales de producirla, comprarla o alquilarla son mayores que el valor presente de los ingresos marginales que se consiguen con ella.
El capital implica la existencia de ahorro e inversión, de ahorradores e inversores (que pueden ser el mismo agente económico desempeñando las dos funciones como en el caso de un accionista): el ahorrador dispone de recursos que no consume y se los cede al inversor que tiene una idea empresarial. El capital tiene coste porque el ahorrador requiere una recompensa por su preferencia temporal y su aversión al riesgo. El inversor asume ese coste si espera conseguir ingresos suficientes como para cubrir todos sus costes operativos y financieros y que quede un remanente de beneficios para él.
Los modelos macroeconómicos en los que simplemente aparece una cantidad de capital (K) son muy problemáticos: no está claro qué significa ese parámetro y cómo se calcula su magnitud, y la agregación puede ocultar realidades económicas muy relevantes. El valor monetario de los activos de un agente económico es una cantidad de dinero homogénea y simple (aunque su estimación no es ni simple ni segura). Sin embargo los bienes de capital son heterogéneos: no se trata de una masa uniforme cuya cantidad puede medirse y sumarse con facilidad. Algunos bienes de capital son de uso muy específico y otros son más genéricos, tienen usos alternativos; algunos pueden modificar su utilidad con facilidad, en otros es algo muy difícil. Algunos bienes de capital son complementarios entre sí, pueden emplearse de forma conjunta y aprovechar sus sinergias; otros bienes son sustitutivos unos de otros.
El valor de una empresa depende de la organización de sus recursos disponibles. Igual que una máquina hace una cosa u otra y funciona mejor o peor según cómo están dispuestos sus componentes, el valor de los bienes de capital depende de cómo estén integrados en proyectos productivos. Aunque cada bien de capital tiene un precio en el mercado, el valor que puede generar depende de su aplicación en una estructura empresarial, de sus relaciones con otros factores de producción cooperativos: en una economía compleja los bienes de capital no existen y funcionan de forma aislada sino que son interdependientes entre sí y con otros recursos productivos, adquieren valor por cómo están integrados en una estructura productiva que genera bienes y servicios cuya venta proporciona beneficios.
El retorno monetario que el capital ha dado en el pasado no es lo mismo que los cambios en su valor actual (revalorización o devaluación) según los retornos futuros esperados. El capital de una inversión ha producido rendimientos o beneficios si se considera el pasado, pero es valorado hoy mirando al futuro, considerando sus expectativas de generación de valor. Las condiciones económicas cambian: una máquina o una empresa pueden haber proporcionado grandes rendimientos hasta ayer y sin embargo no valer nada hoy.
El capital puede crecer porque una empresa aumente su valoración con unos fondos dados, o porque los fondos invertidos se incrementen con más ahorro, por ampliaciones de capital o por reinversión de beneficios. Los beneficios que genera el capital son rentas para sus dueños que pueden consumirse, atesorarse como dinero o invertirse en el mismo proyecto o en otras empresas. El capital puede consumirse o devaluarse si no se mantiene adecuadamente su capacidad de generar valor.
El capital no crece o se reproduce solo de forma autónoma, automática e inexorable sin necesidad de que nadie haga nada: para continuar generando beneficios la estructura productiva necesita regenerarse y adaptarse constantemente a los posibles cambios en las capacidades y preferencias de los agentes económicos; los capitalistas deben mantenerlo y reasignarlo permanentemente con perspicacia y especulación empresarial.
Los activos financieros tienen un rasgo peculiar frente a los bienes físicos de consumo: la valoración por una persona de un bien de consumo puede depender de las opiniones, influencias o recomendaciones ajenas, pero el individuo puede comprobar por sí mismo la calidad y funcionamiento de un producto o servicio al consumirlo o usarlo (con la salvedad de los riesgos ocultos que pueden manifestarse en el futuro); las valoraciones de los activos financieros, que frecuentemente se compran y venden en mercados secundarios, dependen fuertemente de opiniones sociales que pueden variar bruscamente (rumores, manías, pánicos), y los dueños a menudo tienen poco conocimiento acerca de su calidad real. Algunos capitalistas no saben bien qué hacen al invertir, o dependen de otros que no saben invertir bien: los inversores pueden verse afectados por los errores ajenos, pero también pueden aprovecharse de ellos (inversión en valor).
El capital entendido como bienes de capital y capital financiero (acciones, deuda) puede comprarse y venderse (incluidos intangibles como marcas o patentes). Existen otras formas de capital o realidades con relevancia económica que reciben nombres de capital pero que no pueden intercambiarse: el capital humano de un individuo (su inteligencia, conocimientos, capacidades, educación, virtudes, reputación, capital relacional o social), el capital social de un grupo (confianza, valores compartidos, instituciones funcionales), el capital de organización y gestión de una empresa.
Una de las cosas que hice en mi niñez de la que me sentí más orgulloso fue la vez que mi padre me dio la razón en cierta disputa doméstica que tuve con mi madre. La cosa no fue sencilla, ya que mis padres, como la mayoría de padres, se daban la razón mutuamente el uno al otro con tal de hacer piña en contra de sus hijos. En su caso, con tres chavales en casa, la estrategia era casi obligada.
Pero hete aquí que cuando llegué a cierta edad que te permite ver ciertos comportamientos adultos como lo que son, comportamientos normales y previsibles a los que te puedes anticipar, decidí plantear una riña que tuve con mi señora madre de manera diferente a la típica pataleta a la que estaban acostumbrados. Me planté ante mi padre, que estaba trabajando en el momento del altercado, y ni corto ni perezoso me dirigí a mi madre para pedirle que mantuviera silencio mientras contaba los sucedido a mi manera. Cuando tuve su conformidad, gracias seguramente a la curiosidad que sentiría al verme plantear así la cuestión, comencé a contar a mi padre los hechos exactamente al contrario de como había sucedido.
Como no podía ser de otra manera, en cuanto acabé de narrar la historia mi padre le dio inmediatamente la razón a mi madre, además bastante convencido de que era lo correcto. Pero a los pocos segundos se dio cuenta de que algo pasaba al ver la reacción de mi madre, y no tardó en confirmar sus sospechas al escuchar mi frase de victoria, al decirle, más contento que unas pascuas, que qué pensaría si le dijera que había sido al revés, y por tanto era yo el que tenía razón.
Una vez repuestos de la sorpresa, mis pobres padres, más contentos de que su hijo hubiera sido capaz de desarmar su torpe estrategia que enfadados por verse descubiertos, me felicitaron por cómo había planteado el asunto. Aunque mi madre no se quedó muy convencida de que tuviera yo la razón…
Esto, que no es más que una anécdota infantil que se habrá vivido en cada hogar, por desgracia se podría repetir una y mil veces tomando como sujeto del experimento a la mayor parte del población española, poniendo a prueba su sectarismo político en cualquier tema social.
Por ejemplo, si cuento una historia de unos pastos propiedad de un gran terrateniente, que se apropió de ellos de forma arbitraria, despojando de esa posibilidad a unos humildes ganaderos que llevan criando vacas generaciones y generaciones en el mismo lugar. Y sigo contando cómo este terrateniente obliga a estos pobres ganaderos a pagarles una cuota porque su ganado paste en esas tierras. Y añado cómo un pobre ganadero se ha rebelado ante semejante injusticia y ha impedido que los miembros de seguridad del terrateniente le despojen de su ganado, en compensación a los años que lleva sin pagar la cuota, convirtiéndose en un héroe para sus vecinos. Entonces, si cuento todo esto tengo a un 50% de la población blasfemando contra el malvado terrateniente y cantando alabanzas del pobre ganadero.
Pero claro, si resulta que aclaro que todo lo dicho arriba no es exactamente así, sino que donde pone terrateniente debe poner Estado Federal de EEUU. Entonces, solo entonces, saldrá Pablo Pardo, y el 50% de la población, a decir que no pagar una tasa por que tus vacas pasten en un terreno público es como ir a 200 km por la carretera. O sea, una temeridad que pone en peligro la vida de otras personas. Y que cuanto antes le quiten el ganado al malvado ganadero, más tranquilo vivirá el americano de a pie.
Y que no se entienda con esto que me posiciono a favor del ganadero. Algo que aprendí aquel día que vencí la estrategia de mis padres es que hay que estar muy bien informado de una historia para poder emitir un juicio de opinión. Y no es mi caso. Por desgracia, eso seguirá sin importar un pito a los Pablos Pardos de este país. Y es que, ahora y siempre, hay que hacer piña contra los malvados del otro bando, sean tus hijos o no.
La izquierda es pacifista, demócrata y defensora de los animales. La gente de izquierdas, como es bien sabido, ama a la Humanidad, está en contra de la guerra y rechaza cualquier tipo de violencia, salvo que se ejerza contra alguien de derechas, en cuyo caso se disculpa o se apoya de manera entusiasta, según el nivel de compromiso ético de cada cual. Lo vimos con el accidente de la delegada del Gobierno en Madrid, que finalmente pudo salvar la vida para desolación de los varios miles de superdemócratas que le deseaban una muerte dolorosa por no pensar como ellos, y lo vemos ahora con el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, motivo muy celebrado también en los ambientes concienciados de internet, desde donde se han proferido los insultos más graves contra la víctima y sus familiares, despliegue de elegancia sólo al alcance de verdaderos progresistas.
Las redes sociales sacan lo peor de cada uno con independencia de colores políticos, pero en los progres el fenómeno se agudiza porque ya vienen de casa con una enfermiza superioridad moral que les faculta para perpetrar cualquier disparate. Los medios de comunicación de izquierdas fomentan en gran medida esta egolatría ideológica con su manera de tratar asuntos tan delicados. En el caso del asesinato de Isabel Carrasco, con el cadáver todavía tirado en el asfalto, un reportero de La Sexta detallaba a la audiencia los casos de corrupción en los que estaba implicada y lamentaba que, "por desgracia", ya no pueda sentarse en el banquillo. Sobran las palabras.
Las redes sociales han sustituido a los graderíos de los campos de fútbol como espacio para el insulto y la agresión al amparo del anonimato de la masa. Los aficionados volvían antes del campo afónicos tras pasarse hora y media injuriando a un señor de negro al que no conocían de nada y retomaban sin mayores problemas su vida ordinaria, intachable en la inmensa mayoría de los casos. Ahora hacen lo propio tecleando barbaridades en sus cuentas de Facebook o Twitter, que además de ser más baratos que ir al fútbol tienen la comodidad añadida de que se pueden manejar desde el sofá de casa. Los estadios ya no gozan de su antigua impunidad gracias a la vigilancia electrónica, y algo parecido está empezando también a pasar en internet gracias a las unidades especializadas de la Policía, pero, dados los propios condicionamientos del medio, la basura en las redes sociales es hoy por hoy un fenómeno inagotable.
Decía Einstein que el Universo y el número de cretinos eran las únicas dos magnitudes infinitas conocidas. Twitter y Facebook son la prueba de que, al menos en lo segundo, el célebre sabio tenía razón.
No hay nada como definir algo como derecho para que parezca inevitable y justa su defensa. Sin embargo, casi todo lo que hoy día se llama derecho no es sino la imposición de las preferencias de unos sobre otros. Así, el derecho al olvido no supone otra cosa que la imposición de una obligación sobre los sitios web y, ahora, los buscadores, de eliminar información veraz de internet. Supone un atropello a la libertad de expresión en nombre de un derecho que se inventaron anteayer unos burócratas con demasiado poder sobre nuestras vidas.
La decisión de la Agencia Española de Protección de Datos de denunciar a Google por no eliminar de su buscador enlaces que, a su entender, afectaban al fantasmagórico "derecho al olvido" suponía un reconocimiento en toda regla de lo mucho que afecta a la libertad de expresión. De hecho, su primera petición incluía la exigencia a Google de eliminar unos enlaces a El País, pero no pedían la retirada del contenido al propio periódico porque reconocía que afectaría a la libertad de expresión. En cambio, no considera un derecho fundamental permitir acceder cómoda y fácilmente a la información que publicaba el diario de Prisa, de modo que Google se joroba y, con él, todos sus usuarios. Y ahora los tribunales europeos le dan la razón.
Sin embargo, digan lo que digan en Europa, el derecho a indexar y enlazar contenidos de otros no es más que un caso particular del derecho a la libertad de expresión, del mismo modo que éste no deja de ser una parte del derecho de propiedad. Tenemos la libertad de decir lo que queramos en nuestra propiedad, del mismo modo que no lo tenemos en una propiedad ajena: su dueño tiene perfecto derecho a no escucharme ni publicar mis opiniones. Y cuando se escribe en internet, los enlaces forman parte de esa expresión protegida.
Si en una web de mi propiedad, cuando un usuario pregunta por Mario Costeja aparece una subasta de inmuebles suyos derivados de deudas con la Seguridad Social, y la información en cuestión es perfectamente correcta, ¿qué derecho hay a inmiscuirse en esa transacción? El usuario pedía información, y yo se la he dado. Si eliminar esa información de la fuente original afecta a la libertad de expresión, ¿cómo no va a afectar a ese mismo derecho prohibir enlazarlo?
La única forma de que ese "derecho al olvido" se convirtiera en realidad consistiría en prohibir no ya internet, sino directamente la lectura y la escritura. La humanidad ha salido de la cueva gracias precisamente a que dejamos de olvidar el conocimiento acumulado de la especie. Convertir la ignorancia en un derecho, y prohibir el acceso a información veraz es algo muy del gusto de la burocracia española y europea, pero un insulto a todos los que respetamos los derechos reales, violados una vez más por la UE.
En un reciente debate entre Juan Ramón Rallo y José Carlos Díez, éste le lanzó al presidente del Instituto Juan de Mariana como una piedra dialéctica la privatización que se operó bajo el gobierno de Margaret Thatcher. Rallo respondió diciendo que le parecía mucho mejor el sistema elegido por la República Checa para privatizar el conjunto de empresas públicas que tenía la república ex soviética. ¿Qué tiene de especial este caso?
En 1990, cuando se desintegró el bloque soviético, la economía de Checoslovaquia era la más estatalizada: El 97 por ciento de los activos productivos estaba en manos del Estado. En 1995, el 66,5 por ciento de los activos productivos estaba ya en manos privadas, y el proceso continuó avanzando. El porcentaje de población trabajando en el sector privado pasó del 16 por ciento en 1989 al 75,5 por ciento en 1995. En ambos casos, se compara favorablemente con otros países de su entorno, como Eslovaquia, Hungría o Polonia. En este sentido, el proceso de privatización en aquel país ha resultado todo un éxito.
Además, el proceso de privatización tuvo en este país, además de un ritmo acelerado, un método que le distinguió de la mayoría de los países que se han deshecho de las empresas públicas. En lugar de venderlas para que el Estado ingrese el valor que le otorga el mercado, se las cedió a los ciudadanos.
El proceso de privatización en la República Checa pasó por varias partes. En una primera, el nuevo Estado checo reconoció algunas propiedades expropiadas por el régimen comunista. No fue tanto una privatización cuanto una devolución de la propiedad. La mayor parte de estas propiedades eran locales, casas y terrenos. En una segunda, en 1991, hubo una “privatización a pequeña escala”, de pequeñas empresas vendidas en subasta.
La tercera parte, dividida a su vez en varias fases, es la más importante. La primera fase se desarrolló entre mayo y diciembre de 1992, cuando la República Checa y Eslovaquia estaban aún unidas.
La privatización a gran escala se realizó por medio del reparto a bajo precio de cupones, que se podían canjear por acciones. A cada ciudadano se le entregaba un libro con 1.000 “puntos” de inversión, que se correspondían con 1.000 coronas (el salario mensual rondaba las 4.000 coronas). Los ciudadanos participaban en la compra de acciones de las empresas públicas, que se realizaba por medio de subastas.
Dado que no había un mercado que permitiese hacerse una idea del valor de las acciones y prevalecía la ignorancia del público sobre la situación de las empresas, en gran parte se solucionó por medio de fondos de inversión en las privatizaciones. En la primera fase estos fondos gestionaron el 72,2 por ciento de los cupones.
Es una buena solución, aunque en el caso de la República Checa se topó con el problema de que muchos de estos fondos estaban en manos de bancos y empresas de seguros propiedad del Estado, que seguían estrategias en ocasiones contrarias a la estructuración de las empresas privatizadas. La participación del Estado en la banca era del 84 por ciento en 1997, y su privatización no se completó hasta 2001.
Antes de que se iniciase cada subasta, los interesados recibían información financiera sobre la marcha de cada compañía. Luego, la Oficina de privatización fijaba un número de puntos por acción. En la primera oleada de la primera fase esa relación era de tres puntos por acción. Si casaban oferta y demanda o había un exceso de oferta, la operación se realizaba. Si había demanda insatisfecha, se suspendía la subasta y se realizaba una nueva. En un proceso iterativo, que se repetía hasta que se alcanzaba el ajuste.
La asignación del número de puntos por acción la hacía la oficina de privatización según un algoritmo. Aunque no lo dio a conocer, según un informe, “se observaba generalmente que los precios subían para las acciones en con un exceso de demanda, y caída para las acciones con un exceso de oferta”. Por medio de este sistema, se repartieron las empresas públicas a 8,54 millones de personas, el 71 por ciento de la población con derecho a participar en la elección de acciones.
¿Fue un éxito o un fracaso este programa? Según un informe de la Universidad de Pensilvania, que estudia el proceso de asignación de las acciones, “la privatización con bonos de la República Checa fue muy exitosa en la asignación de acciones de las empresas públicas, con rapidez y eficiencia”.
El mismo informe de la Universidad de Pensilvania concluye que “el proceso abiertamente público en el que se transfirieron las acciones del Estado a manos privadas aseguró que ningún individuo o grupo de inversores pudiese ganar unos beneficios extraordinarios a expensas del público en general”.
Una tesis doctoral concluye que la privatización “fue exitosa en a) la rápida transformación de los derechos de propiedad del Estado a los ciudadanos privados, b) ganar un amplio apoyo a la privatización, y c) evitar que los extranjeros dominen el proceso de privatización”, así como en “el desarrollo del sector privado”, el resultado de “una concentración de la propiedad similar a la del Reino Unido”, y “la transformación de una economía dirigida en una economía consolidada de libre mercado”. De hecho, el 80 por ciento del PIB lo produce en la actualidad el sector privado.
Es claro que lo que no ha logrado esta reforma es ampliar al máximo los ingresos públicos. Pero es una característica que más bien debería estar en el lado de los éxitos de esa reforma. Esta transferencia se hizo directamente a la sociedad, y que los ciudadanos sean los principales beneficiarios, y no el Estado.
Pero el desempeño económico del país fue peor que el de otros países. Bien es cierto que la privatización por sí sola no es suficiente, y tiene que acompañarse de una liberalización del mercado, para que su acción económica sea eficaz. En la República Checa por un lado, el sector financiero se privatizó relativamente tarde. Y por otro las reformas económicas también se hicieron tarde, de modo que, según la tesis de Ladislav Svitek, “tuvo un impacto negativo en la eficiencia de las empresas privadas” y en el crecimiento.