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Su lado más hayekiano

Escrito por David de Bedoya en . Publicado en Análisis diario.

Acaso pudiera pensar el lector más despistado que la última publicación de Juan Ramón Rallo, Una Revolución Liberal para España, alejaba al Director del Instituto Juan de Mariana de las tesis que dieron a Hayek el Premio Nobel de Economía. Esto es, del título de la obra así como de gran parte de la misma, se desprende un espíritu libertador de ruptura con la opresión ejercida por el Estado a los ciudadanos.

Empero, Juan Ramón ha logrado sacar a relucir (y el lector se percatará según vaya avanzando en la lectura de la obra) su lado más hayekiano para demostrar, una vez más, que atesora no sólo una enorme capacidad de esfuerzo plasmado en cada capítulo con la investigación en profundidad de los diferentes sectores explicados, sino la enorme ambición intelectual de proponer una revolución evolutiva. Esto es, si me permiten el símil, Juan Ramón plantea, probablemente por primera vez en la historia del liberalismo, una transformación radical del modelo social en el que nos desenvolvemos sin que dicha transformación suponga una ruptura caótica, desordenada y funesta para la sociedad que participe de ella.

Esta es la mayor aportación intelectual que realiza a lo largo de la obra. Porque Juan Ramón Rallo sabe, y así lo demuestra, que aun cuando la ruptura radical con el modelo social actual pudiera ser pacífica y ordenada, sólo por el hecho de ser radical y forzada por elementos exógenos a la misma estaría abocado al fracaso. Porque es plenamente consciente de que las instituciones sociales necesarias para que el establecimiento de este Estado reducido no existen en su plenitud hoy en día. Pero que con una pausada y sosegada transición se pueden ir desarrollando y sedimentando para, una vez lograr un abultado Estado del 5% del PIB continuar su reducción hasta aquellas tareas cuyo orden centralizado y no comunitario (piénsese en la Defensa, por ejemplo) pudiera resultar más lógico que la devolución absoluta de los sectores a la sociedad.

Sin embargo, esta evolución social hayekiana de manera descentralizada y ordenada espontáneamente por el proceso de mercado (así como por la función empresarial individual) era rara vez sostenida sector por sector con el estudio del mercado, su comprensión y el análisis detallado de tendencias subyacentes que explotarían de realizarse la transición.

Piénsese en otros revolucionarios que a lo largo de la historia del pensamiento han aportado sus ideales sobre la utopía ansiada y han construido la manera de alcanzar la misma. Si cogemos el caso de los pensadores utópicos clásicos del siglo XIX (Bakunin, el primer Marx, Kropotkin, etc.) confiaban plenamente en que una vez removidas las incongruencias inherentes al sistema social dominante su utopía ordenaría de manera natural la sociedad. El problema que se encontraron estas ideas al ser llevadas a la práctica, en un curioso devenir de la historia, no fue de buenos incentivos existentes para lograr esa utopía. Fue un problema de malos incentivos que la transformaron en una distopía y que acabó mutilando el único experimento realizado a gran escala hasta la fecha: la Unión Soviética.

Juan Ramón, plenamente consciente del error tremendo que cometieron los pensadores utópicos al proponer la ruptura del modelo anterior, destrozando las instituciones sociales y coartando la libertad de las personas al transformar la esencia de las mismas, apela la mayor. No busca una verdadera revolución, el Juan Ramón que escribe la obra es plenamente evolucionista y consecuente con el orden de mercado. Veámoslo a través de tres capítulos de su magnífica obra donde tal confianza, exposición y desarrollo de las instituciones sociales queda totalmente reflejada y demostrada.

Educación

Hay dos factores que, en el tema educativo, Juan Ramón desarrolla con rigor y profundidad. En primer lugar, los problemas de accesibilidad al sistema educativo universal por el conjunto de los ciudadanos pertenecientes a la sociedad y, el segundo, los problemas de eficiencia existentes hoy en día en el sistema educativo y cómo una sociedad con instituciones sanas podría afrontarlos y superarlos.

En el análisis de la relación coste-precio del sistema educativo es donde se puede admirar el enorme esfuerzo intelectual que ha llevado a cabo Juan Ramón en esta obra. Además, denominador común de todos los capítulos.

Juan Ramón no deja al azar o a las meras conjeturas la estructura de costes de un centro educativo. No plantea cómo debería ser el margen bruto de un colegio, cuánto su beneficio operativo sobre las ventas o cuánto su resultado financiero. No. Juan Ramón baja a los datos, a la realidad actual del sistema educativo, y analiza partida de coste por partida de coste hasta averiguar: (i) cuál es la que ponderadamente tiene mayor importancia dentro de los gastos variables; (ii) qué parte de los gastos fijos es directizable, cuál minorable y cuál susceptible de ser eliminada; y (iii) cómo la estructura de costes se volvería mucho más flexible ante un cambio como el planteado en el libro.

De esta manera, y no quiero avanzar ni los estudios que menciona Juan Ramón ni sus conclusiones, observa que el coste productivo variable de un centro educativo muestra una correlación fuerte con el gasto en personal del centro. Así, junto a otras partidas bastante sencillas de eliminar y que en una estructura de demanda mucho más sensible al coste no tendrían sentido en el mercado (¿demandaría un padre que el colegio de su hijo amortizase el mobiliario a 2 años con el correspondiente incremento en precio o acudiría presto a un colegio con costes menores – precios menores – arbitrando por tanto cadenas de costes?). Por ello, no sólo propone por qué se abarataría el coste (al convertir al demandante precio-aceptante en consumidor soberano) si no que extiende la correlación al salario del profesorado en función de las rentas medias de la población (y, como éstas, flexible ante movimientos bruscos de los precios a nivel agregado). Con esto, Juan Ramón le da la vuelta de una manera magistral al debate demostrando con los datos que el acceso universal a la educación no sería impedido por precio.

Pero es que, para más inri, demuestra a través de los más especializados estudios en educación cómo el mantener un sistema educativo (y esto ya es a nivel de cultura occidental) propio de la Alemania del siglo XIX lastra la eficiencia del sistema, su adaptación al alumno y su porcentaje de éxito. Sistema educativo que sólo se mantiene en aquellas sociedades donde el Estado acapara un elevado porcentaje de la provisión de oferta educativa y regula el monto restante.

Sanidad y Seguridad Social

No quiero extender mi análisis de este apartado porque considero que la lectura del mismo – sobre todo ante un gasto presupuestario en sanidad que sólo puede ser creciente en el medio y largo plazo en España ante el envejecimiento y la extensión de servicios sanitarios a servicios de geriatría – es de vital importancia para los retos sociales que nos plantea el devenir de Europa. Puesto que no son meros retos presupuestarios que pudieran ser solventados por el más atroz de los recaudadores, el problema social subyacente al desequilibrio en esta partida de gasto no debe ser obviado.

Y Juan Ramón lo afronta con el mismo espíritu que afronta su tesis sobre el crecimiento económico y sobre la expansión crediticia: ahorro, ahorro, ahorro. Ahorro para la provisión de estos servicios, ahorro preventivo, ahorro comunal. A través de las páginas – y el análisis de las propiedades mancomunadas es brillante desde un punto de vista jurídico con toda la exposición de la institución de comunidad de bienes romana y su funcionamiento, así como desde un punto de vista histórico, detallando cómo así se preveían estos avatares vitales antes de que el Estado corrompiera esta institución –.

Pero el trabajo que vuelve a realizar Juan Ramón al respecto de la inflación de costes ante la falta de sensibilidad de la demanda (apoyado en diversos estudios de mercado sanitario en Estados Unidos) es colosal para llegar a la misma conclusión que la que previamente pergeñamos en el apartado educativo: el consumidor debe volver a ser soberano con su sanidad y el presupuesto que gestiona para la misma.

Justicia

Esta es quizás una de las propuestas sorprendentes de Juan Ramón. No sólo sorprende porque no pretenda privatizar la función estatal de justicia por entero (algo que entiendo se solaparía con su sistema asistencial en el Estado del 5% por lo que, bajo su modelo teórico-práctico, vuelve a la justicia pública inútil a mi entender), si no que sorprende porque la propuesta de Juan Ramón no es que sea novedosa. No es que sea un reciclaje de propuestas de los mejores pensadores austríacos o de Adam Smith. No.

Juan Ramón concibe la idea de justicia como una idea redentora, como mecanismo de resolución (y evitación) de conflictos con el fin de resarcir al dañado. Y porque la función resarcitoria es vital para el ideal de justicia de Juan Ramón le deja a las partes que deben quedar gratificadas por el resultado jurídico la elección del sistema de justicia. ¡Como hacían los mercaderes de los gremios medievales acudiendo a árbitros o los mediadores de derecho marítimo mercantil de la época fenicia!

Es algo que – y sé que es por falta de espacio en el texto – Juan Ramón no ha podido desarrollar. Pero es plenamente consciente de que la profunda especialización que a pasos agigantados está posibilitando la siguiente fase de división del trabajo (la masiva implantación tecnológica que se avecina y ya vivimos) hace inviable que la justicia siga siendo pública, homologada y homogénea como lo es a día de hoy.

La especialización que los jueces y los demás funcionarios de justicia tienen acabará siendo menor que la de las partes. La asimetría de la información, tan manida por los círculos interventores, se producirá no interpartes si no en desfavor del órgano juzgador. Eventos que ya suceden y provocan que cada vez más contratos sometan a las partes a la jurisdicción arbitral acabará por extenderse de manera paulatina al conjunto social. No es más que esto (así como la transición) lo que Juan Ramón propone.

Este canto a la sociedad, a las instituciones pilares de la misma y al individuo libre, propietario individual y propietario mancomunado es mayúsculo, inédito hasta la fecha y revolucionario a nivel intelectual. Pero evolucionario a nivel social.

Porque Juan Ramón no busca denostar al individuo. No desconfía en él. Confía en la persona, en la sociedad, en los lazos comunales voluntarios y las instituciones que surjan de los mismos. En las herramientas sociales y libres de resolución de conflictos. Una Revolución Liberal para España deja un legado enorme a la sociedad española. Por ello, cómprenlo, difúndanlo, amplíen su contenido. Mejoren las propuestas y reflexionen sobre cómo fortalecer las instituciones que Juan Ramón plantea para que el Estado sea todavía menor y la coacción no sobrepase el 1%.

La gestión pública no es más barata que la privada

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Durante las últimas semanas hemos escuchado reiteradamente la cantinela de que el Tribunal de Cuentas ha constatado en su informe anual de 2011 que la gestión pública de ciertos servicios municipales resulta más barata que su concesión a una empresa privada. El argumento que suele aducirse es que con la gestión pública nos ahorramos el sobreprecio que hay que abonarle a la empresa privada para que amase beneficios: dado que en el sector público no hace falta obtener ganancias, el coste resulta mucho más asequible. Visto desde este ángulo, pues, el único motivo para externalizar la prestación de los servicios municipales sería el de engrosar las cuentas de resultados de ciertos lobbistas desalmados a costa de los contribuyentes: la conspiración neoliberal quedaría así descubierta. Bonita historia pero, como de costumbre, falsa.

¿Qué dice realmente el Tribunal de Cuentas?

Comencemos relatando fidedignamente los hechos. En efecto, si uno acude a las tablas del Informe de Fiscalización del sector público local, ejercicio 2011, comprobará que el coste por habitante en tres de los cinco servicios municipales analizados es sustancialmente superior en el caso de los ayuntamientos que los externalizan a una concesionaria que en aquellos otros que los gestionan directamente: 53,6 euros por habitante frente a 44,1 en el caso del abastecimiento de agua potable; 27,8 euros frente a 16,2 en el caso del servicio de limpieza, y 53,9 euros frente a 42,5 euros en la recogida de residuos sólidos urbanos. En cambio, la gestión privada fue más barata que la pública en el alumbrado público (24,6 euros por habitante frente a 33,6) y en el servicio de cementerio (4,59 euros por habitante frente a 4,66).

Aparentemente, por tanto, la gestión privada es inferior a la pública en tres de las cinco rúbricas tratadas. Mas esta conclusión resulta harto engañosa: el Tribunal de Cuentas reitera que, en los cinco servicios municipales estudiados, los ayuntamientos que gestionan por sí mismos esos servicios sólo le han proporcionado datos de sus costes directos (gastos de personal y corrientes), pero no de los indirectos o de la amortización, de ahí que la comparativa que efectúa sea sólo parcial, esto es, costes directos para la gestión pública frente a costes totales (directos, indirectos y amortización) para la gestión privada. Citemos a modo de ejemplo el párrafo referido a los servicios de limpieza:

Se ha obtenido información relativa a los costes de prestación del servicio de limpieza viaria en los ayuntamientos analizados. En los casos de gestión directa, en los que el ayuntamiento debía aportar información completa sobre los costes de personal, en bienes corrientes y servicios y costes financieros, así como de las amortizaciones y costes indirectos en caso de conocerse, se han obtenido datos del 83% de las entidades que eligieron esta forma de gestión, si bien sólo el 15% de ellas aportaron datos referidos a las amortizaciones y costes indirectos, por lo que los estudios se realizan sólo respecto a los costes directos aportados. Por su parte, el 73% de las entidades que eligieron cualquiera de las restantes formas posibles de gestión ha aportado datos respecto del coste que supuso para la entidad la prestación del servicio.

En suma, el Tribunal de Cuentas compara sólo una parte de los costes de la gestión pública con la totalidad de los costes de la gestión privada y los medios de comunicación rápidamente concluyen que la gestión pública es más barata que la privada. Disparatado, sobre todo porque, en dos de los cinco servicios municipales analizados, incluso con esa comparación parcial y sesgada, resultan más asequibles los privados.

El mal argumento de los beneficios

La explicación más extendida sobre por qué la gestión pública tiende a ser más asequible que la privada es que la empresa aspira a ganar dinero y, para ello, ha de incrementar los precios. En cambio, el sector público carece de ánimo de lucro, de modo que puede ofrecer tarifas más competitivas.

Desde luego, se trata de un argumento muy extendido entre políticos, periodistas y pensadores socialistas que, empero, debería horrorizar a aquellos que tengan alguna conexión ideológica con el marxismo. A la postre, Marx sostenía que la plusvalía (y, en última instancia, el beneficio capitalista) procedía de horas trabajadas por los obreros y no remuneradas por los capitalistas. De ahí que el obrero estuviera explotado: trabajaba un tiempo que no cobraba y parte de su subproducto le era arrebatado por el capitalista. Adaptando esta explicación a la gestión pública de los servicios municipales, sólo caben dos posibilidades: que los beneficios se los apropien enteramente los empleados públicos (en cuyo caso, el servicio público no sería más barato que el privado: únicamente los beneficios redundarían en los trabajadores en lugar de en el capitalista) o que, en efecto, esos beneficios no existan (en cuyo caso, los empleados públicos estarían siendo explotados por la Administración, ya que trabajarían un tiempo durante el que no serían remunerados, gracias a lo cual el servicio público resultaría más barato). ¿Hemos de concluir que la baratura del servicio público se debe a la explotación estatal de los empleados públicos?

Chascarrillo marxistoide al margen, ya hemos explicado en otras ocasiones que el beneficio es un fenómeno indisociable de los intercambios sociales y que tiene dos componentes. Uno, lo que podríamos llamar “beneficio extraordinario” que deriva de producir más barato o con mayor calidad que la competencia. Otro, que podríamos llamar “beneficio ordinario” que se explica porque toda inversión requiere un muy considerable adelanto de capital y la remuneración por tiempo y por riesgo de ese capital constituye el beneficio ordinario (o, dicho de otra forma, el tipo de interés). Que haya beneficios extraordinarios no es algo negativo: una empresa lo hace mejor que el resto y, por eso, transitoriamente obtiene más ganancias. Que haya beneficios ordinarios tampoco es negativo: alguien ha de soportar el coste de adelantar el capital necesario para invertir y ese coste de capital debe ser remunerado. Cuando el sector público provee un servicio, son los ciudadanos, a partir de sus impuestos, quienes adelantan todo el capital necesario para adquirir los bienes de capital fijos que usarán los empleados públicos (y cuyo importe queda reflejado en las partidas de costes indirectos y de amortización que el Tribunal de Cuentas ha obviado en sus cálculos); otra opción, claro, sería que las administraciones públicas le pidieran prestado a un tercero ese capital en lugar de arrebatárselo a los ciudadanos, pero en ese caso le pagarían intereses a su acreedor, y esos intereses jugarían exactamente el mismo papel que los beneficios de una empresa concesionaria.

Por tanto, la gestión pública sólo se ahorra el “coste” de los beneficios ordinarios en el sentido en que se los expropia al ciudadano (el ciudadano está forzado a adelantar todo el capital necesario para prestar esos servicios y, en cambio, no se le remunera el alquiler de ese capital). ¿Lo vuelve eso más barato que una concesionaria? Sólo en el mismo sentido en que podríamos decir que los servicios públicos desempeñados con trabajos forzosos y no remunerados son más baratos que los servicios por concesionaria: lo son porque el coste laboral no se remunera y no se explicita, aunque sí existe (lo internaliza por entero el trabajador). En el fondo, decir que la gestión directa sale más cara que la concesión por ahorrarnos los beneficios empresariales es como decir que el alquiler de un inmueble privado por parte de una Administración Pública sale más caro que su compra. Justamente, el alquiler es un pago que se efectúa para evitar comprarlo, es decir, para evitarnos realizar una fuerte inversión inicial quitándole un dinero a la gente que preferiría evitar en otras funciones.

Las concesiones no son libre mercado

Pese a este aparente alegato a favor de las concesiones de servicios municipales a empresas privadas, conviene remarcar que el modelo ideal del liberalismo frente a la gestión pública no es el de las concesiones, sino la libertad de mercado. Libertad de mercado no es que el político nos siga arrebatando nuestro dinero para entregárselo a una empresa privada en lugar de a una pública, sino que los ciudadanos decidan qué hacer y cómo gestonar sus vidas y sus propiedades… también en los servicios municipales.

Ciertamente, las concesiones competitivas tienen ventajas frente a la gestión pública directa: básicamente, el ayuntamiento dispone de múltiples ofertas (en términos de calidad y de precio) a la hora de prestar un servicio municipal. En la medida en que muchas opciones suele ser preferible a una sola opción, las concesiones parecen preferibles a la gestión directa. Ahora bien, las concesiones también son un terreno totalmente abonado a la corrupción estatal por parte de los grupos de presión. No es un problema exclusivo de las concesiones —los empleados públicos también son un lobby gigantesco que presiona a los políticos para obtener prebendas a costa de los contribuyentes—, pero acaso pueda en ocasiones verse magnificado por las características propias del proceso de concesión.

De ahí que la solución liberal no consista en combinar una oferta de servicios municipales liberalizada con un demanda administrada políticamente, sino en liberalizar oferta y demanda. Eso es justamente lo que propongo en mi libro Una revolución liberal para España: privatizar la provisión de servicios municipales devolviéndoles su gestión y administración no a los políticos, sino a los propietarios de los inmuebles que componen una ciudad y que deberían ser, a su vez, ser los copropietarios de sus espacios comunes.

Dignidad escasa, libertad inexistente

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

"Curiosamente", estas marchas por la "dignidad" sólo acontecen cuando gobierna la derecha. En España sigue existiendo una extrema izquierda dogmática y tirana que busca imponer a la mayoría los mantras que comparte sólo una minoría.

Es suficiente con ver el arsenal simbólico desplegado por estos manifestantes para extraer la conclusión de que bajo un hipotético gobierno suyo, la libertad sería una entelequia. Así, banderas de la extinta Unión Soviética o imágenes del Che Guevara formaron parte del atrezzo. Los cánticos suponían un regreso al pasado. En medio de este panorama, calles cortadas para que la "dignidad" circulara a sus anchas.

En efecto, las "columnas" que fueron llegando desde diferentes partes de la nación, poco o nada apelaron a la "dignidad" cuando quien guiaba los destinos de España era el PSOE de Rodríguez Zapatero. No obstante, ya antes habían avisado de su modus operandi con ocasión del Prestige y de Irak. El entonces Secretario General de los socialistas se sumó sin vacilar al pancarterismo reinante, enarbolando cualquier lema que tuviera como fin desgastar al gobierno de José María Aznar.

En consecuencia, el socialismo se vinculó con el radicalismo visceral, replicando sus modos y formas, tesis que tiene en el antiamericanismo uno de sus grandes exponentes, aunque no el único. El otro gran ejemplo es el sectarismo en función del cual la izquierda juzga como bueno o malo al sujeto de la oración, nunca el predicado.

En mayo de 2011, cuando se vislumbraba un cambio de gobierno, "repentinamente" la ultra-izquierda entendió que su "dignidad" estaba siendo mancillada. Llegó el 15-M en Sol, que dio una imagen pésima de España en el exterior por mucho que al movimiento se le quiera adornar con una mística libertaria que recurría al sempiterno espíritu asambleario, fenómeno que sus ideólogos venden como democracia en estado puro.

Además, este movimiento de ocupas espantó a turistas y provocó ingentes pérdidas económicas entre los comerciantes de la mítica plaza madrileña. Como sucediera en 2003, el PSOE trató de rentabilizar estos acontecimientos y algunas de las exigencias del 15-M las incorporó a diferentes manifiestos electorales. Curioso, o por mejor decir paradójico, que el socialismo español quisiera llevar a la práctica, "casualmente" cuando estaba en la oposición, medidas para las que dispuso de siete años de gobierno. Sin embargo, el ejecutivo de Zapatero optó por practicar un cordón sanitario al PP, formación a la que estigmatizó, subestimando de este modo a sus votantes.

Durante esos días de hace casi tres años, también observamos cómo la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad era menospreciada por los "manifestantes demócratas". Peligroso precedente que ha tenido continuación en las sucesivas algaradas que estos grupos han efectuado periódicamente desde entonces.

El sábado pasado estos radicales dieron un paso más y, ante la barra libre instaurada, procedieron a agredir a la policía y a destrozar el mobiliario urbano. El resultado es que decenas de agentes que deben de velar por la seguridad de los españoles resultaron heridos, algunos de gravedad.

Aun así, los alborotadores no se han conformado con esto y además de acudir a los juzgados de Plaza de Castilla a reclamar justicia para sus camaradas detenidos, también exigen que los miembros de la policía sean expedientados. Ver para creer… pero así es. Hoy en día, desafiar a los cuerpos de seguridad forma parte de lo políticamente correcto; por el contrario, la loa y alabanza de su actividad te convierte directamente en un "fascista", el adjetivo más empleado por los defensores de dictaduras como la cubana.

El resultado de toda esta concatenación de acontecimientos es que si la policía no está protegida, difícilmente los estaremos el resto de ciudadanos y ya sabemos que sin seguridad, la libertad es simplemente una utopía.

El Nobel Kahneman, Warren Buffett y los mercados eficientes

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Análisis diario.

Daniel Kahneman, galardonado con el premio Nobel de Economía junto con el economista Vernon L. Smith en el año 2002, es uno de los psicólogos especializados en psicología conductual más importantes del mundo. Kahneman fue curiosamente el primer Nobel de Economía no economista que recibió el prestigioso galardón (algo devaluado desde que Paul Krugman también lo recibiera). Sus contribuciones al ámbito de la psicología son muy valiosas y su libro de divulgación Pensar rápido, pensar despacio, en donde recopila gran parte de sus trabajos, se ha convertido en poco tiempo en un manual de imprescindible lectura.

Hace poco descubrí una interesante entrevista que Steve Forbes, editor jefe de la revista fundada por su padre Malcolm Forbes, realizó al Nobel Kahneman. Siendo un experto en analizar la irracionalidad humana y los múltiples sesgos cognitivos en los que incurrimos sistemáticamente, fue una sorpresa comprobar que Kahneman afirmase que suscribía la Teoría de los Mercados Eficientes. Para los que desconozcan esta teoría, lo que dice básicamente es que los mercados financieros son eficientes a la hora de recoger toda la información e incluirla en el precio de los activos cotizados, habiendo tres niveles de eficiencia: débil, normal y fuerte. La principal implicación de esta teoría, como habrán podido adivinar, es que no es posible invertir y obtener una rentabilidad superior a la del mercado. Intentar batir al mercado, también llamado "stock picking" es, por tanto, una tontería, una irracionalidad más que cometemos los seres humanos. En la propia entrevista, Kahneman afirma que no es un experto en finanzas. Es decir, que el campo teórico sobre el que hace las declaraciones que comento no son su especialidad. Y se nota, puesto que todo un Nobel en Economía yerra a más no poder al suscribir una Teoría que, como comentaré a continuación, ha quedado más que refutada.

La principal implicación de la Teoría de los Mercados Eficientes es que la gigantesca industria de gestión de activos, que tan sólo en España gestiona cerca de 200.000 millones de euros, es poco menos que un engañabobos. Como afirma en el propio vídeo, si hubiese una estrategia de inversión ganadora claramente definida, todos los inversores la imitarían y pronto dejaría de tener validez. El problema es que hay no una sino multitud de estrategias ganadoras que son conocidas y no imitadas por todos los inversores y, pese a ello, siguen siendo efectivas. La más conocida y sencilla de aplicar –y personalmente la que más me gusta- es el value investing, pero no es la única. Warren Buffett es el practicante más famoso de esta filosofía de inversión. Es cierto que gran parte de la gestión activa -aquella que intenta seleccionar acciones concretas y batir al mercado- no logra obtener unas rentabilidades superiores. Las comisiones que obtienen estos gestores son del todo inmerecidas, una anomalía, un coste que un inversor muy bien informado y racional jamás estaría dispuesto a desembolsar. El problema es que ni el inversor de un vehículo de inversión es racional y dispone de toda la información necesaria ni el propio gestor del vehículo de inversión es, de media, mejor que el mercado.

No obstante, de afirmar que la mayoría del mercado no bate al mercado a afirmar que todo el mercado no lo bate hay un salto peligroso. Y es precisamente el error que comete Kahneman, un reputadísimo psicólogo no especialista en temas financieros que, sin haber analizado lo suficiente la evidencia empírica disponible, ha suscrito una teoría caduca y dañina. Tano Santos, un profesor de Finanzas de la Univesidad de Columbia y co-director del prestigioso Heilbrunn Center for Graham and Dodd Investing –la meca académica del value investing en el mundo- publicó un interesantísimo trabajo titulado "What do financial economists have to say about value?". En ese trabajo, el profesor Santos demuestra que una cartera de valor o value obtiene mejores rendimientos que una cartera de crecimiento o growth sin incurrir según el torpe modelo de evaluación de riesgos CAPM (de las siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model) en un mayor riesgo para el inversor. El error principal de este modelo es que mide el riesgo de una inversión por la volatilidad del precio del activo en el mercado y no por la probabilidad de pérdida permanente del capital. En mi humilde opinión, la mejor y más contundente refutación de la Teoría de los Mercados Eficientes es la que hizo Warren Buffett en su célebre artículo "Los superinversores de Graham y Doddsville". En él, Buffett demuestra con un simple y divertido ejemplo cómo no es posible explicar como mero azar que todos los inversores que ponen en práctica las lecciones de Graham batan sistemáticamente al mercado.

El rol de los mercados financieros es indispensable en una economía de mercado. Su papel como mecanismo de financiación y facilitador de la expansión de empresas en indispensable. Pese a que batir al mercado es ciertamente difícil, no es, como Kahneman afirma, imposible. Si semejante afirmación calase de lleno en la comunidad inversora, las consecuencias serían negativas y perjudiciales para todos. Los buenos gestores (aquellos que baten al mercado) cumplen una función económica en los mercados financieros indispensable: mediante su trabajo detectan e intentan corregir las infravaloraciones de determinados activos. Este papel de reajuste de la valoración de activos es clave en los mercados financieros y no es posible si la industria de gestión de activos prescindiese hipotéticamente de todos los gestores profesionales. Así que, lejos de escuchar al Nobel Kahneman, hágase un favor y escuche las palabras de Graham, que solía decir que "el mercado a corto plazo se comporta como un maníaco-depresivo". Lo que ocurre con toda afirmación falsa, como la realizada por Kahneman que es aceptada por una gran mayoría, es que resulta arduo y complejo revertir esa situación y corregir esa ignorancia. Sorprende que el responsable en esta ocasión concreta de difundir una teoría errónea sobre unos supuestamente mercados eficientes sea un experto en el comportamiento irracional del ser humano, característica esta última que es inherente al comportamiento de los mercados financieros.

Economía anémica y sin músculo

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Si el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, sube este miércoles a la tribuna durante el debate sobre el estado de la región a decirnos que, como escribe en su blog, su estrategia política para salir de la crisis garantiza «un desarrollo futuro sólido, con una economíainteligente, sostenible, interconectada y diversificada», yo le recomendaría, al menos, más prudencia.

La economía inteligente no es otra que la del ahorro. Es fácil, señor presidente, cualquier persona se lo podría explicar: si alguien gasta menos de lo que produce, ahorra y está siendo inteligente. Sin embargo,si gasta más de lo que origina, se endeuda, de modo que no está actuando inteligentemente y su futuro no se puede calificar como sólido sino como incierto, frágil y muy probablemente ruinoso.

Pues bien, aunque usted y su gobierno no producen nada, sí gastan, mejor dicho, despilfarran el dinero que obtienen del contribuyente mediante abusivos impuestos, algunos de ellos vergonzosos, como el de donaciones y sucesiones. Según su presupuesto, este curso dilapidarán 6.357 millones de euros, casi 69 millones más que el año pasado, para mantener, entre otras cosas, muchas empresas públicas que están en quiebra, son ineficientes y ejercen una competencia desleal como Promotur, Gesplan, Gestur o el ente que su gobierno utiliza como medio propagandístico, la televisión pública canaria. Por ello, la economía que impone su gobierno dista mucho del calificativo de inteligente.

Por otro lado, en lugares donde el Gobierno obstaculiza la búsqueda de recursos energéticos baratos, impone la implantación de fuentes energéticas excesivamente caras e impide que los empresarios puedan coordinar continuamente las necesidades y planes cambiantes de las distintas personas de la sociedad mediante infinidad de trabas burocráticas y leyes coactivas, como la de Renovación y Modernización Turística, no hay orden ni economía sostenible, sino un desorden insostenible.

Además, la economía interconectada y diversificada se produce gracias al fenómeno de la división del trabajo que aparece en las sociedades libres. Sin embargo, el pueblo canario dista mucho de serlo, dado que usted y su Gobierno impiden el libre ejercicio de la función empresarial, pretenden prohibir, con políticas tachadas de xenófobas en otros lugares, que los foráneos puedan trabajar en las Islas y, entre otras cosas, realizan discursos peligrosos, que han sido utilizados en el pasado para eliminar la libertad, como el de que somos demasiados. Por estas razones, nuestra economía no es diversificada, sino homogénea, basada en la subvención y la única interconexión suele derivar en corrupción.

En conclusión, señor presidente, prudencia, pues sus políticas liberticidas han condenado a más de 370.000 canarios al paro, la pobreza se ha incrementado escandalosamente y nos ha llevado a una economía anémica y sin músculo.

Acto de guerra o terrorismo, ¿cuestión simplemente burocrática?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

La postura liberal clásica sobre el Estado le otorga el único rol de proporcionar los servicios de defensa y protección de la propiedad de los individuos (entiéndase propiedad en sentido amplio, incluyendo la vida y el cuerpo de las personas).

En mi opinión, la teoría económica ya ha superado la noción de que dichos servicios hayan de ser proporcionados en monopolio legal por ninguna entidad, sea o no el Estado. Sin embargo, lo cierto es que, en la actualidad, son los Estados las entidades que, en última instancia, sea directa o indirectamente, suministran estos servicios a los ciudadanos. Otra cosa es la calidad del servicio que nos prestan, pero no es a esto a lo que dedicaré las siguientes líneas.

Aceptado el papel del Estado como defensor de nuestras derechos de propiedad, la cuestión que se plantea es si tiene sentido, ante un daño en la propiedad del individuo, la discusión de si se ha debido a un acto es de guerra, a uno de terrorismo o, simplemente, a la delincuencia común.

Desde el punto de vista del individuo propietario, parece que las causas del daño a su propiedad deberían ser irrelevantes. ¿Cambia en algo el deber de protección de la propiedad asumido por el Estado por el hecho de que se deba a una guerra o a un acto de terrorismo? No debería.

Es evidente que la protección en cada caso puede requerir de técnicas y recursos muy diferentes. Pero eso es algo a resolver por el experto en seguridad, al que supuestamente hemos contratado para que nos proteja. Cómo lo haga parece, en principio, su problema. Tampoco nos preocupa al pedir una cerveza de qué forma el camarero consigue que esté fría.

La discusión para el Estado puede ser muy relevante, porque los protocolos a usar en cada caso, los recursos a involucrar,… pueden ser muy distintos. Además, en una organización puramente burocrática, de la que es paradigmática el Estado, se funciona por políticas y no por objetivos de servicio al individuo[1]. En este contexto, la clasificación del hecho resulta fundamental para las actuaciones que se desencadenarán de forma más o menos automática.

Sin embargo, una vez más debería ser irrelevante para el individuo protegido. El único problema con los Estados es que, como reza el dicho "Hecha la ley, hecha la trampa", y por muy claras que estén las políticas, el Estado tenderá a hacer en cada caso lo que le convenga, con independencia de sus compromisos, aunque para ello tenga que hacer interpretaciones torticeras de los conceptos por los que supuestamente se rige. Ejemplos constantes de este tipo de actos no nos faltan, siendo muy comunes en el ámbito económico.

¿Es entonces el debate sobre si algo es terrorismo, guerra o delincuencia común un mero debate burocrático, típico de los Estados tratando de "escaquearse" del cumplimiento de sus obligaciones?

Para responder a esta pregunta, conviene preguntarse cómo actuaría una empresa privada que se encargará en última instancia de los servicios de protección y defensa de la propiedad de los individuos. ¿Sería relevante para esta hipotética empresa dicha distinción?

No cabe duda de que la respuesta ha de ser afirmativa, puesto que, como se ha apuntado más atrás, los recursos a involucrar en la defensa son muy distintos en cada caso. No es lo mismo defenderse de un delincuente común, que de la agresión de un ejército, o de un atentado terrorista.

Una simple consulta a la póliza de seguros del hogar o de enfermedad, mostrará con claridad que las aseguradoras no protegen nuestra propiedad de todo tipo de daños, sino solo de algunos claramente especificados. Por supuesto, es posible cubrir otros daños que los previstos en la póliza normal, pero ello tendrá seguramente un mayor coste.

Lo mismo supongo que ocurriría en el caso de análisis. El coste de la protección para nuestra propiedad se iría incrementando según quisiéramos estar cubiertos contra un tipo de acto u otro, desde la delincuencia común hasta la guerra. Y claro que iban a ser relevante para nosotros los criterios que usara la compañía aseguradora para calificar un acto como de uno u otro tipo. Por ejemplo, si solo hemos contratado cobertura contra la delincuencia común y la empresa declara el acto causante de nuestro daño como de terrorismo, no tendríamos derecho a resarcimiento/protección.

Con un agravante adicional, derivado de la específica naturaleza de los servicios de defensa, y que me atrevería a calificar de especialísima. Y es que, como nos enseña Gary Cooper en "Solo ante el peligro", los servicios de defensa no son íntegramente sub-contratables. En última instancia, es inevitable que el servicio de defensa tengamos que auto-prestárnoslo, aunque sea para evitar que la empresa que nos protege se vuelva contra nosotros. También aquí hay lecciones que aprender en el cine y las películas sobre la Mafia.

Ello hace que, incluso en un mundo sin Estado y con empresas privadas de protección, sea relevante la discusión de si un acto es de terrorismo o de guerra, pues ello influirá en la forma que nosotros mismos hemos de involucrarnos en la defensa de nuestra propiedad. Aunque sea, eso sí, pactada libremente en el contrato con la empresa de seguridad.

* Este texto es fruto de las reflexiones del autor durante su participación en el Coloquio 214 del programa Exploraciones sobre la Libertad, organizado por el Liberty Fund y la Universidad Francisco Marroquín. Por tanto, es de justicia dar gracias a los restantes participantes por las ideas aportadas, así como a las citadas entidades y a Lucy, Andrea y Andrea (¿o era Paula?) por la impecable organización y los buenos momentos disfrutados.


[1] Tal como explica Mises en su magnífica obra Bureaucracy. Mises L. von (1994) Bureaucracy. Yale University Press