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¿No tienes nada que ocultar?

Obama llegó al poder con una promesa de cambio en la política antiterrorista de Bush. Este había llevado la batalla a terreno enemigo con las guerras de Afganistán e Irak, y había reforzado la defensa con mayor gasto en Inteligencia y leyes que sin duda restringían libertades pero facilitaban el trabajo a los agentes. Obama prometió cargarse esas leyes, acabar con las guerras y, pese a ello, de algún modo mágico no especificado, garantizar la seguridad de sus compatriotas frente a los ataques terroristas.

El presidente demócrata ha dejado como única política ofensiva los ataques con drones, que no parecen suficientes como para sustituir la presencia militar y que además conllevan una hipocresía notable: está mal encerrar a los sospechosos en Guantánamo, pero matarlos es fetén. Pero como completamente irresponsable tampoco es, no sólo no ha abandonado las políticas defensivas sino que las ha ampliado, confiando en que unos medios completamente entregados a la causa hicieran la vista gorda. Y así ha sido en general hasta que se ha sabido que su Gobierno también espiaba a los periodistas.

El revuelo, no obstante, sorprende. Porque el problema no es de intimidad, o privacidad, como dicen ahora. Si fuera así, ¿por qué narices no nos borramos de empresas como Google o Facebook, que sin duda saben más de nosotros que la NSA? Al fin y al cabo, si cedemos esa intimidad para poder ver más fotos de gatitos encantadores no parece mucho pedir que lo hagamos para luchar en la noble causa antiterrorista.

No, el problema es que se trata del Estado. Hay una diferencia esencial entre que estudien tus datos de forma automática y sin intervención humana unas compañías cuyos productos has elegido utilizar y que lo hagan unos señores de negro a los que no puedes expulsar de tu vida y que tienen capacidad para meterte en la cárcel. Afirmar que no tienes nada que ocultar es absurdo: cualquier norteamericano medio, y también cualquier español, ha cometido sin saberlo un buen montón de irregularidades por las que su Gobierno le puede castigar.

Normal, pues, que, según el tamaño del Estado va creciendo, también lo haga la desconfianza hacia él: es más probable ser testigo o víctima de sus abusos e incompetencias. Pocas semanas antes de este escándalo supimos que los burócratas de Washington, tan imparciales que votan y pagan masivamente a los demócratas, utilizaron su posición en Hacienda para acosar al Tea Party. En cierto modo, da lo mismo si lo hicieron siguiendo órdenes o por iniciativa propia. Es una consecuencia natural de un Estado sobredimensionado e hiperregulado. ¿Cómo vamos a confiar en que usen bien la información recolectada?

El Gobierno de EEUU asegura que el espionaje de la NSA ha servido para desmantelar dos ataques terroristas, pero parece claro que en ambos casos se emplearon otras técnicas más prosaicas y propias del siglo pasado. Quieren hacernos creer que es necesario vigilarnos a todos mientras al mismo tiempo, por aquello de que no discriminar, se niegan a vigilar las mezquitas, que es donde van muchos musulmanes inocentes, sí, pero también los terroristas islámicos.

El poder nunca ha sido muy bueno en eso de controlarse a sí mismo. Así que la información que recolecta la NSA terminará siendo empleada con fines distintos a la lucha antiterrorista, lo quieran o no los políticos, que querrán. Pero eso tiene también su lado bueno. Existen más de cuatro millones de burócratas y contratistas con algún tipo de acceso a información confidencial del Gobierno de EEUU. Siempre habrá un Snowden, y a casi ninguno le costará tanto dejar a una novia tan buenorra.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

En defensa de las cláusulas suelo

El Tribunal Supremo ha sentenciado recientemente que las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios son “abusivas”: la presión de los hipotecados ha podido más que el respeto a los contratos y ha llevado al alto tribunal español a adecuar las condiciones consensuadas a las reivindicaciones de una de las partes. Al parecer, que el Euribor se halle en mínimos históricos y el tipo de interés de la mayoría de las hipotecas no pueda descender del 3% resultan realidades incompatibles para el imaginario colectivo, razón que ha impulsado al Supremo a adecuar forzosamente los contratos a la “realidad social”.

Recordemos: la actividad (impropia) de los bancos consiste en endeudarse a corto plazo (en el mercado interbancario) y proporcionar financiación a largo plazo (en forma de hipotecas, préstamos empresariales, créditos al consumo, etc.). Dado que el tipo de interés a corto plazo que se paga en el interbancario (el famoso “Euribor”) es susceptible de fluctuar, las entidades financieras españolas suelen cubrirse contra el riesgo de que varíe haciendo que los tipos de interés que abonan sus deudores también estén indexados al Euribor; en concreto, al Euribor + un diferencial. Como resultado, el beneficio que obtiene un banco por cada hipoteca concedida queda anclado a ese diferencial o spread. O dicho de otro modo, a las entidades financieras les importa un bledo cuán bajo se encuentre el Euribor, pues su beneficio procede del mayor o menor diferencial negociado.

Entonces, si a los bancos les importa bien poco el nivel que alcance el Euribor, ¿a qué viene imponer cláusulas suelo? Pues, por extraño que pueda sonar en estos momentos, las cláusulas suelo son una forma de satisfacer las necesidades de los hipotecados: en particular, su demanda de que las hipotecas contengan un tipo de interés máximo que no pueda rebasarse (cláusula techo).

Una cláusula techo expone al banco a un alto riesgo: si se limita el tipo máximo que puede llegar a pagar el hipotecado a, por ejemplo, un 12%, en caso de que el Euribor se dispare al 15% durante algunos años, el banco experimentará pérdidas extraordinarias. ¿Cómo cubrir ese riesgo de pérdidas para el banco? Pues estableciendo cláusulas suelo: a saber, que durante aquellos trimestres en que el coste de financiación del banco (el Euribor) caiga por debajo de una cláusula suelo de, por ejemplo, el 3%, el hipotecado siga pagando el 3% y nutra de beneficios extraordinarios al banco. Son esos beneficios extraordinarios derivados de la cláusula suelo los que permiten cubrir las pérdidas extraordinarias que puedan derivarse de las cláusulas techo. En ese caso, bien podemos entender la cláusula suelo como un seguro que el hipotecado paga para resguardarse del riesgo de que los tipos se vayan por las nubes.

Desde luego, son legión quienes claman que las cláusulas suelo y techo no son simétricas: que mientras es muy sencillo que las cláusulas suelo se activen (el Euribor normalmente cae por debajo del suelo pactado) es extremadamente raro que las techo lo hagan (el Euribor jamás se sitúa por encima del techo pactado). Sin embargo, este juicio es una falsa impresión fruto de la alicorta memoria. Una hipoteca puede llegar a tener una duración de 30 ó 40 años, período de tiempo durante el cual es tan factible que el Euribor caiga por debajo del suelo como que se dispare por encima del techo. Si revisamos la evolución del Euribor (y de su antecesor, el Mibor) desde 1979 descubriremos que el Euribor superó el 12% (cláusula techo estándar) durante más de 160 meses, mientras que sólo ha caído por debajo del 3% (cláusula suelo usual) en 100 ocasiones. Es decir, durante nuestra historia reciente, las cláusulas techo se habrían activado con más frecuencia que las suelo.

Obviamente, una vez el Supremo ha proscrito las cláusulas suelo, la posibilidad de incorporar cláusulas techo también desaparece (a menos que se instrumente de otra forma: por ejemplo, un seguro independiente o un spead mayor al actual). Al fin y al cabo, una hipoteca a tipo de interés variable con techos y suelo puede entenderse como una hipoteca con un tipo fijo que puede oscilar limitadamente dentro de dos bandas de fluctuación (el Supremo, de hecho, alega que las cláusulas suelo “convierten un préstamo a interés variable en préstamos a interés mínimo fijo”). ¿Tiene sentido que, a partir de ahora, ese tipo pueda fluctuar absolutamente hacia abajo pero siga fluctuando de manera restringida hacia arriba? No, y como no lo tiene no sucederá, por lo que el hipotecado se verá privado de la protección contra los aumentos del Euribor. A corto plazo, claro, éstos pueden dormir tranquilos; a largo, no descarten ni mucho menos que el Euribor se dispare como antaño por encima del 10%.

Bien, admitido que la cláusula suelo es una justa contraprestación por la cláusula techo, ¿qué sucede con aquellas hipotecas que incorporaban un suelo pero no un techo? Tal disposición era, en realidad, una forma de rebajarle el diferencial que se exigía al hipotecado. El banco se aprovechaba de la posibilidad de que, durante algunos trimestres, el hipotecado pagara tipos sustancialmente por encima del Euribor para, a cambio, exigirle un spread menor durante el resto de meses en que el Euribor superara el suelo. Al cabo, tras la sentencia del Supremo los bancos lo tendrán bien sencillo para compensar en las nuevas hipotecas el efecto que la medida pueda acarrear sobre su cuenta de resultados: exigirán un diferencial mayor, y listo. En el límite, y para que todos comprendamos lo absurdo de la resolución jurídica, si un banco quiere garantizarse una cláusula suelo del 3%, sólo tiene que exigir un diferencial sobre el Euribor del 3%: por mucho que éste caiga al 0%, el hipotecado pagará siempre, como mínimo, un 3%.

En suma, la sentencia del Supremo es sólo un ejemplo de ignorancia económica combinada con una muy torcida comprensión de los tribunales en sociedad: su misión no es la de convertirse en ideólogos activistas que suplanten a las partes, sino en garantes de que se ejecuten las condiciones que éstas consensuaron de manera voluntaria. Violentar la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica no traerá nada bueno a este país, más allá de ciertas ganancias cortoplacistas para los hipotecados afectados. Los hipotecados futuros lo pagarán con creces en forma de tipos de interés más altos u onerosos seguros CAP de tope de interés.

Montoro siempre gana

“Es un problema de ingresos, no de gastos”. Llegaron con esa cantinela al poder hace ahora año y medio y siguen en sus trece. Para solucionar ese problema de ingresos los de Rajoy han subido los impuestos existentes 30 veces y han creado una docena de nuevos tributos. El apretón fiscal y una batería de recortes tibios, aplicados con titubeo y marcha atrás, iba a servir para cuadrar las cuentas públicas en un par de ejercicios hasta dejar el déficit en el 3% sobre el PIB que exige Bruselas.

Bien, hasta la fecha lo único que podemos tener por seguro es que trabajamos –si tenemos la suerte de hacerlo– muchas más horas para el Estado. Del resto poco o nada se ha sabido. La recaudación ha aumentado sí, pero bastante menos de lo que se esperaba y, por supuesto, no lo suficiente como para compensar el incremento en el gasto. Los estabilizadores automáticos del mal llamado Estado del Bienestar tienen la mala pata de activarse justo en el peor momento, y esa ha sido la maldición con la que, inexplicablemente, el equipo montoriano parece que no había contado cuando tomó al asalto la Agencia Tributaria con la intención manifiesta de desplumarnos.

En el PP y en sus aledaños el malestar se extiende por semanas. Aznar ha sido el último en llegar a la fiesta pero lo ha hecho de un modo especialmente ruidoso. Por eso están preocupados. Aznar sigue teniendo tirón entre las bases y entre las que ya no lo son. El PP es todavía hoy, casi un cuarto de siglo después de que Fraga le regalase el invento, un partido aznarista. Rajoy está ahí por lo que está, no vamos a engañarnos. El propio Montoro fue ministro de Aznar antes de serlo de Rajoy, Guindos fue secretario de Estado y así podría continuar hasta pasado mañana. Por mucho que hayan intentado hacerle luz de gas desde Moncloa, la desafección dentro del PP hacia su Gobierno es real, casi tanto como la que siente la clase media, los autónomos y los pequeños empresarios, cimientos estos sobre los que Rajoy levantó su mayoría absoluta en 2011.

Visto así todo lleva a pensar que al ministro de los impuestos, las malas caras y las inspecciones por sorpresa le quedan dos telediarios. Pues no, Montoro prevalecerá y seguirá fastidiándonos y arruinando el país hasta el día en que el PSOE y sus peronistas majestades de IU tomen el relevo. La razón es simple. Montoro es Rajoy y Rajoy, Montoro. Me explico. El hombre del saco está ahí haciendo exactamente, punto por punto y coma por coma, lo que le ha encargado su jefe. El desgaste de imagen y la cosecha de odios se los lleva el ministro, saliendo de este modo Rajoy completamente impune del mayor abordaje sobre el bolsillo de los españoles de toda la historia.

A Mariano Rajoy nunca le interesó la economía. Para él la riqueza es una oposición labrada con sudores en la alcoba de la casa paterna, y luego el nirvana de vivir a costa del contribuyente hasta el último suspiro. El hombre, además, viene de donde viene. Ingresó de joven en el sector tradicionalista de la antigua Alianza Popular, el de Fernández de la Mora, aquel ministro de Franco tan culto para unas cosas como ignorante en grado absoluto para cuestiones económicas. O, quizá, no tan ignorante. Fernández de la Mora aborrecía del liberalismo y las recetas liberales, las únicas, por cierto, que engendran prosperidad real y no privilegios y miseria.

No hay nada de lo que sorprenderse. De un registrador de la propiedad –no aludiré a su origen geográfico porque, a fin de cuentas, no todos tienen la suerte de nacer madrileños– criado en el tradicionalismo fernandezmorista sólo podía esperarse este robo a mano tributaria. Los impuestos no van a bajar este año ni el que viene, y es muy probable que tampoco lo hagan en 2015, o, si lo hacen, serán dos o tres tipos de poco fuste y con intenciones electoralistas. La doctrina Montoro-Rajoy consiste en no dejar ni un céntimo en el bolsillo del contribuyente para así alejar de su mente la idea de ahorrar.

Luego, cuando esto pase, que algún día pasará, ya se encargarán que quitar un puntito al IVA y otro al IRPF. Si es que vuelve a entrar el dinero en las arcas públicas lo hará de un modo tan estruendoso y brutal que, conociendo la naturaleza del Estado, solo cabe suponer que el monstruo comprometerá el gasto de todo nuevo euro que entre. El Estado siempre crece, nunca se achica. Si se le da de comer crece más rápido, cosa que ahora no puede hacer porque el alimento fiscal es escaso. Para dos hombres de Estado, registrador de la propiedad y catedrático respectivamente, que su criatura gane peso es motivo de orgullo, es, de hecho, lo único que van buscando.

La verdad o la vida

La gente suele decir que quiere saber la verdad y que es sincera cuando habla. Pero lo que a menudo en realidad quiere es pensar, oír o leer cosas que le gusten, que le consuelen, que se correspondan con sus preferencias, que le resulten útiles, que le vengan y le hagan sentir bien, que apoyen sus causas, que confirmen sus prejuicios y sesgos, independientemente de que sean verdaderas o no. Y las limitaciones intelectuales y emocionales no son la única fuente de error y falsedad: el engaño, la mentira y la hipocresía son rasgos muy humanos.

Los seres vivos son agentes cibernéticos que actúan conforme a sus representaciones o modelos del mundo y a la información concreta acerca del entorno que perciben a través de sus sentidos. Las capacidades cognitivas son siempre limitadas e imperfectas: el error es posible.

La competencia evolutiva, mediante generación de alternativas y selección de las más aptas, produce modelos progresivamente más completos, correctos y realistas, y sensores con mayor capacidad y resolución: los organismos conocen gradualmente mejor la realidad y actúan de forma más competente.

Sin embargo, que la capacidad de obtención y procesamiento de información crezca no garantiza que la cantidad de errores necesariamente desaparezca o se reduzca, ya que el entorno tiende a hacerse gradualmente más complejo y difícil de conocer por la propia sofisticación evolutiva de los seres vivos: los organismos son cada vez más aptos pero las tareas que deben realizar son también más difíciles. Además muchos seres vivos no desean ser detectados o comprendidos e intentan activamente confundir a otros para que no puedan predecir o controlar su conducta.

Los animales sociales interactúan mediante procesos de comunicación, con transmisión y recepción de señales o mensajes. Los seres humanos pueden expresar algunas partes de su conocimiento acerca de la realidad de forma simbólica mediante el lenguaje natural, con palabras y frases. Una proposición es verdadera si se corresponde con la realidad, si la representa fielmente, y falsa en caso contrario.

No todas las proposiciones tienen valor de verdad (ya que no todas son descripciones de la realidad), y el valor de verdad no es la única característica relevante de una frase: también importa su precisión (o vaguedad, ambigüedad), su concreción (o generalidad), lo completa que es y la cantidad de información que contiene.

A un individuo le interesa conocer información verdadera relevante para actuar de forma exitosa, teniendo en cuenta sus costes de obtención y procesamiento. La coordinación de múltiples agentes requiere producir, transmitir, recibir y procesar grandes cantidades de información. Las limitaciones cognitivas de los seres humanos hacen que la dirección centralizada de la actividad económica sea muy difícil, especialmente en sociedades extensas, dinámicas y complejas: el socialismo es imposible.

Pero las imperfecciones y límites de la observación, la razón y la comunicación no son los únicos problemas para la producción y difusión de información veraz. No sólo es que no se pueda: también es que no siempre se quiere.

La verdad es a menudo inconveniente: a la presa le perjudica que el depredador la detecte con facilidad, y si puede se esconde o camufla (mimetismo), no indica abiertamente su localización; el depredador tampoco quiere ser descubierto y se acerca en silencio, oculto y en contra del viento; los combatientes intentan confundir y sorprender a sus enemigos; las empresas mantienen secreta su estrategia; los criminales de todo tipo no quieren que se conozcan sus hechos delictivos; el individuo que se avergüenza de algo no desea que se muestre en público; el empleado o colectivo que se escaquea, cumple mal con su deber o incluso sabotea las operaciones, no quiere ser descubierto; los engaños, infidelidades o traiciones se realizan a escondidas.

Los individuos pueden no sólo callar u ocultar la verdad sino también distraer la atención o difundir activamente falsedades útiles para ellos: difamar a los enemigos, hacerse las víctimas, esparcir rumores que destruyan reputaciones ajenas. La capacidad de mentir y engañar sin que se note es una aptitud útil para la supervivencia y el progreso. También lo es la capacidad de detectar mentiras y engaños. Hay espías (y contraespionaje) porque unos desean saber lo que otros no quieren que se sepa.

Como hacer trampas puede resultar beneficioso, los seres humanos son a menudo instintivamente hipócritas: insisten en que los demás cumplan las normas mientras ellos mismos intentan saltárselas cuando pueden y se indignan al ser descubiertos y denunciados.

Una forma de conseguir no ser detectado en un engaño a otros es engañarse a uno mismo creyendo falsedades útiles, especialmente en el ámbito de la moralidad y la cooperación: cada uno es bueno y leal, y dudar de ello es un atentado inaceptable contra su honor; los enemigos son malos y traicioneros, no tienen honor ni dignidad. Para que funcione bien, el autoengaño debe ser inconsciente, automático y no reconocido, de modo que todos niegan engañarse a sí mismos.

La verdad no lo tiene difícil solamente por las relaciones de competencia o enemistad. Los grupos de cooperadores, amigos, familiares, seres queridos, suelen compartir engaños, absurdos y falsedades: no se dicen verdades ofensivas, conflictivas, incómodas; se halagan de forma exagerada; y callan o no denuncian los errores o trampas propios que pueden dañarlos, desprestigiarlos y dejarlos en evidencia; puede haber cadáveres en los armarios y basura bajo las alfombras. Ciertos temas y sus verdades asociadas son de mala educación, falta de cortesía y tacto: eso no se dice, eso no se toca. La inteligencia emocional choca contra la inteligencia analítica: vamos a llevarnos bien, haya paz social, no seamos impertinentes o demasiado listos para nuestro propio bien.

La creencia ferviente en algún absurdo distintivo (supersticiones y dogmas religiosos, ideologías políticas) puede servir como cohesionador, señal de pertenencia, coste de entrada y permanencia y prueba de compromiso y lealtad del grupo. Los colectivos organizados son muy poderosos, y para integrarse en ellos y congraciarse con sus miembros y líderes uno debe adaptar lo que cree y dice, apegándose emocionalmente a ciertas presuntas verdades absolutas (credo de la comunidad de creyentes, doctrina oficial del partido), rechazando radicalmente otras y autocensurando pensamientos peligrosos: eso es tabú, la fe es una gracia, hay que luchar contra la duda y no caer en la tentación de dejar de creer. El librepensador, hereje, heterodoxo, disidente o blasfemo es repudiado, expulsado o eliminado. Mediante la censura y las listas de obras denunciadas o prohibidas el grupo puede impedir que sus miembros lleguen a conclusiones inconvenientes.

Aunque para el conocimiento de la realidad conviene ser escéptico, crítico y consciente de la ubicuidad del engaño y la mentira, algunos individuos llevan su torpe suspicacia demasiado lejos y simplemente sustituyen unas falsedades por otras: es el mundo de la credulidad selectiva (mi versión es la verdad verdadera, no como los disparates de otros) y las conspiranoias (son sólo unos pocos poderosos quienes estafan desde clubes secretos a todos los demás incautos, la verdad está ahí fuera). Por otro lado están todas las pseudociencias, populares falacias que aparentan rigor intelectual: parapsicología, diseño inteligente, ufología, curanderos, etc.

Queda la ciencia como baluarte de la verdad: el ideal científico consiste en conocer objetivamente la realidad generando nuevas teorías e intentando destruirlas para filtrar los errores. Pero los científicos son por lo general seres humanos parciales y preocupados por su propio estatus intelectual y social: aspiran a ser líderes admirados, les cuesta y duele reconocer que se han equivocado, quieren que les den la razón y sufren sesgos de confirmación y autoengaño; a menudo no tienen ideas sino que las ideas son memes atrincherados que los tienen a ellos.

El mensaje antifederalista

Se identifica al liberalismo con el siglo XIX. Pero si tenemos que aferrarnos a ese artificio, mejor remontarnos al siglo XVIII, cuando se expresaron muchas de las ideas más originales y ciertas sobre la convivencia humana y los riesgos que corre. Hay cierta lógica en ello. Si nos remontamos a dos siglos y medio antes, vemos nacer el Estado moderno. Pero el apogeo no llega hasta aquel dieciocho. Por lo que a nosotros nos interesa aquí, lo relevante es qué ocurrió en Inglaterra y, desde 1707, en Gran Bretaña. Allí la corona se fue liberando de las ataduras y las servidumbres del feudalismo. Con todo, el sistema político no había llegado al absolutismo, sino que tenía un cierto equilibrio entre la monarquía, la aristocracia y la democracia. Se ha dicho de aquel país que evitó los excesos fiscales y militares de otros países, y que ello se debía a su aislamiento, o a las “libertades inglesas” o al hecho de que la clave del dinero lo tuviera la gente, o más bien el gentry, la baja nobleza.

Pero no es así en ningún sentido. De hecho, Gran Bretaña descuella sobre el resto de Estados nación en la construcción de un Estado fiscal-militar. Los impuestos crecieron rápidamente. En términos constantes, se multiplicaron por ocho entre 1670 y 1790. Lo mismo cabe decir del Ejército. Tras la Revolución Gloriosa contaba con unos 15.000 efectivos, y en 1713 se había multiplicado por diez: 144.650 efectivos, sin contar con los mercenarios.

De modo que el problema al que se enfrentaron los pensadores que forjaron el liberalismo allí, y no es diferente en otros Estados, es el crecimiento del complejo militar-fiscal, su crecimiento autónomo al margen de los deseos de la gente, y con una lógica propia sencilla y que no descansa: el poder. En el caso de Gran Bretaña, ese crecimiento se facilitó por dos elementos. Uno, que la Cámara de los Comunes pudo trasladar el coste del Estado a clases que no votaban, como eran las clases más populares. Eso explica que la mayoría de los ingresos del Estado, en torno al 80 por ciento, proviniesen de las manufacturas y del comercio, mientras que los impuestos sobre la tierra sólo aportaban el 20 por ciento restante. Y dos, la creación del Banco Central que permitió a la corona británica multiplicar su endeudamiento.

En las colonias se tenía muy presente el crecimiento de ese complejo fiscal-militar en la metrópoli. Y se veía al resto de Europa como países presas de “despotismos turcos”, con sus libertades aún más entregadas al capricho de la Corte. Este es el problema que se plantearon quienes se acabaron oponiendo a la Constitución de los Estados Unidos, y a los que la historia ha llamado, impropiamente, “antifederalistas”.

Los Estados Unidos tenían ya una Constitución; se llamaba, en plural, Los Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua. Crearon un gobierno central sin poder fiscal, y por tanto con una capacidad militar limitada. No parecían un instrumento adecuado para librar una guerra de independencia contra un rival tan poderoso como la Gran Bretaña. Pero aun así, ganaron.

Pero el peso de la deuda, una vez concluida la guerra, amenazaba la propia unión, y un grupo de políticos, los llamados federalistas, buscaron crear una nueva unión que creara un gobierno central poderoso, que le acercase a las grandes potencias europeas. Todo el debate sobre la Constitución lo es sobre la creación de un Estado con un complejo fiscal-militar poderoso.

Son muchas las críticas de los antifederalistas a la nueva Constitución. Pero las principales son tres. Por un lado, el nuevo poder central supondría una amenaza para el poder local y estatal. Cuanto más dividido estuviese localmente el poder, más controlado estaría por los votantes. Lo mismo podría ocurrir con ciertas instituciones tradicionales participadas directamente por el pueblo, como el jurado o las milicias. El segundo argumento es que la Constitución preveía la creación de un Ejército permanente (standing army). Y el tercero, que ese texto permitía una recolección de impuestos casi sin límites. Este es el contexto del mensaje antifederalista.

La farsa tributaria de Monago

Acaba de prometer José Antonio Monago que les rebajará el IRPF al 90% de los extremeños debido al avanzado estado del saneamiento financiero de la región. Albricias. Al parecer, y atendiendo a la mayoría de los titulares de la prensa española, el Motín del Té patrio acaba de estallar en Mérida: la rebelión contra los sablazos fiscales de Montoro ya ha pasado de las palabras ‘aznarianas’ a los hechos ‘monaguescos’ y amenaza con extenderse a otras regiones españolas como Cantabria. Por fin, cabría exclamar. Pero no: sucede que la cruda realidad tiene bastante poco que ver con esta estupefaciente ficción.

Dos consideraciones previas

Primero, no deberíamos olvidar que España sigue al borde de la suspensión de pagos y que la consolidación presupuestaria debería seguir constituyendo la prioridad de ‘todas’ nuestras administraciones públicas. Dicho de otro modo: tal como ya hemos manifestado en otras ocasiones, toda reducción de ingresos debería ir precedida por un mucho más intenso recorte de los desembolsos dirigido a terminar de equilibrar nuestras cuentas. La Junta de Extremadura no sólo no ha aprobado disminuciones adicionales del gasto que le permitan sufragar la rebaja de 10 millones de euros en el IRPF autonómico, sino que ha incrementado otros que la duplican en importe: hace unas semanas, la Junta instauró la llamada “renta de inserción extremeña” dotada con un presupuesto (ampliable) de 13,2 millones de euros, y este mismo martes, al tiempo que prometía moderar el IRPF, Monago también anunció la creación de un “bono cultural” con un coste estimado de 8,4 millones de euros. En suma: lejos de financiar el menor IRPF recortando el gasto en 10 millones de euros, el PP extremeño lo ‘aumenta’ en 21,6 millones sólo con estas dos ocurrencias netamente socialistas.

Segundo, nunca deberíamos olvidar que Extremadura es la segunda comunidad autónoma (después de Canarias) que más se beneficia del disparatadamente redistributivo sistema de financiación autonómico que padecemos los españoles. Por ejemplo, en 2013 la capacidad tributaria de la región (la recaudación que teóricamente habría obtenido en función de los tributos que tiene cedidos) ascendía a 1.423 millones de euros, mientras que los recursos que finalmente le transfirió el sistema fueron 2.565 millones; por el contrario, Madrid podría haber recaudado 14.157 millones de euros sólo con los tributos cedidos pero finalmente sólo consiguió merced a la redistribución autonómica 11.145 millones. No deja de resultar paradójico que el gobierno extremeño pueda permitirse el lujo de bajar impuestos y de aumentar el gasto a costa de externalizar el coste de esas medidas a los ciudadanos de otras autonomías –como los de Madrid o Cataluña– que no pueden disfrutar de esa misma laxitud tributaria.

No, no es la austeridad de Monago lo que le permite reducir el IRPF, sino la austeridad que padecen parte de los ciudadanos españoles para sostener el infladísimo presupuesto extremeño. Infladísimo presupuesto que, para más inri, pervierte por completo los incentivos del Ejecutivo regional: lejos de mejorar la fiscalidad de los trabajadores más altamente cualificados con el propósito de atraerlos a una relativamente pauperizada región de España, se contenta con mantener una tributación salvaje para esos empleados a cambio de aliviársela de manera nimia a los no cualificados.

Una absoluta nimiedad

Y es que el coste estimado de la medida es de 10 millones de euros, cuando los ingresos del tramo autonómico del IRPF extremeño ascienden a 503 millones de euros: es decir, ni siquiera supone una devolución del 2% de lo recaudado. Todavía peor: si en lugar de relacionarlo con el tramo autonómico del IRPF lo hacemos con los ingresos no financieros totales de la Junta para 2013 (4.384 millones de euros), las cifras todavía son más burlescas: la revolución fiscal de Monago apenas representa el 0,22% del total.

Pero dejémonos de macrocifras agregadas y miremos la rebaja fiscal desde la perspectiva del extremeño de a pie. Según Monago, 430.000 extremeños (el 90% de los contribuyentes, quienes ingresan menos de 24.000 euros) se beneficiarán de pagar 10 millones menos en IRPF: es decir, cada contribuyente extremeño pagará una media de –¡atención!– 23 euros menos al año, esto es, 2 euros menos al mes. Dado que en 2010 (últimos datos disponibles), los contribuyentes con ingresos inferiores a 24.000 euros anuales abonaban una media de 1.200 euros por IRPF, de nuevo nos encontramos con que la rebaja de 23 euros representa menos del 2% de su tributación sobre la renta. Buen momento para repetir la justificación que ofreció Monago para rebajar el IRPF: se trata de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer con su dinero”. Bueno, más preciso sería haber dicho que se trataba de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer ‘con 23 euros de su dinero”.

Hacia el populismo tributario

Entiéndanme: por supuesto que uno prefiere que los impuestos bajen o, al menos, que no suban todavía más. Pero vender a bombo y platillo esta ridiculez es no sólo un insulto a los extremeños, sino a todos los otros españoles que contribuyen a costearla. Peor: es una manera de tratar de aplacar el creciente descontento social hacia una política fiscal liberticida vendiéndoles a los contribuyentes que ya se está produciendo un cambio de rumbo dentro del PP. No: ahorrarles el pago de 2 euros mensuales a algunos extremeños no es bajar impuestos, sino una grotesca maniobra de populismo tributario.

La misma grotesca maniobra, por cierto, que parece estar barajando utilizar el PP nacional para perpetrar el incumplimiento de su reciente compromiso de revertir sus brutales rejonazos fiscales. Presto ha salido Montoro a prometer que la corrección impositiva se centrará en “reducir la fiscalidad a los que menos renta tienen”. ‘Equilicuá’: dado que el 70% de los españoles gana menos de 24.000 euros y apenas aportan un 22% de la recaudación total del IRPF, Montoro lo tiene bien fácil para repetir la farsa de Monago. Renunciando a apenas 300 millones de euros, podría salir a la palestra al grito de: “¡Misión cumplida! ¡Hemos bajado los impuestos a la mayoría de españoles!”.

No, ése no es el camino. España necesita de una auténtica revolución tributaria que sólo puede darse con un adelgazamiento enérgico del gasto público y de las funciones del Estado. No sólo hemos de erradicar nuestro gigantesco déficit público por el lado del gasto, sino que hemos de recortar lo suficiente como para posibilitar una sustancial rebaja de impuestos. Ni PP ni PSOE están dispuestos a limitar el tamaño y las competencias del Estado en tal grado: su objetivo no es maximizar la libertad y la prosperidad de los españoles, sino el control político que ejercen sobre ellos. Por eso, en lugar de afrontar con urgencia la reforma del sector público, en el PP se limitan a tapar su expolio fiscal con el populismo tributario. Que no nos compren con apenas una cucharada de lentejas.

Devuelvan a Domenic

A final de mes se cumplirán cuatro años del secuestro de Domenic Johanson por parte del estado sueco. Cuando se lo llevaron sólo tenía ocho años. Ahora está a punto de cumplir doce y la única esperanza de sus padres es que, con esta edad, sea ya capaz de deshacerse del lavado de cerebro al que ha sido sometido. ¿Por qué? Porque las autoridades suecas únicamente permitirán las visitas familiares si el niño las pide. Pero, lógicamente, tras cuatro años separado de su familia biológica, integrado en una familia de acogida y en un colegio, con lo que le deben haber contado sobre sus padres y con el miedo que ha tenido que pasar, ¿a qué niño se le ocurriría pedir ver a su familia de origen? En junio de 2009 se llevaron a Domenic. En noviembre de 2010, en una de las escasas visitas permitidas, su padre se lo llevó, por lo que fue detenido y encarcelado. Annie pasó las Navidades sola. En agosto de 2011 me dijeron que tenían pensamientos suicidas. No es para menos. Annie ha sido hospitalizada en varias ocasiones. A mí también se me pararía el corazón si estuviera en su lugar. ¿Y a quién no? Domenic podría ser tu hijo. 

No hicieron nada ilegal: estaba bien cuidado, bien alimentado, bien educado y era feliz. Se iban a ir todos a vivir a la India, el país de origen de Annie, donde iban a desempeñar su nuevo trabajo como misioneros. Estaban en el avión a punto de iniciar el vuelo internacional. Suecia ya ni siquiera tenía jurisdicción sobre ellos. Suecia no respetó su propia legalidad y los detuvo por dos hechos que no eran ilegales en ese momento: no vacunar y no escolarizar. Dos cuestiones que atañían al ámbito estrictamente privado de la familia. Es como si ahora vinieran y le detuvieran a usted por estar leyendo este periódico. ¡Pero si no es ilegal leer el periódico! Tampoco era ilegal no vacunar y no escolarizar. ¿Qué sentido tiene? Es como estar viviendo el proceso de Kafka. 

Queda la esperanza de que, a punto de cumplir los doce años, Domenic tenga acceso a internet y, en algún momento, descubra que sus padres no le abandonaron, que sí están luchando por él, que sí quieren recuperarle. Tal vez, como tanta gente, buscará su propio nombre en Google y cuál será su sorpresa cuando vea que hasta tiene página propia en Wikipedia y que 7000 personas pedimos su devolución desde Facebook. Poco más podemos hacer. Los políticos no se dignan ni a responder. Los periodistas ignoran una historia que no es lo suficientemente jugosa, léase amarillista. Mucha gente prefiere mirar a otro lado y pensar que, si se lo han llevado, “por algo será”. Hasta que les toque a ellos y luego reclamen ayuda y comprensión. Que alguien les salve. 

Si les importa, ni que sea un poquito, únanse al grupo de Facebook, firmen la petición en Avaaz.org,cómprenles un cuadro a Euan y Kier (todo el dinero recaudado es para los Johansson), usen el hashtag #returndomenic cuando twiteen. Si tienen alguna otra idea, escríbannos a alllovingmothersassociation@gmail.com Y cuando alguien les venga a contar que el Estado del Bienestar es la panacea y que Suecia es el ejemplo que todos deberíamos seguir, acuérdense de Domenic y de la policía armada hasta los dientes entrando en el avión para llevárselo.

La España de la que huimos

Jean-François Revel afirmó en su libro La gran mascarada que lo que marca el fracaso del socialismo no es la caída del Muro de Berlín, sino su construcción. Ésa, añade, era la prueba de que había alcanzado un punto de descomposición tal que se veía obligado a encerrar a los que querían salir para impedirles huir. En general, no hay señal más nítida del colapso de un sistema que la salida de sus habitantes. Algo similar ocurre hoy en España. Circula un dicho terrible que dice que quienes terminan la carrera universitaria en España sólo tienen tres salidas: por tierra, por mar o por aire.

España ha dado un completo vuelco a sus tendencias migratorias. The Economist publicaba recientemente un artículo titulado "Una gran migración" sobre cómo hemos pasado de recibir una importante inmigración neta a que sean los propios españoles los que se están yendo. Según un informe de Adecco que analiza datos del INE, desde el inicio de la crisis hasta final de 2012, alrededor de 400.000 españoles se han ido a trabajar al extranjero. El informe añade algo especialmente grave: los que se están yendo son principalmente jóvenes altamente cualificados. Y a eso hay que sumar que de los que van quedando, completamente infrautilizados y con la moral por los suelos, dos de cada tres están buscando activamente trabajo fuera de España. Los jóvenes españoles se dividen, en resumen, entre los que se han ido y los que quieren irse. Como decía el artículo de The Economist, España está perdiendo precisamente a aquellos a los que más necesita para refundar su economía.

No es difícil darse cuenta de que España, como sistema económico y social, ha colapsado de manera espectacular. No sólo porque más de un 27% de quienes quieren trabajar no pueden, ni porque el 57% de los jóvenes está en el paro. Es que España se ha convertido en un país en el que para los jóvenes es casi imposible ganarse la vida. Los impuestos, trabas e ineficiencia institucional asfixian toda actividad productiva y emprender se ha vuelto un acto suicida. Hasta el más optimista ve con claridad que vivimos en un sistema disfuncional, pero cuando miramos desde dentro a menudo no es fácil darse cuenta de por qué. A veces buscamos excusas o cabezas de turco y nos negamos a ver lo que tenemos delante de los ojos. Como dijo Marshall McLuhan, si preguntaras a un pez por el agua en el que nada te respondería: ¿qué agua?

Una de las cosas que me parecen más llamativas es cómo la política se ha tragado literalmente a la economía. Pruebe a leer la sección económica de cualquier periódico y descubrirá que ya no hay noticias económicas, sino que todo son declaraciones de políticos y decisiones de burócratas. En países como Estados Unidos, aunque también con altas dosis de política, la información económica es continua, sobre empresas, negocios, inversiones y mercados. En España, palabras como esas cuatro son casi tabú. Si no es para demonizarlas no pueden ni mentarse. Hemos creado un clima que no invita precisamente a generar riqueza.

Dice el Profesor Huerta de Soto que tal vez lo peor de las burbujas no sean las distorsiones reales en la economía, sino la anestesia moral que se inocula en la población. Hay dos ideas muy nocivas que se han asentado profundamente entre los españoles durante los años del boom y que ahora están ahondando la depresión. La primera es que nos hemos creído que la vida consiste en pedir. Exigimos al Estado que nos los proporcione todo. Desde las necesidades más esenciales hasta las más accesorias, desde un sueldo básico o la vivienda hasta el ocio, la cultura, el deporte o las fiestas. Es como si creyéramos que las cosas que nos gustan preexisten y que simplemente tiene que venir alguien a entregárnoslas. No es así. Para disfrutar de todo lo que demandamos primero tenemos que producirlo, y para ello hay que trabajar, estudiar, ahorrar, emprender y esforzarse. Cuando exigimos algo al Estado lo que realmente le estamos pidiendo es que obligue a otras personas a que nos lo proporcione. No es necesario analizar muy a fondo por qué ese sistema no puede funcionar.

La segunda idea venenosa es que lo normal es la burbuja. Por eso cuando la burbuja estalla, nos volvemos hacia los políticos para exigirles que la vuelvan a poner en marcha. Creemos que el Gobierno puede pulsar un botón y la riqueza aparece como por arte de magia. O que el Estado es como un motor al que echas gasolina y la economía vuelve a arrancar. Pero lo que en realidad estamos haciendo es obligar a ciudadanos arruinados, en plena depresión, a entregar al Estado la mayor parte de sus recursos con la excusa de "estimular" la economía. La realidad es que el Gobierno no es un motor, sino una hoguera, una pira. Es un mecanismo que quema los recursos, los despilfarra a manos llenas y los convierte en ceniza. Cuanta más gasolina echemos, más grande y destructivo se vuelve, y más se empobrecen los ciudadanos.

En España, al igual que en otros países que se embarcaron en el mismo camino, hemos creído que podíamos diseñar a golpe de ley un jardín del edén, un paraíso de superabundancia de recursos. Creíamos haber conseguido múltiples "derechos sociales", que quiere decir que los políticos habían plasmado en sus leyes que tenemos derecho a recibir de otros muchas cosas por el mero hecho de existir. Pero el jardín del edén no existe. La realidad es que los recursos son escasos y cuesta mucho producirlos. La única forma de poder disfrutar de manera sostenible de tantas cosas como demandamos es mediante la cooperación voluntaria, el respeto a la propiedad privada y los contratos libres. En España hemos dejado de lado estos principios básicos y nos hemos limitado a disfrutar del botín. Creíamos haber construido un paraíso y el resultado ha sido este infierno económico, un lugar donde es muy difícil ganarse la vida. Hemos engendrado un país del que, hasta nuevo aviso, los jóvenes están huyendo.

Qué piensan los árabes israelíes

La quinta parte de la población israelí está formada por árabes, lo que convierte a éstos en la minoría más importante del Estado judío. El conflicto territorial con los palestinos convierte a los árabes residentes en Israel en un cuerpo extraño, difícil de encajar en el esquema de confrontación entre judíos y árabes, mayoritariamente musulmanes, con el que se interpretan habitualmente las relaciones políticas en la región.

Esa es, al menos, la percepción general si se atiende solamente a las proclamas de los partidos árabes con representación en el Parlamento israelí (Knéset), Lista Árabe Unida y Balad, dos formaciones que en los comicios de enero de este año consiguieron cinco y tres diputados, respectivamente. El resultado electoral es discreto, cierto, pero ambos se situaron por encima de Kadima, el partido creado por Ariel Sharón en 2005, que se quedó en sólo dos escaños, cuando en los anteriores comicios había sido el más votado.

Sin embargo, una cosa es el discurso oficial de los políticos árabes, vinculado en exclusiva al conflicto palestino-israelí, y otra muy distinta la percepción que los ciudadanos árabes de Israel tienen acerca de su país y de su papel como minoría en el mismo.

El Índice de la Democracia Israelí, encuesta anual realizada por el Israel Democracy Institute, es la mejor herramienta para comprobar la opinión que los israelíes tienen acerca del funcionamiento de sus instituciones democráticas. En el caso de la población árabe, adquiere especial interés, por los condicionantes antes citados. En su más reciente edición, correspondiente a 2012, encontramos respuestas que llaman poderosamente la atención, sobre todo si se las compara con el discurso del establishment árabe local.

Así, lo primero que llama la atención es que el 44,5% de los árabe-israelíes se muestra orgulloso de ser israelíes (un 14,1% afirma estar "muy orgulloso"), mientras que para los partidos árabes presentes en la Knéset un árabe no puede ser jamás israelí, sino, como mucho, árabe palestino en Israel. Un porcentaje prácticamente idéntico (44%) considera adecuados los usos democráticos de las instituciones del país (casi un 8% cree que Israel es "demasiado democrático"), mientras que tan sólo un 11% afirma que el Estado judío no es "suficientemente democrático". Aquí, de nuevo, se registra un acusado contraste con el liderazgo político árabe-israelí, según el cual Israel no es de ninguna manera un país democrático.

Acostumbrados a una visión de los asuntos públicos homologable a la del ciudadano medio occidental, los árabes israelíes valoran mucho más la lucha contra graves problemas cotidianos como la calidad de la sanidad y la educación o el desempleo que la guerra constante contra el "enemigo sionista" a que les aboca la retórica de sus dirigentes políticos. Según el Fondo Abraham, dedicado al fomento de la convivencia y la igualdad entre judíos y árabes en Israel, sólo el 12% de los árabes israelíes cree que la causa palestina es más importante que resolver los problemas que acucian al país a causa de la crisis económica.

Este alejamiento de las élites políticas árabes que operan en Israel respecto a las verdaderas preocupaciones de sus votantes estaría detrás del desplome en la participación electoral de los árabes israelíes, que en estos momentos se sitúa en un 50%, muy por debajo del porcentaje de judíos que participa habitualmente en los procesos electorales. Es el resultado inevitable de una situación prolongada ya en el tiempo, con los representantes políticos de una minoría defendiendo intereses distintos de los de su base electoral, cuando no directamente opuestos.

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