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La tragedia paralizante del desempleo

Es difícil hallar calificativos para el desastre económico que suponen las cifras de desempleo. No ya sólo por el drama vital de (cada vez más) millones de personas en paro, sino por cómo va a terminar hipotecando el futuro de nuestro país en forma de trabajadores escasamente productivos debido a su nula experiencia laboral previa o a su progresiva pérdida de aptitudes por verse incapacitados a desplegarlas en su campo profesional. No es, desde luego, algo novedoso, pues el país lleva desde 2010 con una tasa de paro por encima del 20%, pero sí es una lacra que no ha dejado de empeorar desde entonces y, sobre todo, que se está convirtiendo en una plaga endémica.

Incertidumbre y Estado

Pero las altísimas cifras de paro que estamos padeciendo conllevan un problema añadido que termina por complicar definitivamente la cuestión y por arrastrarnos a un círculo vicioso de difícil salida. El elevado desempleo estructural es una de las fuentes de mayor incertidumbre personal que puede padecer un individuo y la incertidumbre (sobre todo en sociedades hiperestatalizadas como la nuestra, donde los ciudadanos apenas gozan de medianos patrimonios que les permitan resistir tan aciagos momentos) suele ir asociada a intensas peticiones de una mayor intervención estatal dirigida a aplacarla.

En una depresión deflacionaria como la actual, esa intervención tiende a ir dirigida o a impulsar planes expansivos del gasto que permitan colocar a los desempleados “en lo que sea” o a imponer todo tipo de rigidices y restricciones en los mercados para impedir cambios en las condiciones laborales de aquellos “privilegiados” que mantienen su empleo. Y si nada de lo anterior puede incrementarse de manera masiva, la presión social suele ir orientada a, al menos, conservar las intervenciones existentes.

España se encuentra precisamente en este último caso. El país se halla cerca de la bancarrota financiera y social, pero las reformas y los ajustes imprescindibles para salir adelante todavía están pendientes de aprobación: el déficit sigue superando los 70.000 millones de euros, el empleo público aún requiere de un ajuste adicional de unas 400.000 personas, la dualidad del mercado de trabajo permanece casi intacta, no se ha roto ni uno solo de los múltiples oligopolios sectoriales de los que viven muchísimos profesionales, las fraudulentas pensiones públicas que han devenido la única fuente de ingresos en muchas familias son absolutamente insostenibles, etc.

Se mire por donde se mire, el país no es viable en su forma actual, pero el drama del desempleo es de tal magnitud que pocos son los dispuestos a beber el amargo trago de las reformas y de los ajustes necesarios para volver a crear riqueza saneando los destrozos de la triple burbuja que padecimos. Y el primero que no quiere y que lleva resistiéndose a hacerlo desde el primer día es nuestro socialdemócrata Gobierno rajoyesco: las salvajes subidas de impuestos que hemos padecido y que han laminado a millares de empresas fueron una forma de minimizar “el impacto social” de los recortes, redistribuyendo sus costes; y las reformas aprobadas han tenido un carácter meramente cosmético (con la muy parcial, y en sí misma insuficiente, excepción de la reforma laboral), pensadas más para satisfacer a la burocracia bruselense que a las empresas españolas.

Asistencia en lugar de creación de riqueza

Lejos de tratar de alcanzar una economía que genere riqueza de un modo autosuficiente, el Gobierno y una parte muy importante de la sociedad están intentando conservar un insostenible Estado asistencial que reduzca los rigores de la crisis. El objetivo ambicionado, por consiguiente, no es sacar adelante toda una batería de reformas que permitan corregir los desequilibrios que, seis años después de estallar la crisis, todavía seguimos arrastrando, sino contentar a nuestros acreedores dándonos una capa de maquillaje para que así nos sigan prestando fondos y podamos seguir tirando unos cuantos meses más.

Pero, ¿hasta cuándo? Porque eso es justamente lo que no queda muy claro. El Gobierno parece confiar en una recuperación a lo largo de la segunda mitad de legislatura, de modo que no habría motivo para enemistarse más con los ciudadanos promoviendo medidas impopulares. Y muchos de esos ciudadanos sólo se preocupan –como es lógico– de su suerte individual: hay que postergar cualquier reforma y ajuste que pueda afectarles de lleno hasta, como mínimo, que encuentren un trabajo. El problema es que ni unos ni otros parecen darse cuenta de que las reformas y los ajustes en profundidad son precondición para que ambas cosas puedan suceder, lo cual nos lleva a que los razonables miedos y el menos razonable apego al Estado que suscita el desempleo tiende a dificultar las reformas necesarias y, por tanto, a autoperpetuarse.

En cualquier otro ámbito de nuestras vidas somos conscientes de que los giros copernicanos suelen resultar más necesarios y apropiados a la hora de enfrentar situaciones personales o profesionales desesperadas. Y es de sentido común: cuando algo te va muy mal es porque algo estás haciendo muy mal y, por tanto, cuando has de afrontar cambios más radicales. En política, sin embargo, nuestros gobernantes y gobernados toman la crisis no como el síntoma inequívoco de que no podemos perseverar en las equivocaciones que nos han conducido hasta el desastre (sobreendeudamiento, economía anticompetitiva, hipertrofia financiera, Estado niñera…) sino como justificación de que hemos de evitar corregirlos o, incluso, de que conviene catalizarlos para minimizar las dañinas consecuencias de la crisis. Pero, por ese camino, los daños no sólo no se minimizan, sino que se convierten en estructurales hasta que el sistema revienta y, entonces, los cambios se imponen por la fuerza de los hechos.   

Por desgracia para España, hace tiempo que renunciamos a volvernos una economía generadora de riqueza y nos obsesionamos con conservar un Estado asistencial que nos permita resistir la crisis sin fracturas sociales. He ahí el resultado de preferir un estancamiento cohesionado a una recuperación dolorosa: al final, nos hemos quedado con un estancamiento doloroso del que cada vez cuesta más salir. Cerramos marzo con 6,2 millones de parados: 6,2 millones de parados que nadie tomará como la mejor razón para liberalizar verdaderamente el país y achicar su infinanciable Estado, sino para todo lo contrario. Esa es nuestra paralizante tragedia.

La casilla de la iglesia y la falacia de “Hacienda somos todos”

Con la llegada de eso que los políticos llaman la "campaña de la renta" (esa etapa en la que el Estado nos recuerda que en poco tiempo tenemos que presentar nuestra declaración del IRPF para que le digamos al Estado si el año anterior le entregamos menos de lo que los políticos decidieron que les teníamos que dar o, por el contrario, nos van a devolver una parte de lo que sustrajeron de nuestros ingresos), vuelve otro clásico.

En los periódicos de izquierdas menudean columnas en las que distintos articulistas protestan contra la conocida como "casilla de la iglesia". Quienes se oponen a la misma no suelen mostrar rechazo a su existencia como tal. Lo que les molesta, o eso dicen, es que la cantidad que se destina a la iglesia católica si se marca, un 0,7% del total que pagamos del impuesto sobre la renta, se deja de destinar a otras cuestiones en vez de aumentar el monto total de lo que debemos entregar al Estado. Curiosamente, suelen "olvidar" que si se selecciona la alternativa existente, "otros fines sociales", ese 0,7% va a parar a toda una serie de ONG sin que tampoco se incremente la cantidad que terminamos entregando a la maquinaria recaudatoria oficial.

El argumento que suelen esgrimir es que, al no aumentarse lo que se paga, quien marca la "casilla de la iglesia" lo que está haciendo es decir a Hacienda que le entregue parte del "dinero de todos" a las autoridades católicas. El problema es que se trata de una gran falsedad, que no es otra que la falacia de que "Hacienda somos todos", según el eslogan propagandístico estatal de hace años que tanto éxito tuvo.

Lo que entregamos al pagar el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) no es "dinero de todos", por mucho que alguien se crea eso de que las propiedades (monetarias y de otro tipo) del Estado son del conjunto de los ciudadanos. Es un dinero que es nuestro y que nos vemos obligados a entregar a los poderes públicos con independencia de que queramos o no. La otra opción es aceptar que todo lo que ganamos con nuestro esfuerzo es del Estado y que este nos permite generosamente quedarnos con algo. Y, por supuesto, esto es radicalmente absurdo.

Al permitirnos decidir entre dos posibilidades de uso de una ínfima parte de esa cantidad total, se nos tolera cierta capacidad de elección sobre dicha fracción del dinero que entregamos. De hecho, dicha capacidad es muy limitada, pues tan sólo se nos ofrecen dos opciones (con el agravante de que una de ellas, "otros fines sociales", es muy difusa).

Esta mínima capacidad de elección no es ninguna maravilla, pero es la máxima libertad que se nos otorga al hacer la declaración de la renta. Por lo tanto, bienvenida sea. Aunque, para ser sinceros, lo mejor es que no nos quitaran ese 0,7% y nos dejaran decidir si se lo queremos entregar a la Iglesia católica, a cualquier otra confesión, a una ONG concreta o a nadie. Pero hasta ahí no van a llegar.

Sobre la nueva “reestructuración impositiva” a las empresas

Este viernes el Gobierno va a aprobar entre otras medidas una "reestructuración fiscal" que "favorezca el crecimiento". Suena a broma después de haber subido los impuestos como nunca antes se había visto y en uno de los peores momentos económicos que sufre la población. Se comenta que el objetivo del Gobierno ahora es favorecer el crecimiento por la vía de facilitar fiscalmente las cosas a los emprendedores, las nuevas empresas o PYMES. Cosa que sorprende, igualmente, tras haberse subido enormemente los impuestos a esos mismos emprendedores y empresarios individuales que tributan en el IRPF a los que ahora se pretende "favorecer".

También se dice que se "favorecerá" a las pequeñas empresas, pero se subirá el Impuesto sobre Sociedades a las más grandes. Después de la importante recaudación a las grandes empresas (fue la subida fiscal que más recaudó en 2012), era un caramelo demasiado dulce para que el Gobierno no continuara su rapiña impositiva por esta vía de la discriminación fiscal según el tamaño de la empresa.

Y es que las discriminaciones fiscales es una oscura tradición de rancio abolengo y son innumerables las excusas que se han usado por el Poder y los intelectuales de pro para justificarla. Como decía el historiador Charles Adams, los impuestos discriminatorios, impuestos por una clase de ciudadanos contra otra, "son tan viejos como la Historia". De hecho, no hace mucho tiempo en Europa los judíos pagaban tipos impositivos más elevados que los cristianos, los protestantes gravaban con el doble de tipos impositivos a los católicos, y viceversa. Ahora, se trata de gravar a las empresas grandes, que son "poderosas", que "defraudan" y "evaden", para "favorecer" y "dinamizar" el crecimiento de los emprendedores -después de machacarlos, insistimos, con tipos marginales nórdicos en uno de los peores momentos económicos en décadas-.

Se habla de eliminar las "desgravaciones abusivas"a las grandes empresas, concepto que considera implícitamente que toda la renta de las empresas es propiedad del Gobierno, que sólo permite que se queden en sede de quien las ha producido, pero hasta cierto límite. Es difícil que con esta ideología destructora de valor se pretenda incentivar la actividad económica y favorecer la recuperación que van a llevar a cabo esas empresas.

Efectos económicos de modificar las deducciones

La existencia de un sistema de deducciones asimétrico, donde para algunos casos se permite una deducción completa mientras que para otros es parcial o incluso está subvencionado, crea, de por sí, distorsiones porque la imposición efectivamente soportada por las empresas variará en función de los activos y pasivo utilizados. Es decir, aunque exista un tipo único, cada empresa soporta un Impuesto sobre Sociedades diferente. Esto creará incentivos de producción y arbitraje alejados de los que habría en un mercado en el que no hubiera esta distorsión fiscal.

Modificar la tributación empresarial cambiando el sistema de deducciones del Impuesto sobre Sociedades (como se espera que ocurra, especialmente en cuanto a las grandes empresas) traerá consigo otro cambio en el patrón de distorsiones en la producción debido a este Impuesto. De modificarse de nuevo las deducciones, la imposición efectiva relativa de las empresas volverá a cambiar.

Esta diferente imposición efectiva modifica, de nuevo, las decisiones de inversión y financiación dado que el valor relativo de los activos y pasivos de la economía variará. Si, por ejemplo, la deducción de toda la amortización en un año de determinados bienes hace más productivo dichos bienes, las empresas querrán disponer de ellos con más intensidad (variará, por tanto, su demanda) modificando su precio con respecto a los demás activos (o pasivos) que no gocen de este tipo de deducciones.

La variación relativa en la imposición efectiva de las empresas provocará que éstas tengan una diferente presión para trasladar el impacto del impuesto soportado a los agentes económicos con los que se relacionan. Recortar los beneficios o la liquidez presionará para que las empresas afectadas busquen ampliar los beneficios o su liquidez tratando de reducir el precio a sus proveedores, de aumentar el plazo de pago, aumentar el precio a sus clientes, reducir la calidad de algunos productos, demandar menos factores productivos, etc.

También habrá un efecto sobre la estructura productiva de la economía. Incrementar la fiscalidad a través de la modificación de las deducciones supone incrementar la imposición efectiva media y marginal relacionadas con las deducciones que se eliminen o reduzcan. Elevar la imposición efectiva media perjudicará la creación de actividad nueva, mientras que incrementar la imposición efectiva marginal supondrá enfriar (todavía más) la intensidad de las inversiones. Esto provoca un anquilosamiento de la estructura productiva que entorpecerá y ralentizará el cambio de modelo productivo que necesita el país. 

¿En qué medida se dejarán sentir estos efectos? Su intensidad dependerá de la subida fiscal, de las deducciones que se suban y la combinación de esto con la realidad económica actual. Puede que el aspecto fiscal no sea el determinante en muchas ocasiones, o no sea tan claro o automático, pero sí ejercerá su influencia y presión para que haya más probabilidades de que se den estos efectos descritos. No olvidemos que los impuestos pueden suponer una importante porción del resultado contable de una empresa o un buen zarpazo a su liquidez (especialmente, los pagos anticipados del Impuesto sobre Sociedades). Por tanto, no es un asunto baladí el fiscal, y aunque se trate de encubrirlo con una argumentación demagógica de subir impuestos a los más grandes para favorecer a los débiles (en una especie de David contra Goliat), subir los impuestos a las grandes empresas también traerá sus consecuencias negativas al resto de la economía, incluidas las PYMES.

Subir los impuestos a las grandes empresas también perjudica a las pequeñas

Por ejemplo, las empresas más grandes son una parte muy importante de la economía, que abre un mercado a las PYMEs al que de otro modo no tendrían acceso. No en vano, ellas son uno de los caminos importantes para que las pequeñas o medianas empresas tengan acceso a la cadena de valor internacional. Proveyendo bienes y servicios a las grandes, los proveedores locales (PYMEs) pueden aprovecharse de la internacionalización de las más grandes.

Además, las relaciones comerciales con empresas más grandes y más eficientes traen consigo también una mejora en la eficiencia para las pequeñas. Se ven obligadas a incrementar su valor para poder surtir de sus productos a las grandes, que compiten en mercados más globales. Incluso, las propias empresas más grandes obligan e influyen de manera determinante para que las más pequeñas se organicen de un modo más productivo. Es algo parecido a la mejora que experimentan las empresas que inician su internacionalización que mejoran continuamente su estructura dado que aprenden exportando.

Por no hablar de los efectos perjudiciales sobre la competitividad de realizar una actividad económica en España o de incrementar las inversiones en nuestro país. Habrá más presión, o bien para que las empresas de fuera no vengan a España (o vengan con mayor dificultad), o bien a que se reduzca el volumen de inversiones en nuestro país, o bien a la relocalización de actividades de aquí a otros lugares fuera del país. Algo que sin duda no ayuda al tejido productivo español poblado por microempresas y empresas de reducida dimensión. Basta de demagogia y de minar nuestra recuperación.

Lo que se ve y lo que no se ve

El economista francés Frédéric Bastiat explicó en 1839, en su obra titulada «Lo que se ve y lo que no se ve», la paradoja de los cristales rotos. El argumento está dirigido, principalmente, a políticos, economistas y analistas miopes.

La historia es bien sencilla: un gamberro rompe un cristal de una tienda con una piedra. «Lo que se ve» es que el dueño de la tienda va a tener que gastar dinero en reparar el cristal y que esto va a traer un efecto positivo en el cristalero que lo repare.

Sin embargo, «lo que no se ve» es que el dinero que el tendero gastará en el cristal son sus ahorros para adquirir unos zapatos nuevos y, por lo tanto, el zapatero dejará de obtener el beneficio de ese trabajo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, es sin duda uno de esos miopes que debería analizar mejor «lo que no se ve» cuando dice en su blog presidencial que «el decreto-ley aprobado por la Junta de Andalucía, que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda, es un paso especialmente interesante, que conviene estudiar con detenimiento en todos sus términos» para evitar el «drama» de los desahucios.

Es evidente que la falta de vista del señor Rivero sólo le permite ver cómo «ayudar» de forma directa a las personas desahuciadas. Lo que no ve es a aquel trabajador que llevaba años ahorrando y pagando religiosamente su hipoteca hasta adquirir una vivienda y que ahora ha perdido la renta que pensaba recibir después de duros años de ahorro porque su inquilino le deja de pagar al perder su empleo, y el Gobierno le expropia su propiedad.

Lo que no ve es al trabajador que prefirió, en vez de comprar un piso, guardar su dinero ahorrado a base de sacrificios en un banco y que ahora lo pierde porque un gobierno impone la paralización de los desahucios y la dación en pago con efectos retroactivos, causando un enorme agujero extra en los balances de bancos y cajas que podría terminar provocando la insolvencia y la quiebra de las entidades financieras y la pérdida de la mayoría de los ahorros de los trabajadores.

Lo que no ve es que los contribuyentes, ahorradores o no, tendrían que pagar durante años elevadísimos impuestos para costear la inyección de aún más dinero público a la banca para evitar que los depositantes pierdan sus ahorros.

En definitiva, lo que Paulino Rivero y otros muchos políticos miopes como él no ven es que los embargos hipotecarios, el respeto a la propiedad privada y a los contratos son necesarios para garantizar la seguridad jurídica, y que si se llevaran a cabo medidas tan disparatadas como estas se acabaría con la mayoría de la clase media de las Islas y se daría paso a una sociedad aún más pobre.

Piñera, Beyer y Bachelet

"Un presidente que le dio trabajo a todos los que querían trabajar". Es así como el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que le gustaría ser recordado en los libros de historia. Y lo está logrando.

Hace unos días un taxista que me llevaba por Santiago me hizo el siguiente comentario respecto de Piñera: "No me importa que sea simpático, sino que cree empleo". Ello resume muy bien lo que ha sido el actual Gobierno de Chile y la opinión de una creciente parte de la población sobre su desempeño.

Para muchos se hace cada vez más evidente que el centroderecha chileno es capaz de llevar a cabo políticas de crecimiento, empleo, educación, lucha contra la pobreza, mujer e integración social mucho más eficaces que las de la izquierda. Pero no solo esto. La conciencia del éxito real del presente del Gobierno y su impacto, ya visible, en la opinión pública (no la vociferante sino la verdadera) han forzado a la candidata socialista, Michelle Bachelet, a impulsar una agenda de ribetes francamente populistas y confrontativos. De esta manera pretende ocultar la mediocridad de su propio Gobierno, que se hace cada vez más notoria ante los innegables éxitos del de Piñera.

Por ello, la coincidencia del regreso de Bachelet a Chile y la destitución del ministro de Educación, Harald Beyer, por la mayoría centroizquierdista del Senado no fue ninguna casualidad. Bachelet quiere crear un ambiente político crispado (aunque diga lo contrario) y convocar lo que ella denomina una "nueva mayoría política y social", formada por la antigua Concertación, su nuevo aliado estratégico, el Partido Comunista, los movimientos sociales radicalizados (movimiento estudiantil) y el sindicalismo más militante. Esa fue la verdadera razón de la destitución de Beyer, que poco o nada tuvo que ver con la educación en sí misma y menos aún con el desempeño de un ministro ciertamente ejemplar.

Beyer, en sus 14 meses en el cargo, hizo más por la educación chilena que la Concertación en veinte años: envió cinco proyectos de ley al Congreso, de los cuales tres se han convertido ya en leyes, que han generado una nueva institucionalidad en la educación, creada para supervisar eficientemente la calidad y el uso de los recursos. Y no sólo eso, Beyer había impulsado un fuerte control sobre las universidades, que incluso lo llevó a cerrar una de ellas.

Y esto ocurre mientras la candidata por la Concertación recorre Chile repartiendo besos y abrazos, lanzando eslóganes tales como que va a poner fin al lucro en la educación, es decir, que va a destruir gran parte de la educación básica y media y crear una escuela estatizada, todo un ataque a las clases medias, que tanto han luchado por lo que tienen. También habla de una nueva Constitución, pero el camino hacia ella queda en la penumbra y le sirve al Partido Comunista para agitar la bandera chavista-bolivariana de la Asamblea Constituyente.

En fin, Michelle Bachelet ha apostado por sumarse al discurso encendido de la calle y de algunos políticos populistas latinoamericanos, así como por coquetear sin reparos con los comunistas, que aún son marxistas-leninistas y ajenos a toda autocrítica sobre los genocidios del comunismo. Claramente, no es esto lo que Chile necesita.

ideasyanalisis.wordpress.com

Los impuestos y sus efectos: reducción de incentivos para producir

Los impuestos reducen los incentivos para producir.

¿Por qué produce una persona? Para obtener unos beneficios, sean éstos materiales o no. Quiere mejorar su situación actual. Intenta pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria.

Así, cuando una persona decide crear una empresa arriesgando su capital, lo hace movida por su afán de lucro y no (necesariamente) por altruismo. Le mueve, por ejemplo, la aspiración de ganarse la vida mejor o asegurar el futuro de su familia.

Gracias a este deseo (¿egoísta?) de ganar dinero elabora productos que todos acabaremos disfrutando. Como dijo Adam Smith, "no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés".

Y la supervivencia de la empresa sólo será posible si satisface las necesidades de los ciudadanos. En caso contrario, tendrá que cerrar, y es bueno que así sea. La empresa está obligada a prestar cada vez un mejor servicio, siendo la ganancia la señal que indica en qué forma se está sirviendo a la gente.

El deseo de ganancia o afán de lucro del hombre es el incentivo que estimula su talento creativo y su capacidad empresarial. Es lo que hace que su tiempo y dedicación fluyan hacia sus bienes en busca de una mayor productividad.

Si una persona tiene una iniciativa empresarial novedosa pero tiene que pagar impuestos sobre la renta, cotizar a la seguridad social por cada empleado, imponer el IVA y pagar un sinfín de impuestos adicionales, los beneficios pueden no ser tan grandes como pensaba. No compensará el riesgo que ha tomado, por lo que no invertirá en proyectos y emprendimientos.

Los impuestos sobre el ingreso y el capital, por tanto, suponen un castigo a los que producen, que son el motor del crecimiento económico. Son los que aumentan el nivel de vida de todos y hacen que un país sea más rico y próspero. El resultado es un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. Lo pagan los trabajadores, los accionistas y los consumidores. La sociedad se empobrece.

El Estado debería premiar a los emprendedores y productores que innovan, invierten, trabajan y crean, porque son ellos los creadores de riqueza.

Pero ¿qué es lo que hace en su lugar?

Incentivar el parasitismo y la depredación mediante todo tipo de subvenciones, es decir, extrayendo la riqueza de quienes la han creado y repartiéndola entre quienes nunca la lograrían en un mercado competitivo. Privilegia a unos ciudadanos a costa del esfuerzo y trabajo de otros. ¿El resultado? Una sociedad más injusta y menos próspera.

@jmorillobentue

Primavera en el Fondo Monetario Internacional

Como cada primavera, el Fondo Monetario se reúne para analizar qué ha pasado con sus previsiones y recomendaciones tras el frío invierno. Del 19 al 21 de abril se reunieron en Washington los miembros del club. No fue una alegre celebración, por más que las declaraciones a la prensa estuvieran teñidas de un falso atisbo de optimismo. Dentro del FMI, el Comité Monetario y Financiero era el que despertaba más inquietud. Su declaración final no es exactamente muy animosa.

El lenguaje oculto tras las palabras

No debe ser fácil redactar un comunicado negativo sin transmitir pesimismo. Y esa era la misión del Comité. Algo así como contarle a un alumno esforzado que ha vuelto a suspender, sin hundirle. El texto del comunicado está plagado de términos graves y, a pesar de ello, el tono no es dramático.

Recuperación, repuntes, avances… acompañado de muchos peros, debe, es necesario, se requiere. Es decir, los países avanzados, emergentes y de bajo ingreso estamos en el borde del abismo todavía. El que los emergentes saquen la cabeza no quiere decir que ese avance sea permanente. Y ese adjetivo es uno de los que con más insistencia se repite. Las reformas deben ser estructurales, el crecimiento sostenible, hay que eliminar vulnerabilidades (luego están ahí) y reforzar la capacidad de resistencia (luego nos falta). No son buenas noticias. No son buenos resultados. El Comité Monetario y Financiero maquilla como puede el mensaje de fondo porque, tras un duro invierno, no se puede mirar a cámara y decir, de nuevo, que la cosa no funciona.

La lección para los españoles, en mi opinión, debería ser, precisamente, que las recetas cortoplacistas no valen. Llevamos años aplicando medidas de pocas miras, fijadas para horizontes cercanos, y así no alterar las calles, evitar más ocupaciones de plazas por indignados que, además del grito y la violencia, poco serio han aportado hasta ahora. Y, no se puede olvidar, para no ceder más votos. Porque el PP tiene presente que ganó las elecciones porque el PSOE perdió votos, no porque el PP ganara muchos adeptos. Y la racionalidad política, para nuestra desgracia, ha sustituido los intereses de los ciudadanos por el recuento de votos.

A vueltas con el crecimiento

Al analizar las palabras que el Comité Monetario y Financiero le dedica a Europa el panorama se enturbia. Es un difícil equilibrio en el que nos movemos, hay varios ritmos dentro de la UE, y lo fácil es interpretar el mensaje a gusto del interlocutor. Es verdad, como han destacado los medios, que se hace hincapié en el crecimiento y su sostenibilidad. Sólo faltaría. Estamos en recesión. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que el comunicado hable de objetivos y de políticas "creíbles". Ese toque de atención indica que muchos anuncios de medidas y fines a alcanzar no se ajustaban a las posibilidades reales de las economías. Los objetivos que la Unión Europea establece y a los que los gobiernos como el español se comprometen son irreales en muchas ocasiones. En el caso de España, no tanto por irrealizables como por la manifiesta falta de coraje político a la hora de ir a por ellos.

Crecer de manera permanente implica crear riqueza, absorber el 26% de paro, frenar la sangría empresarial y reinventar el modelo de producción. Y, para ello, el saneamiento del sistema financiero y la reorganización fiscal son un sine qua non. El siguiente eslabón en la cadena de decisiones políticas es la necesidad de desmontar el clientelismo bancario de los partidos políticos y del gobierno, y la reorganización territorial del Estado para disminuir el gasto de las administraciones públicas. No se me ocurre quién o qué partido político va a tener el arrojo necesario para emprender esas reformas. Todo lo demás, peanuts. No sirve de nada a largo plazo.

Ya está convocada la siguiente reunión para octubre. Nos espera un final de primavera cargado: el viernes se anuncia el nuevo paquete de medidas, y un verano incierto, con la esperanza del tirón del turismo en la mente de todos. Mientras tanto, la hidra de las tramas de corrupción emponzoña el ánimo de los ciudadanos, y la ultra izquierda amenaza con echarse a la calle, de nuevo. Lo que no se gana en las urnas y se gana en la calle no es democrático. Pero ellos no lo son. Y yo, como Antonio Camuñas, prefiero contar votos en tres días que muertos en tres años.

Solamente me queda la esperanza de oír a Soraya Sáenz de Santamaría anunciar medidas serias de apoyo a los empresarios, a los inversores y a los ahorradores. Es lo último que se pierde, dicen.

Impuestazos, deudas y escraches

El FMI da una de cal y otra de arena. Dice un día que esto se va al garete de manera irremisible y al siguiente que la recuperación es posible sí, pero sólo si el Gobierno afloja y se toma menos en serio lo de la consolidación del déficit. ¿Consolidación del déficit?, ¿pero ha habido aquí alguna consolidación del déficit? Si, lo hemos consolidado por encima del 7% a perpetuidad. Eso y el gasto desaforado de las administraciones que imposibilita cualquier atisbo de recuperación.

El sector privado, la economía productiva, la que crea riqueza real e innova, ya se ha ajustado varias veces, es más, lleva ajustándose desde que empezó la crisis. El que no lo hace ni lo hará hasta que se acabe el dinero es el sector público. De ahí que sorprende que Lagarde venga ahora con esas tonterías. En España lo único que hay que aflojar es el dogal de Hacienda, que amenaza con asfixiar a lo poco que va quedando de emprendimiento privado.

Eso el Gobierno lo sabe. Montoro y Guindos, a diferencia de Salgado y Zapatero, saben algo de economía. Saben, por ejemplo, que cada euro que gasta el Estado es un euro que va de la economía real a la economía de los políticos. La primera es la que nos da de comer, la segunda la que nos quita la comida de boca. Entonces, ¿por qué lo hacen? Probablemente porque tienen una mezcla de miedo y convencimiento. Miedo a que los socialistas de verdad, los propietarios de la marca, salgan a la calle a liarla. Convencimiento porque, al menos Montoro, es un hombre de Estado y siempre pensará en términos de Estado. El ciudadano de a pie, el autónomo, el asalariado, el propietario de una pyme, que vaya arreando y se entere desde ya cuál es su papel en la sociedad.

El hecho es que los socialistas auténticos están ya en la calle. Este viernes en una del barrio de Argüelles donde reside el ministro Montoro, se ha visto a un grupete de gente "de progreso" protestando delante de su portal. No le piden que baje los impuestos, sino que cambie la ley hipotecaria actual por otra que permita impagar deudas con carácter retroactivo. Esa es la izquierda a la que el Gobierno tiene tanto miedo. Curioso, debería tenérselo a sus votantes, los mismos a los que lleva defraudando desde el primer consejo de ministros, pero para esos todos los palos son pocos. ¿Verdad Montoro?, ¿verdad Gallardón?, ¿verdad Ana Mato?, ¿verdad Jorge Fernández?, ¿verdad Margallo?, ¿verdad Mariano Rajoy? La mentira ya es tanta, el incumplimiento es tan flagrante que, de existir, la niña de Rajoy estaría metida en casa abochornada de por vida.

Entretanto, mientras la extrema izquierda se dedica a lo suyo, la deuda nacional escala a unos niveles nunca vistos. El endeudamiento del Estado está llegando a tales cotas que luego, cuando el mercado se harte y quiera cobrar más caros los préstamos, todo será llanto y propaganda. Esta película ya la hemos visto una vez. En breve, este mismo año, tendremos la segunda entrega. Y segundas partes, ya se sabe, nunca fueron buenas.

Bitcoin (II)

Bitcoin (I)

Un sistema informático bien diseñado puede ser un buen dinero. Bitcoin tiene algunas excelentes características de buen dinero y es peor en otras en comparación con las monedas alternativas existentes: sin embargo las que tiene buenas las va a mantener porque son atributos técnicos inmutables, y en las otras probablemente sólo puede mejorar, y mucho, conforme se generalice su uso.

Los bitcoins son persistentes (mientras se conserve su información), divisibles, homogéneos, reconocibles, e infalsificables. Son muy fáciles y baratos de almacenar y transferir con alcance universal: la transacción es instantánea, pero su validación por la red lleva un breve tiempo (menor si se acepta pagar una pequeña comisión). Si se dispone de ordenador y conexión informática (algo cada vez más habitual para múltiples usos), sólo es necesario aprender a usar el sistema y gestionar su seguridad, algo que no es demasiado complicado, y los costes de transacción marginales son ínfimos.

El hecho de que bitcoin esté basado en ordenadores puede fomentar los ataques informáticos para apoderarse de las claves privadas (robar los bitcoins) y controlar capacidad de cómputo ajena para la minería (ordenadores esclavos), pero igualmente puede servir para fomentar medidas y cultura de seguridad informática. La criptografía utilizada por bitcoin es tan segura como la que utilizan bancos y estados en la actualidad, y además es adaptable a futuros incrementos de la potencia de cómputo (por ejemplo por computación cuántica).

El bitcoin no sólo es dinero (en la medida en que es usado como tal), sino que es dinero intrínsecamente conectado a una red de transacciones, es un sistema monetario y de pagos integrado: en este sentido se parece a los depósitos bancarios monetizados, pero sin ser deuda y sin los problemas de confianza asociados a los bancos. Es muy útil para micro pagos o donaciones, y para envíos de remesas o pagos entre países, porque no hay costes de transacción en forma de comisiones. El oro como dinero no tiene un sistema de pagos integrado y tiene costes considerables de almacenamiento y transporte debido a la posibilidad de su robo.

Sus características de anonimato potencial y falta de control estatal lo hacen interesante para operaciones en mercados ilegales (drogas, apuestas, juegos de azar), y como forma de evitar la fiscalidad y la represión financiera de los gobiernos: no puede ser congelado o confiscado como los fondos en la cuenta de un banco controlado en última instancia por el Estado, o como el oro en una aduana. El dinero en efectivo puede ser anónimo y no trazable, pero su uso requiere la proximidad física de los participantes en el intercambio (con la posibilidad de identificación mutua), y tiene el riesgo de su posible falsedad; cheques, transferencias bancarias, y pagos con tarjeta de crédito son muy fáciles de seguir e identificar. Algunos creen que su asociación con lo criminal y los mercados negros podría dañar la reputación de bitcoin, que sería rechazado moralmente o repudiado por la mayoría de la sociedad: pero esta usa sin demasiados problemas dinero en efectivo, que en estos aspectos es muy parecido.

Cuando su valor se estabilice o al menos sea predecible (su número intrínsecamente limitado podría provocar una suave deflación secular), podrá servir además como competencia para disciplinar a las inflacionistas divisas estatales y a los sustitutos monetarios bancarios poco fiables y desestabilizadores (depósitos a la vista de bancos con descalces de plazos y riesgos).

Bitcoin es una tecnología potencialmente disruptiva, una plataforma para la innovación que puede alterar de forma fundamental toda la oligarquía del sistema monetario y de medios de pago, volviendo obsoletas o poco competitivas las opciones existentes. El sistema realiza funciones semejantes a la gestión de cuentas corrientes, pagos, transferencias, giros y remesas de bancos, compañías de crédito y otras empresas equivalentes, todos ellos potenciales enemigos que pueden intentar frenar o destruir bitcoin si no consiguen dominarlo. Bitcoin puede suponer una amenaza para los beneficios de algunas grandes empresas y para la autoridad del Estado: por ello puede sufrir diversas agresiones como difamaciones, bulos o ataques a mercados organizados para bloquearlos y amedrentar a los usuarios actuales y potenciales; también son posibles las críticas de necios bienintencionados.

Por su naturaleza distribuida bitcoin no puede cerrarse, apagarse o bloquearse, como sí puede hacerse con un sistema centralizado con sus responsables, sus trabajadores y su localización física. El Estado puede otorgarse a sí mismo la potestad de ser emisor monopolista de dinero, pero tal vez no sea capaz de implementar en la práctica una potencial prohibición de bitcoin, la cual además implicaría publicitarlo, contribuyendo a su difusión y éxito. La prohibición de bitcoin no haría que su valor cayera necesariamente a cero: hay muchos productos ilegales, como algunas drogas, cuyo precio por el contrario es más alto por el hecho de estar prohibidas. Otras interferencias estatales son posibles, como compras y ventas masivas para desestabilizarlo, o el cierre o bloqueo de servidores privados, sitios o empresas de servicios en Internet (mercados organizados de cambio de moneda, gestores especializados de servicios adicionales para bitcoin, tiendas que los acepten como medio de pago); pero ciertas actividades pueden esconderse o replicarse con facilidad en Internet.

El poder adquisitivo de los bitcoins puede variar por diversos factores relacionados con su utilidad y escasez relativa, su oferta y su demanda en comparación con la oferta y demanda de los demás bienes, servicios y monedas: la propia cantidad de bitcoins, su velocidad de circulación, el número de agentes que los usan y aceptan como medio de pago, el volumen de intercambios (y su valor monetario) en los que intervienen, y la cantidad y calidad de los bienes y servicios por los cuales son intercambiados.

Su principal problema actual es la inestabilidad de su valor o poder adquisitivo, que lo hacen mal depósito de valor y unidad de cuenta: esta volatilidad no se debe a su oferta total, que es muy rígida y predecible, sino a cambios en su demanda, en ocasiones muy bruscos. Al ser un nuevo dinero emergente (o aspirante a dinero), está en fase experimental, de potencial monetización, de descubrimiento, de ensayos, aciertos y errores, de popularización y extensión de su uso. El poder adquisitivo de los bitcoins ha crecido fuertemente desde su comienzo, y la velocidad de su apreciación depende de la velocidad de su proceso de monetización.

Al ser algo muy nuevo e ilíquido es un activo volátil, de alto riesgo. Como cualquier innovación (el teléfono fijo, las tarjetas de crédito, la informática, los teléfonos móviles) requiere un tiempo de extensión o penetración en el mercado. Su valor cambia conforme la gente lo va conociendo, lo cual depende fuertemente de su presencia en medios de comunicación; su demanda puede tener picos puntuales por crisis monetarias, bancarias o financieras concretas; al ser su liquidez todavía pequeña, los movimientos especulativos y las compras o ventas masivas pueden tener mucha influencia sobre su valor.

Utilizar el bitcoin como medio de pago no implica usarlo como unidad de referencia ni como depósito de valor: es posible acordar precios en otros dineros de valor más estable, y el pago realizarlo con bitcoins al valor del momento del intercambio. Este triple cambio (el comprador consigue bitcoins a cambio de otro dinero, entrega los bitcoins al vendedor, el vendedor cambia los bitcoins por otra divisa) sería muy ineficiente con otros dineros clásicos, pero los bajos costes de transacción del bitcoin pueden hacerlo competitivo.

Quienes primero obtengan bitcoins pueden conseguir ganancias mayores ya que afrontan más incertidumbre respecto a su futuro. Algunos usuarios pueden también sufrir pérdidas si la extensión del bitcoin se detiene, pero es muy improbable que su valor caiga a cero y las pérdidas sean totales. Los primeros usuarios no son necesariamente simples listillos que se van a aprovechar de los incautos que lleguen después. Los creadores del sistema y protocolo bitcoin fueron una sola persona o un grupo reducido, y luego hay un pequeño núcleo de programadores actualizándolo: pero estas personas no son necesariamente quienes crearon los primeros bitcoins (ni los dueños o productores de los actuales), ni quienes se han enriquecido con su revalorización, porque son funciones independientes.

Los atesoradores de bitcoin no tienen por qué perjudicarlo, ya que están interesados en que su uso se extienda para que así se incremente su valor. Los especuladores, como en cualquier otra área de actividad económica, pueden acelerar los ajustes y suavizar las fluctuaciones al comprar cuando está barato (presionando el precio hacia arriba) y vender cuando está caro (presionando el precio hacia abajo); también pueden intentar manipular el mercado, o provocar oscilaciones según cómo cambien las expectativas sobre el futuro, pero no tienen ninguna garantía de éxito y el comportamiento histórico pasado no garantiza la evolución futura. La volatilidad tenderá a reducirse conforme el mercado de bitcoins sea más ancho y profundo (más líquido).

Otro problema actual es su relativamente escasa extensión o anchura de mercado: es importante tener en qué gastar los bitcoins, y su uso como medio de intercambio no está muy generalizado, tanto entre compradores como entre vendedores. Esto puede suponer grandes oportunidades empresariales: el bitcoin parece ir popularizándose de forma progresiva en ambos ámbitos, y ya existen negocios intermediarios que ofrecen conseguir cualquier bien o servicio (incluso el pago de algunos impuestos) a cambio de bitcoins (intermediando entre compradores que pagan en bitcoins y vendedores que prefieren cobrar en otros dineros tradicionales). Las empresas pueden ganar una ventaja competitiva si aceptan pagos con bitcoins: si algún gran comerciante lo hace el avance de bitcoin puede ser muy rápido.