La historia de un ciudadano español, enfrentado a Google ante el Tribunal de Justicia Europeo para que el buscador respete su ‘derecho al olvido’, ha ocupado, a la espera de que se dicte sentencia, numerosos espacios en medios de comunicación tanto españoles como extranjeros. Tal como se ha presentado en casi todas las ocasiones, tiene todos los elementos para hacer sentir la simpatía por el ciudadano que ve como un gigante empresarial pisotea sus derechos y decide, cual moderno David frente a Goliat, hacer frente en solitario al todopoderoso sin más arma que su dignidad y su sentido de la justicia.
Sin embargo, las cosas no son tan simples. Mario Costeja González, nuestro protagonista, no es un héroe solitario. En su enfrentamiento con Google tiene de su lado ni más ni menos que a la maquinaria del Estado. En concreto, acude ante los tribunales europeos apoyado por la Agencia de Protección de Datos. Segundo, Google es una empresa gigantesca, pero dista mucho de ser todopoderosa. Ya hemos visto como, por ejemplo, en Francia se doblegaba ante la actuación de un François Hollande que actuaba como un vulgar matón al servicio de la prensa de su país.
Y, en tercer lugar, no puede asegurarse de forma contundente que el derecho pisoteado sea tal. Es más, su implementación puede suponer riesgos reales para la libertad de expresión y para el propio funcionamiento de internet tal y como lo conocemos.
Costeja González (divorciado y parece ser que sin deudas pendientes) dice en una entrevista: “Según Google, sigo siendo deudor y casado”. Reconozcamos que la frase es impactante, buena para un titular periodístico, pero no responde a la realidad. Lo único que hace el buscador es ofrecer, entre muchos otros, un enlace a una página de un periódico de hace 15 años en la que él aparecía con esa condición. A nuestro protagonista le molesta que eso se pueda encontrar con cierta facilidad en la red, es comprensible, pero su pretensión de que Google deje de indexar por orden judicial el contenido en cuestión puede tener serias consecuencias.
En un plano general, puede afectar al propio funcionamiento de los buscadores (Google y otros), uno de los elementos fundamentales de internet. Si Google es obligada a dejar de enlazar los contenidos que pide el demandante, se abre la puerta a un escenario tremendo: todo aquel que sienta que le perjudica un resultado de búsqueda que haga referencia al pasado, pasará a reclamar la desaparición de dicho resultado. Si los periódicos en su día informaron de la condena a un terrorista, por ejemplo, este último podría (una vez cumplida su pena) reclamar su ‘derecho al olvido’ y obligar a bloquear cualquier resultado que lleve a una noticia sobre la sentencia que se le impuso.
También habría reclamaciones menores, como las referidas a multas de tráfico u otras sanciones administrativas que hayan aparecido en un boletín oficial. Si se multiplican unas y otras, los buscadores terminarían eliminando por defecto miles de resultados de búsqueda para así evitarse posibles problemas.
Pero hay más problemas. Uno especialmente importante es el referido a la libertad de expresión. Impedir, por orden de los poderes públicos, que los ciudadanos accedan a un contenido determinado es una forma de censura. Se nos dirá que no se pretende imponer que los periódicos borren los contenidos de sus páginas, por lo que dicha libertad de expresión no se vería afectada. Sin embargo, el efecto sería casi el mismo, puesto que para muchas personas sería imposible o casi imposible acceder a esos contenidos. La censura no es necesariamente destruir unos textos, imágenes o sonidos; basta con impedir que lleguen al público.
Y, una vez que se establece un antecedente, se abre toda una gama de posibilidades. Tras obligar a los grandes motores de búsqueda a eliminar resultados, ¿por qué no hacer lo mismo en los buscadores internos de periódicos y otras páginas? Y si enlazar a un contenido referido al pasado atenta contra el supuesto ‘derecho al olvido’, ¿publicar en un texto nuevo que alguien fue multado o condenado hace quince años no lo haría también? ¿Prohibimos entonces cualquier texto o material audiovisual que haga referencia al pasado? Sería la amnesia impuesta desde el Estado o el Supraestado Europeo. Una amnesia totalmente liberticida.
Para terminar, una última reflexión. Si lo que desea el demandante es que no se indexe un contenido concreto, tal vez debería haber acudido –no sabemos si lo hizo– al periódico que lo publicó. Para los responsables del medio sería muy fácil impedir que se indexara, bastaría con introducir un mínimo cambio en el código de la página afectada.
Tanto reclamó la izquierda que la solución para Chipre era dejar quebrar a los bancos, como supuestamente se hizo en Islandia, que al final la Troika parece haberle hecho caso. Así, en el acuerdo de no rescate cerrado ayer por la noche, se pactó que los accionistas de los bancos lo pierdan todo, los bonistas también, y que finalmente los depositantes de más de 100.000 euros sufran una quita cercana al 40%, que les será compensada con nuevas acciones de las entidades financieras (con lo que se convirtirán en los dueños de los bancos chipriotas).
Imagino que a estas alturas todos los indignados patrios estarán aplaudiendo a Alemania por, finalmente, aplicar la medicina islandesa en Chipre. ¿O qué otra cosa pensábamos que significaba aquello de "¡Dejemos quebrar a los bancos!"? Pues simplemente que las pérdidas de sus carteras de inversiones y préstamos (el activo) se trasladan íntegras, y según los órdenes de prelación preestablecidos, a sus financiadores: accionistas, bonistas júnior, bonistas sénior y depositantes. Acaso algunos descubran hoy que "dejar quebrar a los bancos" no es un procedimiento que le salga gratis al ciudadano de a pie.
En cualquier economía, los principales agentes que proporcionan financiación a los bancos son gente como usted, estimado lector; como sus vecinos, sus familiares y sus amigos. Es decir, los depositantes. En el caso de Chipre, los depositantes no es que fueran los principales inversores en la banca, es que eran prácticamente los únicos. Motivo por el cual una vez el Gobierno griego impagó su deuda pública (tal como los syrizófilos nacionales y extranjeros le imploraban) los bancos chipriotas, que la habían adquirido en grandes cantidades, se toparon con un monumental agujero que trasladaron a sus acreedores, entre ellos y de manera destacada los depositantes.
Claro que tal vez a estas alturas de la película los mismos que habían tomado las calles protestando contra la socialización de pérdidas intrínseca al rescate de la banca española sacralicen una análoga socialización de pérdidas para la isla mediterránea: a saber, que el parado soriano o malagueño paguen, a través de ese monstruoso 21% de IVA, las pérdidas de los oligarcas rusos con depósitos en Chipre. Desde luego, no parecería lo más coherente, pero cuando se trata deprotestar indignadamente tanto valen una privatización o una socialización de pérdidas.
Es verdad que a nadie le gustaría estar en la posición de los depositantes chipriotas con más de 100.000 euros. De hecho, a nadie debería gustarle vivir en un sistema bancario tan poco respetuoso con la propiedad privada como el actual. Pero una privatización de las pérdidas derivadas de ese perverso esquema financiero siempre será más justa que una socialización de las mismas. Mejor Chipre que Irlanda, por mucho que ello deje al ciudadano con una fuerte sensación de incertidumbre. Y es que la única forma de proteger nuestros ahorros no pasa por confiar nuestra hacienda y nuestra libertad a los políticos: la principal responsabilidad sobre cómo manejar nuestro patrimonio es nuestra. Chipre nos ha mostrado que los supervisores no son infalibles (a decir verdad, esto ya lo habíamos descubierto con nuestro Banco de España) y que el Estado no va a ser capaz siempre de cubrir nuestros errores con dinero ajeno. Quien tiene un patrimonio no puede aspirar a que el Estado se lo blinde frente a cualquier contingencia; y si lo espera, si hace dejación de sus responsabilidades y abraza una fe ciega en los gobernantes de turno, que luego no proteste cuando los descubiertos en cuenta hagan su aparición. La integridad personal se demuestra asumiendo los errores propios, no cargando el muerto a los demás.
En suma, si hay alguna lección que asimilar en el caso de Chipre es ésta: aprenda a cuidar sus ahorros y no encomiende su protección ni a rescates estatales ("pagará el contribuyente") ni a quiebras a lo islandés ("pagarán los capitalistas extranjeros"). La demagogia sale gratis; las malas inversiones personales, no.
"Para una economía pequeña y dinámica como Chipre, incorporarse al euro supone protegerse de las crisis financieras internacionales", Jean Claude Trichet (2008).
"Si la cosa se pone seria, hay que mentir", Jean Claude Juncker (Abril 2011).
Irlanda era un caso excepcional. ¿Portugal?, ¿Grecia?, ¿Bélgica y Dexia? Incidentes aislados. ¿La banca española? Único e irrepetible. ¿Chipre? Pues eso.
Como siempre digo, la política de “esconder y extender” como un avestruz esperando a que escampe tiene ya a un 30% de los miembros de la Unión Europea con algún tipo de rescate. Un éxito sin precedentes de un sistema económico masivamente endeudado, donde los activos de la banca superan el 320% del PIB de la eurozona -comparado con un 87% en EEUU en el pico de la crisis-, y donde nos intentan convencer de que debemos aceptar nuevos atropellos a los pilares fundamentales de la seguridad jurídica.
Tras las cláusulas de acción colectiva, viene ahora el ataque a la prioridad de los depósitos porque “es un caso excepcional que no nos va a pasar a nosotros”.
Mientras tanto, Eslovenia se prepara a pedir un rescate estimado de 4.000 millones, que podría alcanzar a un 10-15% de su PIB, disparando su deuda sobre PIB a un 70% desde el envidiable 48% actual. Y muchos analistas independientes alertan de nuevos problemas en Bélgica, con estimaciones de otros 10.000 millones para tapar agujeros.
Es la manía de rescatar bancos y no recapitalizarlos con medidas de mercado, porque luego todos pagamos de igual manera con más impuestos y más represión financiera.
Siempre comento que igual que hoy nos arrepentimos de haber rescatado a la minería y a la siderurgia hace décadas, nos arrepentiremos de haber sostenido los malos bancos.
Los malvados chipriotas y el caballo de Troya
"Nosotros decidimos algo, lo presentamos al público y esperamos un poco, a ver lo que pasa. Y si no hay sublevación, entonces seguimos, paso a paso, hasta que no haya marcha atrás", Jean Claude Juncker, 1999 a Der Spiegel.
Oh, sorpresa. El pueblo se lleva las manos a la cabeza ante las noticias sobre la banca chipriota. “El 40% de los depósitos era de extranjeros”… “los rusos mafiosos y los ingleses de la City”.
Curioso lo que hace la propaganda. En una semana ya nos han convencido para aceptar una “excepción” que robe los depósitos… que, por supuesto, “no nos va a pasar” a nosotros. Pero ¿es que en la UE y el BCE no conocían perfectamente la situación de los bancos chipriotas? La hemeroteca, de nuevo, molesta a los objetivos propagandísticos.
“Excelentes resultados que disipan cualquier duda de intervención estatal en los bancos”, comentaba el gobernador del Banco Central de Chipre tras publicarse los resultados del “examen” -estrés test a la banca en 2011, que todos los bancos chipriotas aprobaron con nota -igual, por otro lado, que nuestras cajas quebradas-.
Un análisis exhaustivo de los balances que llevaron a cabo los expertos de nuestros reguladores comunitarios. Los técnicos, como siempre, hicieron un trabajo detallado cuyo resultado era políticamente inaceptable. Casi todos suspendían. Por ello se aplicó lo que yo llamo “la solución LOGSE” y se pasó a aprobar a casi todos.
No solo se conocía en la UE y el BCE la estructura de la banca de Chipre -y de todas- sino que, como modelo de prudencia inversora, se resaltaba que los depósitos de los bancos chipriotas “están invertidos de manera conservadora en bonos soberanos” (diciembre 2011).
Recordemos que la banca española acumula más del 32% de la deuda del estado en sus balances. Muy conservador. Y que la media de exposición a deuda soberana de la banca europea es del 23% de su balance. Muy alentador.
Llega la quita a Grecia… y agujero a la banca chipriota… que debe esconderse
Cuando se llevó a cabo la quita de la deuda griega, las inversiones en esos bonos de la banca chipriota se desplomaron. El BCE, la UE y todo el mundo eran conscientes y los datos no han cambiado significativamente en dos años… Pero se utilizó el sistema favorito de Bruselas: “esperar a que escampe”. Hasta que en 2013, antes de un enorme vencimiento de bonos de la banca de Chipre (en junio), se decide que todo salte.
No estoy de acuerdo con ningún rescate, como saben, pero no olvidemos, por otro lado, que Chipre participó en los rescates de Irlanda, Grecia, Portugal y el de nuestra banca. No olvidemos que, puestos a hablar de gasto inútil, el coste adicional del rescate a Chipre es similar al coste del nuevo edificio del BCE y de los empleados que ha contratado en 2011-13. Inversión esencial, dónde va a parar.
Consistencia en la Unión Europea: de todas las opciones posibles, la peor. Para variar
Uno de los grandes problemas que tiene el proceso de “reestructuración bancaria” europeo, como nos recuerda Lior Jassur, de HSBC, es que se ha abandonado el principio de prioridad en el derrame. Es decir, quienes tienen prioridad para cobrar ante un problema como éste: bonistas, accionistas y depósitos. En cada caso, el BCE y la UE parecen buscar “dónde está la mayor cantidad de pasta” y cambiar las reglas para sacar el dinero de donde haya más cantidad, no de donde proceda legalmente.
En el caso de Chipre, la pasta estaba en los depósitos. Aprovechemos la ocasión y empecemos a decir que era un paraíso fiscal, que el dinero es de rusos mafiosos y ya hemos sentado el precedente.
En Chipre, no se quiso reconocer el agujero de la deuda pública griega en la debilidad de sus bancos, que se podría haber solucionado comprándolos entre los deudores a corto plazo. Pero no era “negocio”.
Y ahora se presentaban tres opciones fundamentales.
– Dejar caer a los bancos y liquidarlos repartiendo sus activos entre los bancos griegos, alemanes y franceses más expuestos, en un proceso de liquidación similar al de Lehman, garantizando los depósitos de 100.000 euros o menos.
– Prestarle los 17.000 millones a fondo perdido y fusionar a la banca convirtiendo deuda en acciones.
– Prestarle parte del dinero para preservar a los prestamistas bancarios e intentar que el juego de “esconder y extender” siga. Efectivamente, en Chipre había pocos tenedores de deuda senior, pero muchos deudores a través de repos (operación con pacto de recompra garantizada por deuda pública usada para captar liquidez a corto plazo). Curiosamente, la mayoría de los financiadores eran griegos (12.000 millones), alemanes (5.500) y franceses (2.000). Por supuesto, en esta opción el resto del dinero lo pagan los depósitos. ¡Brillante! Ante el riesgo contagio de que esos préstamos asegurados se elevasen a pérdidas en los bancos griegos -otro rescate-, alemanes y franceses…
Corralito y una semana con los bancos cerrados. Al final tendrán que tomar una decisión intermedia e insatisfactoria. Patada hacia delante.
Nuestra solución es la excusa “del mafioso ruso” (que supone menos de 22.000 millones de los casi 70.000 millones de euros de depósitos de los bancos chipriotas). 59.000 británicos jubilados y 4.000 soldados metidos en el saco de “mafioso” junto a los rusos -que no sé por qué asumimos que son ahorradores ilícitos- en 24 horas.
Todos esos depósitos, además, estaban auditados, supervisados y analizados… pero la UE de repente se sorprende diciendo que Chipre es un “paraíso fiscal” -en contraposición al “infierno fiscal” que vivimos, imagino-. ¿Ahora?
¿De dónde sacamos esas afirmaciones? ¿Y si un día deciden que los depósitos en España están acaparados por economía sumergida o en Francia por “oligarcas africanos del petróleo”? ¿Y Luxemburgo, etc?
La demonización del ahorrador, el que sea, de la Unión Europea confiscadora.
Pero algo salió mal. La amenaza de “no aceptar y salir del euro significa devaluación del 60% y pérdidas aún mayores” se encuentra con la contra-amenaza de este pequeño país, de importancia estratégica, militar y energética nada despreciable, de entregarse a los rusos y convertir su moneda en rublos. No tan sencillo… para ninguno.
Ahorradores buenos y ahorradores malos
Los depósitos de menos de 100.000 euros están garantizados en toda la UE, decía el ministro de finanzas alemán, excepto en esta circunstancia “única”. Menos mal que nos quedamos tranquilos.
Pero, además, hacer esta distinción es peligroso por una razón fundamental. Han sido precisamente los depósitos de más de 100.000 euros los que han parado la fuga de capitales que se generó hasta septiembre de 2012 en los bancos periféricos. Y esa tendencia positiva puede revertirse ante la duda de posibles acciones confiscatorias. Den un repaso a los artículos 63 a 66 del tratado de la Unión (y sus apéndices).
Spain is different
Que conste que yo no veo un riesgo inminente de asalto al depósito a la chipriota, a pesar de los “impuestos no recaudatorios” -menudo oxímoron- que nos anunciaron el mismo día del corralito chipriota. Brillante decisión para mejorar nuestra imagen.
España es diferente porque no tiene un volumen tan alto de depósitos de extranjeros. Cierto.
España es diferente porque el balance de la banca supone tres veces el PIB del país y en Chipre es casi siete veces. Cierto. Pero más de tres veces el PIB no es ninguna medalla. Es enorme.
Pero, ¿es España diferente porque su banca no sufriría el destrozo que sufrió la de Chipre con los bonos griegos, si en nuestro país se produjera una quita en la deuda soberana? Ah, vaya. No, eso no es así. La banca española acumula más de 200.000 millones de deuda soberana. Y si se produce algún día una quita, el agujero es un efecto dominó.
Así que prestemos toda la atención a las cuentas públicas, al déficit y al aumento del endeudamiento público, no vayamos a ser otro “caso excepcional”.
La solución
El Boston Consulting Group realizó un informe en 2011 llamado Back To Mesopotamia, The Looming Threat of Debt Restructuring donde ya alertaba del riesgo de corralitos y controles de capital y la tentación de los países europeos de buscar, a través de la confiscación de un 11-15% de los depósitos, los 6,1 billones de euros necesarios para cubrir el riesgo de la deuda excesiva en los balances de las entidades financieras.
Sin embargo, atacar los depósitos, confiscándolos, no es la solución, porque hunde a los bancos durante décadas. Es la contraria. Un entorno regulatorio y jurídico seguro para que invertir sea atractivo. Convertir deuda bancaria en acciones y que sea percibido como una buena inversión, no como un riesgo. Las muy necesarias ampliaciones de capital.
Es duro, las bolsas bajan, no se puede hacer en dos días y no se hace a precios caros. Pero es mucho menos duro que acabar en corralitos, amenazas, y riesgo sistémico. Aunque, ahora que lo pienso, si no hacemos nada luego siempre podemos echar la culpa a los hedge funds. Mmmmm. Buen fin de semana.
"Predigo la felicidad futura para los americanos siempre que el Gobierno no malgaste el esfuerzo de la gente bajo la pretensión de querer cuidar de ella".
Thomas Jefferson (1743-1826).
Dicen, y estoy de acuerdo, que hablar de Gobierno limitado es un desiderátum contrario a la realidad pues la realidad misma del Gobierno –como de cualquier monopolio- es crecer y expandirse ajeno a limitaciones. En este sentido, desde el comienzo de las democracias liberales allá por la Ilustración el Gobierno ha irremediablemente crecido y engordado a expensas de la sociedad civil. Pero en esta ocasión no me quiero referir a esto, sino a otra cuestión con matiz: el Gobierno te engorda. Me explicaré.
Decir que la grasa no engorda y, aún más, que hay que comer grasa para perder grasa es sencillamente una herejía nutricional. Esto da muestra de hasta qué punto hemos asumido unas recomendaciones pasadas por agua y contrarias a las evidencias. En los años 50, Kekwick y Pawan, de la Universidad de Londres, publicaron un estudio tan revelador como hoy ignorado. Sometieron a dos grupos de pacientes a una dieta muy baja en calorías, exactamente 1.000 diarias. Pero mientras un grupo consumía el 90% de dichas calorías provenientes de carbohidratos, el otro grupo consumía el 90% procedentes de la grasa. ¿Qué sucedió? Sólo perdieron peso los que consumieron un 90% de sus calorías en forma de grasa.
En el fondo, sólo hay que salir ahí fuera: desde los 70 hasta los 2000 los norteamericanos han reducido del 40% al 34% el aporte de sus calorías totales en forma de grasas y aun así han ostensiblemente engordado. Para entender nuestra sociedad grasofóbica, engañada y por ende ‘enfermante’ es imprescindible entender el rol del que parece haberse convertido en uno de los mayores enemigos de la salud pública: el Gobierno.
Los norteamericanos como nación, y el resto de países occidentales por imitación, comenzaron poco a poco a reducir el consumo de grasas –especialmente animales- tras la II Guerra Mundial impelidos por las recomendaciones políticas que tomaron forma definitiva y oficial en los Objetivos Dietéticos para los Estados Unidos de 1977. Si el Gobierno urgía a reducir el consumo de grasas, la consecuencia lógica acabó produciéndose: desde los años 70 hasta finales de los 2000, el 65% del aumento de calorías totales en la dieta del estadounidense medio no se debe a la grasa, sino a los carbohidratos.
En realidad, aquellos Objetivos Dietéticos de 1977 sólo fueron el comienzo de un constante hostigamiento burocrático contra la grasa acompañado del consiguiente ungimiento de los carbohidratos como nutriente perfecto. Así, en 1986 la FDA afirmó que el azúcar no sólo era seguro sino además saludable, ¡incluso para los diabéticos! No es de extrañar que la Asociación Americana de Diabetes (ADA), promocionada por el Gobierno americano, promueva entre los diabéticos dietas altas en carbohidratos, precisamente aquéllas que desmandarán sus niveles de glucosa e insulina. Es como recomendar trabajar en una central nuclear para prevenir el cáncer. Saber que Schweppes es una de las fuentes de financiación principales de la ADA puede hacernos entender algunas cosas. Y quien diga que con la llegada de los 2000 esta pesadilla comenzó a llegar a su fin se equivoca, y mucho: en 2011 el Congreso americano aprobó que la salsa de pizza se contaría como una ración de vegetales en los colegios. Y hablando de colegios, no olvidemos que la expropiación gubernamental de la educación ciudadana tiene realmente un profundo objetivo: la expropiación de nuestras mentes.
Al extenderse como la pólvora el mantra de lo desnatado y desgrasado al límite que ya sólo nos conformamos con el absoluto 0% de grasas, la desnutrición ha ido de la mano. Cómo puede uno obtener y absorber nutrientes esenciales solubles en grasa como las vitaminas A, E, D o K2 con una dieta sin prácticamente grasa permanece como uno de esos misterios que jamás se plantearán las preclaras mentes políticas, obsesionadas con imponer su verdad siempre antes que dejar que sus ciudadanos practiquen la libertad.
Y es que la verdad por decreto del Gobierno, también en los aspectos nutricionales, ha dramáticamente perjudicado el sano proceso de libre competencia y evolución de ideas, teorías y postulados en el ámbito de la salud y nutrición. Cuando, como es mi caso, uno se propone divulgar la importancia de la limitación de los hidratos de carbono, el infierno metabólico del azúcar y la fructosa aislada, la necesidad de incorporar determinadas grasas animales y tradicionales a nuestra dieta se topa de frente con un difícilmente franqueable muro de millonarias subvenciones gubernamentales que arrollan las mentes de los ciudadanos en forma de maná de carbohidratos caído del cielo como promesa mesiánica de nuestros líderes para una salud perfecta. Y si todo esto luego resulta mentira –que lo resulta-, los políticos vuelven a sacar rédito del asunto en tanto tendremos que pasar por la caja de las farmacéuticas compadreadas por ese mismo Gobierno, instaurándose lo que podemos llamar acertadamente una farmocracia.
El revolucionario y libertario Thomas Jefferson afirmaba que resultaba tiránico que uno tuviera que subsidiar opiniones contrarias a la suya. ¿Por qué tengo con mis impuestos que acabar promoviendo teorías e ideas nutricionales que creo falsas y aun perjudiciales? ¿Por qué tengo que subsidiar con el fruto de mi trabajo detraído en impuestos a los agricultores de maíz, trigo o soja, tres de los cultivos más hipersubvencionados en EEUU? Si en 1982 suponía el 12%, hoy el 23% de los presupuestos de compras de los supermercados norteamericanos va destinado al abastecimiento de dulces y alimentos procesados. Con una economía en crisis, uno acaba reduciendo su presupuesto alimentario. Y, ¿qué es lo más barato? Los alimentos más proinflamatorios y ricos en carbohidratos o grasas artificiales puesto que son los más subvencionados por el Gobierno.
La metafórica mano invisible del mercado y la cooperación voluntaria la hemos sustituido, también alimentariamente, por el puño bien visible del Gobierno y la coacción siempre forzosa. En Estados Unidos y Canadá hace tiempo, por cierto, tiene importante auge el movimiento en favor del etiquetado de los alimentos transgénicos hasta el punto de haber llegado a ser tema de debate político. Se trata al fin y al cabo de saber lo que comemos. En 2018, todos los estadounidenses encontrarán cuidadosamente etiquetados los alimentos con compuestos transgénicos pero no debido a un decreto gubernamental, sino gracias a la decisión de la mayor cadena de alimentación natural del mundo para sus supermercados: la empresa privada Whole Foods Market. Cinco años pues es el plazo para todos los que deseen seguir siendo proveedores del número uno mundial en alimentación natural para adaptarse a este etiquetado. En el asunto de los transgénicos, podemos decir que de momento Empresa privada, 1; Gobierno, 0. Una vez más se demuestra que cuando se le deja funcionar, el proceso de mercado atiende mejor y más rápidamente los intereses de los ciudadanos que el anquilosante proceso político. De hecho, el gigante de la alimentación natural y orgánica Whole Foods Market es producto del emprendedor John Mackey comprometido con demostrar que la conciencia social, comunitaria y la mejora de las condiciones de nuestros prójimos está al otro lado de los predios del Gobierno (donde impera la Ley de Hierro de la Oligarquía); esto es, en la sociedad civil, el tejido de relaciones voluntarias que denominamos "mercados" y el emprendimiento. Mientras el político es un monopolista aprobado o reprobado por los cautivos consumidores de sus servicios cada cuatro años, el empresario es aprobado o reprobado por los voluntarios consumidores de sus servicios cada día. Así pues, en el auténtico proceso de libre competencia, no gana el más fuerte, sino el que mejor sirve a la sociedad, el genuinamente más social cuyo favor del público debe renovar cada uno de sus días.
Quien crea que la nutrición y la ciencia social y política son cosas que deben separarse no alcanza a entender la guerra que hay ahí fuera. Hoy, comer es un acto social y político. En mi caso, seguir la paleodieta antiinflamatoria que promuevo supone un desacato y un acto revolucionario. Y yo me rebelo contra que la verdad absoluta provenga de la Derecha, la Izquierda o el Centro. Porque sólo hay un Abajo de la opresión y coacción, y un Arriba de la emancipación y autonomía de cada individuo.
Sin libertad, y el rechazo del absolutismo del Gobierno, no puede haber Verdad.
Nuestras islas han pasado de ser un puerto franco con un prometedor futuro, gracias a su localización geográfica, clima y recursos naturales, a convertirse en una región con abusivos impuestos, ingentes trabas administrativas para las empresas y una economía subvencionada por culpa del discurso victimista de que somos región ultraperiférica que realizan nuestros políticos.
Esta situación está llevando a los canarios a la pobreza, y la prueba de ello es que hoy tenemos un 32,96% de paro, es decir, 370.665 personas que no consiguen trabajo ni lo podrán encontrar por culpa de estas políticas de izquierda que tanto les gustan a los que nos gobiernan.
Estas mismas políticas son las que han llevado a algunas partes de Latinoamérica a ser de las regiones más pobres de nuestro planeta. Sin embargo, un grupo de emprendedores, de esos que cambian el mundo para convertirlo en un lugar mejor, han puesto en marcha una idea disruptiva con el fin de poder sacar de la pobreza al mayor número de personas posible.
Lo que proponen es fundar una ciudad modelo o libre con leyes propias, mínima regulación e impuestos bajos o inexistentes en un lugar de esta región.
La idea no es otra que la de crear las condiciones legales y de seguridad para atraer una gran cantidad de inversores que creen riqueza y una importante cantidad de puestos de trabajo, al estilo de la Hong Kong en China.
Fueron muchos los que pensaron que China aniquilaría a Hong Kong, sin embargo fue al revés, la ex colonia británica consiguió abrir los mercados en el gigante asiático y éste se vio beneficiado con la llegada de capitales extranjeros, la contratación de mano de obra y los desarrollos tecnológicos.
Honduras ha sido el primer país en cambiar su constitución para permitir crear una de estas ciudades libres. Si consiguen llevar a cabo esta noble andadura, podrán convertir a su nación en uno de los lugares más prósperos del planeta. Ya han sido muchas las grandes empresas, como Goldman Sachs o la Fundación Abu Dhabi para el Desarrollo, las que han mostrado su interés por instalarse en la futura ciudad libre de Honduras.
Nuestro archipiélago cuenta con las condiciones ideales y necesarias para convertirse en una potencia económica con una renta per cápita de las más altas del planeta, si se permitiera la instalación de una ciudad libre en alguna de nuestras islas.
En estos momentos somos, por culpa de los que nos gobiernan, una región ultraperiférica de Europa en África, pero podríamos convertirnos en el futuro de ambos continentes si permitimos la instalación de una de estas ciudades.
Los diputados del Partido Popular están comenzando a experimentar en sus carnes las políticas progresistas que la izquierda callejera suele implementar cuando los suyos no están en el poder. Estos días son los miembros y miembras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca los que, a imagen y semejanza de los comités de defensa de la revolución de la tiranía cubana, se están dedicando a perseguir a los diputados del PP que, presuntamente, van a votar en contra de la iniciativa legislativa popular contra los desahucios presentada en el Congreso.
En realidad no saben cuál va a ser la decisión final de las Cortes, ni el sentido del voto de los distintos grupos políticos, porque, de hecho, es un asunto sujeto al siempre proceloso devenir parlamentario. Pero eso da igual. La maldad de los peperos es como el valor de los soldados cuando hacíamos la mili, algo que se da por sentado. En realidad son peor que malos; son fascistas, que es como la izquierda sin alfabetizar define a cualquiera que discrepe de sus disparates ideológicos. Y contra un fascista vale todo. Por eso los progresistas deslegitiman el derecho de estos diputados a votar en el Parlamento lo que estimen oportuno. Ya que la izquierda les concede participar en el proceso democrático, al menos que no lo perviertan oponiéndose a los dogmas proclamados por los nuevos clérigos en su lucha por el socialismo. Y como estos superdemócratas son los campeones del humor involuntario, han elaborado incluso un manual para sistematizar la cacería y prevenir disidencias, en el que detallan en qué va a consistir la agresión a los derechos del diputado pepero que pillen por banda. Luego añaden una coda en la que advierten de que ellos rechazan "cualquier agresión verbal o física", para que, si a un integrante de estos piquetes totalitarios se le escapa un día una bofetada, puedan decir que es un caso aislado porque la izquierda callejera, como todo el mundo sabe, es el copón de pacifista.
Y en esto que llegan las cadenas de televisión de mucho progreso a dar cuenta de las legítimas protestas del proletariado contra los diputados declarados enemigos del pueblo. Oigan, qué maravilla. Qué dechado de ecuanimidad, ponderación, imparcialidad y mesura en el tratamiento de estas noticias sin tomar partido por unos u otros. Como debe ser. Los noticiarios de Cuatro y La Sexta están dando estos días una clase magistral de equidistancia sobre una polémica ante la que se niegan a tomar partido, porque en una situación en la que de un lado hay una manada de progres coceando la puerta de la vivienda de un diputado y del otro unos niños aterrorizados, vaya usted a saber quién tiene la razón. Hombre, algunos sí tenemos una noción muy clara de a quién hay que defender en situaciones así, pero como estas cadenas son precisamente las preferidas por los diputados acosados, según su propia confesión, ¿quiénes somos nosotros para impedirles este disfrute?
Comentario diario basado en la entrevista que realizaron al autor en la Crónica de Sevilla.
Un poco de historia. ¿De dónde nace el SAREB?
Durante la burbuja financiera propiciada por la inyección de crédito artificialmente barato por parte de los bancos centrales mediante la reducción de tipos de interés, la banca tuvo la capacidad de expandir del crédito muy por encima del nivel de ahorro. Esto permitió a las entidades financieras reducir los intereses a los que ofrecían crédito a largo plazo, como por ejemplo, el interés de las hipotecas, que cayó del 6,5% en 2001 al 3% en 2004.
Como consecuencia, la demanda de crédito se disparó, pero no así los tipos de interés (como cabría esperar), que se mantuvieron bajos pese a la fuerte demanda. Esto se acabó traduciendo en un aumento del endeudamiento de las familias y empresas (promotoras inmobiliarias y empresas adyacentes) que fueron los agentes que demandaron y recibieron ese crédito artificial. Sin ir más lejos, en el año 2007 alrededor de un 65% de los créditos que daba la banca se orientaron hacia el ladrillo directa o indirectamente. Cerca de 1,2 billones de euros (más del 100% del PIB de España) estaban destinados a financiar al ladrillo fuertemente sobrevalorado.
Por lo tanto teníamos a la banca hiperendeudada a corto plazo para ofrecer préstamos a largo plazo (un peligroso maturity mismatch en toda regla) a unos deudores que sólo podrían pagar si continuaba la exuberancia crediticia y que además poseían activos sobrevalorados como garantía (vivienda y suelo). Un vez se acabaron las fuentes de financiación por el inicio de la crisis internacional, la morosidad aumentó por el paro y el quiebre de empresas, las garantías de los préstamos empezaron a depreciarse y los bancos empezaron a deteriorar su solvencia ya que sus activos disminuían notablemente frente a sus pasivos.
Y aquí entre en juego el SAREB.
¿Qué es exactamente el SAREB?
El SAREB, el famoso "banco malo" (que no es un banco sino una entidad gestora de activos), es uno de los tres instrumentos que ha creado el gobierno para rescatar a la banca. El objetivo es limpiar los balances de los bancos con problemas inyectando dinero para adquirir estos activos tóxicos (créditos a promotores e hipotecarios principalmente) con gran descuento, y posteriormente intentar sacarlos al mercado durante los próximos 15 años a precios superiores.
¿Logrará su objetivo?
Escuchando a miembros del gobierno, puede parecer que el SAREB es un negocio redondo: compro unos activos a precio bajo y luego los vendo a un precio bastante más alto, y además capitalizo a los bancos. Lamentablemente, esto se asemeja más al timo del entierro (con los contribuyentes como timados) que a otra cosa.
El principal inconveniente es que el gobierno obliga a las entidades a venderles los activos tóxicos al precio y en las condiciones que decida el FROB. Por tanto, dejan de existir las valoraciones y precios de mercado para ser sustituidas por valoraciones políticas totalmente arbitrarias. ¿Qué consecuencias tiene esto? Como estos activos se van a comprar a precios sobrevalorados (lógicamente), el SAREB obtendrá pérdidas porque solamente se podrán dar salida a los activos a precios menores a los adquiridos. Estas pérdidas serán asumidas por los contribuyentes, ya que supondrá haber transferido capital de los ciudadanos a los bancos. Si por el contrario los activos se adquiriesen a precios muy bajos (cosa extremadamente improbable), supondría realizar una quita a accionistas y acreedores de la entidad, que presumiblemente llevaría a su quiebra y a su posterior nacionalización.
¿Será positivo para la economía?
El resultado será altamente negativo debido a que se van a retener esos activos fuera del mercado durante 15 años, lo que supone frenar el necesario ajuste de precios de estos activos a la baja y poder ser utilizados en otros planes de negocio y líneas productivos de la economía. Además el acceso a la vivienda será claramente más difícil. Es la consecuencia de cometer el error de intentar mantener los precios de burbuja o semi-burbuja de esos activos.
Jugar a reemplazar al mercado supone actuar con una (fatal) arrogancia que tiene sus consecuencias. Podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad (Ayn Rand).
Experiencias en otros países como Irlanda
En Irlanda, se ha aportó al NAMA alrededor de 40.000 millones de euros (más del 25% de su PIB) para adquirir préstamos ‘basura’ y activos ‘tóxicos’ por valor de 78.000 millones de euros (60 % de descuento).
De momento el vehículo acumula pérdidas de unos 1.000 millones y reconoce un deterioro en el valor de sus activos de 1.490 millones en 2010 y de 1.270 millones en 2011. Por tanto, el deterioro total (en relación su coste de adquisición) ya es del 2.750 millones, alrededor del 9% sobre sus activos iniciales. No parece que los precios de los activos se estén revalorizando demasiado…
¿Alternativas posibles?
El rescate bancario no debería recaer sobre los contribuyentes, como está ocurriendo actualmente, en donde las pérdidas se están socializando como hemos señalado anteriormente. Las pérdidas bancarias deben recaer sobre los acreedores de los bancos mediante quitas directas o, principalmente, mediante la capitalización de deuda (bail-in). Esto significa en convertir a los acreedores en accionistas convirtiendo la deuda en equity. Es decir, se cobra en títulos de propiedad. La conversión debería ser ordenada y escalonada, convirtiendo en primer lugar toda la deuda subordinada, siguiendo por deudas garantizadas, cédulas hipotecarias y otros pasivos, y dejando depósitos a la vista en último lugar. Lo ideal es tocar poco éstos últimos para no poner en peligro el sistema de pagos y cobros (que es una de las dos funciones importantes de la banca). Es lógico que los acreedores más perjudicados sean los poseedores de deuda subordinada, ya que por su naturaleza están los últimos en el orden de prelación en caso de quiebra del banco. Han asumido más riesgo a cambio de rentabilidades mayores. Son los primeros que deben asumir las pérdidas.
¿Cuál es el mejor y el peor de los escenarios?
Cuando se toman decisiones tan injustas y antieconómicas como la creación de un "banco malo", el resultado sólo puede ser malo y perjudicial. No hay aspectos positivos.
Lo mejor que podría pasar sería que esos activos se vendieran e introdujeran en el mercado lo antes posible con el descuento que fuera necesario. Pensar que esos activos pueden mantenerse a precios de burbuja o semi-burbuja es propio de personas que desconocen por completo las causas y soluciones de los ciclos económicos.
Conclusiones o alguna información que pueda esclarecer más sobre este tema
La cuestión de fondo es quién paga y asume las pérdidas de los bancos. Mi opinión es que estas pérdidas deberían ser asumidas por los acreedores, y no por el resto de ciudadanos que no hemos tenido nada que ver.
Diría como conclusión que necesitamos un modelo de sociedad verdadera y genuinamente capitalista, es decir, que las ganancias y las pérdidas sean privadas. Lo que vemos a diario es que todo el mundo disfruta de las ganancias de sus inversiones, pero cuando obtiene pérdidas intenta que las asuman y paguen los demás. De esta forma la sociedad se vuelve injusta, infantil y poco próspera.
@jmorillobentue
Entrevista realizada por Lola Cebolla @lolacebolla
En el sistema productivo, no solamente son importantes las características de los recursos productivos empleados y las complementariedades que existen entre ellos, también resulta fundamental el modo en que se combinan entre sí, en cómo se organizan empresarialmente. Es decir, la propia estructura organizativa de una empresa es importante y es capaz de crear valor por sí misma, aun sin modificar estrictamente los inputs. De ahí que las organizaciones o las estructuras que adoptan las empresas evolutivamente, importen y moldeen la estructura de capital (productiva) de una economía.
El sistema económico se estructura en función de los deseos presentes y futuros de los consumidores. En una industria, dicha estructuración se realiza a través de la realización, a lo largo de las etapas productivas, de un conjunto de actividades que van creando y añadiendo valor al producto que desean los consumidores (esto es, la cadena de valor).
Integración y la tendencia a la desintegración
Una empresa puede desarrollar un producto integrando toda la cadena de valor internamente. La integración vertical en una industria se da sobre todo en situaciones en donde los cambios productivos o las innovaciones son sistémicas (implican modificaciones en todas las etapas de la cadena de valor) y requieren de reorganizaciones a gran escala de las capacidades existentes en la empresa y que no pueden encontrarse en ese momento fuera, en el mercado (por no existir o porque los costes de transacción son elevados).
Sin embargo, tal como resumí en mi último comentario, durante el proceso competitivo y la evolución de la industria, puede suceder que las empresas integradas, que continuamente van innovando y mejorando su producto mucho más de lo que los consumidores están dispuestos a pagar, se vean sorprendidas por nuevas empresas especializadas que irrumpen en el mercado ofreciendo productos más baratos con una funcionalidad mínima o aceptable por consumidores menos exigentes (empresas low cost). Se produce así un proceso de desintegración –o modularización- de la industria que lleva al nacimiento y proliferación de empresas especialistas con una tendencia hacia la estandarización de los productos. Un ejemplo clásico es el de Apple, Samsung y los smartphones, pero existen más áreas en las que puede verse esta evolución (o podría, si no hubiera intervención estatal), como el de la educación –Universidad de Harvard frente a la de UC Berkeley- o la sanidad –hospitales frente a clínicas especializadas, especialistas, atención a domicilio, etc.-).
¿Empresas líderes abocadas a la desintegración?
Surge así una interesante cuestión en torno a la evolución de la industria. ¿Qué ocurre con las empresas líderes que presentan una estructura organizativa integrada? ¿Seguirán la misma tendencia hacia la desintegración? ¿Debería Apple modificar su sistema de producción y diseño de productos (sofisticado) y, en su lugar, adoptar una estructura empresarial similar a la de sus competidores más modular o sencilla (p.ej., el proceso de fabricación del sistema Android)?
El caso es que hay determinadas fuerzas que pueden hacer que una empresa integrada persista en su estructura a pesar de verse rodeada de empresas especialistas o modulares (y no me refiero necesariamente al caso estricto de Apple, que requeriría de un análisis detallado), e incluso sea esta integración vertical una de sus ventajas competitivas (Zara).
Persistencia de las empresas integradas
Por ejemplo, la necesidad de mejorar el producto en el sentido de hacerlo más sencillo o fácil de usar por el consumidor (o la miniaturización en determinados productos) son razones para la integración vertical, o la propia necesidad de nuevamente diferenciar el producto en función de las cambiantes preferencias de los consumidores en un mercado en el que se tiende a la estandarización.
Mantener esta organización integrada aprovecha las interdependencias que se dan entre las partes de la arquitectura del producto de modo que la empresa consiga ese objetivo de diseñar un producto más sencillo y fácil de usar, diferenciarlo o miniaturizarlo, de la manera más eficiente. Es decir, los costes superiores por tener una organización integrada (estructurales, logísticos, de investigación, distribución…) son compensados por la ventaja competitiva propia de este tipo de organizaciones.
Nuevas complementariedades entre empresas integradas y especialistas
Acaso sea más interesante las nuevas relaciones que pueden darse entre la empresa integrada y las especialistas de distintas etapas productivas y cómo estas pueden crear valor para ambos tipos de organizaciones. En este caso asistimos a un nuevo incremento de la complejidad del tejido productivo y del conocimiento, que trae mayores y mejores productos (véase P. Lewin o L. Lachmann), en el que se combina estructuras integradas en las que la información fluye jerárquicamente de arriba abajo, con estructuras especializadas cuyo conocimiento puede fluir en múltiples direcciones.
Así, con los servicios que puede encontrar en las empresas especializadas, la empresa verticalmente integrada puede tener acceso a un conocimiento y unas capacidades productivas que hasta ese momento no encontraba internamente. La empresa integrada, que tiene una superioridad relativa a la hora de desarrollar innovaciones sistémicas, podrá encontrar nuevas complementariedades de su conocimiento y capacidades con las de las empresas especialistas y crear valor. En la medida en que estas nuevas relaciones comerciales que crean valor compensen los costes de permanecer verticalmente integradas, estas empresas coexistirán con empresas especialistas y no tendrán por qué verse irremediablemente obligadas a desintegrarse.
Además, estos nuevos patrones extenderán el conocimiento, la división del capital y promoverán la eficiencia y las innovaciones, creando no sólo nuevos productos finales sino otros bienes de capital (que al ser indivisibles pueden crear economías de escala y alcance, con rendimientos crecientes) que, a su vez, podrán ser utilizados por las empresas y consumidores del futuro para tratar de incrementar más el bienestar…
Por otra parte, pensemos también en que no sólo las especialistas son las que prestan sus servicios (o venden sus bienes) a las integradas, también estas podrán ofrecer sus productos finales o intermedios (de alguna de las etapas de la cadena de valor que integren) a las especialistas (se desacopla la cadena de valor, se bifurca o se crea una nueva, añadiendo complejidad a la estructura de capital). En este caso, las especialistas se aprovecharán de las innovaciones de las empresas integradas y las integradas rentabilizarán determinadas áreas de su negocio y mantendrán su nivel de I+D al capturar beneficios de estas inversiones (piénsese en IBM en los años 90).
El derecho de propiedad o principio ético de no agresión es la única ley universal, simétrica y funcional que permite el desarrollo armónico de los seres humanos. Los contratos libremente pactados generan reglas concretas particulares que, junto con algunas normas tradicionales, facilitan la coordinación social. El Estado, el monopolio impuesto de la coacción y la jurisdicción sobre un territorio y unos súbditos, es ilegítimo en la medida en que no respete los derechos de propiedad y no sea fruto de acuerdos contractuales libremente aceptados por los individuos: las constituciones no son contratos libremente pactados si las mayorías las aprueban en contra de minorías que no tienen oportunidad de rechazarlas. Una sociedad libre no tiene Estado así entendido.
Según el minarquismo un Estado mínimo es necesario para proporcionar a un colectivo ciertos bienes públicos: servicios de defensa y relaciones diplomáticas frente al exterior (evitar ser oprimidos por otros grupos organizados), y legislación, policía y justicia para el orden interior (preservar el orden social y la civilización, resolver conflictos y no caer en la barbarie). El minarquismo delimita las funciones del Estado e intenta controlarlo para evitar su crecimiento liberticida mediante límites constitucionales, contrapesos institucionales o mecanismos de elección de los gobernantes.
Un problema esencial es que estos controles funcionan mal en la práctica, como demuestra el progresivo crecimiento del intervencionismo estatal. Pero un problema más fundamental del minarquismo es la justificación de la delimitación del colectivo organizado por dicho Estado: cómo se define el grupo, qué individuos y qué territorios forman parte del mismo y cuáles no (y por qué), y qué requisitos son necesarios para integrarse en él o abandonarlo. Esto es esencial porque para controlar al poder la voz (libertad de expresión) y el voto (participación política) son mucho menos eficientes que la salida (dejar de formar parte del grupo o no participar en alguna actividad común).
Según el anarquismo liberal (anarcocapitalismo) los monopolios estatales no son necesarios, no son eficientes o incluso son nocivos: la eliminación de la posibilidad de la competencia deteriora la calidad del servicio o incrementa su precio; y además el poder corrompe fácilmente a los gobernantes. Las funciones del Estado deben eliminarse o privatizarse. Los presuntos bienes públicos en realidad no son tales al ser de consumo rival y/o excluible, y pueden prestarse por asociaciones, empresas o cooperativas privadas: agencias de seguridad, jueces en competencia, producción de ley mediante cláusulas contractuales.
El anarquismo liberal basa sus argumentaciones en dos ideas problemáticas que suelen proceder del ámbito de la ciencia económica: que los individuos, con sus derechos de propiedad bien asignados y separados, se integran en la sociedad porque perciben racionalmente los beneficios de la especialización, la división del trabajo y los intercambios de mercado; y que la fuerza y la seguridad son servicios como cualquier otro, y pueden producirse y distribuirse en un mercado por diversos competidores especializados.
Pero la biología y la antropología muestran que los grupos sociales animales y humanos son adaptaciones evolutivas para la supervivencia que aprovechan tres fenómenos: 1. concentración de esfuerzos; 2. compensación de riesgos; y 3. especialización. Y además la fuerza es un bien o servicio con características particulares esenciales.
1. Concentración de esfuerzos iguales: la unión hace la fuerza (rendimientos de escala), tanto para atacar como para defenderse. La acción coordinada de varios agentes semejantes tiene efectos fuertemente no lineales: varios pueden empujar y mover de una sola vez un obstáculo que uno solo no podrá mover nunca por muchas veces que lo intente. Si dos iguales luchan, la mitad de las veces vence cada uno (o siempre empatan); pero si dos luchan contra uno, no hay dos tercios de victorias para los dos y un tercio para el uno, sino que los dos vencerán prácticamente siempre. Varios cazadores pueden rodear a una presa, lo que para uno solo es imposible. Siendo muchos puede merecer la pena invertir en un bien común como un nido o refugio, lo cual además localiza al grupo y le da unidad y continuidad temporal.
2. Compensación de riesgos: reciprocidad de la ayuda ante eventos aleatorios. Si tengo un accidente y estoy solo, mis posibilidades de supervivencia son mucho menores que si alguien puede ayudarme a recuperarme, recibiendo un gran beneficio a poco coste para otros. Si me sobra comida puedo compartirla con quienes hoy no la han conseguido y la necesitan urgentemente, confiando en que en el futuro harán lo mismo por mí.
3. Especialización: complementariedad entre diferentes. Puede ser sólo temporal: yo vigilo y protejo a las crías o el nido mientras tú cavas o buscas comida, y luego cambiamos de rol. O más permanente, según las características del individuo (sexo, casta, edad) o sus habilidades y preferencias (profesiones).
Los humanos son animales hipersociales y nacen, crecen y viven por lo general como miembros integrados en grupos que se conciben como unidades diferenciadas y con los cuales se sienten identificados. En los grupos algunas cosas son propiedad individual y otras se comparten, por algún subgrupo (una choza familiar) o por todo el grupo (zonas comunes como calles, plazas, terrenos de caza o recolección), porque son difícilmente separables, porque se conservan mal (comida que se estropea) o porque los individuos no quieren separarlas. Los bienes comunes son privados en el sentido de que no se permite su uso por otros grupos, y colectivos en el sentido de que están al alcance de todos los miembros del grupo: para estos bienes son necesarias reglas de uso o mecanismos de gestión (gobierno del común) para mantenerlos y evitar abusos y conflictos (tragedia de los bienes comunes).
Además los grupos realizan ciertas acciones como unidades integradas y coordinadas en relación con otros grupos o individuos: la persona es la unidad fundamental de análisis para la acción, pero no es el único nivel posible, ya que existe acción a niveles inferiores y superiores. Una de estas actividades colectivas es la guerra contra otros grupos (esto no implica que todos los miembros participen por igual). Las agresiones individuales a pequeña escala (dentro de un grupo o entre individuos de grupos diferentes) son claramente diferentes de las agresiones entre colectivos. El uso de la fuerza a gran escala no se decide de forma individual, y la acción bélica es mucho más eficiente cuando está planificada y coordinada de forma más o menos centralizada: no lucha cada uno por su cuenta sino que se integra en equipos cohesionados y bajo un mando jerárquico.
La fuerza coactiva o violencia es un bien o servicio particular: en realidad es un mal para quien la sufre, para quien es atacado, es la capacidad de hacer daño (salvo los aspectos defensivos de la seguridad, como los escudos). Además los beneficiarios de la fuerza ajena pueden convertirse con facilidad en víctimas o perjudicados por la misma: es un servicio fácilmente invertible, de positivo a negativo, el que me defiende puede atacarme. Otras cosas son bienes cuando se reciben, y la situación es neutra cuando no se reciben, pero no tienen un lado negativo: me beneficia recibir pan, me deja indiferente no recibirlo, pero no puedes agredirme con el pan; si tú no me vendes pan me lo vende otro, o lo produzco yo mismo, o como otra cosa.
Externalizar completamente la seguridad es peligroso: no desarrollar en absoluto ninguna capacidad de defenderme por mí mismo implica quedar a merced de los fuertes; tal vez pueda encontrar a otros poderosos que me defiendan, pero quizás no sea así o incluso muchos se pongan de acuerdo contra mí. Un mercenario puede defenderme a cambio de dinero, pero también puede directamente robarme ese dinero e incluso matarme, o trabajar para mis enemigos.
Existe un caso en el cual los que pueden atacarme sin riesgo no lo hacen: porque no quieren hacerlo, les importo, soy de su familia o de su grupo, de los suyos; sienten amor o lealtad hacia mí y pueden incluso sacrificarse por patriotismo por el colectivo.
Además el uso de la fuerza tiene un carácter fuertemente local: para defender o atacar suele ser necesario estar cerca (aunque los proyectiles aumentan el alcance, y es posible proteger de forma indirecta sin estar presente con amenazas de represalias futuras contra los eventuales agresores).
Por estos motivos la seguridad suele conseguirse mediante cooperativas relacionadas con la convivencia (los que te importan y están más cerca) más que mediante empresas externas, que pueden ser un complemento. E igual que los individuos se integran en grupos (en realidad nacen y crecen en ellos), los grupos suelen asociarse unos con otros a niveles superiores de agregación mediante lazos de amistad y lealtad para defenderse o atacar conjuntamente a otros grupos. En estas agregaciones se fomenta la sensación de pertenencia y las obligaciones mutuas: un ataque a un miembro de un grupo o alianza es un ataque contra todos los miembros. Los individuos o grupos aislados o desorganizados tienden a ser oprimidos (o desplazados a zonas pobres o de difícil acceso) por los grupos organizados y cohesionados más poderosos.
Los grupos pueden ser pequeños o grandes, estáticos o dinámicos, simples o complejos, y estas diferencias son esenciales porque lo que funciona en unos puede no funcionar en otros: hay mecanismos de gestión no escalables (el tamaño importa), o que sólo son aplicables a sistemas simples y estáticos (la coordinación es difícil).
La asociación cooperativa para la defensa tiene riesgos internos, sobre todo cuando el grupo crece en tamaño y complejidad: que unos se escaqueen y se aprovechen de los esfuerzos y riesgos de otros sin ofrecer suficiente valor a cambio; que algunos sean obligados a participar de la asociación en contra de sus preferencias e intereses; que los lazos afectivos y los mecanismos de supervisión y control se pierdan o debiliten y los soldados y policías opriman (dictaduras) o parasiten (funcionarios ineficientes) a los demás ciudadanos.
Los hay que, aun así, han intentado poner en valor la herencia económica chavista apelando a los grandes logros sociales cosechados por el régimen, como si las mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos no fueran consecuencia directa del enriquecimiento de esos ciudadanos, es decir, del crecimiento económico. Si Venezuela prosperó bajo el gobierno de Chávez (y lo hizo, aunque mucho menos que sus vecinos), entonces inexorablemente nos toparemos con diversos indicadores que mostrarán una cierta mejoría y que los palmeros de turno interpretarán de manera descontextualizada como una reivindicación de la poco razonable y muy liberticida política económica del régimen bolivariano.
Sería como tratar de defender la labor partitocrática y el pelotazo burbujístico de PP y PSOE por el hecho de que entre 1998 y 2012 muchos indicadores de nuestro bienestar hayan mejorado. De nuevo, como tantas otras veces en Economía, nos topamos con el célebre problema de “lo que se ve y lo que no se ve”: lo realmente significativo es la riqueza y la prosperidad que Venezuela habría sido capaz de crear en unas condiciones tan favorables como las que vivió. De ahí que convenga comparar sus presuntos “logros sociales” con los de otros países vecinos que no contaron con unos ingresos anuales derivados de la exportación de petróleo equivalentes al 40% del PIB pero que, al menos, se libraron de imponer muchos dislates socialistoides. Para ello, echaremos mano de la base de datos del Banco Mundial, comparando la evolución de los distintos parámetros analizados desde 1998 hasta el último disponible.
Pobreza, salubridad y esperanza de vida
Por ejemplo, mucho se ha escrito sobre que la tasa de pobrezavenezolana ha caído del 50,4% al 31,9%, pero no convendría olvidar que la de Chile cayó del 21,6% al 15,1%, la de Uruguay del 24,3% al 13,7%, la de Colombia del 49,7% al 34,1% y la de Perú del 58,7% al 27,8%. Ciertamente, la tasa de pobreza relativa es un (mal) medidor de la desigualdad económica, pero en este caso los indicadores de pobreza absoluta –porcentaje de la población que gana menos de dos dólares diarios– nos proporcionan unos resultados bastante similares (en este caso, los datos terminan en 2007): en Venezuela pasa del 20,4% al 12,9%, en Chile del 6,2% al 3,2%, en Colombia del 27,2% al 17,7%, en Perú del 26,3% al 18,2% y en Uruguay permanece en el entorno del 3%. La minoración de la pobreza, por tanto, es algo generalizado en la zona, fruto del crecimiento económico.
Al tiempo, las condiciones de salubridad también han experimentado una cierta mejora durante el chavismo. Los habitantes del campo con acceso a agua corriente pasaron del 74% al 94%; pero en Perú lo hicieron del 53% al 89%, en Chile del 62% al 99%, en Colombia del 70% al 98% y en Uruguay del 85% al 99%. Asimismo, el porcentaje de la población con acceso a instalaciones sanitarias apenas mejoró en Venezuela entre 1998 y 2007 (último dato disponible): subió del 88% al 91%, mientras que en Perú creció del 61% al 69%, en Colombia del 71 al 76%, en Chile del 91% al 96% y en Uruguay del 96% al 100%.
El crecimiento económico, la reducción dela pobreza y la mayo salubridad desembocaron en una menor mortalidad infantil, una menor mortandad de las madres al dar a luz y, en suma, en una mayor esperanza de vida. Los datos de Venezuela no son malos a este respecto (la tasa de mortalidad de los menores de 5 años pasa del 24 por mil al 15 por mil, la tasa de mortandad de las madres se mantiene en el 0,9 por mil y la esperanza de vida aumenta de 73 a 74 años), pero de nuevo son relativamente peores que los de los otros países: la mortalidad infantil se reduce del 45 al 18 por mil en Perú, del 12 al 3 por mil en Chile, del 27 al 18 por mil en Colombia y del 18 al 10 por mil en Uruguay; la mortandad materna cae del 1,3 por mil al 0,9 por mil en Colombia, del 1,2 por mil al 0,67 por mil en Perú, del 0,29 al 0,25 por mil en Chile y del 0,35 al 0,29 por mil en Uruguay; y la esperanza de vida sube de 70 a 74 años en Perú y Colombia, de 74 a 76 años en Uruguay y de 76 a 79 años en Chile.
Alfabetización, comunicaciones y medio ambiente
Aparte de los anteriores, existen otros indicadores que ilustran cómo ha evolucionado el bienestar de los venezolanos bajo la bota del chavismo en comparación con el de sus vecinos, por ejemplo latasa de alfabetización, que mejora no sólo en Venezuela (del 93% al 96%) sino en todos los restantes países fruto de su mayor riqueza (en Colombia pasa del 91% al 93%, en Perú del 87% al 90%, en Uruguay del 97% al 98% y en Chile del 96% al 99%).
La penetración y el uso de las telecomunicaciones es otro ilustrativo parámetro. Los usuarios de internet ascendían al 40,4% de la población venezolana, frente al 40% de Colombia, al 36,5% de Perú, al 53,9% de Chile o al 51,6% de Uruguay; pero las diferencias se vuelven mucho más acusadas cuando analizamos la calidad de la conexión a internet (en Venezuela sólo el 0,87% tienen acceso a la banda ancha, frente al 3,5% de Perú, al 6,9% de Colombia, al 11,6% de Chile o al 13,4% de Uruguay) o la presencia de servidores seguros (sólo ocho en Venezuela, frente a los 19 de Perú, los 21 de Colombia, los 67 de Chile o los 70 de Uruguay). Asimismo, Venezuela también se queda atrás en el número de teléfonos móviles por cada 100 personas: 98 para Venezuela o Colombia, frente a los 110 de Perú, los 130 de Chile o los 141 de Uruguay.
Otro posible indicador es el consumo de electricidad anual per cápita, que en Venezuela apenas ha crecido un 23%, desde los 2.656 kWH por persona a 3.287, frente a la mayor expansión de Perú (de 645 kWH a 1.106), Uruguay (de 1.817 kWH a 2.673) o Perú (de 645 a 1.106); sólo Colombia aumentaba menos este consumo, de 893 KWh a 1106. Y, por cierto, los izquierdo-ecologistas que esperen ver en Chávez un modelo de gestión política respetuosa con el medio ambiente deberían pensárselo dos veces: Venezuela producía el 0% de su electricidad de fuentes renovables, frente al 0,9% de Colombia, al 2% de Perú, al 5,7% de Chile o al 8,8% de Uruguay. También fue el país que más toneladas métricas per cápita de CO2 emitió en 2009 (último año disponible): 6,5 frente a las 3,9 de Chile, a las 2,4 de Uruguay o a las 1,6 de Colombia y Perú. Y, asimismo, también fue el territorio que más vio retroceder su masa forestal: de 2000 a 2010, cayó del 55,7% al 52,5%, mientras que en Perú pasó del 54,1% al 53,1%, en Colombia del 55,4% al 54,5%, en Chie del 21,3% al 21,8% y en Uruguay del 8,1% al 10%.
Seguridad, corrupción, impuestos y regulaciones
Otros indicadores de bienestar son, desde luego, la seguridad, la transparencia y no arbitrariedad de los poderes públicos, la agresividad fiscal o la flexibilidad para gestionar la propia empresa. En todas estas rúbricas, Venezuela aparece muy mal parada frente al resto de países: los homicidios intencionados se dispararon bajo el chavismo, pasando del 0,19 por mil al 0,49, a diferencia de lo que pasó en Chile, Perú o Uruguay (donde se mantuvieron en torno al 0,05 por mil) o de Colombia, donde se hundieron del 0,6 por mil al 0,33. Venezuela es el peor calificado en el Índice de Percepción de la Corrupción (1 indica máxima corrupción), al obtener 19 puntos, frente a los 36 de Colombia, los 38 de Perú o los 72 de Chile y Uruguay. Asimismo, la presión fiscal venezolana no sólo es bastante superior a la de sus vecinos (37%, frente al 31% de Uruguay, al 27% de Colombia, al 23% de Chile, o al 21% de Perú), sino que la variedad de impuestos y las molestias derivadas de su pago también son muy superiores: en Venezuela las empresas han de hacer frente al pago de 71 impuestos, y los individuos han de dedicar 792 horas anuales a gestionar su pago; frente a los 33 impuestos de Uruguay y las 310 horas, los 9 impuestos de Perú y las 293 horas, los 9 impuestos de Colombia y las 203 horas, o los 6 impuestos de Chile y las 291 horas. Todo lo cual, obviamente, también se refleja en la facilidad de gestionar la propia empresa: Venezuela obtiene una puntuación de 180 (siendo 1 la máxima facilidad), Uruguay de 89, Colombia de 45, Perú de 43 y Chile de 37.
Para terminar, han sido muchos quienes han alabado al régimen chavista por su reducción de las desigualdades sociales. Ciertamente, el índice Gini (donde el valor cero expresa la máxima igualdad) cayó de 47,2 a 43,5, pero Chile y Perú lo redujeron a una tasa parecida o superior: Chile pasó de 55,5 a 51,9 y Perú del 56,1 al 47,2. Por su parte, en Colombia se mantuvo estable (en el 56,5) y en Uruguay subió ligeramente hasta 45,3.
Por resumirlo: Chile y Uruguay, que arrancaron 1998 siendo igual de ricos que Venezuela, presentan en estos momentos indicadores social muy superiores en casi todas las rúbricas a Venezuela, mientras que Perú y Colombia, que arrancaron 1998 siendo mucho más pobres, han experimentado una evolución de las mismas mucho más sobresaliente en casi todos los otros indicadores sociales. A diferencia de estos otros países, sin embargo, Venezuela ha construido su ligera mejoría sobre los endebles pies de barro del pelotazo petrolero, de la estatalización de la economía, de la rapiña tributaria de su población y de la destrucción de las clases medias.
En este sentido, un último dato será suficientemente ilustrativo: el del valor bursátil de las compañías cotizadas (uno de los activos por excelencia donde la clase media puede comenzar a construir su patrimonio). Desde la llegada al poder de Chávez, el valor de la bolsa se ha derrumbado desde el 8,3% del PIB al 1,6%: en cambio, en Chile creció del 65,3% al 108,7%, en Colombia del 13,6% al 60,4% y en Perú del 20,5% al 44,8%. Chávez en ningún momento pretendió crear una sociedad de propietarios libres, autosuficientes y autónomos del Estado, sino un territorio repleto de siervos de la gleba dependientes de las dádivas del gobierno. Y eso es ahora mismo Venezuela. Ojalá cambie de rumbo en el futuro.
Gestionar consentimiento
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
