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Google y la extorsión francesa

A los liberales nos miran raro cuando recordamos que los impuestos son dinero que nos quitan a punta de pistola. ¿Que no llama la Policía a tu puerta si olvidas accidentalmente rellenar el formulario H-3134-A correspondiente? Ya, bueno. Pero acabarás recibiendo requerimientos y terminarán llegándote papeles de un juzgado; y si sigues ignorándolos entonces quizá sí que te encuentres con unos señores uniformados en la puerta. No te apuntarán ni les hará falta hacerlo, pero tendrán las armas en el cinto. Y como lo sabes, no olvidas accidentalmente apoquinar.

Pero como a muchos nos han enseñado de pequeñitos lo bueno y solidario que es pagar los impuestos, que no tienen ese nombre por casualidad, a veces es conveniente ver esa extorsión mafiosa en otro contexto para contemplarla como lo que es. Un buen ejemplo es el culebrón de Google en Francia. Resulta que los diarios galos dijeron sentirse descontentos con los miles de millones de páginas vistas –con sus anuncios incluidos– que disfrutan gracias al tráfico que les envía Google a través de sus buscadores, el normal y el específico para noticias. Seamos claros: en realidad, la situación no les parecía mal. Si así fuera habrían seguido el ejemplo de sus homólogos brasileños e impedido a Google indexar sus páginas; es lo que los economistas llaman preferencias reveladas, y que traducido de la jerga significa que no son tus palabras las que dicen lo que quieres sino tus actos.

La prensa gala decidió que, además de los ingresos que traían bajo el brazo los visitantes provenientes de Google, querían que la multinacional norteamericana –y por tanto malvada por definición– les pagara una mordida por publicar titulares y extractos de sus diarios en los resultados de las búsquedas. Naturalmente, los periódicos franceses no son exactamente una fuerza a tener demasiado en cuenta por una empresa global, por más que, siendo periodistas y franceses, seguramente ellos sí lo crean así. Así que llamaron a Papá Estado para que obligara a Google a pagarles por su propio bien. Hollande, socialista y encima francés –que ya se sabe lo picados que están con eso de que internet sea un invento principalmente yanqui–, no se hizo de rogar. Clamó contra la empresa de Page y Brin y la amenazó con imponerles un impuesto que no dudó en calificar públicamente de "tasa Google", lo que deja a las claras su carácter de robo a mano armada a una víctima específica.

Estando el Gobierno francés dispuesto a hacer daño… y un volumen de negocio de 1.000 millones de euros anuales en juego, Google ha decidido ceder y pagar voluntariamente –usted ya me entiende– unos 60 millones de euros a la prensa gala. Lo ha hecho a su manera, eso sí. En primer lugar, dejando claro que no es una compensación por enlazar a los periódicos, pero también combinando el pago con la obligación de que estos diarios coloquen en sus ediciones online anuncios de Google, para recuperar al menos parte de ese dinero. No sé ustedes, pero yo no acabo de ver muchas diferencias entre este serial que acabo de resumirles y pagar a una mafia para no sufrir un accidente relacionado con pequeños objetos puntiagudos de metal extrañamente empeñados en introducirse en el cuerpo de uno.

El principal problema para Google no es tanto este acuerdo como el incentivo que supone para otros periodistas y otros políticos en otras latitudes. La pequeña pérdida que puede sufrir por este acuerdo se convertiría en una gran suma si empiezan a sumarse otros países a la extorsión al estilo francés. Es lo malo del chantaje: cuando empiezas a pagarlo, ya tienes que hacerlo siempre.

Del justiciero al héroe y otros animales cinematográficos (I)

Posiblemente, el sentido de la justicia es uno de los valores más profundos del ser humano. Sin embargo, y aunque cada uno podemos tener más o menos claro lo que es justo o injusto, es posible que dos personas cualesquiera no coincidan en determinar si una situación lo es. Y todo ello sin entrar necesariamente en su legalidad o ilegalidad, su legitimidad o ilegitimidad, o si responde a lo que se ha llamado justicia social.

La justicia es tan importante que la filosofía, la religión y hasta las artes le han dedicado tiempo y trabajo: los parias de la tierra encontrarán paraísos futuros donde verán saciadas sus materiales reivindicaciones, las víctimas de las injusticias verán cómo el karma les venga, los cristianos, cómo en el Juicio Final, cada uno obtendrá lo que ha sembrado durante su vida física. La víctima busca el consuelo que los acontecimientos inmediatos no le dan, y algunas veces lo hace creando, observando o zambulléndose en la vida de personajes imaginarios que satisfacen tal necesidad, aunque no sea el suyo el entuerto a desfacer.

En el cine, el justiciero es casi un subgénero: es el detective que investiga cierto asesinato para consolar a las víctimas, es el policía que busca la verdad sobre el delito, es el forastero que, llegando al pueblo, termina con el clima de injusticia en el que viven sus habitantes, es el que aplasta al poderoso para salvar al humilde, o cualquier personaje que, sin comerlo ni beberlo, se vea envuelto en una historia que los guionistas pergeñan.

El séptimo arte es diferente, en cierto sentido, a casi todos los demás: no es individual. En él, no sólo ponen su creatividad actores y directores, sino que los guionistas, productores, técnicos de luz y fotografía, los de efectos especiales, los de vestuario, maquillaje y, por supuesto, el montador final del film aportan su granito de arena, y cada uno de ellos intenta, en la medida de lo posible, dejar su huella. Hace unos años, incluso se puso de moda montar las películas de manera diferente a la original, añadiendo o quitando escenas que terminaban dando un sentido distinto al de la copia inicialmente comercializada. Y el cine, como el resto de las artes, es hijo de su tiempo, y la visión de estas obras colectivas se adapta al entorno, al marco social en el que se gesta.

El justiciero del cine del que voy a partir es un personaje con una fuerte personalidad que, ante una situación de injusticia, en la que puede o no ser víctima, se implica hasta su resolución. Puede o no trabajar para alguna organización privada o gubernamental, o hacerlo a título privado. Y lo voy a hacer analizando cómo evoluciona en dos épocas consecutivas, donde el marco social y político cambió de manera espectacular.

La década de los 70 fue una época gris en la que todo lo establecido parecía tambalearse, sobre todo a partir de la Crisis del Petróleo, que siguió a la Guerra del Yom Kipur. En Occidente, muchos analistas y algunos gobiernos daban por fenecida la democracia tal como se había conocido y apuntaban al casi inevitable triunfo de la Unión Soviética y su comunismo. El acuerdo era inevitable para sobrevivir. El Club de Roma había vaticinado el fin de las materias primas, una desaceleración económica y una recesión mundial incluso más profunda. El bloque soviético estaba peor en lo esencial, pero esa información no estaba en poder de gobiernos y analistas, o si estaba, no se creía verosímil. Socialmente, se estaba viviendo una serie de fenómenos que daban señales en esta línea: el incremento de la corrupción política, la inestabilidad social y la extensión de la delincuencia parecían dar la razón a aquéllos que pensaban que el capitalismo que había resurgido tras la Segunda Guerra Mundial estaba en las últimas.

El cine social de los años 70 es moralmente pesimista. Los argumentos en los que se desenvolvían nuestros justicieros se podían resumir en unas pocas líneas: los poderosos hacían y deshacían a su propio beneficio, los que habían trabajado para el sistema ahora no eran reconocidos, y los que vivían del mismo habían perdido esos servicios, esos derechos que se merecían y se habían ganado.

No es pues extraño que el justiciero de esta época fuera igual de gris, un personaje desesperanzado, que actuaba por despecho en ocasiones, por un sentido de la moral quizá un poco retorcido y que, en ocasiones, ni siquiera él mismo tenía un final agradable. La violencia en las películas de los años 70 fue más cruda que la de décadas posteriores y la manera de resolver las situaciones, mucho más contundente.

Harry Callahan, teniente del departamento de homicidios de la policía de San Francisco, fue el personaje que terminó de aupar al estrellato a Clint Eastwood en "Harry, el sucio" (1971) y que interpretaría hasta en cinco ocasiones durante las décadas de los 70 y los 80. Duro con los delincuentes, su frase "alégrame el día" es una de las más famosas de la historia del cine, pero también con sus superiores, con los que no se lleva nada bien, ya que sus métodos, rudos con unos y otros, perjudican la imagen del departamento policial, más preocupado en la política que en resolver los problemas de los ciudadanos. Para terminar con sus excesos, lo terminan reasignando a otros departamentos, pero eso no impedirá a Harry descubrir a una banda de policías corruptos que han perdido el norte y, pese a usar algunos de los métodos del propio Callahan, ya no saben distinguir entre buenos y malos: "Harry, El Fuerte" (1973).

Harry "el sucio" es el paradigma del que, trabajando para el sistema, sabe que todo lo que hay alrededor, incluso sus compañeros, forman parte de la misma sociedad corrupta, pero también que no puede rendirse y caer en el mismo infierno que ellos. Es significativo, que en la primera película termine lanzando su placa al río, como rechazando todo aquello por lo que ha estado luchado.

En una línea parecida, Charles Bronson interpretaría en cinco ocasiones a Paul Kersey, personaje que nace en la película de 1974 "El justiciero de la ciudad". Este justiciero se enfrenta a los mafiosos después de que su mujer y su hija murieran a manos de los delincuentes y observara con desesperación cómo la policía de Nueva York se desentendía del caso. Kersey sale a cazar, a realizar el papel que se suponía que debía haber realizado la policía y la justicia civil. Kersey denuncia de esta manera la quiebra del sistema, quiebra que de alguna manera el sistema reconoce cuando en la segunda película en la que interpreta a este personaje, "Yo soy la justicia" (1982), un comisario de Los Ángeles le ofrece que siga haciendo lo mismo que hizo en Nueva York.

Pero quizá el justiciero más extraño y reivindicativo de todos es el que interpretaría Robert De Niro en "Taxi Driver" en 1976. Travis Bickle es un veterano de Vietnam, sociópata, enamorado del personaje que interpreta la actriz Cybill Shepherd, que debido a su insomnio se hace taxista nocturno, asiste las salas X y observa cómo la delincuencia se ha apropiado de Nueva York. Como un solitario Don Quijote, decide enfrentarse él solo a toda esa sordidez que le rodea. Bickle es un veterano militar, pero también un excluido social, y eso nos lleva a otro de los pilares del cine "social" de los años 70. Dentro de esa sensación de derrota que plaga esta época, se enmarca un nuevo personaje que tendría continuidad hasta los años 80, el soldado de Vietnam.

Vietnam fue una guerra maldita para los estadounidenses. Después de las victorias de la Segunda Guerra Mundial y de Corea, la vietnamita fue la primera gran derrota del gigante militar y una muestra más para muchos de que la democracia occidental se estaba viniendo abajo. La idea que seguramente tenemos de la guerra es la que nos ha creado el cine: la de un conflicto bélico donde el joven americano iba a batallar por sus políticos, pero no por su forma de vida, una guerra en la que el soldado volvía marcado emocionalmente, triste, deprimido, afectado por el síndrome postraumático, en muchos casos con adicción a alguna droga, o con alguna enfermedad venérea, propia del ambiente disoluto y corrupto en el que había vivido, incluso con algún hijo de alguna de las prostitutas con las que se había acostado. La visión de las matanzas y barbaridades que ha visto, raramente las que ha realizado el enemigo, está en la base de su estado, situación que se agravaba cuando a la vuelta veía cómo su familia, sus vecinos y, en general, la sociedad, le rechazaban. Películas como "Apocalypse Now" (1979), "El Cazador" (1978) o "El Regreso" (1978), e incluso el musical "Hair" (1979), nos muestran todos estos aspectos, aunque de alguna manera, las críticas más fuertes vinieran unos años después de la mano de otros directores como Oliver Stone, aunque creo que por diferentes motivos.

John Rambo es un personaje de transición. Interpretado por Silvester Stallone por primera vez en 1982, este ex boina verde se dirige a visitar a un amigo suyo, también veterano de Vietnam, para descubrir que ha muerto por las secuelas de la guerra. Acusado de vagabundo, es detenido por las autoridades locales y encerrado en la cárcel, de la que no tarda en escapar. Perseguido por los policías y rechazado por la población, usa las artes aprendidas durante la guerra para librarse de todos los que le buscan, en una especie de remake de "La Jauría Humana" (1966). Sin embargo, algo varía con respecto a otras películas. El coronel Samuel Trautman, su coronel, consigue salvarlo en el último momento y aprovechar su potencial para hacer lo que mejor sabe hacer, liberar a otros soldados americanos de las garras del Vietcong, labor a la que se dedicaría en otras películas. De alguna manera, Rambo se da cuenta de que el sistema puede ayudar a remediar los problemas, y pasa de ser un justiciero solitario y opuesto a él a colaborar con él, aunque no siempre sea fácil. No sería el único.

En la película de 1983, "Los Jueces de la Ley", el personaje interpretado por Michael Douglas, Steven R. Hardin, se aliaba con un grupo de jueces que habían creado una organización para que los delincuentes no se escaparan por los agujeros que dejaba una ley demasiado indulgente con ellos e insensible con las víctimas. Sin embargo, pronto descubre que en el fondo es una organización criminal, que mata a quien sea necesario cuando se ve amenazada. Tras comprender lo que realmente estaba pasando, Steven lucha contra este grupo hasta derrotarlo, porque, en el fondo, eran ellos los equivocados. Y es que en los 80, el sistema empieza a funcionar y se da cuenta de que tiene un deber para con los ciudadanos, al menos desde el punto de vista de la industria de Hollywood.

15-M: La nueva cara de la vieja izquierda

Hay tres grandes cuestiones en el aire. La primera, saber quién da vida al movimiento, quién lo nutre de ideas y quién diseña sus campañas de agitación callejera. La segunda, averiguar qué proponen y a qué tipo de democracia aspiran.

Respecto a la primera pregunta, no hay que investigar demasiado. Sólo hay que darse una vuelta por Internet para comprobar que extrema izquierda y 15-M son una misma cosa. Unas siglas que aún guardan algo de prestigio entre la opinión pública y que esa misma extrema izquierda utiliza como marca blanca tras la que parapetarse.

Y no es del todo necesario buscar en la web. Basta con acercarse a cualquiera de las manifestaciones que el 15-M ha convocado por la geografía española en los dos últimos años para percatarse de que no es más que una pantalla. En las concentraciones de la plaza de Neptuno que tuvieron lugar durante el otoño pasado, o en los sucesos de hace un año en Valencia, lo que proliferaban eran banderas republicanas, estrellas rojas y lemas típicamente izquierdistas.

Eso por no hablar de las consignas y hasta de la propia dialéctica marxista que impregna sus manifiestos y pancartas. Son meridianos, dividen el mundo entre ellos, que dicen representar al 99% de la población, y el resto, que sólo forma el 1% y que explota a los demás.

Quien no lo ve es porque es ciego o no quiere verlo. Ese mismo fenómeno de afinidades selectivas se ha dado recientemente con los sitios a la sede del PP en la calle Génova. A pesar de que el PSOE está metido en tantos casos de corrupción como el PP, algunos destapados hace sólo unas semanas, ningún representante del 15-M ha levantado la voz por manifestarse en la calle Ferraz.

Tampoco lo hicieron en la primavera de 2011; es más, sus organizadores cuidaron muy mucho de dirigir la ira contra el partido de Zapatero, que, en aquellos momentos, era el principal responsable de la crisis económica y sus funestas consecuencias sobre el monstruoso desempleo juvenil. De ahí viene el impostado apoliticismo de los primeros días.

Una nueva izquierda

La izquierda ya no es lo que era. Lejos quedan los tiempos heroicos en los que, para ser o declararse de izquierdas, era necesario predicar con el ejemplo y haber leído a los clásicos del marxismo.

El izquierdista, representante adusto de la clase obrera oprimida por el capitalismo y sus agentes, pertenecía o debía pertenecer a eso mismo, al pueblo trabajador víctima de los excesos burgueses. De eso hace ya mucho tiempo. La convulsión del 68 y la posterior entronización en el poder de castas de intocables salidas del mayo parisino alumbró una nueva izquierda, algo moderada, europea, que aceptaba el sistema a cambio de introducir en él algunos cambios aparentemente cosméticos.

La realidad, sin embargo, fue muy otra. Tras una fachada aparentemente templada, los jóvenes socialistas que renegaban del comunismo soviético llevaron a cabo en los países un gran proceso de ingeniería social.

El socialismo actual, en definitiva, plagado de ismos y furibundamente antioccidental no es hijo del marxismo de principios del siglo XX, sino de esta última mutación acaecida a partir de la década de los 70. Ese izquierdismo instalado y complaciente que en España encarna mejor que nadie el PSOE ha entrado en crisis terminal. Su Estado del Bienestar, generoso y universal, ha terminado ahogado en impagables deudas y el descrédito general de parte de unos que quieren más transferencias de riqueza, y otros que están hasta el gorro de pagar crecientes impuestos.

El fracaso del consenso socialdemócrata de los años 60, la depresión económica y la sensación de fin de régimen ha engendrado una nueva izquierda, que reniega de sus padres ideológicos y busca legitimidad en los abuelos. De ahí que esta izquierda sea más izquierda que nunca.

Una izquierda que clama de nuevo por la revolución, que busca el enfrentamiento con el adversario y que trata por todos los medios de, por utilizar sus propias palabras, “resetear el sistema”, cortando de cuajo con todo lo anterior.

En España esta ruptura se hizo visible hace ya dos años con motivo de las acampadas del 15-M. Nadie acertaba a entender qué era aquello. “Son jóvenes apolíticos”, decían muchos comentaristas, “quieren mejorar la democracia”, decían otros.

Lo que nadie o casi nadie quiso ver fue la naturaleza intrínseca de aquel movimiento a partir de la segunda semana, una vez hubo pasado el primer compás de aquel estallido de rabia e impotencia de la juventud española, condenada al paro y a un futuro incierto por culpa de un sistema que blinda el empleo de los más mayores mediante una legislación laboral plagada de rigideces.

Ese núcleo duro del 15-M era izquierda químicamente pura. Apelaban a la nacionalización de la Banca, a expropiaciones masivas y a programas de redistribución de riqueza que hubieran hecho palidecer al más bragado sesentayochista en sus años mozos.

Desde entonces, y estamos hablando del mes de junio de 2011, el movimiento 15-M no ha hecho más que aumentar de gradación política hacia la izquierda. Sus campañas se han radicalizado y las causas que promueven son indistinguibles ya de las de la extrema izquierda de toda la vida.

El PP es la víctima perfecta porque, mal que pese a sus dirigentes, enfangados en la corrupción y en un pésimo Gobierno que está defraudando a sus bases, es el partido que representa a la España conservadora y liberal que la izquierda quiere borrar del mapa.

El PSOE asiste complacido a la operación e, incluso, anima a los manifestantes a perseverar en el asedio. No hay nada de lo que sorprenderse. Una parte nada desdeñable de los votantes socialistas simpatiza con los postulados del 15-M, un electorado desencantado con Zapatero, a quien acusa de ser poco socialista y de haberse entregado con armas y bagajes a los odiados “mercados”.

Cuando el dueño de la comida es el Estado

Quien vivió antes de 1959 en Cuba tuvo la fortuna de encontrarse entre los pueblos mejor alimentados de América. Existía una industria alimenticia con un desarrollo tecnológico acorde a la época. Durante la revolución castrista todos los recursos productivos privados pasaron a ser públicos. El Estado se erigió en proveedor exclusivo y garante subsidiador de todos los servicios esenciales de la población, entre ellos, el abastecimiento alimentario. Echó a andar el laboratorio caribeño para deleite de muchos colectivistas dentro y fuera de la isla.

Se implantó un férreo sistema estatal de producción y distribución de alimentos. Se eliminaron de golpe los mecanismos del libre mercado que habían existido hasta entonces en Cuba. La asignación de los derechos de propiedad y las vitales señales de los precios se esfumaron. En marzo de 1962, en consecuencia, se estableció una libreta de abastecimiento alimentario para cada persona. Mediante las Oficinas municipales de Control y Distribución de Alimentos (OFICODA) se pretendió poner orden desde arriba al reparto igualitario de alimentos entre toda la población, evitando que nadie quedara sin su alimento básico. Intuitivamente y a primera vista, parecía impecable.

Se puso en práctica la añorada idea progresista de una renta básica (en este caso, en especie) a todo ciudadano por el mero hecho de serlo. Para un cubano, el estar inscrito en el Registro de Consumidores de su correspondiente OFICODA y contar con su libreta era y es más importante que cualquier otra cosa. Sin ella, uno no dispone de su canasta alimenticia, no puede trasladarse de localidad, no puede obtener su documento de identidad, no tiene acceso al suministro energético; en suma, no existe para la autoridad. Con la excusa de que el Estado te da de comer, te somete a su dictado. Así de sencillo.

Las ansias de justicia social desde el poder cubano eran infinitas. En ese contexto, se instauraron también los comedores públicos gratuitos en los centros de trabajo, en los colegios y en los hospitales, de tal forma que todos los trabajadores, obreros, estudiantes y enfermos tuvieran asegurada una comida diaria proporcionada por el papá Estado. Ese paternalismo primario y supuestamente benevolente ejercido por un gobierno centralizado tuvo secuelas muy graves.

Con el paso de los años la tozuda realidad demostró que tan eximios ideales se basaban en premisas insostenibles que condujeron, además, a resultados indeseados. Lo más destacable fue que en Cuba la productividad retrocedió en los sectores agrícola, pecuario y pesquero (en un país rodeado de mar) llevándole a una dependencia casi total de las importaciones de bienes de consumo. Asimismo dicho sistema de distribución colectivizada se fue degradando progresivamente al eliminar de la libreta cada vez más productos, así como al mermar su calidad. Dicho mecanismo de asignación centralizada fomentó también casi desde su inicio el desvío de alimentos para uso y beneficio propio de la clase dirigente donde la corrupción en todos sus niveles era (es) la norma. Pero la consecuencia más letal para la sociedad fue que condicionó las mentes y los esfuerzos de, al menos, tres generaciones de cubanos indefensos que han crecido dentro del régimen de distribución normada, creando sin pretenderlo un verdadero ejército de gente desmotivada y adicta al subsidio masivo de alimentos.

A inicios de los años 90 la URSS se desmoronó como un soufflé (papá Fidel dixit) y con ella también las ayudas que recibía Cuba de su socio privilegiado. Casi un 35% de su PIB se contrajo abruptamente. Las autoridades cubanas, presas del pánico, decretaron el llamado periodo especial en tiempos de paz. Su sola mención produce incluso hoy día gran angustia al cubano medio que lo padeció en carne propia, pues el grado de desabastecimiento de energía, suministros y víveres fue realmente atroz. Empezaron entonces las huidas desesperadas de los precarios balseros hacia costas extranjeras en busca de una mejor esperanza de vida. También se multiplicaron dentro del país las jineteras.

A partir de 1993 el poder central cubano, para evitar la explosión social, hubo de hacer varias concesiones a su sufrida sociedad civil: introdujo la despenalización de la tenencia de divisas (básicamente dólar americano), para después, en 1994, sustituirlo por su equivalente peso convertible (CUC), el llamado chavito, con el que poder adquirir apreciadísimos productos básicos importados en la red de tiendas dolarizadas. Con ello se instauró un sistema bimonetario pero con un férreo control cambiario oficial para seguir beneficiándose la élite política de la existencia de una doble economía. Por último, se autorizaron también a regañadientes modestos empleos por cuenta propia y la vuelta de los llamados agromercados campesinos -regidos por la oferta y demanda- con el reconocimiento incluido de la denostada figura del intermediario para aliviar la pésima calidad de vida y mejorar un poco las carencias nutricionales entre la población. Colaboración público/privada al estilo cubano.

Años más tarde, al convertirse Hugo Chávez en presidente de Venezuela, ideó su caro proyecto de Socialismo del siglo XXI y, con él, volvieron de nuevo las ayudas económicas a la isla y su insostenible tinglado de economía planificada. Fue el salvavidas de un sistema casi asfixiado por carecer de incentivos adecuados para la acción humana y, por tanto, ser incapaz de sustentarse por sí mismo.

Hace tiempo que la libreta de abastecimiento cubana se transformó en una especie de cartilla de racionamiento empleada por otros países en tiempos de guerra o de emergencias nacionales de manera provisional. Tal fue el caso de España tras la guerra civil o los países occidentales después de la 2ª Guerra Mundial. También Israel la padeció en sus duros comienzos como nación. Incluso los propios países socialistas de la Europa del Este la eliminaron a mitad de la década de los años 50. Vietnam la abandonó a finales de la década de los 80. China, con sus más de 1.340 millones de habitantes, no padece racionamiento alguno. Ninguna nación del mundo, salvo Cuba, ha mantenido algo semejante de forma tan prolongada: casi 51 años. Es como si la sociedad cubana hubiera vivido en situación de guerra más de medio siglo. El manido embargo de EEUU no es pretexto válido para mantener por tanto tiempo dicho sistema de privación porque siempre se pudo comerciar con el resto de países del planeta (a diferencia de lo que ocurre en auténticos escenarios bélicos o posbélicos).

Además, lo ofrecido mensualmente por la libreta sólo alcanza actualmente para alimentar a su portador unos doce días como mucho, teniendo que acudir a los llamados agromercados o bien a los arreglos voluntarios del mercado negro para complementar su necesaria dieta para sobrevivir.

Sólo la clase gobernante o aquellos que tienen la fortuna de recibir dólares de sus familiares en el exterior o tienen contacto con el turismo pueden sustraerse holgadamente a la escasez generalizada de allá de hace décadas. Las desigualdades entre el poder adquisitivo de los que tienen o no chavitos son muy significativas. Justamente por ese tipo de desigualdades hirientes se produjo la revolución…

Hoy la comida ofrecida en los comedores públicos, al tiempo que ha ido perdiendo calidad y variedad -siendo su ingesta un verdadero suplicio para el paladar- supone una pesada carga para las arcas públicas. En un intento por introducir cierta racionalidad económica y por reducir los montos de la comida robada en las empresas gestionadas por el Estado, Raúl Castro propuso a través del lema “Ahorro o muerte” su eliminación y reemplazo por dinero. Hasta la fecha, dicha medida sólo ha sido aplicada en unos pocos ministerios. También informó el hermanísimo que en un futuro otorgarían la libreta sólo a los más necesitados. Era tarde: la estructura productiva del país estaba ya gravemente descoordinada. A resultas de ello, la comida se ha convertido en una verdadera obsesión nacional.

El sistema estatista de producción y distribución alimentaria en Cuba es un gran fiasco. Los ideales han hecho mucho daño al socializarse. Ahora toca desmontarlos. Hablan de alcanzar el contradictorio “socialismo de mercado”. Un editorial del Granma aconsejó incluso acabar con el llamado síndrome del pichón, ya que muchos cubanos esperaban que el Estado les diera de comer en la boca. Lamentable.

El problema es que al pichón no se le ha dado durante muchos años ni libertad, ni oportunidades para procurarse alimento por sí mismo. Mientras la casta política de la isla siga acaparando las principales actividades económicas del país, no permita que se liberen las fuerzas productivas de la nación mediante el emprendimiento creativo y la competencia, no levante la prohibición de pescar a los particulares, tipifique como delito el sacrificar una res sin autorización del Estado; en definitiva, mientras cualquier actividad empresarial privada siga sojuzgada e intensamente mediatizada, las palabras de dicho periódico oficial son un insulto al pueblo cubano. Revelan a las claras que estamos ante una maquinaria represiva al servicio exclusivo del partido único que intenta parchear lo insalvable a costa de desparramar penuria y privaciones a todo aquello que somete.

Cuando el Estado se dedica a funciones empresariales que no le son propias, surgen siempre y en todo lugar problemas de eficiencia, de control de costes y de incentivos. Los dirigentes cubanos no asumen ni en sus sueños más audaces que el Estado está –en todo caso- para controlar los excesos, no para controlar en exceso a la sociedad civil, motor y sustento de cualquier nación próspera y civilizada.

Populismo hipotecario

La representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)Ada Colau, compareció ayer ante la comisión parlamentaria que está debatiendo la reforma de la Ley Hipotecaria, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas la semana pasada por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo más grave de su intervención no fue el hecho de que insultara y tachara de "criminal" al miembro de la Asociación Española de Banca (AEB) Javier Rodríguez Pellitero –que también participó en la comisión–, ni la ristra de falacias y engaños que empleó como argumentos, sino, sobre todo, el abyecto y peligroso populismo que aventó, así como los terribles efectos que se derivarían en caso de que el Gobierno aprobase alguna de las medidas que propone su plataforma.

Toda su argumentación parte de un error de base, ya que los afectados por las hipotecas denuncian que han sido víctimas de una "estafa generalizada". Según Colau, hipotecarse no era una opción para los españoles, sino una especie de obligación, debido a una serie de "políticas públicas" como las desgravaciones fiscales por compra de vivienda, la "desregulación" del mercado de alquiler o los reiterados mensajes de las autoridades públicas acerca de que España no estaba viviendo una burbuja inmobiliaria. "Se jugó con una necesidad básica de la población", dijo; la gente "hizo, exactamente, lo que el Estado le recomendaba".

Para Colau, los españoles fueron forzados a hipotecarse, en una maniobra perpetrada en comandita por el Gobierno y la banca. Como si carecieran de voluntad o, lo que es peor, padecieran una severa tara que les incapacitara para tomar decisiones racionales.

Simplemente, es mentira. No todos los españoles compraron una casa durante la burbuja, ni mucho menos; y los que lo hicieron se vieron animados, básicamente, por dos factores: unos tipos de interés muy bajos (intervencionismo monetario) y una creciente revalorización de la vivienda, fruto de la expansión crediticia previa. De hecho, muchos de los que se hipotecaron lograron unos pingües beneficios gracias a la especulación inmobiliaria. Los que, por desgracia, se han quedado atrapados piden ahora socializar sus pérdidas entre todos los contribuyentes.

El segundo gran culpable para la PAH es, por supuesto, la banca, ya que prestó dinero de forma irresponsable a gente que luego no podría devolverlo. Presuponen estos indignados que los banqueros sabían de antemano que el colapso se iba a producir. Colau arguye además que la hipoteca no era un "contrato libre entre las partes", ya que las entidades redactaban el texto e incluían todo tipo de "cláusulas abusivas". Así pues, "o lo tomabas o lo dejabas", pero como la gente necesitaba una vivienda, "no tenía esa libre opción", enfatiza. "Son los bancos los que nos han hundido en la miseria".

En resumen, el hipotecado carece de toda responsabilidad. Me temo que el término demagogia se queda corto para describir semejante manera de argumentar.

Si el individuo carece de responsabilidad y ha sido engañado, e incluso sido víctima de una "estafa", todo vale con tal de revertir esta clamorosa injusticia, ¿verdad? De ahí, precisamente, que desde la PAH se abogue por la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización total de todos los desahucios y la creación de un gran parque público de viviendas en alquiler.

No importa que la morosidad hipotecaria, de apenas el 3%, no sea, hoy por hoy, un problema grave gracias, precisamente, a la vigente normativa, en funcionamiento desde hace décadas; o que los desahucios de primera vivienda no lleguen a 15.000 desde 2008; o que la dación en pago sea una excepción, y no la norma, en la mayoría de los países europeos, incluso en EEUU… Aún menos importa que las medidas de la PAH atenten de forma flagrante contra la imprescindible seguridad jurídica y el cumplimiento de contratos legales y legítimos; o que perjudiquen a la mayoría de los españoles; o que amenacen con derrumbar el mercado de cédulas hipotecarias, de cuya liquidez depende directamente la viabilidad de todo el sistema financiero español; o que se acabe empleando más dinero público para socializar las pérdidas de algunos; o que, en última instancia, este tipo de soluciones acabe impidiendo el acceso a la vivienda a millones de españoles. No, nada importa a Colau y sus acólitos, salvo quitarse sus deudas de encima.

Por desgracia, este tipo de populismo va calando, poco a poco, en la sociedad y en la clase política españolas. No en vano ha sido el PP el que ha abierto este peligroso melón, al permitir la moratoria de desahucios y al impulsar una especie de dación en pago tácita, cuyos efectos se dejarán notar tarde o temprano.

Si el populismo y la demagogia vencen, finalmente, en la guerra de las hipotecas, España habrá dado un paso más, y no pequeño, hacia la mediocridad y la miseria propias de países más atrasados.

España, ¿país de sinvergüenzas?

El viernes pasado el gobierno, utilizando uno de sus amplios poderes, concedió el indulto a una señora que había usado de forma fraudulenta una tarjeta de crédito que se había encontrado en la calle. Lo hizo después de una campaña mediática en la que, como de costumbre, se decidió que la verdad debía ser sacrificada en nombre de la demagogia.

Se nos ha dicho que esta señora se encontró la tarjeta de crédito, junto con el DNI de su titular, en la calle. La verdad es que no se ha podido demostrar que esta señora robara la cartera donde se encontraban la tarjeta y el DNI, y por tanto solo se le acusa de lo que sí se ha podido demostrar; que usó la tarjeta de crédito en varios comercios. El resto de la historia es un cúmulo de demagogia y medias verdades con el propósito de que cierta parte de las población, aquella más propensa a perdonar los delitos contra la propiedad ajena, se apiade de una estafadora.

Se dice que la pobre mujer, en el momento de perpetrar los delitos, tenía 22 años, 2 hijos y ninguna ayuda de los padres de las criaturas. Se dice también que sólo usó la tarjeta para comprar pañales y comida para sus hijos. Y por último se dice que no ha vuelto a delinquir, y que actualmente tiene pareja y un nuevo hijo.

Es verdad que tenía 22 años y dos hijos, y parece que puede ser cierto (solo tenemos su palabra para atestiguarlo) que los padres no la daban ninguna ayuda. Lo que habría que preguntarse es qué tiene que ver todo esto en el asunto que nos ocupa. La señora escogió a sus parejas y decidió tener hijos con ellas. Es su cuerpo y ella decidió, como les gusta decir ahora a ciertas feministas. ¿Dónde está el problema? ¿Justifica eso estafar? ¿Al tener hijos joven te dan un carné con puntos para cometer delitos?

Que comprara pañales y comida para sus hijos no es verdad del todo. La señora, en el primer establecimiento al que acudió, compró productos por valor de 193 euros. Nadie ha mostrado la sentencia para que podamos ver qué productos se llevó. Lo que sí sabemos es que volvió a intentar más compras: una por 57 euros (tampoco sabemos qué se llevó) y otra de 50 euros, en la que, mira por dónde, no hay duda sobre qué adquirió: gasolina. Dato que casi ningún medio de comunicación ha sacado a la luz y que demuestra dos cosas: que no sólo usó la tarjeta para comprar comida a sus hijitos, y que al parecer la señora de 22 años, tan desvalida ella, debía de poseer algún tipo de vehículo a motor (por el importe, seguramente un coche). Como en siguientes intentos fue descubierta terminó por deshacerse de la tarjeta, por lo que queda claro que la única razón por la cual solo pudo sustraer 289 euros fue que las dependientas de las tiendas fueron lo suficientemente hábiles para impedirlo. Dependientas, por cierto, que también serían madres, pero que prefirieron alimentar sus hijos por medio de su trabajo, que por desgracia incluye no dejarse engañar por estafadoras.

Una vez cometido el delito, volvió a encontrar pareja y tuvo un nuevo hijo. Por supuesto vuelve a estar en su perfecto derecho, pero no concuerda que alguien que tiene que delinquir para mantener a sus actuales retoños decida traer al mundo otra boca a la que alimentar.

Aparte de todo esto, una de las razones más absurdas para justificar el indulto a esta señora, repetida por multitud de medios de comunicación y opinadores varios, es que un gobierno que concede indultos a banqueros y kamikazes debería concedérselo también a una pobre madre que sólo robó unos pocos euros (en realidad no robó nada, estafó e intentó estafar a varios comercios).

De esta forma nos encontramos con la justificación de delitos menores al estar amparados por los mayores. O lo que es lo mismo: con un país de sinvergüenzas.

Por supuesto a nadie se le ocurre pensar que dar poder para conceder indultos al gobierno proviene precisamente de la demagogia de casos aislados, y manipulados, como el de esta señora. Y que esa legitimación permite al gobierno usar ese poder a su conveniencia en la mayoría de otros casos, siempre que se acuerde, de vez en cuando, indultar a alguna "princesa del pueblo" para que la plebe esté contenta.

Pero que nadie piense que este es un caso aislado. Es simplemente una muestra más de que la sociedad actual solo tiene una escala de valores: lo que me beneficia es justo y lo que me perjudica, injusto.

Lo curioso es que nadie se da cuenta de que esa actitud les encadena de pies y manos ante el poder. Por ejemplo, hemos asistido al deplorable espectáculo de ver a una vicepresidenta del gobierno defender "el derecho a equivocarse". O lo que es lo mismo: el derecho a que unos (los de siempre) paguen por los errores de otros (los que el gobierno decida).

Los españolitos de a pie aplauden con las orejas; ya que los banqueros, dicen, son rescatados, qué menos que rescatar a los pobres curritos que van a perder su casa. Hasta hemos visto un par de anuncios de empresa privadas defendiendo, "como lo mejor de España", los intentos de impedir desahucios. Pues bien, ¿para qué cree cualquier persona con dos dedos de frente que va a usar el gobierno el poder de sustraer el dinero del bolsillo de unos para ponerlo en el de otros? Pues sí, lo han adivinado, para llenarse los suyos, y los de sus lobbies, y esquilmar a los de siempre.

Pero no nos quedemos aquí. También podemos ver en Twitter y otras redes sociales un movimiento con muchos seguidores que piden no pagar la deuda pública. Al parecer les parece lo más normal del mundo que el Estado tenga el poder de impagar algo que ha prometido pagar. Por desgracia sí tiene ese poder (gracias a la gente), lo que no piensan es que al Estado le resulta mucho más fácil "impagar" los servicios que tiene comprometidos con sus ciudadanos que no pagar a sus deudores extranjeros. Y solo impagará a estos cuando esté obligado a hacer las dos cosas, algo que gracias a estos lumbreras estará bien visto por mucha gente.

Una y otra vez el ciudadano piensa que conceder poder al Estado para que éste pueda beneficiarles es la solución a todos sus males, cuando es precisamente todo lo contrario. El Estado siempre usará el poder para beneficiarse a sí mismo, y todos los días tenemos ejemplos palpables de ello. Lo malo es que no vale de nada denunciar la sinvergüencería de un político si uno no es consciente de la propia. Y por desgracia en España no hay que subir a las altas esferas para detectar el olor a podrido; este emana de cada rincón de la sociedad.

Los ‘Barcepapers’ y la fiereza de un PP desatado

A mí ya me ha quedado perfectamente claro. Todo lo que aparece en los Barcepapers es falso salvo algunas cosas, el PP se va a querellar contra todo el mundo excepto algunos medios, María Dolores de Cospedal puso fin a algunas prácticas internas pero no a todas y El País asegura que en el PP se han cometido delitos pero en realidad no muchos. Más claro, agua.

La intervención anoche de María Dolores de Cospedal en una televisión privada contribuyó notablemente a despejar ciertas dudas sobre este ominoso asunto de los sobrepagos y recobros que tiene al PP últimamente tan acojonado. En sintonía con la línea de firmeza expresada por Rajoy esa misma mañana desde Berlín, De Cospedal aseguró que el Partido Popular se va a querellar contra… contra mucha gente, ya verán, ya. No sólo eso. Para que no quedara ninguna duda, a continuación afirmó con absoluta rotundidad que el partido actuará judicialmente contra Bárcenas… si es que los abogados estiman, en su caso, que puede haber materia de litigio, que no está eso todavía nada claro. Y por si fuera poco añadió que todas esas iniciativas judiciales van a ser puestas en marcha… en cuanto sea posible. Haciendo gala de esa contundencia, normal que apareciera a espaldas de los periodistas invitados al programa como una testigo protegida; protegida por Antonio Jiménez.

El PP de Rajoy, tan poco dado a los excesos, se ha visto obligado a actuar como una máquina de matar bien engrasada, con todas sus piezas perfectamente coordinadas para el ataque, a causa de la perseverancia diamantina mostrada por el diario El País en las acusaciones que viene vertiendo sobre la honorabilidad de los altos cargos del partido. El diario de referencia para los progres de EGB llevó en su portada del pasado 31 de enero la denuncia de que Rajoy había estado recibiendo 25.200 euros anuales en sobresueldos durante más de una década. Cinco días más tarde, sus acusaciones sobre la trama de corrupción en el seno del Partido Popular consisten en aclarar que los implicados, en realidad, no tienen nada que ocultar porque esas entregas de dinero fueron perfectamente legales.

A la espera de que se consume la batalla cuerpo a cuerpo en los tribunales, sólo cabe buscar un lugar discreto entre el público, adonde no lleguen las salpicaduras de sangre. Si el caso Bárcenas fuera el título de un videojuego, a estas alturas ya habría sido prohibido por el ministerio de Ana Mato. Y es que, con tanta violencia apenas contenida, no sería raro que acabáramos leyendo en El País hasta una leve crítica a Alberto Ruiz-Gallardón.

En defensa del derecho de secesión

Desde el punto de vista de la historia y la evolución, el estado es un invento relativamente nuevo. Los humanos hemos vivido la mayor parte de nuestra corta existencia en grupos pequeños, repartidos en territorios enormes, prácticamente incomunicados. Grandes poblaciones asentadas que exigiesen una mínima organización política aparecen hace muy poco tiempo con el desarrollo de tecnologías como la agricultura, la ganadería, los sistemas de riego, de transporte, de fabricación…

Antes, es decir, cuando el Homo sapiens convivía con el Homo neanderthalensis y el Homo floresiensis (entre los 100.000 años a.C y los 12.000 años a.C), incluso mucho antes, cuando los Homo erectus y los Homo habilis recorrían el planeta de cacería en cacería, nadie necesitaba de un estado. Todos vivíamos en grupitos pequeños, clanes familiares en su mayoría y sus líderes –"Consejo de ancianos", Jefe de Clan, Jefe de Tribu, Chamán o como se llamasen– ejercían un poder limitado por las circunstancias humanas y ambientales. Una sociedad anónima en cuyo nombre se estableciesen leyes o normas no existía, por supuesto. Nada era anónimo en aquellos tiempos.

Cuando el líder y sus más fieles seguidores no eran capaces de satisfacer las necesidades del "yo también quiero ser líder", o cuando el medio no proporcionaba los recursos suficientes para alimentar a todo el clan, lo normal era una separación en grupos más pequeños. Estos se lanzaban, o bien a la búsqueda de territorios nuevos, o a la destrucción o eliminación de los "otros". Este mecanismo no sólo era imprescindible para asegurar la alimentación de todos, sino que impedía al mismo tiempo la dominación y explotacion absoluta sobre los insatisfechos. El Jefe de Clan, consciente de que es mejor cazar un mamut con 20 guerreros que con 10 malheridos hambrientos, se cuidaba mucho de abusar de su poder arriesgando vidas o la reducción del grupo.

Si observamos los estados actuales, comprobamos cómo la segregación entre grupos de personas que ya no comparten los mismos intereses (o que incluso ven lesionados sus propios intereses) ya no es posible. Los dirigentes, los gobernantes (más tarde partidos políticos en el poder, funcionarios, burócratas) son los que definen las reglas en un determinado territorio estatal. La segregación, si es individual, es sólo posible "huyendo" a otro territorio estatal. Si es colectiva, es decir, un grupo de personas decide discutir las reglas impuestas y dotarse de otras diferentes, es imposible.

¿Y qué significa esto que les cuento?

El mecanismo natural por el que grupos pequeños podrían defenderse sin violencia de los efectos de una jerarquía incapaz de satisfacer sus necesidades, la secesión, queda anulado, facilitando –y para facilitar– la concentración de poder en manos de dirigentes, gobernantes, partidos políticos en el poder, burócratas… Aparecen las sociedades esclavistas, los estados nacionales imperialistas y cuando pensábamos que íbamos a superar el feudalismo absolutista aparecen en el siglo XIX los "estados sociales" perfectamente engarzados en sistemas de financiación coercitivos que hoy asumimos como "naturales" y cuyo único objetivo es, mediante la máxima carga fiscal soportable, mantener la estructura estatal sobre la que se alimenta la clase dominante y sus incondicionales.

La supresión del mecanismo de secesión permite la concentración de poder sobre grandes masas de personas justo hasta que la insatisfacción se convierte generalizada: la consecuencia no es una separación pacífica en busca de nuevas normas (ya no salimos a cazar para comer), es una revolución.

Llegados a este punto, el avezado crítico de los –como yo– llamados "liberales alegres", nos preguntará por qué el ser humano ha permitido que desparezca la posibilidad de secesión si esta es propia de la condición humana. ¿Acaso no es necesaria? ¿Somos los humanos estúpidos? ¿Acaso todo lo afirmado hasta ahora es un cuento libertario? La respuesta es sencilla:

a) Las estructuras políticas gobernantes jamás renunciarán voluntariamente a los ingresos vitalicios conseguidos por medio de la coacción impositiva concediendo generosamente a uno o varios grupos de gobernados el derecho de secesión, y renunciando con ello a buena parte de su botín.

b) Los gobernados no son conscientes de ser explotados. Los procesos políticos no obedecen a las reglas científicas del conocimiento, más bien se basan en el convencimiento de que la estructura sociopolítica en la que se vive es justa y legítima (o injusta e ilegítima). El condicionamiento en la legitimidad de una estructura política comienza en la más tierna infancia, motivo por el cual el estado se autoproclama único proveedor de educación. Y convierte su servicio en obligatorio.

c) Dado que los cambios políticos "legítimos" sólo son posibles desde las estructuras dadas por el estado, las posibilidades alternativas son muy limitadas. El derecho a la secesión, a la segregación, no está contemplado por la regulación de un estado que se autoproclama administrador de la unidad (y/o soberanía) de todos y para el que cualquier fragmentación supondría no sólo una pérdida de poder, sino también un desastre financiero.

Creo que es absolutamente imprescindible debatir estas cuestiones, incidir en la importancia de la segregación como vehículo pluralizador, generador de riqueza (no sólo material) y como herramienta para garantizar una mínima defensa frente a la natural tendencia homogeneizante y absolutista de cualquier estructura de poder. No olvido que muchos de nosotros abominamos de conceptos como segregación, separación, individualismo…, sin duda acostumbrados como estamos a defender Nación, Derecho, Orden Legítimo… y temerosos de que en nuestra "alegría teorizante" pongamos en peligro las bases mismas de la civilización, el estado de derecho, la paz social o el bienestar de todos. Sin embargo debemos reconocer que la de "bajarse del tren" es una opción absolutamente natural, profundamente humana y que su negación es precisamente negar algo que nos es profundamente íntimo y propio.

Efectivamente, hablar de separación o secesión es políticamente incorrecto. ¿Es también pura especulación? ¿Acaso no les estoy invitando al caos? ¿No estaremos cayendo de nuevo en la utopía alegre? Si nos detenemos unos segundos y sobrepasamos nuestra primera reacción condicionada, vemos que nuestro miedo inicial puede ser infundado. Cualquier medida política, cualquier reforma sociopolítica es casi imposible en las condiciones actuales, en el marco legal actual. Sin embargo, llevar adelante una Ley de Secesión es no sólo posible, es fácil. Basta con querer que los demás puedan elegir (sí, lo sé, nadie lo quiere, lea más arriba). Tampoco lleva al caos, puesto que las leyes en el estado del que se segrega uno o varios grupos no tienen que ser alteradas. Se disminuye el potencial de conflicto y enfrentamiento y se elimina toda posibilidad de chantaje político en cualquier dirección. Que los segregados deben hacer uso responsable de su libertad es cierto, pero eso ya no es asunto del estado, sólo de quienes han optado por el camino de la secesión y perciben su decisión como una oportunidad y no como un problema. Además, existe un efecto extra sobre el estado que queda: aparece una (o varias) estructura nueva en competencia con la que había, obligándole a proporcionar a sus ciudadanos un entorno al menos tan favorable como el mejor de los entornos segregados si no quiere que sus contribuyentes abandonen su protección o decidan segregarse ellos también.

Bajo esta premisa la voluntad del estado para llevar a cabo las reformas necesarias crecería de manera significativa, aparecerían uno o varios grupos secesionados que no sólo podrían ser mejores al estado primigenio, sino que también se encontrarían en competencia unos con otros para tratar de encontrar mejores y más efectivas formas de convivencia. La secesión o la separación no son, pues, conceptos a los que temer o ante los que permanecer escéptico. Al contrario, son el mecanismo más sencillo (el más natural, el más humano) de que disponemos para enfrentarnos a un estado superdimensionado, incontrolable, corrupto, irreformable, manirroto e ineficiente. La secesión es la vía por la que se puede conseguir la paz social duradera mediante la actividad socioeconómica voluntaria.

Lo sé, los escépticos argumentarán que los millones de políticos, historiadores, filósofos, sociólogos, neurobiólogos dedicados en cuerpo y alma a trabajar por el "bien de la sociedad" no pueden estar equivocados. Pero eso es también parte de una creencia basada en la idea de que el progreso del colectivo humano se rige por los principios de la racionalidad. Creencia falsa, mil veces refutada por nuestra propia historia: la Historia de la Humanidad es una historia de fracasos y apredizaje, de fracasos y adaptación. En realidad nuestra historia, como la propia evolución, se fundamenta en la superación de todos nuestros fracasos, de todos nuestros planes frustrados, de las consecuencias de pasiones desatadas. No hay nadie que tenga un plan evolutivo. No hay un Dios que nos proteja de nosotros mismos. La evolución es ensayo y error. Podemos temer el futuro pero nadie puede preverlo ni planificarlo. Tampoco en el contexto puro de las consecuencias de los propios actos: estos provocan actos de terceros, cuyos efectos nos son desconocidos…, no planificables.

La socialización planificada de hoy en día viene marcada por la acción política cortoplacista, financiada con el fruto del trabajo futuro de otros (las famosas generaciones venideras pagarán las deudas), fundamentada en estructuras políticas que permiten que el verdadero coste social sea soportado por quienes no se pueden defender: justamente aquellos a los que se nos niega el derecho justo a la secesión.

De “Messi o Cristiano” y otros debates

Es uno de los grandes debates presentes en la sociedad española. Se habla de ello en los cafés, en las tertulias televisivas, en el lugar de trabajo… ¿Quién es el auténtico "Número Uno"? ¿Quién es el mejor futbolista del momento? Sin duda, estamos hablando de dos auténticas superestrellas, dos superdotados para el deporte rey, dos jugadores que están haciendo historia. 

Tanto los récords de Leo Messi como los de Cristiano Ronaldo marean. 300 goles uno, tres balones de oro otro, ligas, copas. Dos estilos diferentes pero imparables y superefectivos.

Y el debate está totalmente abierto. Unos dicen que, sin Iniesta y Xavi, la Pulga no sería lo mismo, otros dicen que sin el modelo "Mou" basado en CR7, el portugués tampoco sería lo que es…

Pero lo que es indudable es que es muy difícil ser imparcial en este debate. Los culés siempre valorarán más al genio argentino, los merengues al "crack" de las Azores. Y viendo las portadas del Marca y de El Sport veremos que la prensa deportiva, dependiendo de su mercado mayoritario, tiene clara la postura editorial…

Los colores tiran, y mucho. El alma forofa, tribal que todo español lleva dentro hace que tanto en Barcelona como en Madrid, así como en el resto de España, dividida en "antimadridistas" y "antibarcelonistas", el debate razonado, fundamentado y con un mínimo de objetividad se hace imposible. Pero en fin, "fúrbol es fúrbol", como lo definió perfectamente Vujadin Voskov.

Pero, curiosamente, hay otra gran cuestión en la sociedad española que es abordada desde esa misma mentalidad futbolera, tribal, en plan "los nuestros contra los otros", otra pregunta que se plantea en bares, en reuniones familiares, en cenas de amigos…

Me refiero al gran debate sobre de la corrupción política: el ¿quién "trinca" más? ¿El PP o el PSOE? Sin duda, y al igual que en el caso de lo que las superestrellas antes mencionadas hacen sobre el terreno de juego, estamos hablando de dos organizaciones que, cada una con su estilo, han llevado el arte del mangoneo de lo público a elevadísimas cotas, a niveles de auténticos "megacracks" del asalto al bolsillo del contribuyente, que hasta hace unos años considerábamos exclusivos de repúblicas bananeras, o centroasiáticas.

(Y permita el lector que en este debate de aquí no incluya a grandísimos jugadores como Falcao o el Kun, pero, al igual que CIU y sus cuentas suizas o lU y sus mariscadas, palidecen ante los dos grandes de sus campos respectivos…).

Así, el PP tiene a su Bárcenas repartiendo sobres, el PSOE a Pepiño pululando por las "gasolineiras", el PP "la Trama Gurtel", el PSOE a Amy Martín…

Está el amigo Camps en Valencia, el "clan" Chávez en Andalucía, el aeropuerto de Castellón (PP), el de Ciudad Real (PSOE), ERES fraudulentos, alcaldes imputados, velódromos en Palma de Mallorca… Las cifras también son mareantes y, debido a que prefiero evitarle arcadas al lector incluyendo una lista exhaustiva, recomiendo a aquellos con estómago que consulten, por ejemplo, WIKIPEDIA, Corrupción en España.

Sin duda, un observador imparcial podría hablar de un empate técnico, de un número 1 ex aequo. Pero, ¡ay, amigo!, estamos en España… y aquí, repito, los "colores" tiran.

Nota del Autor: Hablando de fútbol, soy de los San Francisco 49ers y si hablamos de política y democracia, también mi modelo está al otro lado del charco…

La corrupción se viste de gasa

 Los españoles asistimos atónitos al espectáculo que nuestros políticos están dando, también ya en el ámbito internacional. Esta vez, en la pista central está el Partido Popular.

Transparencia y credibilidad

Y es en estos momentos en los que los políticos que no están bajo el foco piden transparencia. En realidad, los que protagonizan la noticia también la nombran, la reclaman, la ofrecen, la utilizan para guarecerse del inesperado chaparrón.

Pero la transparencia en política es como la gasa en el vestir: deja ver pero oculta lo que no se quiere mostrar. Si usted tiene ya una edad y quiere seguir luciendo palmito, la gasa es su aliada, los lunares, las arrugas, la flacidez, todo, queda tamizado por la ilusión transparente de la gasa.

Pero así es como nos han educado nuestros políticos. Desde los orígenes de la democracia. O antes. Probablemente las arbitrariedades y cacicadas propias de toda dictadura calaron en la sociedad más de lo que imaginamos. El uso privado de coches oficiales, las gestiones políticas desde el teléfono de la universidad, o la compra de ropa interior con dinero público por la entonces directora de Radio Televisión Española forman parte del anecdotario político español y, en muchos casos, de la vida cotidiana de un puñado de personas, oculta al común de los mortales.

Lo sorprendente es que los mismos cuyo dinero está siendo mal utilizado son los primeros en excusar ese comportamiento. No fue tanto dinero, en realidad. Comparado con lo que hizo Fulanito lo de esta chica se queda en nada. Son las pequeñas prebendas que tiene el poder. Su labor al frente de la institución fue muy buena, al fin y al cabo. Ese tipo de argumentos que están en los bares, en las tertulias, en la mentalidad española, son la gasa de nuestro traje político.

Y ahora, cuando nuestros bolsillos están maltrechos, cuando la cosa está fea de verdad, cuando la estructura de partidos está cuestionada, pedimos transparencia, exigimos que los políticos recuperen la credibilidad perdida, la que nunca nos hemos preocupado de reclamar seriamente como votantes.

La responsabilidad política del votante

No puedo evitar sonreír. Con tristeza, eso sí. Cuando hace nada los que decidimos abstenernos de ejercer nuestro derecho a voto y tanta gente bienintencionada nos acusaban de incumplir nuestro sagrado deber ciudadano, uno de los argumentos, aunque no el único, era éste. Yo no puedo votar a alguien cuya honestidad está cuestionada. Y está cuestionada la honradez de diferentes políticos de muchos partidos. En cada lista cerrada hay, indefectiblemente, un par de manzanas podridas. Como poco. Pues bien, entonces nada importaba, había que tener una visión amplia de la política, mirar la labor conjunta, el modelo que defendían, los avances, los cambios propuestos, el mal menor. El famoso mal menor que nos gobierna desde el principio.

Esta falta de exigencia para con nuestros políticos nos está pasando factura ahora y nos llevamos las manos a la cabeza. En mi opinión, es lo mínimo que nos merecemos. No hay más que preguntarse en qué quedaron los casos de corrupción de la historia de nuestra democracia. Cuántos políticos o cargos públicos devolvieron el dinero y, además, asumieron responsabilidades penales. Cuántos de ellos fueron castigados en sus propios partidos. Y no hablo de ser retirados de la primera línea pero ser compensados con un carguito aquí o allá. Hablo de repudio de verdad. Y, sin embargo, los españoles siguieron votando a esos mismos partidos sin exigir, como punto de partida, que todo estuviera verdaderamente claro. Los cargos públicos honestos, que los hay, se limitaron a dimitir por coherencia personal, probablemente frustrados y desilusionados. Nadie montó una campaña dentro de cada partido para deshacerse del fardo de abusones.

Cuando, con cierta ingenuidad, he preguntado a quienes han estado en contacto con la política y saben de lo que hablan, respecto a los sobres destinados a un periódico o a otro, la respuesta ha sido: “La prensa cobra desde siempre”. Es lo que me faltaba para terminar de avergonzarme del sistema político y de los medios españoles. No tengo la esperanza de que nadie del gremio dé un paso al frente. Pero ahí queda.

¿Por qué los políticos son corruptos?

Esta es la pregunta que respondía Jorge Valín en un artículo del 2011 publicado en la página del Instituto Juan de Mariana. La respuesta era inmediata. Porque pueden. Y así es. Comparando la tarea del empresario con la del político, Jorge Valín explica que el político no tiene que gustar a un mercado, basta con que tenga el favor corporativista de sus pares y de los lobbies. A eso hay que añadir la delgada línea que supone para un político la legalidad y la inexistente rendición de cuentas, más allá de la parodia pública interpretada por todos los actores para calmar los ánimos del pueblo.

Si a eso le añadimos la complicidad de las empresas (bancos incluidos) favorecidas por concesiones, subvenciones y beneficios que no vemos, llegamos a la definición del sistema en el que vivimos: el llamado crony capitalism. Es un término curiosamente ignorado en España, donde precisamente más campa por sus respetos esta perversión política de nuestros días.

En el caso de la feria de los sobres y las cuentas B del Partido Popular, aún hay personas inteligentes como Benito Arruñada que se preguntan, por ejemplo, si, ya que se puede determinar científicamente la fecha de las facturas de Bárcenas, no se debería haber determinado antes de ser publicadas. Esas cosas huelen fatal. Falta higiene en los partidos y en la prensa. Y ya se sabe que cuando falta la higiene aparece la podredumbre. Como dice Benito: “los países que logran un alto nivel de confianza no la basan en la bondad del individuo sino en que el incumplimiento se castiga”. Y así nos va.