Entrevista a Manuel Llamas – El Pacto Fiscal de Cataluña y la financiación autonómica
Entrevista con Manuel Llamas grabada en la sede del IJM el 02/02/2013.
Manuel Llamas – El Pacto Fiscal de Cataluña y la financiación autonómica
Conferencia de Manuel Llamas grabada en la sede del IJM el 02/02/2013.
La corrupción
Toda organización, a partir de cierto tamaño y complejidad administrativa, tiende a generar casos de corrupción interna. El Hombre siente la misma tentación a actuar de forma deshonesta, desarrolle su actividad en el sector público o en el privado. Lo que es relevante son los incentivos que, en cada uno de estos ámbitos, le incitan, animan o facilitan la comisión de tales ilícitos.
Cuanto más amplia y compleja sea una organización, mayor será el grado de integración y sistematización funcional. Los agentes actúan de acuerdo a reglamentos, mandatos e instrucciones, siempre dentro de su potestad o competencia. En el interior del Estado existen diferentes entidades. Se integran de forma horizontal, vertical y trasversal. El Estado de Derecho y la división de poderes, pretende separar facultades, establecer instrumentos de control independientes, y crear un procedimiento estricto y restringido para el cambio en las normas, o la sucesión en las personas que desempeñan los cargos de dirección y administración. Sin embargo, la extensión del modelo estructural del partido único a las formaciones que compiten por el poder político en nuestros sistemas democráticos, ha quebrado por completo este intento "liberal" por eliminar resquicios e incentivos que hicieran posible el desgobierno, el abuso de poder o la corrupción.
¿Por qué todos los casos de corrupción que salen a la luz en los medios de comunicación suceden en lo público y tienen como actores principales a quienes manejan el poder a través de los partidos políticos?
La empresa privada, incluso en sistemas tan intervenidos con el nuestro, únicamente participa de los casos de corrupción, como colaborador necesario, cuando éstos suceden en lo público. No sería posible que dichos empresarios u hombres de negocios se enriqueciesen a costa del erario público sin que, previamente, alguno de los servidores del Estado formase parte de la trama. Llegados a este punto se plantea una duda más que razonable. ¿Es el interés de la empresa privada el que corrompe al político y funcionario, o es quien llega a desempeñar tales funciones el que se infiltra dentro del entramado de la administración para lograr su objetivo?
Muchas veces se busca exonerar a quien se estima realiza una labor altruista, localizando el origen de su corrupción en otro actor que, por su parte, persigue un fin particular. En otro lugar intentamos resolver esta cuestión, así que no vamos a repetir argumentos que ya fueron explicados con anterioridad.
Los casos de corrupción sucedidos en el seno de la empresa privada tienden a resolverse más temprano que tarde, exigiéndose responsabilidades tanto a los autores, como a todo aquel que pudiera haber tenido alguna participación culposa. Cuanto mayor sea una organización empresarial, mayores podrían ser los estragos cometidos, pero también serán más intensos los controles naturales que evitarán el desarrollo de las tramas corruptas. En cualquier caso, si una empresa quedase totalmente invadida por la corrupción, su destino último sería la quiebra y disolución. Primero, porque las empresas privadas producen bienes y servicios que compiten en el mercado, y los consumidores varían sus elecciones de un día para otro. Segundo, porque cuanto más grande sea una empresa, existirán menos vínculos personales entre la propiedad del capital, y su gestión. Los administradores quedan expuestos por sus actos y pueden incluso, sin ser ellos mismos agentes corruptos, responder por las pérdidas generadas.
Si comparamos al Estado, en un sentido amplio del término, con cualquier empresa privada, sin importar su tamaño o implantación internacional, la principal diferencia es que el primero carece del control de la cuenta de pérdidas y ganancias. Así mismo, existe una gran diferencia entre aquellos que hacen posible la supervivencia de cada tipo de organización: la obligatoriedad en la pertenencia o fidelidad con la misma. Los ciudadanos son fiscalizados y administrados. Para evitar un sistema, tienen dos opciones: rebelarse en masa o huir del país. En el caso de la empresa privada, tenemos a los consumidores, que son seducidos y satisfechos en sus necesidades, pero nunca se casan con un productor y mucho menos acaban secuestrados por él. La competencia permite abandonar lo que no nos gusta y buscar otro proveedor distinto en el mercado.
Los aspectos que hacen corrupto al Estado y crean incentivos para que dicha corrupción sea importante y generalizada, son los siguientes:
- El Estado es un monopolio, frente a la competencia que forma parte de la naturaleza del mercado, donde todo el que quiera puede tratar de arrebatar consumidores a quien ya opera, incluso con gran éxito.
- El Estado es una organización integrada, que pese a la división de poderes, los controles internos, o la independencia funcional de quienes ejercen tales funciones, acaba siendo regida por suborganizaciones de tipo trasversal conocidas como partidos políticos, que destilan intereses corporativos, y reproducen la estructura misma del Estado en pos de gobernarlo por completo.
- El Estado no somete sus resultados a quienes lo hacen posible, como sí sucede en la empresa privada respecto de los capitalistas, que son propietarios y controlan a los gestores gracias, en otros medios, a la cuenta de pérdidas y ganancias.
- El Estado se rige por un criterio político, lo que sublima el gasto descomedido y no sometido a un criterio de rentabilidad, lo que proporciona fuentes de financiación ilegales, comisiones, etc.
- Quienes gobiernan el Estado responden ante sus ciudadanos por sus errores, en términos estrictamente políticos, nunca asumiendo ninguna clase de responsabilidad patrimonial personal. Los consejos de administración privados sí pueden acabar siendo objeto de reclamaciones personales por parte de acreedores y accionistas.
- El Estado no puede disolverse, y aún en el caso de que cambie el régimen, los puestos de poder se mantendrán intactos, como también lo harán la mayoría de los miembros de la casta que los controla; el Estado es un ente desideologizado, y a la sazón, sirve a todo régimen con idéntica lealtad formal.
- El Estado, cuanto más intervencionista, más ámbitos de corrupción genera, lo que unido al resto de condicionantes, multiplica tanto la recurrencia, como la impunidad de los corruptos; lo cierto es que la mayoría de los casos de corrupción y corruptelas nunca son desvelados, o su investigación no avanza.
Aceptando la existencia de fuertes incentivos para que el Estado se convierta en el destino de la deshonestidad, y al mismo tiempo corrompa tanto a quienes le sirven directamente como a aquellos que le proporcionan bienes y servicios, y más aún, a quienes tienen al Estado como su principal cliente, existe un factor adicional que eleva el índice de corrupción de un país. Hay rasgos de tipo cultural, vicios institucionales, formas de ser o usos sociales que acentúan el ánimo corrupto de los individuos que forman parte de una comunidad. En estos pueblos, con más razón si cabe, habría que reducir el Estado y alejar así el pan del glotón.
@JCHerran
La monarquía que no tenemos
El último día de 2012, la reina Isabel II del Reino Unido otorgó el título de princesa a la posible hija de su nieto Guillermo a través de una Patente Real. Esta carta remitida al Parlamento británico invalida un decreto del rey Jorge V y se adelanta a los legisladores que plantearon eliminar la preferencia de los varones en la sucesión. Con esta medida extraparlamentaria, su Graciosa Majestad hace valer una de sus prerrogativas dentro del entramado constitucional que la costumbre y la historia han ido modelando en contraposición al modelo positivista continental.
La Constitución española no deja un margen de maniobra similar al Rey de España, ya que define hasta quién y cuándo recibe la dignidad de Príncipe de Asturias como heredero. Los graciosos padres constitucionales desconfiaban de los legisladores ordinarios que les seguirían, por lo que redactaron la Carta Magna más extensa que hemos tenido en nuestra historia dotándola de la suficiente ambigüedad para admitir varias interpretaciones en algunos puntos, como en el caso de la función moderadora y de arbitraje que le atribuye al Rey.
La autoridad del monarca se hizo notar de forma práctica tras la intentona golpista del 23-F, aunque parece que desde entonces sus funciones se han limitado a representar y personificar al Estado sin entrar en otros asuntos que tal vez habrían requerido el ejercicio de su auctoritas.
Incuestionada durante años, la autoridad de la Corona se tambalea, cercada por escándalos familiares y se cuestiona como parte de un régimen corrupto que saquea al contribuyente para mantener los privilegios de una casta de políticos y burócratas.
Frente a la monarquía hay quien propone la república como alternativa sin entrar en ninguna otra consideración. La legitimidad histórica de la Corona puede entrar en conflicto con la legitimidad democrática, pero también puede erigirse como una garantía constitucional adicional a los desmanes de los políticos iluminados de turno. Nunca a través de una potestas o injerencias en el gobierno, sino a través de una auctoritas ganada con el tiempo; y que se supone de aquellos que no se someten a los vaivenes de las opiniones del momento sino que guardan cierto sentido histórico que legar a sus herederos en la forma de una dinastía de la que ellos solo son el nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro.
Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, nuestra norma fundamental no es una carta otorgada sino que es el resultado de la soberanía nacional; el pueblo como sujeto previo se dio una Constitución para, en teoría, protegerse del poder del Estado. Ya Aristóteles advirtió del peligro de que la democracia degenerase en demagogia y la monarquía en tiranía; el gobierno de muchos se impone como una tiranía sobre las minorías y el gobierno de uno solo sobre todos los demás. De ahí la necesidad de un sistema constitucional con garantías para controlar a los poderosos, ya sea uno solo, unos pocos o una mayoría. Desde la antigua Grecia hasta hoy, para llegar a un sistema que en palabras de Winston Churchill es "es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás" y que no es posible sin el equilibro de poderes de Montesquieu. La ficción de la distribución de poderes de la Constitución española que nos debe proteger a modo de pesos y contrapesos falla en el continuo partidos políticos-parlamento-gobierno-justicia. La monarquía puede funcionar como un contrapeso siempre y cuando no haya una conjunción de intereses con ese poder temporal que haga de la Corona un peso adicional con el que también tengamos que cargar.
Friedman
He preparado estas líneas unos días antes de la presencia de David Friedman en nuestro Instituto; que habrá tenido una convocatoria más general el viernes 25 en el Centro Riojano (sobre "Tecnología y libertad en un mundo imperfecto"). Previamente, el jueves 24 también hay organizado un acto en la Fundación Rafael del Pino: "La maquinaria de la libertad: guía para un capitalismo radical" (en esta ocasión, presentando la traducción al español de su libro de 1973 con ese mismo título). Seguro que habrán resultado de gran interés.
Pero me he arriesgado a dejar escritas estas líneas, aunque les repita ideas que ya habrán oído, después de haberme entretenido buscando información sobre el conferenciante y su obra. Ya saben que David es hijo de Milton y Rose Friedman, autores de Libertad de elegir (1980), un libro tardío de ese gran premio Nobel de 1976, que fallecería con 94 años en 2006; un año más que su colega James Buchanan, que nos dejaba este mes de enero y sobre el que pueden encontrar un excelente artículo de Juan R. Rallo. Apellidos importantes para la historia del pensamiento económico, que en el caso de los Friedman se mantiene en una segunda, y hasta tercera generación.
La wikipedia nos ofrece (en español) una semblanza de David Friedman, breve pero ilustrativa. Nació en 1945, estudió en Harvard y se doctoró en Física por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Santa Clara, California. De la wiki les copio este párrafo: "La versión de Friedman del anarquismo individualista no está basada en la asunción de derechos naturales inviolables, sino en el análisis costo-beneficio de Estado versus No-Estado. Esto contrasta con la aproximación iusnaturalista como es propuesta por los economistas de la Escuela Austríaca y el teórico libertario Murray Rothbard".
Podrán intuir que nos encontramos ante una de las diversas posturas dentro del (minoritario) pensamiento liberal; que me resultan difíciles de catalogar, la verdad. Personalmente no me gusta contraponer demasiado esos términos de austríacos, libertarios, anarcocapitalistas, etc. Entiendo que, sobre todo en el panorama anglosajón, es conveniente delimitar los perfiles… Pero prefiero la simplicidad de considerarlos a todos liberales, frente a esa multitud de "socialistas de todos los partidos" que nos rodea, y de la que se lamentaba Hayek.
Dicho lo cual, es cierto que Friedman presenta algunas (muy notables) particularidades en su defensa de una sociedad libre, criticando cualquier intervención del Estado: por supuesto que considera necesaria una gradual privatización de los servicios públicos; pero aquí llega incluso a incluir la Justicia (sustituyéndola por empresas de arbitraje) y la Seguridad Nacional. Es un anarquismo matizado (no comparte, obviamente, los procesos revolucionarios violentos), que se conoce como anarcocapitalismo.
Desde el punto de vista de la fundamentación, suele definirse con el término "consecuencialista", para distinguirse de ese "iusnaturalismo" rothbariano que acabamos de señalar. Las razones que mueven a las organizaciones humanas no descansan en un código legal, previamente pactado (con algunos derechos naturales inviolables); sino en un análisis utilitarista de costes y beneficios. Claro que esta postura debe ser matizada, ya que no estamos ante una simple filosofía moral de cálculo de resultados ("el fin justifica los medios"): supongo que si Uds. han tenido la oportunidad de escucharle estos días, habrán podido sacar sus propias consecuencias al respecto…
El libro que Friedman presenta en español, La maquinaria de la libertad, puede servirles también para conocer mejor su pensamiento. Ya hemos visto que se publicó hace cuarenta años (aunque hay una edición revisada de 1989). Volviendo a la Wikipedia, nos dice sobre esta obra que "Friedman rechaza el utilitarismo como patrón último para determinar lo que debe hacerse y lo que no, pero considera que los argumentos de esta clase son en general los más eficaces para defender la doctrina libertaria. La gente tiene ideas muy diversas acerca de lo que es justo, sin embargo la mayoría coincide en que la felicidad y la prosperidad son propósitos deseables". Me recuerda en cierta medida esa máxima de la Ilustración Escocesa: "la mayor felicidad para el mayor número".
La maquinaria de la libertad arranca con un prólogo de Albert Esplugas, quien ha escrito varios artículos interesantes sobre nuestro ilustre visitante, que también recomiendo su lectura. Como éste sobre un Seminario de la Libertarian Alliance de 2008 .
Quería terminar con unas palabras sobre los editores del libro: Innisfree (los cinéfilos ya habrán pensado en el pueblito irlandés donde se desarrolla The quiet man de John Ford). Curioseando en su página web, se presentan como "tres lectores del Manifiesto Neolibertario, de Samuel Edward Konkin III, que nos conocimos por facebook y a los que se nos ocurrió fundar una Editorial con un solo objetivo: publicar lo que ninguna otra editorial en español ha publicado jamás ni se atrevería a publicar". Yo diría que, desde luego, están consiguiendo su objetivo… Para mayor información les indico que el libro de Konkin lo editan Óliver Serrano Gil, Jesús Huerta de Soto e Ignacio P. Rico Guastavino: saquen de nuevo sus propias consecuencias.
El No-Do que desangra a los canarios
El pasado domingo le preguntaban en un diario local al consejero de Economía y Hacienda, Javier González, si en algún momento el gobierno regional había puesto sobre la mesa suprimir Radiotelevisión Canaria. La respuesta fue “No. Lo que hemos hecho es recortar”. Además, justificó dicha decisión en que “es el medio que tienen los canarios para estar informados”.
El señor González, como todos aquellos que ostentan el poder, no ha dudado en usar el argumento por el cual se nos asusta y nos dice que sin televisión pública no estaríamos informados. Curiosa afirmación, como poco, dado que Radiotelevisión Canaria sólo cuenta con un 9,1% de la audiencia.
Pero vamos a suponer que la audiencia fuera mayor ¿esto justificaría que fuera un ente público? Sabemos que si a la sociedad le interesa algo siempre hay un empresario dispuesto a jugarse su capital para proporcionárselo a través del mercado.
Es decir, si los canarios estuvieran interesados en los contenidos de RTVC, ésta existiría sin necesidad de que fuera pública y que todos los canarios, la vieran o no, tuvieran que pagar por ella.
Entonces se preguntarán ustedes, por qué no la privatizan. Desgraciadamente, las privatizaciones en nuestro país, al igual que las escasas bajadas de impuestos, no se han hecho para reducir el gasto o por creer en la libertad de los distintos individuos que conforman nuestra sociedad, sino para aumentar los ingresos.
En los años 80 se privatizaron empresas públicas de telefonía, electricidad o aeronavegación entre otras, pero no se hizo ni por amor a la libertad ni por reducir el gasto, sino para todo lo contrario.
Se hizo para aumentar el bienestar del Estado y lograr mayores ingresos vía tributaria para así poder incrementar el gasto público. Ése, y no otro, fue el principal incentivo de los gobiernos para privatizar empresas.
Sin embargo, nuestros gobernantes no tienen ningún incentivo con las televisiones públicas, pues saben que su privatización no va a producir más ingresos y que perderían el principal órgano de propaganda que tienen y que les pagamos todos los canarios de nuestros bolsillos.
Esa y no otra es la razón por la que no oímos a nuestros políticos decir que quieren cerrar Radiotelevisión Canaria. Por ello, estimo que a la pregunta del periodista don Javier González tenía que haber respondido: “No, vamos a seguir gastando en 2013 más de 33 millones de euros, aproximadamente lo mismo que en 2012 y 2011, pues el Gobierno no se puede permitir perder su principal órgano de propaganda, aunque para ello tengamos que seguir desangrando a impuestos a los canarios”.
Contra el fiscal instructor
En el combate que se dirime entre los liberales, partidarios de someter al estado a controles y contrapesos que garanticen espacios de libertad, y los estatistas, quienes adoran a esa organización como poder taumatúrgico e infalible, se producen batallas cruciales, que no siempre se comprenden por el gran público.
Partamos de la constatación, además, de que los intereses creados (y cruzados) durante décadas retroalimentan a los beneficiarios de ese culto al Estado en los medios de comunicacion, los grupos de presión y los sectores académicos dominantes.
Esta anestesia circundante explica la rutinaria reseña ofrecida en la mayoría de los medios a la entrega al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborada por una comisión de expertos constituida en marzo del año pasado por acuerdo del Consejo de Ministros. Aunque no se ha publicado su contenido íntegro, ha trascendido que prosigue los planes inacabados del gobierno de Rodríguez Zapatero de conferir al Ministerio Fiscal la dirección de todos los procesos de instrucción penales y limitar sustancialmente la facultad de los particulares de ejercer la acción popular penal.
Por mucho que traten de disimularlo, este cambio comenzó a forjarse entre los juristas más solícitos a las señales del poder político desde que un Felipe González Márquez con ambiciones cesaristas se percató de que las fechorías de su ejecutivo podían ser investigadas por algún juez de instrucción ignorante de la relación real entre los poderes del Estado. En este sentido, no parecía suficiente el sistema de control y selección de jueces a través de sucesivos consejos del poder judicial elegidos por sus mayorías parlamentarias. Había que dinamitar otro valladar introducido en la tradición jurídica española por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Básicamente, esta ley instauró un modelo de instrucción penal dirigida por un juez, que asumía la responsabilidad de practicar las actuaciones necesarias para la averiguación de hechos delictivos, calificarlos preliminarmente, y asegurar la presencia de los presuntos responsables, así como las responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos. Esas diligencias preparatorias del juicio se distinguían claramente del acto del juicio a celebrar ante un tribunal distinto, si había lugar a ello, y, sobre todo después de la Constitución de 1978, no han impedido legalmente la defensa en esa fase procesal (salvo en el procedimiento de excepción de la Ley contra la Violencia de Género y los llamados juicios rápidos) tanto de las víctimas como del imputado por el hecho delictivo. Por otro lado, las oportunidades de intervención del fiscal han aumentado por las reformas continuas aprobadas en los últimos treinta años. En el procedimiento especial del jurado se le convirtió en coinstructor de las causas mientras que se le invistió de la dirección en el de menores.
No obstante, lo que provocaba sudores fríos entre los gobernantes era la potestad de esos jueces de instrucción relativamente independientes de impartir órdenes a todas las policías por encima de las suyas propias, dentro de los fines de la investigación.
A la postre, la experiencia de los últimos años ha demostrado que la alarma del estamento político estaba injustificada, pues su impunidad no se ha puesto nunca en entredicho por una curia judicial adocenada. Si observamos el resultado de grandes procesos penales con conexiones políticas (los GAL, la financiación ilegal de los partidos políticos mediante la extorsión a empresas y particulares, la corrupción sistémica y, especialmente, la monstruosa masacre del 11-M), nunca se ha dado el caso de que las investigaciones oficiales esclarecieran hechos y, menos aún, que indagaran en la participación de personajes de alto rango.
Sin embargo, el empeño por cerrar cualquier riesgo de afrontar responsabilidades penales para la casta política parece haberse convertido en una obsesión. En un momento que los indicios de corrupción de todas las instancias políticas permiten llegar a la conclusión de que el propio sistema alienta y encubre los delitos cometidos por sus prebostes, vuelve otro ministro del ramo, convenientemente arropado por expertos ad hoc, a proclamar las bondades de una instrucción penal dirigida por el Ministerio Fiscal.
Es una falacia que la intervención del fiscal en la instrucción de los procesos penales garantice el derecho de defensa. Desde la perspectiva de la ineludible reducción de la administración del estado, más valdría que se refundiera con la abogacía del Estado para evitar duplicidades. Pero que, además, se quiera colar de matute un inmenso poder para el gobierno, que tiene a su servicio a la Fiscalia, insulta a la inteligencia. Si no se reforma la constitución para investir a los fiscales de la categoría de magistrados del poder judicial esa es la consecuencia insoslayable. Recordemos que, de acuerdo con la constitución, el gobierno nombra al Fiscal General del Estado (Art. 124.4 CE) para encabezar durante cuatro años como máximo un órgano que actúa bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Su estatuto orgánico configura un cuerpo administrativo de élite con proyección judicial, cuyos miembros actúan sin una distinción clara de identidad, lo cual, en la práctica, les convierte en irresponsables individualmente. Ni siquiera pueden ser recusados de igual modo que los jueces u otros funcionarios públicos. Son prácticamente intocables para las partes de un procedimiento. Por otro lado, están sometidos a las instrucciones y órdenes dictadas por el fiscal general y el resto de superiores. Por si fuera poco, su jefe puede intervenir en cualquier asunto que conozca un fiscal concreto, relevarlo y sustituirlo. Asimismo, ese estatuto reserva expresamente al gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, a propuesta del mismo Fiscal General que ha nombrado previamente. A través de fiscales dispuestos a ascender en el escalafón, el gobierno de turno podría decidir la aceleración, la paralización o el archivo de procedimientos penales.
En ese ambiente tan viscoso, observamos como el estamento político comparte la idea de privilegiar a quienes obedecen órdenes contrarias a Derecho hasta extremos muy groseros. Por encima del método de elección democrática y las puntuales trifulcas entre partidos, el paso del tiempo va aflorando sustanciales coincidencias y conforma una estremecedora continuidad en sus políticas. En el caso español, donde el compadreo se hace tan fácil gracias a los mecanismos de cooptación establecidos por sus oligarquías, la tendencia a repartirse los beneficios del poder del estado ha llegado a límites insospechados. Mario Vargas Llosa definió la ininterrumpida estancia de 60 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano en el poder como la "dictadura perfecta" .
Este desmantelamiento deliberado de los últimos resortes de control judicial del ejecutivo constituye un ejemplo más de que España se ve conducida a una especie de dictadura perfecta de los actuales partidos dominantes. Obviamente, nada está predeterminado ni resulta irreversible. Hasta ahora los partidos que defienden postulados inequívocamente liberales han obtenido magros resultados. No obstante, para oponerse a este intento de la casta política por blindarse de responsabilidades caben encontrar otros aliados. Resulta imprescindible, pues, que las personas que dicen compartir esta preocupación dentro de los partidos dominantes den pasos mucho más decididos para evitar la consumación de esta vuelta de tuerca contra el Estado de Derecho. Llegado el caso, si no se eliminan esas previsiones de la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la instrucción penal y la limitación de la acción popular, los parlamentarios con esa conciencia deberían votar contra este desafuero. Por otro lado, a la vista de la larga serie de acciones y omisiones de este gobierno contra el Estado de derecho, quienes dicen ser liberales en el Partido Popular y amagan dentro de ese partido por distinguirse y mantener otras opiniones deberían reflexionar sobre si, tal vez, no se han convertido ya en una coartada para que nada cambie.
Mordida desinteresada
La tesorería es cara, sobre todo para quien no la tiene y la necesita. El Estado español, por ejemplo, realiza recurrentemente emisiones de deuda por las que paga elevados intereses, incluso cuando tal deuda es a muy corto plazo. No es inhabitual, de hecho, oír quejas de nuestros gobernantes a propósito de los asfixiantes intereses que han de abonar por unos pasivos que, en el fondo, no son más que el reflejo de su obsesión ególatra por gastar el dinero de los contribuyentes presentes y futuros. Lamentos que, empero, no terminan por convertirse en un atisbo de empatía hacia el resto de la población; acaso por aquello de que la política es la profesión con un mayor número de psicópatas per cápita y sabido es que los psicópatas son personas con nula empatía.
Al cabo, con lo que nos encontramos es que, pese a las reiteradas promesas de este Gobierno de que los autónomos no tendrían que pagar IVA por las facturas no cobradas, la mala práctica sigue funcionando como un cómodo y gratuito mecanismo de financiación de nuestras manirrotas administraciones. No sólo desangran fiscalmente a familias y empresas, sino que incluso las exprimen con carácter preventivo: antes de que hayan recibido la transfusión de sangre, ya les están reclamando la vampírica mordida. Tal vez piensen que a los autónomos y a las empresas les sale la tesorería por las orejas y que son incapaces de darle otro mejor uso a la misma que el de nutrir las arcas de Hacienda para, por ejemplo, atender sin demora las nóminas de los 600 asesores monclovitas.
Pero no, lo cierto es que muchos empresarios llevan años contra las cuerdas, sobreviviendo en un entorno tributario y regulatorio abiertamente hostil, y sus cajas se hallan consiguientemente exhaustas. No serán pocos quienes se vean forzados a solicitar un préstamo bancario y a pagar intereses para entregar un IVA que todavía no les ha sido entregado; sí, un préstamo como el que debería solicitar el Gobierno para seguir financiando su infladísima estructura de gastos en caso de no poder arrebatarles prematuramente sus fondos a autónomos y empresarios. Damos por sentado que la colocación de deuda debe efectuarse a interés (y debe, claro), pero tendemos a olvidarnos con extremada ligereza que los cobros adelantados, por idénticos motivos, también deberían abonar tales intereses: por ejemplo, rebajando la factura fiscal por pronto pago (o permitiendo como alternativa el retraso de su pago al momento del cobro). ¿O acaso Hacienda no es ávida en cobrar intereses de demora cuando cualquier ciudadano se retrasa en pasar por caja? ¿Por qué Hacienda considera gravosísimo que no se le pague a tiempo pero reputa un mal menor que los empresarios se vean forzados a pagar mucho antes de haber cobrado?
Veremos si, al final, el Ejecutivo excepcionalmente cumple con su palabra y modifica esta disparatada legislación, pero no olvidemos que, al final, esta disparatada legislación sólo es una de las numerosas groseras exteriorizaciones de un problema mucho más general dentro de un Occidente cada vez más socialdemócrata: la subordinación de los sanos intereses privados a los espurios tejemanejes estatales. La manera de promover el espíritu de empresa no pasa ni por tarifas planas, ni por cosméticas deducciones, ni siquiera por aplazar unos meses las deudas con el Estado: la forma de promover la empresa es tan sencilla como no convertir una sociedad en un infierno fiscal y regulatorio. Si los tributos fueran cuasi imperceptibles, abonarlos por adelantado no pasaría de ser una incomodidad menor; si hoy muchos autónomos y empresarios se sienten ahogados por su pronto pago, es porque nuestro mastodóntico Estado nos arrebata una gigantesca porción de nuestra renta. Ésa es la verdadera cuestión de fondo a resolver y que, por supuesto, ni los socialistas de izquierdas ni los de derechas resolverán jamás.
La defensa de lo indefendible y sus agujeros (I)
Es habitual defender el liberalismo solamente desde el punto de vista de la economía, como una ideología acertada según algún criterio utilitarista como el crecimiento de la actividad económica, los ingresos y la riqueza. Es menos frecuente promover la libertad en ámbitos que tienen un fuerte contenido moral o ético, especialmente si la exquisita sensibilidad de las personas, pobrecillos, puede verse afectada al tratar temas delicados y problemáticos de forma rigurosa, radical y consecuente, sin pelos en la lengua, sin eufemismos y llamando a las cosas por su nombre.
Hay aspectos de la realidad, cargados de tabús y prejuicios aparentemente inmutables, sobre los que resulta difícil pensar y argumentar sin dejarse llevar por intuiciones morales que a menudo están injustificadas, son arbitrarias o falaces, o se utilizan de forma deshonesta e hipócrita. A la gente le preocupa su imagen, su popularidad, su reputación como persona de bien, su estatus social: no quiere meterse en líos defendiendo cosas que los demás critican; vamos a llevarnos bien, repitamos de forma acrítica los tópicos propios de nuestro grupo o cultura, rechacemos el mal y apoyemos el bien según los entienda la mayoría.
Los individuos actúan según sus preferencias e intereses. Una posible acción es la promoción o imposición de normas imperativas sobre la conducta de los agentes para conseguir, mediante la coacción estatal institucionalizada, que se produzca lo que a uno le gusta, y que desaparezca, al menos en teoría, lo que le disgusta. Es un uso intolerante de la legislación como herramienta de ingeniería social para promover los valores de unos a costa de los valores de otros. Naturalmente, la intervención no se justifica así: se pretende que es por el bien de los afectados, o al menos de la mayoría de la población; o todo el mundo sabe que eso está mal (las drogas, la prostitución, los beneficios excesivos, las condiciones de trabajo indignas, etc.).
La auténtica promoción de la libertad consiste en defender que todo el mundo tiene derecho a hacer cosas que pueden no gustarme, pero que yo no puedo legítimamente prohibirlas porque son actividades que no suponen una agresión contra nadie: no hay víctimas, no hay violencia, no hay fraude ni estafa, no hay perjuicios claros y directos. No se trata de robos, secuestros, violaciones, asesinatos o daños en general contra las personas y sus posesiones. Tampoco son incumplimientos de contratos ni abusos de bienes comunes.
Puede haber personas que declaren verse negativamente afectadas por ciertos actos, interacciones o relaciones de otros. Pero esa sensibilidad no les da derecho a entrometerse en las vidas ajenas. Si así fuera, todo el mundo podría interferir permanentemente en todos los asuntos de todos los demás simplemente mostrando su oposición, lo cual haría la vida imposible. Por eso existe el derecho de propiedad como único derecho humano fundamental, como única norma universal, simétrica y funcional que permite evitar, minimizar o resolver conflictos: el propietario es quien legítimamente controla y decide sobre el uso de sus bienes; sólo las preferencias del dueño legítimo son éticamente relevantes; los demás pueden opinar y valorar lo que quieran, pero no tienen derecho a interferir mientras se respete su libertad y su propiedad.
Walter Block escribió en 1976 Defendiendo lo indefendible, libro recientemente traducido y publicado en español. Se trata de una obra que no profundiza en una justificación teórica de la ética de la libertad sino que se concentra en sus aplicaciones prácticas y aplicadas más difíciles, defendiendo como héroes a aquellos que no actúan violentamente contra nadie y sin embargo son víctimas de la opresión legal y el estigma social: algunas actividades, que pueden incluso ser profesiones, son despreciadas, consideradas inmorales, juzgadas como cosas objetivamente malas; no sólo son rechazables, o sea que se pueden rechazar; muchos insisten en que se deben rechazar, que son inaceptables.
El estigma social contra ciertos cabezas de turco o chivos expiatorios es algo que un liberal puede criticar pero difícilmente puede pretender prohibir: si los miembros de una sociedad quieren rechazar algo, allá ellos, se trata de sus vidas, sus creencias, sus opiniones, sus preferencias. Sin embargo la coacción legal es algo diferente, porque se trata del uso de la violencia organizada en contra de la propiedad privada y de la libertad de contratación voluntaria entre las partes.
Defendiendo lo indefendible es un libro valiente que explora ideas radicales y extremas que pueden resultar incómodas para muchos. Se trata de una obra muy recomendable que pondrá a prueba la consistencia intelectual y los principios liberales del lector. Tiene ciertas limitaciones, como el hecho de que se concentra en figuras típicas de la sociedad y la economía norteamericanas de hace varias décadas que quizás no son tan relevantes o comprensibles en otros lugares y en el momento presente.
Es una obra que también tiene carencias o errores, y en algún caso son relativamente importantes. Y si uno quiere defender posturas polémicas y que muchos van a considerar extremas e inadecuadas, conviene hacerlo con sumo cuidado y argumentando con consistencia.
Walter Block asegura que en la práctica estos héroes políticamente incorrectos benefician a la sociedad. Pero el hecho de que los participantes en un intercambio libre se beneficien subjetivamente a título individual, al menos a priori, no implica que el resto de la sociedad también valore positivamente su interacción. Y de hecho la oposición generalizada puede ser una muestra de que no es así. La acción demuestra las preferencias de los agentes directamente involucrados, pero los observadores pueden preferir que esas acciones o intercambios no se produzcan. La prohibición daña con seguridad a quienes libremente llevarían a cabo esas actividades, pero no necesariamente a todos los demás. Prohibir ciertos actos puede resultar perjudicial para muchos, o no, según las circunstancias, dependiendo de si se prohíben suficientemente bien o si surgen mercados negros y víctimas colaterales (como en la guerra contra las drogas).
Según Block el liberalismo condena solamente la iniciación de la violencia, y aquí conviene matizar: también condena actos no físicamente violentos contra la propiedad como los hurtos, y muy especialmente el incumplimiento de los contratos voluntariamente pactados. Y tal vez haya actos para los cuales la noción de violencia sea excesiva, pero pueden producir daños difusos a terceros (contaminación, externalidades negativas difusas).
Para el autor el mercado produce algunos bienes que son inmorales, o el mercado debe ser visto como amoral (ni moral ni inmoral): pero no define qué es la moralidad, o la virtud, qué normas o valoraciones implica, si es algo universal y objetivo y por qué algo concreto es inmoral. Block llega incluso a referirse a fines buenos y malos, como si olvidara que los bienes no tienen valores intrínsecos sino que las preferencias son siempre subjetivas y relativas.
Una carencia importante de esta obra es explorar por qué ciertos actos libres son mayoritariamente rechazados y generan repulsa. La psicología evolucionista puede explicar estos fenómenos como resultado de un conocimiento económico intuitivo defectuoso, por tendencias o instintos típicos de individuos en grupos pequeños que no son funcionales o adaptativos en sociedades extensas, y como señales de conformidad, pertenencia, lealtad o estatus en relación con un grupo.
Según Block el uso de la fuerza sólo está justificado para la defensa, como represalia, o para establecer la justicia como respuesta a una agresión previa. Olvida dos casos fundamentales: para exigir el cumplimiento de lo pactado en un contrato (que no son meras transferencias de derechos de propiedad sino generadores de normas prácticas concretas cuyo cumplimiento es exigible mediante la fuerza), y para garantizar el cumplimiento de las normas de uso de ciertos bienes comunes (como los espacios públicos) y evitar su abuso por parte de algunos.
Sobre la prostituta Block afirma que es un tipo de interacción en la cual todos los seres humanos participan, porque en realidad nadie da nada gratis, siempre se espera algo a cambio. Pero la moderna economía conductual muestra que los agentes interpretan de modos muy diferentes las relaciones amistosas personales, en las cuales se intercambian informalmente favores, y las relaciones comerciales impersonales en las que los afectos no son relevantes. A la prostituta se le paga no sólo para practicar el sexo, sino para que se marche después y no pretenda establecer una relación amorosa. La prostitución es una profesión, pero no es como cualquier profesión.
Respecto al machista o cerdo chauvinista, el libro está escrito en un momento y sobre un país muy diferentes de lo actual: hoy día los tribunales suelen tomarse muy en serio las acusaciones de violación; en algunos países el cliente masculino de una prostituta puede ser arrestado; ya no hay por lo general las restricciones a mujeres casadas respecto de sus maridos. Hoy es frecuente la discriminación positiva a favor de la mujer y la lucha generalizada contra el sexismo y contra el acoso sexual.
Block trata de un plumazo el tema del aborto (la mujer es dueña de su útero), que es un asunto enormemente complejo. También trata muy por encima el tema de ciertos bienes comunes como las calles, plazas y parques. Menciona que lo controlado por el gobierno es propiedad robada, y esto no es necesariamente el caso.
Los liberales critican, casi siempre de forma acertada, a los gobiernos y a los Estados, reclamando que se respeten los derechos de propiedad privada de los individuos. Pero la propiedad individual no siempre es posible porque hay ciertos bienes que se adquieren y gestionan de forma conjunta, como una tribu que se apropia colectivamente de una cueva o un grupo de colonos que se establece y funda una ciudad en la cual ciertos espacios, como las calles, son comunes y se gestionan mediante algún tipo de gobierno local: puede ser muy difícil separar ámbitos de control, o simplemente los individuos no desean hacerlo y consideran conveniente recurrir a normas de uso, respaldadas al menos en parte por el uso de la fuerza, para evitar las típicas tragedias de los bienes comunes.
La propiedad siempre es privada en el sentido de que hay propietarios y no propietarios de un determinado bien, y los no propietarios pueden ser excluidos de su uso; pero la propiedad privada no siempre es individual, y cuando hay varios usuarios es necesario establecer reglas de uso que sirvan de referencia para permitir la coordinación y minimizar los conflictos. Estas reglas pueden parecer liberticidas en el sentido de que pueden prohibir muchas cosas que una persona libre puede hacer en su propiedad, pero es que precisamente se trata de que los bienes comunes se limiten al mínimo posible y se dediquen a su función esencial: por ejemplo las calles para desplazarse, no para apropiarse de ellas a título individual, establecerse y bloquear el paso.
Un problema típico de estos espacios públicos es su limpieza. En el capítulo dedicado a quienes los ensucian, Block usa un juego de palabras con diferentes términos que se refieren a la basura, y según él la suciedad y los desperdicios que se tiran y limpian en el dominio público son algo esencialmente diferente de los del ámbito privado: los restaurantes permiten, al menos hasta cierto punto, que sus clientes dejen caer objetos al suelo, como trozos de pan, servilletas, o cubiertos, porque si no lo hicieran perderían clientes; los dueños exigen que se respeten normas relativas a la basura en función de los deseos de los clientes, según el local sea más o menos exquisito; pero en el ámbito público el gobierno no tiene en cuenta los deseos de los ciudadanos, y aunque quieran tirar basura se lo prohíbe.
¿Cómo sabe Block cuál es la norma que los ciudadanos consideran óptima respecto a la basura en los espacios públicos? La respuesta es que no lo sabe. Simplemente asume que los ciudadanos quieren tirar basura y el gobierno malvado no se lo permite. Tal vez no entiende que la basura es una externalidad negativa y que igual que un individuo no puede tirársela al vecino tampoco puede deshacerse de ella en el espacio público, que está para transitar por él y no es un vertedero. No todos los bienes públicos son ilegítimos ni son equivalentes a bienes no poseídos de los que cualquiera puede apropiarse. Los poderes públicos hacen bien en vigilar que algunos individuos poco respetuosos de lo común abusen de los espacios compartidos y provoquen costes que deben asumir otros.
Los ciudadanos suelen preferir calles limpias (igual que prefieren entornos privados limpios); la limpieza absoluta es imposible, y el grado de limpieza debe determinarse en función de sus costes, tanto de no ensuciar (no producir desperdicios o deshacerse de ellos en la propiedad privada o en espacios públicos dedicados) como de limpiar lo ensuciado.
El civismo típico de las sociedades civilizadas avanzadas, compatible con la libertad individual, consiste en que los individuos respetan los espacios públicos, no abusan de ellos, internalizan costes en la medida de lo posible y no producen externalidades negativas. Las calles están limpias en buena medida porque está prohibido ensuciarlas y se sanciona a quienes lo hacen para que dejen de hacerlo y asuman su parte del coste de limpiar. Las calles sucias, las pintadas, el vandalismo callejero, son típicas de países o zonas pobres y socialmente conflictivas.
Block cree haber demostrado que no hay nada malo en que la gente ensucie los espacios públicos (no viola los derechos de nadie) porque ya lo hace en algunos espacios privados. Ignora que en los peculiares recintos privados que él pone como ejemplos (cines, estadios) la basura se genera como residuos de productos que los dueños están interesados en vender (envases de refrescos y comida que suele estar prohibido traer de fuera), la basura que cada uno produce se queda a su lado sin molestar a otros para el disfrute del espectáculo, y el coste de recogerla al final es mucho menor que las molestias que supondría para cada persona moverse a un cubo de basura (especialmente durante el espectáculo).
También estudia Block la problemática de las heces de perro, básicamente para sugerir que si las calles fueran privadas se encontraría empresarialmente una solución satisfactoria para todo el mundo. Pero resulta que en los lugares donde las calles son privadas (centros comerciales, parques de atracciones, urbanizaciones privadas), tirar basura en el ámbito compartido suele estar estrictamente prohibido, y el caso de las heces animales es especialmente grave (a menudo ni siquiera se permite el acceso de animales). Mantener zonas dedicadas para que los animales hagan sus necesidades puede ser caro e inconveniente: estos lugares quizás no estén suficientemente cerca cuando el animal decida orinar o defecar, y vigilar su buen uso puede ser muy costoso.
Que los ciudadanos paguen sus impuestos y que estos sirvan para mantener y limpiar las calles no implica que tengan derecho a ensuciarlas. Es realmente absurdo pretender que el individuo que tira basura en la calle es un héroe cuando en realidad es un guarro incívico y mal educado.
Las palabras de papel de Rajoy
Con toda la desfachatez del mundo, el presidente Rajoy ha afirmado ante una representación de empresarios latinoamericanos que España puede desempeñar un papel muy relevante como puerta natural de entrada para las empresas latinoamericanas al mercado europeo, a las que ha animado a invertir en nuestro país.
España, la puerta empresarial que destruye empresas
La idea de que podamos representar una puerta de entrada recomendable al universo maravilloso del mercado europeo es inquietante. Entiendo que era una reunión oficial, que esas son cosas que, siendo presidente, hay que decir, que nadie cree nada de lo que allí se expresa frente a un micrófono, que todo es muy “comme il faut”. Pero me parece indecoroso ponerse de puerta de entrada de nada, cuando nuestros propios inversores han sido expulsados por obra y gracia de las medidas del anterior presidente y del actual, el mismo que ahora reclama focos sobre su persona y con un “¡Inviertan en nosotros!” se erige en impulsor de la entrada de capitales. ¿Podría haber empezado por retener los capitales patrios? Porque eso no se logra machacando el ahorro y primando el endeudamiento, que es lo que ha hecho.
En agosto del 2012, la destrucción de tejido empresarial (interanual) era del 16%, los concursos de acreedores, solo en el mes de agosto, crecieron un 12%. Y, por supuesto, la peor parte se la llevan las PYMES, que representan más del 95% del total de empresas en España, y son la base de la creación de empleo. El histórico 26% de paro no es una casualidad. Las empresas están endeudadas, los bancos no conceden créditos, los ahorradores-inversores, los “malvados” capitalistas, se ven penalizados por impuestos.
Y Rajoy llama a los inversores extranjeros para que vengan e inviertan. ¿Lo haría usted? ¿Confiaría en la palabra de Mariano Rajoy? Yo no.
El papel mojado de las cajas
Yo no pondría mi dinero en un negocio aconsejado por alguien que firma papeles con tinta falsa, que se borra o se desdibuja después. Y Rajoy es de los que donde dije digo, digo Diego, y no pasa nada. Tampoco es muy diferente del modo de proceder de parte de la sociedad española. Reconozcámoslo, por más que nos escueza, ese grupo de desaprensivos, y quienes les consienten, tienen mucho que ver con la pobre imagen que España da en el extranjero.
Un ejemplo de lo que hablo es la solución al problema de la cajas de ahorro. Como explicaba la semana pasada Miquel Roig, uno de los requisitos del Memorando de Entendimiento firmado en julio del 2012 entre este gobierno y las autoridades europeas, en concreto el punto 20, establece mecanismos que permitan eventualmente la resolución bancaria de las entidades quebradas, las cajas. Por supuesto, considera la idea de los bancos puente (como el banco malo) como medida instrumental. Lo que ha hecho el gobierno es rebautizar las antiguas cajas como fundaciones que, eventualmente, podrían recuperar el control de esas mismas entidades de manera permanente, porque no hay fecha para que se extinga esa situación.
La importancia de este “detalle” es que el MoU se diseñó para acabar con un sistema que se corrompió por vincular la gestión bancaria a la política. Los pasos que se han dado, con la bendición de las autoridades europeas, van en sentido contrario. La responsabilidad de los abusos, de nuevo, está en manos del Banco de España, ese que no dio la talla cuando hizo falta.
La palabra del presidente
Visto lo visto, no es racional esperar que el gobierno fomente la empresarialidad, ayude a los empresarios, simplemente quitándoles piedras en el camino. Más bien, habría que tomarse las palabras del presidente como un “pasen y vean, y pongas imperdibles en los rotos que nosotros no vamos a arreglar”. Invertir en España no es comprar negocios devaluados y agonizantes por cuatro duros y llevarse el dinero. Invertir en España es crear riqueza, y para eso, es necesario que esa inversión sea atractiva, que se den las condiciones necesarias, que haya rentabilidad, que haya beneficio privado más allá de la compraventa de negocios. Porque ese beneficio privado implica la creación de empleo, el aumento de la actividad. Y si se dieran esas condiciones los inversores españoles no se habrían ido, las empresas no se estarían cerrando, las ideas, que las hay, prenderían en actividades empresariales. Habría futuro.
Nosotros no somos la puerta esperanzadora de los empresarios latinoamericanos de cara a Europa. Somos los saldos de las rebajas de enero.
La simple observación de la gestión gubernamental del no-rescate es un buen indicador para los inversores extranjeros de lo que pueden esperar de nuestro país. Y debería serlo también para que los ciudadanos supieran a qué atenerse.
