Ir al contenido principal

La izquierda y el nacionalismo en España

En España hay una confluencia política entre la izquierda y los nacionalismos. Mirado desde un punto de vista liberal, parece en cierto modo lógico porque son dos colectivismos. Y ese motivo no está ausente en esa alianza. Pero hay más razones para ello.

En principio, izquierda y nacionalismo son dos mundos ideológicos distintos. La base de partida de la izquierda, incluso la que se erige sobre las ruinas del socialismo real, es la clase social, mientras que la del nacionalismo es la nación. Pero si profundizamos un poco más, esas diferencias, que parecen muy claras, empiezan a borrarse y, en ocasiones, parecen incluso desaparecer.

Comencemos por decir, muy sucintamente, qué es la izquierda. Es una ideología que se plantea cómo debe ser una sociedad ideal. Traza las líneas de una sociedad perfectamente justa y próspera. Como la realidad no se acomoda a ese ideal, la izquierda es muy crítica con la realidad y con las instituciones tradicionales. Las ve como anclas que se oponen al avance necesario hacia esa sociedad perfecta, y por eso se plantea destruirlas para, una vez liberada de esos frenos, llevar a la sociedad hacia aquel ideal. Hay una institución, empero, que no sólo no critica sino que utiliza por su enorme poder coercitivo, que es el Estado.

El nacionalismo es también una ideología que tiene como base y como objetivo la nación, un concepto moderno y totalizante del país. Ese concepto es moderno y tanto él como el nacionalismo son un subproducto de la Revolución Francesa. Esa nación no se presenta simplemente como una realidad histórica, sino como encarnación de ciertos ideales que supuestamente siempre han acompañado al pueblo, y que suelen confluir en la homogeneidad, un poder total del Estado, y una independencia del mismo frente al resto de Estados. La superación del individuo por una colectividad que, bien dirigida, es muchísimo más poderosa. Y la confluencia de un conjunto de objetivos comunes en manos de los líderes políticos.

Como esa ideología no encaja bien con la historia del propio país (no puede ser así dado que la realidad es siempre más variada y rica), el nacionalismo tiende a rescribir el pasado. Ocurrió con el nacionalismo alemán de los años 30 y en España ocurre lo mismo. Y esa identificación de la visión del país y de los objetivos comunes impuestos con el propio país hace que haya ciudadanos virtuosos, que se identifican con ese movimiento, y otros que son indignos, porque no los comparten.

Vamos a ver ahora el caso de España. Comencemos por el nacionalismo. En nuestro país, es separatista. No ha habido, propiamente, un nacionalismo español. Y es así porque en nuestro país no serviría ningún propósito; España no ha tenido que luchar por afirmarse frente a otro país, su realidad histórica está fuera de toda duda. Y lo propio de la defensa de la unidad de España no es el nacionalismo, sino el patriotismo. No son lo mismo. La patria es un concepto histórico, compatible con la diversidad, con la asunción de éxitos pero también de fracasos comunes, y compatible también con la libertad de los ciudadanos. No trasciende a unos ideales ulteriores, como es el nacionalismo. En España, tiene un relato de nuestra historia negativo y victimista.

Sobre la izquierda en nuestro país diremos ahora poco. Se introduce en España, vía Francia, en las Cortes de Cádiz. También tiene una idea muy negativa de nuestra historia. No puede ser de otro modo. El epítome de esta visión es Manuel Azaña, que señala al Ejército y a la Iglesia como ejemplo de esas instituciones que se oponen al avance del país. Se ha señalado que Azaña dijo que su intención con la reforma del Ejército era “triturar” la institución. No hay una prueba fehaciente, pero lo cierto es que bien podría haberlo dicho.

Ya se ve cierto acercamiento entre las dos ideologías tanto en el plano de las ideas como en su implantación en España. Pero vamos a aproximarnos un poco más fijándonos en tres recientes períodos históricos. El primero es la Segunda República.

Los nacionalistas la aceptaron como un paso más hacia sus objetivos secesionistas. Pero al final acabaron por traicionarla. Por lo que se refiere a la Generalidad de Cataluña, durante la revolución de octubre de 1934 declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española. En primer lugar, no era una república federal. Y, en segundo lugar, la Generalidad declaraba que Cataluña estaba dentro, como podía declarar lo contrario. Y luego, en la Guerra Civil, fue independiente de hecho, desbordando en el ejercicio del poder los límites del Estatuto, y formando un Ejército propio. Por lo que se refiere al País Vasco, el Lehendakari Aguirre ejerció un poder soberano. Y el 24 de agosto de 1937 traicionó a la II República, entregándose a los nacionales.

El franquismo, grosso modo, es la vuelta de la España tradicional, aunque sea modernizada y estereotipada. Y la izquierda, que ya tenía una visión muy negativa de aquélla, acaba por identificarla con la derecha. Y por su oposición a la derecha acaba por oponerse a la idea de España, o a asumir la crítica a una visión unitaria del país.

Y por último la democracia. Se erige sobre el consenso, por el recuerdo de la guerra civil. Desde el comienzo, la izquierda mostró su comprensión, cuando no su apoyo, al nacionalismo. Pero la izquierda, o más bien el PSOE, que es el partido hegemónico en la izquierda, se ha encontrado con un grave problema político en los últimos años. Su última mayoría absoluta es del año 1989. Las dos últimas mayorías absolutas, de los años 2000 y 2011, son del Partido Popular. Ya no tiene la capacidad de concitar un apoyo tan mayoritario como para gobernar en solitario. Por descontado, esto podría cambiar en el futuro, aunque ese cambio está aún lejano. Necesitan aliarse con los nacionalistas para ejercer el poder.

Desde el punto de vista político, el problema de la libertad en España ya no es la izquierda, que no tiene ningún aprecio por ella. Es el nacionalismo, que en un contexto histórico diferente podría ser un aliado del liberalismo. Y es el partido hegemónico en la derecha, que sólo defiende la libertad en los discursos. Pero la alianza entre la izquierda y el nacionalismo sí es relevante para el futuro de la libertad en nuestro país.

El conocimiento en la estructura productiva

El conocimiento es una dimensión importante y compleja de la estructura productiva o de capital de la economía. La relación fundamental del conocimiento y la producción –de bienes y servicios- es que el primero está plasmado en los bienes de capital. Por ejemplo, una máquina construida para inyectar plástico a un molde y conseguir una pieza de dicho material encierra el conocimiento combinado de aquellos que diseñaron y materializaron esa estructura física –la máquina- con la capacidad de acometer esa función y propósito -inyectar plástico aun molde-.

Puede decirse que los bienes de capital expresan un conocimiento sobre el proceso productivo y cómo este debe ser llevado a cabo; de tal modo que son capaces de multiplicar la productividad de quien use dicha máquina que no necesita poseer el conocimiento requerido para construirla, solamente su funcionamiento básico. Por ejemplo, un operario que haya decidido no dedicar su vida a la ingeniería industrial o al diseño de máquinas que inyectan plástico puede, con pasos relativamente sencillos, ser capaz de crear piezas de plástico a través de la adecuada máquina.

Además, el propio conocimiento encerrado en los bienes de capital vuelve a combinarse gracias al proceso productivo ordenado por el juicio discerniente del empresario, que organiza los recursos productivos conforme a sus planes de producción. En consecuencia, la economía está basada en el conocimiento porque se vale de los bienes de capital (incluyendo las técnicas y modos de usarlos y combinarlos).

Esa combinación de conocimiento y bienes de capital tiene un orden, un sentido, que se conoce como estructura productiva o de capital de una economía. Esta estructura es un aspecto esencial de lo que Hayek denominó el orden extenso de la cooperación humana, pues es el resultado de la tremenda y rica interacción social a través de la cual el conocimiento de muchas personas se combina. Un tipo de esta interacción social es el que se produce en el seno de la institución llamada empresa.

Dentro de esa interacción social del conocimiento encaminada a la producción, hay un tipo de actividad esencial para las economías, y es el esfuerzo creativo por aprender cómo hacer cosas y la plasmación de ese aprendizaje en el diseño de herramientas y productos que puedan ser usados por otros.

Dicho proceso de diseño de las herramientas y productos, que es la plasmación de la especialización del conocimiento, facilita un ahorro de tiempo y costes. Así, los componentes, o módulos, que han de combinarse en el diseño de los bienes de capital son cada vez más especializados y valiosos, de modo que se evitan costosas y prolongadas iteraciones hasta dar con las características apropiadas de los nuevos componentes de los bienes de capital que han de diseñarse –véase la teoría de la modularidad en el diseño de productos-. De hecho, en los procesos de producción modernos no es sencillo separar claramente lo que es producción y lo que es diseño. Los productos evolucionan rápidamente en distintas versiones (los smartphones) conforme los productores van introduciendo continuas mejoras.

Ese conocimiento especializado en el diseño de bienes de capital que serán usados por otras personas va extendiéndose a lo largo de la economía, de la estructura de capital, haciéndola más y más compleja. Una complejidad que ha de entenderse en su sentido intuitivo, es decir, un sistema (la estructura) en el que se incrementan el número de componentes y el número de interconexiones entre ellos. Esta complejidad hace cada vez más difícil aprehender o concebir –o imaginar- la economía, pero guarda un sentido, un patrón, un orden, una estructura.

La reciente literatura especializada en diseños de producto (Baldwin y Clark, 2000) ha desarrollado lo que la teoría austriaca del capital destaca, de un modo más abstracto, como las conexiones inseparables entre la acumulación del capital y el conocimiento tecnológico (Lachmann, 1956 y Lewin, 1999) o el incremento de la productividad de los métodos indirectos de producción (Böhm-Bawerk, 1888) o, como se ha dicho, el incremento de la complejidad de la estructura del capital (Lachmann, 1956). 

En resumen, detrás de los medios físicos y humanos de la producción, encontramos toda una intrincada estructura de conocimiento plasmada en los bienes de capital y complementada por el conocimiento en cómo éstos deben usarse. Cuanta más especialización del conocimiento a través de la combinación de dichos bienes así como el desarrollo de nuevos productos –su diseño-, más complejidad alcanza una estructura productiva (o como dice Peter Lewin: “the complexification of production”). Y cuanto más compleja es una economía, mayor es su desarrollo y crecimiento, y más intensamente se plasmará el conocimiento en la estructura productiva o de capital.


Este comentario está basado en el excelente y muy recomendable trabajo de Peter Lewin “The capital-based view of the firm”.

Los siete pecados capitales del político común

Soberbia. El político común es, ante todo, un soberbio, un arrogante. Sufre una irrefrenable tendencia a creerse mejor que el común de los mortales. Los de su especie creen que han recibido el mandato divino de organizar la sociedad hasta la asfixia, de regular cada aspecto de la vida privada de sus irresponsables súbditos igual que haría un padre con sus hijos. Consideran sus propios valores y preferencias superiores a las de los demás y sienten la necesidad de imponerlas por la fuerza. Pero la realidad es que el político común no sólo no es más virtuoso que el ciudadano de a pie. Es que incluso si lo fuera, jamás sería capaz de planificar de manera centralizada su pretendido nirvana social. Autores como F. A. Hayek, entre otros, ya demostraron la imposibilidad de organizar la sociedad desde arriba en libros como el titulado, no por casualidad, La fatal arrogancia.

Avaricia. El político común jamás tiene suficiente. Todo ser humano tiende a desear tener más y a ampliar su ámbito de poder. Mientras esa ambición quede limitada por el respeto a la propiedad privada del prójimo, no será tan dañina. El problema llega cuando la codicia se practica con el dinero y las vidas de los demás. Es entonces cuando todos los límites saltan por los aires. El político común no sabe de restricciones, es de naturaleza expansiva. Se dedique a lo que se dedique jamás tiene suficientes recursos. Aún no se ha dado el caso de uno que haya admitido que su actividad pública es prescindible y que por lo tanto hay que sacarla del presupuesto. Todo siempre es poco.

Envidia. Konrad Adenauer afirmó que "hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido". Un partido político es una pirámide humana en la que para ascender no hay que valer más, sino ser el primero en pisar a los demás. Hay que ganarse el favor de los de arriba y empujar a quien se interponga en el camino a la cima del partido. Los que llegan arriba, por tanto, no suelen ser los mejores, sino los más rastreros. Son los que tienen menos escrúpulos y a la vez mayor facilidad para el engaño, la intriga, la maniobra y la traición. Con el político común sucede como con el Gualterio Malatesta de Pérez-Reverte, archienemigo de Alatriste: que estaba "tan acostumbrado a matar por la espalda que cuando por azar lo hacía de frente se sumía en profundas depresiones, imaginando que perdía facultades". La envidia es el mecanismo que permite al político común prosperar en su negocio. El político leal y sincero suele quedarse por el camino.

Lujuria. En el pecado de lujuria siempre subyace el afán irreprimible de someter al prójimo. El protagonista de la saga Cincuenta sombras de Grey, contemporánea encarnación popular de la lujuria, obtiene el placer de controlar cada aspecto de la vida íntima de su esclava sexual y la castiga cuando incumple sus mandatos. La lujuria es un juego de poder, es el uso de los demás para la satisfacción de los propios deseos. En ese sentido, el político común es un lujurioso frío e implacable. Todo lo que dicen y hacen forma parte de una calculada estrategia para revestirse de legitimidad y ejercer ese lascivo control sobre la vida privada del ciudadano. La desobediencia al político jamás es lícita, sino que constituye un intolerable acto de rebeldía contra lo más profundo de la naturaleza del político. El ciudadano está para servir al gobernante, es de su propiedad. A través de ese sometimiento obtiene su placer.

Ira. La política es odio y es violencia. Para un político el adversario siempre es odioso. La primera misión del político es denunciar al partido contrario, señalar la evidencia de sus malas intenciones y lograr que el pueblo, directamente, los odie. La gente no debe votar con la cabeza, sino con las emociones, y el odio es una de las más potentes. Hay que incitar a la violencia. Cuando una mala gestión amenaza el poder del gobernante, siempre se busca algún enemigo interior o exterior para distraer. Nada mejor que sembrar un conflicto. Una de las obras más perfectas del político común es la guerra. La guerra siempre viene de una decisión política. El político común es violento, pero también es cobarde. Jamás se le encontrará en primera línea de batalla. En cuanto declaran la guerra, lo primero que hacen es enterrarse en alguna guarida subterránea, lejos del conflicto, y rodearse de seguridad. Los que mueren son siempre otros. Pero no sólo en la guerra los políticos muestran su violencia. Toda su actividad se realiza a través de mandatos coactivos. Tienen el monopolio de la violencia y están más que dispuestos a utilizarlo.

Gula. El político común es voraz. Consideran su vida muy sacrificada, y sólo mediante el lujo y el exceso pueden ir sobrellevando el mandato divino de llevar a sus súbditos por el camino de la virtud. Ya puede encontrarse la sociedad en una profunda depresión económica; ya puede estar padeciendo hambre y desempleo, que el político común no entiende de frugalidad. El político tiene una serie de necesidades básicas a pagar con fondos públicos a las que no puede renunciar: coche oficial, chófer a su servicio, asesores sin límite, interminables comilonas, tecnología punta o vicios caros. Para los de su especie es de mal gusto mirar el precio de las cosas. A los mítines políticos no se puede ir de otra manera que en jet privado a cargo de los Presupuestos. Nada tiene peor prensa en el entorno político que el término austeridad. No en vano, si hay alguien a quien el político común ha divinizado, ese es Lord Keynes. Fue el único que les contó que cuanto peor está la economía, más tienen que gastar los políticos. Normal que cuando dejan la carrera política casi siempre acaban deprimidos.

Pereza. El esfuerzo, el mérito y el sacrificio son conceptos sobrevalorados para el político común. La lógica del funcionamiento de la política hace que tiendan a prosperar más los mediocres y perezosos. Suele decirse que en la política tiene cabida cualquier persona que no sirva para otra cosa. El político común no se esfuerza por saber porque no lo necesita. No sólo es ignorante, sino que además presume de ello. Suelen admitir en público que no saben cómo funciona la economía, que la ciencia ni les suena y que la historia les resulta un misterio. La pereza les impide enfrentarse con la verdad, concepto pavoroso que requiere esfuerzo y humildad intelectual. Prefieren el engaño, la mentira y la manipulación, que es la definición de comunicación política. El político común no debate ideas ni se somete a un debate racional. Lo evitan mediante el uso de etiquetas, clichés y eslóganes vacíos, que ahorran los costes de pensar. En resumen, el político común miente y etiqueta porque la verdad y la argumentación requieren demasiado esfuerzo. Sólo de pensarlo les da pereza. 

Si bien se han dado casos de políticos que no gobiernan sus vidas en base a estos siete pecados capitales y tratan de actuar por virtuosos principios e ideales, lo cierto es que esta rara especie no suele prosperar por la propia dinámica de la política. Estos ejemplares tan distintos al político común pronto quedan relegados o dejan la vida pública. En política no prospera la virtud. No hay más que asomarse a cualquier parlamento del mundo.

Evo Morales: una visita muy rentable… para Bolivia

Evo Morales obtuvo de Mariano Rajoy un compromiso: Bolivia seguirá siendo eje prioritario de la cooperación española. Ahí no le importa al aymara ser subsidiado. Sin embargo, las frecuentes “nacionalizaciones” de empresas españolas en el país andino no fueron objeto de discusión, aunque el boliviano habló de ellas con su peculiar vocabulario, próximo a la demagogia, con el que satisface a un público tan concreto como acrítico con sus comportamientos: respetamos a los socios extranjeros pero no queremos patronos“, espetó.

Al respecto, debemos puntualizar que muchas de las nacionalizaciones efectuadas durante su mandato han sido jaleadas desde España por la izquierda y la peculiar concepción que ésta tiene de la justicia (y de la historia). 

En el discurso de Morales se apreciaron claras contradicciones. La principal es que se ha enorgullecido de que la balanza fiscal boliviana dará superávit, pero ha pedido que la cooperación española se mantenga, lo cual es paradójico, sobre todo si tenemos en cuenta que añadió que en su país el paro es sólo del 4%. De seguridad jurídica, evidentemente, tampoco habló, tema que por el contrario no eluden otros países de su entorno regional como Chile, Colombia o Perú, cuyos dirigentes gozan de menos simpatías extra-continentales, pero que practican políticas realistas, alejadas de toda algarabía mediática. 

Mayor marketing tuvo la estancia de Morales en Barcelona. Es normal puesto que en la Ciudad Condal se ha creado en los últimos años un poderoso movimiento antisistema para el que el Estado de Derecho es papel mojado y que apuesta por un modus operandi basado en el ambiguo concepto de la “acción directa”, lo que generalmente se traduce en violencia pura y dura contra el mobiliario público o privado.

En este sentido, debemos recordar que en las recientes elecciones autonómicas catalanas, las CUP lograron representación en el Parlamento. Por cierto, curiosa contradicción la de las CUP: tanto aborrecer de la política y de los políticos… y se meten a parlamentarios. En el fondo, es un oficio como otro cualquiera, con su salario garantizado a fin de mes y el tiempo libre suficiente como para seguir jaleando conceptos vacuos como “autogestión”.

Entre el lenguaje de dicha formación política y el de Evo Morales, las diferencias, si las hay, son mínimas. Frases lapidarias que no van más allá del mero eslogan. En el fondo, para el político boliviano sus verdaderos interlocutores son estos movimientos sociales y no los gobiernos elegidos democráticamente en las urnas. De cara a agradar al grosso de la audiencia, no faltaron las referencias a la CIA y al FMI, para terminar afirmando que “ahora Bolivia es libre” (evidentemente, gracias a él, se sobreentiende).

Evo Morales forma parte de aquellos dirigentes que gozan de mayores adeptos fuera de su país que en el interior del mismo. Junto a Hugo Chávez y los hermanos Castro es uno de los iconos de la progresía europea, generalmente multimillonaria, y que ve en tales personajes los adalides de la “igualdad”. Para ello, no duda en justificar cuantos actos lleven a cabo, ya atenten contra las libertades más básicas, ya sean puras confiscaciones. No sólo en Europa gozan de predicamento este tipo de dirigentes mesiánicos. En Estados Unidos ocurre algo similar y son numerosos los actores y directores de cine que empatizan con el socialismo del siglo XXI.

Recientemente, Evo Morales nombró a Sean Penn “embajador de Bolivia de las causas nobles ante el mundo”. El ex marido de Madonna siempre ha estado muy pendiente de criticar a Estados Unidos y su sistema de libertades, contraponiéndolo con otras sociedades idílicas según su particular prisma, como la cubana o la venezolana, pero “casualmente” en las que no vive.

En este punto, la farándula norteamericana sí que es más valiente que la española, pues “los nuestros” no trascienden el dogma, son felices autoproclamándose mundo de la cultura y asomándose al balcón de algún teatro para arengar a las masas, mientras ellos sólo se arriesgan fotografiándose con la ceja levantada, paso previo para ir a recoger la subvención.

La desfachatez del estatismo

El relato oficial es un cúmulo de responsabilidades ocultas. Díaz Ferrán adeuda a Banesto, Novagalicia y otras entidades bancarias, especialmente cajas de ahorro, una cifra de euros cercana a los 419 millones. Los perjudicados son, directamente los accionistas de esas entidades y los impositores de las mismas. El ex presidente de la CEOE no puede responder ante los acreedores porque no quiere, simplemente, al haber establecido una trama de evasión de sus obligaciones contractuales ante los propietarios privados. Debe y no paga. La espectacularidad del caso viene exacerbada por la situación de crisis que levanta clamores justos que apelan a la conculcación de los derechos de propiedad. Pero especialmente se escucha otro tipo de apelaciones menos claras en cuanto a la defensa de esos derechos fundamentales y sí más claras en la condena al capitalismo que permite hechos similares. Nada más lejos de la realidad esta última interpretación, ya que es justamente el capitalismo el que asienta por delante de muchos otros derechos los de propiedad y su defensa jurídica y penal.

De esta manera, la condena del capitalismo y no la de un simple sospechoso de robo a propietarios particulares, como debería considerarse a Ferrán, es lo que prima, de forma que se oculta el hecho de que el supuesto ladrón solo pudo perpetrar su delito con la aquiescencia, precisamente, del sector no privado y no capitalista, es decir, del estado corporativista. Sin la manipulación política de bancos y, especialmente, de cajas de ahorro es muy posible que Ferrán no hubiera llegado a endeudarse hasta tales niveles. Es, justamente, por esa intromisión política que el crédito se ofreció muy por debajo de los límites que la prudencia y la tasa natural de interés presente en la economía aconsejaban. La expansión crediticia y los asientos políticos en los consejos de administración de las entidades financieras hicieron posible el “caso Ferrán” y Ferrán, simple y supuestamente, robó.

Pues bien, a pesar de el sustrato real del todo lo ocurrido con el propietario de Viajes Marsans, sucede que el relato vulgarizado y falso permite comparar a su lamentable protagonista con el suceso de las empresas transnacionales que planifican la evasión de sus impuestos. Starbucks, Apple, Amazon y otras están siendo acusadas e investigadas parlamentariamente en el Reino Unido, es decir, por los representantes de “lo público”, y con escenografía rayana en lo obsceno. Parece ser que estas firmas han planificado la reducción de sus costes tributarios de manera legal (por más que dichos costes sean esencialmente ilegítimos) y que eso, en momentos en los que la envidia social es demagógicamente excitada por políticos y movimientos de revival post-marxista, es considerado tan insolidario como lo supuestamente perpetrado por Ferrán.

De manera que el epílogo oficial de todo esto es que, cuando un desaprensivo roba, es decir, viola los derechos de propiedad que el capitalismo de libre empresa consagra, la culpa no es del sistema politizado que propicia esa transgresión ni simple y penalmente del ladrón, sino del capitalismo. Cuando ciertas empresas reducen costes evitando que el fisco conculque los derechos legítimos de propiedad por vía tributaria con el consiguiente beneficio para los consumidores que disfrutan de productos abaratados, eso se considera un delito de lesa solidaridad también. Lo que se exacerba aquí es la codicia de quienes se benefician del estado gigante, llamado del bienestar, que siguen queriendo parte de la tarta a costa de la competitividad de las empresas.

Lo que subyace a unos y a otros casos es que cuando un paradigma explicativo es el dominante en la sociedad, cualquier caso es referido a él, sea cual sea su etiología y sean cuales sea las consecuencias perversas de esa explicación.

Ideas sueltas sobre ‘la marea blanca’

La sanidad no se vende pero los servicios sanitarios sí; un médico, una enfermera, un auxiliar o un celador cobran dinero por sus servicios. Y no precisamente lo justo para vivir.

El hospital universitario La Princesa aparece estos días con docenas de sábanas, cuyo fin debería ser el uso por parte de los pacientes, colgadas de las puertas y ventanas con garabatos pintados sobre ellas. Es el mejor ejemplo del respeto de algunos empleados públicos por el uso del dinero que el Estado extrae de los bolsillos de sus conciudadanos.

Al parecer para algunos las subidas de impuestos son legítimas y se tienen que acatar, pero la decisión sobre el cambio de modelo de gestión de unos hospitales no, y por tanto se pueden contestar cortando calles, encerrándose en edificios públicos y molestando a los usuarios de una sanidad cuyo coste están obligados a sufragar. En otras palabras, una parte de la sociedad cree sinceramente que la otra parte está obligada a mantenerla digan lo que digan las urnas… y la realidad.

La única forma de hacer accesible la sanidad a todos los ciudadanos es abaratando su coste. Y la única forma de abaratar el coste de algo es dejar actuar libremente a las personas para que, de la competencia y la especialización, surjan nuevas técnicas que aumenten la productividad.

Los argumentos más utilizados por los defensores de la sanidad pública es que las enfermedades crónicas son muy difíciles o imposibles de costear por un ciudadano medio. O que las Urgencias sólo aceptarían a pacientes después de revisar su cuenta corriente. Dejando a un lado la validez de estos argumentos, la primera pregunta que habría que hacerles es por qué defienden la sanidad pública, cuando solo tienen argumentos para defender la gratuidad de urgencias y tratamientos a enfermos crónicos.

Ocho de cada diez funcionarios que pueden elegir entre Muface y la seguridad social, escogen a la mutualidad, que le permite contratar un seguro médico privado. Solo con este dato cualquier manifestación de funcionarios en defensa de la sanidad pública queda totalmente desacreditada.

Nadie en la extrema izquierda va a entender este tipo de argumentos. Para ellos utilizar la lógica del mundo real no tiene sentido, porque el mundo al que aspiran es ajeno a la realidad. La sanidad debe ser gratuita y todos los que trabajan en ella deben ser los mejor preparados. Que eso sea posible o no les da bastante igual. Por supuesto, hasta en los experimentos más cutres como el que tuvo lugar en Sol hace año y medio se pudo ver que su mundo paralelo implosiona en cuestión de días, por lo que no hay que preocuparse mucho por intentar convencerles de nada.

La gestión privada de hospitales es solo un parche de urgencia ante la escasez de dinero. Sería mucho más lógico implantar la desgravación del 100% del coste de un seguro privado para todos los ciudadanos. De este modo serían los propios ciudadanos los que premiarían la buena gestión de las aseguradoras, y los socialistas y aprovechados de las batas blancas tendría más difícil inventarse conspiraciones, al ser los propios ciudadanos los que les dieran la espalda.

¿Por qué las pensiones públicas son inviables en España?

La tasa de natalidad en España es una de las más bajas del mundo. Actualmente se encuentra en 10,4 nacimientos por cada mil habitantes o, lo que es lo mismo en términos de fertilidad, 1,3 hijos por mujer, ocho puntos por debajo de la tasa de reposición. Si la natalidad no crece de manera significativa en los próximos años (y nada lleva a pensar que vaya a repuntar sino más bien lo contrario) la sociedad española será la que cuente con mayor número de ancianos de la Unión Europea en el año 2050. Sólo la mitad de la población (un 52%) se encontrará en edad activa, mientras que más de un tercio (un 36%) serán mayores de 65 años.  

Nuestro sistema de pensiones estatales no es un fondo, sino un modelo piramidal condenado a la quiebra tan pronto como la base de la pirámide (los jóvenes cotizantes que entran) se estrecha. Los negocios piramidales están expresamente prohibidos por las leyes, las mismas que se salta a la torera el Estado en lo referente a algo tan importante como las pensiones de jubilación.

El sistema, que es tremendamente injusto y debería ser ilegal, funciona sólo cuando acceden al mercado laboral nuevas y numerosas remesas de trabajadores. El dinero que aportan se dirige automáticamente a liquidar pagos en forma de pensiones en la parte alta de la pirámide. Esa es la razón por la que, a este sistema, se le conoce como “de reparto”. No existe capitalización, sino redistribución forzada de renta entre generaciones. El trabajador no acumula durante su vida laboral, se lo entrega al Estado y éste sólo devuelve parte, si es que alguna vez devuelve algo. Las normas las pone el propio organizador de la pirámide, de ahí que continuamente se estén endureciendo los requisitos para acceder a una pensión estatal.

Con las proyecciones demográficas actuales las pensiones estatales colapsarán en los próximos 25 años por falta de cotizantes y exceso de beneficiarios.

Adiós a los vuelos económicos a Canarias

PAULINO Rivero, según publica la prensa local, ha dicho con relación a los vuelos a nuestras Islas que «cuando no funciona la competencia, cuando la competencia no cumple los objetivos de mejora de la calidad del servicio y de abaratamiento de los precios, que es lo que está sucediendo en este momento, en el que asistimos a un peor servicio y a un encarecimiento de los precios, tiene que actuar el regulador, los poderes públicos». Por esta razón quiere que Fomento fije a las aerolíneas que vuelan a Canarias obligaciones en varios ámbitos: «trayectos, frecuencias, tipos de aviones y, especialmente y muy importante, los precios máximos que se pueden cobrar».

El precio de los bienes y servicios, que es la unidad de valor a la que se produce un intercambio voluntario, es determinado en una sociedad libre por la valoración subjetiva máxima del comprador y la valoración subjetiva mínima del vendedor. De esta forma ni el vendedor puede subir los precios cuanto quisiera ni el comprador puede pagar tan poco como le gustaría. La explicación es fácil, nadie compraría algo que estuviera por encima de su valoración máxima y nadie vendería nada por debajo de su valoración mínima.

Por esta razón, cuando el Gobierno hace uso del poder para establecer un precio máximo pueden darse dos situaciones: si el precio de mercado es inferior al máximo fijado no tendría consecuencia alguna. Ahora bien, si el precio determinado libremente por los distintos vendedores y compradores es superior al precio máximo regulado la consecuencia va a ser bien distinta: escasez, bajada de calidad y mercado negro de los bienes y servicios regulados. Así, de entrar en práctica la medida, tendríamos menos vuelos, menor calidad en los mismos e incluso mayor inseguridad. Todo lo contrario que entiendo que desea Paulino Rivero.

Por todo ello, el presidente del Gobierno de Canarias, en vez de hacer peticiones al Gobierno de España que podrían haber sido hechas por el mismísimo Karl Marx, debería preocuparse más de por qué las aerolíneas han decidido no volar tanto a Canarias y, si lo hacen, hacerlo a precios más altos. Yo le puedo dar algunas pistas y ninguna tiene que ver con la falta de competencia, como el señor Rivero asegura, sino más bien con que la menor competencia se debe a las mismas. Aeropuertos controlados por el Estado con tasas aeroportuarias altísimas, regulaciones en todas las esquinas, impuestos exorbitados y una población que por culpa del nacionalismo socialista que defiende el señor Rivero se ha visto empobrecida hasta límites inimaginables, encabezando el paro de toda España.

Por último, deseo que estas palabras de Paulino Rivero no hayan sido oídas por empresas que estén estudiando empezar a volar a Canarias, pues abandonarían la idea de inmediato; no hayan sido leídas por empresas que actualmente operan en Canarias, pues podrían empezar a planificar su salida; y que jamás se pongan en práctica dichas propuestas, pues sin lugar a dudas habría que decir adiós a los vuelos económicos a Canarias.

Capindialismo (y III). Lacras presentes, futuro abierto

El saludable efecto detonador de las reformas de 1991 llevadas a cabo en la India parece estar llegando a su fin. Se ha alcanzado un punto de inflexión. Sin una tanda decidida de nuevas medidas liberalizadoras se corre el riesgo de que la economía india caiga en una nueva esclerosis.

Entiendo necesaria una nueva ronda de reformas que acabe con los excesivos y persistentes trámites burocráticos que sofocan el nacimiento de nuevos negocios (start ups), fomente el desarrollo rural mediante una eficiente reforma agraria con el fin de liberalizar los arriendos rurales y mejorar los imperfectos derechos de propiedad y su registro, elimine subsidios existentes, flexibilice el rígido y complejísimo mercado laboral indio, liberalice más el sector bancario y el de la energía (estatalizados en exceso), permita el libre acceso al mercado de nuevos agentes económicos en cada vez más sectores, invierta en sus atrasadas infraestructuras que suponen insufribles cuellos de botella, agilice la labor y la enorme pendencia de las cortes judiciales indias para reforzar la seguridad jurídica en aquel país, restaure el necesario equilibrio presupuestario e introduzca mayores dosis de transparencia en las licitaciones públicas y demás actuaciones de los poderes públicos.

Un país con un PIB que le coloca en la cuarta posición mundial, una población que supera ya los 1.200 millones de almas y una natalidad aproximada de quince millones de nuevas personas al año no puede permitirse el lujo de quedarse a medio camino. El desafío es de envergadura. Hoy, aparte de que el crecimiento de su PIB empiece a desacelerarse, hay dos señales aún más preocupantes: la merma del número de empresas que entran a competir cada año en el mercado local al persistir todavía grandes barreras de entrada y la endémica corrupción tanto de políticos como de empresarios oligarcas.

Rajiv Lall, ejecutivo financiero indio, comentó en cierta ocasión con amargura que en su país existían muchas leyes pero poco orden, a diferencia de lo que ocurría en China en la que había pocas leyes pero mucho orden. Esa es la razón por la que ha recibido la segunda mucha mayor cantidad de inversión extranjera directa que la primera. El milagro indio no es haber crecido a tasas impensables hace un par de décadas sino haber logrado triplicar su renta per cápita desde 1991 pese a sus insuficientes reformas liberalizadoras, pese a su casta política y a pesar de contar con un débil marco institucional aderezado con una agobiante inflación legislativa.

China comenzó trece años antes (1978) los procesos de reforma económica por lo que sus indicadores económicos son mejores que los de la India, pero impone aún severos controles y directrices a sus individuos y empresas. El capitalismo despótico y cuasi neocolonial chino cuenta con muchos admiradores debido a sus decisiones centralizadas y a sus grandes corporaciones patrocinadas por el Estado, pero carece prácticamente de sociedad civil. En la India todo se discute en el parlamento federal, en los estados, en sus agrupaciones locales y en los numerosos medios de comunicación. Sus profesionales de la política se mueven en el cortoplacismo, por clientelismos y lobbies diversos que tienden al proteccionismo. Es complicado tomar medidas efectivas como sucede en sociedades autoritarias por lo que sus cambios son lentos e incrementales. Pese a ello, tal vez a largo plazo el capindialismo se adapte mejor a un contexto de economías del conocimiento hacia el que tendemos.

En la India las instituciones democráticas surgieron antes de haber pasado por una revolución industrial; aquéllas crearon una intrincada maraña regulatoria antes de que la economía privada pudiera transformar una sociedad eminentemente rural en otra más desarrollada. Sin embargo, en su haber cuenta con logros indiscutibles como la libertad de expresión, pluralismo político, elecciones libres, acceso libre a Internet y a la opinión no censurada e irrestricta del exterior. Su economía ha quedado también parcialmente liberada desde mediados de 1991. Además, los numerosos medios de comunicación indios (hay más de 360 canales de televisión independientes y multitud de periódicos tanto en papel como online) garantizan la pluralidad de opiniones e ideologías. El gobierno indio puede tardar más en llevar a cabo acciones por su "estilo democrático" pero, al menos, sus errores no tendrán las consecuencias globales que puedan acarrear los cometidos por el único Partido comunista chino que actúa con notable opacidad y goza de escasa presión democrática desde abajo. Tampoco podemos olvidar que en China hay también su buena dosis de corrupción y se ejecuta a más gente en una sola semana que en toda la historia india desde su independencia.

La India tiene empero debilidades crónicas. A modo de ejemplo mencionemos que es complicado ser productivo en un país cuyas empresas rara vez tienen todos sus departamentos trabajando al unísono. Es habitual que cada uno de éstos contrate sólo a trabajadores de una misma religión para evitar enfrentamientos entre ellos. Debido al diverso panel de festividades religiosas con las que cuenta la India es normal que dejen de trabajar de forma intermitente departamentos enteros, atrasando y paralizando la coordinación dentro de las empresas.

Hay indicadores aún mucho más alarmantes. Casi un tercio de su población está alejada o al margen del mercado; vive, por tanto, en la extrema pobreza. Siguen existiendo elevadas tasas de desempleo y de analfabetismo. La pervivencia de la atosigante tradición de la dote hace, además, indeseables a las niñas por lo que son masivamente abortadas durante su gestación. El establishment político y sindical muestra indiferencia o, en el mejor de los casos, impotencia a la hora de mejorar la suerte de los más pobres de su país. Martin Wolf señaló con acierto que la India era una "superpotencia precoz" al combinar una economía inmensa con muy bajos estándares de vida.

Por otro lado, las finanzas del Estado indio empiezan a deslizarse de nuevo por terrenos delicados que pueden hacer descarrilar su economía: la deuda pública vuelve a rondar el 80% de su PIB; a esto se unen crecientes déficit fiscales y corrupción en todos los niveles de gobierno. En un mundo de inversiones globalizadas, la creencia de que la soberanía estatal puede acumular indefinidamente niveles de endeudamiento excesivos de manera impune ha demostrado ser falsa. Acechan, además, no pocos peligros tales como el fanatismo religioso, el ultra nacionalismo, el atávico sistema de castas sociales, los movimientos maoístas, la tentación militar frente a países vecinos con los que persisten aún conflictos territoriales y la sempiterna burocracia arrogante. Siguen siendo muchas las lacras.

Una de las principales tareas pendientes y no resuelta con las reformas liberalizadoras de 1991 es la facilitación efectiva de un entorno propicio a la empresarialidad con el fin de que emerjan allí nuevos y constantes negocios (nacionales o extranjeros). Hoy día esto sigue siendo difícil. El último reporte de Doing Business 2012 de la International Finance Corporation –miembro del grupo del Banco Mundial- sitúa a la India en el decepcionante puesto número 132 dentro del ranking de 183 países del mundo. Su vasto mercado interior está aún por conquistar. La India cuenta con un potencial tesoro consistente en un mercado cuatro veces la población estadounidense concentrada en una superficie apenas un tercio de la del país americano. Es un desafío tan prometedor como complejo.

Actualmente existen cerca de seiscientas zonas económicas especiales repartidas por la India. Cuando proliferan dichos enclaves en un país es porque dispone de una legislación general inadecuada para la iniciativa privada y los proyectos empresariales. Es un mal menor, una válvula de escape a modo de laboratorio económico acordado graciosamente por los gobernantes para paliar un problema de fondo que sigue sin resolverse. La India debiera convertirse toda ella en una zona económica especial y libre. Si se consiguiera esto habría beneficios y externalidades positivas inimaginables para todos.

Los indios de la diáspora han demostrado ser gente laboriosa y emprendedora en aquellos lugares donde existe una libre (y reglada) competencia y se dan las condiciones necesarias para desarrollar negocios con cierta seguridad y libertad. Nada indica que no sean capaces de hacerlo en su propio país. La prosperidad generalizada hará acto de presencia en la India si se dan esos incentivos adaptados a su entorno para que una economía de mercado dinámica arraigue realmente allí. Sus representantes estatales debieran permitir la libre entrada de la competencia dentro de sus fronteras y dejar manifestarse en toda su plenitud la iniciativa individual. Esa confianza en la acción creativa y emprendedora de sus ciudadanos traerá sin duda cuantiosos réditos.

En su reciente visita a España, el presidente del Consejo nacional de la innovación de la India, Sam Pitroda, a la pregunta de qué le diría a los recién licenciados europeos formulada por parte un periodista patrio del montón –es decir, de convicciones socialdemócratas- contestó que "un joven licenciado no debe buscar empleo, sino crearlo". Parece que en la India el paradigma está cambiando. Quedan por derribar, no obstante, no pocos obstáculos y llevar a cabo las reformas mencionadas.

Ojala que se vaya afincando cada vez más –y en la medida de lo posible- en el subcontinente indio ese mecanismo impersonal y éticamente neutral al que denominamos capitalismo que hace posible que personas desconocidas entre sí se apoyen en la satisfacción mutua de sus necesidades y propósitos. Sólo de esta forma terminará actuando no sólo a favor de millonarios sino al servicio de millones. Entonces sus habitantes podrán, al fin, disfrutar de mayor libertad para elegir y serán más autónomos. Esa independencia y esa soberanía es lo que realmente importa.


Este comentario es parte integrante de una serie publicada acerca de los daños y secuelas producidos en la India al abrazar el socialismo tras su independencia y la transformación que supuso la tardía introducción de un capitalismo sui generis en dicho país a partir de julio de 1991, pese a contar aún con numerosos lastres endémicos. Para una lectura completa de la serie, ver también I y II.

La Guerra de Secesión Americana (y IV)

La Guerra de Secesión americana invita a varias reflexiones: responder a por qué una guerra tan devastadora y destructora de riqueza y recursos pudo durar casi un lustro; cómo es posible que el Sur, tan limitado desde un principio por las circunstancias que no fueron analizadas correctamente por sus líderes, apoyara tan entusiásticamente su causa hasta el punto de hacerla personal. Cabe también preguntarse cómo una guerra entre ciudadanos que, hasta su inicio habían estado viviendo bajo una misma bandera, se convirtiera en uno de los conflictos más crueles de los que hasta ese momento se habían producido, donde los objetivos de los ejércitos ya no eran sólo los militares del enemigo, sino los civiles con sus ciudades y propiedades.

Por lo general, en el mundo liberal se asigna al Estado/Gobierno una capacidad casi mágica de engañar al ciudadano, de hacerle partícipe de sus objetivos, que son distintos de los suyos. Esto no es siempre así, yo diría que tampoco lo es a menudo y que, por lo general, las grandes políticas de Estado responden a intereses que, de alguna manera, puede compartir y comparte buena parte de la ciudadanía, sin necesidad de echar mano a la trampa. La causa independentista del Sur era real y fue asumida, bien de manera activa, bien de manera pasiva, por la gran mayoría de su población, de la misma manera que, para el Norte, la causa unionista y la legitimidad del Gobierno Federal era la correcta. Y por ellas debían luchar y lucharon unos y otros.

Debemos recordar que, en el momento del comienzo del conflicto, el ejército americano era uno de los más pequeños y menos formados del mundo. Apenas tenía experiencia, aunque había algún veterano superviviente de la guerra de 1812 y de la más reciente Guerra con México, donde sí habían luchado algunos de los principales oficiales que luego se enfrentarían entre sí en ambos bandos, como Grant y Lee.

A la llamada a filas acudieron miles de voluntarios los primeros meses de guerra, y lo hicieron gustosos y honrados de servir cada uno a su causa. Se calcula que, menos de un año después del inicio, el Norte tenía unos 700.000 hombres, entre voluntarios y milicianos, y el Sur, unos 400.000.

Es difícil sostener que fuera el engaño gubernamental el que había provocado estas movilizaciones masivas en ambos bandos, y tiene más lógica pensar que acudieron por una cuestión de honor, una cuestión de afinidad ideológica, una simple cuestión de patriotismo, entendido el mismo como afinidad por la sociedad a la que cada uno se sentía vinculado o, simplemente, porque percibieron que su estilo de vida estaba amenazado. De hecho, cuando las necesidades de hombres se hicieron mayores y se instauraron los servicios militares obligatorios, no hubo demasiados problemas de deserciones, aunque a ninguno de los dos bandos les gustara la medida. En el Sur, incluso se llegó a criticar la recluta obligatoria, pues devaluaba el esfuerzo y el compromiso de los voluntarios.

Pero eso no quiere decir que no hubiera movimientos antibelicistas en cada bando. Sin embargo, nunca llegaron a ser importantes y sólo resaltaban algo cuando el conflicto en sí se volvía en contra de cada uno de los bandos. Así, en el Norte cobraron importancia a finales de 1862, coincidiendo con una serie de derrotas que terminarían en Gettysburg, y en 1864, ya como consecuencia de la fatiga de la guerra. Sin embargo, el liderazgo de Lincoln, la normalidad administrativa y el apoyo popular nunca se vio socavado. Por su parte, el Sur sólo sufrió problemas en este sentido a finales de l864, cuando con un ejército en unas condiciones deplorables y, en muchos casos, cercanas a la inanición, los combatientes abandonaron las filas a una escala resaltable.

Los problemas de Davis venían principalmente de la tradición sureña de dar más peso a las necesidades de los Estados que a la del Gobierno central. Pese a que la lógica de un poder centralizado que dirigiera el esfuerzo de guerra era cada vez más evidente, los líderes estatales ponían muchos problemas al desplazamiento de sus tropas a Estados que no eran el suyo, provocando serios problemas estratégicos, operacionales y tácticos.

Cabe también preguntarse si el agotamiento financiero de un Gobierno es condición necesaria y suficiente para el fin de un conflicto. En el caso del Sur pronto se dieron las condiciones en las que, tanto financiera como militarmente, el resultado era la derrota. Pero el conjunto de la sociedad (políticos, militares y civiles) se las ingenió para conseguir recursos de todo tipo. Por ejemplo, el salitre necesario para hacer municiones se sacó de los excrementos animales que había en las granjas, incluso rascando las paredes de establos y otras infraestructuras. El mencionado reclutamiento obligatorio permitió mantener un número adecuado de militares y la actividad de la población civil suministró buena parte de las necesidades de sus ejércitos a costa de las suyas propias, y se hizo de una manera voluntaria. Por último, cuando el Norte terminó de tomar el Mississippi con la toma de Vicksburg y dividió el territorio sudista en dos zonas no conectadas entre sí, restando capacidad operacional y logística al Sur, las autoridades políticas y militares siguieron luchando aún unos años más. Incluso la marcha de Sherman por el territorio del Sur, perpetrando una serie de actos violentos sobre la población civil, no sólo no consiguió acabar con el apoyo de ésta a su Gobierno, sino que lo reafirmó.

Por último, volviendo al principio de este largo análisis de la Guerra de Secesión americana, cabe preguntarse cuál debería ser el papel de los políticos, pues la predicción del futuro no es precisamente lo suyo. Los terratenientes y los líderes del Sur consiguieron destruir en cinco años lo que sus predecesores tardaron en levantar varias décadas: la idea de un Sur más cercano a lo que ellos creían los ideales de los padres fundadores. Cabe pensar si una actitud menos violenta, una política menos agresiva, pero más segura de lo que se podía obtener por otros medios, habría conseguido que, hoy en día, existieran los Estados Confederados de América. Y es que si el cálculo económico es imposible, el cálculo político lo es aún más.


Este comentario es parte de una serie de artículos relativos a la imposibilidad del cálculo económico en la Guerra de Secesión Americana. Para una lectura completa de la serie, ver también III y III.


Bibliografía

Dilorenzo, Thomas J., El verdadero Lincoln. Unión Editorial.

Ferguson, Niall, El triunfo del dinero. Debate.

Keegan, John, Inteligencia militar. Conocer al enemigo, de Napoleón a Al Qaeda. Editorial Turner.

Keegan, John, Secesión. La Guerra Civil americana. Editorial Turner.

Varios, Great battles of the Civil War. Marshall Edition.