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La ceja reaparece (nunca se fue)

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Que la crisis económica actual se está cebando sobre los más débiles es algo que no admite discusión. Aumenta el número de familias que viven situaciones dantescas, donde el paro es sólo la punta del iceberg. Se trata de un escenario que debería servir para sumar esfuerzos, nunca para minar al gobierno de la nación, cuyo partido ganó por mayoría absoluta las pasadas elecciones de 20 de noviembre.

Sin duda alguna, estos resultados ofrecían el mejor caldo de cultivo para que "el clan la ceja" dispusiera de munición durante cuatro años para vender toneladas de su moralina particular. Este grupo nunca juzga el contenido de la oración, sino el sujeto de la misma. El sectarismo es su leit motiv y a quien no comulga con sus ideas, se le desprecia. Dicho con otras palabras: no se le considera representante de la cultura y, si además en alguna etapa de su vida había mostrado sentimientos pro izquierda, se le etiqueta como traidor.

Sin embargo, mientras un sector importante de la población española opta por alejarse de la política, considerando a los representantes de la misma como los culpables de la crisis, nos encontramos con este otro, más minoritario pero muy mediático. Los integrantes del otrora clan de la ceja se hallan sin su referente ideológico natural, José Luis Rodríguez Zapatero, al que "sorprendentemente" no citan en ningún momento, pero tampoco culpabilizan de nada.

El recuerdo del ex presidente, no obstante, sí que permanece puesto que el clan hace suyas las manidas expresiones de aquél (por ejemplo, España plural). Para ello, apelan a su (supuesta) superioridad moral sobre el resto de mortales, lo que les legitima para definir lo correcto e incorrecto, el bueno y el malo.

Así las cosas, el clan de la ceja ha irrumpido cual tsunami mediático; de hecho, bien podríamos decir que se ha convertido en la verdadera oposición, repitiendo mantras y lemas caducados, en algunos casos propios de latitudes no especialmente amigas de las libertades. Todo es válido con tal de socavar al gobierno, siempre y cuando éste sea de derechas. Sin embargo, sus argumentos son débiles y no por repetidos se convierten en verdad absoluta como a ellos les gustaría. Arremetidas contra el capitalismo, utilización indiscriminada y vacua del término neoliberal o empleo del término derecha como algo peyorativo son algunos ejemplos.

Aun así, lo que más llama la atención es su autodenominación: "mundo de la cultura", que de todo sabe y de todo opina. Uno de los últimos temas sobre los que se ha pronunciado es la embestida independentista de Artur Mas, realizando una defensa a ultranza del federalismo, por lo que sería conveniente pedirles una definición de esta forma de organización política. Las respuestas podrían llenar un libro que llevara por título "tratado de la anti-Ciencia Política", sobre el cual, naturalmente, cobrarían derechos de autor. Cuando de dinero se trata, en este grupo los traumas ideológicos se diluyen cual azucarillo.

También curioso es cómo estos millonarios se erigen en los portavoces de los más perjudicados por la crisis. Tampoco debe pasar desapercibido su victimismo ni su poco "talante" para encajar los reproches. La autocrítica no tiene cabida en su diccionario. Ninguna exigencia de responsabilidad hacia los subvencionados sindicatos se les conoce.

De cara al 14 de noviembre, la ceja es firme partidaria de la huelga general, cuando hace un año se adherían al lema "esto lo arreglamos entre todos" (al que deberían haber añadido "siempre y cuando gobiernen los nuestros"). Con su apuesta por la huelga, que evidentemente no mejorará la situación económica de España, se busca única y exclusivamente desgastar al gobierno, apelando al pancarterismo de años no lejanos. Para este grupo, el fin justifica los medios y si hay que enfrentarse a las fuerzas de seguridad, se hace, pero con cámaras delante, que así pueden seguir reivindicando lo demócratas que son.

Des-desahuciados: un caso práctico

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Al socaire del suicidio de una mujer en Baracaldo por un desahucio, aunque después se ha sabido que la relación causa-efecto era meramente tangencial, el telediario de TVE entrevistó a un hombre que gracias a la histeria desatada había visto cómo su banco paralizaba en el último momento el desalojo de que iba a ser objeto.

Lo más interesante de la pieza informativa fueron las explicaciones del protagonista, un inmigrante sudamericano, acerca de su caso concreto. Así supimos todos los telespectadores que el hombre había contratado una hipoteca de 263.000 euros para comprar su vivienda, a la que no podía hacer frente en las actuales circunstancias porque tan sólo cobraba un subsidio de algo más de quinientos euros al mes.

Bien. Desconocemos las condiciones contratadas en su día con el banco, pero un préstamo hipotecario por esa cantidad a treinta años y a un tipo de interés de, pongamos, el 2,5% implica un pago mensual de algo más de mil euros durante 360 meses consecutivos. Teniendo en cuenta que los expertos recomiendan no destinar más del 40% de los ingresos familiares al pago de la vivienda, sólo alguien que contara con la seguridad de mantener unos ingresos de 2.500 euros mensuales (más las subidas del IPC) durante los próximos 30 años podría hacer frente con garantías a una carga de esa magnitud.

No parece que esa fuera la situación financiera del afectado, porque apenas hay sueldos de ese nivel en España y, además, el desarraigo geográfico hace que ni siquiera pueda contar con el apoyo de la familia en momentos de necesidad. Su imprevisión a la hora de optar por la compra de una vivienda, en lugar de contratar un alquiler más económico, es lo que le ha llevado a la situación actual, por más que los bancos antes de la crisis ofrecieran hipotecas como si fueran churros.

La demagogia de PP y PSOE a la hora de ponerse a solucionar este asunto, más allá de casos dramáticos a causa de circunstancias sobrevenidas, amenaza con castigar todavía más el bolsillo de los contribuyentes que fueron previsores y tiraron de lápiz y papel cuando evaluaron la posibilidad de invertir en una vivienda en propiedad, la decisión más importante de la vida para una persona en términos financieros. Porque es evidente que los bancos no van a asumir el coste de esos préstamos incobrables y sin posibilidad de resarcir con la recuperación del inmueble, sino que ese coste añadido se incorporará a las nuevas hipotecas que se formalicen en el futuro, a través del correspondiente incremento en las comisiones o en los tipos de interés. Si los dos grandes partidos sucumben a la histeria y extienden sus medidas contra los desahucios más allá de lo razonable, al final ocurrirá lo de siempre, que los industriosos y los previsores asumirán el coste de los errores de los que no lo son.

Lo más pintoresco de esa píldora informativa de TVE llegó al final, cuando el feliz des-desahuciado afirmó con total tranquilidad que él tenía derecho a una casa y que si le había salido muy cara en su día y ahora no podía pagar el préstamo no era culpa suya, por lo que no tenía la menor intención de "dar las gracias a nadie". Sólo faltaría.

La prioridad es reducir el gasto público

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

 Como explico en mi último libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, las Administraciones Públicas necesitan reducir su gasto anual en alrededor de 135.000 millones de euros para acabar con el déficit, despejar los riesgos de suspensión de pagos del país y poder atraer inversión extranjera que contribuya a modificar nuestro anquilosado modelo productivo, basado en el ladrillo. Un recorte que nos alejaría de Grecia y nos acercaría, en lo relacionado con el tamaño del Estado, a Suiza.

La política del Partido Popular, desde que Mariano Rajoy se asentó en La Moncloa, ha pasado, sin embargo, por tratar de minimizar la magnitud del recorte (hasta el punto de que en 2013 la Administración central gastará más que en 2012 y 2011) mediante una muy considerable subida de todas las figuras impositivas: IRPF (tanto en su base general como en la del ahorro), IVA (en sus tres tipos), Sociedades (eliminando la mayor parte de deducciones fiscales a las empresas, obligándolas incluso a tributar por beneficios que no han obtenido) e incluso cotizaciones sociales (tras haber prometido que las iban a reducir).

La estrategia de exprimir más al ya asfixiado contribuyente en lugar de proceder a pinchar con resolución la burbuja del sector público (la hipertrofia del gasto estatal merced a la recaudación extraordinaria proporcionada por la burbuja inmobiliaria) tiene pocos visos de éxito: de momento, tan sólo está sirviendo para mantener la recaudación fiscal de 2011, no para incrementarla. Magro consuelo cuando el año pasado cerramos con un déficit de 100.000 millones de euros, que debemos reducir, no estabilizar.

Pero, más allá de la cuadratura del círculo contable español, apostar por las subidas de impuestos en lugar de por las reducciones del gasto público en medio de una devastadora crisis económica como la que atravesamos supone un doble error. Al cabo, los dos problemas fundamentales que ahora mismo padece España son una estructura productiva descompuesta tras la burbuja inmobiliaria y un exceso de deuda –sobre todo privada– provocada por la política de crédito barato del Banco Central Europeo.

Perseguir con más impuestos al sector privado torpedea la solución de estos dos problemas. Por un lado, se exprime a los agentes económicos que, en el complicadísimo contexto actual, siguen generando riqueza para mantener programas de gasto público que o no contribuyen a hacerlo o que directamente lo obstaculizan. En otras palabras, reducimos todavía más el atractivo de ahorrar, invertir y emprender en la economía española, bloqueando el necesario cambio en nuestro modelo productivo: difícil, pues, volvernos un destino más atractivo para los capitales foráneos, si tenemos impuestos más elevados que países de nuestro entorno mucho más productivos y serios que el nuestro.

Por otro, cuanto más recortemos la renta disponible del muy endeudado sector privado, más complicado resultará a nuestras familias y empresas reducir su muy abultado endeudamiento, de modo que seguirán cargando durante más tiempo con una pesada losa de deuda que coloca dudas sobre su solvencia e impide que vuelvan a consumir o, preferiblemente, invertir con autonomía. Olvidémonos de que el crédito “vuelva a fluir” hasta que el apalancamiento de nuestro sector privado no caiga de manera muy considerable.

Es verdad que, como dice el ministro De Guindos, la reducción del déficit público es una prioridad, y que sin consolidación presupuestaria es imposible que España se recupere. Pero que la reducción del déficit sea una prioridad no significa que el mantenimiento de figuras fiscales extraordinariamente gravosas también lo sea. Más bien al contrario: existe la mucho más razonable, efectiva y beneficiosa alternativa de pinchar la burbuja del sector público recortando el gasto (nota: mantras como “luchar contra el fraude fiscal” o “hacer pagar más a los ricos” no contribuirían en nada a minorar el déficit). Ésa, la reducción de nuestro sobredimensionado sector público, sí debería ser la prioridad, y no convertir en permanentes los tipos marginales del IRPF más elevados de Europa.

El huracán de intervencionismo que recorre Nueva York

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

"Empty America" es un curioso proyecto artístico en el que se muestra cuál sería el aspecto de las principales ciudades de Estados Unidos si estuvieran completamente desiertas. Tiene su gracia que publicaran el montaje que mostraba una desolada Nueva York, al puro estilo ‘Soy Leyenda’, precisamente el 29 de octubre, día de la llegada del huracán Sandy a la ciudad que nunca duerme. No hizo falta un enorme esfuerzo para imaginarse la ciudad vacía, pues ese día se hizo realidad. Los neoyorkinos se refugiaron en sus casas con la esperanza de que Sandy tuviera piedad y no causara demasiados estragos.

El mundo estaba expectante por ver el impacto de la denominada "tormenta perfecta" sobre esa locomotora económica que es la ciudad de Nueva York. Y lo cierto es que el impacto no ha sido para nada despreciable. Sandy se considera el mayor huracán registrado, y el segundo en daños provocados tras la tragedia del Katrina en Nueva Orleans en 2005. Nueva York tardará meses en volver a la normalidad por los destrozos causados, por las zonas inundadas, las instalaciones dañadas y edificios afectados. Eso, claro, sin contar las más de 120 víctimas mortales que el huracán se ha cobrado por la Costa Este de Estados Unidos.

En las catástrofes, sean donde sean, tienden a producirse dos curiosos efectos humanos. El primero es que el comportamiento de los ciudadanos suele ser ejemplar. Algunas veces, incluso heroico. La gente rápidamente extiende una admirable red de colaboración y ayuda para atender a quienes lo necesiten. El segundo efecto es que los políticos suelen pecar de soberbia y demagogia. El paso de Sandy ha confirmado esta natural tendencia. El afán intervencionista de los políticos se exacerba cuando se encienden los focos y toda la atención se centra en algún lugar. Sienten la necesidad de convertirse en los salvadores de la ciudad. Y, lo hagan a propósito o sin darse cuenta, terminan torpedeando el buen hacer de los ciudadanos para superar la situación.

El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, fue bautizado como "La Niñera" (‘The Nanny’) por su reciente prohibición de los refrescos de más de 16 onzas (algo menos de medio litro). No ha sido su única victoria en la cruzada alimenticia. Algunos meses atrás había aprobado una prohibición que ha tenido un duro impacto tras el paso del huracán Sandy, principalmente entre los más necesitados: había prohibido las donaciones de alimentos a los refugios de indigentes. El motivo alegado es que las autoridades no son capaces de controlar los niveles de sal, grasa, calorías y fibra de los alimentos donados. Por lo visto, aquí o comes sano, o no comes.

En las fechas previas a la llegada del huracán, las autoridades políticas se volcaron en lanzar amenazas a los comercios respecto a posibles subidas de precios debidas al huracán. Es un fenómeno al que despectivamente llaman price gouging. Es cierto que este tipo de intervencionismo de precios es muy fácil de vender. Cualquier político medianamente populista lo incluye en su repertorio. Basta decir que los malvados empresarios "se aprovechan" de las circunstancias, o que "depredan" a la gente. Pero, como dice David M. Brown en un artículo titulado "Price Gouging Saves Lives in a Hurricane", los precios nos dicen cómo bienes escasos son asignados de acuerdo con las condiciones reales. "Cuando se incrementa la demanda, los precios suben. Eso no es inmoral. (…) Y cuando la demanda de un bien se desploma o la oferta repentinamente aumenta, los precios bajan. ¿Debería ser ilegal también bajar los precios?". Para hacer una crítica a este tipo de intervencionismo no hace falta más que sacar los apuntes de economía del colegio.

Si, por cualquier motivo, no hay posibilidad de ofrecer la misma cantidad de bienes que en circunstancias normales, no se puede consumir al mismo ritmo de siempre. Así de simple. Es necesario que los precios se ajusten para que esos bienes escasos se asignen a aquellos consumidores que más los demandan. Como decía David M. Brown en el artículo anterior, "si eso es rapacidad, bienvenida sea". Bloquear este mecanismo de precios produce un grave impacto sobre la asignación de bienes. Cualquiera que haya estudiado un mínimo de economía, o simplemente tenga sentido común, sabe que limitar las subidas de precios, sean éstas repentinas por un cuello de botella puntual, como es el caso de un huracán, o por circunstancias más duraderas, provoca una cosa muy simple: desabastecimiento.

Las consecuencias de las amenazas de las autoridades ha tenido su efecto. Circulan por Internet espectaculares imágenes de desabastecimiento en tiendas y supermercados. Al limitar el proceso de mercado, los bienes no se han terminado asignando a quienes más los demandaban, sino a los que han llegado antes. Se ha sustituido el mecanismo de precios por el de "tonto el último". Y lo mismo ha pasado en el suministro de gasolina. Ha sido tal el desabastecimiento de combustible, que los políticos han vuelto a sacar su manual de intervencionismo y han aplicado la siguiente receta en la lista: la cartilla de racionamiento.

Si en un producto en concreto se han volcado los políticos en su amenaza por posibles subidas de precios, ese ha sido el de los combustibles. Bloomberg ordenó que haya al menos un policía en cada gasolinera de forma permanente para vigilar que no suban los precios. Ahora que se han encontrado con el desabastecimiento, el alcalde de Nueva York ha anunciado el racionamiento de la gasolina. La ridícula norma aprobada ordena que los días pares solo podrán ser atendidos en las gasolineras los coches cuya matrícula termine en número par, y los mismo con los impares.

Aunque en Europa la gente crea que Estados Unidos es el paraíso de la libertad, la realidad es que el intervencionismo crece a marchas forzadas. Y en Nueva York especialmente. El huracán Sandy ha servido para desnudar las vergüenzas intervencionistas de la que en su día fue la ciudad campeona de la libertad. Ahora América quiere ser como Europa, y está poniendo todo su empeño en lograrlo. Aún le falta para alcanzar el grado de perfección socialista del Viejo Continente. Pero a este paso pronto le alcanzará.

El voto a un partido libertario

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Tres millones de votos es lo que separa el apoyo popular a Barack Obama al que ha recabado Mitt Romney. Poco más de un millón de votos, apenas el uno por ciento del total, es lo que ha logrado reunir Gary Johnson. Puede parecer un magro resultado, y sin duda lo es. Pero es más del doble que lo que logró reunir Bob Barr hace cuatro años, son más votos que los que nunca haya recibido un candidato libertario, y el porcentaje de apoyo queda sólo por debajo de Ed Clark en 1980. Y sin embargo es difícil no considerarlo decepcionante.

Bien, nadie pensaba que Johnson fuera a disputarle la presidencia a Obama y Romney. Aunque eso no quiere decir que no pueda haber una parte de la sociedad importante, aunque no mayoritaria, que se sentiría cómoda votando libertario. Echando la vista hacia atrás, Ross Perot logró en 1996 más de 8 millones de votos, el 8,4 por ciento del voto. Y en 1992 obtuvo 19,7 millones de votos, que suponían poco menos del 19 por ciento del total. Perot no era un candidato libertario, claro está. Pero una parte de sus mensajes sí lo eran, y es fácil pensar que una proporción mayor que el millón podría haber ido al partido libertario con un mensaje o un candidato mejores. En 1984, Reagan concitó el apoyo de casi el 59 por ciento del voto, y de nuevo es difícil pensar que una parte de ese voto no mostraría sus simpatías por un candidato libertario.

Pero en todas esas elecciones había candidatos libertarios y no concitaron todo el apoyo potencial que podrían haber ganado. ¿Por qué? Porque parte de la relevancia del voto es su utilidad. Y un voto al partido libertario no iba a granjearle votos electorales (los que otorgan la presidencia) y, en cierto sentido, son votos perdidos. Hay un contraargumento a esta consideración. David Friedman lo expone así: Tiene sentido votar a un tercer partido en ciertos Estados, no a pesar de que no tenga posibilidades de cambiar el resultado, sino precisamente por eso. Y pone el ejemplo de California, donde la ventaja de los demócratas es abrumadora y votar al partido republicano no resulta tan útil. Lo mismo vale para aquellos Estados en los que haya una clara mayoría republicana y una parte del voto demócrata o independiente podría ver atractivo un candidato libertario. Y privado de la utilidad en la elección del presidente, el voto puede tener otra utilidad: la expresión de una posición contraria al estatismo y favorable a la libertad. La estrategia de Gary Johnson se basaba en el objetivo de lograr el 5 por ciento del voto nacional, lo que le conferiría al partido ventajas electorales posteriores y, cabe pensar, mayor presencia en los medios.

Pero hay otra estrategia opuesta, pero complementaria. Consiste en ir a la caza de lo pequeño, de algún que otro ayuntamiento en el que se puedan poner en marcha los programas libertarios, para mostrar sus efectos y ganar con ello un apoyo social más amplio. Es una estrategia razonable, aunque un poco ilusoria, porque el comportamiento electoral no es tan racional.

A veces, aunque queda fuera del planteamiento de este artículo, lo más efectivo es que triunfen las tesis libertarias en un partido mayoritario, lo que en este momento histórico sólo podría darse en el partido republicano.

¿Y en el caso de España? Contamos con una organización libertaria, el Partido de la Libertad Individual. Cualquiera de las dos estrategias válidas en el caso de los Estados Unidos no tiene mucho sentido en España. Aquí no se lo lleva todo el ganador, sino que las listas de los partidos se cortan en uno u otro punto en función de los restos, y un puñado de votos pueden decidir que uno de los diputados sea de un partido u otro. Y la capacidad de maniobra de un alcalde, con la maraña legislativa que condiciona su actuación, es más escasa en nuestro país. Por desgracia, con la posible excepción de la Comunidad de Madrid y con enormes reservas, no podemos confiar en que el gran partido de centro derecha, el Partido Popular, vaya a ser libertario, o acaso liberal, en algún sentido.

‘Four more decades’

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

 Cuando Barack Obama tomó posesión de su cargo de presidente de los Estados Unidos pensé que no renovaría su mandato en las siguientes elecciones. Siento no haberlo dejado escrito para que mi fallido pronóstico quedara negro sobre blanco.

Obama es el presidente más socialista de la historia de los Estados Unidos. En mis errados cálculos sobre las elecciones que acaban de ser tenía en mente las de 1972 entre Nixon y McGovern, el único candidato que rivaliza con Obama en izquierdismo. El senador, recientemente desaparecido, no logró ni un 40 por ciento de apoyo electoral. En cuanto se viera la verdadera faz de este carismático charlatán, pensaba yo en 2008, los estadounidenses le concederían el privilegio de dar nombre a una biblioteca cuatro años antes de lo que él deseaba.

Es verdad que el presidente no ha mostrado su verdadera faz; es cierto que muchos electores no le ven como el hombre que quiere transformar el país de arriba abajo, convertirlo en lo que nunca ha sido y ahogar todo lo que aún tiene de excepcional. Pero también lo es que una parte importante de aquella sociedad concuerda con este proyecto.

Obama es como nuestro Zapatero y nuestro Azaña. Una persona que abomina de la historia de su país, y que quiere que pase sobre ella un huracán de dimensiones bíblicas para construir sobre los restos un país nuevo. Una sociedad de individuos que confíen en el Estado y no en su vecino, en su familia y en sus propias fuerzas para cumplir sus sueños. Una sociedad domeñada, ahormada por los deseos igualitaristas del socialismo residual, postmoderno y postsoviético.

El reelegido presidente se ha inspirado para su mandato en dos antecesores republicanos y uno demócrata: Abraham Lincoln, Franklyn D. Roosevelt y Ronald Reagan. Los tres cambiaron la relación de la sociedad con el Estado e instituyeron ciclos políticos de largo recorrido favorables a sus propios partidos. Este era el sentido de las elecciones de este año. No sólo four more years, sinofour more decades, décadas de un frío abrazo estatal que se estrecha con el Obamacare y que, de seguir así, acabará ahogando a ese pueblo dinámico, seguro de sí mismo, optimista y emprendedor que admiramos algunos.

Capindialismo (II). 1991: liberación parcial de la economía india

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Pese a las tímidas reformas liberalizadoras de Rajiv Gandhi de los años ochenta, la economía india llegó exhausta y excesivamente endeudada al inicio de la década siguiente. En 1991 vino la quiebra de facto del Estado indio y su colapso económico, que le llevó a pedir el rescate al FMI. Tuvieron que hacerse reformas estructurales, no cosméticas. Los retóricos del tercermundismo quedaron desacreditados. Por fin la economía india empezó a liberalizarse en serio y a abrirse al mundo.

Así, en julio de 1991, caído el muro de Berlín y estando ya la planificada economía soviética y la propia URSS ambas en coma, se desregularon en la India muchos sectores, se bajaron decididamente los impuestos, se devaluó la rupia junto a su progresiva convertibilidad, se controló la inflación, se redujo el déficit presupuestario, se cortaron subsidios y subvenciones, se privatizaron algunas industrias estatales, se desmanteló la infausta licencia Raj, disminuyó el control del gobierno sobre el comercio exterior y se fomentaron las inversiones del exterior, entre otras. Sólo a partir de aquellas medidas patrocinadas por Narasimha Rao y, más tarde, por Manmohan Singh, la economía india se puso verdaderamente en marcha al desembarazarse de muchas de las trabas sangrantes que impedían su desarrollo desde que obtuvo la independencia.

Los escépticos en ese momento abundaron. Pronosticaron que la India sufriría una "década perdida", tal y como sucedió con los países africanos en los años 80 al disponerse a adoptar supuestamente las mismas recetas impuestas por el Banco Mundial y el FMI. También alertaron de que la apertura de la economía india permitiría a las multinacionales hacerse fácilmente con las empresas indias y dominar el mercado. Nada de esto sucedió: el PIB indio creció desde entonces una media del 7% anual y muchas empresas locales no sólo se mantuvieron y evolucionaron, sino que algunas se convirtieron ellas mismas en multinacionales. Los antiliberales, siempre tan alarmistas y tan errados en sus predicciones.

El muy imperfecto capitalismo activado hace ya veinte años está dando sus frutos. Las exportaciones, las importaciones y las reservas han ido aumentando sostenidamente cada año. La famosa "tasa de crecimiento hindú" quedó más que duplicada desde entonces. Si observamos la propiedad de sus principales empresas por volumen de facturación, el 41% son estatales, otro 41% son propiedad de tradicionales sagas familiares (Birla, Tata, Ambani, Singhania, Mittal, Mahindra, Agarwal…) y el 18% restante son de titularidad institucional o tienen el accionariado más difuso. Sin embargo el grueso del entramado empresarial está formado por millones de pequeñas o medianas empresas dispersas por doquier que han resurgido al calor de las reformas de 1991. Sus anhelos y proyectos modestos contribuyen a su manera a la modernización y prosperidad de su país. Estas pymes son las que contratan la mayor parte de la fuerza laboral india; muchas de ellas operan en la economía sumergida.

Inesperadamente la nueva economía india se especializó en servicios de software y en la tercerización de otros servicios técnicos y de información. En concreto, la industria de la tecnología de la información fue el primer sector que tuvo éxito fuera de sus fronteras sin ser parte de ninguno de los planes del gobierno de la India. La Administración no supo cómo regular ni hacer tributar todo lo relativo a dicha tecnología. La dejó a su suerte –en contraste con las computadoras y demás equipos de hardware-, por lo que se convirtió por sí sola en una de las actividades más pujantes e innovadoras del país. India pudo así exportar libremente códigos y bits hacia el resto del mundo, a diferencia de lo sucedido con sus mercancías, más fáciles de gravar o regular. Infosys, TCS, Cognizant, Wipro o HCL Technologies están por sus propios méritos dentro de las cuarenta empresas top desarrolladoras de IT a nivel internacional. Por su parte, las compañías más grandes del mundo han establecido casi todas sus centros de software en Bangalore o en Haydarābād.

Otro sector en que apenas el gobierno interfirió y que experimentó un desarrollo espectacular fue la industria del cine. Hoy, Bollywood es una verdadera potencia industrial de la región, no necesitando protección o subvención cultural de ningún tipo. Por lo demás, otros sectores dinámicos del país son la biotecnología, el turismo, las telecomunicaciones, el sector financiero no bancario o el farmacéutico.

Más de la mitad de la población activa trabaja aún en la agricultura, pero es el sector servicios el que representa significativamente el 60% de su PIB. Porcentaje algo inferior a lo que sucede en países como Alemania, Corea del Sur o Japón, que está en torno al 70% (lejos aún del 81% de EE UU o Países Bajos).

La India –antes una economía aislada del mundo- se incorporó formalmente en enero de 1995 junto a Brasil como miembro de la Organización Mundial del Comercio (China lo haría en 2001 y Rusia en 2011). Desde 2010 se ha incorporado también la India a la zona regional de libre comercio de la Asociación de países del Sureste Asiático (ASEAN). Después del prolongado enfriamiento de las relaciones bilaterales con China desde los años 60 a los 80, Pekín es ahora el mayor socio comercial de la India. Por su parte, se están normalizando también las relaciones bilaterales con Pakistán; fruto de ello ha sido el reciente acuerdo firmado en septiembre de 2012 para liberalizar cuatro décadas de restrictivo régimen de visado mutuo.

Se prevé que para finales de 2012 se concluya un acuerdo preferencial con la Unión Europea. Por su parte, los políticos profesionales norteamericanos están también presionando para que se firme uno con su país. El comercio internacional en régimen preferencial es lo que se está imponiendo.

Gracias a las reformas llevadas a cabo a mediados del año 1991 se han ido desmontando en la India buena parte de los anteriores encorsetamientos de décadas enteras de políticas autárquicas y socialistas impuestas coactivamente por los gobernantes indios desde que obtuvieron su ansiada independencia. Después de dos décadas de liberalización parcial de su economía, más del 40% del PIB de la India está ahora ligado al comercio internacional. Su producción empieza ya a abandonar niveles muy inferiores a su verdadero potencial.

Afortunadamente pasaron también a la historia los nocivos programas de ayuda masiva de los años 50 y 60 por parte de los países desarrollados hacia la India. Quedó demostrado, una vez más, que lo que necesitan los países en vías de desarrollados es comercio, no ayuda (trade, not aid).

El índice de pobreza en la India, según estándares actualizados del Banco Mundial, estaba en torno al 55% de la población en 1980, pasó al 45,3% en 1994 para descender acusadamente en 2011 al 29,8%, al mismo tiempo que mantiene una población de altísimas tasas de crecimiento. Esto es un triunfo pocas veces resaltado. Igualmente capeó razonablemente bien la crisis asiática del 97, así como la actual crisis financiera global. Es innegable la mejora con respecto al pasado reciente. Con todo, es el país más pobre de los cuatro grandes emergentes de los BRIC, con una renta per cápita en cuanto a paridad de poder adquisitivo unas 2 veces menor que la de China y cuatro veces menor que la de Brasil o Rusia. La edad media de su población es, por el contrario, la menor de todos ellos (28 años) y es probable que para 2025 sea la nación más poblada de la Tierra.

Lo logrado hasta ahora en la India es encomiable pero queda mucho por hacer. Abundan actualmente las críticas –escasas antes de 1991– debido a la desigualdad y a las muchas carencias entre la población india, que no dudan en atribuirlas a ese capitalismo local o capindialismo. Aunque estos reproches son certeros en algunos casos (Amartya Sen, Jean Drèze, Angus Deaton, Abhijit Banerjee), no hemos de perder de vista que la mayoría de las penurias existentes aún hoy son fruto de décadas pasadas de socialismo fabiano, planificador y venalmente burocratizado que se resiste a desaparecer del subcontinente indio.

Una segunda transición hacia la prosperidad es, pues, necesaria en la mayor democracia del planeta.

Este comentario es parte integrante de una serie publicada acerca de los daños y secuelas producidos en la India al abrazar el socialismo tras su independencia y la transformación que supuso la tardía introducción de un capitalismo sui generis en dicho país a partir de julio de 1991, pese a contar aún con numerosos lastres endémicos. Para una lectura completa de la serie, ver también I y III.

El antiliberalismo por interés

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

A todos nos gusta teorizar mucho sobre el impacto de las ideas de la izquierda o la derecha en las corrientes de opinión. Que si el socialismo deriva de ciertos sentimientos generales… O cómo el conservadurismo influye en el devenir de la sociedad. Pero la realidad es que cuando uno habla con la gente de la calle, se da cuenta de que generalmente las personas se comportan como los políticos: no les importa cambiar de ideas si casualmente le viene bien a sus intereses. O al menos lo que ellos creen que son sus intereses.

Retocando la famosa cita, se podría decir que las personas tienen ciertos ideales, pero si a las circunstancias no les gustan, tienen otros.

Es una de las principales razones de que el liberalismo no sea más popular. ¿Quién va a adoptar unas ideas que no se pueden cambiar en unas circunstancias desfavorables?

Pongamos por caso que un funcionario de la clase A tiene ciertas simpatías por el liberalismo. Paga bastantes impuestos y es una persona con ciertos conocimientos económicos, al que le parece correcto recortar el Estado y dar más margen para la iniciativa privada.

Hasta ahí sus ideales. Ahora, cuando le preguntas si considera que su sueldo es alto te explicará que no, ya que si estuviera trabajando en el sector privado, cosa que puede hacer, estaría ganando mucho más.

El argumento parece sólido, y no entra en contradicción con el liberalismo. A fin de cuentas, si cobra por hacer su labor pública menos que en el sector privado, parece evidente que no es necesario recortarle el suelo, ni mucho menos privatizar sus funciones.

El problema es que un liberal de verdad sabe que eso no se sostiene. Si esta persona se estuviera sacrificando cobrando menos que en el sector privado, poca gente se presentaría a las oposiciones para cubrir las plazas de su ocupación. Y los que ya tuvieran plaza se irían en su gran mayoría al sector privado a cobrar más.

La realidad es justo la contraria. Las oposiciones para ser funcionario de clase A no solo no están desiertas, sino que no suele caber un alfiler. A eso hay que sumarle que miles de personas no solo se presentan al examen, sino que se preparan durante años para el mismo. Con el coste personal y económico que ello conlleva.

¿A qué se debe esto si en el sector privado podrían cobrar más? ¿Son los aspirantes a funcionarios hermanitas de la caridad que se sacrifican por el bien común?

Pues evidentemente no. Puede que el sueldo sea mayor en el sector privado (a igualdad de puesto), pero las condiciones de trabajo, y la posibilidad de perderlo, no son ni por asomo las mismas. Y como cualquier persona debería saber, las condiciones laborales influyen en el sueldo. Por lo tanto es lógico que el sector privado compense con más salario beneficios que difícilmente podría dar.

Por tanto a los funcionarios se les puede recortar el sueldo, al menos hasta que las oposiciones empiecen a quedarse sin cubrir plazas. Sería lo que cualquier empresa haría para ajustar el salario de sus empleados.

Por supuesto decir esto te lleva a que la inmensa mayoría de los funcionarios van a dejar de mirar con simpatía el liberalismo. Una cosa es estar a favor del libre mercado y pagar menos impuestos, y otra distinta apoyar que se les acabe el chollo a ellos mismos.

Por supuesto nadie lo va a reconocer. Hay trampas intelectuales para estas ocasiones y simplemente dirán que tomar esa medida degradaría un servicio público, que aunque sea reducido, tiene que existir.

Y si insistes con la evidencia de que si las oposiciones no rebajan su dureza los perfiles contratados serán tan capaces como antes, se inventaran cualquier otra cosa. Muy poca gente será capaz de reconocer la evidencia si ésta va contra sus intereses.

Y esto nos lleva a la pregunta de siempre. ¿Es necesario endulzar el liberalismo para que pueda llegar a toda gente sin espantarla?

Mi opinión es que no. No hay manera humana de aplicar la lógica para contentar a todo el mundo. Ni siquiera para que contente a la mayoría. La lógica se aplica y punto. Si la mayoría se niega a aplicarla cuando le desfavorece habrá que aprender a convivir con ello.

Crímenes sin víctimas, prohibiciones que las causan

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La dimensión adquirida por el estado, también en democracia o especialmente en ella, incrementa el número de grupos interesados en fomentar la idea de que un círculo de funcionarios, que unen algo de ciencia simplificada y mucha pretenciosidad, es capaz de definir qué necesita cada uno de los individuos que componen el ámbito de población que gobiernan. Cuanto mayor sea la creencia en esa capacidad, mayor será su estatus económico y de poder. La realidad es muy tozuda y la pretensión de omnisciencia se resquebraja masivamente cuando suceden periodos de profunda crisis, como la actual, donde los economistas del mainstream, asociados a los políticos que compran sus productos, muestran con más claridad su ignorancia. La arrogancia fatal hace aguas también en muchas otras áreas en que se deja ver.

La premisa inicial de que debemos partir al tomar en cuenta cualquier modo humano de actuar es el carácter inerradicable del error. Todo proceso evolutivo es tal en virtud de las características concretas que el conocimiento tiene: limitado, disperso, tácito y no siempre articulable, lo que trae como consecuencia que las acciones humanas tengan una considerable carga de error y que la perspectiva humana sea, siempre, incierta. Esto que, junto con la complementaria concepción subjetivista de la acción humana, constituye el avance más sustancial en las ciencias sociales, es espuriamente encubierto, una y otra vez, por los planificadores gubernamentales.

Las víctimas masivas de todo ello son los individuos en cuanto tales, y se benefician los que están en el negocio de lo público, los cuales, en su balance particular de pérdidas y ganancias, se consideran satisfechos. Las invasiones del ámbito de lo privado son contraproducentes, dada la naturaleza humana, siempre, y no solo cuando hay una cadena de intereses afectados, como en el ejemplo de la contaminación ambiental.

Un caso poco cuestionado en que se invade la soberanía del individuo es el de los llamados crímenes sin víctimas. Siempre ha habido penalizaciones públicas a unos u otros de esos actos individuales, aunque el presunto perjuicio del mismo no recaiga más que en quien los lleva a cabo. La tradición de invasión de la libertad en este tipo de acciones es larga. Las justificaciones son tan antiguas como nuestro pasado tribal y, a pesar de haberse roto algunos moldes colectivistas, los antiguos castigos a la llamada conducta inmoral se han reinstaurado sobre conductas casi similares, pero por motivos diferentes. En unos casos, se ha sustituido una moral puritana religiosa por una de otro tipo y, en otros, el argumento seudosanitario ocupa el mismo lugar que el religioso y para los mismos fines restrictivos.

Si diéramos por refutados los motivos moralistas, asunto fácil en una sociedad suficientemente abierta, nos quedarían los relativos a la salud y al delito concomitante al tipo de "vicios" a que nos referimos. Empezando por el segundo, la doctrina comúnmente aceptada vincula la delincuencia, la esclavitud y el crimen organizado o esporádico a la práctica de la prostitución y al consumo de drogas. Sin duda es muy sencillo asociar causalmente dos hechos que se dan con bastante correlación sin tener en cuenta otros factores que están presentes. Es evidente que la criminalidad de ambas actividades no es ajena a las restricciones que se les impone o a su inserción en el código penal, a pesar de lo cual todas las campañas contra ellas obvian este dato crucial. ¿En qué queda, por tanto, la supuesta omnisciencia de los gobiernos? Sin duda se muestra inexistente.

Siendo lógicos y exigiendo a los políticos, a los moralistas de todo tipo y a los sanitaristas que lo sean, podríamos aplicar a otras actividades el argumento por el que se prohíben esas dos. Por ejemplo, a la política. Lo mejor es formularlo así: dado que el empleo corrupto de los cargos públicos en España ha avanzado considerablemente en los últimos diez años, es necesario perseguir la actividad política. Y si, avanzando en la argumentación, se adujera el su carácter "indispensable", en lugar de discutir lo discutible, podríamos señalar la contradictoria legalidad de producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas. A estos argumentos, nada que decir; solo se aportan juicios emocionales vinculados a prejuicios insostenibles. De nuevo la ostentación de sabiduría, ciencia y omnisciencia por parte de políticos y funcionarios queda en entredicho.

En el caso específico de las drogas se añade el inequívoco deterioro de la salud del drogadicto. Excluyamos de esta consideración los efectos sobre el comportamiento delictivo para financiar el mercadeo y el consumo, teniendo en cuenta que la mera prohibición, persecución y penalización de todo lo relativo a los estupefacientes dispara su precio exponencialmente y somete a los agentes del mercado de la droga a situaciones de alto riesgo con fuerte incentivo para cometer delitos, tal y como ocurrió en los EEUU durante catorce años.

El 16 de enero de 1920 Estados Unidos incurrió en uno de los mayores desaciertos de su historia: aquel día entró en vigor la Volstead Act o ley seca, que impulsó el consumo de alcohol, tanto el contrabandeado como el elaborado en los hogares y destilerías clandestinas. Toda prohibición incurre en un encarecimiento del producto, un aumento de los beneficios con concomitante aumento de la oferta, y nunca una reducción de la demanda. Si estos son los efectos de la prohibición de un estupefaciente, ¿cuál es la razón de que esta se mantenga en otros?, ¿la omnisciencia del político, quizá, por razones a las que nadie más es capaz de acceder?

De esta manera solo queda aducir que el perjuicio para la salud del adicto podría justificar el prohibicionismo dictado por el Estado. En ese caso, se expone, el gobierno debe evitar que el propio individuo se perjudique a sí mismo y, para eso, prohíbe. Dado este planteamiento, ¿podríamos aplicarlo a otros casos? Sí, podemos hacerlo: al alcohol, en primer caso. Sucede que es un tipo legal de estupefaciente cuyo consumo, en la mayoría de los casos, no implica ningún desastre para la vida productiva y social de la mayoría de individuos que lo consume, y que es claramente equiparable al caso de las drogas ilegales. La prohibición del alcohol tiene en su favor que está inserto en la cultura occidental y que, de ser ilegalizado, produciría idénticos desastres sociales que las drogas, aunque si no se acepta su prohibición es porque se ha vinculado su consumo a multitud de ganchos económicos, emocionales y culturales. Nada se dice sobre el segundo argumento, mucho más objetivo para no darle al alcohol el mismo tratamiento que a las drogas ilegales.

Y si tratáramos el tema de la prostitución, nos toparíamos con una similar vinculación con la delincuencia. La censura o restricción solo precariza su práctica, y fomenta que las empresas dedicadas a producir el servicio y contratar a las profesionales sean mafias que no respetan la libertad de contratos entre la empleada y la empresa. Desmontada la teoría de la relación intrínseca entre prostitución y delincuencia y excluido el argumento sanitarista (¿es malo para la salud comprar o vender favores sexuales?, ¿no se dan intercambios de los mismos fuera del ámbito de la prostitución establecida como tal?) no queda nada más que el moralista cuya refutación es, por evidente, innecesaria.

Sean motivos religiosos, místicos, seudocientíficos o relativos a una difusa salud social, lo cierto es que no cabe aducir daño alguno a terceros para penalizar la prostitución, las drogas y, en general, la disponibilidad sobre el propio cuerpo y la propia vida decidida libremente.