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Venezuela: cinco años más de subvención liberticida

El oficialismo triunfó en Venezuela. Más madera para que los adeptos a Chávez, sobre todo la progresía europea, insistan en que las urnas lo legitiman. En este sentido, de cara a la salud democrática, tiene mayor valor el fair play de Henrique Capriles acatando la derrota y prometiendo trabajar constructivamente desde la oposición. ¿Hubiera hecho lo mismo el caudillo bolivariano de haber perdido o hubiera desatado un tsunami de magnitudes incalculables?

La revolución bolivariana dispondrá, por tanto, de una nueva legislatura. Lo que no cambia es el vocabulario y las formas. En efecto, al estilo de los dirigentes de la antigua URSS, Chávez ha hablado del II Plan Socialista de la Nación, al igual que en su día Stalin estableció los Planes Quinquenales. Dicho plan seguirá las directrices habituales del Chavismo, esto es, politización de la ayuda a través de los programas sociales, permitiéndole obtener lealtades inquebrantables.

Más complejo se presenta el panorama para la libertad de expresión, no siendo descartable que tenga como modelo a Rafael Correa. Éste ha definido la victoria de Chávez como algo “maravilloso”, empleando un lenguaje de corte bélico: “próxima batalla: Ecuador”. Las extravagancias no han terminado ahí, de tal manera que Evo Morales ha dedicado el triunfo de Chávez al Che Guevara. Cualquier argumento es bueno para anestesiar a las masas.

Asimismo, conscientes de que en Venezuela puede producirse una incertidumbre a todos los niveles, especialmente en el económico, unido a las posibles represalias hacia quienes no comulgan con el Chavismo, la combinación de ambos factores ocasionará que muchos venezolanos opten por la emigración. En este sentido, no caigamos en el error de pensar, como le gustaría a Chávez, que se trata de una emigración por razones políticas, puesto que el panorama laboral en el interior invita a buscar destinos en otras naciones, especialmente en aquellas que en mayor medida son víctimas de las iras verbales del Presidente (Estados Unidos).

Igualmente, el ventajismo se ha apoderado de las primeras manifestaciones de Chávez. Avisos al Rey de España (recordando el incidente en la Cumbre Iberoamericana de 2007) y denuncias de una conspiración internacional (a la que, obviamente, ha derrotado) que trataba de hacerle perder las elecciones, han sido los primeros ejemplos, aunque no serán los últimos. La campaña electoral americana espera sus “análisis”, pese a que para Barack Obama y Mitt Romney lo que sucede en América Latina ocupa un lugar marginal.

Este cúmulo de circunstancias no puede ocultar un hecho: el empobrecimiento aumenta en Venezuela, mientras el resto de vecinos regionales implementan estrategias con las que fortalecen sus economías (por ejemplo, la Alianza del Pacífico), buscando generar sinergias despojadas de componentes ideológicos. Como se observa, todo lo contrario que el país caribeño, que insistirá en profundizar las relaciones con Rusia, Irán o Bielorrusia, mientras subvenciona a sus socios del ALBA.

En efecto, Daniel Ortega y los Castro son quienes con mayor alegría han recibido la victoria de Chávez, a pesar de que el nicaragüense no hace ascos en sumarse a las peticiones de dinero a Estados Unidos para afrontar los problemas de seguridad que atraviesa Centroamérica. En cuanto a la Isla-cárcel, la ayuda de Caracas le permitirá mantener en pie ciertos dogmas, como la calidad de su medicina, cuando en realidad son cada vez son más los hospitales que se cierran.

Por tanto, la política de símbolos prosigue. Apoyo incondicional tanto a Bashar Al Assad (presentándolo como en su día hizo con Gadaffi como un mártir de la voracidad del capitalismo) como a Ahmadineyad, incurriendo en el antisemitismo, como se mostró durante la campaña electoral, sin olvidar que Chávez tratará de aparecer como el valedor de “la paz” en Colombia. El resultado de todo ello es que Venezuela dará nuevos pasos hacia su decadencia como país, mientras que la inseguridad e incertidumbre regional aumentarán.

La falacia de la paridad

No cabe duda de que las democracias realmente existentes, como Gustavo Bueno las suele denominar, son claramente insuficientes. La sobreabundancia de poder del ejecutivo y de su maquinaria administrativa ha fagocitado buena parte de la independencia del judicial y casi toda la del legislativo. Muchas son las críticas racionales que, desde el punto de vista de la libertad, cabe hacer a la deriva presente de nuestros regímenes.

Pero este análisis queda en un margen cuando se presentan, cada vez con más fuerza, no críticas a la desaparición del equilibrio entre poderes y de la pérdida de su juego de balances y controles, sino a todo el sistema democrático en sí y, como salida, se propone el acoso a lo escasamente liberal que queda de él. Los acorralamientos de la sede parlamentaria en España no pretenden resucitar la señera idea de un parlamento que controle al poder sino la oscura y arcaica concepción que cuestiona toda reminiscencia de libertad.

En el sentir de los atacantes del Congreso de los Diputados, con los parlamentarios en sesión plenaria, es decir, en las funciones para las que fueron elegidos hace menos de un año, la democracia, el parlamento, la política, los políticos y los partidos en que estos se organizan, son todos iguales e igualmente nocivos.

Se trata de una falacia la que plantean, sin duda, pero no una del tipo de las inocentes, fruto de un justo enojo mal enfocado. Esto es precisamente lo que aseguran muchos opinantes de talante "liberal", entendido este como bondadoso y acríticamente tolerante. Por el contrario, se trata de una mentira doble que es necesario desmontar.

En primer lugar asistimos a una reedición descarada de la ya célebre teoría de la paridad. La formulación, no exhaustiva, de la misma sería la idea de que cuando fracasa la derecha, ella es la responsable y, cuando es la izquierda la que lo hace, todos son culpables por igual. Por parte de la gente de izquierdas, admitir esa paridad es como una muestra de su "espíritu autocrítico", una concesión destinada a demostrar su buena fe.

Pero es en esa fingida simetría donde el argumento es más engañoso pues, si bien la nefasta gestión actual de la crisis recae sobre la derecha en los últimos once meses, el movimiento de cuestionamiento nació cuando, tras ocho años de gestión socialista de la misma, se barruntaba una derrota electoral. Antes de que la crítica liberal, la que tiene una explicación de la depresión económica compatible con los hechos, se hiciera con la hegemonía en la opinión pública, el movimiento 15-M generalizó una paridad, un descontento por igual, al margen de que el intervencionismo fuera la receta que Zapatero usó para caer en la profunda crisis, la misma que aplicaron los gobernantes catalanes, andaluces, valencianos y muchos otros. De esa manera la izquierda triunfa nuevamente y propone con fuerza la salida de más intervencionismo.

Por otro lado, los atacantes de "la clase política" fustigan el concepto mismo de sufragio universal libre, directo y secreto que, con garantías aún no superadas por sistema alguno, por la vía de deslegitimar al Parlamento. No se acosa a una institución de esa manera sin cuestionar también el mecanismo inmejorable que lo hace posible. El movimiento del 25-S es, en sus efectos, propagador de gérmenes antidemocráticos e ideas claramente liberticidas.

Nada hay que pueda considerarse un avance en el actual movimiento de desencanto. Dirigen sus cañones hacia los de siempre y salvan de la quema a la causa de los problemas.

Un rescate no es un crédito

Al ser preguntado por la posible inminencia del rescate total al Estado español, Rajoy sale al paso diciendo que es como una familia que pide un crédito. Dice que está analizando tranquilamente las condiciones. Después de tanto presionar en Europa, tras salir el BCE ante el mundo a anunciar el mecanismo de compra de bonos, ahora resulta que el presidente del Gobierno se hace el remolón. Se muestra ofendido, incluso, cuando le preguntan por este asunto. Ahora la situación de España está en boca del mundo entero. En el primer debate presidencial entre Romney y Obama, sin ir más lejos, el único país extranjero mencionado fue España. Y no fue un halago, precisamente. Somos la antítesis de buena gestión económica. Pero Rajoy está a otra cosa. Él se hace el interesante, posponiendo la solicitud del rescate mientras finge estudiar el tríptico de condiciones del banco de la esquina.

El término "crédito" significa buena reputación, tener confianza en la capacidad del otro para cumplir con sus obligaciones. Es precisamente esto lo que Rajoy ha dilapidado. El presidente del Gobierno ha desperdiciado la oportunidad de aplicar una política económica que devuelva a España a la senda de la sostenibilidad financiera. Ha perdido la confianza que los agentes económicos habían depositado en él. En consecuencia, los mercados de deuda han reaccionado como es su obligación: cerrándole casi por completo el grifo del crédito. Es por esto por lo que España se ve obligada a pedir el rescate total. Porque el rescate no es un crédito, sino la pérdida del mismo.

La única forma en la que se está consiguiendo financiar el Estado es por la respiración asistida que nos da el BCE y Alemania. Primero nos concedieron un rescate encubierto, entre compras de bonos del BCE y entrega de liquidez a los bancos para que a su vez adquirieran deuda pública española. Después el famoso rescate de 100.000 millones para la recapitalización de las antiguas cajas de ahorros. Y, más recientemente, el anuncio del BCE de poner a disposición de España el nuevo mecanismo de compra de bonos en caso de que solicite formalmente el rescate. El anuncio de Draghi ha hecho que los mercados descuenten la posibilidad de rescate total y eso ha mejorado ligeramente la prima de riesgo. Pero si Rajoy no lo pide, o si sigue mareando la perdiz con su retranca gallega, este efecto se disipará y volveremos a las andadas.

Rajoy, como decía, ha hecho sobrados méritos para ganarse la desconfianza total de todo el mundo. Recibió una herencia envenenada, todo sea dicho. España comenzó la crisis con una deuda del 36% del PIB y cerramos 2011 casi en el 70%. Asusta la velocidad a la que crece nuestra deuda, acercándose a ritmo de vértigo hacia el simbólico 100%. Hemos sumado una media de unos 100.000 millones de euros a la deuda cada año, con un déficit público del 11,6% en 2009, 9,3% en 2010 y 9% en 2011. Ésta última cifra, regalo de despedida de Zapatero, ha sido especialmente simbólica en el exterior por pulverizar el objetivo de déficit, que estaba en el 6%.

Rajoy, sobre el que españoles y extranjeros depositaron cierta esperanza en que enderezara el rumbo, ya ha aportado contundentes razones para que la desconfianza hacia las cuentas de España sea generalizada. El objetivo inicial de déficit del 4,4%, que él mismo presentó como cifra a cumplir a rajatabla, casi como símbolo de una nueva política seria y creíble, tardó escasos meses en renegociarse al 5,3%. Una vez que a regañadientes le aceptaron el nuevo objetivo en Bruselas, reabrió el melón para volver a subirla al 6,3%, argumentando que no la iba a cumplir. Y ahora que incluso esto se ha aceptado, se da por hecho que ni siquiera se va a respetar. En sólo medio año de gobierno de Rajoy, el Estado ya se había fundido el objetivo de déficit para todo el año.

Para 2013 la cosa no parece que vaya a mejorar. El Gobierno no quiere admitir, de una vez por todas, que hay una burbuja de gasto público perfectamente prescindible que se puede eliminar sin necesidad de sangrar más a los ciudadanos. Pero está claro que los políticos no están dispuestos a apretarse el cinturón. Los Presupuestos para 2013, lejos de recortar más o menos el gasto, directamente lo suben un 5,3%. Lo acompañan, eso sí, de una inmensa batería de impuestos que continuará deprimiendo la actividad económica, como lo ha venido haciendo hasta ahora. El objetivo de déficit para 2013 sólo se cumplirá si se da el escenario optimista que el Gobierno ha supuesto para la elaboración de los Presupuestos. Lo que es otra forma de decir que tampoco se va a cumplir con lo pactado. Esto debe ser lo que llaman la salvaje austeridad española. Todas éstas son razones más que de sobra para desconfiar. Son los motivos que han llevado a los prestamistas a retirarle a Rajoy el crédito.

La migración de Atlas

Decía hace unos días Fernando Díaz Villanueva, que España, tal y como la conocemos, llegaba su fin. No puedo estar más de acuerdo, y suscribo de inicio a fin su artículo.

Es curioso cómo las personas con las que compartes ideas, y sobre todo lecturas, llegan a tener las mismas percepciones que tú cuando analizan la realidad.

Y no llega a su fin porque el gobierno haya subido los impuestos a niveles incompatibles con la prosperidad, o porque la extrema izquierda esté ganando apoyos cada día que pasa, o porque la deuda siga aumentando sin que se vislumbre un recorte real de gasto. No, llega a su fin porque las personas que hasta hoy hacían llevadero todo esto se están largando del país.

Así de simple, y así de crudo. La única esperanza para que una sociedad salga adelante es esa gente que innova, que trabaja sin mirar el horario ni las horas definidas en el convenio, que desafía las costumbres cuando no aportan nada y que insiste una y otra vez en una idea pese a estrellarse docenas de veces ante los prejuicios mayoritarios. Esa gente que Ayn Rand consideraba como los Atlas que sostenían el mundo y que está cruzando la frontera para sostener a otros países donde se les trate con más respeto.

Cada vez es más habitual enterarse de que un ex compañero o jefe por el que tienes gran respeto profesional ha desaparecido. No porque John Galt le haya soltado un discurso, sino porque ellos solos se han dado cuenta de que en esta sociedad no hay un futuro para ellos y se van a buscarlo a lugares más propicios.

Por supuesto la manada que exhibe sus cartelitos con las tijeras dentro de una señal de prohibido es ajena a todo esto. Como seres irracionales, son incapaces de comprender que quienes pagaban los impuestos que les mantenían, quienes creaban los negocios que les daban trabajo o desarrollaban las técnicas que les permitían ser productivos ya no van a seguir haciéndolo. Les han echado, y ni siquiera son conscientes de ello.

Es más, al tener una de las ideologías mejor preparadas para falsear la realidad, achacarán esa migración al poco dinero público que el Estado reparte entre los universitarios o los trabajadores. Se inventarán, como he oído ya alguna vez, que en los países de destino se da espuertas de dinero público a los recién llegados. Con pisos y guarderías subsidiados, simplemente por ser soltero o menor de 35 años.

Por supuesto, ellos, tan comprometidos, no irán aún a disfrutar de esos manjares estatales. Prefieren quedarse a acabar las sobras del hiperestado español. Es mejor esperar a que haya una masa crítica fuera, de la que poder volver a vivir, ya sea allí o esperando que sus ricas divisas lleguen al cortijo.

Por suerte, en un mundo cada vez más globalizado, escapar de los parásitos es cada día más sencillo. Antes tenías que aprender un idioma y una cultura distinta. Ahora coges un avión por 500€ y empiezas a hablar en tu segundo idioma (inglés) como algo normal en cualquier parte del mundo.

Así que, por ser optimista dentro del pesimismo, es posible que dentro de poco los países se tengan que pelear por los atlas de este mundo.

La rebelión del Atlas detenía el planeta, ojala su migración lo mejore.

Rajoy está parado, España baja

 Me contaba un amigo brasileño que, en cierta ocasión en la que esperaba un ascensor en un hotel, al abrirse las puertas, preguntó: “¿Sube o baja?”, y el mozo le contestó: “En estos momentos, está parado”. Inevitablemente mi mente se trasladó al palacio de la Moncloa. Es la perfecta representación de Mariano Rajoy: ni sube ni baja, está parado.

Ni con Europa ni sin ella

Superando cualquier previsión, rumor y esperanza, Mariano Rajoy sigue sin pedir ni el dinero de la banca, ni el rescate de España. Yo misma era de las que pensaba que lo pediría al poco de conocer los resultados de la auditoría de Oliver Wyman. Después de la aparente celeridad en calcular, hablar, reunirse de los dos meses previos al cierre por vacaciones de agosto, el gobierno de Rajoy se hace de rogar. De repente, parece que no se entera de las condiciones que pide Europa. Debe ser el único.

A pesar de que el Memorandum de Entendimiento deja muy clarito qué se espera de España y por dónde va el sendero, Rajoy sigue sonriendo, haciendo bromas, y, permítaseme la expresión, “cabreando al personal”.  Ya tenemos en la mano el precio de Bankia y sus hermanas. Solamente queda levantar la mano. Pero Mariano sigue impasible con el brazo paralizado. ¿Razones de peso? En principio, las elecciones anticipadas en País Vasco y Galicia. Y eso es lo sangrante. El perjuicio de una pérdida del Partido Popular en alguna de esas comunidades autónomas no recaería en el monto del rescate, no afecta al agujero de las cajas, sería una pérdida de poder partidista, no es de interés nacional.

Hay quien cree que, en realidad, el que ganara el PP o, al menos, que no sacara malos resultados, permitiría que Mariano, jefe de su tribu al fin de cuentas, exigiera el cumplimiento de los ajustes con más autoridad. Pero la realidad es que no puede permitirse ese lujo: y nosotros tampoco. No puede esperar a coger carrerilla en las elecciones autonómicas. Cada día que pasa los rescates son más onerosos.

Desde hace semanas, la prensa extranjera mira atónita a un Rajoy que sigue de perfil, sin subir ni bajar, sin negar el rescate ni pedirlo. Y, mientras tanto, sus ministros juegan a confundir a la prensa y a periodistas y ciudadanos. Luis de Guindos afirmaba la pasada semana en una conferencia en la London School of Economics que España no necesita un rescate: “En España lo que tenemos es una propuesta de intervención en el mercado secundario (de la deuda soberana) con ciertas condiciones”. Cierto, y tampoco hay rescate bancario sino una “línea de crédito muy beneficiosa”. Por formas de decir lo mismo que no quede. Y también es verdad (y no lo dice) que se está barajando asociar CDS (credit default swaps) a la deuda, que es un seguro para cubrirse frente al incumplimiento de pagos. En este caso, es la nación española (ya que se trata de deuda soberana) la que podría no pagar hasta el punto de ser necesario comprar un seguro de impago con el bono. La afirmación de De Guindos es, digámoslo suavemente, demasiado ligera. Tal vez no se haya pedido un rescate, pero a lo mejor, necesitarlo, sí lo podemos necesitar.

España, baja

Ni la socarronería tan a trasmano del presidente del gobierno al hablar de “eso que ustedes llaman rescate”, ni la seriedad de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría al afirmar que no pueden arriesgarse a pedir nada sin saber las condiciones aplacan la ansiedad de mercados y ciudadanía. No deja en muy buen lugar a Rajoy y su equipo una espera cuyas razones económicas reales se desconocen pero que se esconden tras varias posibles pantallas: a Merkel le conviene esperar porque tiene próximas sus elecciones, a Mariano le conviene esperar por las elecciones autonómicas o ambas cosas al tiempo. La imagen de Rajoy en el interior ya está muy tocada, pero la exterior va minándose poco a poco y a este paso, ni la capacidad ni el saber hacer en Europa de Luis de Guindos le va a salvar de la quema. No hay más que leer la prensa extranjera.

La cuestión es que ni se ha tocado un duro de los cien mil millones aprobados para la banca, ni se ha pedido la compra  de bonos soberanos, ni se ha pedido un rescate nacional. No se ha hecho nada y la factura engorda.

Clara Campoamor

Encontrar en España referentes del liberalismo que sean tierra feraz en la que cultivar nuestro amor por la libertad es más complicado que lo que debiera. El término, al cabo, nació aquí. Pero nuestro liberalismo tuvo casi siempre una raíz francesa que ha dejado frutos que hoy nos resultan difíciles de tragar. Como el anticlericalismo, por ejemplo. O el intento de cambiar la sociedad desde nuevas bases, un empeño del que hemos aprendido a desconfiar, y que ha llevado a muchos liberales a intentar desalojar a la Iglesia de la educación con la bota del Estado. O a cometer otros atropellos. Durante el trienio liberal, por ejemplo, el Gobierno quiso obligar a los curas a explicar la Constitución de 1812.

Pero no desesperemos, porque hay contraejemplos a los que nos podemos asir. La mayoría, bien es cierto, tienen una formación británica más que francesa. Es el caso de Gaspar Melchor de Jovellanos, Mendizábal o José María Blanco White. El caso de Clara Campoamor es distinto. No es ya la época que le tocó vivir. Es también su peripecia personal y su ejemplo, que entiendo que para nosotros desborda la impronta que pueda dejar su obra escrita.

Sus orígenes apenas pueden ser más humildes. Su madre, costurera, le dio su primer oficio. En el Madrid finisecular fue adquiriendo nuevos trabajos, con ocupaciones cada vez menos manuales y más intelectuales, de modo que permitieran hacer brillar su inteligencia. Entró en la universidad tarde y se licenció en derecho cuando contaba 36 años. Aunque para entonces llevaba ocho años visitando el Ateneo. Trabaja en su propio despacho durante la dictadura de Primo de Rivera, pero es cuando los monárquicos entregan el poder y Alfonso XIII huye de España cuando Campoamor encuentra su sitio en la historia.

Ella entra en el Partido Republicano Radical, un nombre paradójico para un partido democrático en un régimen en el que pocos partidos creían de verdad en la democracia. Aunque su mayor éxito lo consiguió ya fuera del mismo: llevar a una Cámara reacia a aprobar, por 161 síes contra 121 noes, el voto femenino. También luchó por el reconocimiento de los hijos habidos fuera del matrimonio.

Madrileña en la primavera trágica del Frente Popular, Clara Campoamor huyó de aquella ciudad “caótica” al poco de comenzada la guerra, en el otoño de 1936. Y escribió en francés un veredicto de aquel régimen muy certero. No es el último motivo el título que eligió para él: La revolución española vista por una republicana. Acabó siendo, efectivamente, una revolución.

Campoamor destaca por ser de un antitotalitarismo casi visceral, aunque esté construido con unas ideas que hacen gala a su nombre y que respetan y defienden los derechos del individuo y la autonomía personal. En aquellos años aciagos no era poco mérito. Su figura ha sido secuestrada por los socialistas que aceptan la democracia. Fue despreciada por la derecha como una republicana más. Y el liberalismo español no ha encontrado en ella una inspiración suficiente. Quizás sea el momento de rescatarla de esa desatención.

Las inverosímiles cifras de fraude fiscal

Prácticamente todos hemos escuchado en alguna ocasión las sonoras cifras del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que hablan de un colosal fraude fiscal en España de 89.000 millones de euros. Las conclusiones de semejante estimación son obvias: si tenemos un déficit de unos 100.000 millones de euros y el fraude fiscal son 90.000… ¡podríamos acabar con el déficit sin bajar el gasto y sin subir impuestos!

Dejando de lado el llamativo hecho de que ni al PP ni al PSOE se les haya ocurrido la fantástica idea de limitarse a combatir el fraude fiscal en lugar de desangrarse electoralmente combatiendo el déficit con subidas de impuestos y anuncios de recortes, la cifra sólo suena verosímil para aquellos que quieran voluntaristamente creérsela, ahorrándose la molestia que supone reconocer que somos más pobres. Tan poco verosímil suena que, la verdad, no sé de dónde sale: no he encontrado un solo estudio de Gestha que aplique un método medianamente riguroso para realizar semejante estimación.

Vayamos, por ejemplo, a este “monográfico” del sindicato. Lo que se dice es: diversos estudios reconocen que la economía sumergida en España es del 23%, si consiguiéramos aflorar esa economía sumergida, se podrían recaudar 90.000 millones. Es decir, si consiguiéramos que esos 230.000 millones de euros “ocultos” salieran a la luz y lo hiciéramos tributar a un tipo medio del 40%, recaudaríamos 90.000 millones.

Para afianzar este sólido e indisputable cálculo, los técnicos remiten a un modelo que han creado de correlación entre PIB y presión fiscal que casualmente solo funciona adecuadamente entre 2003 y 2007 (no le pidan más fiabilidad que cinco años). Los resultados de este modelo cifran el desvío con respecto a la recaudación esperada en unos 50.000 millones en 2008 y 2009; cantidad “cuyo destino previsible ha podido ser la economía sumergida”. Nótese la seguridad con la que se afirman las cosas.

Lo relevante, empero, es que si, siguiendo a la propia Gestha, asumimos que la recaudación que se pierde es el 40% del valor de la actividad que se esconde en la economía sumergida, tendríamos que, de golpe y porrazo, la economía sumergida habría aumentado en 100.000 millones de euros, llevándola hasta el 33% del PIB, es decir, a los niveles de Bulgaria. Sucede, sin embargo, que este brutal aumento de la economía sumergida (que además, dado que la estimación de economía sumergida forma parte del PIB, implicaría que durante la crisis en realidad nuestra economía se habría expandido un 10%) no se observa por ningún lado. Por ejemplo, el economista más reputado a la hora de calcular la economía sumergida es Friedrich Schneider –economista al que, por cierto, Gestha cita recurrentemente (mal) como fuente de autoridad– y en sus estudios estima que la economía sumergida apenas creció un punto entre 2007 y 2008 hasta ubicarse por debajo del 20%.

De hecho, más allá de las cifras gruesas dirigidas a proporcionar carnaza a quienes no quieren afrontar la necesidad de adelgazar nuestro Estado sobredimensionado, ni siquiera los técnicos de Gestha se creen, a la hora de la verdad, sus números. En este reciente documento, “Sí hay alternativa”, los técnicos elaboran sus propuestas prácticas para lograr recaudar 63.000 millones de euros (no 90.000 millones). Y de esos 63.000 millones, sólo 38.000 proceden de luchar contra el fraude fiscal: el resto, 25.000 millones, vienen de nuevas y sangrantes subidas de impuestos.

Las tres grandes partidas, cuya verosimilitud voy a analizar, son las siguientes: reducir 10 puntos la economía sumergida hasta equipararla a la media europea (38.000 millones); subir el impuesto de Sociedades al 35% (14.000 millones); e impuesto sobre transacciones financieras (5.000 millones).

Primero, la media de la economía de la UE-27 no es 10 puntos inferior a la española, sino entre cero y un punto. De hecho, países similares al nuestro (Portugal, Italia o Grecia) tienen una economía sumergida que ya es superior a la española. A medio-largo plazo, podríamos aspirar, como mucho, a reducirla a los niveles de Suecia, es decir, unos cinco puntos, lo que significa que aplicando los cainitas (e irreales) niveles de tributación propuestos por Gestha, el 40% de tipo medio, apenas recaudaríamos 20.000 millones. Si, en cambio, el tipo medio fuera del 30% (algo más realista, aunque probablemente siga siendo demasiado alto), la recaudación sólo sería de 15.000 millones. Por tanto, en el mejor de los supuestos (nos convertimos en Suecia en lo relativo al nivel de cumplimiento de las normas), sólo recaudaríamos entre 15.000 y 20.000 millones por combatir el fraude fiscal (asumiendo que las actividades de la economía sumergida se sigan realizando cuando pasen a ser saqueadas fiscalmente; algo que es mucho suponer), muy lejos de la cifra de 90.000 euros que a tantos les gusta enarbolar y todavía más lejos del déficit de 2011: 100.000 millones. Por cierto, el Gobierno en 2012 ya pronosticaba recaudar unos 10.000 millones de euros luchando contra el fraude fiscal y de momento parece que lo va a lograr, lo que, sin embargo, no le va a permitir ni mucho menos cumplir con los objetivos de déficit para este año.

Como digo, el resto de propuestas de Gestha ya son subidas de impuestos, que sólo machacan más a la economía privada y hunden nuestras posibilidades de recuperación. Pero es que, incluso así, su estimación de recaudación está inflada. La recaudación por Sociedades en 2011 fue de 17.000 millones de euros, estando el tipo en el 30%. ¿De verdad vamos a recaudar 14.000 millones subiéndolo al 35% (nótese que no se tiene en cuenta toda la destrucción de riqueza, empleo y de recaudación derivada de esta subida)? En cuanto a la expectativa de recaudar 5.000 millones del impuesto sobre las transacciones financieras, la referencia que tenemos es la desastrosa de Suecia que es muy parecida a lo que pide Gestha: como mucho se recaudaron 100 millones de coronas frente al cálculo inicial de 1.500 millones.  Vamos, que de estas dos rúbricas Gestha espera recaudar otros 20.000 millones que a buen seguro serían menos de 5.000 (especialmente si tenemos en cuenta los efectos negativos sobre otras fuentes de recaudación).

En total, de casi 60.000 millones, apenas llegaríamos a 20.000 o, siendo generosos, 25.000 millones, cuando el déficit son 100.000 millones. Los muy sustanciales recortes del gasto público que Gestha y el Gobierno del PP se oponen a realizar son, por tanto, inexorables. Pero, ¿por qué Gestha insiste tanto en la necesidad de luchar contra el fraude fiscal? Aparte de la ideología de este sindicato, claramente poco amigable con el libre mercado, la lógica de las burocracias nos indica que éstas tienden a tratar de crecer y enriquecer a sus miembros. ¿Es esto aplicable a Gestha? Totalmente. Nos basta con ir a su programa político para descubrir cuál es la primera medida que propone el sindicato para lograr reducir el enorme fraude fiscal de España: “La primera prioridad pasa por corregir las deficiencias organizativas que generan una profunda desproporción salarial y de falta de expectativas profesionales para una mayoría de sus trabajadores, principal causa de desmotivación personal y deterioro del clima laboral”. No es casualidad: la misma obsesión aparece en casi todos sus informes (aquí, en las páginas 22 a 26; o aquí, en la página 9).

El distorsionado mensaje final que llega a la sociedad (y de ella, a los políticos) es que si España quiere reducir el déficit de su sector público sin necesidad de bajar el gasto o subir impuestos… sólo tiene que subirles el sueldo a los técnicos del Ministerio de Hacienda (cuyos intereses, vaya por dónde, Gestha defiende). Vamos, un lobby como cualquier otro cabildeando a los gobernantes inflando las cifras que manejan y haciendo creer a la ciudadanía que los intereses del lobby son los mismos que los de la sociedad. Luego, a la hora de la verdad descubrimos que la recaudación adicional por lucha contra el fraude apenas asciende a una diminuta fracción del déficit total y que el resto de recaudación ha de venir de salvajes subidas impositivas. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas: es justo lo que está haciendo y manifestando el Gobierno del PP con nulos resultados.

Un país de pijoflautas

El reciente auto del juez Pedraz justificando las algaradas infantiles de los que querían acabar con la democracia ha sorprendido sólo por su procedencia, no porque el contenido difiera de lo que piensa la parte más numerosa de los españoles, que es, como ocurre en los países civilizados, justamente la que no paga impuestos.
Es éste último un dato capital, porque el pensamiento pijoflauta del que hizo gala el juez de la Audiencia, quintaesenciando el sentir popular, exige para ser coherente que el sujeto esté a salvo de las medidas que apoya simbólicamente o pregona con violencia, pues en caso contrario no sería pijoflauta sino directamente gilipollas. Que son dos condiciones compatibles, está claro, pero, viendo las imágenes de sus intentos de asalto al congreso, no parecía que entre la multitud más activa hubiera muchos tontos de baba.

Estos movimientos naif de radicalismo arcaizante que pretenden refundar la democracia se componen básicamente de jóvenes desoficiados y, en mucha menor medida, de jubilatas. Los primeros ya no reciben el justiprecio de su vagancia que las familias y un estado providente les facilitaban en el pasado, y los segundos entienden que, con jóvenes de por medio, las protestas no sólo son más entretenidas que pasar la mañana viendo las obras del metro, sino un ejercicio rejuvenecedor, y encima si tienes suerte igual hasta ves alguna teta.

¿Qué tienen en común estos dos grupos humanos, núcleo duro de los movimientos alterdemocráticos? ¡Exacto! Ni unos ni otros pagan impuestos. Es cierto que junto a ellos aparecen personas de mediana edad llevadas a extremos de desesperación a consecuencia de la crisis, pero su protesta sincera difiere en que quieren un puesto de trabajo, no implantar el socialismo para que todo seagratis, como defienden los que manejan el cotarro.

El pijoflauta hace suyo el discurso que, hasta que comenzó la crisis, era patrimonio del perroflauta avant la lettre, mucho más respetable porque conduce su vida de acuerdo a lo que proclama. En cambio, durante las acampadas de la Puerta del Sol, el año pasado, ya podía verse a cientos de jóvenes de familias bien que estaban allí simplemente porque aquello tan colorido y populoso les parecía superfuerte, tía, o sea. Superado aquel sarampión madrileño, y a falta de saber si las hordas neodemocráticas podrán culminar este otoño con éxito su intento de remedar al general Pavía, la ciudad más pijoflauta de España, y probablemente del mundo, es Barcelona. Allí los perroflautas uniformados incendian el material urbano y se enfrentan a la policía, mientras una legión de pijoflautas, formada por la clase media ilustrada, con trabajos altamente remunerados y altos impuestos –lo que resulta ya delirante–, les aplaude y anima desde las ventanas de sus despachos de lujo. En todos los sitios pasan cosas parecidas, pero las escenas de combate de los indignados de Barcelona están todavía muy lejos de ser superadas.

Localismos al margen, la exigencia transversal de este movimiento es que se ponga fin de una vez a las reducciones de gasto público; quieren que el Estado mantenga todos los servicios gratuitos (sic) y dedique mucho más a ayudar directamente a los necesitados –entre los que se incluyen, obviamente–, en lugar de reducir el déficit, como demandan Bruselas, el BCE, el FMI y demás lacayos del capitalismo de obediencia talmúdica.

Si se eliminan los recortes presupuestarios y el Estado tiene que gastar todavía más de lo que lo hace, ¿cuál es la consecuencia lógica? Pues una subida brutal de impuestos. Claro, que a los promotores del pijoflautismo, como es natural, eso no les afecta.

Lo más raro de todo este asunto es que le tengan tanto odio a Rajoy, que si por algo se está caracterizando es por hacer precisamente lo que el indignado exige en sus proclamas: pocos recortes y muchos impuestos. El día que hagan su primera declaración de la renta, a muchos de estos pijoflautas se les caerá la cara de vergüenza. Eso sí que va a ser superfuerte, tíos. O sea.

Capindialismo (I). Dislates tras la independencia

Después de la independencia en 1947, buena parte de los recursos de la India se orientaron hacia la creación de un Estado democrático, pero centralizado y de exaltación nacionalista. Formalmente quedó dividido en diferentes estados federados (actualmente 28) y en uniones territoriales (hoy 7). Se importó de fuera un modelo de Estado ajeno a la propia historia y rica diversidad india.

Los procesos de centralización estatal en Europa a partir del siglo XVI se basaron en una intensa homogeneización cultural con el fin de lograr la construcción de identidades nacionales. Este manto uniformador practicado en occidente fue sencillamente imposible en la nueva India por su compleja realidad pluriétnica, plurirreligiosa y plurilingüística (unos dos mil idiomas y dialectos, de los cuales sólo son reconocidos de manera oficial veintiuno). Esto no fue óbice para que se llevara a cabo un proyecto estatista cuyo gobierno central quedaba fuertemente reforzado en detrimento de los estados y de otros gobiernos locales descentralizados, como los tradicionales panchayati (sólo recientemente se incorporó dicha institución local a la Constitución india).

La India se adhirió de forma entusiasta al modelo de desarrollo socialista desde su independencia. Se impuso una economía de planificación centralizada. El padre de su emancipación moderna, JawāharlālNehru, fue un rendido admirador de la economía soviética y de Stalin (la misma URSS ofreció apoyo a la descolonización india). Pese a que existieron desde sus inicios conglomerados privados de origen familiar y pese a que no todos los factores de producción pasaron a manos del Estado, éste fue el único agente económico relevante. Por ello, desde su separación del imperio británico, el mercado perdió allí prácticamente toda su razón de ser como mecanismo asignador de recursos.

Desde los años 50 hasta fines de los 80 fueron constantes, por tanto, las bajas tasas de crecimiento anual que experimentó el subcontinente indio en contraste con las altas tasas de los tigres asiáticos. El economista Raj Krishna llegó incluso a acuñar el término de "tasa de crecimiento hindú", dando a entender que existían límites al crecimiento en dicha nación dada su idiosincrasia. Otro economista, Arun Shourie, desmontó dicha falacia al señalar las políticas laicistas y muy socialistas como las responsables directas de aquel anquilosamiento, no teniendo nada que ver con ello el hinduismo.

Las reiteradas manipulaciones en los procesos de mercado fueron llevadas a cabo mediante sucesivos planes quinquenales aún hoy existentes (el año próximo estrenarán su duodécimo plan económico). Con frecuencia se olvida que la India era la séptima nación industrial antes de su independencia. Desde entonces, su economía estuvo volcada en devenir una potencia nacional y militar a expensas de sus masas depauperadas. Todo nacionalismo, sobre todo en grandes países, tiende a ser intervencionista en el interior y proteccionista frente al exterior. El nacionalismo indio no fue excepción.

La heredada burocracia del imperio británico no hizo sino crecer y perfeccionarse tras su independencia. Llegó a límites irracionales. Como botón de muestra mencionaremos la licencia Raj, vigente hasta 1991. Con la coartada de distribuir (¡ah, los distribuidores!) equitativamente el trabajo entre todos los indios y todas las regiones de la India, durante más de cuarenta años toda actividad económica de aquel país estuvo sometida a innumerables permisos por parte de laberínticas instancias burocráticas que regulaban con minuciosidad la cantidad, la forma, el lugar y el modo de producción o la manera de ofertar servicios. Se debía obtener no menos de cien certificados de "no objeción" para el desarrollo de cualquier actividad media. Cada instancia debía ir firmada y sellada por un ejército de funcionarios-brahmanes con arraigados sentimientos de desprecio por los negocios y por la actividad privada en general. Excuso decir que con ese sistema de administración opresiva la corrupción se convirtió en el deporte nacional. Además, con ello se impidió gravemente el desarrollo normal de su inmenso mercado interior y el aprovechamiento de sus economías de escala.

Por su parte, la rígida legislación laboral india que pronto instauraron sus poderosos sindicatos impidió que surgieran grandes fábricas intensivas en mano de obra y exportadoras de productos manufacturados tal y como ocurrió en otros países asiáticos. Escasearon, pues, sus terminales de contenedores de relevancia internacional que hicieron que el subcontinente indio se conectara tarde y mal al fenómeno de la globalización. El único puerto importante hoy es el ubicado en Mumbai.

A esto hubo de añadirse la desconfianza de su torpe clase política hacia el mercado mundial, la cual se empeñó en mantener una autarquía mediante una política de sustitución de importaciones. No querían ser dependientes de occidente. El nivel promedio de aranceles llegó a ser del 87%. Las teorías de Raúl F. Prebisch y de Gunnar Myrdal fueron las inspiradoras de tamaño desvarío al ignorar que el comercio es siempre una fructífera relación entre comprador y vendedor. Otros "hitos" de la emancipación nacional vinieron luego de la mano de Indira Gandhi al decretar la autonomía alimentaria, así como los programas de esterilización semiforzosa en un intento de diseño arrogante de desarrollo. En consonancia con estas ideas dominantes de entonces, muy pocas voces se alzaron contra dicho modelo aberrante de crecimiento. Sólo la honestidad intelectual del lúcido Peter Th. Bauer brilló con luz propia como excepción crítica frente aquella opinión mayoritaria.

La década de los 70 fue especialmente desafortunada. Los grandes negocios y los ingentes beneficios fueron vistos con desconfianza. Desde el punto de vista industrial, el gobierno se propuso evitar la concentración del poder económico en unas pocas empresas privadas. Fruto de ello, fue la aprobación de una severa ley contra los monopolios y las prácticas restrictivas en 1970 que no hizo más que obstaculizar la estructura productiva y dinámica que la India precisaba. Por el contrario, tal y como pregonaba el laborista y pensador Harold Laski, que tanta influencia tuvo entre los jerarcas indios de la época, el Estado era la coronación del moderno edificio social teniendo supremacía sobre todas las demás formas de agrupación social; el gobierno de la India vio deseable, por tanto, el concentrar el poder económico en manos públicas por lo que empezó a nacionalizar cada vez más sectores de la economía (industria, minas, seguros, bancos…).

Durante las cuatro décadas de post-independencia, los índices de pobreza del país indostaní se enquistaron sin experimentar apenas mejora y eso que contó con la bendita y criticada Revolución verde. Pocos han denunciado este decepcionante historial del Estado moderno indio planificador.

El populismo reinante de aquellos años se reflejó asimismo en una tributación confiscatoria y caprichosa. Mientras la actividad agrícola quedó exenta, los tipos del impuesto directo fueron aumentando gradualmente hasta llegar a alcanzar el 97,5% (!) en el tipo marginal superior. El impuesto de sociedades, por su parte, vio fluctuar su tipo impositivo entre el 55 y el 80%. Era probablemente el país con la mayor carga tributaria del mundo. La evasión se convirtió en una cuestión de supervivencia. El camino hacia el desastre de todo este aislamiento e intervencionismo excesivo llevado a cabo por la clase política estaba ya trazado; era cuestión de tiempo que estallara.

Así, a finales de junio de 1975 se decretó el estado de emergencia y su correlativa suspensión de derechos civiles; su paroxismo de abuso de poder y detenciones masivas a punto estuvo de llevarse por delante su democracia. Cuando el grado de acoso a las libertades económicas y empresariales ejercido por los gobernantes alcanza cierto límite, no tardan en caer las demás libertades y derechos de sus gobernados. La libertad es indivisible; es un mal negocio restringir cualquiera de sus facetas.

La India se convirtió, pues, en una atrasada autarquía de innumerables licencias kafkianas acompañadas de un rígido mercado laboral, una presión fiscal desbocada y una regulación rampante. La consecuencia inmediata fue el inmovilismo y la destrucción de cualquier incentivo por desarrollar proyectos empresariales. De ahí el fenómeno masivo de la diáspora india –considerable hacia Reino Unido, EEUU, Canadá, Sureste Asiático y Oriente Medio- constituido por cientos de miles de "refugiados económicos" que voluntariamente huyeron de aquella India estancada y corrupta hacia otros sitios más prometedores del planeta con el fin de desarrollar sus legítimas aspiraciones.

Hubo que esperar muchos años antes de que la cordura hiciera acto de presencia entre los dirigentes indios. Sólo cuando las ideas contrarias a la colonización empezaron a perder fuerza, pudieron tomar su relevo aquellas otras un poco más respetuosas con la economía de mercado y los intercambios internacionales.

Este proceso de descolonización mental supuso una verdadera liberación, tal y como argumentó el ejecutivo y columnista Gurcharan Das. También influyó para que cambiara la mentalidad de allí el regreso ocasional de los indios de la diáspora que exhibían su fortuna y conocimientos adquiridos en el extranjero. Fueron considerados héroes, y en verdad lo fueron. A su manera, y sin pretenderlo, desempeñaron un papel importante en la legitimación del capitalismo en su país de origen.


Este comentario es parte integrante de una serie publicada acerca de los daños y secuelas producidos en la India al abrazar el socialismo tras su independencia y la transformación que supuso la tardía introducción de un capitalismo sui generis en dicho país a partir de julio de 1991, pese a contar aún con numerosos lastres endémicos. Para una lectura completa de la serie, ver también II y III.