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El triunfo de la geopolítica

Los estados existen y se constituyeron en entes absolutamente determinantes de la vida humana. El espacio y la población de La Tierra están repartidas entre ellos, los cuales son, por naturaleza, expansivos y tienden, como los gases, a ocupar el total de su recinto y como cualquier otro colectivo biológico, a competir por los recursos.

La Unión Europea es el fruto innegable de un horrible siglo, el XX, de contiendas en y desde el Viejo Continente. No es el resultado de una mentalidad de paz expresamente labrada en lo más profundo de los hábitos y proclamas de sus habitantes. Europa se comporta como cualquier otro bloque geoestratégico o como cualquier estado de la historia.

No podría negársele un puesto entre los axiomas de la acción humana a la observación (comprensible también por simple introspección) de que a las diferencias de potencia militar les corresponden variaciones en la visión de los problemas. Un estado o un bloque hiperpotente prescinde de un enfoque pacifista hasta que pierde poder militar y uno que no es poderoso deja de ser pacifista en cuanto adquiere la suficiente capacidad ofensiva. La Unión Europea no es una construcción idealista basada en la prosperidad bien repartida y los valores del diálogo, sino un producto necesario para la estabilidad mundial y para sus miembros porque neutraliza, de momento eficazmente, el grave problema que fue Europa. 

El desarme de Alemania ha sido una bendición para el mundo, para los europeos y, especialmente, para Alemania por el simple y radical hecho de que existió un factor externo dispuesto a salvar a Europa de las réplicas de su tragedia: los europeos ya no tendrían que armarse para alejar la amenaza histórica de Rusia (pre-soviética, soviética y post-soviética). En un hobbesiano mundo de estados en permanente competición de poder Europa habría alcanzado una burbuja kantiana, al fin, de paz perpetua. Pero ¿por sí misma? No. No es posible financiarse una burbuja de falsa riqueza que vaya desde los estados europeos más ricos hasta los más históricamente quebrados sin subvenciones exteriores.

El pacto Atlántico suscrito tras la Segunda Gran Guerra estableció que la seguridad europea sería sostenida directamente por los Estados Unidos y que la reconstrucción militar de Alemania sería inaceptable. Una subvención en toda regla que liberó, por una parte, inmensos recursos de esa y de otras naciones ricas de Europa para financiar la burbuja de paz y, por la otra, cerraría el paso al recurrente problema de la belicosidad de los estados del Viejo Continente.

Hoy nos encontramos con una crisis que ha de ser resuelta aplicando medidas nacidas de la ciencia económica. El debate permanente está en qué políticas de ingresos, gastos, moneda e impuestos han de aplicarse. Las alternativas son solo tres. O se acierta rotundamente, o se yerra estrepitosamente o se sale, mal que bien, con una combinación de fallos y éxitos. Esto último es lo más probable pero, y esto es absolutamente decisivo, sean cuales sean los resultados, el nuevo ciclo estará marcado por la clara percepción de quién financia el invento de la Europa Unida, quién tendrá el mando en ella, legítimamente reclamado, y quién sostendrá desde el exterior el poder económico, poder blando, de Alemania en su continente.

La dinámica entre poderes geoestratégicos sostenidos por y con las armas dicta la marcha de los grandes asuntos, los enmarca y determina la forma de los subsistemas a los que engloba, como es el económico. Cualquier análisis de la crisis realizada con modelos endógenos siempre será un mero instrumento, intencionado o no, en manos del reparto de poder europeo y mundial entre estados.

El enemigo está en casa

Uno de los grandes estragos que ha causado la burbuja crediticia es su efecto en la mentalidad de la gente. Ahora creemos que tenemos derecho a todo. Si nuestro Estado gasta el doble de lo que ingresa de forma sistemática, consideramos que tenemos un derecho innegable a que nos presten la diferencia de manera ilimitada y sin condiciones. Sin plantearnos cuándo pretendemos amortizar esa deuda, ni cómo. Y si un día resulta que no nos prestan, entonces hablamos del ataque de los mercados. Nos creemos que nuestro problema es que los malvados especuladores se han levantado con ganas de llevarnos a la bancarrota. Además creemos que aunque no nos presten al menos seguimos teniendo el derecho a que alguien nos rescate de manera gratuita. Es más, tildamos de sinvergüenza a Merkel si se le ocurre poner alguna condición a cambio de darnos el dinero de los alemanes, o de incompetente a Draghi si no imprime dinero con la suficiente velocidad. Creemos que tenemos derecho a seguir despilfarrando a costa de los demás.

Lo que pasa es que la gente tiene la costumbre de no querer regalar su dinero. Los malvados especuladores no son otra cosa que personas ahorrando para su jubilación, y su capital es escaso, no ilimitado. Los ahorradores, y quienes gestionan estos ahorros, tratan de tener cuidado sobre dónde invierten porque si la cosa sale mal se quedan sin jubilación. Cuando los terribles mercados perciben que el riesgo de una inversión es excesiva, buscan otro destino para su capital. El mecanismo es simple. Nada que ver con ataques al euro ni conspiraciones internacionales. Los ahorradores quieren volver a ver su dinero, y no se lo van a regalar al Estado español para que mantenga a toda la casta política que vive a cuerpo de rey.

Sucede que en España, cada vez más y desde prácticamente todas las zonas de espectro ideológico, hay un clamor contra un supuesto enemigo exterior. Arremeten contra los mercados, contra Merkel y contra Draghi, que lo mismo da. En la izquierda y en la derecha. Incluso en medios liberales como Libertad Digital. Dice esta semana José García Domínguez, por poner uno de muchos ejemplos, que "si el BCE se condujese no como lo que es, otro lobby al servicio de Berlín, sino como un verdadero banco central, el Reino de España retribuiría con un interés próximo al tres por ciento su deuda soberana". Son los de fuera los que nos hacen la vida imposible, vamos. Que nos tienen manía y disfrutan viéndonos sufrir.

Un Estado no quiebra porque el Banco Central no imprima lo suficientemente rápido, ni porque los alemanes no se lancen a regalar dinero sin condiciones. Quiebran por el destrozo causado por sus gobernantes sobre la economía. Y nuestro caso no es una excepción. El hecho de que el rescate termine por ser necesario e inminente sólo se debe a una cosa: que el Estado gasta mucho más de lo que ingresa. Así de sencillo. El Gobierno gasta como si estuviéramos en una burbuja, manteniendo un Estado hipertrofiado y una vasta y acomodada clase política tres veces mayor en número que, por ejemplo, la alemana, que tiene casi el doble de población. Y, a su vez, los gobernantes han optado por exprimir a base de impuestos a los ciudadanos y a las empresas para poder seguir manteniendo este despilfarro, resultando, como era de esperar, en un desplome de la actividad económica y, por tanto, de la recaudación.

Existe un método infalible para terminar de un plumazo con el problema de la deuda: el déficit cero. Y sí, se puede sin subir impuestos. Es lógico que desde el Gobierno y la clase política se insista en que es imposible, pues es a ellos a quienes afectaría. Se pueden recortar más de 120.000 millones sólo en duplicidades, empresas públicas innecesarias, cargos nombrados a dedo, asesores inútiles y despilfarros de corte político. Y sin déficit descubriríamos que el problema con los salvajes Merkel y Draghi y el temible ataque de los mercados en realidad no era tal. Se habría esfumado como lo que es, una vulgar excusa para que no nos fijemos en el problema subyacente. Nos quitaríamos la venda de los ojos y veríamos la realidad. Que el BCE tiene prestados a la economía española alrededor del 45% de nuestro PIB, más que la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra a sus respectivos países, por ejemplo. O que Merkel lleva años concediendo rescates a los manirrotos periféricos con el dinero bien ahorrado por los alemanes. Vamos, que no es que nos estén asfixiando, precisamente. Pero sin duda el Gobierno y la clase política prefiere echar las culpas a un supuesto enemigo exterior antes de admitir que el problema son ellos mismos. Como muy bien suele decir Carlos Rodríguez Braun, "el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio". Y es que los grandes enemigos de la economía española no están fuera, conspirando contra nosotros. Se sientan en el Congreso de los Diputados.

El populista y contraproducente Hollandazo

No se llega a imponer el salario máximo (tipo marginal del 100% a partir de cierta renta), con el que coqueteó el progresista Franklin Delano Roosevelt, pero desde luego se le acerca.

Es de suponer que nuestro mandatario gallego, tan cercano ideológicamente a su par galo y tan o más entusiasta que él en lo que a subidas de impuestos a todas las clases productivas se refiere, estará tomando buena nota. Si ya le ha copiado la nefasta Tasa Tobin a Sarkozy, nada –ni siquiera su cada vez más sonrojante discurso electoral y preelectoral– le impedirá aprobar algo similar para nuestro país, a poco que ese liberal de pata negra que tenemos por ministro de Hacienda asiente con gesto aprobador. Lograría así Rajoy dar un pasito más hacia el que parece objetivo único de su Gobierno: emular en cada detalle lo que habría sido un Ejecutivo de Zapatero o Rubalcaba. De hecho, el líder socialista acaba de reclamar un tributo para las grandes fortunas. Como tantas otras cosas, éste es el auténtico pensamiento único que nos aplasta.

Mas uno desearía que Rajoy tomara buena nota para no emularlo. Al cabo, el movimiento de Hollande es sólo un coletazo populista para institucionalizar el odio y la depredación entre clases sociales, como rápidamente ha sabido captar Liberation, que ha mandado a tomar viento a los millonarios que acaso piensen en no ser devorados por un monstruoso Leviatán que ya consume cerca del 60% del PIB francés. 

Y lo llamo "ramalazo populista" porque no cumple ninguno de los dos objetivos que teóricamente persigue: ni sirve para reducir el déficit ni resulta mínimamente ejemplarizante.

No contribuye a reducir el déficit porque, en el mejor de los supuestos (asumiendo lo que no puede asumirse, a saber, que no habrá desbandada de capitales y que no se destruirá mucha más riqueza en el sector privado), apenas serviría para levantar 2.000 o 3.000 millones de euros en un país cuyo déficit ascendió a 90.000 millones. Algo similar podría decirse de España: en nuestra economía, sólo el 0,05% de todos los contribuyentes tributa por rentas superiores a 600.000 euros anuales (proveyendo al Fisco de 3.000 millones de euros; lo mismo, por cierto, que el 25% de contribuyentes con menor renta), de modo que una medida similar sólo cosecharía —de nuevo en el mejor de los mundos— un incremento recaudatorio de 1.000 millones de euros. Comparen eso con nuestro déficit potencial, de 100.000 millones, y descubrirán que el problema no está, precisamente, en nuestros bajos impuestos

Pero, desde luego, lo que no puede decirse es que un tipo marginal del 75% sea algo ejemplarizante. Primero, porque para que los ricos paguen más impuestos que los pobres no es necesario implantar un sistema progresivo, basta con uno proporcional: si el tipo medio de la renta es del 20% tanto para quien gana 20.000 euros como para quien gana un millón, el rico pagará 50 veces más que el pobre. Y, segundo, y sobre todo, las subidas de impuestos nunca son ejemplarizantes: salvo que nos refiramos a que nos muestran el camino hacia la pobreza, la destrucción de capital y el sometimiento al Estado. Lo ejemplarizante sería bajar los impuestos a todos los ciudadanos, pero jamás subírselos.

Estos incrementos fiscales, lejos de ejemplarizar, anestesian. Las clases medias reciben un huesecillo para calmar su ira ante los sablazos tributarios que periódicamente les inflige el Estado. Al gravar más a los ricos, el Estado calma un poco el malestar que su propio intervencionismo genera, y aquéllas se contentan con la paupérrima suerte de seguir trabajando para costear un Estado mastodóntico mientras otros con sueldos mayores pagan impuestos auténticamente delirantes. Pues de lo que se trata es de eso: de distraer el debate y de hacer creer a la ciudadanía que las clases medias dejarán de ser las auténticas víctimas y paganas de nuestro engordado Hiperestado por el hecho de  que se expoliará con más encono a los ricos. Como si, repito, el 0,05% de los contribuyentes pudiera sostener unos Estados modernos que copan más del 50% de las riquezas nacionales. No, no es posible, y cuanto antes entendamos la perentoria necesidad de que las tijeras entren en el sector público y no en el privado, tanto mejor nos irá a todos.

Mientras tanto, sigamos con la comidilla de que una crisis causada y agravada por el intervencionismo gubernamental se va a solucionar por lanzar al Fisco contra los ricos. Sin duda, lo que más interesa a los gobernantes franceses o españoles es igualarnos a todos en el mismo nivel de pobreza. Para eso, y para poco más, sirve esta renovada demagogia contra los creadores de riqueza.

Una alternativa a EuroVegas

Las opiniones son como los culos, todos tenemos la nuestra. Por eso una vez conocido que la empresa Las Vegas Sands ha decidido que Madrid albergará su nuevo complejo de hoteles y casinos en Europa, todo el mundo ha sacado a relucir su opinión sobre el tema.

Por supuesto, como esto es España, hay dos frentes opuestos que casualmente coinciden con la derecha y la izquierda. Unos creen que es una inversión fantástica que debe ser fomentada, ya que nos ayudará a salir de la crisis, y otros que caminamos firmes hacia Sodoma y Gomorra.

Puede parecer curioso que quien saque a relucir argumentos moralistas sea la izquierda. Pero ya se sabe que para algunos el vicio y la perversión sólo son malos si van a acompañados del lucro. Si fuera gratis (pagado por todos) o los casinos fueran públicos seguramente les parecería bien.

Pero dejando a un lado las neuras de la izquierda, a las que no se les debería dar tanta importancia, lo cierto es que unos y otros vuelven a cometer uno de los errores típicos en los que siempre cae el español común: pensar que su opinión le debería importar a alguien.

Si una empresa quiere construir una docena de hoteles en los secarrales que rodean Madrid está en su derecho. No se entiende que nadie argumente a favor (como si diera su bendición) o en contra (como si dependiera de su permiso). Sólo una sociedad tan liberticida como la española puede pensar que todo, hasta actos que ni les va ni les viene, tiene que pasar por su aprobación.

Alguno me replicará que el problema no es lo que piensen construir, sino cómo lo van a construir. Vamos, que les van a dar dinero o financiación pública o algún tipo de ventaja fiscal.

Si el gobierno regional, el estatal o algún ayuntamiento le da dinero, financiación o ventajas fiscales a alguien, es simple y llanamente porque puede hacerlo. Así que en vez de malgastar electricidad en escribir sobre lo malo que es EuroVegas, sería bastante más recomendable hacerlo sobre el exceso de poder político, que permite gastar nuestro dinero en inversiones que ni nos van ni nos vienen, o realizar tratos de favor según les convenga.

Pero claro, si nos centramos en eso resulta que también habría que criticar multitud de proyectos que cuentan con el beneplácito de unos u otros, según quién sea el que se beneficie del asunto.

Por último están los que se quejan amargamente de que al apostar por EuroVegas nos agarramos a una economía del ladrillo y la burbuja, sin más aspiraciones que vivir del turismo y el juego. Demostrando así que hay personas que siguen sin enterarse de nada pese a llevar cuatro años sumergidos en información económica a diario.

El problema del ladrillo fue que se construían viviendas porque la gente estaba dispuesta a comprarlas, y la gente estaba dispuesta a comprarla porque podían financiar su compra y luego venderlas por más dinero. Por lo tanto cuando se acabó la financiación explotó la burbuja.

En el caso de EuroVegas es una empresa la que corre con una parte importante de la financiación y tendrá que buscar que otros inversores (esperemos que privados) confíen en que la rentabilidad de su modelo de negocio sea lo suficientemente sólida como para que se les devuelva la inversión con sus correspondientes plusvalías.

Evidente, se pueden equivocar, y el proyecto puede ser un fracaso. Pero en ese caso Las Vegas Sands, y sus inversores, verán disminuido su capital y Madrid ganará 12 hoteles que podrán ponerse al servicio de otros modelos de negocio más rentables.

Por supuesto, eso será así sólo si el gobierno de turno no decide intervenir por el bien común y regar el proyecto con dinero público. Aunque esto nos llevaría a lo de siempre: el problema no sería EuroVegas, sino un gobierno con capacidad de hacer con nuestro dinero lo que le da la gana.

Y sí, muchos preferimos tener a lado de casa un complejo de Google o Apple que un casino. Pero resulta que la realidad es la que es, y Google y Apple no se plantean ni por un segundo establecerse en España. ¿Y por qué? Me imagino que por muchas razones, entre ellas impuestos muy altos, trabajadores poco cualificados, poca cultura empresarial, electricidad cara, etc.

Así que todos aquellos que quieran una alternativa a EuroVegas solo deben empezar a trabajar por conseguir un entorno adecuado para inversiones más a su gusto. Un buen comienzo sería pedir un impuesto de sociedades y rendimientos de capital por debajo del 10%, la supresión de cualquier barrera a las empresas (incluidas laborales e importación), un sistema educativo libre, que permita innovar y conseguir jóvenes con una formación orientada al mercado y no a intereses políticos y burocráticos, y un mercado energético verdaderamente liberalizado sin trabas (no subvenciones) a ninguna tecnología segura.

‘Domingos rojos’

La penúltima iniciativa popular –por no decir populista– ideada por el Ejecutivo de Rajoy fue anunciada el pasado viernes por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A partir de ahora, el Estado podrá obligar a los parados que perciban prestación a colaborar en zonas incendiadas. En concreto, según recoge el Real decreto-ley 25/2012 de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales, publicado el pasado sábado, las "Administraciones Públicas" –Gobierno central, autonomías y ayuntamientos– y las "entidades sin ánimo de lucro" podrán solicitar a los servicios públicos de empleo los parados que precisen para acometer "obras de reparación de los daños causados" en las zonas afectadas.

La medida implica tan sólo a los "perceptores de las prestaciones por desempleo", es decir, a aquellas personas sin trabajo que tienen derecho a cobrar paro hasta un máximo de dos años por haber cotizado previamente. Las condiciones que establece la Ley General de la Seguridad Social (artículo 213.3) para ser llamado a filas son, básicamente, tres: que el trabajo "social" en cuestión sea de "carácter temporal", que la labor coincida con las "aptitudes físicas y formativas" del desempleado y que no suponga un "cambio de residencia habitual" para el trabajador.

Lo primero que llama la atención es que el Gobierno excluya de este particular reclutamiento a todas aquellas personas que, tras agotar su prestación, siguen percibiendo subsidios o ayudas públicas, como los ya famosos 400 euros mensuales. De este modo, el Gobierno acaba de inaugurar en la práctica el trabajo social obligatorio; solo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos –como Portugal–, los afectados serán los desempleados que aún tienen derecho a cobrar el paro en lugar de los beneficiarios de ayudas. Aunque no es el modelo idóneo, la prestación se concibió inicialmente como una especie de seguro público, por tanto, no es algo gratuito que otorga el Estado, sino que el contribuyente está obligado a pagar previamente para poder acogerse a él en caso de necesidad.

Por otro lado, la medida es, sin duda, legal, ya que se contempla en el ordenamiento jurídico –pese a que nunca se ha aplicado–, pero marca un precedente que no está exento de riesgos. Y es que muestra a las claras cómo actúa normalmente el poder político, empeñado en corregir los errores y fiascos de la intervención pública con más intervencionismo, lo que a la postre genera nuevos y mayores problemas. Así, lejos de solucionar en alguna medida el brutal desempleo que sufre el país, la instauración del empleo social pone a disposición del Estado a una masa ingente de potenciales trabajadores cuya motivación para reparar catástrofes naturales –o lo que se tercie–, sin remuneración adicional alguna, será nula en la inmensa mayoría de casos, por no decir los inconvenientes que tal obligatoriedad podría causar al elegido en caso de que se esté formando o buscando activamente empleo. En esencia, se trata de una pérdida de tiempo pura y dura, en el mejor de los casos, y de una forma de esclavismo moderno del todo inmoral e improcedente, en el peor.

Así, en lugar prorrogar los 400 euros o de implantar el trabajo social al albur de las directrices que marque el Gobierno de turno, cuya rentabilidad y utilidad para el resto de la sociedad es más que dudosa, el PP debería haber optado por flexibilizar de verdad el aún anquilosado mercado de trabajo. ¿Cómo? Eliminando el salario mínimo, permitiendo los minijobs que en su día implantó Alemania y dejando en suspenso toda la regulación laboral vigente, siempre y cuando empleador y empleado alcancen un acuerdo voluntario sobre sus condiciones de trabajo. Ésta es la forma más rápida y efectiva de que España coloque a sus casi seis millones de parados, con la ventaja inestimable de que su labor sí serviría para crear riqueza en el mercado y no para atender los intereses cuasipopulistas de los partidos.

Lo contrario, que es justo la senda emprendida por Rajoy, tan sólo traerá nuevos problemas. De hecho, el trabajo social es un invento de inspiración comunista. La Unión Soviética y, posteriormente, Cuba implantaron el llamado trabajo voluntario. El régimen castrista instauró los denominados Domingos Rojos, jornadas en las que los ciudadanos acudían voluntariamente –bajo coacción y amenaza– en su día descanso a realizar tareas extra o a participar en los actos que arbitrariamente determinara la autoridad política. Raúl Castro derogó recientemente el trabajo voluntario, tras casi 50 años de vigencia, debido a sus nefastos resultados. Rajoy, por el contrario, acaba de instaurar en España una versión light.

Ciudades al margen del Estado

Los medios españoles han recogido, como una curiosa anécdota, los planes de Ikea de crear dos nuevos barrios, uno en Londres y otro en Hamburgo. La compañía sueca ha pagado 25 millones de libras por una extensión, cercana a la ciudad olímpica, de unos 100.000 metros cuadrados. Soportan, en su mayoría, construcciones industriales que darían paso a 1.200 viviendas para el alquiler, oficinas, hoteles y una torre de 40 metros de altura. Para apreciar la arquitectura habrá que ir en bicicleta o andando, ya que los coches recorrerán Strand East en una cota más baja, moviéndose como en una madriguera. Está pensada para que la vivan la clase media. El proyecto para Hamburgo es menos ambicioso. Es interesante porque recuerda que el desarrollo urbanístico no tiene por qué estar en manos de los políticos. Pero hay proyectos más ambiciosos y más interesantes.

Es el caso de la provincia de Limón, en Costa Rica. Hay un proyecto, que tiene visos de quedarse en eso, de crear un ordenamiento jurídico propio para Limón, aunque seguiría formando parte del país. La elección de esa provincia está basada en que es una zona pobre y degradada del país, con una composición racial peculiar, fruto de pasadas oleadas inmigratorias, y la relación con el gobierno central es tensa. Una fruta madura, piensa Rigoberto Stewart, su principal impulsor, que puede caer en una verde pradera de derechos individuales, libre comercio y libre empresa. Sin comportamientos consensuados convertidos en crímenes. Sin impuestos. Sin moneda oficial. Con una justicia y una seguridad privada.

El proyecto comprende un área de algo más de 9.000 kilómetros cuadrados en la que viven 340.000 personas. Quizás demasiado ambicioso y que es difícil que cuente con el beneplácito de los limonenses, pese a ser muy atractivo. Hay otro proyecto, triple, menos ambicioso quizás, y acaso por ello más factible. Tanto, que se puede decir que está ya en marcha.

Se trata de tres ciudades que se erigirán en Honduras bajo el patrocinio de Coalianza, comisión para la promoción de alianzas público-privadas. No busca una secesión pacífica, surgida desde las exigencias del pueblo, como Limón. Coalianza es una institución pública que, bajo el amparo de una ley, promueve la licitación de proyectos de desarrollo por parte de empresas privadas de nuevas ciudades. Las empresas pueden tener derechos temporales “sobre bienes patrimoniales del Estado” y aportar “servicios que correspondan al Estado”. Se puede decir que el proyecto entronca con las ideas de Paul Romer.

Un grupo inversor bajo las siglas MGK ha llegado a un acuerdo con Coalianza para construir la primera ciudad modelo, así llamada, dentro de la RED (región especial de desarrollo) de Trujillo. Está en el Valle de Sula. MGK ha anunciado la inversión de los primeros 15 millones de dólares.

La urbanización se hará bajo una planificación privada, como los barrios promovidos por LandProp, la compañía de Ikea. Pero lo interesante no es eso, sino que las tres ciudades tendrán sus propias leyes, sus propios impuestos, su propia policía, en unas condiciones que forman parte de un memorando acordado con el Estado de Honduras, dentro de lo previsto por la ley. Es una concesión revisable. La seguridad jurídica no es completa, pues no es lo que pretende Rigoberto Stewart que sea Limón, una región completamente independiente. Pero cabe pensar que si las leyes de Valle de Sula, y las de las otras tres ciudades, son mejores que las del resto de Honduras, tendrán un éxito que podría asentar su futuro.

¿Debe instalarse Eurovegas en España?

Sí, porque en España, todavía, hay libertad de empresa y no existe ninguna ley que impida a un empresario invertir su dinero en negocios legales. No veo preciso recordar que la industria de los juegos de azar es perfectamente legal en nuestro país, tanto que el propio Gobierno la explota con gran aprovechamiento mediante la empresa Loterías y Apuestas del Estado.

Sí, porque el macrocomplejo lúdico de Eurovegas crearía 200.000 empleos. En un país con cinco millones de parados que la empresa Las Vegas Sands quiera instalarse en él es lo más parecido a que nos toque la lotería. Cuando se hayan concluido las obras los doce hoteles más los casinos y restaurantes que formarán Eurovegas serán una máquina de generar riqueza que se quedará para siempre aquí. Se calcula que el complejo atraerá unos diez millones de turistas al año. La ecuación es sencilla, actividad económica igual a empleo, empleo igual a riqueza

Sí, porque se trataría de una inversión multimillonaria sostenida en el tiempo durante una década. Las Vegas Sands quiere invertir en nuestra tierra más de 25.000 millones de euros, es decir, la misma cantidad que los contribuyentes tendrán que meter en Bankia para reflotarla. Esa cantidad ingente de dinero se irá mayoritariamente a negocios españoles, tanto durante la fase de construcción del complejo como durante la de operación. Muchas industrias locales como la de la alimentación o la logística se verían directamente beneficiadas.

Sí, porque inversión es confianza. Cuando una empresa multinacional como Las Vegas Sands decide realizar una apuesta tan decidida por un país cuyo crédito internacional se encuentra en entredicho el que gana es el país. Si lo que pretende es salir de la crisis España lo que necesita son empresarios y empresas, no políticos y gasto estatal atado a préstamos en el extranjero o al envilecimiento de la moneda. Nuestro modelo ha sido durante muchos años el segundo, y así nos luce el pelo.    

¿Esta especulación sí que nos gusta?

…una reducción que se ha vuelto más acusada desde este jueves, cuando el presidente del monopolio europeo sobre la emisión de dinero formalizó las condiciones del rescate a la economía española: que Rajoy suscriba un Memorándum de Entendimiento dirigido a solucionar los crecientes problemas de solvencia de nuestra economía.

Si la prima ha caído 200 puntos en mes y medio no es ni por Rajoy, ni por Zapatero ni por Rubalcaba, sino por Draghi. Mas, en puridad, Draghi todavía no ha hecho nada: sólo insinuó (hasta este jueves) o avanzó (a partir del jueves) lo que tiene pensado hacer en caso de que nuestro Gobierno pida el rescate. Pero nuestro Gobierno todavía no lo ha solicitado, de modo que apenas asistimos a una acumulación de rumores, suposiciones, creencias y apuestas sobre nuestro futuro que ni mucho menos tendría por qué llegar a materializarse en abundantes monetizaciones de deuda por parte del BCE. Esto es, apenas asistimos ante un torrente de especulaciones sobre nuestro futuro, torrente que, justamente, está provocando una reducción tan intensa de los tipos de interés de nuestra deuda.

¡La especulación! Sí, esa malévola actividad realizada por pérfidos señores con cuernos (los especuladores) que hasta hace unos días demonizábamos, o incluso proponíamos proscribir, pero que ahora recibimos entusiasmados como la bendición que nos permitirá seguir extendiendo nuestro insostenible endeudamiento durante unos meses o años más. Veremos cuánto tarda en fastidiarse está nueva bacanal burbujística, pero merece la pena constatar ese hipócrita doble discurso que caracteriza como buena la especulación que nos beneficia y como mala aquella que nos perjudica. Miope discurso que confunde las ganancias personales a corto plazo con la adecuada coordinación económica y social a largo plazo. Para los propietarios de viviendas o de acciones de Terra, los movimientos especulativos sobre los inmuebles o sobre los valores eran buenos, pese a que promovieran una pésima asignación de capital.

Lo mismo acaece ahora, cuando el BCE da más cuerda a un Gobierno manirroto para que continúe gastando muchísimo más de lo que ingresa. Si los problemas fundamentales de nuestra economía –que no son de falta de liquidez, sino de solvencia– no se solucionan –para lo que necesitamos de austeridad pública y de liberalización privada–, Draghi sólo estará dándonos cuerda para la horca.

Al final, sucede que la especulación sólo será buena en tanto anticipe correctamente el futuro y sólo será mala en tanto se equivoque. Por fortuna, los especuladores, como grupo, ganarán cuando acierten y perderán notablemente cuando se equivoquen. Con este anuncio de monetización ilimitada de deuda, el BCE sólo ha alentado una masiva especulación alcista sobre nuestra deuda. ¿Es una especulación en la dirección adecuada? Si Rajoy persiste en su torcida política a favor del Hiperestado y la microsociedad, si no da un giro copernicano a su desastrosa gestión, entonces podemos asegurar que no, que el BCE sólo está impulsando una mala especulación distorsionadora que agravará muy intensamente nuestra crisis. ¿Y va Rajoy a rectificar? ¿Por qué motivo debería hacerlo? ¿Por el Memorándum de Entendimiento que le obligarán a suscribir? ¿Ese mismo que firmó Grecia?

Suiza rechaza caramelos sindicales

Suiza es el estado del mundo más próximo a una democracia directa debido a los numerosos refrendos que se celebran cada año para modificar o impugnar sus leyes. El pasado 11 de marzo se convocó a instancias de uno de sus principales sindicatos un referéndum para preguntar si se aumentaban dos semanas más las vacaciones pagadas (por la empresa o empleador, se entiende). Resultado: se votó mayoritariamente que no en la totalidad de los cantones helvéticos, no importando si el predominio era protestante o católico. Sin más.

Actualmente todo trabajador suizo tiene, por ley, cuatro semanas de vacaciones pagadas durante el año. Los suizos entienden que es suficiente. Así se han pronunciado en las ya seis ocasiones en que se les ha consultado al respecto en sucesivos refrendos desde 1958.

Constitucionalmente está reconocido el derecho a sindicarse. Los sindicatos están sustentados allá sólo por las contribuciones de sus propios afiliados. Son tendentes, como cualquier par europeo, a "expandir" los derechos de los trabajadores todo lo que el sistema legal les permita. La diferencia es que en Suiza se consulta antes a la gente y, al menos por el momento, la mayor parte de sus habitantes no se deja seducir fácilmente por las satisfacciones inmediatas. Ven más allá de las consecuencias a corto plazo, como Bastiat.

Su productividad es alta pero sin llegar a alcanzar los índices de los líderes mundiales; además ha ido descendiendo aquélla débilmente en las últimas décadas. Su población es consciente de que su nivel de riqueza logrado no es regalado ni tampoco está blindado frente a un mundo globalizado y cada vez más competitivo. La tasa de actividad -es decir, los ocupados en proporción a la población total potencialmente activa- es allí elevadísima (el 80%) y, por si esto fuera poco, son también los campeones europeos en horas de trabajo semanal, con un máximo legal de 45 y una media efectiva de 42,4 (parecida a la de Japón).

De hecho, algunos trabajadores disfrutan de más de cuatro semanas de vacaciones ya al año debido a sus condiciones especiales pactadas con su empresa. Ese plus lo determina el contrato o el convenio de empresa, no una norma federal impuesta a todos. Esa excepción es posible asumirla por la mayor productividad de ciertas compañías, especialmente las orientadas al mercado exterior, las más dinámicas. A medida que ésta aumenta, se alargan en cada caso las vacaciones así como los demás derechos laborales, sin necesidad alguna de que se decrete centralmente desde el gobierno.

Los sindicatos suizos han pretendido una vez más convencer a sus compatriotas de que la voluntad política del pueblo puede hacer caso omiso de lo que marquen ciertos indicadores económicos y extender dicho privilegio de unos pocos a todos los trabajadores. A pesar de la sexta intentona, les fue imposible persuadirlos. Así de "testaduros" son los suizos.

Pese a otras iniciativas populares de sus sindicatos, las leyes helvéticas no han formalizado tampoco ningún salario mínimo oficial. Éstos están recogidos allí donde deben estar: o bien en ninguna parte o bien en los acuerdos de negociación colectiva voluntaria. En aquellos sectores que carecen de dichas cláusulas de compensación mínima sólo un 10% aproximadamente de los empleados son pagados menos de lo considerado como promedio.

El sector privado de la economía suiza es enorme, éste financia directamente las tres cuartas partes del presupuesto dedicado a I+D en dicho país. Existe un mercado laboral flexible e integrador. El mantenimiento de la paz laboral es un mandato expreso de todos los convenios colectivos para sindicatos y patronales. En la mayor parte de ellos está expresamente prohibida la lucha sindical violenta en cualquiera de sus manifestaciones.

Este pequeño y próspero país mantiene desde hace mucho tiempo unas tasas de paro singularmente bajas (actualmente por debajo del 3%). Allí no existe propiamente "derecho" de indemnización por despido; se tiene asumido que, independientemente del tiempo que se lleve trabajado, si el empleador decide resolver la relación laboral existente paga al empleado tres mensualidades en concepto de preaviso y asunto concluido. Eso sí, hay un seguro de desempleo que cubre incluso al empleado que causa baja voluntaria. En cualquiera de los casos el contratado debe haber cumplido con rigor todas las condiciones del trabajo, haber contribuido un mínimo de 12 meses en los dos últimos años y haberse registrado en la oficina de empleo para encontrar rápidamente otro trabajo adecuado a su formación.

Suiza conserva uno de los niveles más bajos por impuestos tributarios totales de entre los países desarrollados (29% de su PIB). La política de sus gestores públicos a favor de una estabilidad monetaria y una contención de la inflación sostenida en el tiempo han dado como resultado que sea el único país pequeño poseedor de una moneda relevante a escala internacional. Por contra, esto supone convertirse en moneda-refugio y exponerse a las violentas fluctuaciones que sacuden a los mercados financieros en épocas de crisis.

Si exceptuamos los productos agrícolas, el comercio internacional de la república alpina está bastante liberalizado. Desde que se vienen confeccionando los índices de libertad económica, Suiza aparece siempre entre los primeros puestos del planeta. En fin, la renta per cápita de los suizos es francamente envidiable (dicho esto desde un punto de vista sano, no progre).

Parece evidente que saben en su mayoría apreciar y conservar su riqueza generada responsablemente.

Especulación, estado y mercado

Desde hace unas décadas la fama de los especuladores se ha ido deteriorando. La crisis financiera estadounidense y la actual recesión europea han reavivado el ardor con el que, normalmente desde el intervencionismo, se denuesta al especulador.

Economistas como Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, y otros más, han tratado de explicar en diversas ocasiones la labor económica, en especial de coordinación, desempeñada por los especuladores. A pesar de ello, se sigue reclamando regulación, intervención, control, orden, seguridad…

Lo que no mucha gente sabe y, probablemente es el mejor momento de sacarlo a colación, es que el acicate de la imaginación especuladora del mundo de las finanzas ha sido, a lo largo de la historia, el poder estatal.

En el momento en el que la escasez de metales preciosos impidió la financiación de las guerras y del comercio, fue necesario echarle imaginación e inventarse otros medios de pago. Éstos, además, eran mucho más cómodos y proporcionaban cierta seguridad al no tener que transportar el valioso metal.

La aceptación de formas simbólicas del dinero abrió un campo enorme para la creatividad humana. Un símbolo podría ser usado para representar algo de valor que estaba disponible en el almacenaje físico en otro lugar, como el grano en el depósito. Este símbolo también podría ser usado para representar algo de valor que estaría disponible más tarde en el tiempo, como un pagaré o letra de cambio, un documento que ordena a alguien pagar una cierta suma del dinero al otro en una fecha específica o cuando se dan ciertas condiciones.

Un ejemplo de la inspiración que los gobernantes aportaron al desarrollo del sistema financiero lo encontramos en el caso de la Inglaterra medieval.

En el siglo XII, la monarquía inglesa introdujo una versión temprana de la letra de cambio en forma de un pedazo serrado de madera conocida como tarja o palo de cuenta. Las cuentas al principio empezaron a usarse simultáneamente a otros tipos de dinero, cuando el papel era escaso y costoso, pero su uso persistió hasta principios del siglo XIX, después de que el papel-moneda se había hecho frecuente. Las muescas fueron usadas para denotar varias cantidades de impuestos pagaderos a la corona. Al principio las cuentas fueron simplemente usadas como una forma de recibo al pagador fiscal. Cuando el departamento de ingresos se hizo más eficiente, comenzaron a publicar cuentas para denotar una promesa del impuesto para hacer futuros pagos fiscales en tiempos especificados durante el año. Cada cuenta consistía en un par de palos. Un palo representa la cantidad de impuestos para ser pagados más tarde y otro que se quedaba la Tesorería, que representaba la cantidad de impuestos que debían ser recolectados en una fecha futura.

La Tesorería descubrió que estas cuentas también podrían ser usadas para crear dinero. Cuando la corona había agotado sus recursos corrientes, podría usar los recibos de cuenta que representan futuros pagos fiscales adeudados a la corona como una forma de pago a sus propios acreedores, que por su parte podrían recolectar los ingresos fiscales directamente de aquellos tasados o usar la misma cuenta para pagar sus propios impuestos al gobierno. Las cuentas también podrían ser vendidas a otros a cambio de moneda de oro o de plata con un descuento que reflejaba el tiempo transcurrido hasta que los impuestos fueran pagados. Así, las cuentas se convirtieron en un medio de cambio aceptado para algunos tipos de transacciones y un medio aceptado para atesorar valor.

Este ejemplo, tan lejano en el tiempo, es completamente actual: el estado utiliza a los especuladores a su antojo, pero cuando éstos se resisten a perder para sacarle las castañas del fuego a los gobernantes manirrotos, siempre queda el recurso de echarle a los mercados, a los egoístas especuladores, las culpas de todo. Y mucho más si son extranjeros.

No hay que olvidar (aunque daría para otro artículo) que al ser anónimos los participantes en los mercados, los especuladores pueden ser topos de los gobiernos con intención de alzar o dejar caer un producto, una región e incluso, un gobierno extranjero. De esta manera, la perversión sería completa, ya que, además de expulsar del mercado al especulador "real", se desvían fondos artificialmente con un motivo político.

Es por eso que, a la hora de analizar qué hacen de bueno o de malo los especuladores (o los mercados), hay que recordar que solamente si estuviéramos en una economía libre, podrían los especuladores cumplir sus funciones de la mejor manera posible. Es la intromisión del Estado la que ha conducido el mercado financiero a la sofisticación actual, la que ha dado alas a los jugadores para que les consigan financiación. De esta manera, la dependencia actual de los mercados por parte de los gobernantes europeos no parece sino un efecto del Karma político que toca pagar. En concreto, a nosotros nos toca pagar. Eso sí.