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Libertad, propiedad y vínculos sociales

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Más sociedad puede implicar menos necesidad de Estado, sin duda. Pero no necesariamente cualquier tipo de institución social no estatal supone que la libertad esté garantizada. La libertad está estrechamente vinculada a la voluntariedad y el centro decisorio de esta es el individuo. Praxeológicamente es este quien define fines y selecciona medios, y moralmente solo existe una sociedad libre no solo cuando el Estado es mínimo o inexistente, sino cuando las instituciones no estatales de carácter coercitivo, o este aspecto de ellas, son débiles.

En la evolución social existen instituciones tradicionales que han jugado un papel muy importante en cuanto que aportaron mecanismos "entre el instinto y la razón" de elevada eficacia para el desarrollo. Y no cabe duda de que muchas de esas instituciones han estado en relación de relativa complementariedad con la que se puede considerar más importante en el proceso de civilización: la propiedad privada. Pero que determinadas instituciones que se hayan mostrado eficaces en ciertas etapas no las consagra como eternas ni como las mejoras defensoras de la libertad.

Las familias en sentido amplio han jugado y siguen jugando un papel muy importante en este sentido. Han sido estructuradoras de las propiedades y en muchos casos se vinculaban a ellas más que a los individuos concretos que las componían. La vida del individuo en estas instituciones familiares fuertes estaba bajo una protección y unas posibilidades de desarrollo que no eran posibles fuera de ellas.

No obstante, la fortaleza de esta institución estaba vinculada también al escaso desarrollo de esa otra, la de la propiedad privada, cuyas potestades estaban restringidas precisamente por la gerencia familiar de la misma. Es así que con el desarrollo de la propiedad privada y su mayor vinculación al individuo, la libertad se presenta con otras opciones. La cooperación voluntaria, de esta manera, se desvincula del concepto fuerte de familia y se facilitan asociaciones voluntarias de individuos que estructuran una sociedad no estatal más libre. Los individuos, sin dejar de hacer girar su vida alrededor de comunidades afectivas familiares, dejan de sentir a estas como coerciones a su vida y desarrollan sus proyectos vitales asociándose con individuos que comparten sus propios y mucho más variados fines.

Las sociedades más libres, por tanto, no son solo las que tienen menos Estado, sino las que han llegado a un grado de evolución social en el que determinadas instituciones tradicionales, o más bien, en el que el componente coercitivo de las mismas tiene menos peso.

Cuando, por lo tanto, se habla de la catástrofe que supone la crisis de la familia tradicional o del debilitamiento de ciertas obligaciones sociales religiosas tenemos que mantener la perspectiva de que tales instituciones también han de evolucionar a la par de la complejidad de la propiedad privada y de la liberación del individuo como eje decisorio moral de su destino.

La reforma del sistema autonómico

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Una de las pruebas más gráficas de que el Estado de las Autonomías es un marco de incentivos perversos es lo que vino a denominarse "el teorema Zapatero". Este término, patentado por Artur Mas en unas declaraciones en verano de 2009, se refiere a la promesa que Zapatero iba haciendo a todos los presidentes regionales en las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómica. El famoso teorema rezaba así: "Todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la media". Mas tiró de ironía y afirmó que, de lograrlo, "Zapatero habría conseguido una innovadora contribución a las matemáticas". Esta imposibilidad estadística es un buen reflejo del pensamiento burbuja al calor del que el sistema autonómico ha nacido y se ha expandido sin control. Este modelo de Estado que tanto bienestar ha proporcionado a nuestros políticos ha terminado por abocar a la quiebra al propio Estado español, sometiendo a los ciudadanos a un más que probable rescate total.

El sistema autonómico se ha comportado como lo hacen las células cancerígenas en el cuerpo humano. Tiende a reproducirse sin control hasta llegar a bloquear el funcionamiento de la propia economía, pues opera con un sistema de incentivos perversos debido a los desequilibrios estructurales con los que fue diseñado. Llegados a este punto, es muy probable que sólo queden dos alternativas. La primera es acometer una profunda reforma autonómica, una cirugía que ataque sin miramientos tanto a las consecuencias como a las propias causas del desequilibro. La otra opción es que nos intervengan, y que desde fuera nos apliquen la operación con motosierra. Ya se sabe que cuando te reforman desde fuera no buscan que la economía crezca saludable a largo plazo, sino hacer un arreglo basto a corto plazo para cobrar las deudas. Aunque sea terrible, a veces esto es mejor que la política suicida de nuestros gobernantes. Pero lo deseable sería una reforma seria de nuestro Estado autonómico.

Dicha reforma autonómica constaría de dos bloques fundamentales. El primero es la eliminación de todos los tejidos tumorales que se han ido formando estos últimos años. Es el ajuste para devolver el Estado, al menos, a un tamaño sostenible. Hay que recortar todo gasto estatal innecesario para liberar los recursos que necesita la economía española para volver a funcionar. Las cifras de despilfarro que exponía recientemente Roberto Centeno en El Confidencial eran apabullantes: "Duplicidades entre administraciones, 34.000 millones; 4.500 empresas públicas innecesarias en un 90%, creadas para ocultar déficit y colocar a familiares y amigos –en total 450.000 enchufados-, 30.000 millones; 17 miniestados con la estructura total de un Estado, parlamentos, defensores del pueblo, servicio meteorológico, universidades a porrillo, canales de televisión para cantar sus glorias, 30.000 coches oficiales y alrededor de un millón y medio más de empleados públicos nombrados a dedo totalmente innecesarios. Más de 20.000 asesores, inútiles en un 90%, con un sueldo medio de 50.000 euros. Suman y el total de despilfarro asciende a 120.000 millones de euros anuales". Y esto sólo para ir empezando, sin entrar a reformar o eliminar otras cosas que no nos podemos permitir o que están gestionadas de forma ineficiente. El político profesional se resiste de forma natural a esta liposucción. Siempre dice que ya no se puede recortar más, que ha llegado al límite. Pero el ciudadano ante eso debe contestar lo que suele decir Daniel Lacalle: "Que me dejen los presupuestos y un lápiz rojo, y reducimos el déficit a cero en una semana".

El otro bloque de esta reforma del modelo de Estado sería atacar las causas del desequilibrio. La fundamental es la falta de corresponsabilidad fiscal. Tal y como funciona actualmente el sistema, las autonomías no son más que sumideros de gasto público. No es que los políticos autonómicos sean de nacimiento más despilfarradores de lo normal. Es que el sistema de incentivos es perverso. Al estar la responsabilidad de recaudar desconectada del placer de gastar, el incentivo para el político autonómico es el de gastar al máximo, endeudarse, y dedicarse a pedir dinero al Gobierno central, que es quien recauda el grueso del presupuesto. Esto es terrible, porque lo normal sería que si un político quiere aumentar el gasto público (es decir, su poder), al menos tiene que soportar el coste electoral de subir los impuestos. Pero este freno no existe en la actualidad, provocando una expansión descontrolada del gasto autonómico. El presidente autonómico, para el que el gasto es gratuito en términos electorales, se lanza a gastar hasta instalarse en un despilfarro permanente del que incluso hoy, con el Estado en quiebra técnica, no quiere apearse.

La solución para al menos frenar este desequilibrio es una de dos: o se centralizan tanto ingresos como gastos (es decir, se eliminan las autonomías); o se descentralizan ambos, yendo a un sistema federal. Esta reforma consistiría en que todo gasto que hagan los gobiernos regionales deba ser recaudado por ellos mismos, soportando el coste electoral de subir el gasto. La virtud de la segunda opción, además de servir como freno al despilfarro descontrolado, sería que las autonomías tendrían que competir entre sí, tratando de que los impuestos sean bajos y la gestión eficiente, para atraer unas empresas, capital y trabajadores que cada vez tienen mayor movilidad.

Esta reforma autonómica, además, debería incorporar un importante cambio de tipo político. Es necesario que las competencias de cada nivel del Estado esté claro y fijado a nivel constitucional. Hasta ahora, el sistema ha favorecido que los políticos mercadeen con las competencias. Los partidos mayoritarios se han dedicado a sostener sus legislaturas a base de comprar los votos de los nacionalistas prometiendo transferencias de competencias, generando la proliferación de duplicidades y la sangría en las cuentas públicas. Es necesario blindar en la Constitución las competencias que tendrán los municipios, las autonomías y la administración central, asegurando que no haya ni una duplicidad.

En conclusión, urge una reforma total del sistema autonómico. En primer lugar hay que eliminar de raíz todo el despilfarro que nos cuesta más de 120.000 millones al año, y racionalizar el resto del gasto público para liberar los recursos atrapados que necesita la economía española para volver a funcionar. Y en segundo lugar hay que ir a un sistema de corresponsabilidad fiscal con competencias blindadas a nivel constitucional, en el que cada administración debe financiar su propio gasto público y sufrir las consecuencias electorales de una mala gestión financiera. Esta reforma es una condición necesaria, que no suficiente, para que la economía española salga del agujero en el que se encuentra. Si no emprendemos esta cirugía nosotros, lo harán, sin contemplaciones, desde fuera cuando nos intervengan.

Turgot, sobre la tolerancia religiosa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El 15 de junio de 1775, en Reims, Luis XVI celebraba su coronación. No era dueño del todo de las palabras que formarían parte de su juramento, un conjunto de promesas hechas ante Dios, ante la Iglesia y ante sus súbditos. Formaban parte de una acuñación tradicional que, simplemente, había heredado. Pero cuando llegó a la mención de su compromiso de “exterminar” a “los herejes condenados por la Iglesia”, su voz se apagó y lo que dijera quedó sólo para sus oídos.

Había seguido el consejo de Anne Robert Jacques Turgot. Este autor se había destacado desde hacía dos décadas por su encendida pero razonada defensa de la “tolerancia cívica”. Su primera obra publicada es un folleto, Le conciliateur, escrito en 1754. Aborda un conflicto del momento de los obispos franceses con los protestantes y con los jansenistas. También con el Parlamento de París, que pese a su nombre era entonces más un juzgado que lo que hoy entendemos por Parlamento.

En ese pasquín imagina cuál sería el mensaje del Rey, que entonces era Luis XV, hacia cada uno de los grupos en contienda. De todos ellos reconoce su competencia o su situación a los ojos de un rey católico. A los protestantes les miraría con aflicción por su desvío de la verdadera fe, a los jansenistas diría que le gustaría ver una Iglesia sin divisiones, se referiría a los obispos que respeta y asume sus juicios y espera del Parlamento que sepa armonizar su autoridad con la del Rey.

Pero a todos ellos expone cuáles son los lindes de su competencia. Lo que está asentando Turgot, que no es sino el reconocimiento de una realidad, es el principio de que hay varias jurisdicciones, cada una de ellas sobre ámbitos distintos. A los protestantes les dice: “someteos a las leyes (…), y recibiréis de mí la misma protección de que disfrutan el resto de los súbditos”. “Todo lo que me concierne”, dice a los jansenistas, “es ver que disfrutáis de vuestra vida con tranquilidad como ciudadanos. Es sólo a este respecto que me intereso por vosotros. No temáis ni el exilio ni el castigo ni la prisión”.

En una segunda carta, escrita en 1764, parte de las palabras y los hechos de Cristo para recalcar la idea de que hay dos ámbitos distintos, uno espiritual y eterno, otro terrenal y pasajero. Por ejemplo, dice que Jesús “no instruye a sus discípulos que imploren la asistencia de los reyes para perseguir a los no creyentes, a emplear la autoridad humana para hacer conversos”. Y cita sus palabras: “Mi reino no es de este mundo”. Los primeros Padres de la Iglesia, por su parte, “no pedían a los príncipes paganos que hicieran del evangelio la ley del imperio. Sólo pedían libertad para profesar su religión”. Da un paso más en la historia para decir que “cuando los príncipes se hicieron cristianos, los obispos, para inmiscuirse en los asuntos de Estado, pidieron que sus decisiones formaran parte de las leyes del reino. Los príncipes, bien por celo, bien por propio interés, accedieron a ello, imaginando que con ello adquirirían mayor autoridad sobre los súbditos. Este paso fue perjudicial para ambas partes”.

Sigue insistiendo en la llamada “separación de Iglesia y Estado”, que no es sino un reconocimiento de que no hay una única jurisdicción enorme, la del Estado, sino que hay al menos dos, cada una con su propio ámbito. “Debemos volver a los orígenes de las cosas”, dice Turgot. “Veremos a la religión, como debe ser, separada del gobierno; la Iglesia ocupada de la salvación de las almas; el imperio ocupado con el bienestar de la gente; la una y el otro teniendo sus propias leyes distintas, como lo son las cosas del cielo de las de la tierra”.

¿Por qué hay que volver a los orígenes? ¿Por qué esa confusión de jurisdicciones es perjudicial para ambas? Porque reconoce que hay una división natural en la sociedad por lo que se refiere a las creencias religiosas. Y añade: “Rezo al cielo para que se restituya la paz en la Iglesia. Pero sería un mal para mí si esas divisiones se arrastrasen al Estado”. En un texto escrito para Luis XVI sobre la tolerancia, que comienza haciendo referencia al consejo que le dio de no pronunciar parte del juramento en su coronación, hace referencia a este hecho natural que es la diversidad de creencias. “No todo el mundo concuerda en reconocer la revelación divina, y aquéllos que la reconocen no están de acuerdo en la interpretación de sus revelaciones particulares. Es bien conocido que hay sobre la faz de la tierra una multiplicidad de religiones, los devotos de las cuales creen que aquélla que profesan es la única que es obra de la Divinidad, y la única agradable a Él”.

De modo que hay una distinción de jurisdicciones y una diversidad natural de creencias. Pero Turgot tiene aún un nuevo argumento para pedir que prevalezca la tolerancia. Y son los efectos que tiene la persecución sobre el propio individuo. Si por un lado esa persecución “arrastra”, como él dice, las divisiones naturales de la sociedad al Estado y genera conflictos, por el otro sólo crea tormento en los perseguidos, sin tener el efecto deseado.

“Los hombres, para sus opiniones, sólo desean libertad. Si se les priva de ella, estás poniendo un arma en la mano”, dice en su carta de 1764. “Dales libertad, y estarán tranquilos, como los luteranos en Estrasburgo. De modo que es la misma unidad en la religión que queremos imponer y no la diferencia de opiniones que toleramos la que produce problemas y guerras civiles”.

Y sobre los efectos en la conciencia individual, insiste Turgot con gran ahínco en su carta a Luis XVI: “Si hay una religión verdadera, si Dios pide cuentas a cada hombre de lo que ha creído y practicado, si una pena eterna será el pago por rechazar la verdadera religión, ¿cómo podemos pensar que cualquier poder sobre la tierra puede tener el derecho de obligar a un hombre a seguir otra religión distinta de la que él cree verdadera en su alma y su conciencia?”. Esa conciencia, ese espacio íntimo que guarda una relación directa con la Divinidad (no es en vano que la palabra religión venga de re-ligare), está más allá del poder terrenal. Y lo más que puede conseguir, aunque no siempre, es que adapte su comportamiento a los deseos del Estado, pero no puede asegurar que acabe siendo un verdadero creyente. La España moderna es clara ilustración de ello.

Terminaremos sin fines, y sin libertad

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Estar en contra de pagar impuestos cuando el receptor de los mismos es un político sinvergüenza, un actor que nos cae mal, o un sindicalista que no ha trabajado en su vida, es algo bastante natural. Es un sentimiento que fluye espontáneamente en casi todo ser humano que no pertenezca a la casta privilegiada que nos gobierna.

El problema es cuando esos impuestos van a parar a fines que son aceptados mayoritariamente. Por ejemplo, a los deportistas que se esfuerzan durante años para competir en unos Juegos Olímpicos. O para un ingenio humano que recorre cientos de miles de kilómetros para posarse con éxito en otro planeta.

Para alguien que no haya meditado mucho sobre el asunto, la comparación entre ambos fines les parecerá una salvajada. ¿Cómo se puede comparar que un político se enriquezca con que un deportista pueda realizar su sueño después de años de esfuerzo? ¿De verdad se puede criticar que todos pongamos nuestro granito de arena para que el ser humano avance en su conocimiento, como si de subvencionar a una panda de vagos se tratase?

La realidad es que moralmente no hay diferencia entre que nuestros impuestos vayan a algo que la mayoría cree bueno o que terminen despilfarrados en cosas a las que nadie quería destinar un céntimo. Y no la hay porque en ambos casos se está quitando dinero por la fuerza a personas que no tendrían que tener ninguna obligación de financiar esas actividades.

Es curioso que cuando expones esto, mucha gente te llama egoísta, avaro o codicioso. Si esa misma gente dedicara unos minutos de su tiempo a reflexionar sobre el asunto se darían cuenta de que obligar a otros a financiar un fin que persigues sí tiene bastante de egoísta.

Sobre todo cuando ese fin es apoyado por la mayoría. La cual no debería tener ningún problema en financiar cualquier fin sin tener que recurrir a quitarle el dinero a nadie.

Es algo lógico. Si que docenas de deportistas triunfen en los JJOO es algo tan importante para millones de españoles, tal número de personas no debería tener ningún problema en financiar el entrenamiento de deportistas por medio de contribuciones voluntarias.

¿Por qué, entonces, hay tanta gente a favor de que se financien vía impuestos? Por lo mismo de siempre: la gente quiere demasiadas cosas y cree que los impuestos son la vía mágica de alcanzarlas. No tengo duda de que mucha gente contribuye voluntariamente, y contribuirá aún más con impuestos más bajos, a que muchos atletas puedan competir al máximo nivel, o que la ciencia avance, o a otros muchos buenos fines que la humanidad se ha fijado. El problema es que esta vida, con unos recursos limitados para todos, exige tener unas prioridades. Y cada uno, con sus actos, elige cuáles son las suyas.

Y aquí es donde entra la tolerancia. Esa capacidad humana tan de moda pero que en realidad es casi desconocida para el común de los mortales. Porque sí, puede molestar que mucha gente decida no dar dinero para la investigación científica, mientras se gastan ese dinero en cosas más banales. Pero mucho más importante que llegar a Marte o ganar medallas de oro es que la humanidad empiece a respetar a sus semejantes, aunque les moleste las decisiones que toman sobre gastar su dinero.

Y lo es porque los mismos argumentos que sirven para legitimar mandar una nave a Marte con el dinero de todos son los que se usan para imponernos una sanidad universal en quiebra. O la misma autoridad que crea subvencionar a deportistas de élite hace que tengamos que pagar unas pensiones que nunca vamos a cobrar.

Porque, como pasa siempre en la historia de la humanidad, cuando la mayoría cree que el fin justifica los medios, los que ponen los medios terminan esclavizando a quienes les dieron el poder. Y llegados a ese punto, las mayorías se quedan sin sus preciados fines, y terminan compartiendo destino con las minorías a las que dejaron sin libertad.

La degradación institucional y la crisis

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La sociedad es un sistema complejo. Es una institución espontánea generada porque somos seres sociales y nos sale más rentable como especie vivir en comunidad. La vida en sociedad durante tantos miles de años ha dado lugar al surgimiento espontáneo de instituciones humanas. Tanto Carl Menger como Hayek como muchos otros autores han estudiado este carácter espontáneo de las mismas. Otros autores se han dedicado a analizar las instituciones desde otros puntos de vista. Incluso, en el siglo XX, ha aparecido la llamada Escuela Institucionalista, la corriente neoinstitucionalista, y se ha reconocido su labor, de alguna manera, con la concesión del Nobel de Economía hace unos años a Williamson y Ostrom.

Precisamente, Elinor Ostrom, recientemente fallecida, estudió cómo los procesos biológicos tan complejos necesitan de un grado tan alto de diversidad en el manejo de los problemas que surgen como elevado sea el nivel de complejidad del sistema. Es lo que el biólogo W. Ross Ashby describió en Desing for a Brain: The Origin of Adaptative Behaviour (1960), en el que postulaba la "ley de la variedad requerida", que explica que cualquier sistema regulatorio requiere una variedad de acciones a realizar tan grande como variedad de acciones exista en el sistema a regular.

Si la sociedad es un sistema natural complejo, esa máxima también es aplicable, y se podría interpretar que la variedad en las soluciones posibles permite alcanzar el mejor resultado posible. Sin embargo, este es un tema complicado. La razón está en que, una vez que se establecen con firmeza las instituciones sociales, y una vez que son ocupadas por rent seekers, no hay nada que hacer. Se trata de buscadores de rentas que consiguen un puesto privilegiado desde el cual, independientemente de su desempeño en tanto que servidores públicos, conseguir rentas sea pecuniarias, sea como privilegios, favores, o puestos de trabajo para sus familiares y amigos. La "okupación" de las instituciones por este tipo de personajes trae consigo el enquistamiento y esclerotización de dichas instituciones. Así, es imposible que se dé la "ley de la variedad requerida" de Ashby, simplemente porque la evolución necesaria de estas instituciones, la necesaria variedad institucional que permitiría una resolución más eficiente de los problemas y crisis sociales se ve frenada por las acciones de estos buscadores de rentas.

Al statu quo no le conviene que las cosas cambien, incluso para bien.

En medio de la crisis que estamos padeciendo, vemos cómo el sistema de instituciones que constituyen las administraciones del Estado español, en concreto las comunidades autónomas, está hipertrofiado, genera mucho gasto, es ineficiente y nos cuesta mucho dinero a todos. Lo mismo sucede con las televisiones públicas, con las universidades, los aeropuertos…

Pero a pesar de lo evidente de esta sobredimensión, el gobierno recurre al despido, a pequeños recortes, a medidas taimadas e insuficientes.

¿Qué sería lo suyo? Cerrar las instituciones obsoletas y permitir la competencia institucional. Y si hay servicios que la población decide que deben ser de cobertura universal, el Estado se puede ocupar subsidiariamente de esa oferta de la que nadie se haga cargo… mientras nadie se haga cargo.

Es decir, si surgen oferentes de servicios privados dispuesto a proporcionar cobertura de servicios allá donde otros no llegan, el Estado no debería ser un obstáculo.

Todo esto suena muy bien en teoría. Pero requiere para que funcione de una regulación de la función pública y de las instituciones públicas de manera que no puedan ser "okupadas" para beneficio de esos buscadores de rentas de todos los partidos, que piden cada vez más, que no permiten alternativas institucionales porque no pasan el filtro de la comparación, y que son protegidos por el entramado político a costa del sufrido pagador de impuestos.

Como esa regulación (o revolución institucional) debería provenir de dentro del sistema, es poco lo que podemos esperar. Al menos, nos queda el consuelo de la consciencia, de saber que nos están defraudando y que hay más alternativas. Y votar en consecuencia. O no votar.

Esquilache y Turgot fueron al grano

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Es vano, señor, esperar la baratura de los precios de otro principio que la abundancia, y es vano esperar esta abundancia sino de la libre contratación de los frutos.

Jovellanos, Informe sobre el expediente de la Ley Agraria, 1794

Desde tiempo inmemorial, el comercio de granos estuvo envuelto en múltiples falacias. Tradicionalmente el vulgo consideró el tráfico de cereales como una especie distinta de comercio. Al ser artículos de primerísima necesidad, hubo siempre un temor a sufrir hambrunas. Debían, por tanto, regirse por reglas distintas al resto de los productos. Asimismo, los necesarios especuladores en granos fueron objeto preferente de la inquina popular al ser acusados de codiciosos y de celebrar pactos con el hambre. Otro error muy extendido fue considerar la agricultura como fundamento de toda la riqueza.

Debido a todas estas falsas ideas, no hubo duda alguna en atribuir a la autoridad la misión de garantizar el abastecimiento barato de bienes de consumo de primera necesidad. Por ese motivo han existido a lo largo y ancho de este mundo juntas de abastos de control de precios, graneros públicos, acopios e incluso monopolios estatales de alimentos. A esto se añadían multitud de restricciones al comercio de cereales, tasas, gravámenes y demás reglamentos administrativos que lo constreñían y dañaban.

Hoy sabemos que el tráfico de cereales y demás alimentos se ajusta a las mismas reglas comunes del comercio en general y su distinta naturaleza no altera en absoluto la esencia de los intercambios ni modifica las leyes del mercado. Es más, su libre concurrencia es, si cabe, más necesaria aún al conseguir satisfacer las necesidades humanas más perentorias.

El libre comercio de granos ha sido una conquista de la ciencia económica sólo a mediados del siglo XVIII, cuando los postulados mercantilistas y el sistema gremial se empezaron a cuestionar. Dos fueron sus pioneros introductores en la arena política: el ministro preferido de Carlos III, el marqués de Esquilache, mediante la Real Pragmática de julio de 1765 por la que se abolió la tasa de granos y se permitió el libre comercio del trigo en el interior del reino y el otro fue Turgot -el mejor ministro que tuvo jamás Luis XVI- que hizo lo propio en Francia a través del Edicto de septiembre de 1774. Fueron los primeros intentos para la liberalización del comercio de granos en el interior de cada respectivo país.

Los efectos benéficos de este tipo de programa reformador ilustrado no se produjeron de inmediato. Por desgracia, las escasas medidas verdaderamente liberales que en la historia han sido tienden a agravar la situación sólo en un primer momento para luego -si se mantienen en el tiempo- favorecer al conjunto de la sociedad en detrimento de ciertos grupos organizados. Esto es una constante a lo largo de la historia: la conquista de cualquier parcela de libertad de la acción humana nunca ha sido fácil, siendo ineludible el toparse con obstáculos y chocar con inercias o intereses creados.

Así, en la primavera de 1766 los habitantes de diversas ciudades de España se sublevaron casi al unísono; fue el llamado motín de Esquilache (atribuir su causa a la prohibición de los juegos de cartas, del uso de la capa larga y del sombrero de ala ancha no deja de ser algo anecdótico). Por su parte, en la primavera de 1775 se produjo igualmente en Francia una ola de motines conocida como la guerra de las harinas, siguiendo las pautas clásicas de los motines de subsistencia. El pueblo acusó en ambos casos a dicha liberalización y a los "acaparadores" del alza del precio del pan. No hubo más opción que volver a las anteriores restricciones. Europa no estaba aún preparada para acoger la plena libertad del comercio de granos. Se vivía en los albores de la sociedad industrial y seguían en pie, como denunciara J.C.M. Vicent de Gournay, muchos prejuicios de eras de ignorancia pasadas.

No obstante, la semilla quedó plantada para que fructificara años después de la mano del preclaro empresario y político inglés Richard Cobden, una de las personas del siglo XIX que más hizo por la prosperidad y la paz europeas. Promovió una revolución mucho más importante y acorde con la naturaleza humana que la de su casi coetáneo Karl Marx.

Todavía hoy en el mundo no se ha logrado, ni mucho menos, una completa liberalización del comercio de granos (tampoco del resto de productos alimenticios) ni se han desterrado las numerosas subvenciones públicas a la agricultura que producen enormes distorsiones en el comercio internacional.

La seguridad alimentaria de todos –especialmente la de los pobres- estaría mejor garantizada con la total libertad del comercio mundial, pues con ello se evitaría el riesgo de poner en manos de la autoridad las llaves de la abundancia.

Olimpiadas: éxito mediático, ruina económica

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

La Olimpiadas de verano han puesto los ojos de todo el planeta en Londres. Sólo la ceremonia de inauguración tuvo 1.000 millones de telespectadores. Y eso sólo fue el aperitivo de lo que ha venido después, conforme avance la competición y se llegue a las finales la audiencia aumentará. Las principales televisiones de todo el mundo están enchufadas las 24 horas a las diferentes disciplinas y las medallas copan las portadas de los periódicos. Las Olimpiadas son, además de un evento mediático de alcance mundial, un privilegiado escaparate para la ciudad anfitriona.

Son muchos los que ahora, viendo el despliegue lamentan que la edición de este año no se hubiese concedido a Madrid, que hace nueve años la solicitó junto a Londres, Nueva York, Moscú y París. Aparentemente todo son beneficios para el país que albergue los juegos. En cuestiones de imagen no hay duda, unas Olimpiadas generan confianza en el organizador y le permiten ofrecer al mundo su mejor cara. Esa es la razón por la que cuando una ciudad decide presentar su candidatura recibe el aplauso generalizado y obtiene multitud de apoyos.

Eso, obviamente, es lo que se ve. Lo que no se ve va por detrás y tiene más que ver con la economía que con el deporte. Intuitivamente se da por hecho que una Olimpiada es un extraordinario negocio. El turismo, los derechos de televisión, el merchandising, los patrocinadores, la venta de entradas al estadio… Todo parece una entrada constante de dinero para e anfitrión que, a cambio, sólo tiene que poner un puñado de instalaciones deportivas y el alojamiento de los atletas.

Derroche desde el primer día 

La realidad, sin embargo no es tan simple. Para que una ciudad llegue a organizar unos Juegos Olímpicos los contribuyentes tienen que empezar a pagar desde mucho antes. La candidatura de Madrid para celebrar los juegos de 2016 -que al final recayeron en Río de Janeiro- le costó al ayuntamiento de la capital y al Gobierno más de 20 millones de euros, a los que hubo que sumar otros 17 millones que aportaron las empresas privadas que se unieron al empeño olímpico.

El millonario desembolso no sirvió para nada, las Olimpiadas volaron al otro lado del Atlántico y los más entregados se quedaron con un palmo de narices. Pero la "ilusión" olímpica no decayó, el ayuntamiento ha vuelto a solicitarlas (por tercera vez consecutiva) con la esperanza de que el COI conceda a Madrid la edición de 2020.

El gasto de la primera fase es sólo el comienzo de la riada de millones que viene después, cuando una ciudad es designada oficialmente como sede olímpica. Los organizadores presupuestan los costes previstos y se ponen manos a la obra. La inversión es de tal calibre que el Estado no basta y tiene que entrar la iniciativa privada a cofinanciar parte de las infraestructuras. Estas empresas, que se convierten en patrocinadores del evento, buscan unir su nombre al de un acontecimiento de escala mundial cargado de nobles valores.

Sobrecostes sistemáticos

El problema principal es que el presupuesto inicial siempre se sobrepasa, generalmente con creces y aumenta de un modo desmesurado en cada nueva edición. Existe algo parecido a un inflacionismo olímpico. En las últimas décadas no se ha dado el caso de que unos juegos hayan costado menos que las anteriores. A modo de botón de muestra, Atlanta 96 costó unos 2.000 millones de dólares, Sydney 2000 casi 5.000 millones y Atenas 2004 entre 15.000 y 30.000 millones.

De Pekín 2008 no se sabe a ciencia cierta por cuánto salió ya que las autoridades chinas aún no han dado cifras, y dado que han pasado cuatro años desde su celebración, no se espera que las faciliten. No obstante, se estima que el coste rondó los 40.000 millones de dólares, es decir, 20 veces más que los juegos de Atlanta.

Los sobrecostes olímpicos se han merecido hasta un estudio de la Universidad de Oxford. Según este estudio, coordinado en la Saïd Business School, en los últimos 50 años los Juegos Olímpicos han tenido, de promedio, una desviación presupuestaria de un 179%. Cincuenta años es mucho tiempo, nos llevaría hasta los juegos de Roma, celebrados allá por 1960, cuando la televisión era todavía una rareza.

El desastre financiero de Montreal ’76

La ilusión olímpica se convierte de este modo en el fiasco olímpico. En Canadá saben bastante de esto. En 1976 se celebró en aquel país la XXI Olimpiada en la ciudad de Montreal. Los juegos, recordados por las gestas gimnásticas de la atleta rumana de 14 años Nadia Comanecci, fueron una ruina sin paliativos. La ciudad quedó empeñada hasta las cejas. Los 1.600 millones de deuda que ocasionó el evento no se terminaron de pagar hasta 2006, 30 años después, cuando Comanecci era ya una respetable señora de 44 años dedicada al comentar los certámenes de gimnasia por televisión.

El flamante estadio olímpico de Montreal -que había costado el doble de lo presupuestado- fue reconvertido en un campo de béisbol porque nadie más lo quería. La factura de los juegos la terminaron pagando los contribuyentes canadienses que, curiosamente, ya habían pagado previamente la organización. El Gobierno de Quebec llegó a crear una tasa especial sobre el tabaco para ir devolviendo lo que debía. Caprichos de la historia olímpica, los juegos de Montreal los terminaron pagando los fumadores canadienses.

Atenas 2004, antesala de la quiebra

Los desastres financieros no acabaron en Montreal, aunque sí fue a partir de entonces cuando las ciudades anfitrionas empezaron a mirar con más cuidado los números y a implicar de un modo decidido a las empresas privadas. La historia de Montreal, sin embargo, terminaría repitiéndose en 2004, con ocasión de las Olimpiadas de Atenas. Hay, de hecho, multitud de analistas que incluyen a los juegos de 2004 entre las causas del deplorable estado que hoy presentan las cuentas del Gobierno heleno.

Los griegos gastaron el doble de lo que tenían previsto en la organización, sólo en seguridad se fueron más de 1.000 millones de dólares, una cantidad inaudita solo unos años antes, pero explicable por ser las de Atenas las primeras Olimpiadas tras el 11-S. Hoy la mayor parte de las instalaciones donde se celebraron los juegos atenienses están abandonadas. El coste de su mantenimiento es tan alto que ni el municipio de Atenas ni el Gobierno griego puede permitirse el lujo de destinar un solo euro a su conservación y uso.

Lo que está costando Londres 2012

Aunque nos encontremos aún envueltos en la "magia olímpica" y casi nadie se fije en estas cosas en el Reino Unido ya han saltado las primeras alarmas. El país está muy endeudado y arrastra un déficit del 8%, el Gobierno de Cameron gastó el año pasado 144.000 millones de euros más de los que ingresó, y nada invita a pensar que el ritmo de endeudamiento decaiga.

Los costes de Londres 2012 se han disparado hasta el infinito. De los 3.800 millones de dólares presupuestados inicialmente se ha ido, según la prensa británica, a los 38.000 millones. Sólo en seguridad el coste se ha cuadruplicado pasando de 361 millones de dólares planificados originalmente a 1.200 millones. Las instalaciones han costado auténticas fortunas. El estadio olímpico 850 millones de dólares, el centro de deportes acuáticos 426 millones y el velódromo 166 millones.

Si para una economía en forma semejante tren de gasto supone un desafío, para una que atraviesa una profunda crisis como la británica es un presagio de mayores problemas. Cada libra que el Estado y los patrocinadores han vertido sobre un evento que dura quince días es una libra retirada de la economía productiva, y más cuando buena parte de esas libras son simple endeudamiento. El "sueño" olímpico podría convertirse, una vez más, en pesadilla olímpica.  

 

Estado omnipresente

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

Son muchos los muros mentales que los individuos derriban cuando cambian su concepción del mundo (cosmovisión). Algo parecido recuerdo que me sucedió a mí cuando allá por 1996, en un curso de verano de la entonces Cánovas del Castillo, apareció Jesús Huerta de Soto blandiendo loas al anarcocapitalismo. Aquello no me convirtió políticamente en nada, pero fue tal el shock que recibí que me hizo ver que el “sistema” en que vivimos es un marco político, o sea, humano, que normalmente asumimos por defecto, pero que, por el contrario, hay que poner en cuestión y observar con el máximo recelo. Ya llegaba con la idea de que el liberalismo era un buen camino, máxime para una persona solitaria, poco gregaria y nada “igualitarista” –en tanto observadora de la variedad de personalidades y fines en los seres humanos–, pero el problema, descubrí allí, es el Estado: el Estado omnipresente.

Ese Estado que recibimos por defecto penetra por todos los poros de nuestra piel y no somos conscientes de ello hasta que algún shock derriba nuestro muro mental. Por supuesto que sabemos que está ahí, pero lo creemos imprescindible y, sobre todo y peor aún, totalmente neutro. Lo asumimos, en suma, como una institución en el sentido de Menger. Como el lenguaje, las buenas (o malas) maneras, el Derecho, el folclore, el mercado, etcétera. Muchas discusiones hay, por cierto, respecto de si una institución que se deriva de hechos violentos se puede concebir como tal según la visión mengeriana. A mí se me antoja que separar lo “violento” de lo “no violento” en el origen de una institución cuya evolución está influida por interacciones de miles de personas a lo largo de mucho tiempo es más que difícil, pero los amigos del sólo vale lo “blanco” o lo “negro” seguramente lo tengan más claro. Tan sólo pensemos en los idiomas. Mucha tela que cortar…

Así que, como norma “particular”, reflexiono sobre esto como cuando los hijos, al alcanzar su pubertad, se rebelan contra los padres (o los mayores), a quienes precisamente increpan por educarles en el uso de unas instituciones que ellos no han creado. Este espíritu de derrumbar muros es ideal, en especial, si se trata de “instituciones” perversas que contribuyen a la desintegración de los lazos pacíficos que estrecharían los seres humanos caso de serles permitido. Hablamos de enfrentarse al poder: a aquellos que ejerzan coacción sistemática, institucional.

Los incentivos perversos que genera el Estado son innumerables a múltiples niveles. Que haya un 25% de desempleo en España no se debe sólo a la crisis. Italia acaba de alcanzar su cifra récord de casi el 11%. En Irlanda, se mueve en cerca de un 15%, y en Portugal es de un 15,4%. Así no hay manera de que el Estado español recaude ni de que se aligere de gastos sociales, como las prestaciones por desempleo. Recordemos que España está en el puesto 36 del Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation), por detrás de Jordania, Botswana, Georgia o Emiratos Árabes Unidos. Creamos o no en estos índices, éste tiene la virtud de destacar elementos clave que apuntalan la libertad económica, como son el “rule of law” (derechos de propiedad y baja corrupción), gobierno limitado (gasto público y libertad fiscal), eficiencia regulatoria (libertad empresarial, laboral y monetaria) y apertura de mercados (libertad comercial, de capitales y financiera). No nos extraña, viendo estas categorías, estar donde estamos en España. Pensemos, por otro lado, que el sistema productivo en España –y en cualquier otro lugar– no crea sólo dos facciones enfrentadas: personas productivas y clase política. Podríamos identificar al menos hasta cinco: productivos, adormecidos, clase política, lobbies (incluyendo sindicatos, funcionarios, etc.), parásitos. Quiénes están soportando el peso de las reformas fiscales de “a una subida de impuestos por mes”, los dos primeros grupos. Los primeros lo harán… hasta que aguanten. Los capitales (no sólo de ellos, sino de políticos y lobbies) ya están huyendo. Y las personas acabarán yendo detrás de su dinero buscando mejores destinos para crear riqueza, encontrar oportunidades y no ser expoliados. Los adormecidos empiezan a espabilar porque la presión derivada de su endeudamiento, los despidos y la dictadura fiscal es ya insoportable. Sobre qué acaben haciendo, dependerá en buena medida de qué discurso abracen en su despertar. Y en ésas estamos.

Este es un país que nunca ha querido trabajar. Y en este país en plena liquidación, aún menos. Estamos ante un juego de suma negativa, porque la tarta mengua a marchas forzadas. Cada día es más pequeña. Cada día, la deuda se come más producción presente y futura. Y la producción presente y futura, a fecha de hoy, no deja de encogerse. Estamos ante un sálvese quien pueda, un esquilmar a propios y extraños (a los dos primeros grupos, principalmente) a sabiendas de que el pastel se está consumiendo. No es de extrañar. Quien nunca ha sabido ni querido producir, siempre ha buscado esto. Pero antaño la tarta aún parecía crecer. El statu quo estaba servido entre fuerza productiva, parásitos, lobbies y Estado, que tenía sus arcas a rebosar. Y ahora qué pasa, los que sólo consumen y nada producen siguen haciendo aquello en que se especializaron tiempo atrás, pero ahora los nervios, el ansia por trincar y las malas expectativas futuras les llevan a blandir derechos sociales y luchar entre ellos como fieras para repartirse lo que quede del pastel. Y los demás, a verlas venir. A buscar planes B, economías sumergidas o lo que sea.

El Estado, históricamente, se ha movido en varios niveles. Obviamente, no hemos llegado hasta aquí, hasta este colapso del Estado de Bienestar, de un día para otro. En su refundación, se trató de un estado gendarme (o “estado mínimo”), guardián del orden público. La Revolución Americana de finales del XVIII es un buen ejemplo de ello. Otra Revolución de la misma época, la Revolución Francesa, sentaría los posos del segundo estado, el estado democrático o social, que se desarrollaría enormemente ya en el XX.

En 1913, Leon Duguit, líder de la Escuela de Derecho Público de Burdeos, definió los servicios públicos como: “toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante”. Esta definición es pertinente en tanto da cabida a casi cualquier cosa, como ha acabado por suceder.

Se ha puesto en bandeja la legitimidad de la tiranía a que estamos sometidos. Mientras dé el presupuesto, mientras no se destruya absolutamente el tejido productivo y unos puedan seguir viviendo de los otros, los tentáculos del poder lo asumirán todo.

De esta forma, llegamos al último paso que el Estado acabó por dar impulsado por la anterior Gran Depresión: el “estado planificador o regulador”. Controlar la moneda, intensificar y optimizar (a ojos de la Hacienda Pública) el sistema fiscal y dirigir la economía eran el último reducto que les permitiría penetrar aún con más fuerza en el sistema productivo nacional y ganar tiempo para que unos sigan viviendo de los otros, con el soporte teórico y científico de aquello que en realidad sólo sale de las vísceras: institucionalizar la rapiña, el colectivismo y el resentimiento ante el éxito de nuestro vecino. De este tercer estado, surge el servicio público de carácter económico: eléctricas, transporte, telefonía, espacio radioeléctrico, etc. Servicios públicos, pues, son todos: sanidad, justicia, policía, educación, pero se sumaron a los anteriores los de carácter económico, principalmente, desde mediados del XIX, alternando desde entonces fases de privatización, pero por medio de sistemas concesionales, y nacionalizaciones.

A partir de aquí, el engaño, a saber, los muros que han esculpido en nuestro cerebro en piedra, ha sido apoteósico. Muchos se han llegado a creer que porque una empresa deje de ser de titularidad pública ya no es servicio público, o, como los llaman ahora para suavizar el impacto y confundir aún más, servicio de interés general. Incluso muchos piensan que siendo ciertos servicios de titularidad privada, pero no recibiendo transferencias públicas, entonces ya no se puede hablar propiamente de que son monopolio legal. La clave no es, aun siendo importante, sólo lo anterior: titularidad y transferencias públicas. La clave para determinar que un servicio de carácter económico está siendo ofrecido en régimen de monopolio estatal legal es el tercer factor: la regulación. No nos olvidemos de la tercera clase de estado: el “Estado planificador, regulador y redistribuidor”.

Esto es fundamental debido a que la propia legislación, que en muchos casos se enmascara como leyes de competencia, procura promover dos resultados: redistribución de la riqueza y de la propiedad. De nuevo, limitaciones a nuestras libertades como individuos productivos o consumidores. Piénsese en la regulación de horarios comerciales para favorecer a los pequeños comercios. Los hipermercados o los comercios son a priori privados (no titularidad pública); además, no se transfiere dinero público a los pequeños comerciantes para compensarles porque el “pez grande se come al chico”. Lo que se hace es regular en favor de los pequeños. Qué coste para el consumidor: mucho porque no puede probar alternativas que pudieran serle de mayor utilidad (y a menor coste). Pero qué coste para el contribuyente: aparentemente, ninguno. Cuál es el problema entonces. Riqueza y propiedad. Cómo se articula la distribución de la riqueza a gran escala: se encamina de hipermercados y consumidor al pequeño comercio. Cómo lo hace la distribución de la propiedad: los comercios –sea el que sea– no pueden explotar su equipo capital tanto como desearan. ¿A quién pertenece ese local en realidad?

Lo mismo si hablamos de urbanismo y los límites a las alturas de viviendas, por ejemplo, en Madrid. O la catalogación de suelo urbano frente a rústico. O la legislación laboral. O la prohibición de fumar en la hostelería… O tantas y tantas cosas. La arbitrariedad es brutal.

Y de esta arbitrariedad regulatoria que fagocita y anquilosa todo el sistema productivo (recuérdese el Índice de Libertad Económica) tampoco querrá la clase política desprenderse en estas épocas de vacas exiguas. Porque sólo devolviendo propiedad y dejando que la riqueza se encamine a sus legítimos dueños en tanto los consumidores rubrican con sus compras una propuesta de valor exitosa del productor, se podrá volver a la “senda del crecimiento” (según jerga política al uso). Crecimiento que ayudaría a recaudar más y gastar menos a la propia Administración, vaya por delante. Pero no, seguirá exprimiendo limones (agentes productivos y despistados) hasta que no haya una gota que extraer para mantener este cambalache de parásitos y jetas (hasta la próxima devaluación previa salida del euro). Estado omnipresente.

El oro, a 94.000 euros

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El deporte es posiblemente una de las pocas actividades humanas capaces de aglutinar las esperanzas y deseos de grandes colectivos y, al tiempo, permitir a los individuos comprender y superar sus límites físicos y psicológicos.

En España, pese a los enfrentamientos políticos, pese a los estereotipos que ligan los colores patrios con el régimen franquista y la derecha más conservadora, la bandera española ha acompañado a la selección española de fútbol en sus últimas y más importantes victorias: las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. Innumerables banderas han adornado balcones y ventanas de muchos hogares españoles sin sonrojo ni tapujos, incluso en lugares donde los nacionalismos dominan el panorama político y social.

La expresión colectiva del deporte no ha pasado desapercibida a gobernantes y políticos, que más de una vez la han convertido en política de Estado, creando para su gestión y control ministerios, secretarías y grandes burocracias, regulando cómo y quién puede acceder a lo que se ha venido llamando el deporte de élite.

Para las grandes dictaduras como la nazi o las comunistas, ganar era y es una cuestión mucho más que relevante, era y es el objetivo de todo buen ario o comunista, era y es la manera de demostrar que su proyecto político y totalitario es superior a cualquier otro. No obstante, el deporte tampoco es una cuestión exclusivamente privada en las grandes democracias y, en mayor o menor medida, los deportistas pueden terminar controlados por sus gobiernos, representando a sus países, aunque de manera totalmente voluntaria, en las competiciones deportivas internacionales.

La gestión del deporte responde a dos modelos puros. Por una parte, surgen organizaciones privadas (clubes deportivos, grandes instituciones educativas, mecenas, etc.) que apoyan, financian y gestionan entrenamientos, pruebas y competiciones deportivas a las que acuden aficionados, que pagan por ver a sus equipos e ídolos, así como patrocinadores, que quieren mostrar a los espectadores sus marcas comerciales.

El otro modelo es esencialmente político. El Gobierno, a través de sus instituciones deportivas, elige a ciertas personas con características físicas que, a priori, destacarían sobre sus compañeros, o que ya lo están haciendo, y les financia su formación y entrenamientos. Es decir, elige una minoría que satisface sus deseos y objetivos (y quiero suponer que no les obligan en la mayoría de los casos) con dinero del contribuyente, utilizando además las instalaciones construidas para ello.

En la práctica, pocos sistemas son puros, sino una mezcla de ambos; en los países más libres, debería tenderse al primero, y en los menos, al segundo. En España, desde 1988, con el objetivo de hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y en posteriores citas olímpicas, se adoptó un sistema mixto: el llamado Programa o Plan ADO. En él, Gobierno e instituciones públicas y privadas aportan dinero para la formación de deportistas, a la vez que gestionan la ayuda y eligen a quienes pueden obtenerla. Dadas las medallas ganadas antes y después de su implantación, (27, seis de ellas de oro, frente a 88, veintinueve de ellas de oro), este modelo es claramente exitoso. Sin embargo, pese al éxito objetivo del Programa, ¿estamos ante una medida moralmente aceptable?

Cuando en 2009, el entonces Secretario de Estado del Deporte, Jaime Lissavetzky, presentaba el Plan ADO que prepararía los Juegos Olímpicos de Londres 2012, anunció un presupuesto inicial de 51,3 millones de euros, de los cuales se pretendía que al menos 35,3 millones procedieran de patrocinadores, no todos privados, como RTVE, que ya había anunciado que reduciría su aportación de 7 a 3,5 millones. El Plan ADO de 2012 reparte casi 9 millones de euros, que se distribuyen de la siguiente manera: 5.397.000 euros se destinan a deportistas, repartidos en 263 becas, lo que representa un 54,73% del total, 1.245.000 van dirigidos a 69 entrenadores y otros 2.210.000 a planes especiales. Las becas se dividen en varias categorías y las cuantías van desde los 9.000 hasta los 60.000 euros. A Londres han acudido 279 deportistas y el Comité Olímpico Español ha anunciado que, para estos Juegos, se destinará un premio de 94.000 euros por cada medalla de oro, 48.000 por la plata y 30.000 por el bronce.

Puede que nos parezca poco dinero en términos relativos, si lo comparamos con las cifras que se mueven en la alta política o las que nos muestran los innumerables casos de corrupción. Puede que a muchos, la gran mayoría, les parezca incluso correcto que parte del dinero público se destine a apoyar a esos atletas que, con sus medallas, satisfacen sus propios objetivos y, cómo llamarlo, ¿el ego o el honor del aficionado? Cabría preguntarse si es éste el modelo deportivo que queremos.

El deporte, como casi todo en este país, depende en gran medida del Estado. Muchos equipos de fútbol, aun de primera división, tienen una fuerte relación con los ayuntamientos y las comunidades autónomas que les favorecen de mil maneras. Qué podemos decir cuando la disciplina no es el deporte rey y las instalaciones municipales, a través de convenios ventajosos, se ponen al servicio de clubes de baloncesto, balonmano, waterpolo, hockey sobre patines, voleibol, rugby, etc. Cabe preguntarse si esas competiciones serían viables si no recibieran dinero público y sólo se mantuvieran con el dinero del aficionado o del patrocinador. Incluso el fútbol, que tantas pasiones arrastra, cuenta ya con muchos equipos en quiebra técnica, aunque bien es cierto que las administraciones públicas han terminado fagocitando durante muchas décadas las iniciativas privadas que podrían haber dado pie a un modelo privado de competición. El modelo de las sociedades anónimas deportivas no ha servido para que el peso estatal disminuya, y eso da qué pensar.

De cualquier manera, cada vez que el ganador de una medalla de oro, plata, o bronce de éstos o de cualquier otros Juegos Olímpicos exhiba con orgullo su éxito, debería recordar que buena parte de él se ha pagado con los impuestos de ciudadanos que no tienen su suerte, que no han sido seleccionados por el Estado y cuyo trabajo posiblemente no sea digno de un oro, o de 94.000 euros, pero a quienes no les habrá gustado ser despojados de ese dinero para pagar un salto, una carrera o un tiro tan magníficos. En todo caso, deseo suerte a los atletas españoles en Londres, que para algo han recibido dinero público.

La crisis de la socialdemocracia

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Con el fin de la guerra fría concluyó en cierto modo el debate político sobre la alternativa socialista al "capitalismo". Si bien lo que provocó realmente la crisis en los Estados que practicaban el "socialismo real", o su evolución hacia nuevas formas de relación entre mercado y Estado, fue la constatación de la hegemonía socialdemócrata. Lo que muchos llamaron el éxito del neoliberalismo no debe entenderse como tal. Ante la perplejidad del pensamiento dominante, se optó por ocultar los cambios acaecidos en el seno de la socialdemocracia, tachándolos de asimilaciones de corte liberal, que resultaban perfectamente separables e incluso reversibles dentro del sistema socialdemócrata.
Esta asimilación aparente de principios liberales por parte de la socialdemocracia ha dado lugar a que existan pensadores, políticos y corrientes de opinión obsesionadas en separar, aislar y definir los elementos "ajenos" a la socialdemocracia cuando se la presenta como antagonista pura del liberalismo. Se habla de la "desregulación" del mercado frente al empequeñecimiento del Estado, sometido al avance de la economía financiera sin el control de los organismos públicos de supervisión… Patrañas que de nuevo han sido de utilidad a la socialdemocracia para, en su inconfesado esfuerzo catártico, eludir la responsabilidad sobre las causas y las consecuencias de la terrible crisis económica que padecemos. Otra vez se postula como alternativa a sí misma.

La socialdemocracia fue una alternativa durante el periodo en que el "socialismo real" le opuso resistencia, pero nunca lo fue a nivel interno, ni una vez caído el bloque soviético, dado que su dominio en el seno de las sociedades occidentales es y ha sido absoluto desde al menos el final de la segunda guerra mundial.

¿Qué papel político ha tenido el liberalismo durante este tiempo? Fundamentalmente, ninguno. No a nivel organizado, como fuerza política dominante que haya logrado reformas completas. Sí como influencia en el mundo de las ideas, centrada en la reforma de las instituciones socialdemócratas. El liberalismo ha contribuido a hacer a los pueblos más libres. Pero nunca ha gobernado. Ha transformado el Estado, haciéndolo compatible con la libertad individual en la medida que esta se antojaba como más eficiente en términos de coordinación, creación de riqueza y progreso humano. Ha sido, por lo tanto, una herramienta más al servicio de la socialdemocracia en su proceso de permanente asimilación ideas e instituciones que en principio podrían parecer contrarias a su fin teórico, pero que acaban por convertirse en instrumentos al servicio de su supervivencia como régimen total. La socialdemocracia nunca ha renunciado al imperio, al dominio social, a la doma del individuo, su conducta, sus valores. Si bien se diferencia del resto de totalitarismo por los medios que utiliza para lograr estos objetivos.
La cuestión es si esta crisis va o no a suponer un antes y un después en la breve historia de la socialdemocracia. Por fin nos encontramos en una situación en la que el Estado aparece noqueado e incapaz de enfrentarse a la vorágine que él mismo ha creado. La socialdemocracia ha dejado de proporcionar respuestas completas, no concede esperanza a un pueblo cada vez más pesimista y desencantado.
La crisis de la socialdemocracia deja paso a tres mundos posibles:

1.- Una socialdemocracia agónica que arrastre consigo a toda la civilización occidental hasta su ocaso definitivo.

2.- Una socialdemocracia reformista, que sorprenda como siempre lo hace haciendo propios instrumentos liberales que logren asegurarla durante, digamos, los próximos veinte años.

3.- Un horizonte de sensatez y auténtica indignación donde se vea en el liberalismo la única baza nunca utilizada, la alternativa real al sistema que tanto desagrado e indignación, por uno u otro motivo, nos provoca a todos.

 

Al decir esto, que el liberalismo es la única alternativa jamás aplicada en nuestra historia, algunos tendrán la tentación de sacar el siglo XIX a relucir, valiéndose de tópicos, historia y literatura ficción, propaganda marxista o reaccionaria. Cualquier tipo de argumento les permitirá autoconvencerse de que una "vuelta" a los valores del XIX, según ellos liberales, nos llevaría a un mundo de explotación y precariedad de la mayoría de la población.
Este pensamiento es la traducción de graves deficiencias teóricas e históricas en la formación intelectual de quien lo manifiesta. De igual modo, existen factores morales, religiosos y políticos que conducen a este error.

La socialdemocracia, aprovechando los instrumentos ensayados por el totalitarismo comunista y nacionalista, el estado de guerra, y otras cuestiones, se ampara en una suerte de religiosidad atea que justifica la imposición de una parroquia coactiva que es admitida en términos filosóficos y morales. Este fenómeno supone una auténtica novedad que protege al pensamiento socialdemócrata de muchos ataques. "Lo bueno" se enmaraña con "lo recto", y la caridad se colectiviza en forma de solidaridad forzada. Nace la parroquia por vía de apremio e inculcación moralizante intensiva a través de todos los medios imaginables.

 

Si nos atenemos estrictamente al orden de lo político, el siglo XIX no fue de ninguna manera un mundo donde la libertad dominase sobre la coacción. El siglo XIX es la centuria de los Estados. Estados que crecen y comienzan a planificar sus economías, privilegiando a industriales, reorganizando ciudades, regulando la expropiación, inflando su legislación…

El colonialismo y el imperialismo son consecuencias de ese avance de la coacción sobre la libertad en el seno de los Estados, que no tardarán en asimilar, o quizá dejarse dominar, por el pensamiento socialista. Dulcificado, y de esta simbiosis, surgirá un tipo de socialismo que poco a poco será conocido como socialdemócrata. El mal llamado Estado Liberal (solo el Gobierno limitado puede ser ciertamente "liberal" en oposición al Gobierno absoluto), se hace social a medida que avanza una ideología, un pensamiento, y un tipo de totalitarismo que se concibe, tanto desde el convencimiento como desde el pragmatismo conservador, como el paso fundamental en la evolución de la organización política de las sociedades occidentales. Esta circunstancia representa el germen de los otros totalitarismos, y a la vez, causa indiscutible del gran colapso o crisis que precipitó las dos guerras mundiales. El siglo XIX, por tanto, preparó y vio nacer el Estado mastodóntico, burocratizado, expansionista, social, intervencionista, etc. No parece entonces razonable que se le atribuya a la sociedad de aquel entonces siquiera un ramalazo estrictamente liberal, cuando su progresión estuvo claramente orientada hacia el dominio de la coacción frente a la libertad.

Muchos de los "liberales" de aquella época fueron en realidad socialistas con piel de cordero, al estilo de J.S. Mill. Es curioso que se denomine liberales a tanto constructivista, cuando la realidad es que los pocos que hubo quedaron muy pronto relegados al papel que seguirían cumpliendo sus sucesores: meros susurradores a los que recurrir en momentos puntuales de crisis. No obstante, y a pesar de lo negativo de mis palabras, debemos tener en cuenta que el Estado no lo era todo, como no lo es en la actualidad. Las ideas y valores defendidas por el liberalismo eran fuertes entonces como lo son hoy en día. Quizá estemos viviendo el principio del fin de la socialdemocracia. Hagámoslo una realidad.

@JCHerran