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Mariano, por lo que más quieras, ¡deja de gastar ya!

A día de hoy por cada cien euros que el Gobierno de Mariano Rajoy pida en el extranjero tendrá que devolver 107. Este es, traducido a euros contantes y sonantes de los que cualquier hijo de vecino entiende, el coste del desaforado gasto de un aparato estatal insostenible. Y podría ser peor, podríamos tener que pagar un interés del 10%, del 15% o del 18%, como le sucede a otros Gobiernos manirrotos que será mejor no nombrar por aquello de no mentar a la bicha.

Si todo sigue como hasta ahora, si el Estado sigue devorando la mitad de la menguante riqueza nacional, lo más probable es que, a lo largo de los próximos meses por cada cien euros pedidos fuera tengamos que devolver 110, 115 o 120. Y digo tengamos porque el Gobierno pide en nuestro nombre y poniéndonos a nosotros, los magullados contribuyentes españoles, como garantía del préstamo.

Ante una situación semejante solo caben dos actitudes. La primera –y la más previsible– es que el Gobierno siga a lo suyo hasta que el barco termine de hundirse. Luego la culpa será del BCE, que no depreció la moneda lo suficiente para diluir nuestra monstruosa deuda; de Merkel, que no terminó de saquear a sus contribuyentes para salvar el trasero a los políticos españoles; de los malvados mercados al servicio de la familia Rothschild, o del sursuncorda. En ese momento ya dará todo igual. El grifo se habrá cerrado y lo que venga después, tras la bancarrota, sólo Dios lo sabe.

La otra posibilidad es que Mariano Rajoy de un golpe en la mesa y demuestre que sus muchos años consagrado al estudio del Derecho sirvieron para algo. No se puede gastar lo que no se tiene. No se puede vivir eternamente de prestado. No se puede amortizar deuda con nuevos préstamos. No se puede secar la capacidad productiva de un país mediante exacciones fiscales confiscatorias. No se puede, en definitiva, vivir en Babia a espaldas de la realidad pensando que una aspirina puede curar una neumonía en estado avanzado. Mariano, por lo que más quieras, deja de gastar ya, mañana será tarde.

América Latina, cada vez más bipolar

Democracia liberal vs socialismo del siglo XXI. Esas parecen, actualmente, las etiquetas de los sistemas políticos latinoamericanos. En el medio existe un grupo de países (El Salvador, Honduras, Guatemala) que desea ver cómo su Estado de Derecho echa raíces, aunque para ello tienen que superar algunas deficiencias, casi crónicas, de naturaleza estructural.

Asimismo, de un tiempo a esta parte hemos visto como los integrantes del socialismo del siglo XXI no aumentan en cuanto a su número de integrantes. Son los mismos actores de siempre: Cuba y Venezuela de principales, con Bolivia y Nicaragua de "orgullosos" secundarios. Ecuador, en breve, será principal puesto que los pasos que viene dando Correa son de gigante, persiguiendo a la prensa y amedrentando a la oposición, sin olvidar que se ha convertido en el mejor embajador del Castrismo.

Sin embargo, este grupo, además de no haber logrado que otras naciones se sumen, se está encontrando con que los petrodólares de Caracas no llegan con la misma fluidez de antaño puesto que los problemas de financiación también asolan al mecenazgo chavista. Por ello, no debe sorprendernos que a partir de este momento, actores extra-regionales, caracterizados por su relativismo y por una curiosa concepción de la soberanía nacional, cobren protagonismo.

Uno de ellos es, evidentemente, China. Nada nuevo. Pekín desea afianzar su capitalismo de Estado o más bien, su capitalismo con pies de barro, más allá de Asia y de Asia Pacífico. Sin exigirle demasiado a cambio (en forma de respeto de los derechos humanos, por ejemplo), los gobiernos, no sólo de América Latina, quieren mantener lazos con Hu Jintao. Muchos no dudan en compatibilizar este deseo de alianza comercial con echarse las manos a la cabeza cuando se ven imágenes de cómo trata el comunismo a los monjes budistas…

Otro es Rusia. Durante la dictadura comunista (Stalin, Kruschev, Breznev, Chernienko, Andropov…) a la oposición se la silenciaba…ahora se la reprime por la fuerza. Entonces no había elecciones, ahora sí pero como diría un castizo "de aquella manera". Vladimir Putin lleva tiempo haciendo incursiones en América Latina, lo mismo que siendo interesadamente contemporizador con determinados regímenes liberticidas, como el sirio.

Finalmente, y no por ello menos importante, tenemos a Irán. Ahmadineyad ha encontrado un filón en el socialismo del siglo XXI con el que comparte desprecio hacia la democracia liberal y lenguaje anti-norteamericano. Además, los socios albistas de Teherán avalan su programa nuclear con la pueril justificación de que tiene derecho a llevarlo a cabo. Esta forma de pensar ha tenido sus recompensas. Así, el número 2 del gobierno iraní, Alí Saeidlo, visitó Cuba y Nicaragua hace escasas semanas, con la chequera dispuesta a repartir prebendas en La Habana y Managua.

Mientras todo ello acontecía, "la otra" América Latina, la que defiende la democracia, sin dar tanta publicidad, avanza a pasos agigantados. El último gran ejemplo es la Alianza del Pacífico integrada por Méjico, Colombia, Perú y Chile. Todos ellos son conscientes de que las "viejas organizaciones" de integración latinoamericana, especialmente MERCOSUR, atraviesan una parálisis con visos de ser crónica, sin olvidar que otras, como la OEA, se decantan más por los gestos que por la resolución de los problemas, como puso de manifiesto la última Cumbre celebrada en Cochabamba.

La importancia de esta iniciativa trasciende lo comercial, cuyo éxito parece asegurado, y enlaza directamente con un concepto que algunas naciones de América Latina han olvidado en los últimos tiempos: la seguridad jurídica. Perú, Colombia, Méjico y Chile son socios fiables en los que invertir, cuyos gobiernos no emplean las nacionalizaciones como herramienta de legitimación ante sus ciudadanos, lo que sin duda alguna repercutirá positivamente en su crecimiento frente a lo que viene sucediendo, y es probable que se acentúe, en Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba. Lo dicho: cada está más claro que hay dos Américas Latinas, con más diferencias que semejanzas.

Impacto político

Los incentivos económicos pueden mucho y el free-rider mantiene su no rumbo impasible frente a cualquier tipo de racionalidad. Aquí no se mueve nada hasta que no percibamos si esa maquinaria de subvencionar que es Europa va a cerrarnos o no el suministro de euros y avales. Los cambios en el sistema político español, por tanto, pueden esperar. El artefacto constitucional español, no diseñado expresamente para servirse de Europa, ha encontrado en esta su última esperanza de salvación. Ese es el auténtico rescate, el del modelo parasitario español.

Mucho se ha escrito sobre la estructura del Estado de las autonomías, pero poco acerca de su más clara función. No es un sistema para romper la nación, aunque tensiones para hacerlo sí aparecen, si bien lo cierto es que ni de lejos llegan a contemplar un secesionismo real. Las tensiones nacionalistas son solo una extorsión, un modo de vivir a costa de la España productiva. El reparto territorial del poder en autonomías, con su espectacular, por incongruente y alambicado, tejido de competencias cruzadas, superpuestas y combinadas no es más que un disfraz político y jurídico para la pervivencia de lobbies políticos, sindicales y empresariales para los que España es el ente de quien viven.

Es habitual que se configure el Estado de esta forma. No puede mantenerse un complejo aparato de poder sin su reparto de prebendas pues, en última instancia, la tan manida y venerada legitimidad se basa en la percepción de que los diferentes individuos agrupados, que son la ciudadanía, no son más que la suma de lo que unos obtienen como beneficio del modelo y lo que otros creen obtener tras el imprescindible aparato de condicionamiento mental y temor al castigo. En esto último juega siempre un papel importante el atávico instinto tribal más o menos sublimado, pero ese es tema de otro análisis.

Lo que resulta novedoso en el sistema español es que se basa no en comunidades seudofederalistas ni en su motor separatista, sino en la reivindicación de la autonomía y la amenaza de segregación. Y nada más. El Estado fantasmal en que nos movemos tiene una sólida amalgama que no es otra que las ingentes cantidades de recursos que los grupos de presión institucionalizados en el Título VIII solo logran mediante la extorsión centrífuga. Ni van más allá para que su fuente de recursos no deje de serlo, ni bajan la guardia para que esos mismos sigan fluyendo.

Y en esto llegó la Gran Recesión, y aunque haya mandado parar, la ingente fiera parásita ha encontrado una posible salvación en el rescate, en este y en los que aún nos vayan a sobrevenir. "España es el problema y Europa la solución", dijo Ortega, y hoy hubiera dicho: la España autonómica es la impostura y Europa su perpetuación. Sin la expectativa de más Europa, el sistema territorial que sufrimos es inviable porque no hay recursos suficientes en una nación escasamente competitiva para satisfacer el hambre canina que lo caracteriza. Y como la solución de la responsabilidad fiscal completa es rechazada por las élites nacionales tanto como por las autonómicas, se acude a Europa.

En ella están todas las miradas puestas, de ella lo esperamos todo. La cohesión nacional depende de que haya más Europa, más eurobonos, más fondos estructurales y más mandangas fritas. En fin…

Otro rescate era posible

Dijo en una ocasión Warren Buffett que sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. La inundación crediticia vivida durante los años de la burbuja invitó a buena parte del sistema financiero español a despojarse de su ropa. Todos los desmanes quedaban cubiertos por esa riada monetaria que lo cubría todo. El pinchazo de la burbuja puso en evidencia que una parte del sistema financiero español iba con sus vergüenzas al aire. Pero un Gobierno encastillado en la negación de cualquier problema económico y un Banco de España altamente politizado pusieron su empeño en encubrir la desnudez del sistema, disfrazándolo del "mejor sistema financiero del mundo". Tras cuatro años tapando a duras penas una insolvencia cada vez más evidente, el Gobierno de España ha decido levantar la mano ante Europa y el mundo, y solicitar un rescate para la banca.

La evidencia de que el Gobierno iba a pedir un rescate era que no hacía más que negarlo. Todo lo que se niega públicamente termina, tarde o temprano, aprobado por un Consejo de Ministros. Y en este caso, el rescate se niega incluso mientras se confirma. Tal fue la pose del Ministro de Economía, Luis de Guindos, al comunicar que los bomberos de Bruselas llegaban con sus mangueras crediticias "para dar apoyo financiero", especificando que "no tiene nada que ver con un rescate". El caso es que Europa sale al rescate de la banca española ante la imposibilidad del Gobierno de taponar la herida dados los problemas que tiene el propio Estado para financiarse. Por tanto, los fondos de rescate europeos, el ESFS y el ESM, ponen a disposición del Gobierno mediante el FROB una línea crediticia de 100.000 millones de euros para la recapitalización del sistema financiero. Ésa es la forma que tiene el salvavidas que generosamente nos lanzan desde Bruselas. Es, finalmente, el contribuyente europeo quien pagará los platos rotos de una crisis financiera de marcados tintes políticos. Y no lo dude: será el contribuyente español quien, a la larga, acabará soportando esta carga.

Una cosa es importante mencionar: no está podrido todo el sistema financiero español. Hay ciertos bancos españoles que están entre las entidades más solventes y más rentables del mundo. Son bancos que han apostado por la internacionalización, por la diversificación y por una estrategia relativamente conservadora. Para estos bancos, el rescate público supone una suerte de competencia desleal que penaliza la mejor gestión de sus riesgos. Sin embargo, por otro lado queda una constelación de entidades, principalmente cajas de ahorros, que funcionan con respiración asistida. Son entidades que han servido, en la mayoría de los casos, de brazo financiero del poder político regional. Y no se ha encontrado mejor solución para tratar de esconder las vergüenzas políticas de estas cajas, que proceder a fusionarlas sin mucho análisis para terminar creando unas manzanas podridas demasiado grandes para quebrar. El problema financiero que vivimos es otra demostración más, en definitiva, de que no hay peor gestor que un político español.

El asunto de fondo es que la intervención financiera europea en España no es otra cosa que dos rescates en uno. Es un rescate por parte del contribuyente a esas entidades politizadas incapaces de permanecer solventes por sí mismas. Pero también es un rescate al propio Gobierno. El hecho de que tenga que intervenir la Unión Europea inyectando dinero al FROB es la manifestación palmaria de que el Estado español, tras cuatro años de estricta política keynesiana y déficit desbocado, está al borde de la bancarrota. La no intervención de Bruselas es probable que hubiera obligado al Gobierno español a rescatar a la banca, y, acto seguido, a pedir ayuda a Europa.

Confirmado el rescate a la banca española, e indirectamente al Estado, por parte del contribuyente europeo, cabe hacerse una incómoda pregunta: ¿existía otra alternativa? Es cierto que en un sistema de banca con reserva fraccionaria, dinero fiduciario y banca central, la quiebra de una entidad financiera de cierto tamaño puede provocar el colapso del sistema de pagos de la economía como por arte de magia. Esto sucede por la naturaleza puramente ilíquida con la que opera la banca de reserva fraccionaria, por la que el dinero corriente de la población está en su mayoría inmovilizado en inversiones y préstamos a determinado plazo y riesgo. Pero, ¿significa esto que no hay otra alternativa que hipotecar al maltrecho e inocente contribuyente? El Instituto Juan de Mariana, a raíz de la nacionalización de Bankia, publicó una nota en la que expone una alternativa de rescate financiero más respetuosa con los contribuyentes, más eficiente y mucho más justa.

Dicha alternativa, denominada recapitalización interna o bail-in, se divide en dos pasos. El primero es que los accionistas, como los de cualquier otra empresa que quiebra, pierden su inversión. Esto es lógico, y necesario, en un sistema capitalista. Al igual que los accionistas son quienes cosechan beneficios cuando las cosas se hacen bien, también tienen que sufrir las pérdidas cuando se hacen mal. De lo contrario, el sistema de incentivos lógico de una economía de mercado quedaría triturado, enviando el mensaje de que lo mejor es asumir cuantos más riesgos, mejor. El segundo paso es la conversión de aquellos pasivos a más largo plazo y a más riesgo, como la deuda subordinada, en fondos propios de la entidad. De esta manera, los acreedores que apostaron por la entidad corriendo más riesgo, y obteniendo más rentabilidad, pasarían a ser los nuevos dueños de la entidad, recapitalizándola totalmente y dejándola solvente y lista para volver a generar beneficios.

Al final, la obsesión política por colocar la carga de todos sus errores sobre los hombros de los contribuyentes ha podido sobre la aplicación de mejores y más eficientes sistemas de recapitalización financiera. Nuestros gobernantes tienden a optan por políticas que penalizan a los ciudadanos, introducen riesgo moral y deterioran la eficiencia de aquello que tocan, hasta llegar a la humillación ciudadana someterse a un rescate internacional. En esas estamos. Que no sirva, al menos, para que la falsa sensación de respiro relaje a las autoridades españolas, y las invite a dejar de hacer las reformas que la economía necesita para estar saneada y ser de nuevo productiva.

Xavier Sala i Martín tiene poco de liberal

Anonadado me he quedado con algunas de las propuestas lanzadas por el economista catalán Xavier Sala i Martín para hacer frente a la crisis de deuda europea. El profesor, que dice ser liberal, ha elaborado un detallado listado de 25 medidas para combatir los cuatro problemas básicos que aquejan a Europa: sistema financiero; deuda y déficit público; falta de crecimiento; y el posible divorcio de Grecia. Sin embargo, curiosamente, algunas de sus ideas en poco o nada se diferencian de las defendidas por los socialdemócratas y socialistas europeos con lo que, en realidad, lejos de contribuir a la salida de la crisis su implantación sentaría las bases de una crisis similar en el futuro. A continuación, analizaremos algunas de estas propuestas.

Sistema financiero

“El sistema financiero europeo debe ser auténticamente europeo: con un Banco Central Europeo y una moneda europea no es suficiente. Es necesaria una regulación común, un fondo de garantía común, un supervisor común y un recapitalizador común”, según Sala i Martín.

En concreto, aboga por crear una institución supervisora europea permanente que sustituya al “desacreditado Banco de España en sus tareas de supervisión”. Vaya, curiosa propuesta, como si la mera creación de un nuevo órgano burocrático a nivel comunitario fuera factor suficiente para corregir los problemas estructurales que padecen la regulación y supervisión bancaria en manos del Estado. Una simple transferencia de competencias no cambiará absolutamente nada. Ni el BCE ni la autoridad bancaria europea (EBA) podrían garantizar que se reprodujese una crisis similar en el futuro. No en vano, fue la política monetaria de Trichet la que sentó las bases de la burbuja inmobiliaria en España, mientras que los famosos stress test aplicados a las grandes entidades europeas acabaron resultando en un absoluto fiasco pese a la supervisión comunitaria.

Sala i Martín parece, pues, ignorar la raíz de las crisis financieras: la expansión del crédito bancario sin necesidad de respaldo real (ahorro) como resultado de la reserva fraccionaria; o la laxa política monetaria que propició el BCE y la FED manteniendo los tipos de interés muy bajos durante excesivo tiempo, origen de la burbuja inmobiliaria en EEUU, Irlanda o España; o el descalce de plazos estructural que padece el sistema financiero internacional, que lo aboca a un riesgo constante de insolvencia. Ninguno de estos tres puntos ha sido ni será corregido por las autoridades monetarias y reguladoras, sean éstas españolas, europeas o estadounidenses.

Por otro lado, el economista defiende crear un Fondo de Rescate Europeo para los bancos, así como un Fondo de Garantía de Depósitos comunitario. ¿Y? ¿Es que acaso existe alguna diferencia entre la socialización de pérdidas a nivel nacional e internacional? La inmoralidad e ineficacia de esta práctica es idéntica en uno u otro caso. Sin embargo, el rescate privado de la banca, sin necesidad de aportar un euro del sufrido contribuyente, no es una opción -o al menos una aspiración realista y defendible- para el catalán. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad de transformar deuda bancaria en acciones, obligando así a que los acreedores de la entidad insolvente se conviertan en los nuevos propietarios, con las consiguientes pérdidas para los actuales accionistas (bail-in frente a bail-out). Mientras, en cuanto al Fondo de Garantía Europeo parece ignorar la diferencia esencial entre un depósito (préstamo del cliente al banco) y una cuenta corriente a la vista que, en la práctica, también supone hoy en día un préstamo al banco gracias a la reserva fraccionaria, lo cual es claramente ilegal (el cliente debería pagar si lo que quiere es que el banco guarde su dinero sin usarlo para conceder créditos). La corrección jurídica de este último punto haría innecesario garantizar los depósitos, ya que éstos no serían prestados -el banco ejercería de guarda y custodia de estos fondos-.

También propone introducir un impuesto sobre la deuda bancaria para penalizar a las entidades más apalancadas, desincentivando su excesivo endeudamiento. Nuevamente, Sala i Martín se centra en combatir los efectos no las causas de este fenómeno, que no es otro que el descalce de plazos -las entidades se endeudan a corto y prestan a largo, cayendo así en una iliquidez permanente que hace imprescindible contar con un prestamista de última instancia (banco central)-.

Deuda pública y déficit

En este ámbito, el economista defiende la unión fiscal europea para, posteriormente, crear los eurobonos (deuda común europea) e incluso que el BCE compre directamente deuda periférica para reducir la prima de riesgo de los países en problemas. ¡Grave error! La unión fiscal significa, ni más ni menos, que homogeneizar la presión tributaria a nivel europeo, es decir, que el reducido Impuesto de Sociedades irlandés se suba hasta el nivel que padecen las empresas alemanas y francesas o que el IVA español se equipare al portugués -más alto-. Se habla de unión fiscal cuando, en realidad, se trata de incrementar aún más los impuestos que sufragan los europeos, y ello sin contar que tal monstruosidad borraría de un plumazo la sana competencia tributaria del Viejo Continente. En tal caso, y puesto que Sala i Martin apuesta por un superestado supranacional, el voto con los pies de los contribuyentes obligaría ya no emigrar a otro país sino a otro continente.

En cuanto a los eurobonos, esa aberración jurídica que tan denodadamente defienden ahora Francia, España, Italia o Portugal (los díscolos de la UE), solo decir que supondría trasponer el nefasto sistema de financiación autonómico a nivel europeo. Sobran los comentarios al respecto, pues se resume en una frase: que paguen los contribuyentes del norte los excesos cometidos por los países del sur. Y sobre que el BCE compre deuda al estilo de la FED, tan sólo señalar que, en última instancia, socavaría el propio euro, ya que el balance del emisor se llenaría de activos tóxicos (deuda periférica). Además, el hecho de que la prima de riesgo esté alta es bueno para los países en problemas, ya que obliga a sus políticos a hacer las reformas y ajustes precisos para corregir sus deterioradas finanzas y su endémico crecimiento.

Por último, Sala i Martín propone posponer los objetivos de déficit público uno o dos años, tal y como defienden Rubalcaba, Cayo Lara y Rajoy, muy liberales todos ellos. Olvida el economista que retrasar el imperioso ajuste fiscal implica dificultar la recuperación económica. Los países bálticos recortaron de forma drástica el gasto público en 2008 y 2009, hoy son los únicos países que crecen a nivel europeo.

Crecimiento

Para fomentar el crecimiento, defiende aplicar reformas estructurales -nada que objetar- pero, asimismo, apuesta por reducir aún más los tipos de interés en la zona euro -del 1% actual al 0,25%-; que Alemania y los países del centro sufran una inflación alta para fomentar las exportaciones de la periferia; y que el Banco Europeo de Inversiones financie, con dinero público, más infraestructuras en los países problemáticos. Medidas todas ellas propias del monetarismo más obsoleto y del keynesianismo más contraproducente. Uno, bajar tipos no ha solventado ni solventará nada, de hecho, desincentiva el desapalancamiento de los agentes y retrasa la recuperación; dos, la clave no es crear inflación artificial en el centro sino liquidar las malas inversiones, fomentar el ahorro y flexibilizar las economías del sur para cambiar sus estructuras productivas y volver a generar riqueza cuanto antes -el problema, señor Martín, no es de demanda sino de oferta-.

Grecia

Por último, en cuanto a Grecia, dice que el BCE y los líderes de la eurozona deben garantizar que “por la puerta del euro solo saldrá Grecia”, haciendo pues todo lo posible para evitar “ataques especulativos” contra España, Portugal e Italia. Es decir, la Eurozona debe “garantizar” que va a poner todo el dinero necesario. Una vez más, discrepo. Mucho me temo que si España no hace los deberes, tarde o temprano, también saldrá. No hay posibilidad de evitar tal salida, que, por otro lado, es una decisión unilateral de cada país ya que no existen mecanismos de expulsión. Y ello, con independencia de que se ponga ahora más o menos dinero. Para terminar, una nota al pie: los mercados no “atacan”, se defienden, señor Martín. Su exposición de 25 puntos la firmaría cualquier socialdemócrata europeo, lo cual me hace pensar que su supuesto liberalismo es mucho más endeble de lo que pensaba. Toda una desilusión.

Aquellos estímulos de 2008-2009

Lo que hace no mucho parecía casi impensable, ahora es realidad. Las últimas semanas han precipitado un debate acerca de los escenarios de corto y medio plazo más probables para la economía española. Cada día que pasa la intervención extranjera, ya sea a través de un nuevo programa expansivo del BCE, un rescate más o menos explícito u otras vías, está más cerca. Porque la posibilidad de que España vaya a salir de esta por sus propios medios, empieza a considerarse casi utopía.

Aunque existe otra alternativa: que se decida abandonar la Eurozona, escenario que en estos momentos no es el más probable en el corto plazo, pero en absoluto descartable en el medio. Si bien, dado lo frenético de los acontecimientos, el medio plazo puede devenir en corto en apenas días o semanas.

En un contexto en el que incluso la existencia de la propia divisa está en juego, la incertidumbre difícilmente podría ser mayor. Especialmente cuando los mercados financieros, como respuesta racional al entorno, viven más pendientes de las decisiones emanadas de un sistema de gobernanza europeo –que no merece tal nombre-, que de lo que sería lo suyo. Con estos mimbres, no se puede generar una recuperación económica sostenida.

La estrategia a seguir respecto a las finanzas públicas ha sido uno de los temas más candentes en los últimos meses de discusiones en Europa. El enfoque de la disciplina fiscal de Merkel se enfrenta al rechazo de Hollande en Francia, y de parte de analistas, que exigen poner un freno a la austeridad para poner el énfasis en el crecimiento. Se dice que ha sido la estrategia de austeridad la que ha fracasado en Grecia, y la que está fracasando en España. Economistas patrios como José Carlos Díez, con una gran presencia en los medios pese a sus antecedentes, llegan a afirmar que "Lo normal es que la canciller reconociera el fracaso de la austeridad excesiva y cambiase su política económica".

El último boletín del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana entra de lleno en este debate, recordando los efectos de los planes de estímulo fiscal. Efectivamente, con la retórica de la austeridad que ha imperado desde mitad de 2010, parece que ya se ha olvidado que en 2008 y 2009 España implementó sustanciales paquetes de aumento del gasto público.

Conviene traerlo a colación, no solo como ejercicio de historia económica, sino para advertir de que estas políticas keynesianas no son (ni fueron) el camino a seguir para fomentar el crecimiento y empleo sostenido, como algunos sugieren en la actualidad.

Otros, quizá la mayoría, tienen una perspectiva más matizada. Lamentan el extremo deterioro de las finanzas públicas y las tensiones en los mercados de deuda, circunstancias que desgraciadamente, argumentan, dejarían al gobierno español sin suficiente margen para aplicar "políticas de crecimiento" basadas en mayores desembolsos públicos. Pero aun en esta situación, que es precisamente en la que se encontraba España en el comienzo de la crisis (recordemos el superávit de casi el 2% de 2007), este tipo de políticas resultan inefectivas y dejan un considerable lastre en términos de mayor deuda y déficit que suponen un adicional deterioro de la posición financiera respecto al exterior, como analiza el boletín.

El debate entre austeridad y crecimiento sufre de un gran problema: no es cierto que menos austeridad, vía políticas de estímulo del gasto gubernamental, sean necesariamente beneficiosas para el crecimiento y el empleo, como suele asumirse alegremente.

En esencia, y simplificando mucho, buena parte de las divergencias que surgen respecto a qué estrategia debería seguir la política fiscal durante las recesiones, se deben a la teoría del ciclo económico que se tiene en la cabeza. ¿Es la causa principal de la crisis un colapso repentino de la demanda agregada, debido al ciclo de las expectativas y la inestabilidad de la inversión privada? En ese caso, parece lógico que la respuesta deba estar destinada a estabilizar la demanda a través de mayor gasto público.

Pero si, como defendemos en este boletín, la crisis se origina como consecuencia de un boom artificial e insostenible –caracterizado por masivas malas inversiones y errores de los agentes económicos-, entonces el énfasis estará en permitir que esos errores se corrijan. La política fiscal expansiva, desde esta perspectiva, sería contraproducente, dado que dificulta este ajuste.

Y así pensamos que ha sido. Los datos y argumentos los tienen detallados en el boletín.

Del espejismo de los estímulos a la falsa austeridad pública: la política fiscal ante la Gran Recesión

El debate en torno a la austeridad es uno de los más relevantes y candentes en la actualidad de la economía europea en general, y la española en particular. Numerosas voces se han alzado contra lo que, consideran, es una estrategia fiscal condenada al fracaso. Así, sostienen que la austeridad gubernamental está siendo excesiva y/o va demasiado rápida, o que el énfasis no debe estar en este tema sino en el crecimiento y el empleo.


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De escorpiones y políticos

Una de mis fábulas favoritas es la del escorpión y la rana. Sobre todo por las veces en que veo la cara de sorpresa de la rana, al ser picada, en multitud de ciudadanos al observar atónitos cómo las cajas de ahorros quiebran, descubren al político de turno robando a espuertas o sus pensiones menguan año tras año.

Por desgracia, en la famosa fábula la pobre rana muere, privándonos así de poder observar cómo se queja de la mala suerte que ha tenido al aceptar llevar en su espalda a un escorpión que se comporta como un escorpión, y deseando que la próxima vez que tenga que cargar con otro, éste se comporte como es debido.

Seguramente el autor de la fábula quiso ser benévolo con el pobre animal y mató la estupidez de la rana junto a ella, pero el mundo real es bien distinto.

Es por ello por lo que, después de que varias cajas de ahorro hayan sido rescatadas por el contribuyente, la corrupción política sea noticia día sí y día también, y los servicios públicos se desmoronen mientras aumentan los impuestos, todavía hay que ver a miles de personas pidiendo a gritos banca pública, más poder para los políticos y nuevos servicios públicos.

Y aunque hay mucha rana interesada en ver cómo se cargan a su vecina para quedarse con su parte de la charca, lo cierto es que la mayoría termina siendo víctima de la picadura sin percatarse de cuál ha sido su error.

Y el error no es otro que el de no comprender el mensaje del escorpión cuando está a punto de hundirse junto a su víctima (que sería el mismo que diría cualquier político al provocar un desastre si su naturaleza le permitiera decir la verdad, aunque fuera por una vez en su vida): "no me culpéis a mí, soy un político y en mi naturaleza está hacer las cosas así".

El argumento que se esgrime en contra de esta disculpa es que somos seres humanos, y por tanto, racionales. Si obramos mal es porque queremos y no porque estemos obligados a ello por nuestra naturaleza.

Esto, que en cierta medida es cierto, no es aplicable al caso de los políticos. Y no lo es porque un político no es un ciudadano corriente, es una persona que para llegar a su cargo ha tenido que pasar por ciertos filtros que, por su naturaleza, van descartando a los individuos que son éticos. Y cuanto más alto llegue, más filtros ha tenido que superar.

Piense en ello: si usted se afilia a un partido político de una ciudad mediana. ¿Qué piensa que tiene que hacer para prosperar? Llevarse bien con la suficiente gente del partido como para ganar apoyos. ¿Cómo se consigue eso? Pues muy fácil: mintiendo.

Cualquier político que lea esto dirá que es una exageración propia de un cínico, pero lo cierto es que la única forma de ganarse el apoyo de una persona es que ésta crea que le vas a beneficiar. Y la única forma de aparentar que beneficias a la mayoría (formada por individuos con intereses contrapuestos) es mintiendo (decir a la gente lo que quiere oír).

Por supuesto hay excepciones. Pero no suelen superar los suficientes filtros como para llegar a ningún puesto relevante.

Hay personas de buena voluntad que creen que esto se puede cambiar. Piensan que si bastante gente decente se afilia a un partido político existente o crean uno nuevo el sistema cambiaría y los políticos volverían a ser gente honrada.

Eso es tan absurdo como pretender que las mafias que trafican con droga sean lideradas por gente civilizada, mientras su comercio sigue siendo ilegal. Igual que la ilegalidad de la droga es la que lleva a la cúspide de su distribución a los más violentos de la sociedad, es el exceso de poder político (la capacidad de beneficiar a unos a costa de otros) la que conduce al gobierno a lo más corrupto de la población.

Esta conclusión puede abrumar a mucha gente, ya que el poder político forma parte de la sociedad desde que ésta existe. La única recomendación que se me ocurre para estas personas es que se acuerden de nuevo de la fábula del escorpión y la rana: no tienen que acabar con los escorpiones, solo tienen que negarse a llevarlos a sus espaldas.

Humillar a un vendedor ambulante

La inmolación a lo bonzo en diciembre de 2010 del joven tunecino Mohamed Bouazizi por desesperación y su posterior muerte, ocurrida el 4 de enero de 2011, son consideradas como el catalizador de las diversas revoluciones que fueron sucediéndose en diferentes países musulmanes (Túnez, Argelia, Egipto, Marruecos, Libia, Yemen, Siria…). El uso privado de móviles y las redes sociales digitales jugaron un papel relevante e inesperado. 

Los movimientos populares espontáneos sin líderes y con objetivos difusos son problemáticos para analistas y periodistas tendentes a encasillar políticamente cualquier fenómeno social. Son también ocasiones de oro para oportunistas agazapados o para depredadores totalitarios del poder. Es evidente que durante décadas todos estos países han soportado dictaduras y estados policiales sofocantes, causantes de innumerables frustraciones en el seno de sus respectivas poblaciones. Era impensable hace unos pocos años, pero ahora sabemos que se necesitaba muy poca mecha para que hiciera saltar por los aires dicho polvorín y se propagara por contagio a toda una zona, hoy geopolíticamente inestable. 

Inicialmente los medios de comunicación informaban, alborozados, sobre las ansias de democracia de los países árabes. Se nos hablaba de la revolución del jazmín y de la primavera árabe. Según los rapsodas modernos, había llegado el momento para que las naciones musulmanas disfrutaran de las libertades políticas propias de Occidente. Los acontecimientos acaecidos posteriormente nos inducen a pensar que era una sarta romántica de pensamientos ilusorios. Las consecuencias de la guerra en Libia, las revueltas en Yemen, las recientes elecciones presidenciales en Egipto y, sobre todo, el goteo de matanzas en Siria nos van despejando con amargo desencanto el panorama para comprobar los hechos y contrastarlos con dicho sesgo cognitivo del principio. 

Vuelvo a recordar a Mohamed Bouazizi. Fue un simple vendedor ambulante que intentó ganarse la vida en medio de un marasmo kafkiano de burocracia, corrupción oligárquica e inseguridad jurídica. Tuvo que sobrevivir en un marco institucional débil regido por normas caprichosas en el que todas las fuentes principales de riqueza estaban (y siguen estando) intensamente controladas por el gobierno y sus tentáculos. Persiguió sus fines personales que no fueron otros que aliviar la penuria de su madre viuda y seis hermanos, casarse e independizarse. Su medio elegido fue el hacerse comerciante en el mercado informal de frutas y verduras en un pueblo del interior de Túnez. Al confiscarle las autoridades locales su carro ambulante por carecer de licencia le arrebataron de un plumazo su medio de vida. Optó por abrasarse en público delante de la sede del poder local.

Dentro de los anhelos de Mohamed Bouazizi no estaba probablemente el poder emitir un voto, asociarse ni formar parte de asambleas o manifestaciones. Tampoco suspiraba por ser electo político ni ocupar cargos públicos. No buscaba ayudas públicas ni subvenciones del gobierno. Quiso tan sólo ganarse la vida pacífica y honradamente, prosperar con su propio esfuerzo. Trató únicamente de ejercer su derecho a comerciar y contratar; derecho básico e inalienable de toda persona que los gobernantes no debieran pisotear jamás. Su absurda negación fue una humillación (una de tantas) perpetrada por arrogantes funcionarios de un apartado ayuntamiento tunecino. Por desgracia, hay miles de casos parecidos en gran parte del mundo árabe donde la liberalización de la economía (y de la sociedad), junto a la necesaria certidumbre jurídica están muy lejos de alcanzarse. 

Para lograr que una sociedad prospere, primero hay que garantizar sobre cualquier otra cosa los derechos de propiedad así como el libre intercambio de bienes y servicios delimitados por un sistema de normas objetivas y generales con vocación de permanecer y hacerse cumplir. Luego podrán venir –en mayor o en menor medida– los derechos políticos, según la idiosincrasia propia de cada nación. Es deseable y necesario que así suceda, pero pensar que ese orden de prioridades puede alegremente invertirse es wishful thinking o, en el peor de los casos, peligrosa quimera.

La demonización del otro

El pasado domingo, Carlos Rodríguez Braun publicaba un artículo en La Razón titulado Empobrecer al vecino, en el que explicaba cómo las políticas nacionales que tratan de mejorar la situación de uno empeorando la de otro son perjudiciales. Rodríguez Braun aportaba diferentes argumentos para señalar lo nocivo de estas medidas de corte tan mercantilista. En primer lugar, las limitaciones comerciales benefician a unos pocos a costa de la mayoría de la población. En ese sentido, los grandes perjudicados de las políticas comerciales intervencionistas son los consumidores, es decir, la población en general. Por otro lado, generan una distorsión en la atribución de responsabilidades, lo que resulta muy atractivo ya que los políticos aparecen como salvadores y se señala un culpable extranjero en quien la población puede descargar su frustración.

Estos argumentos tan claros y lúcidos pueden aplicarse, no solamente a empresas o países, sino también a los agentes económicos: a los individuos. Por desgracia, estas reflexiones son de plena actualidad. Una de las aficiones de las sociedades, fruto del mito del Estado del Bienestar, consiste en demonizar al de al lado y tratar de mejorar a costa de los demás. Esa, según Ayn Rand, era la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. El socialismo incentiva a los individuos a vivir a costa de los demás. El capitalismo incentiva a los participantes en el mercado a competir entre sí como medio de superar a los demás. Y, exactamente como describe el profesor Rodríguez Braun, el privilegio de unos pocos provoca el empobrecimiento de muchos, los contribuyentes.

Un ejemplo lo tenemos en la reacción de mucha gente cuando se expone la solución propuesta por el Instituto Juan de Mariana al caso de Bankia: la conversión forzosa de parte de las obligaciones en acciones. De esta manera, la deuda pasaría a ser propiedad y serían aquellos acreedores que se fiaron de Bankia y se involucraron más intensamente en su financiación sobre los que recaería el peso de remontar la situación, y no sobre los contribuyentes. Ante esa solución, una de las pegas más comunes consiste en explicar que muchos pensionistas tienen en sus fondos de pensiones obligaciones de Bankia y, acto seguido, añaden que muchos otros compraron convertibles engañados. En primer lugar, son cosas diferentes. El engaño hay que denunciarlo, y no es una característica del capitalismo o de la economía liberal. Es propio de la naturaleza humana: por eso existen leyes que protegen del engaño. Pero el argumento del fondo de pensiones es muy resbaladizo y populista. Es decir, es de los que la gente común se traga fácilmente. Uno se imagina a la pobre abuela que no tiene necesidad de saber los intringulis del mundo financiero y se fía de su caja de ahorros, posiblemente la misma de siempre, en la que le abrió la cartilla al nieto, en la que estaba su nómina. Y, claro, pensar en que esa señora va a perder su pensión nos indigna a todos. A los liberales, a los libertarios, a los capitalistas también. Sobre todo porque la frase con la que te atacan es "¿te parece justo que esa señora pierda su pensión mientras Rato, Blesa, Fernández Ordóñez y los demás se van de rositas?". No me parece justo que los responsables de un delito se vayan de rositas, ni en el caso Bankia ni en ningún otro.

Pero, empleando su lógica, lo que se está diciendo es que lo justo es que una madre soltera que trabaja, que no ha tenido oportunidad de formarse mucho, que mantiene a su hijo de meses, que paga sus impuestos y apenas llega a fin de mes pague el roto que han dejado entre unos y otros en una caja de ahorros con la que ella no tiene nada que ver. ¿Es justo que esa pobre mujer pague?

Para empezar, en el caso de la abuelita, es muy probable que el fondo esté diversificado con lo cual no perdería el valor de todo, y además la propuesta es convertir obligatoriamente sólo parte de las obligaciones, así que el efecto final sería muy pequeño. Y, por otro lado, no se sabe quiénes son los poseedores de obligaciones, pero muchas de ellas están en manos de bancos extranjeros y fondos de inversión de bancos españoles. El caso de la viejecita, como el de la madre soltera, es muy restringido.

Pero, lo peor es el mensaje: no importa dónde ponga usted su dinero, si pierde, ya se lo pagan el resto de los españoles. Es decir, se incentivan las malas inversiones y no las buenas.

No estaría de más plantearse cuál es la causa real de todo el problema de Bankia: la intervención directa del poder político en el sistema financiero. ¿Alguien ha propuesto que se acabe con ello? No, se ha pedido más Estado. Pues eso es lo que, por desgracia, vamos a tener.