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Opacidad real, política y sindical en la transparencia española

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó el 18 de mayo de 2012 el Consejo de Ministros español, es sin duda un buen paso. Sin embargo, se queda muy corto y sus lagunas contradicen el objetivo general de que los poderes puedan estar sometidos al control ciudadano. Llama la atención que queden fuera de su ámbito de actuación la Casa Real, los sindicatos y los partidos políticos. Desde el Ejecutivo se justifica la "excepción monárquica" con el argumento de que la norma se aplica tan sólo a las administraciones públicas, y que la institución en cuestión no lo es. Sin embargo, tampoco lo son los colegios profesionales (por mucho que estos estén regulados por ley) y sí les afecta la norma (aunque no era así en el anteproyecto original).

Además, para justificar que no se incluya a la Casa Real se da la mala excusa de que en otros países tampoco se hace –ya se sabe, una mala práctica por parte de los políticos y autoridades de un país sirve para que sus pares de otro se justifiquen a sí mismos–. En concreto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría pone el ejemplo de Reino Unido. Olvida la número dos del Ejecutivo español que la monarquía británica, a pesar de estar exenta de la norma general de su país, es el "trono" más transparente de Europa. Y lo es hasta el punto de que resulta público el número preciso de edredones que se cambian en un año o cuántas llamadas telefónicas se han hecho y cuántas se han recibido. De hecho, Su Graciosa Majestad ha hecho públicas sus cuentas de forma precisa y voluntaria desde 2001 y, desde 2010, puede ser auditada por el organismo nacional de cuentas.

En cuanto a los partidos y sindicatos, ni tan siquiera se argumenta por qué quedan fuera del relativo control ciudadano que implicará la nueva ley. Se les deja fuera, y ya está. Y si alguien pregunta, lo más seguro es que se recurra a eso de que no forman parte de la "administración pública". Incluso obviando que, como ya se indicó, algunas instituciones que tampoco lo son sí están sujetas a la norma, la excusa sigue siendo insuficiente.

La principal fuente de ingresos de los partidos y sindicatos es el dinero de los ciudadanos que les entrega el poder político. En general su financiación es muy opaca, pero no tanto como para no saber que se mantienen sobre todo con fondos públicos. En esto se incluyen tanto partidas directamente destinadas a financiarles como una ingente cantidad de subvenciones de todas las administraciones con una gran variedad de excusas, que van desde actividades culturales hasta proyectos de cooperación internacional. En definitiva, es imposible cuantificar cuántos millones de euros de los ciudadanos se reparten entre unos y otros sin un control efectivo. Eso sin hablar de todo el dinero obtenido de unas cajas controladas por políticos y sindicalistas, así como por algunos bancos que han llegado a dar dinero a fondo perdido a cambio de favores desde el poder.

Lo único que podemos tener claro es que hasta el Consejo de Europa ha alertado sobre la opacidad de las cuentas de los partidos políticos españoles. Las grandes formaciones políticas y sindicales no están dispuestas a financiarse de forma privada, que es como debería ser, y respondiendo ante aquellos afiliados que les deberían mantener con sus cuotas. Dado que esto no va a cambiar, al menos deberían estar sometidas al escrutinio público de los ciudadanos, a los que se les impone la dura carga de ser los ‘paganini’. Y eso debería incluir saber cuánto cobra cada uno de sus altos cargos.

Cuando se apruebe de forma definitiva la nueva norma, en las webs de las distintas instituciones podremos saber cuánto cobra cada uno de sus responsables de mayor nivel. Así, se nos contará cuánto cobra cada ministro y cada secretario de Estado, o cada consejero o alcalde. Sin embargo, seguirá siendo un misterio cuánto nos cuestan en realidad (sueldos, complementos y privilegios varios) Toxo y Méndez como dirigentes máximos de los sindicatos o Rajoy, Rubalcaba, Cayo Lara o Mas como líderes de sus respectivos partidos. Muy transparente no parece.

Austeridad, es decir, crecimiento

Tenemos que elegir, nos dicen. O crecimiento, o austeridad. La austeridad es necesaria, porque el gasto corre a una velocidad que los pobres ingresos del Estado, ¡pobres, ellos!, no pueden alcanzar. La deuda crece y los inversores, ¡ricos, ellos!, caen en la desconfianza. Pero a base de detraer demanda, en una ciega y suicida carrera por convencer al mercado, a Merkel y al Fondo Monetario Internacional, socavamos nuestro propio hoyo de decrecimiento y nos alejamos de nuestro objetivo. ¿Cómo ser austeros y no serlo a un tiempo? ¿Nos enconamos con la pala de los recortes en la tierra hasta cavar nuestra propia tumba? ¿Salimos, a tumba abierta, a base de gastar el dinero que no tenemos?

Este es el dilema que se nos pone ante nosotros. Es incontrovertible que la primera respuesta a la crisis, allá por el 2008, fue el recurso al gasto público. Eran los días en que un grupo de políticos iba a “reinventar el capitalismo”. El FMI, bajo la dirección de un socialista francés a punto de ir al calabozo, animó a todos los Estados a gastar dinero. Luego fue el capitalismo el que les reinventó a ellos, y les puso los límites de esa carrera de gasto. Entonces, bajo la batuta de Alemania, con Francia como comparsa, entramos por el aro de los ajustes y los recortes. El resultado es que, así como en 2009 habíamos comenzado a recuperar cierto crecimiento, en 2011 entramos de nuevo en la recesión.

Lo explica con claridad un artículo de Marcus Miller y Robert Skidelsky, publicado en el Financial Times: “Los efectos económicos de esta política se hacen más claros cada día: A diferencia de los Estados Unidos, a diferencia de los BRICs (Brasil, Rusia, India y China), Europa ha dejado esencialmente de crecer. Y hay poca esperanza de que vuelva a crecer en un futuro cercano. Ni, evidentemente, sus problemas se han arreglado. Dado que el colateral de la deuda soberana es la capacidad de pago de sus ciudadanos, la recesión y el desempleo minan su capacidad de servir la deuda”. ¿Y Grecia? Es un caso extremo de lo que explican.

Por tanto: “Europa tiene alguno de los mejores (y mejor pagados) expertos financieros del mundo. Dejemos que sus talentos ayuden a que los gobiernos se zafen de sus grilletes de papel e ingenien vías para reducir la deuda sin austeridad”. Y aquí viene lo bueno: “Si tiene que ser por medio del gasto, financiado fuera de balance por medio de pasivos garantizados o por mayores impuestos, sea. Si tiene que ser por medio de restructuraciones sustanciales de las deudas soberanas por una permuta financiera con deuda indexada o bonos de crecimiento, o con períodos de gracia hasta que vuelva el crecimiento, sea. Si tiene que ser desplazando parte del peso de la deuda en las generaciones más viejas, que poseen esa deuda, también se puede afrontar esta cuestión política”. Lo que sea, vaya.

Pero antes de decantarnos por nuevas y fabulosas medidas de gasto, ingeniadas por la ingeniería financiera que antes criticábamos, debemos examinar si, efectivamente, la vía de la austeridad ha fracasado.

Veronique de Rugy, en un artículo reciente publicado en el Mercatus Center, ha hecho un sencillo ejercicio: poner en un gráfico la evolución del gasto público de Francia, Italia, España, Grecia e Irlanda. Todos crecen desde 2002. Pero es que todos crecen desde 2008, menos Grecia e Irlanda, que apenas bajan. ¿De qué ajuste hablamos? Por un lado, del recorte del gasto discrecional, que apenas compensa el aumento de gasto comprometido. Curiosamente, el primero tiene más relación con el crecimiento que el segundo, pues éste son sobre todo transferencias, que van directamente al consumo. Y por otro, del aumento de los impuestos.

Hay otra vía. Es la de la verdadera austeridad, que se centra en el recorte en el gasto, aunque también, pero en menor medida, en la subida de los impuestos. Como dice Veronique de Rugy en un artículo para el Washington Examiner, y recoge un informe del FMI, es el caso de Letonia, Lituania y Estonia. Por lo que se refiere a Letonia, el país llegó a alcanzar un déficit del 23 por ciento del PIB, con una inflación del 18 por ciento. De 2008 a 2010, el PIB cayó un 25 por ciento, y el paro superó el 20 por ciento. El país mantuvo los servicios públicos, pero recortó el gasto y los salarios públicos. Incrementó el IVA del 18 al 21 por ciento en 2009, pero mantuvo el resto de impuestos. En enero de 2009 ya estaba en superávit y en septiembre de 2010, con su moneda anclada al euro, sus exportaciones habían alcanzado los niveles previos a la crisis. En Lituania, el ajuste recayó aún más en el gasto.

Muy notable es el caso de Suecia. Anders Borg, el ministro de Economía al que le tocó gestionar la crisis en aquél país, no siguió el consejo del FMI, ni el ejemplo de Gordon Brown, ni la pretensión de Sarkozy de hacer un capitalismo menos capitalista. No. Su camino pasó por recortar los beneficios sociales y por recortar, también, los impuestos, como los impuestos sobre la propiedad. “A todo el mundo le decían: ‘¡Estímulo!, ¡Estímulo!, ¡Estímulo!’. Era sorprendente que Europa, que había experimentado en los años 70’ y 80’ el paro estructural, creyese que un keynesianismo de corto plazo iba a solucionar el problema”. No le faltan ejemplos de esa cortedad de miras: “Mire a España, Portugal o el Reino Unido, cuyos gobiernos apoyaron grandes estímulos fiscales. Bien, podemos ver cuán poco estímulo llegó a la economía, pero ha ido a parar a la deuda”.

Letonia, cuyo PIB cayó un 17,95 por ciento en 2009, perdió un 0,34 por ciento en 2010 y creció un 14,4 por ciento el pasado año. Lituania decreció un 14,4 por ciento en 2009 y creció al año siguiente un 3,1 por ciento. Ya el año pasado creció un 8,0 por ciento. Y Estonia, que se contrajo un 14,2 por ciento hace 3 años, en 2010 ya crecía un 2,3 por ciento y en 2011, un 7,6 por ciento. En 2009 cayó el PIB en Suecia un 1,4 por ciento, y al año siguiente, un 5,8. Ya el pasado año crecía al 5,2 por ciento.

¿No es eso austeridad? ¿No es eso crecimiento?

Distinto perro con el mismo collar

Afirmar que sí lo ha hecho, como hace el Ministro de Economía, es tomar el pelo a los españoles y, lo que quizá sea peor aún en esta coyuntura, a nuestros acreedores. El gobierno del PP debería dedicar menos tiempo a la búsqueda de excusas vacías de contenido para quitarse responsabilidades en caso de rescate y más energía en poner en marcha las medidas que realmente pueden salvar a España.

Al gobierno se le agota el tiempo de descuento para dar un giro a su política económica y no parece dispuesto a tal cosa. La idea de elevar los impuestos y recortar el gasto de manera más o menos horizontal, manteniendo casi todos los programas, ministerios y agencias públicas es un disparate. En el año 2010 el gasto de las Administraciones Públicas prácticamente duplicó el del año 2000. El peso del gasto sobre el número cada vez menor de contribuyentes es asfixiante. El Ejecutivo debió recortar verticalmente el gasto público. Me explico. En lugar de mantener el elefantiásico Estado, debió devolver a la sociedad civil buena parte de los servicios que el mercado puede proveer en iguales o mejores condiciones que el sector público. Así el gobierno de Rajoy pudo haber equilibrado el presupuesto sin subidas impositivas.

Es más, de esta manera el Ejecutivo pudo incluso haber bajado los impuestos animando a la ciudadanía a realizar un esfuerzo adicional y a ahorrar para recapitalizar los proyectos de inversión viables. Lamentablemente Montoro y sus compañeros de Consejo de Ministros hicieron justo lo contrario: desincentivaron el esfuerzo adicional elevando los tipos marginales del impuesto sobre la renta y ahuyentaron el ahorro subiendo sustancialmente el impuesto sobre las rentas del ahorro y del capital. Pero lo peor es que posiblemente quienes ahora se ven obligados a pagar el déficit del Estado y los agujeros dejados por la banca son precisamente aquellas personas que mejor se comportaron durante los años de la burbuja, negándose a sobreendeudarse y ahorrando para poder permitirse un futuro mejor con el fruto de su trabajo.

El efecto previsible en los próximos meses es lo que en el mundo de los seguros se conoce como el fenómeno de la selección adversa. Imaginemos que juntamos a grupos de riesgo muy distintos y les aplicamos primas muy similares para asegurarlos frente a accidentes. Cuando llegue el día de renovar la prima, los asegurados más precavidos se darán cuenta de que lo que están pagando es desproporcionado y de que en realidad están siendo obligados a costear las imprudencias de otras personas de las que ellos no son responsables. Estos clientes más prudentes empezarán a dar de baja su póliza de seguro y se alejarán de este sistema de protección. Ahora los clientes que permanezcan asegurados tendrán un riesgo medio superior y cuando la compañía de seguro se de cuenta de esta circunstancia se verá en la necesidad de subir la prima. Pero entonces un nuevo grupo de clientes, los más precavidos después de aquellos que ya se fueron, tomarán la decisión de marcharse y la historia se volverá a repetir. Esta espiral acaba normalmente en el colapso de la aseguradora.

Como decía, algo similar puede suceder en el conjunto de la sociedad. A medida que los españoles productivos y ahorradores realicen su declaración de la renta se irán dando cuenta de que están pagando los platos rotos de particulares y políticos que arriesgaron mucho más que ellos. Cada vez más ciudadanos tomarán la decisión de sacar su dinero del banco o de irse de España a países más paradisiacos y menos infernales en materia fiscal. La salida de estas personas ahorradoras y productivas elevará el riesgo de suspensión de pagos y hará necesario "asegurar" a quienes se quedan en España con impuestos más altos. Pronto otra capa de la población se dará cuenta de que paga demasiado por arreglar un problema del que no son los principales responsables y seguirán el camino de quienes dejaron el sistema anteriormente. Esta dinámica acabará en una auténtica tragedia griega, con gran parte de la población retirando sus ahorros del banco y buscando países menos opresivos fiscalmente que el nuestro.

Para evitar la debacle a la que llegará España si seguimos avanzando por esta senda, el gobierno debe obligar a quienes se arriesgaron dando préstamos a la banca a recapitalizarla convirtiendo sus títulos de deuda en acciones. Sólo así el crédito volverá a fluir hacia los proyectos privados de inversión. Además, en lugar de subir los impuestos el Ejecutivo debería realizar una profunda reducción de programas de gasto público, cediendo y vendiendo a la sociedad civil todo aquello que pueda. Montoro por su lado debería anunciar una fuerte bajada de impuestos y al mismo tiempo De Guindos y Soria deberían aprobar un amplio paquete de liberalización en sectores tales como el eléctrico, el industrial, el comercial y el urbanístico. Llevar a cabo todas estas medidas está en la mano del gobierno. Lo que ha hecho hasta ahora es continuar con la misma política keynesiana del gobierno anterior: distinto perro con el mismo collar.

¿Por qué se indignan los indignados?

Se ha llegado al final de un modelo. El actual sistema o modelo de sociedad, el llamado Estado de Bienestar, está llegando a su fin tal y como lo conocemos. La presunción de este sistema es la de proporcionar a toda la población subvenciones de salud, educación, prestaciones de desempleo, pensiones, alimentación, etc., a lo largo de toda su vida. Pues bien, esta pretensión se ha demostrado totalmente inviable.

Esto es así porque es un sistema basado en la deuda y no en la riqueza creada. Es el sistema de la ilusión de riqueza. Pero al final, un sistema que gasta el doble de lo que ingresa colapsa irremediablemente.

Existe una ley económica irrefutable que muchos han descubierto en esta crisis: si gastas más de lo que tienes sistemáticamente estás inherentemente quebrado y suspenderás pagos. Y esta ley se aplica tanto a particulares como a los Estados. Es pura lógica, este modelo de sistema es insostenible y ahora se ha llegado a un límite físico.

Y esto lo han visto hasta los indignados. Han visto que a nivel estatal hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como se suele decir de los particulares. Han visto que ningún sistema puede sostener (en el sentido amplio de la palabra) a población que no sea activa, que no trabaje, que no aporte nada a la sociedad. Han visto que el intento de prometer el paraíso en la Tierra era una falacia. Han visto que el Jardín del Edén, en la que todo es abundante y nada escaso, no existe. Ni existirá nunca. Nada está dado en el mundo real.

La situación que viene, al menos a medio plazo, es una en la que no existe la manutención estatal. Ya no se va a poder vivir a costa de "Papá Estado". Habrá que salir a la calle todos los días, pero no para reclamar más subvenciones del Estado ni cantar canciones de Mayo del 68, sino para buscar trabajo desesperadamente.

Algo que mucha gente no está acostumbrada a hacer. Quizás el parasitismo sea científica y evolutivamente normal: el ser humano tiende a adaptarse a situaciones que son más fáciles y que le conllevan menos esfuerzo para alcanzar los mismos objetivos. Es la famosa Ley del Mínimo Esfuerzo. Pero las cosas han cambiado: no somos ricos ni lo hemos sido. Toca moverse, sufrir y sudar mucho. Todo ello sin seguridades de ningún tipo. Sólo las que buenamente te puedas asegurar tú mismo. La verdad es que esto no es nuevo, siempre ha sido así. Los últimos tiempos eran simplemente una ilusión. Una borrachera, ni más ni menos. Y ahora toca lidiar con la cirrosis.

Por eso los indignados son un colectivo tan variopinto. Esta formado por todos aquellos que no aceptan esta situación de cambio de modelo. Y lamentablemente, en España, son muchos.

Indignarse de año en año

Como si de una ceremonia laica se tratara, los indignados han vuelto a tomar las plazas para conmemorar su aniversario. El supuesto movimiento autodenominado apartidista, transversal y popular es, un año después, un acto casi folclórico que no consigue reunir a más gente de la que llena un domingo cualquiera un estadio de fútbol.

Sus ideas son poco novedosas y, más que revolucionarias, se antojan reaccionarias al rescatar del pasado propuestas que solo los partidos de la izquierda montaraz asumen en sus programas. De la renta básica pagada por los contribuyentes a la nacionalización de las cajas de ahorro que ya eran públicas pasando por la concepción totalitaria de la democracia asamblearia. Sus cánticos "contra los políticos" se han reinterpretado este año contra el partido de gobierno que ya no es de izquierdas. Muchos de los primeros indignados se encuentran desengañados y si todavía quedan gentes bientencionadas que les otorgan crédito solo puede atribuirse a una extrema candidez.

Ni los recortes superficiales en el árbol del bienestar han conseguido reforzar este movimiento y en las convocatorias que celebraban el aniversario del 15-M la asistencia se ha resentido. Salvo en Madrid y en Barcelona las acampadas en el resto de capitales de provincia apenas lograban reunir a 100 indignados dispuestos a dormir al raso. Una cifra insuficiente si se asume que es un movimiento popular de abajo-arriba que pretende, según ellos, refundar un sistema político deslegitimado que ya no representa a los 40 millones largos de españoles.

Descubierta la inmensa farsa de estos indignados que quieren apuntalar el Estado para que todo siga igual, solo queda la magnificación romántica de los medios de comunicación. Hace un año vivieron la revolución anticapitalista durmiendo en tiendas quechua instaladas en las plazas privatizando el espacio público y nada parece que vaya a despertarlos de su sueño.

Entre tanto, los políticos se frotan las manos y parchean el barco en el que vamos todos; se va hundiendo poco a poco pero ellos serán los últimos en ahogarse. Comparten con los indignados el sueño irreal de que el estado de bienestar es viable sin plantearse la alternativa de una sociedad de propietarios responsables. Difieren en su extremismo socialista; se parecen en que todos disparan con pólvora ajena, un dinero que se han ganado los contribuyentes con su trabajo y que el Estado les quita.

El crecimiento económico de América Latina y Asia Pacífico: más cautelas que razones para el optimismo

Europa y la Unión Europea sufren. Paro, decrecimiento económico y ausencia de un modelo claro que seguir y sobre el que haya consenso son algunas de las características que sobresalen en los últimos años. La "Vieja Europa" se debate, en ocasiones contra sí misma, para mantenerse como un espacio competitivo y atractivo.

Mientras tanto, América Latina crece (si bien de forma desigual) y China se transforma en socio comercial prioritario de occidente. Ambas regiones hablan de que este es "su siglo", aunque tal afirmación se hace desde una órbita estrictamente comercial y que no difiere substancialmente de los objetivos perseguidos por organizaciones históricas que unen ambas orillas del Pacífico como la APEC.

En ningún caso queremos teorizar en las siguientes líneas sobre conceptos tan vacuos y retóricos como "nuevo orden mundial". El objetivo es más modesto: nos proponemos romper una lanza a favor de Europa, describiendo algunos hándicaps que sus rivales/socios presentan actualmente y que hace que ese crecimiento económico cuantitativo haya que ponerlo en cuarenta, especialmente si miramos a medio y largo plazo.

Con respecto a América Latina, la dualidad democracia liberal vs regímenes populistas se mantiene, pese a que éstos últimos no han crecido en cuanto a número de gobiernos (Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Cuba, a los que bien podría sumarse Argentina). En todos ellos, sus gobernantes atraviesan por problemas con aumento de los descontentos sociales puesto que, si por algo se caracteriza el populismo, es por generar elevadas expectativas de cambio en la sociedad que luego es incapaz de cumplir, debido la aplicación de recetas económicas fallidas (expropiaciones, monopolio del Estado) combinadas con amenazas a la oposición (dentro de la cual no se sólo se integran partidos políticos sino también organizaciones y movimientos que representan a la sociedad civil).

Venezuela es el gran ejemplo. Mecenas de todos esos regímenes liberticidas, al más puro estilo del comunismo soviético, la nebulosa se ha instalado alrededor de la salud de su presidente. Más rumores que hechos tangibles. El próximo 7 de octubre celebrará elecciones y la presencia o no de Chávez en las mismas condicionará el resultado final.

Esto demuestra el carácter personalista y caudillista que la política tiene en América Latina que más que ligada a un proyecto lo está a un nombre propio. Se trata de una afirmación plenamente fundamentada: los sondeos le son favorables al opositor Capriles Radonsky siempre y cuando su rival no sea el actual Presidente.

Por su parte, las democracias consolidadas en la región acometen retos, buscando la resolución de los mismos siguiendo los mecanismos del Estado de Derecho. Colombia y Perú afrontan la lucha contra el terrorismo de las FARC y de Sendero Luminoso respectivamente, cuya presencia es una amenaza para la estabilidad interna. Chile vive momentos de agitación con la comunidad estudiantil desafiando a Sebastián Piñera desde postulados de (ultra)izquierda que en última instancia buscan más desestabilizar que generar políticas productivas.

Estas democracias consolidadas han aumentado la intensidad de sus relaciones comerciales con los países de Asia y Asia Pacífico. Va a ser complicado, por no decir imposible, que Colombia, Brasil o Chile hagan objeciones a la forma bajo la que China o Birmania "gestionan" los derechos humanos. Tampoco es probable que enfaticen en exceso el rol que Corea del Norte juega en la región, más allá de declaraciones estrictamente genéricas.

En definitiva, se constata que Asia y particularmente Asia Pacífico, se están convirtiendo en el centro de gravedad de la economía lo que parece dejar en un segundo plano que realidad social y política de esos países presenta visibles anomalías estructurales, sin olvidar la pervivencia de conflictos históricos (India vs Pakistán) o que muchos de los países de la región están llevando a cabo agresivas políticas de rearme caracterizadas por su opacidad.

La condena del liberalismo

A pesar de la oportunidad intelectual y práctica que ofrece la Gran Recesión en que aún vivimos (y ya nos acercamos al quinto año) para desmontar empírica y teóricamente los fallos y responsabilidades del Estado, el debate entre liberalismo y socialismo sigue falseado. Eso sí, mucho menos que hace veinte años, ya que en los últimos diez los medios intelectuales y periodísticos liberales en España se han consolidado con un excelente aparato de producción científica y comunicativa que cuenta con un público estable vinculado a esas convicciones. No obstante, la afirmación inicial sigue siendo válida: en el centro del debate nacional e internacional acerca de cómo salir de la crisis los partidarios del libre mercado están a la defensiva, y solamente el argumento del fatalismo mantiene en pie algunas de las recetas anti-crisis con acordes liberales.

El debate, hay que repetirlo, está amañado. Como un partido de cualquier deporte donde un equipo parte en desventaja frente a otro porque este es, a la vez, árbitro y rival, el socialismo, ideología en el más perturbador sentido de la palabra, pretende dos monopolios, y sigue siendo el eje que juzga. Asegura poseer en exclusiva la capacidad de adjudicar maldad y bondad morales, asigna al mercado aquella, mientras que al Estado, a lo público, solo por él preservado, le otorga la segunda. Ya hemos tenido que pasar estas últimas tres décadas por la redención del comunismo, merced no ya a su insalvable resultado real (hambrunas y guerras), sino a su intención, que fue la de construir un mundo perfecto, sin desigualdades y sin necesidades. Querer una sociedad mejor lo justificaba todo; fiat perfectio, pereat mundus. El socialismo democrático ha heredado el beneficio de los buenos deseos, que el comunismo ya disfrutó, y se arroga también en exclusiva la receta para mejorar a la humanidad, a pesar de que hasta la variante más emblemática de entre las de su clase, la socialdemocracia sueca, se vio objetada por sus resultados y necesitada de reformas de mercado.

¿Qué ocurre para que, cuando se debaten las medidas de recorte de gasto público, estas se vean como algo odioso, solo parcialmente soportable, y medicina de una enfermedad producida por el mercado libre? El socialismo, influyente en todos los partidos del arco parlamentario y fuera de él, sigue la estela del "argumento salvador". Se trata de una ideología, es decir, una teorización basada en abstracciones incontrastables, un dogma simplista e invariable a salvo de cualquier refutación empírica. De tal modo, una crisis causada en última instancia desde un monopolio estatal, el de emisión de moneda y de fijación de los tipos de interés crediticio, se presenta como resultado del mercado libre, es decir, de ese mismo que no estuvo sustancialmente presente en su génesis.

Pero el argumento podría haber sido revertido en la fase de la depresión en la que de unas hipotecas-basura hemos pasado a una deuda soberana-basura; pero no. Si bien la primera de las expresiones fue repetida sin cesar, la segunda apenas ha sido acuñada, a pesar de nombrar un problema de repercusiones más difíciles de solucionar que los fenómenos de la crisis en su primera fase (2007-2009). El mal llamado "paréntesis del libre mercado", que Rodrigo Rato y otros supuestos defensores del mismo proclamaron, abocó en una solución más destructiva que el problema que pretendió resolver.

Con todo, los memes socialistas, repetidos hasta la saciedad, siguen siendo dominantes. A la urgente necesidad de que se apliquen reformas de adelgazamiento del Estado, se responde con el sempiterno: "el mercado no arregla todos los problemas". Pero, ¿acaso los soluciona el socialismo? No, pero sí lo pretende, y si no ha alcanzado su objetivo, es debido al egoísmo pernicioso de "los mercados". ¿Declara el liberalismo que el libre mercado supera todas las carencias sociales? Nunca lo ha hecho, pero sí ha aportado soluciones concretas para ello en un árido escenario donde fenómenos, causas y consecuencias se mantienen al margen del debate, y únicamente las pretensiones gobiernan los discursos.

Esos mercados de los que todos formamos parte y de cuyo funcionamiento nos beneficiamos, esos fondos constituidos por pensionistas y pequeños ahorradores, que se defienden de las malas inversiones en deuda pública española, italiana, griega o portuguesa, necesitan de una defensa ética, porque tan solo es moral lo que produce la prosperidad que desean las personas.

De buenas intenciones está empedrado el camino a la pobreza y a la servidumbre. La bondad y la maldad tienen un único juez y este no es el deseo, sino el resultado.

La competencia por el control de la acción en los seres vivos

Un ser vivo es un agente autónomo autopoyético: trabaja construyéndose a sí mismo e intentando alcanzar sus objetivos deseados, controla su conducta para su propio beneficio, y sus valoraciones tienden a reflejar lo adecuado para su supervivencia; un agente heterónomo no controla su conducta sino que actúa controlado por otro agente al cual sirve (por ejemplo, una máquina artificial, o un organismo esclavizado).

La capacidad de control y acción de un organismo siempre es limitada y falible. Los agentes autónomos evolutivamente más exitosos son los que consiguen más poder, más capacidad de decisión y acción y menos restricciones: tienen más medios a su disposición (energía, materiales, conocimiento, derechos) y sufren menos limitaciones o cargas (obstáculos físicos, prohibiciones, deberes).

El sistema de control de un organismo (su aparato cognitivo, sistema nervioso o cibernético) controla directamente la conducta del propio individuo del cual forma parte. Pero el funcionamiento de este sistema depende de las interacciones del sujeto con su entorno, que puede incluir otros organismos que influyen sobre él, participando así en la determinación de la conducta; y el mismo individuo puede intentar a su vez controlar a otros organismos.

La capacidad de acción de un organismo (y sus resultados) puede ser utilizada por otro. Un ser vivo puede aprovecharse de otro destruyéndolo y comiéndoselo (o utilizando algunas partes como ropas, adornos o herramientas). Es posible aprovecharse de otro ser vivo sin destruirlo, tomando algo de él: alimento (leche materna, secreciones de algunos insectos como la miel de las abejas), protección, calor. Y también es posible usar a otro organismo como agente, controlarlo, influir sobre su conducta, capturar parcialmente su sistema de control. Un virus, por ejemplo, captura los mecanismos de control de una célula (a la cual termina matando) para que sus ribosomas produzcan copias del propio virus.

Todo organismo es un agente que puede ser utilizado como medio o instrumento por otros agentes: su capacidad de actuar puede ponerse al servicio de los fines o intereses de otros individuos (que pueden ser compatibles o incompatibles con los propios). Esta instrumentalización o servidumbre puede ser voluntaria (libre) o involuntaria (esclavitud), simétrica (cooperación) o asimétrica (parasitismo), consciente o inconsciente.

Una forma directa y simple de control es la fuerza física bruta que permite al fuerte (amo) someter al débil que no puede defenderse (esclavo). Pero también existen mecanismos psicológicos (cognitivos y emocionales) de manipulación: persuasión, seducción, chantaje, amenazas.

La competencia entre organismos por el poder de controlar la acción da origen a una carrera de armamentos evolutiva en la cual se desarrollan de forma progresiva aptitudes para controlar y para evitar ser controlado. Los agentes más exitosos son aquellos que pueden influir sobre los demás para que actúen en su beneficio, al tiempo que se defienden de los intentos de manipulación en su contra. Los individuos pueden tener muy diferentes capacidades en este ámbito: desde los incautos ingenuos hasta los más hábiles seductores. Las técnicas de manipulación se vuelven gradualmente más indirectas, sofisticadas y sutiles para evitar el posible rechazo de los intentos directos y obvios.

Un manipulador exitoso debe conseguir que el agente manipulado se deje controlar: esto puede suceder porque no es capaz de evitarlo (no puede resistirse a la influencia ajena o ni siquiera se da cuenta de ella) o porque no quiere hacerlo. Ciertas técnicas de manipulación se basan en el engaño y la ocultación, dependen de que el sujeto no se dé cuenta de que está siendo controlado por otro. La manipulación puede implicar alterar las valoraciones ajenas, de modo que a un agente no le importa ser manipulado o incluso lo prefiere (seducción sexual, publicidad, lavado de cerebro de una secta).

Un ser vivo puede aprovecharse de lo que hace otro, de los resultados de su acción, de forma natural y espontánea, sin necesidad de comunicación, pero estas interacciones tienen un rango limitado. La disponibilidad de un lenguaje facilita enormemente la coordinación entre agentes, que pueden expresar de algún modo sus intereses, deseos u órdenes. El lenguaje puede utilizarse para describir el mundo y transmitir información, pero es fundamentalmente una herramienta de interacción y manipulación: permite dar órdenes, expresar deseos, persuadir, seducir, argumentar, explicitar normas y las consecuencias de su incumplimiento.

Necesitamos generar riqueza, no trabajo

Uno de los principales problemas que tenemos actualmente como sociedad es que nos gobierna gente cuyo principal talento es su capacidad para contentar a la mayoría. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que sus políticas favorezcan a dicha mayoría, sino que por medio de la demagogia, las falacias y la propaganda son capaces de hacer pensar a millones de personas con intereses contrapuestos que son los beneficiarios de la acción gubernamental.

Esto provoca que las ideas que predominan en la sociedad no sean las que se han demostrado útiles a sus ciudadanos, sino las que permiten a los políticos llegar al poder.

Un ejemplo de idea absurda es el mantra sobre la imperiosa necesidad de generar empleo. Se confunde el deseo de una buena parte de la población de percibir una retribución de forma estable y periódica, asegurándoles una vida confortable, con el fin último de la economía nacional. La propaganda ha calado tan hondo que incluso muchos empresarios se vanaglorian de que uno de sus objetivos principales es crear puestos de trabajo.

Por supuesto esta peculiar forma de pensar solo se aplica a la política; si cualquier persona ve a su vecino cavando un hoyo en mitad de su jardín, volviéndolo a tapar a continuación, simplemente por tener trabajo, inmediatamente pensará que está trastornado. Por desgracia el porcentaje de personas que llegaría a esa conclusión bajaría considerablemente al enterarse de que el ayuntamiento le paga por realizar dicha función generando así un puesto de trabajo.

Para conseguir que el porcentaje de entusiastas de este tipo de políticas sea aún mayor, se suele recurrir a adornar los empleos con cierto valor social. Alguien se puede oponer a pagar un sueldo por cavar hoyos para llenarnos, pero es mucho más difícil hacerlo cuando se tienen aceras nuevas o se crean sectores que supuestamente traen innovación.

El problema es que en tiempos de crisis, como el actual, no hay dinero público para pagar trabajos en los que no se cree riqueza de forma objetiva; o se emplea el tiempo en algo por el que otra persona esté dispuesta a renunciar a parte de su riqueza a cambio o no habrá forma de encontrar un empleo.

A causa de esto, los políticos optan por otra vía para no renunciar a intervenir en el proceso: incentivar la contratación, ya sea eliminando barreras puestas por ellos mismos en forma de regulaciones, reduciendo impuestos al trabajo como cotizaciones sociales o concediendo desgravaciones fiscales a las empresas que creen puestos de trabajo.

A simple vista, unas medidas que reducen impuestos y eliminan regulaciones no parecen malas. Pero si se analiza con detenimiento la realidad es otra.

La reducción de regulación para disminuir la sobreprotección de los trabajadores por parte del Estado no tiene efectos beneficiosos a no ser que una mayoría social entienda que esa sobreprotección es injusta y perjudicial. Injusta para los empresarios y trabajadores que quieran pactar sus condiciones fuera del control estatal (y sus satélites sindicales), y perjudicial para la economía en cuanto no permite la flexibilidad necesaria para tener una economía dinámica y competitiva.

Al no producirse este entendimiento, las reformas laborales no son más que un intento del gobierno de turno por evitar que la vaca se muera de hambre dejándola salir a pastar cinco minutos al día. Es mejor que nada, pero la vaca se acabará muriendo.

Lo mismo pasa con la reducción de impuestos al trabajo, o cotizaciones a la seguridad social por parte del empresario. El sistema de seguridad social es un timo piramidal. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Por lo tanto, liberar a los empresarios de pagar parte de ese timo sin reconocer que el sistema es inviable y permitir que los actuales cotizantes busquen una alternativa sensata (capitalización), es condenarnos a pagar vía IVA, o cualquier otro impuesto, las actuales pensiones y las futuras. Una vez más se intenta mantener el sistema operativo hasta que escampe, y no darle una solución real.

Por último, conceder desgravaciones fiscales a una empresa por el hecho de crear un empleo es absurdo e injusto. Absurdo porque crear un puesto de trabajo simplemente por crearlo sólo beneficia a la persona contratada. Injusto porque la economía no mejora por el hecho de que una empresa cree un puesto de trabajo, la economía mejora si un empresario es capaz de construir un modelo de negocio por el cual genere más riqueza de la que consume. O dicho de otra manera: una empresa que es capaz de ganar 10 millones de euros con 10 trabajadores es mucho más beneficiosa para la economía que otra que gane lo mismo con 10.000 trabajadores. ¿Por qué hay que premiar a la segunda y no a la primera con una desgravación fiscal?

La triste respuesta es la antítesis al título de este comentario: el Estado no quiere generar riqueza, quiere generar empleo. Y lo quiere porque su poder se basa en que millones de personas crean que su subsistencia depende de la benevolencia y capacidad de gobernar del Estado, en vez de creer en su propia capacidad de generar riqueza para vivir sin depender de nadie. De ser libres.

Predicar en el desierto: menos impuestos y menos gastos

George Stigler (1911-1991) explica en su ensayo "El economista como predicador" que para él, la predicación (aplicado a los economistas) es una clara y razonada recomendación o denuncia de una política o forma de comportamiento de los hombres o sociedades de hombres. Esta tarea que Stigler le asigna al economista no implica necesariamente que éste tenga un sistema de valores que esté dispuesto a imponer porque, como dijo en 1848 John Stuart Mill:

Un disparate (…) no deja de ser un disparate cuando hemos descubierto las apariencias que lo hicieron plausible.

Así, los economistas nos hemos dedicado a predicar eficiencia o equidad a quienes nos han querido oír. Pero lo más relevante, y triste a la vez, es la conclusión de Stigler. Los predicamentos de los economistas son bien recibidos cuando decimos lo que la sociedad quiere oír.

Esta lección ofrecida en 1981 está de plena actualidad. Cada vez más, a nuestro alrededor, brotan como champiñones predicadores proclamando los mensajes que la sociedad necesita para seguir viviendo como si no pasara nada. Así, se justifica seguir gastando como se justifica que fumar es sano: con razones sesgadas, verdades manipuladas y argumentos falaces.

La austeridad, por más que nos machaquen una y otra vez, no es una virtud de nuestro gobierno. No se ha reducido verdaderamente el gasto, no se gestiona con austeridad. Se han hecho "recortes" testimoniales, pero no se ha reducido todo lo que se podía reducir, ni un porcentaje representativo. La razón que muchos aducen es que no es suficiente, que con eso no tenemos ni para empezar. Y a continuación, nos suben los impuestos, para recaudar una cantidad con la que tampoco cubrimos el agujero de deuda. Pero ahí no ponen pegas.

Para vergüenza mía, de algunos colegas (y amigos) y de mis maestros que me han enseñado a ser honesta también como economista, la mayoría de la profesión en España predica un reblandecimiento de las medidas de austeridad, esa inexistente austeridad. En lugar de pedir restringir gastos de verdad empezando por los superfluos, fomento de la actividad empresarial, no penalización del ahorro, etc., mis colegas aconsejan gastar más en educación y sanidad, cobertura para inmigrantes sin papeles, por más que eso signifique saltarse la ley, y todo tipo de impuestos y penalidades para el loco al que se le ocurra ahorrar para invertir en este país. Y no sólo eso. Que quien tenga dinero en cuentas de fuera sea castigado igualmente. Dentro de nada van a penalizar a quien piense siquiera en montar una empresa.

La zanahoria de estos consejos, lo que atrae tanto al público es que estamos en una situación difícil, con cada vez más parados y mucha gente que pasa penuria y ha de acudir a comedores sociales. Pero, además, y sobre todo, estamos en un estado de alarma respecto a lo que viene por delante. Y es esa situación es fácil atacar al que gana dinero honestamente. Porque el que lo gana deshonestamente, no lo cuenta. Y aunque se le pille no pasa nada. Con suerte, con mucha suerte, lo devuelve y punto. Así que el lucro es el mayor de las vergüenzas de nuestra nación, incluso si es ese afán de lucro lo que puede proporcionar puestos de trabajo y rentas a quienes ahora lo pasan mal.

Por más impopular que sea hay que decir que los incentivos que estos economistas están fomentando son la vaguería y el trapicheo. Se promueve vivir a costa del otro. Algo que en otras sociedades es lo más indigno que le puede pasar a alguien, en nuestra sociedad es el pan nuestro de cada día. Y si te niegas o protestas te tachan de tonto: trinca mientras puedas. Nuestros alumnos no aprenden, pasan de curso. Los inmigrantes acuden atraídos por unos servicios que ellos no han de pagar. Los ciudadanos piden gratuidad, que, como ya sabemos, quiere decir que sean los impuestos de los demás los que financien mis necesidades. Y de esta forma, nuestra sociedad es cada vez más irresponsable y más ciega.

Para que cambiaran las cosas sería necesario, en mi opinión, empezar por el talón de Aquiles de todas las sociedades: el sistema financiero. Mientras se mantenga un sistema en el que se pueden seguir montando burbujas por razones políticas, prestando sin respaldo para salvar la cara de los gobernantes, o de la Unión Europea, o de un club de amigos banqueros, los ciudadanos no seremos nunca una sociedad civil capaz de recuperar las riendas. De esta forma, todos aprenderíamos a no financiarnos con deuda, a vivir de lo que ingresamos y a esforzarnos si queremos mejores bienes y servicios.

No sería el único paso, desde luego, pero creo que sí debería ser el primero. No tengo la más mínima esperanza de que suceda.