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De los orígenes de la ayuda exterior al desarrollo

En las últimas fechas se ha generado cierto debate en torno a la política de cooperación al desarrollo española. Los tijeretazos que ha sufrido la Ayuda Oficial al Desarrollo desde 2010, genera inquietud entre mucha gente, incluidos –por supuesto- los agentes que dependían de estos presupuestos.

Frente a la idea de reducir considerablemente la ayuda exterior, una respuesta común es que ¡por supuesto sería deseable que se acabara con ésta! Lo preferible sería un escenario en el que ésta no fuera necesaria por la ausencia de pobreza, pero –se dice-, mientras ésta exista, la ayuda exterior seguirá siendo necesaria.

Este argumento tiene algunos problemas. Primero, de incentivos: dado que la cantidad de ayuda que se necesitaría es directamente proporcional a la pobreza que existe, los incentivos pueden resultar perversos –que, por ejemplo, una organización reciba más subvención para resolver el problema X cuanto menos efectiva sea en su tarea-.

Después de más de 50 años desde que naciera el enfoque de la ayuda exterior, parece evidente que los problemas de incentivos han sido importantes de cara a explicar el fracaso de éste (fracaso se entiende a incumplir las expectativas que se tenían).

Consideremos lo que decía el economista Walt Rostow a comienzos de los 60, uno de los más influyentes y pioneros defensores de la ayuda exterior: "se requeriría un aumento de 4.000 millones de dólares en ayuda externa para levantar toda Asia, Oriente Medio, África, y Latinoamérica hacia el crecimiento regular". Afirmó también que esta ayuda tan solo sería necesaria en un primer estadio, y que luego, cuando ya hubiera cumplido sus objetivos, simplemente desaparecería.

Una vez que nos acercamos a los orígenes de este enfoque, por el cual los países ricos debían comprometerse a dedicar recursos hacia los países del entonces llamado Tercer Mundo, conviene adentrarse un poco más en cómo y por qué surgió.

Distintos especialistas coinciden en datar estos orígenes en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, época en la que apareció un nuevo orden internacional caracterizado principalmente por la Guerra Fría y el bipolarismo de las relaciones internacionales. En concreto, fue el punto cuarto del discurso inaugural del presidente estadounidense Harry S. Truman el 20 de Enero de 1949, lo que puso de manifiesto los principios fundacionales de lo que podría denominarse la filosofía de la ayuda occidental al desarrollo:

"debemos embarcarnos en un nuevo y atrevido programa… para la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas […] Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y las destrezas para aliviar el sufrimiento de estas poblaciones (las que viven en condiciones cercanas a la miseria)".

William Easterly (en The White Man’s Burden) relaciona el inicio de la ayuda exterior con los anteriores intentos por parte de Occidente (principalmente, el colonialismo aderezado con dosis racistas) de transformar e influir sobre el resto del mundo. Persistió la fatal arrogancia de los países occidentales:

"Desde el principio, los intereses de los pobres tuvieron poco peso comparado con la vanidad de los ricos. La Carga del Hombre Blanco surgió de la fantasía autocomplaciente de Occidente de que "nosotros" éramos los elegidos para salvar al Resto (pobre)".

El enfoque de la ayuda externa que inauguró Truman tenía cambios en el lenguaje y en el pensamiento, pero mantenía las esencias principales de la anterior actitud –es decir, la vena paternalista y coercitiva-, sostiene el economista de la Universidad de Nueva York.

En realidad, los objetivos de Truman, como principal líder del bloque occidental en la época, estaban lejos de ser desinteresados. La ayuda pretendía ser un instrumento de la política exterior y de estrategia geopolítica de los Estados Unidos. La idea que estaba detrás era que de esta manera, los países pobres (muchos de ellos surgidos del proceso de descolonización) se servirían del apoyo del bloque occidental y permanecerían al margen de la influencia de la Unión Soviética. De alguna manera, la reducción de la pobreza era más un medio que un fin en sí mismo.

En este sentido, la opinión de la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad (desde un prisma neomarxista), resulta interesante. Sostienen que, desde su nacimiento en los primeros compases de la Guerra Fría, la cooperación para el desarrollo ha servido en gran medida como instrumento de dominación política, soporte ideológico, instrumento para influir en las políticas de los gobiernos receptores, elemento de política exterior tendente a apoyar la seguridad del país donante o como una manera de canalizar productos del Norte hacia el Sur, dado que buena parte de estas ayudas obligaban a los países receptores a adquirir productos de los países donantes.

En la actualidad, se reconoce abiertamente que la política de cooperación para el desarrollo puede ser un arma importante de política exterior para los estados ("soft power"), lo que es totalmente consistente con los orígenes de aquélla.

Conviene tener esto presente para no caer en perspectivas ingenuas sobre la ayuda al desarrollo.

El triunfo del capitalismo

El Banco Mundial ha publicado este viernes el informe Indicadores Mundiales de Desarrollo 2012. La propia institución mira los datos que recaba en relación con lo que llamó, en su momento, los Objetivos del Milenio. Son ocho objetivos, el último de los cuales es crear un gobierno económico mundial, del que la propia institución, claro está, no quedaría muy lejos. El primero es el más importante: Reducir la pobreza extrema y el hambre. Y el BM marcó objetivos precisos en cantidad y plazo: reducir ambas realidades a la mitad desde el año de partida, 1990, y 2015.

El informe de 2012 sólo tiene datos hasta 2008, aunque cuenta con datos provisionales hasta 2010. Los datos son relevantes en sí mismo, ya que la reducción de la pobreza en el mundo es el primer problema al que nos enfrentamos. Y también son relevantes para observar en qué medida contribuye el capitalismo a la reducción de la pobreza. ¿Qué dicen los datos? Mirémoslos en conjunto. Trazada la línea de la pobreza extrema en 1,25 dólares al día (dólares constantes de 2005 y en paridad del poder de compra), en 1981 el 52,2 por ciento de la población quedaba por debajo de ese umbral. En 1990, que es cuando se fija el punto de partida de los objetivos del milenio, era ya nueve puntos inferior: el 43,1 por ciento de la población mundial. Cayó otros nueve puntos en nueve años (34,1 por ciento en 1999) y doce en los nueve siguientes (22,4 por ciento en 2008, último año para el que hay datos completos).

El Banco Mundial dice que “Medidos contra los puntos de partida de 1990, el progreso se ha acelerado en la última década, arrancando a millones de personas de la pobreza, llevando a millones de niños a la escuela y reduciendo drásticamente la pérdida de vidas humanas debida a causas que se pueden prevenir”. Lo cierto es que en 2008 casi se logra el objetivo de reducción de la pobreza extrema, que se esperaba para 2015. Pero además, “las estimaciones preliminares de 2010 muestran que la tasa de pobreza extrema cayó aún más, con lo que ha alcanzado el objetivo global (…) de reducir la pobreza mundial cinco años antes”.

Siempre se señalan otros aspectos de la vida que indican carencias. Son aspectos distintos de la pobreza, y a medida que ésta va remitiendo esos otros problemas también lo hacen. Por ejemplo, la mortalidad en los países en desarrollo ha pasado de 98 por mil nacimientos a 63 en 2010.

Pero la incidencia del capitalismo en la pobreza se ve aún mejor si miramos la evolución por regiones. La que más ha cambiado en las últimas décadas en el sentido de que es la que más ha abrazado el capitalismo es el extremo oriente (Asia oriental y Pacífico, en la terminología del Banbco Mundial). Y, congruentemente, es la región donde más ha descendido la pobreza: de cerca del 80 por ciento en 1981 (el 77,2) al 14,3 por ciento en 2008 (del 84,0 al 13,1 en China). La región más orillada por la globalización, la que más se ha mantenido al margen del comercio internacional, es el África Subsahariana. Más o menos hasta el cambio de siglo, a partir del cual África ha empezado a abrirse más rápidamente al mundo. El índice de pobreza es más alto en esta parte del mundo que en cualquier otro. E incluso aumentó del 51,5 por ciento en 1981 al 59,4 por ciento en 1993, y desde entonces ha ido cayendo, lentamente, hasta el 57,9 por ciento en 1999. Y desde entonces, más rápidamente hasta el 47,5 por ciento en 2008.

En definitiva, año a año se confirma que el capitalismo está rescatando de la pobreza a millones y millones de personas, y a una velocidad desconocida en la historia. La mejora es una aspiración legítima de la humanidad, y el progreso material no sólo es bueno por sí, sino que está asociado a otros bienes morales que también consideramos valiosos. El capitalismo, la economía de mercado, la producción libre y el libre intercambio, están en el centro de esa ingente transformación del mundo que se está produciendo tan lejos de donde vivimos.

Prostitución y trata de personas: no es lo mismo

Solemos escuchar y leer en los medios de comunicación noticias acerca de la prostitución y la trata de personas. Noticias en las que chicas son obligadas a prostituirse en contra de su voluntad. Estos sucesos nos conmueven fuertemente, como no puede ser de otra forma. Pero en la mayoría de las ocasiones se aprovechan este tipo de noticias para llegar a la conclusión de que la prostitución supone la esclavitud de las mujeres que la practican y, por tanto, debe ser condenada.

Considero que aquí se comete un grave error: confundir e identificar la trata de personas con la prostitución como actividad profesional.

Me explico. La prostitución, como tal, es simplemente el intercambio voluntario de servicios sexuales a cambio de dinero. La relación entre prostituta y cliente se establece porque ambos creen subjetivamente que saldrán beneficiados con el intercambio.

Sin embargo, la trata de blancas es la trata de seres humanos con fines de explotación. Y esta explotación puede ser sexual, laboral, a base de trabajos forzados, mediante la retirada de órganos o de otro tipo de esclavitud. Por tanto, lo condenable debe ser la trata y esclavitud de personas (que puede derivar en esclavitud sexual aunque no siempre), pero no la prostitución como profesión laboral.

De hecho, es un error tremendo llamar prostitución (actividad voluntaria) a lo que debería denominarse esclavitud sexual (actividad forzada y coactiva). Sería igual de absurdo condenar la fabricación textil simplemente porque un día descubrimos que una serie de inmigrantes chinos estaban siendo explotados en un taller textil clandestino. ¿Por qué en el caso de la prostitución no utilizamos la misma lógica?

La prostitución, que por definición es libre y voluntaria, no es condenable. Forma parte de la libertad individual de las personas el decidir practicar sexo a cambio de dinero. No viola los derechos de nadie, por lo que nadie tiene el derecho de inmiscuirse y prohibir un acuerdo voluntario y libre entre dos personas. Ninguna opción moral concreta justifica la prohibición y la ilegalización de la prostitución. En este sentido, la posibilidad de prostituirse es un derecho humano. La prostituta tiene todo el derecho de explotar su cuerpo como quiera.

Lo que sí es condenable y debe ser perseguido es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Es fácil ver, por tanto, que la diferencia entre prostitución y trata de personas es total, y la relación entre ellas es nula.

Algunas distorsiones del impuesto sobre sociedades

A la hora de analizar los efectos económicos de impuestos como el de sociedades, no solo es conveniente acudir al tipo impositivo nominal o el efectivo. También resulta oportuno conocer cómo se determina y administra este tipo de impuesto, especialmente en lo que se refiere a los mecanismos de deducciones y créditos fiscales, para averiguar cómo distorsiona la actividad empresarial mucho antes de hallar la cuota tributaria y transferirla al gobierno. Entre las distorsiones, nos encontramos, por ejemplo, que el impuesto sobre sociedades provoca un mayor endeudamiento de las empresas –agrandando las expansiones crediticias- y una sobrevaloración fiscal de sus beneficios con la consiguiente sobreimposición de los mismos y la descapitalización de los balances.

Tal como tradicionalmente están configurados, este tipo de impuestos tienen un claro efecto sobre la estructura financiera de las empresas. Al permitir la deducción de los gastos financieros pero no la deducción de los dividendos, favorecen el endeudamiento en detrimento de los fondos propios –sin contar con que los beneficios tributan doblemente, primero en sede de la empresa y luego en el Impuesto sobre la Renta de quienes los reciben en forma de dividendo-. Esta discriminación, además, favorece y amplifica el recurso al apalancamiento en una expansión crediticia que, si no es respaldada por ahorro real, termina desembocando en crisis.

Por otra parte y relacionado con lo anterior, existen otro tipo de consideraciones que distorsionan nuevamente la estructura financiera de las empresas. Así, dado que contablemente no se tiene en cuenta el coste de oportunidad del capital empleado en la empresa que proviene de los accionistas o propietarios, el propio impuesto tampoco lo considera como menor beneficio. Ello provoca sobrevalorar los beneficios fiscalmente y una mayor deuda tributaria. Como consecuencia, se desalienta la reinversión de los beneficios y el emprendimiento de nuevos proyectos empresariales.

Las amortizaciones son otro ejemplo de cómo este impuesto distorsiona la economía, no solo extrayendo de la empresa una parte de su renta sino modificando la toma de decisiones del empresario. Una de las funciones económicas de la amortización es incorporar al coste de un producto la depreciación del valor de un bien de capital. ¿Qué ocurre cuando las leyes fiscales fijan una amortización deducible de un activo inferior a la que considera el empresario? Que el impuesto considera que ese determinado proyecto empresarial, con su específica combinación de activos, es fiscalmente menos costoso. Esta sobrevaloración fiscal de los beneficios hace que la carga tributaria sea superior, descapitalizando más fuertemente a las empresas más intensivas en bienes de capital -cuya depreciación estimada por el empresario es superior a como lo dictan las leyes fiscales-.

Otra de las funciones de las amortizaciones es la de asegurar una fuente de financiación para la empresa con la que invertir en nuevos activos, o procurarse la reintegración, recuperación o devolución del capital invertido en la adquisición de ese activo. En una economía con una inflación crónica, permanente, esta función se desvirtúa y pierde su efectividad. La razón estriba en que la amortización fiscal se calcula teniendo en cuenta el coste del bien cuyo precio, cuando se reponga, será superior a causa de la inflación. Si no se permite la deducción fiscal, vía amortización, de ese mayor fondo necesario para sufragar los mayores precios de los activos, se está considerando, de nuevo, un beneficio fiscal superior al económico. Como consecuencia, el impuesto llamado inflación y el de sociedades actúan conjuntamente sobrevalorando el beneficio, es decir, imponiendo una mayor carga fiscal a la empresa, descapitalizándola o empeorando su liquidez.

La conjura de los necios. Posible quiebra y deconstrucción nacional.

Asistimos a una conjura de necios en asuntos económicos y políticos. La mayoría de líderes políticos parecen ser incapaces de identificar las causas del crecimiento económico. Aún más grave es la aparente incapacidad de una gran parte de la casta de pensar con un mínimo de sentido de Estado ante los problemas de organización territorial de España.

1. Posibilidad de quiebra financiera de España.

Como señala el resumen del estudio “Large changes in fiscal policy: taxes versus spending” (Alberto Alessina & Silvia Ardagna, 2009), de la Universidad de Harvard, cuando se analizan los datos de las políticas efectuadas para combatir las crisis económicas en los países de la OCDE desde el año 1970 hasta el 2007, se obtienen los siguientes resultados:

Los estímulos fiscales basados en reducciones de impuestos tienen una probabilidad mayor de aumentar el crecimiento que los basados en aumentos del gasto. En cuanto a los ajustes fiscales basados ​​en recortes de gastos y sin aumentos de impuestos tienen una mayor probabilidad [86.22%] de reducir el déficit y la deuda en relación con el PIB que los basados en los aumentos de impuestos. Además, los ajustes por el lado del gasto, en lugar de por el lado de los impuestos, son menos propensos a crear recesiones.

Por ello, ante las evidencias académicas, resulta decepcionante comprobar como el nuevo Gobierno está realizando un recorte presupuestario insuficiente, que queda lastrado con erróneas subidas de impuestos, que van en contra de los Principios del Crecimiento Económico, cuando existe la posibilidad de no subir los impuestos mediante la realización de nuevos recortes en muchas partidas de gasto público que son superfluas y ociosas.

Especialmente, decepciona comprobar la política económica del Gobierno, porque no plantea una imprescindible reforma del estado de bienestar (sanidad y pensiones incluidas), que es esencial porque España está intervenida de facto. Es decir, la deuda pública de España no está siendo comprada por los fondos de inversión extranjeros y su riesgo de “default” está siendo asumido por los bancos y cajas españoles con los préstamos del Banco Central Europeo. Y, en economía, el tiempo cuenta, y mucho, cuando un país afronta un riesgo elevado de suspensión de pagos y necesita sanear con rapidez sus cuentas públicas.

Habiendo dicho lo anterior, conviene recordar que la situación de prima de riesgo que tiene la deuda de España, estando ahora situada por encima de la deuda Italiana, no tendría que ser así, en el caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviese aplicando una política económica estrictamente liberal con reducciones de gasto público y sin subidas de impuestos.

Si observamos el cuadro del “Credit Outlook 2012” que elaboró Deutsche Bank con fecha 12 de diciembre de 2012, la posición de España es mejor que la de Italia, Francia y Bélgica en cuanto al volumen en % PIB de colocación de letras, bonos y obligaciones en los años 2012 a 2014:


 

ITALIA

ESPAÑA

BÉLGICA

FRANCIA

Año 2012

375.100 mill. €

147.300 mill. €

72.100 mill. €

298.700 mill. €

Año 2013

204.700 mill. €

94.900 mill. €

40.800 mill. €

162.800 mill. €

Año 2014

166.300 mill. €

75.600 mill. €

36.500 mill. €

129.100 mill. €

Total 2012-14

746.100 mill. €

317.800 mill. €

149.400 mill. €

590.600 mill. €

Total % PIB 2012-14

47,6% PIB

28,6% PIB

41,1% PIB

29,8% PIB

Fuente: Credit Outlook 2012. Página 16. Deutsche Bank.

Tabla con las necesidades de colocación de deuda pública en los años 2012 a 2014.

Esto significa que si el Gobierno aplicase un ajuste fiscal muy fuerte, centrado sólo en la reducción del gasto público, sin subidas de impuestos y con reformas estructurales de hondo calado, los inversores internacionales confiarían en España y el nivel de prima de riesgo de la deuda pública volvería a niveles soportables por nuestra economía. Por supuesto, siempre que el Gobierno supiese comunicarse, adecuadamente, con un único mensaje: sin tibiezas, serio y contundente.

Seguramente, habría un decrecimiento más pronunciado en España este año 2012 pero, sin duda, la recuperación económica sería más rápida y se produciría mucho antes de las siguientes elecciones generales. Y, sobre todo, se evitaría el actual incremento de la prima de riesgo, que está siendo fomentado por los líderes franceses (Nicolás Sarkozy y Christien Lagarde) e italianos (Mario Draghi y Mario Monti), para alejar el foco de atención del mayor volumen de colocación de deuda pública que afrontan tanto Francia como, muy especialmente, Italia.

2. Posibilidad de deconstrucción nacional de España.

En un momento tan crítico como el que atraviesa España, es importante que el Gobierno logre retomar la senda del crecimiento económico porque afecta al ámbito político para poder afrontar con garantías de éxito los desafíos secesionistas que se plantearán a partir del año 2013 en el País Vasco y en Cataluña, dado que los políticos nacionalistas intentarán alcanzar la independencia aprovechando la crisis económica (y las facilidades otorgadas por la miríada de políticos necios) para intentar imponer la demagogia, las movilizaciones sociales y las políticas de hechos consumados , con las cuales medrar una mayor cuota de poder sobre la ciudadanía de ésas regiones.

Al fin y a la postre, el “café para todos” que impulso el ex Presidente Adolfo Suárez se ha revelado como un error institucional que significó crear 17 nuevas entidades políticas, sin competencias estables y fijas, que vienen reclamado cuotas de poder cada vez mayores. De modo poco inteligente, se incrementó el gasto público autonómico con más competencias, más funcionarios y más tramas de intereses y corrupción regionales.

La desvertebración, el despilfarro y la corrupción territoriales se dispararon en los gobiernos de Felipe González. Y, paradójicamente, el ex Presidente José María Aznar que logró reconducir la situación económica mediante recortes presupuestarios, rebajas de impuestos y mayor libertad económica, cometió el error de ceder sanidad, educación y justicia a las autonomías, lo que significó que el gasto público de ésas competencias aumentase más de un 20% (per capita) hasta 2011.

Sin embargo, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el que, además de endeudar y destrozar la economía del país, impulsó la deconstrucción de España, primero mediante la aprobación de un Estatuto de Cataluña “inconstitucional” y, segundo, mediante el impulso de una hoja de ruta para negociar e integrar el terrorismo en las instituciones y, de este modo, posibilitar la posible autodeterminación del País Vasco y Navarra a cambio de la rendición del Estado de Derecho frente a la violencia organizada.

3. Conclusión.

Pues bien, esperemos que el actual Presidente Mariano Rajoy entienda con claridad tanto el desafío económico como el reto político que le han legado sus antecesores en el cargo, dado que son asuntos que no admiten más demora y son su particular cita con la historia.

Por un lado, los fondos de inversión y las agencias de calificación no le perdonarán más errores económicos como al ínclito contador de nubes, porque nuestra economía debe colocar 300.000 millones para cubrir los vencimientos de deuda pública y otros 100.000 millones € de deuda privada de bancos y cajas.

Si el Gobierno falla en el empeño de ajuste fiscal con más subidas de impuestos, habrá una estancamiento económico o , en el mejor de los casos, una recuperación muy lenta siempre que el BCE sigue prestando dinero a los bancos y cajas españoles para su financiación y para apuntalar el Euro como moneda fiduciaria común, a cambio de que realicen ”carry trade”. O bien, aunque menos probable, habrá una quiebra financiera de España con su salida de la zona Euro y serán el FMI, el BCE y la Comisión Europea los que impondrán recortes draconianos y reformas que se dejarían sentir en la economía durante, al menos, dos generaciones de españoles.

Por otro lado, los nacionalistas presionarán al máximo hasta el punto de que probablemente deba decidirse la aplicación del artículo 155 CE para frenar el secesionismo totalitario y la reforma del artículo 148 CE para fijar las competencias de las comunidades autónomas.

Si el Gobierno yerra en contrarrestar los intentos secesionistas [1][2], habrá una posible ruptura de España en mini-naciones, con regímenes no precisamente liberales y con un incierto y difícil pronóstico geopolítico y económico, donde nuestros “socios” europeos serán los primeros en apoyar una fragmentación de la nación española, para controlar mejor las decisiones políticas en Europa y favorecer sus propios intereses nacionales.

Por todo lo anterior, esperemos logre despertar el Gobierno de su sueño socialdemócrata y escuchen las recomendaciones liberales que les llegan desde su propio partido, porque sólo el éxito en la economía proporcionará la estabilidad social necesaria para poder contrarrestar políticamente la próxima ofensiva nacionalista.

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¿Se desmarca Francia de Europa?

Durante los últimos años, la política francesa ha estado dominada por Nicolás Sarkozy. Representante de la derecha, llegó al poder en un momento en el cual Europa (y la UE) estaba más dividida ideológicamente que actualmente. Él ha tenido el protagonismo absoluto mientras el socialismo francés se desangraba por una lucha de egos en la cual nos hemos encontrado desde el enfrentamiento político entre ex parejas sentimentales (Francois Hollande vs. Segolene Royal) hasta el cúmulo de escándalos encadenados por Strauss-Kahn que le han apartado, en última instancia, de la carrera presidencial.

Sarkozy durante su mandato puso fin a determinados "vicios políticos" que habían mostrado sus antecesores, particularmente Mitterrand y Chirac, destacando por encima de todos ellos el antiamericanismo. Asimismo, mantuvo fielmente el vínculo con la Alemania de Ángela Merkel y con respecto a Reino Unido, a pesar de las discrepancias observadas a nivel de la UE, no lo despreció como socio, sino todo lo contrario, cuando las cuestiones de defensa estaban de por medio.

En efecto, en temas de seguridad, Sarkozy se ha alejado del buenismo que caracteriza a la izquierda francesa, tan dada tanto a hablar de multiculturalismo (pero no a definirlo) como a poner a su país como ejemplo de integración entre comunidades de inmigrantes.

En plena campaña electoral, Sarkozy ha sido "políticamente incorrecto" y no ha tenido reparos en comparar a "su Francia" con España en lo que a la economía se refiere. Para ello ha hablado de recortes (palabra que, por otro lado, según a quién, le produce sudores fríos) cuando simplemente implican poner coto al intervencionismo, esto es, al despilfarrado desmedido, algo en lo que España entre 2004-2011 ha sido, desgraciadamente, ejemplo.

Consecuentemente, Sarkozy insiste una y otra vez en la necesidad de sanear la economía, por poco agradable que pueda resultar esta premisa para el votante. Mientras tanto, Hollande opta por un mal entendido nacionalismo y desafía a la UE. ¿No quedamos en que Francia era el motor y corazón de Europa?

Esta crítica hacia nuestro país, despiadada en algunas ocasiones pero real, ha tenido la respuesta vociferadora y sin argumentos por parte de los socialistas de ambos lados de los Pirineos. Por eso, no debemos rechazar (o más bien deberíamos afirmar) que el triunfo de Hollande sea festejado por el PSOE como algo propio, siguiendo así la constante histórica de nuestro socialismo como es su deseo de asimilarse/mimetizarse con el francés.

Parece que en una segunda vuelta, Sarkozy sería el perdedor frente al socialista Hollande, político de perfil bajo que lidera un partido donde los excesivos personalismos parecen silenciados, aunque no es descartable que, ante una hipotética llegada al Elíseo, reaparezcan.

Por tanto, cabe preguntarse si Francia se ha vuelto socialista y reniega de los años de Sarkozy. La respuesta está más bien en otro hecho que no debemos perder de vista: las diferentes izquierdas que se presentan a estas elecciones. Así, aunque Hollande es el único con opciones reales de acceder a la segunda vuelta, los Jean Luc Melenchon o Eva Joly pueden jugar sus cartas a la hora de orientar a sus votantes. A ellos habría que atribuir un porcentaje muy importante de ese triunfo final y, en consecuencia, a las decisiones que el Presidente (Hollande) tomase.

En este punto, el último en sumarse a dar su punto de vista sobre estas elecciones ha sido Rafael Correa. Ha apoyado, vía carta, a Melenchon, y aunque es poco probable que el electorado galo conozca quién es realmente el Presidente ecuatoriano (y mucho menos, la forma en que acostumbra obrar), es un dato significativo de la naturaleza del votante del Frente de la Izquierda.

Por todo ello, prestemos atención a lo que suceda el 6 de mayo. No habrá un ganador individual, sino un proyecto, en el caso de Hollande, compartido por varias familias y éste, haciendo un guiño a todas ellas, ya habla de "una Francia más fuerte que los mercados". Buena frase de marketing pero ¿qué implica?

Evadir impuestos es un acto en legítima defensa

El Gobierno del Partido Popular acaba de aprobar el plan de lucha contra el fraude fiscal más liberticida y sancionador de la historia de la democracia con el mero objetivo de aumentar la recaudación para reducir el déficit público. Entre otras medidas, prohíbe los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros; obliga a informar a Hacienda de todas las cuentas y valores situados en el extranjero; endurece de forma sustancial el régimen antifraude en materia de sociedades; y eleva hasta extremos insospechados las sanciones y multas a aplicar.

Lo más aberrante del citado plan radica, sin duda, en la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas en el extranjero, de modo que Hacienda se arroga la potestad de perseguir de por vida a los defraudadores -algo inédito y claramente inconstitucional-. El incumplimiento de esta obligación conllevará, además, un régimen sancionador propio a razón de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros. Igual de sangrante son las medidas encaminadas a facilitar el embargo preventivo de rentas y bienes, evitar el retraso en los pagos, la extensión de la responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas o el aumento de las sanciones por "resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras".

Las multas estipuladas oscilarán entre los 1.000 y los 100.000 euros cuando el sujeto no desarrolle actividades económicas (particulares) y de 3.000 a 600.000 euros en caso de profesionales y empresas.

El ministro Montoro acaba de declarar en España un Estado policial en materia tributaria, ya que el contribuyente es tratado como un delincuente a priori -mientras no se demuestre lo contrario- y es calificado como un criminal de la peor calaña, hasta el punto de establecer la imprescriptibilidad del delito fiscal cometido en el exterior, lo cual no se aplica ni a lo peores asesinos y violadores. El Plan Antifraude del PP es muy similar al propuesto por los comunistas de Izquierda Unida. El Gobierno de Rajoy demuestra así, una vez más, su espíritu netamente socialista al adelantar de nuevo por la izquierda al mismísimo PSOE.

El intervencionismo popular ignora por completo el trasfondo de la problemática. Esta persecución cuasi totalitaria del fraude fiscal no sólo no logrará los objetivos pretendidos, reducir el déficit, sino que acentuará aún más si cabe la denominada economía sumergida. Y es que, la existencia de un elevado volumen de dinero negro en España no radica, precisamente, en la ausencia de un exigente y duro régimen sancionador sino en la aplicación de una de las cargas fiscales más altas y farragosas del mundo desarrollado.

La presión fiscal que sufren los trabajadores superaba ya en 2009 la media de los países ricos. Según el informe Taxing Wages de la OCDE, tan sólo IRPF y Seguridad Social restan a los españoles el 38,2% de su renta anual, una cuantía que sumada al pago de IVA e Impuestos Especiales asciende, ni más ni menos, que al 47%. Es decir, el Estado se queda casi con la mitad del sueldo de los empleados. Este latrocinio institucional, lejos de reducirse, ha aumentado de forma sustancial desde entonces gracias al aumento de impuestos aprobado por PSOE y PP durante la crisis: IRPF, Impuesto de Sociedades, IBI, IVA, Impuestos Especiales, Impuesto de Patrimonio, tributación sobre el ahorro, tasas y tributos a nivel municipal y autonómico… Como resultado, España es hoy uno de los países con mayor carga tributaria del mundo desarrollado pese a contar con una renta per cápita de nivel medio, de forma que el esfuerzo fiscal a realizar es, simplemente, mayúsculo. No en vano, no es lo mismo que el Estado robe el 50% a una renta de 50.000 euros al año -dejando libre 25.000- que a una de 30.000 -permitiendo que el contribuyente disfrute apenas de los 15.000 restantes-.

La situación no es muy diferente para las empresas. Según un estudio de PwC y el Banco Mundial, las compañías nacionales pagan casi el 39% de impuestos sobre sus ingresos netos, lo cual condena a España al puesto 90 del ranking mundial en tributación corporativa. Además, las empresas tienen que hacer frente a una media de ocho pagos tributarios diferentes al año frente a los tres que soporta, por ejemplo, un empresario en Hong Kong, o los cuatro de Georgia o Suecia. Así, no es de extrañar que tengan que dedicar unas 187 horas de trabajo para cumplir con los trámites fiscales que exige el Fisco frente a las escasas 59 horas que invierten los empresarios de Luxemburgo, las 63 de Suiza o las 76 de Irlanda.

Visto lo visto, es del todo lógico que muchos contribuyentes españoles opten por evadir impuestos refugiándose en la tan denostada economía sumergida, ya que el beneficio de defraudar a Hacienda supera en mucho el coste que acarrea cumplir escrupulosamente con el pago de impuestos y el riesgo de sufrir una sanción como resultado de una inspección. El Gobierno trata de combatir ahora este fenómeno elevando los controles y multas a aplicar, lo cual tan sólo agravará el problema. No en vano, encarecer impositivamente el tabaco deriva en un incremento del contrabando, mientras que prohibir directamente la prostitución y la venta de droga o alcohol (Ley Seca en EEUU) acarrea la creación de un mercado ilegal dominado por las mafias, la violencia y un servicio de ínfima calidad. Basta observar el sustancial mercado negro existente en las economías muy intervencionistas o planificadas (Cuba o la antigua Unión Soviética) para percatarse de la inutilidad y contraproducentes efectos de este tipo de medidas. De hecho, tampoco hay que irse muy lejos: millones de familias sobreviven gracias a la economía sumergida que opera en España; combatir este nicho mediante más controles y sanciones sólo condenará a vivir en la indigencia a miles de personas.

La solución es justo la contraria: reducir de forma sustancial la fiscalidad y los trámites para que el pago de impuestos resulte menos costoso que el incumplimiento de la legalidad, y no al revés como sucede hoy día. Los refugios fiscales son, en este sentido, el ejemplo a imitar (ver sus características aquí, aquí y aquí). El fraude es algo inexistente en estos países y, además, su baja tributación permite atraer capital y, como resultado, disfrutar de uno de los niveles de vida y desarrollo más altos del mundo.

Evadir impuestos en economías con un elevado volumen de expropiación tributaria, como es el caso indudable de España, no sólo es algo razonable económicamente hablando sino también legítimo desde el punto de vista moral. Constituye, ni más ni menos, que un acto en defensa propia contra la brutal agresión que ejerce el Estado al apropiarse de forma injustificada con un porción muy sustancial de la riqueza que generan los individuos y las empresas. Al igual que sucede en los países comunistas, en donde eludir la legalidad es una cuestión de supervivencia, la evasión de impuestos injustos es una reacción natural al vil latrocinio que aplica el Estado español.

Artículo 20 del Código Penal: 

Están exentos de responsabilidad criminal: 

[…] 

4. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

1. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes […]

2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

3. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

La lucha del Leviatán

Ahora que los ciudadanos europeos ya estábamos disfrutando de la tercera generación de derechos y caminábamos decididos a la conquista de la cuarta generación, han tenido que llegar los Mercados a reclamar lo que les debíamos a aguarnos la juerga. No es extraño que los mercados sean el enémigo número uno del pueblo, son los aguafiestas que ya no prestan dinero para mantener el pan y circo 2.0. al que nos habían acostumbrado. Sin dinero no se puede hacer política, no al menos la que depende de subvencionar toda actividad y prometer a todo ciudadano, desde electricidad barata en cualquier punto de un país hasta garantizar el derecho al paisaje.

Los hechos han arrollado las ilusiones -que no derechos- sociales y por un instinto básico de supervivencia el propio Estado procura racionalizar sus cuentas recortando aquí y allá sin llegar a profundizar en nada. El objetivo de las reformas no es cambiar la forma política sino garantizar su viabilidad. Como párasito que vive de la actividad privada incrementa los impuestos esperando recaudar más sin reparar en que la gallina de los huevos de oro que es el capitalismo dejará de poner huevos en cuanto se sienta acorralada y no quedará riqueza que expoliar. Y cuando la actividad económica deje de producir y por tanto no haya impuestos que recaudar solo quedará desplumar la gallina y comerla.

No obstante, cuando la economía real soporta un exceso de gravámenes en forma de impuestos el ingenio encuentra otros caminos en los que también tiene cabida la picaresca. No hay sector que esté sobrerregulado en el que se den formas alternativas de negocio calificadas como mercado negro. La realidad tiende a salirse de los raíles que marcan los burócratas y encontramos ejemplos de alternativas dentro de la ley no previstas o fuera de la misma que consiguen sobrepasar los límites impuestos. Son las externalidades negativas de las regulaciones las que descuadran las cuentas simples de los políticos que son incapaces de preveer las acciones complejas de los individuos.

Si no fuera por el drama que mucha gente está sufriendo podríamos frivolizar con la clase de política práctica que estamos viviendo. Tras años de expansión y endeudamiento incontrolado asistimos a un teatro inaudito en el que los actores que nos gobiernan intentan enmendar con múltiples medidas las irresponsabilidades perpetradas hasta la fecha. En el intento se acometen reformas contradictorias entre sí con la esperanza de que un cultivo de brotes verdes ofrezca una cosecha abundante que pueda saciar el apetito del monstruo. La lucha del leviatán estatal por su supervivencia no ha hecho mas que empezar; vayan tomando asiento o preparen las maletas, ustedes deciden.

Rajoy, atrapado en sí mismo

El pasado 20 de noviembre los españoles huyeron de la nefasta gestión que de la crisis hizo Zapatero echándose en brazos de Rajoy. Las esperanzas de cambio que los españoles depositaron en este han sido mal leídas por el líder conservador y, en lugar de acometer un plan de ajuste realmente serio y profundo, ha consentido en salvaguardar los privilegios de determinados intereses y en conservar intactos algunos de los peores presupuestos ideológicos de la España de la transición.

Tanto es así que la situación de España apenas se ha modificado respecto de la que se había heredado. Aún es posible decir más: dado que las reformas no se acometen en serio y que el paso del tiempo supone aumento del deterioro, las perspectivas son, incluso, peores.

La necesaria reforma del mercado laboral, digna de llamarse así a diferencia de lo que había sido decidido por Zapatero, llega, ciertamente, pero sin los cambios complementarios en otras áreas. Parece que el pecado político de ver causas únicas en fenómenos complejos sigue sin curarse. La flexibilidad de las relaciones entre empresarios y trabajadores es una condición necesaria, sin duda, pero insuficiente.

La ideología profunda y hegemónica en España, heredada del franquismo más social, sigue dominando las mentes de la mayoría de los españoles. La función empresarial es denostada con una frecuencia e impunidad lamentables. Y léase que no digo "los empresarios", sino la función que han de llevar a cabo en un entorno de libertad y asepsia gubernamental. La única tarea empresarial que se elogia y fomenta desde hace muchas décadas es la del cazarrentas, sea banquero, sea industrial, sea "creador cultural"; y puestos a cazar rentas, sin duda, los sindicatos, superan a esos otros empresarios.

Con todo ese entorno de grupos de presión, Rajoy nada ha hecho. No ha querido entrar a recortar las finanzas autonómicas pudiendo hacerlo. Preso de los grupos de presión que existen en las autonomías, y cuyos defensores son tanto socialistas como "populares", no ha querido entrar en cómo están gastando las autonomías el dinero de todos. Las estructuras regionales tienen un coste altísimo, de tal guisa que puede decirse que el todo es menos que la suma de las partes. Los dispendios autonómicos hacen de servicios públicos como la educación y la sanidad un conjunto hipertrofiado.

Pero Rajoy no quiere saber nada respecto a tocar el sistema de competencias y financiación de las autonomías. Alternativas tiene muchas. Todas ellas habrían de pasar por la ineludible necesidad de liberalizar la prestación de servicios públicos. Y desde el punto de vista de la administración estatal le caben dos opciones, aunque no optará, claro está, por ninguna. Podría impulsar un proceso de federalización de España incorporando la autonomía fiscal y la responsabilidad financiera de cada territorio, buena solución que pone a las jerarquías regionales ante sus propias responsabilidades. La otra que se plantea, incluso dentro de su propio partido, es la recentralización de la educación y la sanidad en la esperanza de que, de este modo, se gestionarán mejor los recursos.

Lo peor es que nada hace. Algunos recortes, escasos en volumen y sangrantes en cuanto que son agravios comparativos en detrimento de quienes los sufren, pero insuficientes para reordenar el papel del estado. Una izquierdista subida de impuestos que, en caso de que sirvieran (lo cual es más que dudoso) para equilibrar las cuentas estatales, desajustarán (eso lo es mucho menos) las privadas. Lo concluyente es que así no se podrá crecer y eso no habrá cuentas ni públicas ni particulares que lo soporten.

El Estado de carne y hueso

Hay mucha gente enfadada por la amnistía fiscal anunciada por Cristóbal Montoro. Afirman que es una vergüenza que el gobierno del PP perdone a los defraudadores fiscales en vez de perseguirlos y sacarles el dinero que deben a la sociedad.

Es la típica reacción del que no quiere que la realidad estropee sus creencias. Y es que es un dogma bastante aceptado que el Estado es un ente omnipotente; cualquier fallo en sus acciones se debe a alguna corrupción política que le impide desarrollar todo su potencial.

Ante esta reacción no queda otra que armarse de paciencia y volver a explicar lo obvio: es posible que entre los defraudadores haya amigos de políticos que podrán salvarse de la ira de Hacienda gracias a la amnistía de marras. Pero lo que está claro es que el grueso del dinero que se quiere blanquear ya ha escapado a las garras confiscatorias del Estado y, por tanto, la única forma que tiene el gobierno de poder echar mano a algo de ese dinero (y sobre todo, que éste vuelva a circular por su territorio) es dejando que vuelva al país por medio de este tipo de medidas.

Por supuesto esta explicación no convence al creyente y es replicada con una negación típica: si han escapado de las garras de Hacienda, que se les persiga o al menos se endurezca la vigilancia fiscal.

Desde el punto de vista del trabajador asalariado es, en cierta medida, normal pensar así. Hay que entender que a ellos su empresa les retiene el impuesto de la renta y seguridad social, el banco el porcentaje correspondiente de cualquier dividiendo o interés generado por sus activos, y las tiendas el IVA que pagan por sus productos. Si uno sólo tiene esa referencia es difícil de entender que más de 20.000 millones puedan salir del país sin pagar impuestos.

Por eso es importante explicar que el Estado no es Dios. Es simplemente una organización más, con sus propios intereses y, pese a su gran poder, sus limitaciones. Si uno es un trabajador del montón no puede hacer mucho por escapar de sus redes, salvo hacer algunas transacciones de poca monta, que generarían tan pocos ingresos al Estado que ni siquiera se molesta en controlarlas (por el momento). En cambio, una vez que has crecido lo suficiente es más fácil esquivar la acción del Estado, ya que puedes prescindir del intermediario molesto que le chive al Gran Hermano lo que ganas o dejas de ganar. Por no hablar de la contratación de los servicios de personas que saben tanto o más que los inspectores de Hacienda sobre la enrevesada fiscalidad. Y como último recurso siempre queda el voto con los pies, mucho más fácil de ejercer cuando hay un capital que te acompaña.

Por supuesto siempre queda la opción de que el Estado aumente la vigilancia sobre las figuras con más capacidad de defraudar a un nivel similar al que somete a los asalariados. Al fin y al cabo no existe más límite a su acción del que la mayoría social le imponga. Y en este caso, por desgracia, el consenso social es bastante amplio. 

Pero que el Estado pueda hacer algo no significa que le convenga hacerlo. Controlar férreamente ciertas transacciones, además de costoso, tiene como consecuencia perjudicar la economía. Y ese perjuicio, traducido a pérdida de empleo (IRPF, SS) e IVA, no es compensado por la recaudación conseguida por el otro lado.

A mucha gente esto le parece injusto. Supongo que lo mismo piensa una cebra al ver al búfalo defenderse de un león con sus cuernos y salir con vida de un ataque. Provocando que el león decida dedicarse a cazar cebras y dejarse de líos. Pero el problema no son los cuernos del búfalo, sino las mandíbulas y garras del león.

Y es que el Estado no debería cobrar impuestos sobre las ganancias. Lo que una persona, o sociedad, gana no es asunto del gobierno. Empeñarse en monitorizar nuestras transacciones para poder confiscar parte de ellas solo conduce a una clase media asfixiada por impuestos; y si se amplía la represión a las clases más altas, a la ruina completa de la economía.