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Nosotros o ellos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

No en vano, medios de comunicación y políticos suelen ser un fiel reflejo del tipo de sociedad existente en un país. La cuestión es que un mero repaso de titulares desvela con rotunda claridad que algo muy importante ha cambiado en España… ¡El Gobierno! Más concretamente su color político.

Así recogían algunos periódicos la noticia del día, referida a la exitosa subasta del Tesoro Público, tras lograr colocar en el mercado 10.000 millones de euros, el doble de lo previsto, a un coste financiero menor que en ventas equivalentes previas.

En primer lugar, los medios comúnmente asociados o más próximos al PP:

  • ABC: "Los mercados premian los ajustes de España", sobre una foto en la que llueven billetes del cielo.
  • El Mundo: "Los mercados aplauden los ajustes de Rajoy con una compra masiva de deuda".
  • La Razón: "El plan Rajoy funciona".

¿Y los de izquierdas –entiéndase PSOE–?

  • El País: "La barra libre de dinero del BCE alivia la presión sobre la deuda española".
  • Público: "La banca gana. Las entidades compran deuda española al 3,5% con dinero prestado por el BCE al 1%".

Lo relevante aquí es que los primeros no destacaron con tal rotundidad y contundencia el abrumador éxito que viene cosechando el Tesoro en las subastas de las últimas semanas, antes de que Rajoy anunciara su famoso plan de ajuste –que no es otro que subir impuestos– y, casualmente, después de que el Banco Central Europeo (BCE) reabriera su línea extraordinaria de liquidez a los bancos, mientras que los segundos obviaron, precisamente, esta última variable en las anteriores colocaciones de bonos, cuando Zapatero aún ostentaba el poder.

La clave, sin embargo, sigue siendo la misma. Es posible que el cambio de Gobierno haya podido influir algo en la percepción de los inversores hacia los bonos españoles, pero el factor fundamental sigue siendo la facilidad financiera otorgada por el organismo monetario, reabriendo así el famoso carry tradellevado a cabo en 2009 y 2010. A finales del pasado noviembre, el BCE comenzó a atragantarse con la deuda de España e Italia, desatando una creciente preocupación en los mercados que, pocos días después, fue aliviada tras anunciar que reabría el grifo de la liquidez ilimitada a tres años y a un tipo de interés del 1% (mínimo histórico). Es este nuevo balón de oxígeno a la banca, y no el ajuste de Rajoy, el que logró inflar artificialmente la subasta del Tesoro, no sólo español sino también italiano.

Por desgracia, España tiene graves déficits estructurales en materias muy diversas, pero por encima de todas destaca un denominador común: la profunda politización y partidismo que sufre el conjunto del país. La política levanta pasiones muy similares a las del fútbol, de forma que unos y otros militan con devoción en PP o PSOE, sin atender a más razones que a esas siglas como si de Madrid o Barça se tratara. Y ello, con independencia de las ideas o fundamentos ideológicos que profesan sus particulares formaciones, lo cual denota una profunda ausencia de reflexión y actitud crítica en la sociedad española.

Así, en los últimos días sorprende cómo tertulianos y votantes del PP defienden con ahínco la subida tributaria aprobada por Rajoy cuando hace apenas unos meses lanzaban pestes contra medidas similares adoptadas por Zapatero. Las siglas, no las ideas, gobiernan España, y esto es, sin duda, un motivo de grave preocupación. La crisis no se resolverá mediante eslóganes o pancartas sino a través de la implementación de medidas correctas. Y estas últimas sólo podrán fructificar a través del debate de las ideas no de los partidos. No es una cuestión de PP o PSOE sino de libertad o estatismo, liberalismo o colectivismo… Nosotros o ellos.

Corea del Norte: cuando la seguridad no está al servicio de la libertad

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las características que mejor define al gobierno de Corea del Norte es su opacidad y hermetismo. Poco se sabe de lo que acontece en Pyongyang, más allá de las periódicas agresiones que efectúa sobre su vecino del Sur o de las hambrunas que sufre la mayoría de su población, consecuencia de practicar un comunismo a ultranza. El aperturismo no está ni se le espera en el modus operandi de sus autoridades, que prefieren culpar bien a las inclemencias meteorológicas, bien a Occidente, de su precaria situación económica.

La industria militar es y será la principal en el país. Lejos de fomentar con ella la seguridad de su población, la empleará para chantajear a la comunidad internacional y para armar a otros "Estados fallidos", nunca para proteger a sus ciudadanos, sin olvidar que los beneficios económicos irán destinados a las arcas de la casta dirigente.

Con motivo del fallecimiento y entierro de "querido líder", hemos presenciado cómo las manifestaciones de "dolor" del pueblo las ha instrumentalizado el gobierno. Imágenes similares se produjeron cuando otros históricos tiranos fallecieron. La propaganda oficial norcoreana ha aprovechado el sepelio para exaltar una simbiosis (más supuesta que real) entre Kim Jong Il y los suyos. Sin embargo, a decir verdad, este régimen liberticida no goza de simpatías similares de las que sí disfruta el régimen cubano. En efecto, al contrario de lo que sucede con la Isla, en el caso de Corea del Norte no se habla con tanta intensidad de Estados Unidos como el responsable de sus males. Sin embargo, a nivel de peligrosidad Corea del Norte supera con creces a Cuba. Su poderío militar, con un ejército integrado por más de un millón de efectivos, no es un fenómeno imaginario sino un hecho real y constatable, un arma con la que amenaza en primer término a las democracias consolidadas de la región (Corea del Sur, Australia y Japón).

De igual modo, tampoco es sorprendente que otra dictadura como la china sea su gran (y casi único) valedor. Pekín es su principal socio comercial y cuando de sancionar se trata, siempre se ha mostrado tan crítico como contrario. Esta suerte special relationship pone también de manifiesto que China no es un socio fiable, especialmente desde el punto de vista de la seguridad, para la comunidad internacional. No obstante, al contrario que en China, donde sí conocemos a los principales exponentes de la disidencia (Liu Xiaobo), en Corea del Norte aquélla es una gran desconocida.

Continuando con la muerte, entierro y aclamación de Kim Jong Il, no menos significativa ha sido la reacción de aquellos países que siguen la senda ideológica del Castrismo. Chávez u Ortega sintieron de manera nada fingida el fallecimiento, aunque la contundencia de sus pésames quedó lejos de las condolencias que mostraron semanas atrás hacia Gadaffi. Por el contrario, la reacción de Estados Unidos, conocida la noticia de la muerte, fue que seguirían comprometidos con la libertad y seguridad de Corea del Sur. Ambos ejércitos harán ejercicios militares conjuntos en las próximas fechas, repitiendo la experiencia de finales de 2010.

Con todo ello, el hermetismo de Corea del Norte es su principal baza para que las cosas sigan exactamente igual. Estamos ante una dictadura hereditaria y del sucesor poco se conoce. Eso sí, como sucediera con otros regímenes comunistas del siglo XX, la maquinaria propagandística ha procedido a inflar el currículum de Kim Jong Un, cuyo alias será a partir de ahora "respetado guía", no escatimándose adjetivos para definirlo, aunque comparándolo siempre con la figura paterna. Al respecto, sin ningún tipo de rubor o de complejo, se ha dicho de él que había heredado "la inteligencia, capacidad de mando y sentido moral de su progenitor". Finalmente, otro dato que sirve para ejemplificar el continuismo, es que la cúpula militar mantendrá una función tutora sobre el recién designado sucesor.

El coste de la ciberprohibición

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Desafortunadamente, como afirma Antonio José Chinchetru, esta iniciativa empresarial no es de esperar en España. Los políticos, y la gente en general, tienden a pensar que la prohibición es el remedio a todos los males. La poca madurez intelectual, moral y económica de muchos les hace pensar que las prohibiciones son una acción necesaria para una sociedad mejor. En este caso no me refiero a las prohibiciones de imperativo ético como el robo o el asesinato, sino las que condenan estilos de vida. La realidad es que su único origen es la protección de los grupos de presión, y sus excusas mera propaganda para autojustificarse.

Las prohibiciones sobre estilos de vida no funcionan porque no hacen desaparecer la demanda real, es decir, no eliminan las ganas que tiene la gente de consumir aquel bien o servicio prohibido. La ley no es mágica. En Estados Unidos prohibieron el alcohol en los años 20 y solo trajo el aumento de la delincuencia, el nacimiento de bandas e incluso el aumento del consumo de alcohol. El propio presidente de Estados Unidos tenía su reserva de alcohol en la Casa Blanca. Hace un siglo que se prohibieron las drogas y hoy día más gente conduce drogada que bebida. Prohibir estilos de vida solo tiene costes para la sociedad.

Y es que prohibir cuesta dinero. Mucho. Ese dinero lo paga el ciudadano. Cada euro gastado en una prohibición significa un euro menos que se gasta en políticas públicas, sanidad, seguridad, justicia, carreteras o cualquier otro servicio privado o estatal. Por ejemplo, un grupo de policías investigando webs no puede a la vez detener a violadores. Y así, en toda la estructura que la ley mande como funcionarios, jueces, abogados, carceleros, papeles, programas informáticos, controles que disminuyen el rendimiento de las empresas privadas que tendrán que fiscalizar a sus usuarios…

¿Y todo para qué? Para satisfacer a lobbies como SONY, los actores, productoras, distribuidores, a Walt Disney… Este lunes entrevistaron a Alex de la Iglesia. Afirmaba que la cultura ha de tener suficiente entidad como para verse reflejada por un Ministerio que luchara contra los lobbies. Se refería a las telecos que, según él, ganan con las descargas a pesar de que estas empresas afirman que los que consumen grandes cantidades de tráfico son clientes deficitarios que aumentan el precio global del servicio.

Alex de la Iglesia quiere asegurar sus rentas por medio de la prohibición y la violencia de la ley. ¿Qué hemos de hacer los ciudadanos? ¿Exigir un Ministerio del Pueblo para que nos defienda de gente como esta? Eso ya existe y se llama Estado. Sin embargo, no solo nos ha dejado abandonados, sino que nos ha atacado. Y si SOPA o la ley Sinde no funcionan ¿qué pedirá el señor de la Iglesia, SONY y Walt Disney? ¿La creación de una subdivisión del ejército para aniquilar a los que se bajen películas? En fin, mejor no dar ideas.

La propiedad intelectual es un invento que no tiene nada que ver con un delito. Lea atentamente este escrito de Stephan Kinsella (famoso abogado americano especializado en el tema): Contra la propiedad intelectual. O puede ver este video (hecho cuando el proyecto SOPA se llamaba ACTA).

Ni SOPA, ni la ley Sinde van a hacer un mundo mejor, al revés. Estaremos más controlados, tendremos menos libertad, nos costará dinero y el Estado hará peor el trabajo que ya hacía. Todo ello para satisfacer a los lobbies que son incapaces de adaptarse a su tiempo. Son las empresas que han de satisfacer a los consumidores, no al revés. Los ciudadanos podemos existir sin empresas, pero al revés no tiene sentido. Por más que lo obliguen por ley.

Y las cigarras les subieron los impuestos a las hormigas

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Anda mucha gente sorprendida por la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de subir los impuestos de una manera brutal. Al parecer, el PP defendía que unos impuestos altos eran incompatibles con la recuperación y en su campaña electoral había manifestado su disposición a no subirlos, e incluso a bajarlos.

Por eso, dicen muchos, es inexplicable que en tan poco tiempo hayan cambiando radicalmente de posición acometiendo la que es una de las mayores subidas de impuestos de los últimos tiempos.

La verdad es que no tiene nada de raro. Y no porque, como dicen sus defensores, el déficit dejado por el anterior gobierno fuera superior al comprometido (eso era algo que todo el mundo sabía desde hacía meses), sino porque la función del gobierno es siempre la de apoyar los intereses de los grupos organizados.

Al final todo se reduce a la parte que nunca nos explicaron de niños al contarnos el cuento de la cigarra y la hormiga. La cigarra no pasa hambre en invierno por no ser tan previsora, ni ahorradora, como la hormiga. Pasa hambre porque la hormiga fue capaz de defender sus provisiones de comida de la hambrienta y cabreada cigarra. Porque cuando descubres tarde que has metido la pata hasta el fondo no miras con respeto a tu vecino más precavido y aceptas lo dispar de vuestro futuro. Le miras con envidia y maquinas un plan para robarle lo que tiene. Y mira por dónde hace muchos años que las cigarras se dieron cuenta de que la mejor forma de acceder a los almacenes de los hormigueros era constituyendo una cosa llamada Estado.

Hasta 2008 fueron multitud los que pensaron que íbamos a vivir un verano perpetuo. Que ya no era necesario ahorrar y que ciertos sectores crecerían de manera infinita. A las hormigas de esos tiempos se las consideraba unas trastornadas, seres que se habían quedado en una época pasada y a las que había que ignorar o ridiculizar. Luego llegó la quiebra de una de las cigarras más gordas y los sudores fríos empezaron a correr por las espaldas de todos. ¿Y por qué de todos? Pues porque las hormigas, o bien tenían sus ahorros bajo el control de alguna cigarra (que por supuesto se lo había prestado a su vez a otra), o porque su producción futura podía ser fácilmente retenida por un Estado inflado a base del humo vendido por cigarras durante años.

Y es que si de verdad el Estado fuera ese árbitro imparcial que muchos creen que es, se debería haber limitado a ejecutar las quiebras de aquellas cigarras que no hubieran podido sobrevivir a la nueva situación y protegería los bienes de las hormigas de quienes quisieran arrebatárselos. La realidad, una vez más, demuestra que los gobiernos siempre defienden sus propios intereses, y estos están con los grupos organizados de cualquier sociedad.

Pero en vez de ver los hechos y analizarlos fríamente, la gente vuelve a creer en fantasías como que se puede escoger a un gobierno que vaya contra los intereses de quienes le sustentan o incluso que en el fondo el expolio a las hormigas es por su bien ya que la alternativa sería mucho peor.

Esperemos al menos que esta nueva tomadura de pelo de la casta política haga que un 1% de la población sea más consciente de que da igual lo mucho que se esfuerce o lo previsor que sea con sus finanzas ya que, mientras exista un Estado que maneje a su antojo nuestra propiedad presente y futura, su destino no lo decidirá él sino otros.

Versos sueltos

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El informe Rasmussen sobre tendencias electorales en la precampaña presidencial de los EEUU sitúa al candidato Ron Paul como posible segundo clasificado en las primarias republicanas que se celebrarán próximamente en New Hampshire. Tanto este estado como Paul son atípicos, pero es generalmente en la existencia de excepcionalidades notables donde el carácter de una nación se revela digno de esperanza.

New Hampshire es un estado de profunda cultura liberal. Los impuestos estatales y locales son allí, a los ojos de un europeo, inexistentes. Cae sobre sus habitantes, sí, el oneroso peso de la tributación federal, pero la opinión pública sigue manteniendo a unos políticos proclives a las libertades personales y económicas en mucha mayor medida que en la mayoría de estados norteamericanos. El apoyo social de esta dinámica libertaria se halla en las bases estatales del partido republicano, muy alejadas de los intervencionismos a los que les acostumbraron los neoconservadores o los propios conservadores de pata negra que anidan en el GOP. Igualmente están del todo vacunados del socialismo de viejo cuño y del nuevo de Obama.

No es de extrañar, por tanto, que Ron Paul obtenga sus mejores resultados en un estado donde muchos de sus cargos públicos son miembros o simpatizantes del Free State Project, un movimiento orientado a fomentar la reducción del gobierno a los mínimos imprescindibles para la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Ron Paul es, como New Hampshire, un verso suelto. Es enemigo declarado de los impuestos a los que considera una vía a la ruina económica y moral, que descapitalizan a la sociedad y la enferman de parasitismo y de tantas banderías colectivas que solo ensalzan el sacrificio de los más en beneficio de los menos. También se declara partidario consistente de la disciplina monetaria que ofrece el patrón oro, y resulta por eso y por otras propuestas libertarias la bestia negra tanto de los políticos del establishment como de las grandes corporaciones que viven de él.

Ni Ron Paul saldrá elegido candidato ni New Hampshire pasará de ser un canto de cisne a la sensatez, la racionalidad y la decencia. Aun así, hay que decir que si una nación como la norteamericana entre sus contradictorios frutos es capaz de producir esta consistente y real propuesta de libertad, ofrece aún motivos de optimismo al resto del mundo. Aunque entre las deudas históricas de esa sociedad haya aberraciones cometidas, por desgracia, en nombre de la libertad, con que existan Ron Paul, New Hampshire y ciudadanos libres que los impulsen, la esperanza no ha muerto.

Al otro lado del Atlántico, ¿qué podemos enseñar? En España, casi nada. Lo más similar, mutatis mutandi, y mucho hay que mudar para atisbarlo, es lo que la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre representan: un modelo económico algo más liberal que el del resto de la nación, una resistencia a la crisis mayor, consecuencia de ese conato de libertad económica, y una posición resuelta y, ciertamente meritoria, de la la Presidenta, a favor de la bajada de impuestos, cuando los de su partido los suben en toda España.

A pesar de los méritos, Aguirre y su Comunidad están muy lejos de Ron Paul y New Hampshire. A pesar de los deméritos de esa distancia, Esperanza y Madrid son nuestros versos sueltos.

La propiedad privada (también) es del Estado

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La tierra, para el que la trabaja. Esa vieja máxima ha encabezado la lucha de muchas generaciones de colectivistas no solamente de izquierdas. Es una de las falacias más atractivas del catálogo de mentiras socialistas. A partir de ella se cuestionan el derecho de herencia y el derecho a que cada cual haga con sus terrenos lo que le venga en gana: esa idea de que si no ocupas tu piso o no laboras tu tierra el Estado debe expropiarte y redistribuir tus propiedades a quienes lo vayan a explotar más productivamente.

Es casi cómico comprobar cómo los mismos que defienden esa máxima, y aquellos que no saben cómo rebatirla porque en el fondo sus instintos colectivistas superan su racionalidad individualista (es decir, muchos de los que se hacen llamar liberales), no se apresuran a defender también que el dinero que uno gana con el sudor de su frente es suyo. Para empezar está el tema de los impuestos. Concedamos, dado que vivimos en la sociedad que vivimos, que hay unos servicios prestados por el Estado que han de ser financiados por quienes los disfrutamos. No voy a entrar esta vez si el Estado es quien puede ofrecerlos de la forma más eficiente para la población. El caso es que muchos gobiernos son gastadores compulsivos porque saben que, gracias al monopolio de la fuerza y a la confianza de muchos ciudadanos bienintencionados, todos sus desmanes serán sufragados por el sudor de la frente de los ciudadanos de hoy o de mañana.

Sin embargo, una de las medidas emprendidas por el recién nombrado gabinete de Rajoy ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sociedad está convencida de que lo nuestro no es nuestro. Se trata de la limitación de realizar transacciones en efectivo cuando se trata de cantidades superiores a mil euros. La excusa: la lucha contra el fraude. Hay muchas razones por las que se puede considerar que esa medida es perjudicial. Algunas de ellas las ha expuesto Jesús Encinar, C.E.O. de idealista.com en su blog. También hay que considerar el escepticismo de la Unión Europea respecto a las medidas encaminadas a luchar contra el fraude aduciendo que no se puede determinar con precisión el aumento de la recaudación debido a estas políticas.

Lo que hay detrás de esta medida es un ataque en toda regla a la propiedad privada en varios ámbitos: usted no puede hacer con su dinero lo que quiera, usted no puede admitir deudas en efectivo en su negocio porque el Estado así lo ha decidido. No se trata de prohibir cobrar en drogas u otras mercancías ilegales, se trata de prohibir cobrar en dinero.

El dinero que usted gana, no es suyo, no puede utilizarlo como quiera. El dinero no es de quien lo trabaja. El motivo es que hay gente que lo usa en un circuito no controlado por el Estado, en actividades no registradas y fiscalizadas por el estado. Para quienes pagamos por las rentas de nuestro trabajo y de nuestra actividad económica es un fraude: ellos también disfrutan de los servicios provistos por el Estado. Nos descargan sobre nuestros hombros más peso del que deberíamos soportar.

Pero ¿qué puede llevara una persona a defraudar? Se me ocurren varias razones. Primero, saber que puede, es decir, una fisura en la vigilancia y monitorización de la tributación. Segundo, una tributación excesiva. Tercero, el paro prolongado. El gobierno de Rajoy se esmera en solucionar la primera a costa de lesionar el derecho de propiedad de los ciudadanos y de perjudicar a los pequeños empresarios en lugar de plantearse si no será mejor favorecer la creación de empleo, que precisamente se consigue apoyando a los pequeños y medianos empresarios, y evitar que los impuestos sean tan altos que se vuelvan contra el sistema, bien mediante el fraude, bien mediante el traslado de los ahorros a países en los que la fiscalidad sea menor. Pero estamos en un país en el que el empresario es prácticamente el demonio y en el que tratar de mantener el valor de lo que es de uno, sea porque lo ha heredado, sea porque lo ha ganado, es un acto insolidario.

Sigo pensando que la solidaridad mayor la expresó Adam Smith al titular su obra económica principal como Investigación sobre las causas que determinan la riqueza de las naciones. La idea del filósofo escocés era que para sacar a los países pobres de su situación era necesario aprender cómo se genera la riqueza en los países más aventajados. Hoy en día se pretende igualar a los que tienen más y los que tienen menos a la baja, empobreciendo a todos. Esa solución tiene truco: siempre hay alguien que se beneficia de esa supuesta y falaz "solidaridad", tal y como el refranero nos enseña: el que parte y reparte se lleva la mejor parte.

Armenios, genocidios y censuras

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Francia aprobará, previsiblemente, una ley que reconoce en aquella matanza un genocidio. Yo no soy partidario de que la política haga historia porque habitualmente esta última queda sacrificada a la primera. Pero en este caso comparto ese criterio. Los Jóvenes Turcos ejecutaron un plan de exterminio del pueblo armenio, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, con un éxito que se cifró en millón y medio de personas. Por el objetivo (el exterminio de una comunidad), el método y el resultado, no merece otro calificativo que el de genocidio.

Pero la nueva ley francesa, que se someterá pronto a la consideración del Senado, no se queda ahí. Penalizará con hasta un año de cárcel o 45.000 euros de multa a quien niegue tal genocidio. La ley ya lo prevé contra los negacionistas de la Shoah. Yo siempre he considerado que la censura es un error moral y práctico. También con posiciones tan abrumadoramente falaces y miserablescomo el negacionismo. Si este es falso, que enseñe sus pobres armas frente a los inapelables recuentos de cadáveres, a los minuciosos relatos, cosidos a los hechos, de planes de exterminio aplicados con implacable sistemática. Una mentira tan burda no puede sobrevivir mucho tiempo en libertad. La censura, sin embargo, la protege. La expulsa de la crítica y le otorga un halo de malditismo y conspiración. La censura es su única salvación.

¿Cómo puede no entenderlo un autor como Bernard-Henri Lévy, que niega que la ley francesa sea liberticida? ¡Si su función consiste en acabar con la libertad de expresión de unos cuantos! Henri Lévy se basa en "el derechos que todos tenemos a no ser injuriados públicamente". Pero yo niego ese derecho. La injuria está en la mente de quien la sufre. Uno puede sentirse injuriado, o no, por cualquier afirmación de un tercero. Si reconocemos la injuria como delito, cualquiera puede decir sentirse injuriado por cualquier manifestación que no le guste. Y acabaríamos en la censura más absoluta.

Dice que esta historia "fue escrita, y bien escrita, hace mucho tiempo", por lo que debemos pensar que ya no cabe una línea más sobre ella. No está claro cómo puede temer que los "caprichos", "locuras", "artimañas" y "mentiras vertiginosas" de los "agitadores" podrían tener más peso que la labor de los historiadores. Y se desdice a sí mismo al aferrarse a una misteriosa "sabiduría de la representación nacional". Si esa sabiduría procede del recuento de votos, no necesitamos a los Bernard-Henry Lévy, nos vale con un Silvio Berlusconi cualquiera.

Dejemos de veras que los historiadores hagan su trabajo en libertad y no temamos a quienes quieren hacer política negando el pasado. A no ser, claro, que estén en el poder y se escuden en un Henri Lévy de turno para censurarnos.

Defensa matizada de las demandas colectivas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Las demandas de reparación de daños causados a una pluralidad de consumidores y usuarios de bienes o servicios son conocidas por el nombre de demandas colectivas (class actions, en los EEUU). En Norteamérica, tierra de Common Law, fue donde surgieron durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX las primeras soluciones jurisprudenciales innovadoras que acogieron por economía procesal su tutela colectiva.

Hasta el nacimiento de estas acciones, no existían remedios procesales adecuados para que una empresa respondiera de los litigios de masa y su indemnización, para poner fin a sus malas prácticas hacia su clientela o para cambiar los clausulados generales y abusivos de sus contratos. Sin ellas, muchos afectados no litigaban por no merecerles la pena afrontar los gastos de un procedimiento judicial. El surgimiento de las class actions supuso poner al alcance de mayorías desorganizadas una herramienta muy eficaz de defensa de sus intereses frente a las minorías organizadas y poderosas.

A pesar de que en muchas ocasiones las demandas colectivas en los EEUU no llegan finalmente a juicio porque lo normal es alcanzar un pacto extrajudicial (y millonario) entre las partes una vez conseguida su declaración por parte del juez, su influencia sobre la empresa demandada es fulminante y su efecto sobre el resto del sector es francamente disuasorio. Este sistema de reclamaciones deriva en una mayor prudencia por parte de las empresas, sabedoras de las indemnizaciones a las que deberían hacer frente si producen daños o perjuicios extensos sobre sus clientes.

Frente al descrédito de las regulaciones gubernamentales y sus indeseables consecuencias, el ejercicio de las acciones colectivas es un medio eficaz para que la sociedad civil ejerza una función de supervisión sobre los agentes del mercado. Tienen un efecto preventivo y actúan como mecanismo regulador ex post de abajo a arriba.

Pese a la mala prensa que existe contra el abogado que se enriquece con las acciones colectivas, lo que en el fondo hace al perseguir su propio interés es servir al interés público. Lo que no consiguen la administración ni las agencias reguladoras (proteger los derechos de las víctimas) lo logra la sociedad civil mediante la actividad coordinada de profesionales del derecho, asociaciones de consumidores y grupos de afectados. Por el contrario, las agencias reguladoras nacionales ejercen un control sobre el mercado de arriba a abajo con innumerables intrusiones en la actuación de las empresas que, además de distorsionarla, poco hacen realmente a favor de los intereses reales de los consumidores y usuarios. Eso sin contar con que dichas agencias gubernamentales acaban siendo cooptadas por las empresas a las que regulan, cosa que es más difícil que suceda si el control procede de los consumidores y sus diversas asociaciones.

En los dos últimos decenios está recogiéndose este tipo de acciones en muchas legislaciones de países de la OCDE. En España hubo que esperar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 para que nacieran procesalmente en toda su extensión las demandas colectivas. Aunque nos hemos subido tarde al carro de esta institución, está dando sus frutos. A modo de ejemplo, recordemos las demandas interpuestas por la OCU contra el cierre de las academias de inglés Opening tras el cobro fraudulento de la matrícula anual o contra Endesa y REE por el apagón de Barcelona de julio 2007, la demanda de ADICAE contra varias entidades bancarias por la venta engañosa de swaps a sus clientes como si fueran coberturas de tipos de interés hipotecarios o la reciente demanda presentada por el bufete de abogados de Cremades contra los controladores y Aena por el cierre abusivo (a parte de delictivo) del espacio aéreo.

No obstante, es innegable que ha habido un uso agresivo y excesivo de este tipo de demandas, especialmente en los EEUU. Ha sido casi siempre cuando el legislador ha dado previamente armas inadecuadas a los supuestos agraviados que les han permitido reclamar por daños difusos o intereses que no pertenecen a nadie en particular gracias a una legislación excesivamente garantista o a la existencia del antinatural y estático Derecho de la competencia. Que se lo pregunten si no a las tabaqueras americanas que pagaron la indemnización más elevada por demanda colectiva en la historia jurídica de los EEUU, a numerosos cárteles que han tenido que desembolsar pagos millonarios por el triple del supuesto daño ocasionado o a Wal Mart, que recientemente se ha librado in extremis de indemnizar a 1,6 millones de ex empleadas por discriminación sexual al no ser convenientemente promocionadas gracias a que el Supremo norteamericano desestimó al final la demanda interpuesta por la "demandante líder".

En resumidas cuentas, las demandas colectivas no son más que un potente megáfono procesal que amplificaría tanto las fortalezas como los errores del derecho sustantivo subyacente. Si éste está basado en principios jurídicos sólidos y claros, aquéllas incrementarán su efectividad; si, por el contrario, el moderno legislador se empeña en seguir extendiendo los límites de la responsabilidad empresarial más allá de lo razonable, multiplicarán sus secuelas nocivas.

Desde hace algún tiempo la Comisión Europea está cocinando un proyecto de directiva de resarcimiento de daños con el fin de armonizar los recursos colectivos en todos los países miembros de la Unión. Va en la dirección equivocada. Parece ser que dicha norma comunitaria se va a centrar en demandas colectivas por presuntos perjuicios al cuerpo social ocasionados fundamentalmente por daños al medio ambiente, por conductas desleales y, sobre todo, por prácticas monopolistas (con la intención de que haya una aplicación privada del Derecho de la competencia).

Cuando se apruebe, me temo que con su futura trasposición a los ordenamientos jurídicos europeos tendremos el peor de los escenarios posibles: por un lado una ya existente sobrerregulación invasiva y, por otro, un futuro aumento de la litigiosidad por demandas colectivas contra empresas, no por daños masivos, ciertos y comprobables ocasionados a un gran número de víctimas, sino por supuestos daños o intereses imprecisos alentados por las preferencias teóricas del legislador (i.e. la competencia perfecta, el precio justo, el principio de precaución exacerbado o la preservación inmaculada de la naturaleza). Podemos pasar entonces de lo socialmente productivo a lo económicamente destructivo.

Déficit público: ¿culpa de los ingresos o de los gastos?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

O dicho de otro modo, el problema del sector público no es que gaste demasiado, sino que ingrese demasiado poco; en consecuencia, lo que toca ahora no es adelgazarlo, sino crujir un poco más al ya de por sí debilitado sector privado para que sostenga cuanto pueda los despilfarros estatales.

El argumento no es del todo falaz. En efecto, de 2008 a 2009 (año de nuestro máximo déficit público) los ingresos tributarios cayeron en casi 57.000 millones de euros y los gastos aumentaron en 70.000 millones. Dejémoslo, pues, en tablas: tanto lo uno como lo otro explican decisivamente el enorme desequilibrio en nuestro saldo presupuestario.

¿Significa ello que hay que atajar el gasto en la misma medida en que se suben los impuestos? ¡No! La mentira yace en otra parte: durante la burbuja inmobiliaria (2002-2007), la recaudación fiscal aumentó a un ritmo vertiginoso al socaire del propio crecimiento artificial de la economía. Lo prudente en aquel entonces habría sido tomar esos ingresos públicos como lo que eran: regalías extraordinarias y no recurrentes que en ningún caso podían servir de base para consolidar gastos permanentes a largo plazo. Pero no se hizo: no sólo los ingresos aumentaron espectacularmente (un 54% entre 2002 y 2007) durante ese período burbujil, sino que también lo hicieron los gastos (un 45%).

Que sí, que se me dirá que en 2006 tuvimos un superávit del 2% del PIB, mas la realidad es que, como se ha visto luego, ese superávit era demasiado pequeño para absorber la caída de ingresos ulterior. La estampa me recuerda a la de un señor que ganara en la lotería 10 millones de euros y que decidiera elevar sus gastos anuales con carácter permanente hasta los 9 millones de euros: para algunos, tal individuo pasaría por un ser extremadamente austero al lograr amasar el holgado superávit de un millón de euros; para otros, en cambio, sería un completo irresponsable que habría hipotecado su futuro, pues al año siguiente, ayuno de ingresos extraordinarios por lotería, no tendría manera de hacer frente a sus millonarios desembolsos. De hecho, a partir de entonces padecería un déficit de 9 millones de euros aun cuando congelara sus gastos. ¿Diríamos en tal caso que su déficit es consecuencia del aumento de sus gastos tras la crisis (tras no ganar de nuevo la lotería) o de la caída de los ingresos con la crisis? Pues, claro está, sería responsabilidad del aumento permanente de los gastos durante la percepción de sus ingresos extraordinarios.

Lo mismo le sucedió a España: si entre 2002 y 2007 hubiésemos congelado los gastos del Estado, habríamos tenido margen para que, a partir de 2008, actuaran los desestabilizadores automáticos sin generar un colosal déficit. Y, de hecho, aunque en 2006 tuvimos un superávit presupuestario del 2%, el FMI nos informaba por esas fechas de que, en realidad, presentábamos un déficit estructural del 1,2%. A saber, en ningún momento de la década experimentamos un déficit estructural inferior al 1%: las presuntamente superavitarias Administraciones Públicas españolas de mediados de la década pasada habrían incumplido todos los años el laxo criterio aprobado recientemente por Merkel y Sarkozy para limitar el déficit estructural al 0,5% del PIB.

A la postre, no hay que ser un lince para descubrir que los Estados que se encaramaron con más entusiasmo a la ola de gastar a manos llenas conforme los ingresos entraban a carretadas entre 2002 y 2006 son los mismos que ahora presentan problemas de viabilidad: fueron Grecia, Irlanda, Portugal y España los Estados europeos que más aumentaron sus gastos durante ese período. Comparen si no las cifras de crecimiento de los desembolsos públicos (que oscilan entre el 32 y el 60%) con las de la austera Alemania, quien apenas incrementó sus gastos un 2% en seis años:

En definitiva, la Administración española, ahorrar ahorró poco: más bien comprometió su viabilidad financiera futura haciendo explotar los gastos sobre la base de unos endebles e insostenibles niveles de ingresos públicos. La borrachera de la burbuja sacudió a todo el país; también, como no podía ser de otro modo, a los políticos. En este sentido, afirmar que la recaudación tributaria se ha hundido desde 2008 no es un argumento a favor de la subida de impuestos, sino más bien de la reducción del gasto: la marea ha bajado y ha demostrado que el adiposo Estado español se estaba sufragando con unas entradas de caja que eran puro humo. Y por eso, la única salida posible para no estrangular al renqueante sector privado español es reducir con decisión nuestro hipertrofiado gasto público.

Ajedrez en Oriente Medio

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Gran parte de las decisiones de política internacional de los gobiernos son las que menos benefician a los ciudadanos, que suelen terminar pagando sus excesos. A finales de diciembre, el gobierno iraní anunció su intención de bloquear el estrecho de Ormuz, salida natural del petróleo iraní, iraquí, kuwaití y buena parte del saudí que se dirige a las rutas comerciales del Índico y del Mar Rojo. Esta decisión no era gratuita, respondía a las de varios gobiernos occidentales de sancionar a los iraníes por su programa nuclear, ligado a las necesidades militares y expansivas del régimen de los ayatolás y no tanto a las energéticas, como finalmente ha reconocido la propia OIEA.

La primera consecuencia de la decisión iraní fue inmediata. Ante un potencial problema de abastecimiento, los precios del petróleo se dispararon, pero la imposibilidad técnica de que unas fuerzas armadas como las iraníes pudieran cerrar el estrecho moderó la fuerte subida inicial. Por lo general, este tipo de conflictos no responde a la lógica del comercio, sino a la de la política.

Los malos momentos políticos y económicos por los que pasa Estados Unidos, fruto de decisiones gubernamentales como poco discutibles, no han hecho que renuncie a su papel de policía mundial; papel que no debemos olvidar, también le hemos otorgado. Estados Unidos amenazó a Irán con impedir el cierre de Ormuz. Es cierto que un país como el iraní no puede llevarlo a cabo, pero sí que puede desde tierra o desde cualquier barco de pequeño calado usar misiles contra cualquier petrolero o mercante que navegue por el estrecho. Y esto tampoco es un tipo de acto que la V Flota de Estados Unidos pueda evitar. Por muy grande que sea el elefante, unas bacterias le pueden matar.

El problema del programa nuclear iraní no es sólo que pueda lanzar o detonar un artefacto en Israel o en otro país occidental, sino que turcos, saudíes, egipcios y cualquier otro país en la zona también quieran tener otro parecido. La proliferación nuclear y la creciente amenaza del terrorismo es un coctel demasiado peligroso para que países con tendencia a la desestabilización o con ciertos valores morales dudosos también tengan bombas nucleares. Bastante tenemos con los que ya las tienen.

Irán se siente tan fuerte que, pese a las amenazas de Estados Unidos, los ayatolás han anunciado una serie de maniobras que simulan el cierre del estrecho. Los iraníes se sienten fuertes porque tienen de su parte a los chinos, a los que venden buena parte de su producción desde que varios países occidentales se negaran a comerciar con el régimen, y a los rusos, de los que logra gran parte de sus armas.

China, por su parte, necesita satisfacer dos objetivos. El primero, las necesidades energéticas crecientes de su sociedad económicamente más próspera. El segundo objetivo es menos “beneficioso”. China tiene como enemigo a Estados Unidos, por lo que no duda de aliarse con los enemigos de su enemigo si con eso saca cierta ventaja política y extiende su esfera de influencia. No es extraño que China tenga una presencia cada vez más grande en África o en América Latina, sobre todo, en países con gran cantidad de recursos naturales.

Pero a China tampoco le interesa una crisis en Oriente Medio. Si el conflicto va a más, los precios elevados del petróleo no le benefician. Además, China tiene en sus fronteras minorías musulmanas que tienen conflictos étnicos y religiosos con mayorías no musulmanas (como ya ocurren en Rusia) y una cosa es que este conflicto religioso se desarrolle en Nueva York, Londres o París y otra que ocurra en el patio trasero de Pekín. Y menos si el régimen comunista quiere dar la sensación de fortaleza interna y externa.

En el escenario analizado no he me he referido en ningún momento a empresas o personas. El libre mercado no existe ni parece que vaya a existir en las siguientes décadas. El petróleo y otros recursos naturales son propiedad de los Estados, porque estos lo han querido así, y las empresas, públicas o privadas, los explotan por concesión de una manera más o menos regulada y siempre bajo la amenaza de confiscación o de rupturas de los contratos. ¿Qué interés puede tener el ciudadano medio iraní para que su gobierno tenga un programa nuclear con intenciones agresivas? ¿Qué gana con el cierre del estrecho de Ormuz? ¿Qué ha ganado el contribuyente americano con las guerras de Irak o Afganistán en los términos que se han desarrollado? ¿Son los iraquíes o los afganos más democráticos hoy que hace una década? ¿Ganaría algo con otro conflicto en Irán? ¿Hasta qué punto la economía mundial hubiera ido por mejores sendas si buena parte de ese dinero se hubiera dedicado a otros menesteres? ¿Qué ganan los chinos con oponerse a Estados Unidos e intentar sustituirle en algunas regiones? ¿Qué sentido tiene dejar cierta libertad en algunos aspectos sociales y económicos y negarlo en política?

Las decisiones de los gobiernos y sus consecuencias no responden a criterios de mejora de los ciudadanos, sino a la salvaguarda del Estado en sí, del gobierno que lo dirige y de la ideología que lo sustenta. Y para ello trabajamos.