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Si defienden la privacidad que empiecen por el secreto bancario

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente el responsable de una agencia pública de protección de datos alemana pidió a Facebook que retirara un sistema de reconocimiento facial. El sistema facilita el etiquetado de personas que realizan los usuarios de la famosa red social para organizar y compartir sus fotografías. La supuesta amenaza a la privacidad consiste en que ese sistema permitiría a la compañía poseer información que podría ser utilizada para identificar a las personas en contra de su voluntad.

Hasta aquí, el típico caso en el que el Estado actúa como un padre sobreprotector que no permite a sus hijos dar información voluntariamente a una empresa, eso sí, por su propio bien. Aunque hay un pequeño detalle que no encaja con esta visión: el Estado no es nuestro padre ni un familiar, ni siquiera un amigo; el Estado es un organismo formado por personas cuya financiación depende de la riqueza que puede arrebatar a los individuos y organizaciones que la producen.

Algo que demuestra con su comportamiento: el mismo Estado que vela porque Facebook o Google no tengan demasiada información de nosotros obliga a bancos y empresas a violar la confidencialidad con sus clientes informando a Hacienda de sus transacciones e ingresos.

Es curioso leer en blogs y foros tecnológicos cómo los gurús dedican páginas y páginas a protestar por cómo Google maneja miles de datos sobre nosotros mientras que no se inmutan ante la infinidad de datos sobre nuestro capital que maneja el Estado. Aunque lo más divertido es ver cómo se indignan ante la idea de que la empresa del famoso buscador use esos datos en su propio beneficio. Y es que Google recopila la información para poder elaborar perfiles de consumo que aumenten la efectividad de su servicio de publicidad y para facilitar y potenciar el uso de sus servicios, aumentando la demanda de los mismos y por tanto los ingresos publicitarios.

Lo que no entienden estos gurús es que el Estado hace exactamente lo mismo. En realidad, a un político no le interesa saber cuánto gana una determinada persona por curiosidad o malicia. Le interesa porque dependiendo de sus ingresos el Estado le podrá quitar más o menos dinero. Y de ese dinero depende la supervivencia del organismo estatal y todas las personas que dependen del mismo.

La principal diferencia entre Google o Facebook y el Estado es que los primeros no te obligan a usar sus servicios. Si alguien considera que la información que se debe compartir con dichas empresas no le compensa, simplemente tiene que rechazar los términos del acuerdo de servicio y solucionaría su problema. En cambio, los ciudadanos no pueden evitar la vulneración de su privacidad por parte del Estado rechazando sus servicios. Da igual que consideren que la sanidad o educación pública no compensan el hecho de estar vigilados constantemente por unos funcionarios que van a vampirizar cualquier ganancia que podamos conseguir. El Estado no admite un "no acepto" por respuesta.

Ante esta reflexión se suele contraargumentar por dos vías: el Estado necesita acceder a esa información para que cada ciudadano pague la parte de su riqueza que le corresponde, ya que si no tuviera acceso nada impediría que los contribuyentes escondieran parte de sus ganancias para pagar menos impuestos. Además, añaden, no todas las ganancias tienen un origen legal, por lo que el Estado necesita contrastarlas para verificar que nadie se enriquezca saltándose la ley.

La respuesta a las objeciones es simple: el cobro de impuestos no puede prevalecer sobre el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia debería obligar al Estado a tener el consentimiento de un juez a la hora de investigar las finanzas de alguien. Punto.

Es tan evidente que debería ser así que si sustituimos la caja fuerte de un banco por la de nuestra casa, y la entrega de la nómina vía ingreso bancario por la entrega de un sobre, a nadie se le ocurriría decir que es necesario que la policía tenga libre acceso a nuestras viviendas para verificar la cantidad de dinero que guardamos en ellas y que un funcionario debe presenciar cada intercambio de dinero que se produzca para garantizar que todo queda anotado y cada parte paga sus impuestos o que no se realiza ningún intercambio ilegal.

Por lo tanto, tiene que haber un obstáculo muy grande a la compresión para que tanta gente no sólo no exija un derecho tan básico, sino que incluso considere imprescindible que el secreto bancario sea vulnerado y los Estados tengan acceso libre a esta información. Incluso a los pocos países que se mantienen firmes en la defensa de este derecho se les tilda de paraísos fiscales y son amenazados constantemente con represalias si no dan su brazo a torcer (especialmente durante las crisis financieras donde los capitales buscan refugio ante la voracidad recaudadora de los gobiernos).

Y es que sin la vulneración del secreto bancario los impuestos sobre las rentas/ganancias están condenados a fracasar. Y esos impuestos son la piedra angular de la redistribución de la riqueza, fin último del socialismo. Es por ello por lo que la privacidad se sacrifica allí donde más se puede recaudar: las cuentas corrientes en las que el común de los mortales concentra su vida financiera y, por tanto, donde el Estado puede recaudar con mayor facilidad, y se defiende allí donde no supone una amenaza con el fin de situar el foco en otro sitio mientras nos mete la mano en el bolsillo.

Ciclos, también en política

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El capitalismo de Estado en el que vivimos alimenta la crisis con la expansión crediticia y todo tipo de intervenciones que distorsionan la información que recibimos, facilitando que se tomen malas decisiones y se lleven a cabo desastrosas inversiones. Las consecuencias las sufrimos todos cuando se pinchan las burbujas y los hechos tozudos terminan por amargar las ideas felices de los burócratas que se depuran en forma de destrucción de empleo y desinversión en sectores o empresas que en un mercado libre jamás habrían existido.

Son las malas decisiones políticas las que agravan las crisis y dificultan la recuperación. El problema es que no existen buenas decisiones políticas, todas se toman de espaldas al mercado sin tener en cuenta las necesidades particulares que cada uno conoce mejor que nadie. Toda política pública necesita un presupuesto y que haya dinero en la caja para poder hacerla realidad. En los momentos históricos en los que la sociedad crea riqueza los políticos pujan por el voto con promesas inasumibles para la contabilidad pública sin que los contribuyentes se preocupen demasiado por su dinero ya que parece que al ser público no es de nadie y cualquier compromiso político, por descabellado que sea, puede llegar a cumplirse confundiendo los deseos con la realidad. La irresponsabilidad no es solo de los políticos sino compartida con los votantes que se dejan embaucar.

No obstante, la propia naturaleza del Estado que busca perpetuarse y la voluntad de sus gentes de vivir sin penurias coinciden actuando como contrapeso y escapatoria de la trampa democrática. El propio Leviatán es capaz de desprenderse de su estructura más superflua para proteger los monopolios esenciales con el fin de conservar el poder (el de la violencia, el legal y de la moneda) mientras que el votante se aferra a los políticos más realistas para llevar a cabo las políticas que el sistema necesita para mantenerse. Los ciclos se imponen así en la política superando la dialéctica que los marxistas aplican a todas las materias, incluido el cambio social. No hay superación de la tesis y su antítesis por una síntesis superior, sino una tensión en equilibrio entre opuestos a menos que se vuelen los pilares sobre los que se asientan. Mientras tanto, pendulamos entre momentos políticos en los que la expansión crediticia permitirá que aliviemos nuestras conciencias ayudando al prójimo con los ahorros de un tercero hasta que esa situación se torne inviable y volvamos a replegarnos sobre proyectos asumibles por las necesidad del mercado. Así, hasta que la riqueza generada permita de nuevo que los caprichos de nuestra opulencia nos lleven a la quiebra otra vez.

En los momentos de lucidez de los votantes y de necesidad del Estado de autolimitarse para asegurar su supervivencia, es cuando deberíamos aprovechar para ingeniar controles y garantías que limiten la futura y previsible irresponsabilidad en la que volveremos a caer. Por desgracia, la visión ilimitada y sentimental de la política terminará por sortear y superar todos los controles y volveremos a tropezar con la misma piedra.

La imprevisbilidad de la acción humana nos lleva a la incapacidad de descartar otros escenarios. No sería la primera vez que ante la cercanía de un barranco una colectividad decide acelerar el paso en lugar de corregir la marcha. No hay soluciones ideales pero siempre estamos a tiempo de empeorar.

El discurso del odio

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

En el año 1942 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló contra un ciudadano por una querella que tenía con un policía del Estado de New Hampshire. Le dijo que era un “maldito chantajista” y un “fascista”. La Corte entendió que las palabras de este hombre, testigo de Jeová, no estaban protegidas por la Primera Enmienda, la que reconoce el derecho a la libre expresión. La razón es que había elegido unas palabras “cuyo mero sonido inflingen daño” y que “no son parte esencial de la exposición de las ideas”.

En 2011 la misma Corte Suprema estudió el caso de la Iglesia Baptista de Westboro, que se había congregado a cierta distancia de donde tenía lugar el funeral por Matthew Snyder, un marine que resultó muerto en acto de servicio en Irak, por corear mensajes ofensivos. Los miembros de tal congregación religiosa reflejaron su convicción de que Dios odia a los Estados Unidos, entre otros motivos, por permitir la homosexualidad; especialmente por tolerarla en el Ejército. Entre sus mensajes estaban “Dios odia los Estados Unidos. Gracias a Dios por el 11 de septiembre”, “Dios te odia” o “Irás al infierno”, en referencia al soldado Snyder. Terminaron media hora antes de que empezase el funeral. El propio Snyder, que había sido informado de las intenciones de la Iglesia Baptista de Westboro (lleva haciendo estas concentraciones desde hace décadas), les llevó ante los tribunales. Alegaba la angustia que le producía la idea de que se manifestasen, y no la podía separar de la idea de su propia muerte. En este caso, la Corte Suprema siguió un curso distinto. En su decisión, dijo: “El discurso es poderoso. Puede mover a la gente a la acción, puede provocar lágrimas de gozo y de pesar, y también (como es el caso), puede infligir gran dolor. Sobre los hechos que se nos presentan, no podemos reaccionar ante tal dolor condenando a quien habla. Como nación hemos elegido un curso distinto: proteger incluso el discurso hiriente sobre cuestiones públicas para asegurarnos de que no reprimimos el debate público. Esta opción requiere que libremos a Westboro de responsabilidad por manifestarse en este caso”.

Entre estas dos decisiones hay una lucha histórica dentro de la Corte Suprema respecto del “hate speech”, el discurso del odio, y su inclusión o no como parte del derecho penal. En su última decisión, Snyder vs Phelps, el Tribunal Supremo seguía la tendencia de las últimas décadas de interpretar de un modo más estricto la Primera Enmienda y proteger la libertad de expresión. Pero en todo el mundo resuena la expresión discurso del odio y en muchos países está penado utilizar expresiones que puedan causar daño a los demás por su pertenencia a un grupo (como el Ejército de los Estados Unidos, en este caso). Es habitual el caso del antisemitismo, el racismo o la condena moral de la homosexualidad. El gobierno español, al que le quedan muy pocos días de legislatura, pretendía implantar una legislación muy estricta en ese sentido que, de haberse aprobado, habría acabado virtualmente con la libertad de expresión en cualquier sentido.

Viene todo ello al caso de la condena de John Galliano, que tendrá que pagar 6.000 euros por decir que amaba a Hitler y proferir insultos vejatorios contra los judíos. Galliano se dejó llevar por el esnobismo, pues meterse con los judíos es una enfermedad moral extendida, con los humores exaltados por el alcohol. La prensa recoge la noticia con evidente decepción. “Simbólica” condena de “sólo 6.000 euros” por lo que Galliano “se libra de la cárcel”. ¿Debe penarse el discurso del odio?

Es a mi entender muy claro que no podemos criminalizar un discurso, por más cargado de odio que esté. En primer lugar porque no hay ni puede haber una prueba de que quien sostenga ese discurso esté movido por el odio. En segundo lugar porque aunque así fuera, un mal sentimiento no debe ser objeto de condena. Si la razón es otra, el daño que inflige, el terreno es muy resbaladizo. Porque cualquier persona puede sentirse herida por cualquier manifestación de los demás. Nadie puede negar tu dolor por cualquier manifestación de la cultura o del discurso. Y erigir ese dolor en razón para la censura permitiría a cualquiera oponer sus sentimientos frente a cualquier expresión. Como, de nuevo, nada puede demostrar la sinceridad de tus sentimientos, nadie puede tampoco demostrar que no sean ciertos. Si se reconoce a los sentimientos como argumento para la censura, se acabó para siempre la libertad de expresión.

Se dice que el discurso del odio sólo afecta a cierto tipo de personas. De hecho es como está reconocido en las legislaciones del mundo que recogen esta figura. Pero entonces cabe preguntarse cuál es el motivo por el que determinadas razas o la pertenencia a una denominación religiosa o una condición sexual otorga a ciertas personas el privilegio de poder censurar las expresiones de los demás, mientras que al resto del común no se le reconoce ese valor añadido de su conciencia o de su dignidad.

El discurso es un elemento moral. Y su condena debe ser también moral. Las sociedades libres pueden protegerse eficazmente frente a los discursos que resulten ofensivos. John Galliano fue despedido por su empresa y le costará encontrar un empleo del prestigio y los emolumentos que tenía cuando diseñaba modelos para la casa Christian Dior.

Quienes defienden la inclusión en el Código Penal del discurso del odio no tienen amor, precisamente, por vivir en una sociedad libre.

La izquierda siempre encuentra culpables para tapar sus errores

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

España, durante estos 8 años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, poco se parece a la que heredó de José María Aznar. Durante este periodo desde las instancias gubernamentales se ha impulsado el enfrentamiento, la crispación y se han repartido credenciales de demócratas y de tirano. Pese a todo ello, lo único que realmente queda del zapaterismo es el paro.

Si por algo se ha caracterizado este gobierno socialista es por encontrar siempre a alguien a quien culpar de sus errores. Con respecto al paro ha seguido este modus operandi: los mercados internacionales (?) o, dicho con vocablos más mundanos, "el egoísmo y la avaricia de unos pocos". Nos hallamos, en consecuencia, ante un mensaje que hunde sus raíces en la lucha de clase, en un izquierdismo rancio, más propio de los siglos XIX o XX que del siglo XXI.

Asimismo, y en relación con la idea anterior, el zapaterismo fue incapaz de modernizar al PSOE de un modo similar a lo que hizo Blair con el New Labour o Schroeder con la socialdemocracia alemana. Especialmente, el político británico fue capaz de asumir como propio buena parte del credo económico de los conservadores así como determinados conceptos de raigambre tory, como la importancia de la seguridad o de la responsabilidad individual.

Rodríguez Zapatero obró de otro modo diametralmente distinto y ahora estamos recogiendo los resultados. Renegó del entramado de relaciones internacionales generado por Aznar, especialmente con Estados Unidos, logrando por ello la aclamación del izquierdismo más radical, aquél que boicotea actos universitarios donde toman parte políticos que no son de "su cuerda" o niega la libertad religiosa a los cristianos.

Rodríguez Zapatero cuestionó que España sea una nación y en su táctica de todos contra el PP, formó alianzas tan contra natura como la establecida en Cataluña con eco-neo-comunistas y nacionalistas-separatistas radicales. ¿No decía el marxismo que si había una doctrina antagónica al socialismo ésta era el nacionalismo? Los resultados del llamado gobierno "Tripartito" se vieron el pasado 28 de noviembre. Su apuesta por políticas identitarias y alejadas de las preocupaciones de la ciudadanía catalana provocaron el distanciamiento de ésta con respecto a su casta política.

El gobierno de Zapatero se apropió para sí de un vocablo tan fundamental como es "paz"… pero lo definió e interpretó a su manera, esto es, incorrectamente. En efecto, durante su primera legislatura insistió en que "buscaba la paz en Euskadi". Haciendo tal afirmación, un ciudadano que viviera en Melbourne podría pensar que en el País Vasco había una guerra. Nada más lejos de la realidad: en dicha comunidad autónoma existía (y existe, aunque travestido de partido político) un bando que amedrenta, extorsiona y amenaza en nombre de un nacionalismo étnico a todo aquél que no piensa como él. En la búsqueda de esa "paz", tan etérea como abstracta, Zapatero humilló a las víctimas del terrorismo y logró con su discurso pausadamente incendiario que en muchas partes de España las víctimas fueran convertidas en victimarios.

El listado no acaba aquí pero aun con todo ello, Zapatero y su equipo son gente con suerte. Cuando parecía que ya no disponían de más culpables a los que acusar de desestabilizar su macroproyecto político, su coro de danzas ha aparecido en escena de una forma peculiar: condescendencia hacia el gobierno y varapalos a dirigentes europeos como Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy a los que acusan de ser el verdadero poder ejecutivo en España. Y para definir la situación, han acuñado un nuevo concepto: "pérdida de soberanía económica", que no es más una forma lírica con la que encubrir la ausencia de autocrítica. Así de simple.

El laberinto económico

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neuman definió la "espiral del silencio" como el fenómeno por el cual el individuo se abstiene de decir su opinión cuando es contraria a la opinión pública más fuerte (no necesariamente en términos numéricos) y no duda en expresarla cuando coincide con ella. La raíz de este fenómeno está en el hecho de que el ser humano tiene miedo orgánico a estar solo. Al decir orgánico me refiero a que se localiza en una zona concreta del cerebro.

De esta forma, la opinión pública aparece como un elemento que confiere cohesión a la sociedad.

En nuestro siglo son los medios de comunicación los principales agentes creadores de opinión. Y los políticos lo saben. Los de una cuerda y los de otra. De ahí la indisoluble unión de la política y la prensa, para lo bueno y para lo malo… La importancia de la opinión pública en la sociedad explica que los portavoces y ministros en ruedas de prensa mientan como bellacos, maquillen los datos, resalten determinados datos y omitan otros. La idea de la inventora del término "espiral del silencio" es que si se consigue que la opinión pública exprese optimismo respecto a, pongamos, la posible recesión económica en España, es más probable que salgamos bien parados. Como si se invocaran espíritus benévolos o, por el contrario, espíritus cenizos y el mero hecho de nombrar un desenlace bueno o malo se creara un ambiente más propicio para su cumplimiento.

La opinión pública ha condenado banqueros privados y salvado a banqueros centrales, ha condenado a los especuladores y salvado a los derrochadores, condenado a los mercados y salvado a quienes nos han endeudado. Y el lenguaje con el que se han lanzado los mensajes es totalmente manipulador. Los especuladores nos hacen daño, los mercados no se fían de nosotros, hemos logrado colocar nuestra deuda (como quien logra meter canastas en baloncesto). De esta forma, rueda de prensa tras rueda de prensa, el mensaje machacón del gobierno nos ha negado la crisis, nos ha asegurado que nos seguimos recuperando, y según las últimas declaraciones de Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno y Ministro de Economía, "sin ninguna duda, Europa no va a caer en ninguna recesión".

Lo malo es que día tras día desde hace ya bastantes meses, los datos nos golpean primero en una mejilla y después en la otra. La prima de riesgo bate récords, el paro aumenta, la Bolsa se derrumba y nuestros gobernantes solamente reconocen que la situación es "delicada". No se crea tejido empresarial, se destruye. La sombra de la recesión planea por encima de Europa, pero nuestros gobernantes insisten machaconamente que la recuperación marcha. Y ya no se sabe si es por disonancia cognitiva o porque de verdad creen que si se repiten muchas veces las cosas terminan por suceder.

Uno de los problemas añadidos es que se trata de economía, tema en el que siempre te puede salir un técnico pidiendo rigor mientras él emplea los datos maquillados del gobierno para decir que no estamos en recesión… técnicamente. Cada vez que sale un dato del Instituto Nacional de Estadística hay un puñado de economistas que salen con los matices, las correcciones, la estacionalidad… de manera que da la impresión de que hay cifras que respaldan todas las opiniones. En esas circunstancias ¿cuál es la opinión pública más fuerte?

Los ciudadanos se encuentran atrapados entre quienes protestan por las medidas de austeridad y quienes las defienden, viciados por un salpicón de subvenciones y un estado sobreprotector. Lo fácil es culpar a los ricos, al mercado y a los extranjeros, en este caso, alemanes. Y me extraña que nadie haya culpado a los judíos, debe ser la primera vez en la historia.

Pero el que la opinión pública más fuerte sea esa, no quiere decir que sea más cierta, ni que la mayoría lo piense de verdad. Aquellos que se huelen la tostada se callan para no ser aislados o tachados de insolidarios. Se quedan encerrados en el laberinto de las declaraciones, los datos y las conveniencias y no son capaces de decir nada, ni de reclamar sensatez, ni firmeza, ni nada. Solamente callan… y pagan.

De botellones y otros usos de lo público

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Hay temas que los políticos, escasos de valentía y sobrados de electoralismo, eluden con diferentes métodos, más o menos sofisticados. El del botellón, el ocio nocturno escandaloso y sucio es uno de ellos.

Como en tantos otros temas se trata de un caso particular del uso de los bienes comunales. Los espacios de las ciudades son espacios llamados públicos, eufemismo que sólo encubre que, en las sociedades modernas, son organizados por gestores públicos que lo manejan como propio sin serlo según unas reglas que provienen del pasado y que pueden modificar en línea de sus intereses particulares como gestores. Es posible esbozar un análisis praxeológico y evolutivo del problema.

Por evolución histórica el espacio no privado va siendo regulado por leyes que son fruto de un proceso de una competencia de fines más o menos excluyentes  y, por tanto, de combinaciones variadas de ellos. Las calles, las plazas, los viales en general, han sido orientados al tránsito en un proceso donde el servicio a la vida productiva se comparte con el servicio al ocio en una división temporal más o menos clara: día productivo, tarde de ocio tranquilo.

La noche es también momento de ocio aunque lo esperable es que se realice en espacios regulados como las terrazas o recintos privados. Con la irrupción de la izquierda política, aquel uso más burgués del espacio público fue alterado en función de un mayor o menor radicalismo. En muchos casos el espacio público fue (y en ocasiones aún lo es) apropiado por ella, aunque existe un cierto y difuso consenso en facilitar prioritariamente el uso de los viales como tránsito, y de las plazas y parques como descanso pre o post productivo.

Los muchachos del botellón, en concreto, hacen uso de los recursos que tienen para lograr lo que quieren con los menores costes posibles. Su respeto por el uso más o menos consensuado de los espacios públicos es menor, bastante menor que el de otros grupos de ciudadanos. Sus fines son juntarse y ocupar masivamente y excluyentemente el espacio privado para un ocio que perjudica a los propietarios colindantes, a los transeúntes que utilizan el vial con otros fines y generan sucesos violentos o disruptivos con frecuencia. Obtienen las bebidas al menor coste posible en los supermercados y ocupan, como free riders, el espacio público para reorientarlo hacia sus fines. Finalmente, producen grandes externalidades negativas.

Pero los políticos se niegan a adoptar medidas para limitar o suprimir esto. Por dos razones fundamentales: primero porque son gestores de lo ajeno que dependen del voto de los "botelloneros" adultos y del de los padres de los menores tanto como de quien sufre la externalidad negativa por su comportamiento. ¿Por qué un político iría a beneficiar a un votante más que a otro? Si no hay un grupo electoralmente más unido y poderoso no tiene por qué afrontar el problema y, simplemente, se esconde. Además, décadas de culto a la irresponsabilidad personal como marco ideológico global debilitan el uso burgués de los espacios públicos que se asentó tras las revoluciones industriales.

Las concentraciones de botellón generan externalidades negativas claras tanto si hay destrozos de propiedades privadas como si lo son de bienes públicos, o como si se trata de perturbación del sueño y de competencia a los hosteleros que sufren gravámenes por licencias, impuestos y precios públicos para sus terrazas. Por el contrario, los "botelloneros" eluden, cuando menos, esto último. Esto equivale económicamente  a una exención fiscal o a una subvención y, para colmo, con el efecto de perturbar a los demás.

El problema es irresoluble en términos lógicos y, por ende, en términos reales. ¿Por qué? Porque mientras existan espacios públicos toda política respecto de ellos es arbitraria, incluso cuando se oriente al servicio o protección de las propiedades privadas y las actividades productivas. Pero está claro que algo es necesario hacer y que eso pasa por retomar la subsidiariedad de lo público ante lo privado y la penalización de las externalidades negativas también en el botellón.

Predican libertad y atacan la de los católicos

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El laicismo, se nos dice, lejos de ser un arma contra tal o cual religión, es una garantía del respeto del Estado a la conciencia individual y es la base de una convivencia respetuosa con todas las creencias. Impecable su formulación teórica; veamos las obras de sus acólitos.

La tercera semana del pasado mes de agosto tuvo lugar en Madrid el encuentro internacional de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Numerosos jóvenes católicos de diversos países acudieron en peregrinación a dicha urbe para reunirse y escuchar al papa Benedicto XVI. Era la segunda vez que se celebraba dicho evento en una ciudad española.

Juan Pablo II instituyó la JMJ en 1985, coincidiendo con que la ONU lo proclamó Año Internacional de la Juventud. La iniciativa papal copió y mejoró una idea del lobby laicista. Cada cita ha ido logrando desde entonces un notable poder de convocatoria con resonancia mediática incluida. Había que reaccionar; era demasiado para los anticlericales de pro.

Las brigadas antipapistas se movilizaron para mostrar su desacuerdo y malestar por dichas jornadas (era su derecho de libertad de expresión) que tenían lugar en la capital, ciudad acostumbrada a ver manifestaciones de un sinfín de colectivos varios. La Puerta del Sol acabó siendo, empero, escenario de comisiones de delitos en cascada contra los pacíficos católicos allí reunidos. Sufrieron amenazas, vejaciones, insultos y agresiones, entre otros. Todo ese matonismo despreciable quedará impune pese a sus denuncias. El actual y exquisito Ministerio del Interior afirmó que investigaría si hubo excesos policiales contra los ciudadanos que protestaron contra la excesiva presencia de la JMJ en la calle.

Un Estado laico bien entendido implica la necesaria separación de cualquier iglesia con respecto a las instituciones estatales. Desde 1978 eso es lo que tenemos en la legislación española, con la peculiaridad de que es reconocido un peso específico de la Iglesia católica en nuestra sociedad. A los activistas anticatólicos esto les parece una afrenta. Se intentó cambiar el año pasado esta circunstancia con el guiso de una ley de libertad religiosa que acabó aparcada cuando los mercados despertaron súbitamente a ZP de sus caras ensoñaciones dogmáticas para devolverlo a la realidad y sus prioridades. Fue un fallido intento por relegar la religión católica al terreno meramente privado. La inquina contra dicha creencia llega incluso a considerar su manifestación pública como una verdadera provocación. Los campeones del laicismo exigen para sí la exclusividad del espacio público en nombre de la libertad.

A estos "frentistas" añorantes de la Constitución soviética del 36 (que promovía abiertamente en su art. 124 sentimientos antirreligiosos), además de recordarles la pésima imagen que han dado por su fanatismo, les recomendaría leyeran lo que escribieron Locke, Turgot, A. Chydenius o J. S. Mill acerca de la tolerancia. Si es pedirles mucho, al menos que lean el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (trufada, por lo demás, de ideología socialdemócrata y en cuya redacción nos quieren hacer creer que intervino su idolatrado e indignado Stéphane Hessel).

Por su parte, los sindicatos patrios dominantes y subsidiados (UGT y CC OO) convocaron para los días finales de la JMJ, y sin atenerse a los plazos previstos en la ley, una oportuna huelga en el metro y Aeropuerto de Barajas en protesta por incumplimientos del convenio colectivo y por los refuerzos que tuvieron que hacerse en dichos servicios durante las jornadas católicas.[ Su desenlace no pudo ser otro que su desconvocatoria por ser ilegal.

Finalizada la masiva asistencia de católicos a la misa en el aeródromo de Cuatro Vientos del pasado domingo 21 de agosto, nuestra pública TVE se centró en mostrar imágenes de las basuras y restos que quedaron y que tuvieron que ser recogidos por los servicios públicos de limpieza. Una forma peculiar y muy "neutra" de ver dicho evento. Otro modo –uno más- de atacar a la JMJ distinto al de los indigestos y consentidos del actual gobierno.

Como brillantemente nos ha recodado hace poco Domingo Soriano, ¿cuándo nos libraremos de la tiranía de obligarnos a pagar contribuciones para la propagación de opiniones en las que uno no cree? Léase actividades de oenegés laicistas, ecologistas, organizaciones tardo-marxistas, clanes caza-subvenciones, partidos políticos, sindicatos, patronales, cine español, cultura oficial, televisiones públicas, etc., etc., etc.

Ponga un neoliberal en su vida

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Para quien haya seguido durante estos meses las noticias sobre la crisis financiera y económica que padecemos, no habrá pasado desapercibido que los conceptos mercado y neoliberal se han usado con frecuencia y no pocas veces con desdén.

Desde que en el VI Congreso del Komintern Stalin estableció que fascismo y socialdemocracia eran lo mismo, fascista se convirtió en el peor insulto que te podían dedicar desde la izquierda. Su uso frecuente le hizo perder intensidad y necesitaba un recambio que llegó en la década de los 90: neoliberal. Cuando algo no está de acuerdo con un dogma izquierdista, basta con aplicarle el calificativo y pasa a formar parte del argumentario que hay que combatir.

El neoliberalismo es un concepto confuso que se usa según las circunstancias. Sirve tanto para un roto como para un descosido. Se puede aplicar a políticas públicas en las que efectivamente se reduce el papel del Estado en la economía y la sociedad. También se aplica cuando se produce una simple privatización de la gestión de ciertos servicios públicos, aunque éstos sigan ligados al Estado a través de permisos y licencias que la administración otorga a quien considere más adecuado para sus objetivos, o en sectores sobre los que ejerce una fuerte presión regulatoria. Según esta definición, la política latinoamericana de la década de los 90 fue básicamente neoliberal.

Sorprendentemente, es un concepto tan amplio que también incluye políticas intervencionistas, no de la izquierda política, pero que pueden ir acompañadas por un gran gasto público ligado, por lo general, a eventos singulares y extraordinarios como las guerras. Ejemplo de este último tipo sería la del presidente estadounidense George W. Bush, que no pocas veces ha sido tildado de tal, aunque con más frecuencia de neocon, de forma que en el imaginario izquierdista, estos términos pueden ser intercambiables.

Neoliberal es, por tanto, una categoría en la que caben acciones y actores, una etiqueta que favorece su manejo. O, como dice Enrique Ghersi, "una figura retórica por la cual se busca pervertir el sentido original del concepto y asimilar con nuestras ideas a otras ajenas con el propósito de desacreditarlas en el mercado político".

Durante las últimas semanas, en España nos hemos desayunado con una reforma de la Constitución española a la que nos obliga, según las malas lenguas, Bruselas y, según las peores, Berlín. Dicha reforma tiene, como no podía ser de otra manera, el sambenito de neoliberal, como indica el sociólogo José Luis de Zárraga. Paradójicamente, las muchas intervenciones que sobre la economía, la propiedad y la sociedad existen en nuestra Carta Magna no le llevan a referirse a ella como Constitución socialista o al menos intervencionista.

La izquierda más radical, que parece haberse aglutinado en torno al movimiento 15M, empieza a organizarse. Así, a las manifestaciones que convocaron los "indignados" el fin de semana del 28 de agosto, se han unido las movilizaciones que han anunciado los sindicatos UGT y CCOO en contra de los cambios constitucionales. Unos y otros los tildan de neoliberales y conservadores, dos calificativos que también suelen intercambiarse. A ello habría que unir la campaña que desde el mismo momento del anuncio de la reforma constitucional inició IU, que no ha dejado de culpar a los mercados y a la banca de una especie golpe al Estado Social[1].

Hay que reconocer que hay algo sorprendente en esta percepción del término mercado. Como por arte de magia, los mercados, que no deberían ser nada más que intercambios voluntarios entre partes, toman vida, se antropomorfizan (discúlpeseme el palabro), toman conciencia de sí mismos, obtienen un poder casi omnímodo de no se sabe dónde y sojuzgan a toda la humanidad al pedir que las deudas que los Estados han contraído sean pagadas en el plazo convenido o sean refinanciadas según el grado de riesgo de impago que consideren ambas partes. Ése es el totalitarismo del mercado, que se cumplan los acuerdos y contratos. Supongo que, según eso, todos hemos sido un poco totalitarios en nuestras vidas.

Pero como si de una religión habláramos, los ultraintervencionistas, además de temer a los demonios, adoran a sus ángeles. El Estado de Bienestar debe ser mantenido pese a quien pese, a costa de quien sea. Mientras el crédito se fue expandiendo como una explosión, la falsa sensación de riqueza se fue uniendo al populismo político y se pensó que cualquier cosa era posible, cualquier necesidad podía ser satisfecha por una administración enorme y corrupta. Las necesidades desaparecieron y fueron sustituidas por los derechos positivos, que se multiplicaron, siempre que las condiciones políticas fueran las adecuadas. La responsabilidad sobre nuestra propia vida, sobre nuestras acciones y sus consecuencias se diluye en el Estado del que dependemos cada vez más.

La justicia social, una sociedad justa, entendiendo por tal la que iguala resultados, es otro concepto idealizado por los ultraintervencionistas y, para conseguirlo, no dudan en promover leyes que vayan limando las aristas que más incomodan para que la materia prima se parezca cada vez más a su modelo.

En definitiva, ponga un neoliberal en su vida para poder echarle la culpa cuando las cosas vayan mal; demonice a los mercados, al capital, a los banqueros y empresarios que, con sus ansias de dinero y riquezas, impiden la llegada de la utopía; defienda el Estado de Bienestar, la igualdad de resultados, la justicia social; llore por todos los males que aquejan España y el mundo, preocúpese por las víctimas; señale acusadoramente con el dedo a los culpables y estará usted en el camino de lo políticamente correcto.


[1] Gaspar Llamazares escribía en Twitter que "Los mercados son voraces y no tontos. Saben que la reforma de la Constitución es un gesto político de sumisión y un recorte del Estado social".

Ciencia y opinión

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

No es muy común, aunque a veces suceda, que un opinador profesional, un lego en la materia con vagas nociones y poca profundidad en los conceptos, se aventure a comunicar una impresión, un mero juicio de valor, sobre conclusiones que sean propias de las ciencias naturales. Cuando esto sucede saltan todas las alarmas y el opinador, generalmente, es tachado de ignorante y poco riguroso. Esto, que es una consigna en el mundo de lo "natural", no es ni siquiera una regla de cortesía para con los estudiosos en el orbe de lo "social". De hecho, y dada la terrible confusión en la que se encuentra desde siempre el Hombre en su esfuerzo por comprender e interpretar los fenómenos sociales, pocos de los llamados científicos en este campo evitan confundir ciencia con opinión, distrayéndose de ese modo del que debería ser su principal empeño.

El científico natural presume porque sus hipótesis falsadas, normalmente, tienen una aplicación práctica demostrativa. No obstante, el mito de la exactitud de las ciencias naturales es mera apariencia. Fenómenos que son menos complejos permiten engañar a nuestra mente con notorios resultados prácticos, que en realidad esconden la evidencia de un conocimiento imperfecto, inexacto, del que surgen nuevos problemas, y en cuya profundización siempre crece la complejidad de los fenómenos observados, requiriéndose de un método mucho más amplio y cuidadoso. Las ciencias sociales tienen un objeto de estudio que es más complejo si cabe (Hayek), y no sólo eso, ya que al tratarse de asuntos sobre los que política y moral tienen tanto que ver, resulta dificilísimo deshacerse o evitar los juicios de valor, las opiniones y el dogmatismo.

Uno de los mitos que todavía muchos creen favorable al dominio de las ciencias naturales es la preeminencia del método inductivo. De acuerdo con esta opinión las teorías surgen tras la observación de unos hechos de los que llega a inferirse cierta regularidad. Tras comprobar las dificultades que surgen al aplicar este proceso al ámbito de lo social y la conducta humana, optan por negar la categoría científica a este tipo de estudios, considerándolos tan discutibles como opinables, y así, sometidos a los juicios de valor y el oportunismo político. O incluso peor: tratan de aplicar erróneamente el método que creen propio de las ciencias naturales a las sociales. Cuando en realidad, ni las ciencias naturales avanzan o se caracterizan por ser inductivas, ni lo social o lo conductual se manifiesta en una clase de fenómenos que impidan alcanzar un conocimiento científico sobre ellos, es decir, riguroso, controlable y verificable. El método científico, en cualquier caso, es de tipo deductivo (Popper). La hipótesis, fruto de la imaginación compositiva, de teorías previas, o del a priori consciente, es anterior a su confrontación con los hechos. Es más, la misma elección de hechos y circunstancias, o su relevancia en el proceso de falsación, responden a un criterio predeterminado por la visión previa de las cosas que adopte el investigador. Nuestra mente no puede operar de una manera distinta, ni siquiera cuando los hechos se nos presentan con aparente claridad, o las regularidades son externas, naturales, y creemos entreverlas con sencillez. La ciencia es ante todo una actitud, una manera de conjeturar, de criticar nuestros propios prejuicios, de mantener abierta la posibilidad de falsar incluso las conclusiones que nos resultan inamovibles.

De este modo se avanza tanto en el estudio de los fenómenos naturales como en el de los fenómenos sociales. La diferencia entre unos y otros radica en su grado de complejidad, en la profundidad de ésta y el punto en el que, en cada ámbito, los nuevos problemas exigen un tipo de investigación mucho más amplia y abstracta. Fantasía e imaginación en la dosis y en los cauces oportunos, así es como se expande el conocimiento científico (Einstein dijo algo parecido, y es el mejor ejemplo de cómo un científico natural, a pesar de mantener la actitud correcta y el rigor deseable en su ámbito de estudio, puede llegar a convertirse en un constructivista, defendiendo la posibilidad de centralizar la organización de la sociedad).

Las ciencias sociales se han ganado una merecida mala fama. La mayoría de los que dicen cultivarlas, o bien las niegan construyendo teorías imposible de controlar y falsar (Marx), y que son ajenas a la explicación de los fenómenos tal y como acontecen, o, en todo caso, caen en el complejo que les provoca el éxito técnico de las ciencias naturales, y pretenden aplicar una idea distorsionada del método que creen propio de este tipo de ciencias, utilizándolo como coartada de su contaminación ideológica respecto del objetivo constructivista/intervencionista que tratan de avalar (cientismo). En consecuencia, la opinión domina en el estudio de lo social. No existe opinador que no esté dispuesto a departir con vehemencia sobre estas cuestiones, incluso con el respaldo de lo que creen o defienden como ciencia económica aplicada. Cualquiera tiene una opinión al respecto; todo el mundo se enzarza en peregrinas discusiones que ignoran por completo el estado real del avance científico en la materia. Sirviéndose de las hipótesis que mejor conecten con sus ideas y valores morales o políticos, defienden la incontestabilidad de sus posiciones. Ignoran por completo la entidad de los fenómenos que dicen comprender, concluyendo auténticas entelequias y sofismas.

No se trata de batallar en el campo de lo científico con armas estrictamente ideológicas, porque al hacerlo lo normal es que el prestigio de las ciencias sociales acabe siendo el primer derrotado. A esto es a lo que nos hemos acostumbrado durante los dos últimos siglos, donde, sin embargo, multitud de pensadores han demostrado un ímprobo esfuerzo por conocer, por profundizar, por demostrar sus hipótesis y avanzar dentro de programas de investigación solventes y rigurosos. Lo triste, como decía, es que la controversia política y la opinión hayan despojado de su merecido reconocimiento a las ciencias sociales, centrando la atención prácticamente en exclusiva en quienes han sido y son capaces de justificar casi cualquier idea, apelando a una categoría epistemológica que debería negárseles por completo. De esta manera, al servicio de las ideas, de los movimientos políticos, de los valores y la moral, han quedado relegadas las ciencias sociales, volviéndose cada vez más superficiales, víctimas del complejo, el desprestigio y la manipulación (Keynes).

Euro: crisis de solvencia y fragilidad política

Escrito por Luis Torras en . Publicado en Análisis diario.

Estamos en los últimos días de un verano convulso para los mercados financieros que se han mostrado extremamente volátiles. El origen de esta volatilidad se encuentra en la incertidumbre generada en torno a la moneda común y en la posibilidad, cada vez más real, de que países como España no puedan renegociar, o hacerlo a un coste razonable, su deuda soberana con sus acreedores y de que el mundo en su conjunto entre de nuevo en una fase recesiva caracterizada por poco o nulo crecimiento económico y elevadas tasas de desempleo.

En líneas generales los mercados financieros habían anticipado una recuperación que se ha mostrado de pies de barro y lo acontecido este verano ha servido para evidenciar de forma clara que la crisis es profunda y que tardaremos en digerir el sobreapalancamiento financiero que caracterizó la etapa anterior. Por añaduría, a la digestión de la burbuja inmobiliaria, y otras graves distorsiones en la economía real, le hemos de sumar el problema en el que se han convertido las finanzas públicas de los países de la periferia del Euro, fruto de un grave error de diagnóstico a la crisis y que desembocaron en la mayoría de casos en masivos planes de gasto público en base a más deuda que ahora se ha convertido en una espada de Damocles para países como España.

Desde los poderes públicos y muchas tribunas académicas se pensó que la crisis sería una especie de tormenta de verano: con muchos rayos y truenos pero de corta duración y que enseguida daría paso a una etapa de crecimiento. Sin embargo, las causas de la crisis no se podían subsanar en el corto plazo: la crisis era consecuencia de una masiva inyección de crédito que había alimentado una gran burbuja que irremediablemente se tendrá que depurar con el doloroso ajuste.

El problema de un mal diagnóstico es que necesariamente nos conduce hacia un tratamiento equivocado. En este sentido, el intento de combatir una crisis derivada de un elevado apalancamiento con más deuda –siguiendo las recetas de corte keynesiano de aumento del gasto público– ha sido un error gravísimo que ha dejado las finanzas públicas en una delicada situación postergando el necesario ajuste y sumiendo a economías como la de España en un periodo de estancamiento prolongado.

Durante los años de expansión crediticia (y de gestación de la burbuja), asistimos impávidos al apalancamiento masivo de empresas y particulares. A nivel macro nos conformamos con crecer en base a endeudarnos con el exterior dejando en un segundo término cualquier intento de articular una política económica que permitiese generar un crecimiento económico basado en la mejora paulatina de la productividad y la competitividad real de la economía. El bálsamo que supuso la facilidad de crédito y las beneficiosas condiciones que nos ofrecía el Euro nos permitió generar un gran crecimiento económico a costa de reducir nuestra productividad en relación a nuestro coste laboral y generar un abultadísimo déficit comercial que todavía hoy (después de la fuerte contracción de nuestra demanda interna) se sitúa en niveles próximos al 4,5-5% del PIB.

Llegados a este punto, un diagnóstico acertado sugería que la burbuja inmobiliaria, enquistada en los balances de los bancos, se tenía que depurar y las entidades de crédito tenían que recapitalizarse (con dinero público o privado, pero ahorro genuino, el que no se destinó durante la burbuja ahora tiene que servir para sufragar las pérdidas) y que la economía en su conjunto tenía que emprender las reformas estructurales necesarias para permitir: de un lado el ajuste, el periodo recesivo en el que los recursos, capital y trabajo, se recolocan en aquellos sectores en los que son más productivos; y por otro lado, recuperar la competitividad perdida durante los años en los que nuestra economía estuvo inundada de crédito y parecía que podíamos crecer ad infinitum a base de pedir prestado al exterior.

Todo lo anterior se enmarca dentro de la moneda común (que imposibilita una devaluación; a no ser que España abandonase el Euro, hoy por hoy, escenario descartable), que se enfrenta a una grave crisis de solvencia en varias de las economías que la integran. Este escenario de, insisto, crisis de solvencia, no liquidez, desemboca en un único axioma válido: la crisis sólo se resolverá mediante una transmisión efectiva de riqueza de los acreedores a los deudores.

Una vez reconocido el problema y su solución solo cabe preguntarse cómo organizamos de manera ordenada esta transmisión de riqueza de acreedores a deudores de la forma menos dolorosa y más justa posible. Cuando el problema es entre dos partes (imaginemos una empresa y un banco), parece relativamente sencillo alcanzar acuerdos sobre qué deuda se renegocia, en cuál se aplican quitas parciales, en qué partes se amplían los períodos de carencia, y qué activos se dejan caer por ser claramente insolventes. Sin embargo, cuando el problema incluye diferentes países con diferentes agendas nacionales, interacciones con otras regiones e incluso diferentes ideologías y calendarios electorales, la negociación se torna mucho más compleja y difícil (como así está quedando en evidencia estos días).

No obstante, este hecho no debería de ser óbice para que desde las instituciones políticas se ejerza un liderazgo responsable anclado en la realidad y con el firme compromiso de enderezar el barco a la deriva, escenario en el que se encuentra a día de hoy la moneda común.

Existen tres alternativas principales para evitar el colapso del sistema en su conjunto: generar inflación, generar los llamados Eurobonos apalancando el buen rating crediticio de países como Alemania hacia economías hoy por hoy mucho menos solventes dentro del marco de la zona Euro, o la quiebra de muchas entidades financieras. Estas tres alternativas han colisionado en el seno de la Unión Monetaria, en donde se han evidenciado los graves déficits institucionales existentes en lo referente a la unión política que subyace al Euro y que la presente crisis ha puesto de manifiesto.

La posición alemana es contraria a generar inflación, que dañaría su competitividad y por lo tanto su capacidad exportadora y su crecimiento económico, y ha insistido en los planes de ajuste como mejor alternativa… aunque los mercados han dejado ya claro que los ajustes puede que no sean suficientes para hacer frente a los pagos de deuda (los planes de contingencia deprimen aún más la actividad económica en el corto plazo; no se trata del volumen de deuda sino de la capacidad de repago del deudor).

En este sentido, sólo efectivas reformas estructurales (cuyo objetivo es recuperar la competitividad perdida y generar crecimiento sólido), cuyos efectos se hiciesen notar en los indicadores económicos, podrían devolver a los países de la periferia europea la competitividad perdida y a la postre devolver la solvencia a sus economías. Sin embargo, para emprender dichas reformas se necesita un liderazgo político claro (que muchas de estas economías no tienen; por ejemplo España) y tiempo para implementar dichas reformas y que estas surjan efecto. Tiempo del que Europa no dispone.

Una segunda alternativa es la posibilidad de renegociar la deuda generando Eurobonos. Esta alternativa implica una transferencia del rating crediticio de las economías solventes de la zona Euro (principalmente Alemania) hacia las economías con problemas. La opción de emitir Eurobonos tampoco gusta a los alemanes por motivos obvios y a su vez podría genera situaciones de "riesgo moral" (premiando al necio y castigando al responsable) si no se adoptasen las medidas de control y planes de reformas estructurales necesarias.

Por último, está la opción de dejar quebrar los bancos. En Alemania, principal tenedora de bonos de los PIGS, los bancos están de facto nacionalizados (en los últimos stress test la mayor parte de los bancos alemanes no se presentaron a las pruebas para evitar un ridículo innecesario). En cualquier caso, hasta que no se clarifique cómo se van a realizar las transferencias de riqueza entre los diferentes acreedores y deudores en el marco de la zona euro y no se emprendan las reformas económicas que necesitan de manera urgente en las economías del arco mediterráneo no podemos esperar un punto de inflexión claro a partir del cual las economías efectivamente puedan reemprender tendencias de crecimiento más positivas en la Zona Euro.