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News of the World y periodistas españoles que piden mordaza

Basta con un caso aislado de abusos en una determinada área (o con varios, pero protagonizados siempre por la misma persona o empresa) para que surjan voces reclamando la intervención del Estado sobre la totalidad del sector privado en cuestión. Y da igual donde ocurra. Los hechos ilícitos, o incluso simplemente inmorales, ocurridos más allá de unas fronteras sirven para que haya quien reclame la intervención estatal como si el asunto no hubiera ocurrido en el extranjero. La excusa es que lo que pasa fuera puede llegar a tener lugar dentro, o que está ocurriendo pero los ciudadanos no lo ven. Este tipo de actitudes son muy valiosas para los políticos, que pueden agarrarse a ellas diciendo que son iniciativas provenientes de la sociedad civil, para tomar iniciativas que recorten la libertad.

Esto último es lo que puede ocurrir con la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Agarrándose al escándalo de las escuchas ilegales realizadas por The News of The World, han exigido que se creen en España "órganos de corregulación" destinados a establecer el "control democrático de los medios de comunicación". Por mucho que lo intenten disfrazar con bonitas palabras, lo que pretenden es imponer un modelo de mordaza bolivariana que termine con cualquier atisbo de independencia de los medios de comunicación.

Por si quedan dudas, a los miembros de estos órganos los nombrarían: organizaciones de periodistas (asociaciones, colegios y sindicatos; todos ellos politizados), organizaciones de empresas de medios (como si alguien creyese en la independencia de cualquier sindicato de empresarios español), asociaciones de usuarios (aplíquese lo que se ha dicho de los anteriores), universidades (¿existe algo con mayor control político en España?) y dos "técnicos" nombrados directamente por el Gobierno, uno representando al Ministerio del Interior y otro a la Judicatura. Eso sí, desde la FeSP tienen a bien informarnos de que estos dos últimos no tendrán carácter político. ¿Inocencia o caradura?

Esta misma pregunta es lo que hay que plantearse ante la afirmación del secretario general de la FeSP de que la politización de estos "órganos de autocontrol" se evitaría "por la idoneidad de las personas y la decencia de las organizadores. No hay otra forma de garantizarla". Olvida que hay una mucho más simple que confiar en lo que no merece confianza: la no existencia de dichas instituciones de control de la prensa.

Lejos de defender la independencia de los medios de comunicación, los sindicatos de periodistas quieren someterles a un constante control político. Como no pueden exigirlo de forma tan descarada, hablan de ética y de "control democrático de los medios". No debemos olvidar que este último argumento es el usado por gobiernos como los de Hugo Chávez, Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner para cerrar emisoras de radio y televisión (o, en algunos casos, al menos intentarlo) y tratar de acallar a los periódicos críticos con ellos.

Quien debe controlar los medios no son otros que sus dueños, que son quienes poseen el derecho de propiedad sobre ellos. El derecho a la información de resto de los ciudadanos no incluye controlar a quienes la proporciona, y menos aún que otros lo hagan en su nombre, pues al final de esta manera se coarta la libertad de expresión de los periodistas y la propiedad de los empresarios.

Otra cosa es que, como ha ocurrido con The News of the World, se violen leyes y derechos de terceros que nada tienen que ver con la libertad de expresión. Ahí deben actuar los tribunales de justicia, pero sólo por los delitos cometidos, no para someter a los medios a un control político.

Neutralidad contra libertad

No es que sean unos cambios traumáticos, pero los Tratados con nuestros socios nos exigen hacerlos.

Y en eso estábamos, cuando surgen las voces de siempre (mejor dicho, la voz, que tampoco hay tantas interesadas en el tema) para recordar a los representantes del pueblo la necesidad de garantizar la neutralidad y la libertad en Internet.

De lo que sigue sin enterarse la voz, es de algo que las otras muchas voces ya apagadas, como la de Google, sí se han enterado. Y es que la neutralidad de la red no tiene nada que ver con la libertad en la red. Al contrario, la regulación de la neutralidad de la red es una amenaza contra la libertad en la red, incluso a la libertad de esa voz que está clamando por ella.

En primer lugar, Internet es en estos momentos libre, y en eso cabe poca discusión. Sin necesidad de regular nada en lo referente a su neutralidad, ocurre que los principales protagonistas de la misma no han podido o no han querido restringir la libertad. Así que el que pida regulación para obtener libertad (algo por cierto paradójico), debería demostrar que la libertad hasta ahora disfrutada está en peligro. Y para ello no basta gritar lo de que viene el lobo.

En segundo lugar, una regulación de la neutralidad de red atentaría contra la libertad. Directamente, contra la de los operadores y legítimos dueños de las redes de telecomunicaciones, a los que se impondrían límites en el uso que pueden hacer de sus bienes. Seguro que a la voz no le apetece que le digan lo que tiene que hacer con su blog, su coche y su casa.

Pero indirectamente también contra las de los internautas de los que la voz se erige en defensor. Porque, si se les deja libertad, los operadores, que están aquí para ganar dinero, y eso solo lo pueden hacer sirviendo a sus clientes lo que piden, tratarán de ajustar su capacidad de telecomunicaciones a las demandas que más valoren los individuos. Y si estos prefieren que los paquetes que llevan información sobre el estado en tiempo real de las carreteras lleguen antes que el millonésimo fragmento de una película iraní de hace 10 años, los operadores tratarán de hacer que así sea. De esta forma, los internautas tendrán libertad para elegir los servicios que les interesen, y los operadores, para darles los mismos en busca del beneficio.

Pero si se mete por medio algún burócrata diciendo que todos los paquetes son iguales, y enseñando a los operadores cómo hacer su trabajo, nada de esto pasará. Al contrario, serán los intereses del burócrata, su supuesto conocimiento técnico, los que guíen las decisiones de los operadores. Lo que llevará a una pérdida de variedad, de riqueza, e incluso a poner en riesgo la red. Vamos, nada de libertad y más bien todo lo contrario.

Es esperable de los políticos que traten de restringir el ámbito de libertad de los individuos, sobre todo en un mundo que aún no tienen controlado, como es el de Internet. Lo que no se entiende es que cuenten con cómplices en el mundo cuya libertad quieren cercenar. A ver si la voz se entera de una vez: en Internet es posible que haya neutralidad si hay libertad. Pero es seguro que no habrá libertad si se impone la neutralidad.

¿Cuántos impuestos pago?

Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y a la que no todos han encontrado respuesta. La mayoría son asalariados a los que su nómina no deja ver la realidad. Y no se la deja ver por algo muy sencillo: al Estado no le interesa.

Para una persona corriente, la nómina es aquello que le ingresan en el banco el día 30 de cada mes. Puede ver, si se molesta en mirar, que unos porcentajes le son deducidos del sueldo en concepto de IRPF y seguridad social, pero respira aliviado al ver que, aunque le quitan un pico, no supera el 25-30% del sueldo.

Pero la realidad es muy distinta. El Estado, muy preocupado por nuestra comodidad, nos ha privado de la obligación de calcular cuánto le pagamos y de realizar la transferencia a sus arcas. Gracias a su generosidad, es la empresa la que debe realizar estas gestiones e ir quitándonos de nuestro sueldo el porcentaje oportuno que él establece. Por supuesto esta deducción se realiza en cada paga para que el dinero nunca llegue a nuestras manos y no se nos ocurra pensar que ha sido alguna vez nuestro.

Además ha establecido la curiosa norma de que sea la empresa la que pague una cuota a la seguridad social en nuestro nombre(aparte de la pagada por el empleado). Afirman que es un pago que realiza la empresa por el hecho de contratar a un trabajador; algo curioso si tenemos en cuenta que su montante se fija en el 32% del sueldo bruto que cobre el asalariado hasta un tope de 11-12 mil euros. Digo que es curioso porque, teniendo en cuenta que ese dinero se va a dedicar a pagar la pensión de cada asalariado (en realidad se dedica a pagar la de los jubilados presentes), tendría que ser éste, y no la empresa, quien hiciera las aportaciones como en cualquier otro tipo de plan de pensiones.

¿Por qué ha escogido el Estado este método? Es muy sencillo, si la mayor parte de los 12 millones de asalariados del sector privado viera que de cada nómina se les extrae el 50% del sueldo en vez del 25%, seguramente el sacrosanto Estado de Bienestar iba a hacer aguas. Los socialistas afirman que esto no es así, que lo hacen para obligar a las malvadas empresas a pagar unas cuotas que el trabajador no podría asumir, ya que si no las pagaran la empresas los trabajadores tendrían que asumir la cuota de su actual sueldo y el empresario se embolsaría la cuota que actualmente paga a la S.S. aumentando su insaciable codicia.

Esto es profundamente absurdo. Si los trabajadores tuvieran que pagar 500 euros más al mes al Estado, es totalmente evidente que pediría ese dinero a la empresa para seguir trabajando en ella. Un trabajador, y cualquiera, calcula siempre su sueldo después de impuestos, no antes. Pero es más, los sueldos en España, por desgracia, están vinculados a los convenios colectivos. ¿De verdad los sindicatos son tan estúpidos como para no incluir en el sueldo de los trabajadores el dinero que éstos van a tener que pagar a la S.S.? ¿Y las malvadas empresas van a oponerse a pagar un dinero al trabajador que ya están pagando a la S.S. y, por tanto, forma parte del coste que ese trabajador tiene?

No, la única función de la cuota del empresario a la S.S. es ocultarle al asalariado que le están quitando la mitad del sueldo en cada nómina. Que la mitad de los 20 días que trabaja al mes, de las 20 mañanas que se levanta a las 6 de la mañana, de los mil problemas que ha tenido que solucionar, en definitiva, de las infinitas penurias que van aparejadas a un trabajo, han sido para que el Estado se embolsara el fruto de su esfuerzo. Ni más ni menos que la mitad: semiesclavitud, nunca mejor dicho. Durante la mitad de nuestra jornada, durante la mitad del año o durante la mitad de nuestra vida trabajamos para otros, no para nosotros mismos. Ese es el secreto que guarda el Estado con una operación tan simple como trasladar una cuota al empresario (minoría mal vista) en vez de dejárselo al verdadero generador de la riqueza con la que se paga (inmensa mayoría que decide las elecciones).

Además, hay un efecto colateral que casi nadie sabe, excepto los economistas con aspiraciones a Ministro; en tiempos de crisis, como los que vivimos, a los políticos se les llena la boca diciendo que no van a tocar los derechos de los trabajadores. Pero, mira por dónde, los trabajadores desconocen que la empresa está pagando por ellos una suma bastante importante a al S.S., y por tanto, como cualquier derecho desconocido por su beneficiario, es pisoteado sin contemplaciones bajando esa cuota para liberar al empresario de esa carga, pero sin que en el convenio laboral (esa maravilla que salva al pobre trabajador de la opresión) se traslade esa cantidad al sueldo del empleado.

Se podría pensar que esto sólo afectaría a los actuales jubilados, que son los que perciben el dinero que se recauda de las cuotas, pero no. Los jubilados siguen cobrando su pensión, puede que congelada, y el dinero no recaudado con la bajada de las cuotas sale del aumento de un otro impuesto que con toda seguridad será pagado en su 90% por los asalariados.

Pero el Estado no se conforma con esto, todavía queda el segundo pago más importante que hace el trabajador: el IRPF. Este no lo puede ocultar y se le descuenta al trabajador de su sueldo bruto, pero se hace de la manera más astuta para, en primer lugar, disimular el montante total del pago y, por otro, hacer que sea prácticamente imposible que pueda evadir ni un céntimo.

¿Cómo lo hace? De nuevo, pasándole la pelota a la empresa, que está obligada a gestionar el pago del impuesto sin que el trabajador pueda intervenir. Además este pago se realiza en cómodos plazos, como en la teletienda, y de forma inmediata. Así el asalariado nunca llega a ver el dinero y muchas veces no es consciente del monto total que el Estado le está deduciendo de sus ingresos.

¿Cuál tendría que ser el método? Pues el mismo que se sigue con los autónomos: pagar por trimestres o por ejercicio fiscal. De esta forma el trabajador desembolsaría las cantidades de golpe, conociendo cuánto paga exactamente y con la posibilidad de pedir desgravarse el IVA de la gasolina, comida, etc., de los impuesto que paga como hacen el resto de sociedades.

Muchas personas pensarán que exagero y que las ventajas de conocer cuántos impuestos pagan los asalariados no compensan las desventajas de las comodidades a las que tendrían que renunciar. A todas esas personas les sugiero que entren en la web www.cuantosimpuestospago.com y pongan la cantidad bruta de su sueldo. Luego que piensen en pagar al Estado en cada declaración de la renta 10 mil (en caso de ser mileurista), 15 mil (en caso de tener un sueldo medio) o incluso 21 mil (en caso de tener un sueldo de clase media-alta) euros de golpe.

¿Sorprendido, eh? Ahora sabe cuántos impuestos paga, cuándo y por qué. Solo queda por saber qué va a hacer al respecto.

Basura legislativa

El ordenamiento jurídico lo constituyen un conjunto bastante heterogéneo de normas, aunque sujetas todas a una jerarquía normativa. Las que tienen mayor protección suelen ser las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales (o al menos lo que se reconoce como tal) y las que definen la estructura del Estado. También hay un conjunto de normas que son las que identificamos, en un primer momento, con lo que constituye el derecho: las que regulan la relación de las personas entre sí (civil, penal, mercantil…). Pero hay, al menos, otro conjunto de normas que, de un modo poco científico, podemos llamar “políticas”. Y que son leyes (u otro tipo de normas) que se crean con algún objetivo político determinado. Por lo general, para conformar algún tipo de sociedad, cambiar usos, valores y costumbres, redistribuir renta o riqueza, proveer de bienes y servicios para determinados grupos sociales, y demás.

El problema que me planteo es el siguiente: la posibilidad, más que probable, de que las normas de carácter político, las que se plantean ese conjunto de objetivos definibles, fracasen en sus objetivos o tengan consecuencias sociales no previstas y muy perjudiciales. Algunas de esas normas consisten en un conjunto de prohibiciones u obligaciones. Por ejemplo, la prohibición de fumar en determinados espacios o la obligación de cumplir con determinada regulación de calidad o ecológica. Los costes de tales políticas los absorben sobre todo los ciudadanos sobre los que recae la norma, aunque habitualmente tendrán que estar acompañadas por alguna infraestructura de control y sanción. Otras normas asegurarán el derecho a obtener determinados bienes a un precio por debajo del mercado o transferencias de renta o la obtención de determinados ingresos fiscales, si se trata de una tasa o un impuesto.

Todas llevan aparejados su conjunto de críticas liberales de las que no me voy a ocupar ahora. Pero si se planteaban unos objetivos definidos, debería poder estudiarse 1) Si se han cumplido esos objetivos, 2) si además se han producido otros efectos indeseables y 3) si existe una alternativa mejor. El objetivo sería identificar y eliminar toda la basura legislativa que se acumula, que ni se revisa ni, sobre todo, se elimina. Decía Calvil Coolidge que “es más importante matar las malas leyes que aprobar las buenas”.

¿Cómo acabar con la basura legislativa? Lo mejor sería que cada nueva ley tuviera que aprobarse con 1) Una relación de todos los objetivos que se desean cumplir con ella. 2) Una relación, asimismo, de todos los efectos negativos que pueda acarrear. 3) Una definición de los criterios que deben utilizarse para valorar los efectos, en uno y otro sentido, que tenga la ley. En ambos apartados podrían venir reflejadas las opiniones de grupos de la oposición. Y, sobre todo, 4) Un período no superior a 10 años en el que la nueva ley queda automáticamente derogada si no se renueva con el refrendo del Parlamento. La derogación de la ley debe llevar aparejado la disolución del aparato administrativo aparejado a la norma, aunque eso también exigiría una reforma de la función pública. También sería positivo que el Jefe del Estado tuviese el derecho de vetar o expulsar de la legislación leyes que se considerasen en conjunto negativas. Otra vía necesaria para acabar con la basura legislativa sería la cuestión popular: Un voto en referéndum para derogar, al margen del Parlamento y del Jefe del Estado, las malas leyes.

Cuando se proponen nuevas leyes, se revisten de fabulosas predicciones sobre todos los parabienes que van a traer. Los políticos tienen que justificar el cambio y acallar las quejas por los costes que pueda llevar aparejado. Un cambio de este estilo haría algo más racional el debate político y la aprobación de nuevas leyes y, sobre todo, expulsaría del ordenamiento jurídico normas que hacen más mal que bien.

¡Viva la especulación!

Difícil, pues, congraciarse con un oficio que, según relato popular, tiene por cometido hacer sufrir a las masas para concentrar la riqueza en cada vez menores manos.

La realidad, como suele acontecer, es bastante distinta a la que narran los prejuicios liberticidas. Primero por el hecho nada desdeñable de que, en cierto modo, todos y cada uno de los seres humanos, desde el más ilustre de los indignados al más despreciable de los Rockefeller, seamos especuladores: especular viene del latín speculare, es decir, observar con detenimiento algo. Todos, en nuestro mundano día a día, cuando decidimos comprar un kilo de manzanas, adquirir un vehículo, invertir en un paquete accionarial o prestarle dinero a algún Gobierno manirroto, y también cuando decidimos no hacerlo, estamos tomando decisiones de manera especulativa y contribuimos a la determinación de los precios de mercado. Al hacerlo, todos vislumbramos con mayor o menor claridad un escenario futuro en función del cual tomamos nuestras decisiones (las manzanas no me ocasionarán dolor de estómago y no podré encontrarlas más baratas en otro sitio cercanos; el vehículo no se estropeará a corto plazo ni aparecerá en el futuro cercano otro modelo mucho mejor y a un precio más asequible; las acciones se revalorizarán o no caerán sensiblemente; y el Gobierno manirroto honrará sus compromisos y no impagará sus deudas) y, por consiguiente, especulamos.

Sin embargo, no pretendo convalidar la actividad especuladora simplemente jugando con las palabras. Analicemos más en detalle a qué se dedican los especuladores profesionales, aquellos que por su visibilidad y especialización reciben toda la inquina social. ¿Cuáles son las funciones fundamentales que desarrolla el especulador profesional? Básicamente las reduciría a dos que tienen el idéntico propósito de coordinar a los agentes económicos. Por un lado, los especuladores redistribuyen los bienes o activos interespacial e intertemporalmente. Por otro, facilitan los intercambios y la acumulación de bienes y activos, dotándoles de un mayor volumen de negociación e incluso de precio.

Empecemos por la primera de estas funciones. Los especuladores intentan comprar los bienes o activos cuando o donde están baratos para venderlos cuando o donde estén caros. Gracias a ello, los bienes se encarecen en aquellos lugares o momentos en los que son relativamente más sobreabundantes para abaratarlos en aquellos lugares o momentos en los que son relativamente más escasos. Sin la especulación, las diferencias de precios entre dos puntos geográficos o temporales distintos serían mucho más abruptas.

Por ejemplo, supongamos que este año en Australia se producen unas brutales malas cosechas de trigo, mientras que en Estados Unidos tienen lugar unas cosechas excelentes de este cereal. Sin especulación –en su modalidad particular de arbitraje–, los precios del trigo en Estados Unidos se derrumbarían, hasta el punto de destinarlo para actividades muy poco valiosas (alimentar a los cerdos, por ejemplo), mientras que en Australia la gente se moriría de hambre. Sin embargo, gracias al especulador, quien comprará barato en Estados Unidos para revender caro en Australia, el precio del trigo tenderá a igualarse internacionalmente y a destinarse a sus usos más urgentes (que no serán alimentar a los porcinos yanquis, sino a los ciudadanos australianos).

Lo mismo sucede con la distribución intertemporal de los bienes, si bien en este caso, dado que el nivel de abstracción es mucho mayor, los efectos de la especulación suelen ser bastante peor comprendidos. El especulador compra hoy, cuando un bien o activo está barato por ser sobreabundante, con el propósito de vender mañana, cuando ese mismo bien será bastante más escaso y por tanto más caro; gracias a ello, encarece el bien o activo en el presente y lo abarata en el futuro. Sigamos con el ejemplo del trigo: imaginemos que este año ha habido una cosecha muy cuantiosa en Estados Unidos y que el especulador, gracias a su profundo conocimiento del campo, del clima o de la demografía (o simplemente por azar), sabe o intuye que en el futuro serán más escaso que hoy. Por ello, comprará trigo hoy –elevando su precio y volviéndolo más escaso–, lo almacenará y lo venderá mañana cuando sea más escaso (abaratando su precio). Y quien habla del abastecimiento de trigo a un año, puede hablar de vivienda a una década vista o de petróleo a medio siglo vista. Merced a ello, las fluctuaciones de precios (y de las disponibilidad de bienes) a lo largo del tiempo se reducen muy sensiblemente, evitando saltos abruptos.

De hecho, el especulador que esté muy seguro de sus previsiones podrá potenciar su actividad de estabilización de precios pidiendo prestado dinero. Yo puedo saber que los precios subirán en el futuro, pero si carezco de dinero no podré comprar bienes hoy para venderlos mañana. En cambio, cuanto más crédito me proporcionen, más bienes presentes podré controlar y, por tanto, más huella dejarán mis pronósticos sobre el futuro en el presente.

Llegados aquí conviene matizar que la distribución de los bienes que efectúan los especuladores no tiene por qué basarse únicamente en la estrategia más común de comprar barato para, después, vender caro. También puede operar en el orden inverso: el especulador puede empezar vendiendo caro para, después, comprar barato. Imaginemos que el propietario de un inmueble espera que, en el futuro, se reduzca su precio. La manera de estabilizar intertemporalmente su oferta y su precio sería enajenarlo hoy (contribuyendo a reducir su precio) recomprarlo más asequible en el futuro (contribuyendo a incrementarlo).

Y al igual que el especulador podía pedir prestado dinero para comprar mercancías o activos hoy y revenderlos mañana, también puede pedir prestados los propios bienes o activos para venderlos hoy y recomprarlos mañana (saldando el préstamo mediante la entrega física de esos bienes o activos). A esta operación se la suele denominar venta corta. Asimismo, puede darse el caso, un tanto más radical, de que el especulador venda a plazo bienes que ni posee ni ha pedido prestados; en tal supuesto, lo que realmente enajena el especulador es el compromiso de entregar en un momento determinado ese bien o activo; a esta operación se la conoce como venta al descubierto.

Junto con la distribución espacial y temporal de los bienes, hay que mencionar otra función de la especulación al menos tan fundamental como la anterior: facilitar el intercambio y la acumulación de bienes y activos dotándolos de un mayor volumen de negociación e incluso de precio.

Sin especuladores, una persona sólo podría vender un bien o un activo si encontrara justo en ese momento a otra persona que deseara comprar ese mismo bien o activo a un precio y en unas condiciones que beneficiaran a ambos. Así pues, si yo quisiera desprenderme ahora mismo de 5.721 acciones del Banco Santander, debería encontrar a una persona o grupo de personas que también ahora mismo quisieran adquirir al menos 5.721 acciones. Análogamente, si produzco cien mil kilos de naranjas, una vez cosechadas, debería encontrar rápidamente a un número suficiente de consumidores finales que quisieran adquirirlas.

Es evidente que en un mundo así, los intercambios serían notablemente menores a los actuales (es costoso encontrar siempre a la contraparte necesaria en el momento deseado) y, por tanto, la tendencia a acumular grandes cantidades de bienes o de activos de los que nos querremos desprender en el futuro también sería menor. En otras palabras, las menores posibilidades de intercambiar bienes y servicios se traducirían en un menor incentivo a invertir en empresas que los produjeran en gran escala (adiós, pues, a las economías de escala) y, asimismo, la mayor dificultad para desprenderte de acciones o de bonos a buen precio (por la falta de contrapartes) también implicaría un menor incentivo a ahorrar e inmovilizar tu capital en esos instrumentos (de modo que los mercados de capitales se atrofiarían, encareciendo la financiación empresarial).

Afortunadamente, empero, los especuladores también actúan como intermediarios para conectar a los dispersos compradores y vendedores finales. Son ellos quienes sirven como contraparte para comprar o vender cuando pocos más quieren hacerlo. Además, en los casos extremos en los que nadie más quiera comprar o vender, los especuladores serán los únicos agentes de mercado que se atrevan a tasar (dar precio) ese bien económico o activo, tanto para que otros puedan comprarlo (asked price o precio pedido) como para que puedan venderlo (bid price o precio ofrecido). En pocas palabras, los especuladores, conscientes de que las órdenes de compra y de venta están distribuidas irregularmente en el tiempo y el espacio, acumulan inventarios de un bien o activo cuando todos quieren vender y liberan su inventario cuando todos quieren comprar. La fuente de su beneficio procede, en este caso, de que –como cuando vamos al banco a obtener divisas– compran el bien o activo más barato de lo que después lo venden.

Gracias a la función de la creación de mercado, por consiguiente, los especuladores orientan la valoración de los bienes o activos (en momentos en que nadie más quiere intercambiarlos) y, sobre todo, les proporcionan un volumen de negociación lo suficientemente amplio como para que otras personas, al saber que casi en cualquier momento podrán desprenderse de ellos a buenos precios, ahorren e inviertan en su producción.

En definitiva, los especuladores facilitan enormemente la coordinación de los agentes económicos llevando, por un lado, los bienes o activos al lugar o momento más valorado y facilitando, por otro, las operaciones de intercambio y acumulación de estos últimos. Por supuesto, ese santo patrón del capitalismo que es el especulador puede equivocarse y, en lugar de estabilizar los precios, puede desestabilizarlos todavía más (comprando cuando él cree que está barato y teniendo que vender luego todavía más barato o vendiendo cuanto cree que está caro para recomprar luego todavía más caro), en especial si realiza sus operaciones vía crédito. Pero no parece muy consistente poner en duda la actividad especuladora por el hecho de que pueda resultar falible; todo en la vida lo es y no por eso sometemos a severísimas críticas las relaciones en pareja, las inversiones productivas o el auxilio caritativo del prójimo. Más que nada porque el especulador se enriquece cuando acierta, pero se hunde en la miseria cuando fracasa (en ausencia de rescates estatales): comprar caro para vender barato o vender barato para recomprar caro no parecen los negocios más lucrativos que uno pueda imaginar, en especial si para llevarlos a cabo te has endeudado. Otra cosa distinta, y más habitual, es que laceremos a los especuladores cuando aciertan y porque aciertan; nadie dijo que la verdad fuera un plato sencillo de digerir. Pero, desde luego, si lo que nos molesta son los errores de la actividad empresarial, inherentes sea cual sea ésta, lo que deberíamos hacer es sacar a hombros a los especuladores exitosos y reprimir a los fracasos. Sin embargo, creo que con el mecanismo de mercado es suficiente: que se forren cuando acierten y se arruinen cuando fallen. Ese sistema de premios y castigos, sin distorsiones estatales, se me antoja ya más que suficiente.

Competitividad como única opción de desarrollo para España

La crisis económica de España no se arreglará con más Estado ni con más intervención en los mercados ni con más subvenciones que distorsionen la competencia y, por supuesto, tampoco con más impuestos directos sobre la banca, los empresarios o los trabajadores.

Por el contrario, más que nunca, se necesita sumar el empuje y la inversión de las clases medidas y emprendedoras, lo que se logrará sólo en un mercado sin barreras normativas y con claras ventajas competitivas. Por ello, a continuación, permitan que resalte cuatro pilares que son determinantes para cimentar una ganancia sustancial de productividad.

El primer pilar que debe recuperar la competitividad de la economía española es la racionalización de los costes salariales. Dado que la política monetaria ahora es competencia del Banco Central Europeo y no se puede devaluar una moneda fiduciaria nacional, los españoles sólo podemos reducir el coste salarial unitario para hacer competitivos nuestros productos y servicios.

La recuperación económica de España requiere ser competitivos frente a nuestros socios europeos. Por ello, es inaceptable que el coste laboral unitario haya aumentado un 30% respeto a Alemania en los últimos 10 años, según refleja el último informe de coyuntura publicado recientemente por IESE.

Evidentemente, la competitividad laboral es mejor lograrla con una reducción importante de las cotizaciones a la Seguridad Social, en vez de con despidos o reducciones de nóminas, que resultan tremendamente perjudiciales, porque afectan al poder adquisitivo de las familias y, por tanto, a la demanda de bienes y servicios. Aunque, desde luego, una rebaja de las cotizaciones sociales debe venir acompañada de un aumento de impuestos indirectos, como el IVA, para cuadrar los ingresos fiscales.

En todo caso, como segunda derivada, ayudaría mucho a la economía española que la negociación de convenios fuese realizada empresa por empresa, que los sindicatos se financiasen con aportaciones de afiliados y simpatizantes, y que los aumentos salariales quedasen ligados por ley al incremento de productividad para competir en el mercado laboral europeo del mismo modo que lo hacen los trabajadores y sindicatos de Alemania.

El segundo pilar que aportaría ventajas a España es la desregulación del sector energía mediante la competencia entre un número mayor de empresas y tecnologías, sin que los ciudadanos tengan que subvencionar ni el carbón ni la energía nuclear ni las energías renovables con más de 6.000 millones de Euros –más de un billón de las antiguas pesetas– cada año, lo que genera incrementos crecientes en los precios de electricidad, gas natural, Diesel y gasolina.

Pero si las empresas necesitan costes salariales y energéticos competitivos en un mercado global para generar empleo y riqueza en un país, también es importante que se doten de empleados, productos y procesos innovadores. 

Por ello, el tercer pilar de la competitividad es la calidad en formación y en investigación, desarrollo e innovación. Es una desgracia que España no cuente con universidades clasificadas entre las cien primeras del mundo por carecer de incentivos que premien el mérito y la capacidad de profesores y estudiantes. Por ello, es necesario incentivar una mayor presencia del sector privado en las universidades con el patrocinio empresarial de cátedras y la desgravación fiscal de becas, contratos y líneas de investigación. Igualmente, se deben impulsar la empresarialidad y el I+D+i con semilleros de empresas tecnológicas integrados dentro del propio campus, desburocratizando la creación de empresas y fomentando la excelencia entre centros académicos para obtener fondos.

Finalmente, el cuarto pilar de la competencia es la inversión inteligente en infraestructuras. En un entorno de crisis, tiene mucho que decir la financiación privada de inversiones públicas mediante “asociaciones público privadas” ya que posibilitan la ejecución de proyectos de infraestructuras que soportan el desarrollo económico con una amortización y un retorno de inversión adecuados.

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Contra el cheque escolar

El actual sistema escolar del estado del bienestar se financia quitándoles recursos a unos para dárselos a otros, de manera que todos tengan igual acceso. Algunos proponen reformar este sistema estableciendo un cheque con el que la administración pública entregaría a cada familia o alumno los recursos recaudados, de modo que el usuario pudiese elegir a quien confía su escolarización.

Una de las propuestas más conocidas del cheque escolar fue la presentada en un panfleto titulado "El papel del gobierno en la educación", en el que Milton Friedman justificó la intervención estatal (como ha hecho tantas veces).

Pero ¿qué tiene la escolarización que la hace tan especial, tan importante, que pueda justificarse la coacción sobre algunos individuos para obligarles a financiar la escolarización de los hijos de otros?

Aparentemente, el cheque escolar daría una mayor libertad, pero sólo a corto plazo. En realidad, sigue siendo un sistema de redistribución de la riqueza: quitar a unos para dárselo a otros, pasando por las manos del gobierno. Y la administración pública, ya se sabe, siempre que parte y reparte, se queda la mejor parte. Pero ¿qué podría esperar la administración pública a cambio de financiar la escolarización de los niños? Control, por supuesto. Control sobre los centros y sobre el currículum; sobre los padres y sobre los niños. Y, por tanto, sobre la familia. ¿Es ésa una medida auténticamente liberal o sólo es una ilusión? ¿Elegir entre lo malo y lo menos malo es libertad? ¿Dónde quedan lo bueno y lo deseable?

Lo que no nos cuentan los promotores del sistema del cheque escolar es cuál sería su aplicación práctica. ¿Quién los financiaría? Probablemente sólo unos cuantos, en función de su riqueza, aunque no tuvieran hijos, o aunque eligieran escuelas privadas, o aunque no los tuvieran escolarizados. ¿Y quién los recibiría? ¿Habría cheques para todos los niños? ¿También para los homeschoolers? ¿O sólo los recibiría un grupito selecto en función de su situación familiar y económica? ¿Se atendería a méritos académicos? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Podría un beneficiario del cheque acudir a cualquier escuela de su elección, o podrían los centros escolares decidir si se unen o no a este programa de financiación?

Cuanto más importante es un valor, más crucial es que podamos desarrollarlo en libertad. Que la escolarización sea importante no implica que necesitemos recurrir a la coacción sino todo lo contrario. Si el razonamiento "es tan importante que requiere coacción" tuviese sentido, entonces lo aplicaríamos con éxito a la alimentación, la felicidad, el amor, etc.

El sistema del cheque escolar sería, en el mejor de los casos, un parche chapucero, un mal sistema para intentar arreglar un sistema aún peor, el escolar, que resulta ser un fracaso estrepitoso (si aceptamos la dudosa premisa de que su objetivo es educar y formar). Y, sin embargo, el problema de la educación no es un problema económico sino estructural, es decir, de principios, valores y de cómo aplicarlos. Hay que devolverle el control a los padres; y esa devolución no pasa por cambiar de un sistema de financiación pésimo a uno sencillamente malo. Aunque lo diga Milton Friedman (cuyo hijo David, por cierto, educó a sus hijos Becca y Bill en casa).

Los recursos son escasos

La mayoría de los errores en los campos de la economía y la política provienen de no entender el problema fundamental de la economía y de la existencia humana: la escasez.

Es habitual ver a la clase política, a los medios de comunicación e incluso catedráticos de economía, apoyar mensajes y teorías intervencionistas que prometen eliminar la escasez de algún recurso de forma mágica o en base a buenas intenciones. Son comunes los eslóganes del tipo "haremos que todo el mundo tenga una vivienda" o "sanidad gratis para todos".

Sin embargo, las continuas regulaciones e intervenciones en los mercados y las inseguridades jurídicas que desembocan en pobreza y crisis económicas son fruto de no entender qué es la escasez y de qué manera debemos luchar contra ella.

Con respecto a la escasez podríamos decir, como diría Goethe, que todos la viven pero nadie la entiende. Y es que si hay algo cierto, además de la muerte y los impuestos, es que vivimos en un mundo de recursos escasos. Estamos rodeados de escasez de bienes, tiempo y energía. Este problema se ha presentado en todas las etapas de la humanidad sin excepción.

¿Qué significa que un bien sea escaso? Que no podemos disponer de una cantidad ilimitada de aquello que consideramos útil.

Ciertamente, no estaría mal vivir en el Jardín de Edén. Colocados allí como Adán y Eva, contemplando el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Recién creados por Dios, que nos entregaría todo aquello que necesitásemos para tener gozo, placer y armonía. De este modo no nos faltaría de nada. Todos los bienes serían superabundantes. Serían bienes libres, porque están disponibles en tal abundancia que no es preciso administrarlos.

Pero hasta que el tiempo se haya cumplido y estemos en el Reino de Dios, la realidad es bastante diferente. Nos encontramos con bienes escasos, llamados también bienes económicos.

Aparte de nuestra experiencia diaria, la lógica de la acción nos lleva a deducir que los medios han de ser forzosamente escasos, puesto que si no lo fueran, no serían tenidos en cuenta a la hora de actuar. Es decir, allí donde no hay escasez no hay acción humana. Toda acción humana presupone la escasez.

Decía Mises que la acción tiende al estado de reposo pero que nunca lo alcanza. En este estado se habría suprimido todo malestar, lo cual significaría la supresión de toda actividad. Los intercambios entre personas se detendrían porque nadie creería posible mejorar su situación mediante otra actuación. Se trataría de una situación en la que los medios no serían escasos, por lo que estarían plenas todas nuestras necesidades y no necesitaríamos llevar a cabo ulteriores acciones.

Sin embargo, los medios son, por definición, insuficientes para la satisfacción de todas nuestras necesidades. A este tipo de bienes que el actor cree subjetivamente que son necesarios para alcanzar algún fin los hemos denominado anteriormente bienes económicos. Constituyen el fundamento de la acción y únicamente de ellos se ocupa la economía.

Volver a la realidad

El juego electoral consiste en una apuesta entre los dos partidos socialistas mayoritarios (de izquierda y derecha), que pugnan por ofrecer el caramelo más apetecible para los votantes que, una vez cada cuatro años, se olvidan de que el resto de los días son ellos mismos los contribuyentes que pagarán las promesas envenenadas.

Todavía no sabemos a ciencia cierta si a la vuelta de las vacaciones nos encontraremos un adelanto electoral o tendremos que esperar hasta el otoño del año que viene, pero las principales cartas de los candidatos ya se encuentran sobre la mesa. Se produzcan cuando se produzcan los comicios, necesitaremos un baño de realidad para depurar los excesos y pinchar las burbujas que con el entusiasmo de nuestros votos hemos contribuido a hinchar.

Hasta ahora los políticos se habían peleado por ver quién llevaba en sus programas la mejor oferta. Desde la ampliación de las subvenciones a los parados de larga duración, pasando por las ayudas por hijo nacido hasta los descuentos de Hacienda por compra de vivienda. Un mercadillo de privilegios que el ciudadano percibía como "gratuito" sin pensar que la renta que se le sustraía para pagarlos no habría sido mejor administrada desde su propio bolsillo según sus necesidades.

Como vemos en Grecia y de forma preventiva en España con el movimiento 15M, a nadie le gusta renunciar a los privilegios adquiridos, pero si queremos que el actual sistema continúe siendo viable, tendremos que ajustarnos el cinturón. La duda, entonces, es si los políticos, que dependen de los votos, aceptarán esta realidad y dejarán de prometer lo imposible.

Los pasos que sigamos a partir de ahora marcarán nuestro futuro, o el Estado se retira y devuelve la responsabilidad a los individuos, o se enquista parasitando a los contribuyentes e impidiendo que generemos riqueza. El discurso de la proclamación de Rubalcaba como candidato del PSOE apunta a que apostará por continuar la senda populista. El hasta ahora vicepresidente del actual gobierno y miembro de los gobiernos socialistas de Felipe González ahondó en los tics izquierdistas prometiendo la creación de empleo desde el sector público, el mantenimiento de una educación que prepara buenos funcionarios, nuevos impuestos a los bancos y la fobia a los ricos como culpables de la pobreza. No piensan que para poder expoliar a los ricos existe una condición necesaria, que haya ricos. Y la riqueza, no la crean los gobiernos sino los emprendedores que arriesgan e innovan con la esperanza de obtener beneficios que también recaen sobre toda la sociedad. En dejar hacer a los empresarios, eliminando trabas y complicados trámites que impiden la creación de empresas, se encuentra la receta mágica que Rubalcaba promete tener pero hasta ahora no ha aplicado ni piensa llevar a su programa.

No se trata de que los hijos vivirán peor que los padres, los hijos deben asumir que hasta ahora han vivido por encima de sus posibilidades, como nuevos ricos que nunca fueron. En lugar de generar riqueza, han vivido de las rentas producidas por quienes les antecedieron. Volver a la realidad será muy duro para todos aquellos que hasta la fecha creían que su sola existencia conllevaba que todas sus necesidades y muchas comodidades estaban aseguradas por un Estado benefactor de fondos ilimitados. Las burbujas se han pinchado, el dinero de nuestros padres se ha terminado y hay que ponerse a trabajar. Y si no lo hacemos, la realidad terminará por arrollarnos.

El Bicentenario como culto a la personalidad

Finalmente, supimos qué le pasaba al dirigente venezolano. Se trataba de una operación que contenía elevadas dosis de dificultad, las mismas que él ha empleado a posteriori para generar el culto a su "arrolladora personalidad". En un posoperatorio récord, Chávez saltó de La Habana a Caracas para dirigir el desfile militar con el que se conmemoraba el II Bicentenario de la Independencia.

Este modus operandi recuerda al de Kim Jong Il en Corea del Norte, un habitual de la duda médica y del recurso a la ostentación militar, aunque esta última suele llevarla, en ocasiones, al terreno de los hechos prácticos. En su día, también la URSS apelaba con frecuencia a la opacidad cuando de informar de la salud de sus dirigentes se trataba; una vez que todo se había "normalizado", entraba en escena un gran desfile del Ejército Rojo.

En Caracas, por tanto, apareció el auténtico caudillo populista. Vayamos por partes. Para empezar, cuando Chávez describía cómo discurrió la intervención médica, parecía estar narrando una batalla militar en la que, como no podría ser de otro modo, el éxito estuvo de su lado, ayudado en su empresa por los servicios médicos cubanos en forma de soldados, metafóricamente hablando.

En este último punto debemos detenernos puesto que si hay una sanidad ideologizada en el mundo, esa es la cubana, de tal modo que su brillantez y eficacia están al servicio de un fin mayor: la legitimación del Castrismo. De la misma manera, el hecho de que Chávez optase por médicos cubanos pone también de manifiesto que los servicios médicos venezolanos presentan importantes deficiencias. No es algo nuevo, pues de todos es sabido que el trueque, como modelo económico, caracteriza las relaciones Cuba-Venezuela. Así, desde el país caribeño se envían ingentes cantidades de petrodólares (ahora menos) a cambio de que soldados y médicos de la Isla se establezcan en Caracas para efectuar "labores de asesoramiento".

El segundo punto a tener en cuenta es el desarrollo del desfile. En el mismo, la megalomanía de Chávez le llevó a distorsionar la realidad con reiteradas apelaciones al "pueblo", a China o a Rusia. Consecuentemente, mezcló, como diría un castizo, churras con merinas con la finalidad de mostrar que su proyecto político está más vivo que nunca. Sin embargo, pasó por alto las importantes carencias de su población, que van desde las de tipo alimentario hasta las de seguridad.

Tercer punto: los voceros de Chávez, internos y externos. Dentro de los primeros, destaca su mano derecha, el Vicepresidente Elías Jaua, quien exaltó la labor del ejército, hablando incluso de una unión cívico-militar en la construcción de una Venezuela mejor. Para ello estableció una curiosa relación: la labor humanitaria de las Fuerzas Armadas para ayudar a aquellos campesinos que habían sufrido desgracias naturales y sociales producto del capitalismo.

Evidentemente, en un evento como el II Bicentenario la soflama anticapitalista tuvo su espacio propio así como la diatriba antinorteamericana. Esta última corrió a cargo de Dafne Carreño (Agregada Militar de Venezuela en Cuba), que insistió en la vieja leyenda de que Estados Unidos quiere dominar a América Latina y que, por tanto, celebraciones como el II Bicentenario ilustran la oposición, en forma de rebeldía, a que tal hecho tenga lugar.

Es curiosa la insistencia en la verborrea antinorteamericana practicada por el Chavismo cuando la realidad ofrece datos que van en la dirección contraria. En efecto, Centroamérica recurrió, o por mejor decir, imploró recientemente la ayuda (económica) de Estados Unidos para intentar doblegar a la violencia y al tráfico de drogas. Esta misma semana Ollanta Humala habló de mejorar la relación con la Casa Blanca partiendo de la base de que aquélla era buena. La suma de ambos hechos da como resultado que el número de socios del proyecto albista permanece estancado.

En definitiva, Venezuela bajo Chávez sigue apostando por la combinación de populismo cortoplacista y componente mediático. El resultado es la descripción de un panorama que poco tiene que ver con la realidad y que, en última instancia, agrava los problemas de sus compatriotas.