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El lío de Microsoft y Skype

La discrepancia es muy llamativa, tanto como para que muchos andemos preguntándonos qué ha visto el señor Ballmer en el futuro para dar tal valoración a una empresa de llamadas telefónicas por internet. Por centrar más la cifra, los analistas financieros cifran el valor de cada cliente adquirido en unos 1000 dólares, cuando cada uno de esos clientes, según los mismos cálculos, da una media de 30 dólares de beneficios.

Lejos de nuestra intención poner en duda la capacidad emprendedora de una empresa con el registro histórico de Microsoft: algo estarán viendo que los demás mortales no alcanzamos. Por algo Microsoft es una de las empresas más grandes del mundo, posición lograda sin ningún favor gubernamental.

Sin embargo, sí existen algunos aspectos que merecen particular reflexión. Por ejemplo, esta fusión nos trae ecos de la burbuja tecnológica de principios de siglo. En concreto, recuerda enormemente a la fusión Time Warner–America On Line (AOL). Aquella operación, como ésta, suponía la integración entre dos mundos hasta ese momento separados: los contenidos y la informática. Como ésta, fue saludada como el heraldo del nuevo mundo que nos esperaba, y generalmente poco comprendida. Esperemos, por el bien de Microsoft, que no pasen de aquí los parecidos, porque la historia no termina bien: ¿alguien sabe qué ha sido de AOL?

Tampoco se quiere poner en duda la capacidad de innovación de Skype. Sin embargo, desde hace algún tiempo el nombre de Skype se ha visto asociado al debate sobre la neutralidad de red, y no tanto al lanzamiento de servicios revolucionarios. La preocupación principal de Skype es en estos momentos conseguir que los reguladores impidan a los operadores móviles el bloqueo de los servicios de voz sobre IP.

Lo que nos lleva a una paradoja que puede ser letal para la operación. Por un lado, Skype está centrado en que los operadores de telecomunicaciones, por su condición de dominantes, no limiten el acceso a sus servicios. Por otro, resulta que Microsoft es la empresa que mayor persecución ha sufrido por la misma condición.

Ítem más: resulta que Microsoft afirma que los principales beneficiarios de la integración con Skype van a ser sus usuarios de Xbox y Kinect. Pero ocurre que esta plataforma es cerrada y bajo el control absoluto de Microsoft. Las aplicaciones aquí son coto vedado, y solo están accesibles a los clientes de Microsoft, y solo quién decide Microsoft suministra aplicaciones.

Así que a ver quién le ata el cascabel al gato. ¿Seguirá Microsoft la estrategia regulatoria de Skype de acusar de dominantes a las telecos? ¿O serán las telecos las que recuerden al regulador que Microsoft es dominante en aplicaciones informáticas y Xbox?

Y digo yo, ¿no sería mejor que no hubiera reguladores enredando y que Microsoft-Skype y las telecos dedicaran todos sus esfuerzos a dar el mejor servicio posible a los usuarios?

La trampa democrática

Casi 35 millones de españoles estamos llamados a las urnas el próximo 22 de mayo en lo que la corrección política de licenciados en periodismo moldeado por las universidades estatales ha llamado en denominar "fiesta de la democracia". Una fiesta en la que se sacrifican nuestras libertades para el disfrute de los socialistas de todos los partidos y que pagamos los de siempre, los contribuyentes.

No debe llamarnos la atención que entre las tres formas puras de gobierno establecidas por Aristóteles se encontrara el gobierno de muchos que degeneraba en demagogia cuando dejaba de buscar el bien común. Los griegos ya lo pesaron casi todo antes y mejor de lo que nosotros podamos añadir ahora, pero lo que ya se sabía entonces parece haberse olvidado hoy.

El argumento cuantitativo no es ni debería ser el hecho que define lo que se conoce como "democracia", elevando un simple mecanismo de selección de élites a la categoría de sistema político en el que la aritmética es la única regla que valida el ordenamiento jurídico por el que nos regimos. La separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos que mantienen en equilibrio todo el sistema frenando los excesos sin convertirse en un lastre son una parte tan fundamental de una "democracia" como el conteo de votos.

De lo contrario, el mercado político se convierte en campo abonado para el socialismo de todos los partidos, que pugnan por el voto de una ciudadanía dependiente de las prebendas que estos ofrecen. Al iniciar este camino cuesta abajo, el crecimiento del Estado se vuelve incontenible y, prácticamente, irreversible, la red clientelar sustituye los esfuerzos y méritos individuales para convertir la iniciativa emprendedora en sujeto paciente a la espera de las concesiones distribuidas por los gobiernos. El propio sistema se cierra sobre sí mismo y a ningún partido ni a ninguno de los ciudadanos-beneficiarios les interesa poner coto a esa escalada, pues el coste aparece diluido entre toda la sociedad donde la ausencia de precios libres nos impide valorarlo en su dimensión real. Los políticos pasan a ser la casta que controla los mecanismos de poder mientras que los ciudadanos son receptores de renta, ya sea en forma de estudiantes eternos, pensionistas que nunca cotizaron, padres que tienen hijos u organizaciones subvencionadas de todo tipo. En mayor o menor medida, a ninguno le interesa parar la vorágine de explotación del contribuyente pues todos aspiran a beneficiarse de forma que el saldo de lo que aportan les resulte favorable, aunque jamás lo podrán llegar a comprobar.

Nuestro sistema constitucional está viciado en origen al tratarse de una carta otorgada por la clase política en la que se da forma al Estado y de éste surgen todos los derechos y deberes que los ciudadanos deben aceptar. De esta forma es el Estado el que controla a los ciudadanos y no al revés, que como hombres libres pactan una Constitución que defina y limite un poder político que tendrá como deber sagrado respetar los derechos previos de aquella comunidad reunida.

Un sistema que se justifica por sí mismo, que se autolegitima sin apelar a un cierre exterior o anterior, es maleable y corrupto en su propia esencia. Es, en definitiva, el mal del que adolece el sistema jurídico kelseniano sobre el que se levantan nuestras leyes. Si el Derecho se justifica en el Derecho, resolver la constitucionalidad y adecuación de las normas se limita a una simple cuestión formal, que aunque importante, permite trastocar la ley desde la ley vulnerando el espíritu de la misma hasta convertir todas las garantías constitucionales que nos protegen en un mero armazón inoperante. Ley que los políticos pueden saltarse siempre y cuando adecuen los atropellos formalmente, es decir, cumpliendo simplemente los procedimientos, aunque la letra y sus efectos sobre nuestras vidas sean aberrantes.

Esta doble trampa de nuestro nos atrapa en la vorágine de un sistema aparentemente legítimo pero cuestionable, sin dejar margen al necesario control que limite el poder político.

El Scottish National Party: entre el populismo y la independencia

En 1997, bajo los auspicios del recién llegado Nuevo Laborismo, Escocia recuperaba su parlamento a través de la reforma constitucional más importante efectuada en Reino Unido durante el siglo XX. El Scotland Act de 1998 tenía como objetivo acercar el gobierno de Escocia a los escoceses, nunca sentar las bases para la independencia. Asimismo, los primeros procesos electorales celebrados para elegir a las autoridades de la nueva institución no alteraron en lo substancial el mapa político británico, si bien el Labour Party debió formar gobiernos de coalición con los liberales en 1999 y 2003.

Este escenario comenzó a variar en las elecciones de 2007, con el triunfo por la mínima del SNP, esto es, del nacionalismo que apuesta por la independencia. Fue un hecho sorpresivo y para muchos puntual, es decir, la creencia generalizada fue que en los siguientes comicios (2011) todo volvería a la "normalidad", con una nueva victoria del Scottish Labour Party. Las encuestas de los primeros meses de este año así lo reflejaban. Sin embargo, el vuelco dado a las mismas por el SNP ha sido brutal.

En efecto, el nacionalismo ha pasado de estar incluso 12 puntos abajo a lograr la mayoría absoluta, hecho este último sin precedentes en la (breve) historia electoral escocesa y que, evidentemente, tendrá consecuencias en el corto plazo. ¿A qué se ha debido?

Hay un cúmulo de factores concatenados que lo explican. En primer lugar, el Partido Conservador ha visto cómo su ya de por sí precaria situación en Escocia se veía influida negativamente por las medidas económicas impopulares, pero necesarias, que han introducido en el gobierno británico. Dicho con otras palabras, los escoceses, de un modo cortoplacista, no han tolerado los recortes sociales.

Consecuentemente, se ha mantenido el distanciamiento entre conservadores y escoceses iniciado con Margaret Thatcher por motivos económicos y acentuado durante el mandato de John Major, si bien en este segundo caso tuvieron mayor peso los argumentos de tipo constitucional (sintetizados en la oposición del Primer Ministro a que Escocia tuviera su propio Parlamento).

Sin embargo, no sólo los tories han visto cómo los resultados no acompañaban a las expectativas. Sus socios de coalición, los Liberales-demócratas, han sufrido un batacazo enorme, con 13 escaños perdidos, lo que a su vez ha mostrado quién era el socio fuerte y el socio débil en la coalición gubernamental. En genérico, se abren dos opciones a partir de este momento para los liberales: bien romper el acuerdo de gobierno con Cameron (lo que sería un comportamiento infantil), bien seguir formando parte de la misma, aceptando su rol de junior partner, y buscar lo mejor para el conjunto del país.

¿Y el Labour Party? Más de lo mismo. Ha pagado muy caro utilizar Escocia como "conejillo de indias" con vistas a retornar al poder en Reino Unido. Ed Miliband sigue sin encontrar su sitio y los pésimos resultados logrados en Escocia han sido el primer aviso recibido, pues no olvidemos que era uno de los bastiones tradicionales de su formación.

Todo ello ha dejado el terreno abonado para que Alex Salmond, líder del SNP, haya practicado el mayor de los populismos posibles, en ocasiones de forma muy agresiva, presentándose ante el electorado escocés como el salvador y reparador de sus problemas. Sin enfatizar tanto como en ocasiones previas "la independencia", pues sabe que es impopular, sí que ha hablado de crear puestos de trabajo, de impulsar energías limpias, de relanzar la agricultura o de un rancio pacifismo basado esencialmente en dejar a Escocia desprovista de capacidades de defensa…

En esta estrategia ha gastado cuantiosos recursos en una campaña donde no ha escatimado medios para, en el fondo, mostrar unas recetas muy parecidas a las de la izquierda laborista. Así, para diferenciarse de ésta, ha añadido el típico alegato pro-independencia, aunque de forma dosificada.

El resultado ha sido la mayoría absoluta. A partir de ahora tiene que cumplir sus promesas. La primera reacción ha sido abstracta: solicitar más competencias del gobierno central, lo que implica modificar el estatus constitucional de Reino Unido. La batalla centro-periferia está servida para los próximos años.

La lenta agonía de los PIGS

Y es que el proyecto concebido por la UE, el BCE y el FMI para salvar a las economías más débiles parte de un grave error conceptual y estructural: no es posible solventar un problema de deuda añadiendo más deuda. Hasta el momento, las autoridades internacionales tan sólo se han dedicado a refinanciar un endeudamiento que, de partida, ya era insostenible.

Además, las medidas exigidas para que los gobiernos rescatados ajusten sus brutales agujeros presupuestarios se han centrado, por desgracia, en subir de forma generalizada los impuestos sin abordar un drástico recorte de la figura estatal. No obstante, y pese a que el rescate heleno se articuló hace casi un año, Atenas ha tenido la desfachatez de anunciar ahora un programa de privatizaciones de empresas y organismos públicos por valor de 50.000 millones de euros, equivalente a casi el 23% de su PIB. ¿Resultado? El rescate de países ha consistido en una transferencia ingente de recursos por parte de los contribuyentes de los socios comunitarios a gobiernos irresponsables para que éstos sigan manteniendo en pie sus elefantiásicas estructuras estatales sin grandes sacrificios. Y ello, con el único objetivo de salvar a los acreedores, es decir, a los bancos europeos que prestaron erróneamente dinero a estos países.

Con tales mimbres no es de extrañar el actual fiasco. Grecia cerró 2010 con un déficit público del 10,5% del PIB y una deuda superior al 140%. Además, se prevé que su nivel de endeudamiento se aproxime al 160% del PIB en 2011, mientras que en el caso irlandés dicho umbral será alcanzado en 2014. Simplemente, insostenible: imposible de devolver en ausencia de profundas reformas estructurales para impulsar el crecimiento y la aplicación de una histórica dieta a pan y agua para su sector público. El problema es que nada hace pensar que tales recetas vayan a ser asumidas por tales Estados, y mucho menos aceptadas por sus respectivos electores.

Así pues, dejando de lado el caso portugués –cuyo rescate está pendiente de aprobación definitiva, aunque muy probablemente seguirá los pasos de Grecia e Irlanda–, la temida suspensión de pagos inicia su andadura en la zona euro. Un nuevo escenario de cuya resolución dependerá, en gran medida, el futuro de la propia Unión Monetaria tal y como se ha concebido hasta ahora. Alemania parece que, al fin, rechaza seguir pagando la factura de los desmanes cometidos por otros gobiernos, abriendo así la puerta al famoso plan de "quiebra ordenada" de países antes de lo previsto inicialmente (2013).

Sin embargo, tal y como expresó el propio ministro de Finanzas germano, esta opción sólo es posible si Atenas acepta la reestructuración de forma voluntaria. De ahí, precisamente, que la prensa alemana, orientada por Berlín, haya filtrado una hipotética salida del euro de los griegos en un intento por forzar su suspensión de pagos. El mensaje alemán es claro: "Hay algo peor que la quiebra". Y es que, efectivamente, la opción de abandonar al euro sería, sin duda, el peor de los mundos posibles para los helenos: corralito financiero y devaluación brutal de sus ahorros y de su escasa riqueza.

Pero el escenario del default abre también nuevas incógnitas. La principal, su coste; no sólo para los bancos extranjeros sino también para los nacionales. No obstante, la quiebra de Atenas supondría el colapso de su banca y abultadas pérdidas para los incautos particulares que confiaron en su Gobierno. Además, dado el volumen de préstamos concedido por el Banco Central Europeo (BCE) a la banca y gobierno helenos, una quita del 50% abriría en su balance un agujero próximo a los 100.000 millones de euros, con lo que también precisaría de un rescate.

Por su parte, el caso de Irlanda radica en su problema bancario. Dublín y Bruselas son ya plenamente conscientes de que el enorme volumen de activos tóxicos será imposible de digerir para las cuentas públicas con lo que, de mantenerse el actual plan, el país también se verá abocado a la bancarrota. Así pues, la lenta agonía de los PIGS continúa, ya que las medidas aprobadas sólo se centran en los efectos de la crisis de deuda sin rozar tan siquiera la raíz: el vergonzoso rescate público de la banca, el asfixiante peso estatal sobre la economía, los históricos desequilibrios presupuestarios, las subidas de impuestos, la ausencia de serios recortes públicos y la falta de inéditas reformas para impulsar el crecimiento.

¡Qué eficaz es la tortura!

Imagino que se dice por si fuésemos a descubrir que, después de todo, Osama Ben Laden fue un hombre inocente. Demasiada presunción para un hombre que ha presumido de los atentados terroristas que ha ordenado.

Pero ha habido otra polémica menos absurda. Se ha dicho que el testimonio clave que condujo a su guarida provino de un hombre torturado. ¡Cuán eficaz es la tortura!, se apresuran a decir muchos. Como hombres de ciencia maravillados ante la eficacia de sus creaciones, se regocijan con los resultados obtenidos después de haberle practicado 183 veces a un detenido la técnica del submarino: seco, si se le envuelve la cabeza con plástico hasta que su respiración le ahoga, o mojado si se le mete, boca abajo, en un tanque con agua (en el mejor de los casos). Hay muchas otras técnicas, seguramente no menos poderosos y en los que no me voy a detener.

Dos milenios y medio de filosofía, para luego descubrir que el mejor camino hacia la verdad es la tortura. Puede que no seaun bello espectáculo, pero nos sirve para estar más seguros. Habla Rumsfeld: "El ahogamiento simulado produjo una gran cantidad de información de inteligencia". John Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia de EEUU, un hombre que habría pasado desapercibido en el régimen de Hitler, se siente reconfortado con el ejemplo del torturado Jalid Shaik Mohamed.

Lo llamativo de este argumento es lo pacato del mismo. Si la verdad es un valor supremo y la tortura es sólo una técnica que, convenientemente utilizada, puede llegar a ser muy eficaz, ¿porqué limitarse a lejanísimos terroristas con turbante? ¿Quién puede negar que los políticos de aquí y ahora tienen infinitamente más capacidad de decisión sobre nuestra vida? ¿No decimos a diario que la democracia se corrompe con las constantes mentiras de los políticos? Quienes defienden la tortura, ¿por qué utilizan su lógica con tanta moderación? ¿Se avergüenzan de ella?

Deberían. Primero porque su eficacia no se puede conocer de antemano. Segundo porque es profundamente inmoral. Y además porque de nada nos vale defendernos de los terroristas si aceptamos la violación de los derechos de la persona como método para defender la democracia. Aunque, visto está, no sea hasta sus últimas consecuencias.

Justicia o venganza: la vulnerabilidad de los grandes

En 1759, Adam Smith afirmaba en su Teoría de los Sentimientos Morales que "no hay mayor tortura para el ser humano que el resentimiento violento que no puede ser satisfecho".

La semana pasada fuerzas militares de los Estados Unidos, siguiendo las órdenes del su Presidente, mataron al terrorista más buscado de la década: Osama Bin Laden.

Las circunstancias particulares del acontecimiento: una operación ultra secreta en la vivienda del terrorista en la ciudad paquistaní de Abbottabad, delante de una de sus hijas, junto a su mujer y otro hijo, y el hecho de que el terrorista estuviera desarmado, no parecen sugerir al público norteamericano que algo no cuadra en todo esto.

Más bien al contrario, al saber la noticia corrieron a la zona cero de Nueva York, donde el terrorista perpetró uno de los atentados más crueles de nuestro tiempo, y el único en territorio estadounidense, para regocijarse coreando las siglas "USA", como muestra de la gran verdad mencionada en las primeras líneas, escrita siglos atrás por el filósofo escocés.

El problema es bajo qué etiqueta archivamos la muerte de Bin Laden. Por lo que he leído hasta ahora, la mayoría justifica que la ley de los Estados Unidos prescribe que es legal torturar fuera del territorio de los Estados Unidos, y es legal abatir a tiros a un criminal no armado fuera del territorio de los Estados Unidos, y explican por qué matar a Bin Laden no tiene nada de ilegal. Pero creo que hay que ir más allá de eso. Para quienes estamos en contra de la pena de muerte, la cosa está clara. Si todo el mundo merece un juicio justo y la posibilidad de defenderse, tal vez el mayor terrorista de la historia estadounidense también. ¿O no?

La excusa de que se trata de un acto de guerra y que en esas circunstancias ya se sabe, primero se dispara y luego se pregunta, no es nada convincente. Una guerra es un conflicto armado entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación según nos dice el diccionario. No hay una guerra contra el terrorismo. Hay una lucha contra esa lacra, contra un grupo armado que pretende manipular un país mediante el terror. Eso no es una guerra.

No es difícil imaginar qué sintieron los familiares de los miles de muertos en el atentado del 11-S, no es imposible empatizar con los millones de estadounidenses que se alegraron de la muerte de Osama Bin Laden. Pero, o nos importa el cómo además del qué, o nos igualamos a los otros. En mi opinión, lo que dice la ley estadounidense confirma que nos encontramos ante un acto de terrorismo de Estado. Y no me parece justificable. Probablemente habría sido más humillante un juicio justo, una condena a muerte (aunque ya he dejado clara mi postura al respecto). Tampoco ayuda que sospechosamente tiraran el cadáver al mar. No tiene sentido. Como no aumenta la credibilidad que justifiquen el abatir a un hombre desarmado argumentando que no se rindió, o que daba la impresión de que su mujer iba a coger un arma. ¿Por qué no mataron solamente a la mujer? Pero ese no es todo el análisis que se puede hacer del tema, y al fin y al cabo mi opinión no es más que eso, una opinión.

La venganza, individual o colectiva, muestra la imposibilidad del individuo de aceptar el dolor de sentirse vulnerable y, así, ante un acto de violencia contra él, necesita devolverlo para recuperar seguridad en su capacidad de autoprotegerse. La justicia, que es una construcción humana, es la canalización civilizada de ese sentimiento moral, de esa necesidad de venganza social. Y, precisamente, fue Adam Smith quien escribió en la obra anteriormente mencionada que la justicia no tiene por objeto reparar a la víctima, que suele ser imposible, sino absorber la natural indignación popular que se traduce en devolver el daño. De esta forma, los estadounidenses, que ven su ciudadanía atacada en su propia casa, no pueden sino salir a la calle a gritarle al mundo que siguen siendo los más capaces de vengarse, y que si no manchan la moqueta, es hasta legal. De lo que nadie puede convencerme es de que el asesinato de Bin Laden es parte del fin de Al Qaeda, en este caso, muerto el perro no se acabó la rabia. Más bien lo que se espera es una reacción.

Será interesante seguir por las redes sociales qué dicen los imanes en la oración de hoy viernes para tomar el pulso de la cuestión, si se manifiesta resignación, alivio, rabia o sed de venganza. Más venganza.

¿Por qué ganan dinero las empresas?

Tan es así que numerosos economistas a lo largo de la historia se han apresurado a explicarlos por la explotación más o menos descarada que las compañías ejercen sobre otros: ayer eran los curritos, hoy son los guisantes. La duda en cualquier caso es razonable: ¿por qué las empresas ganan dinero? ¿Acaso no estaríamos todos mejor si esos beneficios se repartieran entre trabajadores, consumidores, proveedores y políticos? ¿Qué función desempeñan los beneficios?

Bueno, empecemos definiendo qué son los beneficios monetarios: beneficios son los ingresos que exceden a los costes de producción (de ahí que también se les denomine ingresos netos). Las empresas obtienen sus ingresos vendiendo sus servicios o sus mercancías manufacturadas a los consumidores (o a otras empresas que, en última instancia, los venderán a los consumidores) e incurren en costes cuando adquieren o alquilan los factores productivos que necesitan para fabricar o proporcionar esos bienes o servicios. Si los consumidores pagan por las mercancías más de lo que les ha costado fabricarlas, entonces se genera un excedente monetario que se queda en la empresa: los beneficios.

Ahora bien, si nos creemos el cuento chino de la virulenta competencia perfecta entre empresas, en principio parecería lógico que los beneficios cayeran a cero. Las empresas rivalizarían entre sí bajando los precios a los que venden sus productos y subiendo los precios que están dispuestas a pagar por los factores productivos. Empero, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, un sistema económico lograría funcionar y sobrevivir si todas sus compañías obtuvieran beneficios cero. Y el motivo de esto sólo en parte se debe a que no existe en el mundo real nada parecido a la competencia perfecta; o dicho de otro modo, aun cuando existiera competencia perfecta, los beneficios monetarios no podrían caer a cero.

La razón es que las empresas, cuando adquieren o contratan a un factor productivo, le están adelantando un dinero que sólo recuperarán en el futuro, cuando se complete el proceso de fabricar y comercializar la mercancía. Es decir, el capitalista es aquel que, por ejemplo, inmoviliza en su empresa un capital de 1.000.000 euros durante cinco años para ganar 50.000 euros anuales en beneficios. Por eso ningún capitalista estará nunca dispuesto a pagarle a los factores tanto como lo que obtendrá por vender sus mercancías: estamos ante la cuestión del tipo de interés que ya expusimos. ¿Acaso usted pagaría 50.000 euros por un bono que le devolviera dentro de un año solamente esos 50.000 euros? No, y el capitalista tampoco.

En este sentido, tampoco deberíamos dejarnos llevar por las abultadas cifras de ganancias y las presuntamente exiguas cuantías de los salarios. En 2009, por ejemplo, Carrefour ganó 437 millones de euros, pero ese guarismo apenas proporcionaba una rentabilidad del 3,9% a sus accionistas. Así, los miles de propietarios de Carrefour (sus accionistas) han tenido que adelantar e inmovilizar 11.000 millones de euros para obtener, año a año, apenas un rendimiento que no alcanza el medio millardo: o dicho de otra manera, aportando unos 14,5 euros por acción, apenas han logrado 0,5 euros en 2009. No es un negocio tan redondo como podría parecer: comprando deuda del Gobierno alemán usted lo hubiese podido hacer prácticamente igual de bien. Por ello, por cierto, una empresa puede llegar a desaparecer aun cuando no sufra pérdidas: si no proporciona una rentabilidad atractiva a sus propietarios, éstos simplemente dejarán de reinvertir en ella para reponer y de modernizar sus bienes de equipo.

En otras palabras, una parte del beneficio que obtienen las empresas no es más que el tipo de interés de mercado: la remuneración que logran los capitalistas por ahorrar (abstenerse de consumir) durante el tiempo que están implementando un determinado proceso productivo. Sin esa mínima rentabilidad, los capitalistas no reinvertirían sus ahorros en seguir fabricando bienes y regresaríamos a una sociedad salvaje y atomizada donde la división del trabajo sería historia: recuerde que la base del capitalismo no es el consumo, sino el ahorro y que sin éste todo se viene abajo. Por tanto, una parte de los beneficios no son más que la remuneración del capitalista por no consumir y financiar todo el chiringuito productivo; de idéntico modo a que los salarios son la remuneración de los empleados por trabajar.

Mas aquí no termina toda la película. Dado que no existe ese engendro de la competencia perfecta (sobre el cual ya hablaremos otro día), muchas empresas suelen obtener unos ingresos netos por encima (en ocasiones muy por encima) de los tipos de interés de mercado. Son los llamados "beneficios extraordinarios" que muchos economistas, en su constante huida de la realidad, suelen atribuir a la existencia de plutocráticos monopolios que dominan el mundo desde Bilderberg o Zúrich.

En ausencia de restricciones gubernamentales a la competencia, la realidad, sin embargo, es muy otra. Los beneficios extraordinarios se deben a que una empresa va dos pasos por delante del resto de compañías. Dado que todas no hacen lo mismo, no todas sirven igual de bien a los consumidores y por tanto no todas ganan el mismo dinero: unas se forran, otras se ganan el pan y otras pierden hasta la camisa. Google no es Alcoa y ésta no es Virgin Media: en 2010, el primero proporcionó una rentabilidad del 20% para sus accionistas, la segunda un 2% y la tercera un -11%. Así pues, la otra parte de los beneficios empresariales no es más que la remuneración a aquellos capitalistas que confeccionan excelentes planes de negocio y que le facilitan mucho más la vida al consumidor que la competencia.

Así que ya sabe: si un capitalista sirve al consumidor mucho mejor que el resto, ganará mucho dinero; si lo sirve de manera decentilla pero nada destacable, se embolsará el tipo de interés, como quien acude a realizar un depósito bancario; y si despilfarra los recursos en proyectos nada valiosos para sus clientes, entonces obtendrá unos rendimientos inferiores al tipo de interés e incluso acumulará pérdidas. No busque en la explotación la causa de los beneficios que se obtienen en un mercado libre: apunte más bien hacia el ahorro, la coordinación empresarial y la satisfacción del consumidor.

El uso mercenario de las encuestas políticas

La amplitud de la base demográfica de las sociedades modernas, unida al desarrollo de la rama estadística de las Matemáticas, dedicada específicamente al tratamiento sociológico, ha hecho posible el cada vez mayor uso de la técnica de las encuestas para conocer los estados de opinión subjetivos de los ciudadanos.

La complejidad social implica que cada vez mayor número de personas y grupos de ellas dependen de las decisiones de otras personas, es decir, estableciendo una analogía con el teorema matemático de Cantor, existen muchas más clases de elementos que elementos. El incremento de la población en una sociedad supone el aumento más que lineal de su complejidad, es decir, de su interactividad. Es por eso que se precisa, para toda acción social grupal, es decir, para la acción de aquellos grupos e instituciones cuyos objetivos y recursos dependen de las decisiones de otros individuos, del conocimiento de las intenciones y opiniones subjetivas de cada individuo. Tales intenciones, en cuanto se convierten en acciones que afectan a otros, pasan del ámbito de la subjetividad al de intersubjetivo, o, dicho de otra forma, de lo objetivo en términos sociales.

Es por eso que existen individuos, grupos e instituciones que, dependiendo de las acciones de otros, necesiten conocer la intención de los individuos antes de que ésta se convierta en acción. El peor de los problemas se produce en el caso de los políticos cuando quieren sondear la voluntad de los futuros votantes, no tanto para conocerla como para orientarla. Es lo que, por ejemplo, sucede en Asturias estos días en torno a la candidatura de Álvarez Cascos y su partido Foro Asturias. La magnitud de los intereses en juego está llevando a los grupos de poder regional, aquellos amenazados por su más que probable triunfo electoral, a presentar auténticas joyas de la manipulación.

El mecanismo por el que esto es en sí una manipulación se basa en que, una vez publicada esa encuesta, puede actuar como elemento de influencia sobre la opinión de muchas personas una vez leídos los resultados. La existencia de un mecanismo de decantación de la opinión basado en la actitud de los demás hacia cierto tema es determinante. La mayoría de las personas suele, en condiciones generales, seguir la tendencia mayoritaria y recelar de lo marginal.

Por ello, los aspectos éticos de los procesos han de ser tenidos en cuenta y a ellos debe aplicársele algunos criterios elementales:

  1. Correcto diseño científico de la encuesta. El objetivo es lograr la máxima fiabilidad y correspondencia entre las preferencias reales y las manifestadas.
  2. Correcta redacción de las preguntas para evitar equívocos relativos a su comprensión y a su efecto emocional.
  3. Honestidad en el tratamiento de la encuesta. Dado que no es posible evitar que el que la contrata lo haga al margen de sus propios intereses, es importante que las empresas demoscópicas expresen la existencia de una determinada encuesta, salgan o no a la luz sus resultados.

El futuro de España es el mercado negro

Los ciclos creados por la sobreemisión de dinero nos llevaron a una explosión productiva que no estaba fundamentada en nada (burbuja). Se coronó la inflación como el motor de la economía occidental. Expliqué las consecuencias –que se han cumplido– en el 2004. ¿Cómo actúan los bancos centrales ante tal fracaso? Con más inflación crediticia, ayuda a los bancos y así haciendo crecer otra burbuja. ¿Qué pide la gente? ¡Tipos de interés más bajos! Sin saberlo están cavando su tumba.

El Gobierno y las comunidades autónomas, casi arruinadas por su gestión, compra de votos, clientelismo de los lobbies y corrupción, recortan privilegios sociales y suben impuestos. Desde la tribuna vemos aberraciones: las autonomías mantienen sus embajadas. El Gobierno regala más de 400.000 euros a organizaciones como el Centre d’Informació i Documentació Internacional a Barcelona. Paga 143.000 euros a cosas como un Seminario Sobre la Pena de Muerte en el Caribe. Regala 100.000 euros a la Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz. ¿Había oído hablar nunca de ella? Todo esto, y mucho más, en el BOE del 23 de abril.

¿Cuál es la respuesta de la gente? Más privilegios sociales para vivir de la producción ajena, del robo y el latrocinio. Al igual que los banqueros centrales, ¿es qué no han aprendido nada de los errores pasados? El Estado no sabe gestionar el dinero para la sociedad. El Estado solo paga favores a sus lobbies. No saca nada ayudando a la sociedad. Los únicos que saben gestionar nuestro dinero son aquellos que no nos roban. Aquellos que necesitan del consentimiento de su cliente para sobrevivir. En otras palabras, la propia sociedad, que en lenguaje económico se llama libre mercado. ¿Cómo puede transmitir confianza una organización que obtiene sus recursos del robo masivo, el engaño y las prohibiciones? El mayor gasto de cualquier ciudadano son los impuestos. Y no son nada voluntario.

La gran farsa sigue. Casi todos los economistas damos por sentado que pasadas las elecciones el ejecutivo aumentará los impuestos (especiales y no sé si se atreverá con el IVA) y eliminará más privilegios sociales. Probablemente sea en verano, que es cuando la gente está más despistada. Y es que no es la primera vez que harían algo así. Hace un par años algunas administraciones subieron el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por sorpresa, sin decir nada. Cada vez que baja la gasolina, le cargan algún impuesto, y cuando sube, lo mantienen.

El Gobierno es incapaz de crear políticas realistas enfocadas al pueblo. ¿Cómo puede ser que en un país donde hay un 20% de desempleo y un 40% de paro juvenil, mantenga una carga sobre el trabajo del 50% del desembolso total al trabajador? Un mileurista paga casi 900 euros al mes al Gobierno (cuota empresarial a la SS + cuota del trabajador + IRPF + IVA). Cuando los reyes medievales cobraban una tercera parte de la producción a sus ciudadanos lo llamamos esclavitud, pero si el Gobierno nos arrebata la mitad de nuestro sueldo y nos sigue saqueando en cada compra e inversión que hacemos, lo llamamos Estado del Bienestar.

No sé si a España la van a intervenir oficialmente o no. Lo que sí sé es que le están obligando a dinamizarse un poco ante el estado de despilfarro y descontrol actual. La están sometiendo a una intervención opaca. Nuestro futuro inmediato son más cargas tributarias, más Estado policial contra el pequeño comercio que representa el 80% del tejido económico del país y menos privilegios. Muy bien, el Estado es el principal foco de pobreza. No es la solución a nuestras penas. Solo hay un camino para la prosperidad: menos dependencia del Estado. Que se ahogue en sus deudas y junto a sus lobbies. Cuando una solución es injusta, se ha de combatir por las buenas o por las malas. No le están dando otra solución al pueblo. Declara tu particular guerra al Estado: insumisión fiscal y mercado negro. Ese va a ser el futuro de España. De hecho, la economía sumergida ya es el mayor "sector" de nuestro país con más de un 20% del PIB. E irá en aumento.

La “Enmienda del Ladrillo”, ¿socialista y liberal?

Sabemos por la teoría austriaca del ciclo que la expansión crediticia desaforada, promovida en última instancia por los bancos centrales, da lugar siempre a inversiones masivas fallidas. En el caso español, el estallido de la burbuja del sector promotor y de la construcción ha puesto patas arriba toda nuestra economía, se ha llevado por delante millones empleos y ha dejado tocado buena parte del sistema financiero patrio tras la ingesta obligada de éste de activos basura a resultas de dicha juerga inversora.

Hasta aquí, lo más sobresaliente, pero el dinero barato tiene muchas otras repercusiones. Una de ellas fue la anómala diversificación de carteras de las empresas constructoras durante los felices años del boom. Dos casos paradigmáticos fueron la incursión de ACS en la eléctrica Iberdrola (inicialmente con el 12,6% de sus acciones) y la de Sacyr Vallehermoso en la petrolera Repsol (que adquirió el 20% de sus acciones). Bien relacionados con el poder, desembarcaron en el sector energético en operaciones fuertemente apalancadas con escaso sentido industrial. Con el tiempo, estos nuevos accionistas han ido reclamando más poder en la junta general de dichas compañías.

Sin embargo, se toparon con una anacrónica e insalvable limitación de los derechos de voto recogida en los estatutos sociales de sus empresas parcialmente adquiridas que les impedía designar a su gente de confianza en los puestos gerenciales claves. En los dos casos que nos ocupan, se prohíbe ejercer más del 10% de los derechos políticos de un mismo accionista, aunque tenga mayor participación. Ante este impasse, el lobby constructor, cuando se ha visto seco en su liquidez, ha empezado a trabajarse al poder político de forma discreta.

El propósito que históricamente animó al legislador a dar luz verde a este tipo de blindaje estatuario se justificó por la existencia de un presunto interés nacional en proteger ciertas empresas pertenecientes a sectores considerados estratégicos (uno empieza a estar cansado de oír arrebatos patriótico-mercantilistas de este jaez. Las empresas dan o no buen servicio a la clientela y punto; no debería importar, por tanto, el ADN de sus accionistas).

Otro argumento de más peso fue que dicho blindaje obligaba a incrementar el precio de la opa para la toma del control de una empresa cotizada con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios. No obstante, tras la reforma de la ley de opas de hace unos años, los minoritarios están razonablemente protegidos. No se sostiene ya dar excesivo poder a los gestores con la excusa de estar aquéllos indefensos. Las opas hostiles lo son generalmente para el equipo directivo de la empresa opada, no para sus accionistas.

La realidad es que las limitaciones de voto dificultan la entrada de terceros en el capital social de una empresa y lo único que refuerzan actualmente es el dominio y el control de los administradores sobre las juntas de accionistas y, por extensión, sobre el proceso de la toma de decisiones de una compañía. Perpetúan el poder de los ejecutivos e impiden que propietarios alternativos puedan imponer una nueva gestión más eficiente o, al menos, más acorde con sus legítimos intereses.

A diferencia de lo sucedido con las golden shares, la UE renunció en 2004 a regular en la Directiva de opas el asunto de la limitación de los derechos de voto de las empresas. Fiel al principio de subsidiariedad, dejó que cada país miembro legislase a su buen entender. La mayoría optó por mantener estos blindajes anti opa, como era de esperar.

Por el contrario, el grupo del PSOE en el Congreso, al constatar que muchos afectados por el Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 2006 se pasaban por el arco del triunfo la recomendación de evitar dichos blindajes, decidió por sorpresa enmendar de forma chapucera el año pasado la Ley de Auditoría de Cuentas y la de Sociedades Anónimas (hoy refundida en la de Sociedades de Capital) para prohibir expresamente a partir del próximo 1 de julio de 2011 la limitación del número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista en las sociedades cotizadas. Se acabó de forma fulminante en nuestro ordenamiento con uno de los mecanismos más usuales desde 1951 para impedir operaciones de toma de control a la chita callando de estas empresas con accionariado disperso o carente de socios mayoritarios. Además, pareciera como si nuestro gobierno se hubiese vuelto el más liberal en esta materia al "desblindarlas", sin exigir en contrapartida la regla de la reciprocidad en los demás ordenamientos ni en los estatutos de las sociedades extranjeras que lancen una opa sobre nuestros campeones empresariales.

El apoltronamiento de los gestores de algunas empresas del Ibex frente a los dueños del capital tiene irremediablemente sus días contados. Por una vez, y sin que sirva de precedente, los socialistas han legislado a favor de la esencia de los derechos de propiedad de uno de los pilares básicos de la economía de mercado (las sociedades anónimas) al hacer respetar la proporcionalidad entre el porcentaje de capital que se posea y el derecho a participar en la gestión. Muy probablemente se espolearán operaciones ahora inhibidas por su falta de interés y contribuya a una mejor formación de los precios en bolsa.

Lástima que esto no haya sido en absoluto la intención del grupo socialista. La enmienda anti-blindajes (que, por cierto, tuvo nulo coste electoral al aprobarse como ley) ha obedecido más bien a un precipitado intento por socorrer a empresas del ladrillo amigas y, de paso, a la banca que las financió generosamente. De esta manera, se pone en valor las participaciones de aquéllas y, así, se les facilita el hacer frente a los próximos vencimientos de su abultada deuda. Todo va a quedar arreglado entre compinches.

En materia de derechos de propiedad, cuando los socialistos aciertan lo hacen por motivos ajenos a los que hubiesen sido lógicos y deseables. De verdad, no tienen remedio.