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¿Es absurdo enterrar la basura?

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Todos hemos participado una y mil veces en las típicas discusiones de café con los compañeros del trabajo o en las sobremesas de las cenas familiares, donde te toca intercambiar puntos de vista con el compañero o cuñado de turno sobre temas tan variopintos como la energía nuclear, la pesca masiva, el tercer mundo o el tema que trato hoy: por qué narices enterramos la basura en vez de reciclarla (o no producirla directamente).

La respuesta, para cualquier persona que conozca el tema o tenga algo de formación económica y sentido común, no puede ser más sencilla: porque es más económico que las alternativas. La respuesta común del ciudadano "comprometido" y desinformado es que será más económico para quien se beneficia de ese sistema, pero mucho más costoso para la sociedad. Hay incluso quien lo compara con esconder lo que se barre debajo de la alfombra.

Ante estos argumentos te toca remangarte e intentar poner un poco de raciocinio en las mentes de tus sorprendidos y algo cabreados contertulios.

Hay que empezar intentando aclarar qué alternativas hay a día de hoy al enterramiento de ciertos residuos urbanos. Son dos:

  • Reciclar estos residuos, aumentando el coste de gestión.
  • Y no generar este tipo de residuos, aumentando el coste de ciertos productos al tener que utilizar alternativas más caras.

Cuando ya tenemos claro que no enterrar los residuos también tiene un coste alto para la sociedad, podemos compararlo con el de enterrarlos. Los vertederos, o rellenos sanitarios, son lugares especialmente diseñados para depositar todos aquellos desechos que no se reciclan y, siguiendo ciertos métodos de ingeniería, son enterrados en capas para que finalmente, una vez saturado, se reutilice el lugar para otros fines (normalmente parques naturales). El coste es fácilmente cuantificable: el precio del terreno usado más las externalidades (principalmente, malos olores a los terrenos colindantes).

Si el vertedero se ha realizado correctamente, una vez saturado el terreno, éste vuelve a ser útil y apenas quedan señales del uso que se le dio durante su época operativa. Por tanto, ni la sociedad presente ni la futura van a pagar ningún precio extra por haber escogido este método. Dicho de otra manera: nadie va a tener que recoger lo que otro ha dejado debajo de la alfombra, de la misma manera que nadie recoge los sedimentos que hay enterrados sobre un terreno a no ser que tengan algún valor.

Otra cuestión es que, según se vayan saturando las localizaciones válidas para ser utilizadas como vertedero, más costoso será utilizar nuevos emplazamientos (más lejanos y/o menos idóneos). Por lo que los costes de enterrar se elevarán aproximándose a los de reciclar y no usar, potenciando el desarrollo de nuevas técnicas de reciclado y nuevos materiales, y haciendo que disminuyan los residuos a enterrar.

Pero esto último es un proceso que de forma natural llevará décadas realizar y que será transparente para las personas que no nos dediquemos al mundo del tratamiento de residuos. Eso siempre y cuando los compañeros y cuñados de turno no voten a políticos demagogos que nos obliguen a decantarnos por la opción más cara sin que estemos preparados y provoquen, por tanto, el consiguiente empobrecimiento de la sociedad en beneficio de quienes venden soluciones aún no optimizadas.

Por la despenalización, desregulación y liberalización de la eutanasia y el suicidio

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Si nuestro cuerpo es nuestro, ¿qué derecho tienen otros a decidir sobre él? Si el suicidio y la eutanasia (término procedente del griego que significa muerte digna) son una necesidad de algunos individuos, ¿por qué no despenalizar, desregular y liberalizar tal acción para que se creen grupos de apoyo al suicidio, empresas y dar así una respuesta a una realidad que, por más que cerremos los ojos, existe?

Los católicos creen en el Derecho Natural. Es la misma ética en la que se basa el liberalismo aunque con diferencias importantes de base. Un católico no se puede suicidad ni tiene ‘opción’ al aborto. Sus principios teóricos se deben a la inalienabilidad de los derechos (otros autores liberales no necesariamente religiosos como Randy Barnett también consideran los derechos del hombre inalienables). Para la Iglesia Católica el cuerpo y la vida de un hombre no son suyos, sino de Dios, y solo Éste puede arrebatarlos. La inalienabilidad de los derechos es una visión que solo se sostiene desde la fe —o raramente no considerándola— ya que implica que los derechos son anteriores al hombre. Desde un ángulo no religioso, ¿cómo se explica que los derechos existan antes que el primer hombre? Prescindiendo de la fe, solo podremos llegar a la conclusión de que los derechos del hombre nacen, ya no cuando se crea el primer hombre, sino cuanto éste interactúa con el resto (Praxeología). ¿Están los católicos en su derecho a no suicidarse o no aprobar la eutanasia? Por supuesto. Pero eso no niega que exista más vida fuera de la moral católica y que otras personas crean que el cuerpo es en realidad su propiedad privada (Locke). Si el cuerpo es nuestro, solo nosotros tenemos la última palabra sobre él.

Ludwig von Mises llegó a decir que "en una sociedad absolutamente totalitaria, la única libertad que se le deja a la persona —porque no se le puede negar— es la libertad de cometer suicidio". Pues no tanto. En todos los países occidentales el suicidio y asistencia al miso está prohibido o regulado. La razón lógica que sustenta tales leyes es que la propiedad de nuestro cuerpo es del Poder. Las razones morales para prohibirlo, al ser contingentes, no son más que excusas morales y propaganda. La única razón por la cual se nos prohíbe el suicidio y la eutanasia es porque el político, el juez y el burócrata son propietarios de nuestro cuerpo. Son el Dios terrenal que obra milagros mediante la ley. Cuando un hombre es propietario de otro se vuelve un esclavo. Como dijo recientemente Roderick Long, el liberalismo se puede resumir en: "otras personas no son tu propiedad". Un Estado que desprecia tal concepto es una sociedad de dueños y esclavos.

Otro de los argumentos contra la eutanasia y suicidio es la llamada eugenesia del Estado. ¿Qué ocurría si un Gobierno abiertamente ecologista se dedicara a matar a personas incómodas según su doctrina para preservar la Tierra de la pérfida intromisión y superpoblación del hombre? Bien, haría lo que todos los liberales ya sabemos: que el Estado es la mayor organización criminal de la historia, y que la eugenesia es un medio para hacer lo que siempre han hecho los medios políticos, conseguir beneficios mediante el crimen (guerras, encarcelamientos, tortura, ocupación, matanzas…). Estar en contra del suicidio y eutanasia por un motivo así tiene tanto sentido como prohibir llevar dinero porque existen ladrones en la calle. El problema no es el derecho del individuo, sino las organizaciones criminales. El Estado, como monstruosa organización criminal que es, ha de ser apartada de una sociedad civilizada.

La explicación real por la cual aún están prohibidos el suicidio y la eutanasia es porque la gran mayoría de ciudadanos aún cree en los efectos mágicos de la ley (falacia del Nirvana). La realidad es que la prohibición al suicidio no evita que la gente se suicide. Y de la peor manera posible: tirándose desde balcones, al tren, a la carrera… Una sociedad que entiende y tolera el suicidio evitaría espectáculos así, que influyen tan negativamente en los espectadores involuntarios. Despenalización del suicidio significa que se le reconoce al hombre que su cuerpo es suyo y puede hacer con él lo que quiera. La desregulación significa que se otorga la máxima responsabilidad del hombre sobre sí mismo sin que un órgano central tenga que dar "licencias de libertad". Ni los burócratas ni médicos ni jueces ni políticos son nuestros dueños. Están para servirnos, no para condenarnos. Liberalización total y absoluta es el colofón final a la libertad de elección donde la sociedad civil maneja sin la extorsión de los medios políticos sus acciones. Psicólogos, asistentes, consejeros y médicos privados satisfarán el deseo del suicida —incluso curándolo— y del que sufre.

Tal vez piense que trato el tema de forma sórdida y frívola. Hace mucho tiempo una amiga mía se suicidó. Se tiró al tren. En los últimos meses de su vida iba literalmente drogada por órdenes del psiquiatra. Era una zombi. Tenía una convicción firme y los denostados esfuerzos de sus padres, familiares, innumerable cantidad de médicos que la atendieron y amigos no sirvieron de nada. Solo sirvió para eternizar una agonía. La sociedad y el Estado le negaron un derecho porque consideraban que ella era "nuestro" patrimonio. Es decir, propiedad estatal. A veces pienso en ella y se me ocurre que, tal vez, si el suicidio no fuese un tabú ilegalizado, al menos habría tenido la opción de tener una muerte digna en lugar de escoger forzosamente el brutal medio a la que le obligó la ley. Podemos persuadir a las personas para curarlas o convencerlas de nuestra moral, pero el mayor de los crímenes es considerar que la vida y deseos de otra persona sobre sí misma son nuestros.

No temerás al duopolio

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los inventó IBM en 1953, pero el mismo gigante azul renunció a seguir fabricándolos en 2003, fusionando esa división con la de Hitachi, que a su vez ha sido comprada por Western Digital. Hace unos años cayó un gran clásico, Maxtor, que fue adquirido por Seagate en 2005 y ahora parece que Samsung podría seguir el mismo camino.

El panorama del mercado sería el de dos grandes actores con más del 40% de la cuota de mercado y unos pocas empresas con un porcentaje ínfimo, un pelotón de los torpes que lideraría Toshiba. Y no, esos discos externos tan bonitos de Lacie, Verbatim y otras compañías no guardan dentro un disco de Lacie, Verbatim o la marca que sea, sino del increíblemente menguante número de empresas que se dedican a lo difícil, que es fabricar el disco de 1 o 2 terabytes que hay en su interior.

Así, de primeras, la situación puede resultar preocupante. Si hay menos empresas, habrá menos competencia y, por tanto, subirán los precios y bajará la calidad. Pero la situación está lejos de ser tan clara. Lo cierto es que a estas alturas de la película es normal que existan pocos competidores. En la película de Norman Jewison Con el dinero de los demás, el personaje interpretado por Danny de Vito, llamado Larry "El Liquidador", pone a los accionistas de una venerable compañía fabricante de cable un ejemplo para convencerles de que le dejen deshacer la compañía. A principios del siglo XX existían docenas de empresas que fabricaban látigos para coches de caballos. Años después, tras la aparición del automóvil, fueron cerrando. La que quedó, decía "El Liquidador", seguro que hacía los mejores látigos de todos. Pero, ¿quién querría tener acciones de esa compañía?

La fibra óptica había dejado obsoleta a la New Englad Wire and Cable de la película, y los discos de estado sólido, sea con las actuales memorias o con los futuros memristores, amenazan con hacer lo propio con los discos duros magnéticos de toda la vida. Son aún muy caros, pero empiezan a usarse en algunos ordenadores: se lo aseguro, si quieren un plus de rendimiento, la mejor inversión que pueden hacer sobre una configuración estándar es comprar un SSD como disco principal. Cada vez que arranco mi ordenador estoy más convencido.

Así que lo normal, en un sector que se prevé que en los próximos años va a disminuir de importancia y de tamaño, con unos márgenes pequeños, que requiere grandes inversiones para mantener el nivel de innovación –especialmente en capacidad–, se lo queden un par de empresas y, si me apuran, una. No deberían temer aumentos de precios ni ninguno de los males asociados a los monopolios. Tienen competencia más que de sobra de empresas que no fabrican discos duros.

Referéndum obligatorio frente al intervencionismo del Estado

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Los ingresos tributarios de España son incapaces de soportar desde hace años el coste del Estado central, de los nuevos "Reinos de Taifas" en los que se han convertido las Autonomías y de sus entidades locales. Dado que la casta política sigue instalada en el limbo de la utopía electoral y dado que su despilfarro alcanza niveles imposibles de soportar con la actual recaudación de tributos, el déficit presupuestario está siendo cubierto mediante emisiones de deuda soberana.

Endeudamiento Soberano

Los analistas reflejan en sus informes la incertidumbre y el riesgo generado por la irresponsabilidad del Gobierno de turno en la gestión de las cuentas públicas, como está sucediendo con las primas de riesgo de las deudas soberanas de Grecia, Irlanda y Portugal, donde ya comienza a ser verosímil la posibilidad de aplicar quitas.

La situación de la deuda soberana de España es también delicada y si no se desea generar incertidumbre que pueda desembocar en una situación de quiebra, los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales deberían alcanzar lo demandado por los prestamistas para proporcionar certeza sobre el pago de las deudas contraídas. 

Sin embargo, el endeudamiento soberano tiene límites de solvencia que una vez rebasados hacen que las cuentas del Estado queden pendientes de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo o, cuando los socios europeos se cansan de prestar dinero, por parte de fondos de inversión extranjeros, provenientes, por ejemplo, de una dictadura como la República Popular China.

Lo cierto es que esos préstamos los deberemos pagar los contribuyentes españoles mediante los impuestos futuros, por lo que lastran el crecimiento económico de las familias y, principalmente, de la clase media del país, que son los que más impuestos pagan para mantener el gasto del Estado.

Decisiones políticas trascendentales y el principio de consentimiento

Por dicho motivo, convendría plantearse si los ciudadanos españoles deberían decidir en asuntos económicos tan serios para el futuro del país, por medio de un referéndum vinculante y de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, que expresaría el principio de consentimiento (o no) de los ciudadanos para adoptar las decisiones políticas trascendentales que afronten una situación de crisis institucional, económica y financiera.

Puede que los ciudadanos españoles deban opinar si desean que su dinero –vía impuestos del presente o vía endeudamiento que será pagado con los impuestos futuros— sea empleado para inyectar liquidez en bancos y en cajas de ahorro que han sido mal gestionados y han asumido un elevado riesgo hipotecario en activos sobrevalorados que, ahora, deben corregirse a la baja para que la contabilidad refleje en los balances el valor real de mercado tanto de las hipotecas suscritas como de los inmuebles embargados a los clientes.

Y, desde luego, puede que los ciudadanos españoles también deseen elegir si prefieren crecer sin padecer un endeudamiento que estrangule su economía familiar. De hecho, algunos opinamos que la única vía para crecer de un modo financieramente saludable es realizar una drástica reducción presupuestaria en las partidas ociosas del Estado —empresas públicas, comisiones y agencias gubernamentales, infraestructuras innecesarias o funcionarios desocupados— y eliminar las múltiples prebendas —subvenciones, ayudas, oligopolios o precios públicos— tanto en el ámbito central como en las administraciones públicas regionales y locales.

La senda del crecimiento sólo se caminará con la realización previa de grandes reformas que reduzcan el tamaño del Estado, eliminen las barreras autonómicas y estatales a la libre competencia en los mercados nacionales, flexibilicen el mercado laboral y faciliten la empresarialidad.

Las tímidas reformas que se han venido legislando en los últimos meses no han sido reflexionadas por la casta política española y tampoco han recibido el consentimiento oficial de los ciudadanos dado que en las pasadas elecciones generales todavía no se sentía la crisis económica y financiera en la cesta familiar. Al contario, las reformas vienen impuestas por los socios de la Unión Europea, que no están dispuestos a prestar más dinero sin que las autoridades españolas hagan bien sus deberes institucionales.

Eso sí, los irresponsables políticos que han esquilmado los ingresos de nuestro trabajo ahora se disculpan por los millones de parados, por el exagerado endeudamiento, por la sempiterna corrupción, por la merma en nuestro poder adquisitivo y por el descenso en la calidad de vida del español medio durante la próxima década. Y, acto seguido, piden que nos ajustemos el cinturón del gasto familiar, aflojemos el bolsillo para pagar más impuestos y les apoyemos con nuestro voto en las próximas elecciones para tener más de lo mismo. Pero, antes de acudir a las mesas electorales, preguntémonos:

– ¿Qué tal si el Gobierno de España prueba a preguntarnos en referéndum si deseamos o no el rescate de bancos y cajas de ahorro con nuestros impuestos presentes o futuros?

– ¿Y qué tal si los políticos nos preguntan oficialmente si deseamos que nos endeuden masivamente y aumenten los impuestos o, por el contrario, preferimos una drástica disminución del tamaño del Estado y la cofinanciación publico-privada de servicios públicos como la educación, la sanidad, la prestación por desempleo o las pensiones para garantizar su viabilidad financiera en las próximas décadas?

Lo anterior sería un sano ejercicio de democracia directa, y podría realizarse sin más que aplicar el artículo 92 CE, que permite la convocatoria de referéndum en las decisiones políticas trascendentales. Sin embargo, no verán nuestros ojos ni un referéndum ni una constitución económica que pudiese limitar el déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Créanme cuando les digo que lamento ser agorero, pero me temo que la recuperación económica será una larga y lenta travesía por el desierto.

Vimos la posibilidad de realizar un análisis por teoría de juegos del deterioro institucional que permite afirmar que, salvo que ocurra una gran movilización social, nunca llegarán las reformas estructurales con la seriedad y la intensidad que requiere la actual crisis y la "casta" seguirá robando institucionalmente a las familias españolas hasta que no quede más dinero privado que esquilmar y se rompa en mil pedazos la España de las autonomías nacionalistas.

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El germen socialista arraiga en el PP

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La cúpula popular, la elite de políticos que aspira a sustituir a los socialistas en el Gobierno, ha ido interiorizando progresivamente clichés e ideas propias de un progresismo trasnochado como resultado de su ansiado viaje al centro político. Y lo peor de todo es que nada apunta a que se trate de una mera estrategia de marketing electoral a fin de atraer hacia sí desengañados votantes del PSOE. No obstante, algunos de sus líderes se encuentran de lo más a gusto y natural militando en un socialismo de facto.

Éste es el caso del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, votante declarado de Felipe González en sus años de juventud. Cierto es que nadie es perfecto y que todo el mundo puede cometer errores, pero éste no parece ser el caso de González Pons quien, lejos de rectificar, mantiene un ideario netamente izquierdista pese a ocupar un alto cargo en el seno del PP. Así, por ejemplo, lejos de rechazar el famoso Plan E ideado por el Gobierno para impulsar obras públicas del todo inútiles en miles de municipios, Pons no cuestionó la cuantía del fondo, tan sólo su finalidad, al igual que Rajoy. También fue Pons el que criticó duramente al Gobierno por tratar de cerrar el grifo del crédito a los ayuntamientos en 2010 –cosa que al final no hizo, por cierto–, arguyendo que supondría la "miseria" para miles de trabajadores y empresas dependientes del maná público.

El mismo Pons que se declara fan de La Sexta, y el mismo que el pasado viernes cargó contra Telefónica por reducir plantilla y repartir bonus entre sus directivos, al igual que hizo Rubalcaba, Salgado, Valeriano Gómez o el propio Zapatero. En ese mismo discurso arengó a los jóvenes del PP empleando lemas e ideas extraídas de un panfleto anticapitalista, Indignaos, cuyo autor echa en falta el socialismo de la extinta URSS.

Pero Pons no es el único socialista declarado de la familia popular. Gallardón es el ejemplo práctico más plausible. Amante de los impuestos y del gasto público, el actual alcalde de Madrid llegó a disparar un 324% la deuda de la comunidad autónoma durante sus años de presidencia regional. Todo un récord, ni siquiera superado por el tripartito catalán de José Montilla. Su posterior gestión municipal habla por sí sola.

Camps no le anda lejos. La Comunidad Valenciana es la más endeudada del país con respecto a su PIB regional gracias a las certeras políticas económicas de su Gobierno, que en poco o nada tienen que envidiar a la expansión de estímulos fiscales impulsada por el tándem Zapatero-Salgado a nivel estatal.

Así está el PP, ni más ni menos: con responsables de comunicación amantes del socialismo teórico y gestores regionales encargados de poner en práctica tales medidas. Todo ello pone en duda la existencia de una alternativa política real al actual Ejecutivo socialista. No obstante, Pons, Gallardón y Camps, entro otros, son líderes de la máxima confianza de Mariano Rajoy, y éste ya invitó hace tiempo a liberales y conservadores a salirse del PP. Lo está consiguiendo, sin duda.

El simplismo sobre la desigualdad

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

El pensamiento políticamente correcto está plagado de soluciones e ideas simplistas para tratar problemas complejos. Curiosamente, estas propuestas casi siempre acarrean una mayor coacción política y no una mayor libertad individual. Para resolver problemas sociales, se confía en la mano santa y eficaz de unos pocos superhombres (burócratas), y no en la de cientos de miles de individuos (sociedad).

La ayuda externa al desarrollo, como vía de solución de la pobreza extrema, es un ejemplo paradigmático. Con frecuencia distintos organismos y políticos se ponen medallas a sí mismos, por el mero hecho de haber dedicado grandes sumas de dinero a la llamada lucha contra la pobreza. Pero ya sabemos que las buenas intenciones no bastan para solucionar un problema, incluso pueden agravarlo.

La desigualdad es otro de los temas estrella, caballo de batalla de los socialdemócratas defensores del Estado del Bienestar. Para la gran mayoría de la gente, economistas de prestigio incluidos, la desigualdad es una cosa inmoral e injusta que hay que evitar y contener, apelando a la justicia social. Sociedades más igualitarias, como las escandinavas, serían mejores que otras más desiguales, como la americana. Aunque existen numerosos tipos de desigualdad, ésta suele ser automáticamente relacionada con la desigualdad de rentas. Se admite que las personas más valiosas y mejor preparadas deberían cobrar más, pero no se duda un momento en afirmar que las rentas más altas deberían pagar mayor porcentaje de su renta en impuestos (progresividad).

En este enfoque se sitúan ciertos indicadores que suelen acompañarse con juicios de valor implícitos altamente discutibles. Así, el indicador por excelencia de la desigualdad de rentas es el Índice de Gini, que divide a la población total en distintos grupos de población de acuerdo a su renta, y mide los grados de desigualdad de 0 (igualdad total, donde cada grupo de población cobraría la misma proporción de la renta total) a 1 (máxima desigualdad).

Si bien un indicador así puede aportar luz sobre algunos aspectos interesantes, lo pernicioso viene cuando se considera el valor 0 del Índice de Gini, es decir, la igualdad absoluta, como un punto de referencia positivo (similar al concepto de competencia perfecta en la teoría de los mercados microeconómica). Esto se hace explícito cuando, por ejemplo, se incluye el aspecto de la desigualdad en indicadores de desarrollo humano: a mayor igualdad, mayor será el índice de desarrollo humano, llegando al absurdo de que una sociedad en la que todo el mundo cobra la misma renta sería la que mayor puntuación obtendría en esta rúbrica.

Sin embargo, este simplismo en cuanto a la consideración de la desigualdad deja mucho que desear. Lo cierto es que, como parece obvio, un cierto grado de desigualdad es necesario y beneficioso, y sociedades más igualitarias no tienen necesariamente por qué disfrutar de un mayor bienestar que otras con mayor desigualdad.

Entonces, ¿es una mayor desigualdad buena o mala? En un excelente artículo titulado "¿Es una mayor igualdad económica mejor?", Robert Higgs afirma que "la distribución social del ingreso o la riqueza, cualquiera que ésta sea, es moralmente neutral: ni un aumento ni una reducción del grado de desigualdad tiene un significado moral inequívoco. Todo depende de por qué cambia la distribución".

Así por ejemplo, atendiendo al enfoque convencional de los indicadores al uso, sería indistinto que el gobierno se embarcara en políticas de favores a sus amiguetes de las grandes corporaciones, o que los bancos centrales tomaran medidas en favor de la gran banca que confiscan rentas a contribuyentes de clase media, a que una parte de la población acumulara mayor capital humano y con ello obtuviera mayores ingresos gracias a su incremento en la productividad. Ambos escenarios incrementarían la desigualdad, pero su valoración debería ser totalmente diferente. Las primeras serían claramente injustas y perjudiciales, mientras que la segunda todo lo contrario.

Ya va siendo hora de abandonar un discurso tan simplista acerca de una realidad compleja como es la de la desigualdad. Un discurso que, además, suele dar rienda suelta a políticas redistributivas e intervenciones estatales que pueden generar más problemas de los que pretenden resolver.

El capitalismo depende del ahorro, no del consumo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Por ejemplo, por todos es sabido que al capitalismo lo mueve el consumo; basta con darse un paseo por la calle para darse cuenta: cuando las tiendas están a rebosar, se crea empleo, y cuando están vacías, se destruye. Sencillo, ¿no?

Pues no tanto. A quienes creen que el capitalismo se sustenta sobre el consumo –o incluso sobre el consumismo– debería extrañarles el étimo mismo de "capitalismo". Capitalismo procede de capital (esa parte de nuestro patrimonio destinada a generar riqueza para el resto de agentes de un mercado) y para amasar un capital hay que ahorrar y para ahorrar hay que restringir el consumo. ¿Qué sentido tiene entonces decir que un sistema, el capitalismo, cuya misma existencia depende de la virtud de no consumir sólo puede sobrevivir y medrar cuando se consume masivamente? Ninguno, salvo porque aquello que conocemos del capitalismo son sus expresiones más primarias y más mundanas: como productores especializados y consumidores generalistas que somos, cada semana visitamos decenas de tiendas distintas, pero muy pocos serán quienes a lo largo de toda su vida visiten decenas de centros de producción diferentes.

Mas las cosas son así: el capitalismo no depende del consumo sino del ahorro. Una sociedad donde se consumiera el 100% de la renta sería una sociedad nada capitalista. No tendríamos ni un solo bien de capital: ni viviendas, ni fábricas, ni infraestructuras, ni laboratorios, ni científicos, ni arquitectos, ni universidades ni nada. Simplemente, todos los individuos tendrían que estar ocupados permanentemente en producir bienes de consumo –comida, vestidos, mantas…– y no dedicarían ni un segundo a producir bienes de inversión (por definición, si se consume el 100% de la renta es que no se producen bienes que no sean de consumo). Es el ahorro, el no desear consumir todo lo que podamos, lo que nos permite dirigir durante un tiempo nuestros esfuerzos, no a satisfacer nuestra más inmediatas necesidades, sino a preocuparnos por satisfacer nuestras necesidades futuras: producimos bienes de capital para que éstos, a su vez, fabriquen los bienes de consumo futuros que podamos necesitar.

Pero entonces, ¿acaso la economía no entra en crisis cuando cae el consumo? No, quienes entran en crisis cuando cae el consumo son los negocios que venden directamente a los consumidores, pero no toda la economía. Salvando el caso –que trataremos en otro artículo– de que el consumo caiga porque aumente el atesoramiento de dinero (el dinero debajo del colchón), un menor consumo implica que hay disponibles una mayor cantidad de fondos y recursos para invertir. En otras palabras, cuando caiga el consumo, los tipos de interés también se reducirán, con lo que la inversión aumentará; es decir, pasarán a producirse más bienes de capital contratando a los factores que habían quedado desempleados en las languidecientes industrias de bienes de consumo.

Alto. Pero, ¿acaso no son las industrias de bienes de consumo las que compran los bienes de capital (máquinas, productos intermedios, grúas, patentes, material de oficina, ordenadores…)? Entonces, si las industrias que producen bienes de consumo entran en crisis porque venden menos, ¿acaso no reducirán sus compras a las industrias que fabrican bienes de capital? ¿Para qué querrían éstas incrementar su producción?

No, no están locas. Que el consumo caiga significa que las empresas de bienes de consumo ya no pueden vender una parte de sus mercancías al mismo precio que antes. Si no rebajan los precios, parte del género se les queda en las estanterías sin vender, pero si lo hacen, deja de salirles a cuenta comercializar muchos de esos productos. ¿Callejón sin salida? No. Toda empresa que vea minorar su margen de ganancia tiene dos opciones: o comprar el mismo producto más barato a sus proveedores o adquirirles un producto igual de caro pero de mayor calidad por el que los consumidores estén dispuestos a pagar más. En ambos casos, el margen de beneficio de estos productos vuelve a ser positivo: o los precios caen pero los costes también lo hacen, o los costes se mantienen constantes pero los precios de venta suben.

Así pues, sí existe una demanda potencial insatisfecha por parte de las empresas de bienes de consumo y, en definitiva, por parte de los consumidores: demandan bienes de consumo o más baratos o de mayor calidad. Y es a esto a lo que se dedicarán los asequibles fondos y recursos que quedan disponibles tras la minoración del gasto en consumo: a fabricar más bienes de capital que, gracias a su superior productividad, permitan producir en el futuro bienes de consumo más baratos o de mayor calidad.

¿A qué creen que se están dedicando si no las compañías que ahora mismo están buscando nuevos pozos de petróleo o minas de cobre, experimentando con motores de gas más eficientes o investigando como abaratar y perfeccionar las tabletas de los próximos cinco años? Justamente a eso. ¿Piensa que su actividad sería más fácil si todos consumiéramos aún más de lo que ya lo hacemos ahora? Es decir, ¿piensa que su actividad sería más fácil si los tipos de interés se dispararan y si, por tanto, les metiéramos más prisa para que concluyeran todos sus proyectos? No, muchos los terminarían de forma chapucera a los pocos meses y muchos otros ni siquiera los emprenderían.

Por este motivo, en contra de lo que piensan los subconsumistas, no existe ninguna paradoja del ahorro: el ahorro es tanto individual como socialmente beneficioso. Más ahorro incrementa nuestro patrimonio individual y, también, la capitalización de toda la economía: es un poquito menos de pan hoy a cambio de muchísimo más pan mañana. El capitalismo no ha medrado sobre el consumismo, pues en tal caso las sociedades más pobres del planeta –aquellas que para sobrevivir se ven forzadas a consumir todo lo que tienen– serían las más ricas; ha medrado, en cambio, sobre la virtud de la frugalidad de unas clases bajas que se han ido convirtiéndose en medias y, en algunos casos, en capitalistas.

Y ahora, la pregunta estrella: ¿podemos llevar este principio hasta el extremo? ¿Acaso si todos dejáramos de consumir por completo la economía no se desmoronaría? Pues depende de qué entendamos por "dejar de consumir por completo". Si con ello queremos decir que nunca más, jamás, nadie sobre la faz de la tierra piensa volver a adquirir un bien de consumo, entonces sí. Pero por un motivo elemental: producimos para consumir (nota al margen: el ingenuo pensamiento keynesiano razona al revés; consumimos para producir y para tener empleo en algo). Si nadie quiere consumir ni hoy ni mañana, no hay objeto para que sigamos produciendo; podemos tumbarnos todos el día a la bartola en lugar de perder el tiempo y las energías en fabricar algo que nadie desea.

Pero si por "dejar de consumir por completo" entendemos, verbigracia, abstenernos de consumir durante cinco años (en caso de que fuera posible), entonces sí tendría sentido económico que durante esos cinco años dejáramos de fabricar bienes de consumo (esto es, que las empresas que los comercializaran y los ensamblaran cesaran en su actividad) y nos concentráramos en producir unos excelentes y punteros bienes de capital que nos permitieran dar a luz a fabulosos y baratísimos bienes de consumo al cabo de esos cinco años. Es simple: a más ahorro, más riqueza futura… siempre, claro, que valoremos y deseemos más esa riqueza futura que convertirnos en unos austeros anacoretas.

No, el capitalismo no tiene nada que ver con el consumismo. Bueno, en realidad una sola cosa: tanto nos ha enriquecido el ahorro de nuestras generaciones pasadas que ahora, como nuevos ricos, podemos disfrutar de más bienes de consumo de los que jamás soñaron disponer los faraones y los monarcas absolutos. Eso es a lo que los carcas abuelos cebolletas de 30 ó 40 años llaman consumismo y lo que muchos de ellos consideran que debería ser regulado o prohibido (es intolerable que la prosperidad del capitalismo afee la progresista miseria del comunismo). Pero, en todo caso, tengamos bien presente que el afluente consumo actual son los frutos de las privaciones del consumo de ayer y anteayer. El consumo es la cosecha, no la plantación. La plantación es el capital y el sistema social de plantaciones empresariales que nos permite disfrutar de un abundante y variado consumo es el capitalismo.

Los radicales en la II República

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Este 14 de abril se cumplen 80 años del advenimiento de la II República. Eugenio D’Ors relata admirablemente el ambiente de esperanza con que advino, que contrastaba con el profundo hastío y la total indiferencia con que se vio el derrumbe de la Monarquía. Quienes ocuparon el poder, abandonado por el régimen anterior, habían planeado tomarlo previamente (en diciembre de 1930) por medio de un golpe de Estado. Esto es importante, porque da una medida del aprecio de aquellas fuerzas por el sistema democrático.

Muchos describen aquel régimen político como una conquista de los españoles, largamente deseada por amplios sectores de nuestra sociedad. Pero esta idea choca con la realidad histórica de que prácticamente todos, especialmente quienes más debieran identificarse con la República, se rebelaron contra ella. No hace falta descender a los detalles. Basta recordar unos cuantos hechos muy conocidos.

Los anarquistas convocaron una huelga en julio de 1931 y de nuevo tres huelgas generales con pretensiones revolucionarias en enero de 1932, enero de 1933 y diciembre de este mismo año.

El 10 de agosto de 1932, el General Sanjurjo protagoniza el último de los pronunciamientos de la Historia de España, que resultó ser un resonado fracaso. Sus intenciones no pasaban claramente por acabar con la II República, aunque sí por torcer la dirección política del país, y ésta estaba marcada por un Gobierno elegido democráticamente.

Tras las elecciones de 1933, en noviembre, los socialistas y los republicanos de izquierdas exigieron al presidente de la República que anulara las elecciones; Niceto Alcalá-Zamora se negó a esas pretensiones en cuatro ocasiones. Su plan era cambiar las normas de modo que asegurasen que un resultado así (una victoria del centro y la derecha) no volviera a repetirse. La llamada "revolución de Asturias" fue una revuelta largamente planeada y cuyo objetivo era desalojar al centro y la derecha del poder, subvertir el régimen e instaurar otro en el que los sectores entonces en el poder no volverían a ocuparlo jamás.

Por cierto, que la CEDA tuvo una oportunidad de oro para darle la razón a los socialistas, que habían tildado al partido de Gil Robles (pese a saber que la acusación era falsa) de fascista. Sin embargo, no aprovechó la revolución de 1934 para liderar otra de signo contrario e instaurar un régimen autoritario. Respetó la legalidad y, a pesar de caer en algunos excesos, si de algo se le puede acusar es de no haberla defendido con más denuedo.

El propio presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó elecciones anticipadas durante el período radical-cedista sin más razones que la de finiquitar un gobierno que él consideraba demasiado derechista y articular un partido de centro en torno a su hombre, Portela Valladares. Manuel Azaña, epítome de aquel régimen, no contento con haber pedido a Alcalá Zamora que no reconociese las elecciones de 1933, manipuló las de 1936, alterando inicuamente la concesión de 32 escaños, inicialmente adjudicados a la derecha y al centro.

Se podrían poner incluso más ejemplos, y ello sólo por parte de quienes fueron favorables a la II República, contribuyeron a traerla o se creían los únicos (o de los pocos) legitimados para ocupar el poder bajo ese régimen. Hecha sea la salvedad, claro está, de los anarquistas, aunque más tarde se sumarían al Frente Popular y al bando republicano durante la Guerra Civil.

Si todo ello resulta chocante, lo es igualmente otro hecho: Hubo un partido que creyó firmemente en la II República, al menos en cuanto lo que se ha pretendido que fue: una democracia. Y, lejos de ser elogiado por quienes más se identifican con aquel período histórico, recibe de ellos las más amargas críticas. Se trata, claro es, del Partido Republicano Radical. Los radicales de quienes Stanley G. Payne dice que eran un partido "centrista y de nombre equívoco" fueron la única formación de masas netamente republicana. Como tal, estaban llamados a ejercer un papel central, en cualquier sentido de la palabra, en la República. Creían en la democracia independientemente de cuáles fueran sus resultados, lo que les distinguía de otros partidos, tanto a la izquierda como a la derecha.

La primera crítica que se dirige contra los radicales es la falta de moralidad de algunos de sus miembros por asuntos turbios como el del estraperlo. Aunque es innegablemente certera, esa corrupción se queda en mera anécdota frente a la que vemos hoy todos los días en la prensa. Y, desde luego, por más condenable que fueran esas corruptelas, nada tenían que ver en comparación con los crímenes a los que se entregaron sus críticos, a izquierda y derecha, durante la guerra. La segunda crítica desde la izquierda es que sostuvieron un gobierno con participación de la derecha. Un juicio que se vuelve contra quienes lo profieren, pues dejan en evidencia, hoy como entonces, su poco aprecio por una democracia auténtica. También traslucen que ven en la II República no un sistema de turnismo con elecciones libres, sino un programa político concreto.

El valor de la contribución de Alejandro Lerroux y los suyos a la democracia en aquel régimen lo prueba que en cuanto se descalabraron, en las elecciones de febrero de 1936, la política se radicalizó y desembocó, en sólo cuatro meses, en una sangrienta guerra civil.

A pesar de todo ello, los radicales siguen teniendo mala prensa. Esto es interesante no sólo para apreciar las violaciones de los derechos individuales en aquel período de nuestra historia, sino para observar que muchos estilitas de la democracia sienten un desprecio auténtico, todavía hoy, por la defensa de aquellos derechos.

Antisemitismo, un odio profundamente antiliberal

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Los odios hacia las personas que forman parte de un determinado grupo (pues, aunque se suelan enfocar como dirigidos hacia "colectivos", los objetos finales de la fobia y las víctimas de los actos motivados por la misma son individuos concretos) son en esencia, junto con otras características, profundamente antiliberales.

La xenofobia, el racismo, la homofobia, la crisitianofobia, la islamofobia y otros sentimientos similares tienen en común el hecho de que quien las siente no valora a cada persona como objeto del odio como un ser individualizado. Al contrario. Tan sólo importa de ella la pertenencia a un grupo, y se le atribuye toda una serie de características personales por el hecho de formar parte de ese "colectivo" al que se percibe como un "todo" homogéneo, nocivo y, en ocasiones, hostil. Esta característica convierte a estos odios en algo de por sí antiliberal, pues niega el valor de cada persona en sí misma.

Hay, sin embargo, un odio de naturaleza similar a los anteriores que resulta más profundamente individual que el resto: el antisemitismo o judeofobia (utilizaremos ambos términos, si bien el segundo es más preciso). Recientemente, se hizo público el Informe Sobre el Antisemitismo en España 2010, según el cual el 36% de los españoles tiene una opinión desfavorable o totalmente desfavorable de los judíos. No se trata de algo sorprendente, puesto que el antisemitismo en España tiene unas raíces profundas. Sin embargo, otros datos sí llamaron la atención de quienes presentaron los datos del estudio.

Es cierto que resulta llamativo que la extrema derecha tenga mayor simpatía por los judíos (4,9 en una escala de 10) que la media de los españoles (4,6). Esto puede deberse a una percepción pervertida del conflicto de Oriente Medio, según la cual, en un análisis poco riguroso y sin profundizar en las raíces del problema y la actuación real de cada bando, "los judíos matan árabes". Sin embargo, no debería considerarse tan sorprendente que la proporción de personas con sentimientos antisemitas sea superior en el centro izquierda que en otros sectores de la población.

Esto se debe a que la judeofobia ha estado tradicionalmente ligada al odio al comercio. Ya el sentimiento antijudío medieval identificaba al hebreo con la usura, y el antisemitismo moderno nacido en el siglo XIX era profundamente anticapitalista. De hecho, y aunque en determinados momentos de finales de esa centuria y a lo largo del S. XX la izquierda hizo suya la defensa de los judíos frente a la discriminación, algunos de los grandes impulsores del antisemitismo contemporáneo se situaban en el bando del socialismo. La obra de Karl Marx que más han intentado ocultar sus seguidores (del nazismo y el Holocausto) es un librito titulado Sobre la cuestión judía, en el que el autor de El Capital hace afirmaciones como:

¿Cuál es el fundamento secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés egoísta.

¿Cuál es el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál su dios secular? El dinero.

Pues bien, la emancipación de la usura y del dinero, es decir, del judaísmo práctico, real, sería la autoemancipación de nuestra época.

O esta otra:

Nosotros reconocemos, pues, en el judaísmo un elemento antisocial presente de carácter general, que el desarrollo histórico en que los judíos colaboran celosamente en este aspecto malo se ha encargado de exaltar hasta su apogeo actual, llegado al cual tiene que llegar a disolverse necesariamente. La emancipación de los judíos es, en última instancia, la emancipación de la humanidad del judaísmo.

O esta, que recuerda a uno de los prejuicios reflejados en el Informe Sobre el Antisemitismo en España 2010 (el 58,4% de los españoles creen que "los judíos tienen mucho poder porque controlan la economía y los medios de comunicación"):

Un judío que tal vez carece de derechos en el más pequeño de los Estados alemanes, decide la suerte de Europa.

Y como último ejemplo, otra cita que recuerda a las ideas posteriores del nazismo de que los judíos corrompen a los ciudadanos de los países en los que viven:

El judío se ha emancipado a la manera judaica, no sólo al apropiarse del poder del dinero, sino por cuanto que el dinero se ha convertido, a través de él y sin él, en una potencia universal, y el espíritu práctico de los judíos en el espíritu práctico de los pueblos cristianos. Los judíos se han emancipado en la medida en que los cristianos se han hecho judíos.

Todo ello enlaza directamente con el odio no sólo al dinero, sino a la libertad individual en su conjunto.

Los mayores sistemas totalitarios del siglo XX, la Alemania nazi (es el caso más brutal, genocida y extremo) y la Unión Soviética, fueron en distinta medida profundamente antisemitas. Mientras las medidas antisemitas del nazismo y el Holocausto son sobradamente conocidas, no suele serlo tanto la judeofobia estalinista y las consecuencias (mucho menos graves, pero reales) que tuvo. A pesar de que hubo desde el primer momento dirigentes judíos en el Partido Comunista soviético, la URSS fue un país profundamente antijudío en el que se dieron varios episodios importantes movidos por la judeofobia del régimen. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda y los medios de comunicación ocultaron a la población soviética el Holocausto, al mismo tiempo que el comunismo sí hablaba de este "Crimen Contra la Humanidad" en su propaganda exterior.

En agosto de 1952, Stalin ordenó fusilar a varias decenas de intelectuales judíos con la excusa de que estaban conspirando para independizar Crimea y establecer en dicha península una sociedad con el doble carácter de burguesa y sionista. Ese mismo año, cientos de judíos checoslovacos fueron detenidos bajo la falsa acusación de colaborar con una Embajada de Israel en Praga, a la que se señaló como un centro de espionaje mundial. Y por volver a la URSS y sin salir de 1952, catorce altos cargos de PCUS fueron detenidos acusados de conspirar contra el Estado soviético. Once eran judíos.

Un año después, Stalin se inventó el famoso Complot de las batas blancas, fruto de lo cual se detuvo a numerosos médicos judíos acusándoles de asesinatos y, una vez más, conspiración contra el Estado soviético. Se daba por hecho que se producirían persecuciones masivas e incluso deportaciones, pero la muerte del tirano cambió algunas cosas en la URSS. En las medidas antijudías no estaba sólo implicado Stalin, sino que participaron otros altos cargos del régimen comunista.

Ya en la actualidad, el que se ha convertido en el impulsor y paladín del llamado Socialismo del Siglo XXI, Hugo Chávez, ha demostrado tener amplias credenciales antisemitas. Uno de los sitios web desde los que cualquiera se puede descargar de forma gratuita Sobre la cuestión judía es en el del canal oficial Vive, que se define como una "televisora informativa, cultural y educativa". En alguna de sus mediáticas expropiaciones, la judeofobia es un elemento fundamental, en alguna cierta sostuvo que sus enemigos eran "los que mataron a Jesús" (idea herencia de un viejo prejuicio antijudío ya rechazado por la Iglesia católica) y tuvo como asesor a uno de los principales negadores del Holocausto, el peronista argentino (ya fallecido) Norberto Ceresole.

El antisemitismo es, por tanto, un odio con profundas raíces antiliberales y que tiene buena acogida entre muchos de los que profesan ideas contrarias a la libertad, tanto en economía como en otros aspectos de la vida.

Agenda digital quinquenal

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Es un documento digno de los mejores tiempos de las repúblicas soviéticas. Sin duda, es por los éxitos de aquel sistema económico que se vuelve al uso de este tipo de herramientas para mejorar la sociedad.

En el enternecedor documento, la Comisión fija objetivos tan deseables como "aumentar la utilización regular de Internet de un 60% a un 75% en 2015" o "disminuir a la mitad la parte de población que nunca ha usado internet" para la misma fecha.

En la misma línea de buenos propósitos, "un 50% de la población deberá efectuar compras en línea para 2015" con un 20% de dicho comercio electrónico que habrá de ser transfronterizo. El sector empresarial también debe alinearse, y "un 33% de las PYME deberán efectuar compras o ventas en línea" en la fecha talismán.

Entonces es cuando nos damos cuenta de que el documento, lejos de ser enternecedor, es más bien estremecedor. En efecto, se están en él fijando una serie de objetivos que afectan directamente a nuestras vidas. Unos cuantos tipos se arrogan el papel de sabios y pretenden conocer lo que resulta mejor para sus congéneres. Si esto quedara así, no pasaría de un ejercicio interesante sobre la forma que puede tener nuestro futuro; pero el tema va más allá, ya que la Agenda Digital no se limita al ejercicio prospectivo, sino que pretende definir, en 2010, cómo ha de ser nuestra vida para 2015 y para 2020.

¿Y qué pasa si la gente deja de usar internet porque ya no le atraen los servicios que se prestan por ella? ¿Y qué ocurre si la gente que no ha accedido a internet en 2010 es sencillamente porque no le da la real gana? ¿Y por qué oscura razón tiene que comprar la gente a través de internet si prefiere bajar a la tienda de su barrio? En fin, estamos ante un ejercicio de ingeniería social de los que tanto gustan a muchos políticos.

Pero, aparte de estas pretensiones sobre los individuos, existe otro colectivo especialmente involucrado en la planificación central que ha aprobado la Comisión: los operadores de telecomunicaciones. ¿En quién, si no, cabe pensar para conseguir un 100% de cobertura de banda ancha básica en el año 2013, y de banda ancha superior a 30 Mbps para 2020?

Lo gracioso es que este objetivo se lo pone a sí misma la Comisión Europea. Vamos, es como si yo me pongo de objetivo que el Real Madrid gane las tres próximas Copas de Europa. Algo aparentemente absurdo.

¿O no? Si dispongo de los fondos suficientes, entonces tal vez sí me pueda plantear ese objetivo, e incluso conseguirlo a base de gastar mi pasta. Esa es la gracia y el drama de la Agenda Digital. Que sí se puede conseguir. Se puede conseguir a base de los fondos públicos que se obtienen mediante los impuestos a los ciudadanos europeos.

O sea, contra voluntad de los supuestos beneficiarios. Terminaremos odiando internet.