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Los placeres de Tía Margarita

Tante Marguerite es un renombrado restaurante parisino situado cerca de la Asamblea Nacional. Ha tenido que bregar, como todo el resto de locales, con el decreto Bertrand (el equivalente pajinesco de allí) que no permite fumar desde enero 2008 en ningún lugar público cerrado de Francia (ninguno, oiga). El Estado galo se preocupa tanto como aquí de la salud de sus insensatos ciudadanos y de los derechos de los fumadores pasivos.

La dueña del referido restaurante, viuda del célebre chef Bernard Loiseau, no ha querido renunciar a su clientela fumadora. Como buena emprendedora, y con el pequeño resquicio que la previa ley Evin ofrecía, ha ideado unos reservados especiales con un sistema ingenioso (y caro) para que ninguno de sus empleados tenga que respirar el fétido humo expelido por sus viciosos clientes, acostumbrados en darse al placer de fumar al tiempo que saboreaban un buen plato culinario, un café cargado o una copa de cognac. Primitivos…

Para ello, la comida se sirve mediante un sistema de pasaplatos en espacios herméticos (con acceso de doble puerta) y presurizados para que las insalubres prácticas puedan llevarse a cabo de forma segura. Unos potentes extractores de humo hacen el resto del trabajo. Los camareros se comunican con la molesta clientela mediante walkie talkies; con este cinturón sanitario evitan entrar en las contaminadas salas y respirar el aire viciado.

Toda esta logística le ha parecido insuficiente a la asociación de Derechos de los No Fumadores (DNF), que ha denunciado al Tente Marguerite por no contar sus reservados con puertas herméticas y, sobre todo, por fomentar en Internet y en la prensa el deleznable placer del fumeteo. Tal apología deberá ser erradicada de los templos de la degustación francesa. Y vaya si lo van a conseguir. La ley está de su parte y la vigilante DNF se ha servido de ella. Cela va de soi.

La viuda Dominique Loiseau ha comparecido el pasado enero como acusada ante el tribunal correccional de París. Ha alegado incomprensibles y egoístas justificaciones sobre su derecho de propiedad y de libre emprendimiento. Menuda arrogancia. El tribunal dará su veredicto el próximo 10 de marzo. Dicho fallo marcará también el destino del resto de locales galos que han instalado salas de fumar en su negocio intentando saltarse la "Ley".

Por cierto, buena parte de los clientes del Tente Marguerite son parlamentarios ("diputés", como diría nuestro ínclito ZP). Los mismos que aprobaron la ley anti-tabaco. Ninguno de ellos ha apoyado a la parte acusada y señalada por la neoinquisición.­­­­­­­


Coda: Holanda está de vuelta. Fue una de las primeras naciones de Europa en aplicar la prohibición draconiana del tabaco en todos los locales abiertos al público (si bien se permitió la práctica asentada de fumar marihuana en los coffee shops, siempre que no se mezclara con el pestilente tabaco). Recientemente ha dado marcha atrás y ha matizado dicha prohibición general: admite que puedan existir oasis de nicotina; se salvarán del desierto libre de humos aquellos pubs o cafés de menos de 70 metros cuadrados si sus dueños así lo deciden y no tienen contratados a terceros. Escocia está también planteando la derogación parcial del smoking ban. Bienvenida, cordura chiquita.

La Comisión europea dictará en breve directivas para unificar criterios con el fin de que no se desmadren las excepciones, tal y como ha sucedido en Holanda, y para que no haya duda del alcance de la prohibición en el territorio de la Unión. Hay cosas con las que no se juega.

Un ejemplo real de Justicia Social

Según wikipedia, la justicia social "es un concepto que define la búsqueda de equilibrio entre partes desiguales, por medio de la creación de protecciones o desigualdades de signo contrario, a favor de los más débiles (…) Para graficar el concepto suele decirse que, mientras la justicia tradicional es ciega, la justicia social debe quitarse la venda para poder ver la realidad y compensar las desigualdades que en ella se producen".

Para poder juzgar si dicha justicia de verdad cumple con su objetivo, nosotros también deberemos quitarnos la venda de los ojos y observar la realidad que provocan las acciones llevadas a cabo en su nombre.

Cojamos por caso una historia real, similar a tantas otras que cualquier persona pueda conocer o haber vivido; nos encontramos en la España de 2001, tres compañeros de clase terminan su último curso de bachillerato y empiezan caminos distintos. Tenían notas parecidas, jugaban igual de mal al fútbol, intentaban ligar con las mismas chicas y sus padres eran del mismo nivel económico. No había, por tanto, ninguna razón para intervenir en sus vidas, ya que estaban igualadas de partida.

El primero de los amigos, llamado Juan, decidió empezar a trabajar en el sector de las tecnologías de la información, ya que le gustaban los ordenadores y consideraba absurdo estudiar la carrera de informática (atestada de gente por aquella época), siendo un sector con unos avances espectaculares donde se podía aprender sobre la marcha. Su decisión tuvo un coste alto, ya que después del pinchazo de la burbuja de las puntocom el trabajo no sobraba y se tuvo que conformar con puestos mal pagados donde se trabajaban muchas horas.

Durante un par de años no pasó de ser un mileurista que tenía que aguantar a jefes bastante incompetentes (contratados durante la burbuja) y compañeros que no sabían manejar un ratón. Pero se fue formando, sus conocimientos crecieron y parte de los pocos ahorros que tenía los destinaba a certificarse en las tecnologías que él pensó que tendrían mayor demanda en el futuro.

Su esfuerzo empezó a dar frutos y fue aumentando su sueldo según cambiaba de empresa. Seguía trabajando muchas horas, pero ya tenía un sueldo decente (disminuido por grandes impuestos) que le permitió comprar su primera vivienda. Corría el año 2004 y los precios eran bastantes altos, así que se tuvo que conformar con un piso de dos habitaciones en la periferia de Madrid.

Para poder hacer frente a los gastos del piso, trabajó aún más duro y siguió formándose, aumentando con ello su sueldo (y sus responsabilidades). 

En la actualidad, Juan cobra cerca de 36 mil euros y es muy apreciado en su empresa (una multinacional puntera), le quedan apenas 10 años de hipoteca y tiene unos suculentos ahorros bien invertidos. Hay quien afirma que es un privilegiado y pide que le aumenten los impuestos por ello –"hay que arrimar el hombro", dicen–, pero a Juan nadie le ha regalado nada y en cambio él ha tenido que regalar muchas cosas. Haciendo cálculos, hasta ahora, casi cerca de 200.000 euros en impuestos de la renta, seguridad social e IVA, y escrituración del piso. Su patrimonio (con el actual precio de los pisos) no se acerca a esa cantidad.

En cambio, sí hay dos privilegiados en esta historia. Uno es Luis, otro de los amigos. Decidió estudiar filología e idiomas. Vivió en un piso de alquiler, subvencionado por la comunidad de Madrid, muy cerca de la universidad pública, hasta que se fue a vivir a Alemania, hará tres años, con una beca de la Unión Europea. Desde hace dos años por fin trabaja, y tiene un no despreciable sueldo de 40 mil euros y ninguna intención de volver a España para devolver en impuestos lo recibido en educación y alquiler durante sus años de estudiante.

El último personaje de esta historia es Óscar. Éste estudió física durante seis años (también en la universidad pública), trabajó de administrativo durante dos, época en la que, gracias a su exiguo sueldo, consiguió un piso de protección oficial en un barrio nuevo de Madrid (por el mismo precio que le costó a Juan el suyo 30 Km. más lejos), y al que se fue a vivir con su novia, la cual cobraba tres veces más que él… Actualmente, está en el paro y cobra (o cobraba) un subsidio de 400 euros, mientras se saca otros 600 en dinero negro trabajando en la hostelería los fines de semana.

Con ocasión del 10º aniversario de su salida del instituto, los tres ex compañeros se volvieron a ver. Una vez que se habían puesto al día sobre sus respectivas vidas, pasó algo curioso: Luis y Óscar no sólo no agradecían a Juan su aportación de miles de euros en impuestos para financiar sus estudios y vivienda, sino que, muy al contrario, se asombraban sobre qué clase de país era España, donde dos licenciados como ellos no recibían un sueldo superior al de una persona que había abandonado los estudios a los 18 años. En el caso de Óscar, los lamentos eran mayores al constatar que un físico como él estaba en el paro, malviviendo con 400 míseros euros, mientras que a Juan nunca le había faltado trabajo en aquellos años. "No era socialmente justo –sentenciaron los dos–; el gobierno debería hacer algo".

Por supuesto ese algo sería volver a intervenir en la vida de Juan para quitarle más dinero y dárselo a unos licenciados cuya licenciatura él había contribuido a pagar.

Recordemos que Juan no era más listo que sus compañeros, no era más guapo, no se le daban mejor los deportes ni su familia tenía más dinero. Simplemente escogió, cuando solo tenía 18 años, buscarse la vida por su cuenta. Ese fue su error, ya que la justicia social no es ciega, pero tiene una vista muy particular; es incapaz de ver a nadie que no se acerque a ella y le pida limosna rellenando impresos, esperando colas y demás trámites burocráticos. En cambio, ha desarrollado una visión sobrenatural a la hora de detectar a un contribuyente, hasta el punto de que sustrae el dinero a la mayoría sin que ésta pueda llegar a verlo.

Arbitrariedad social es su verdadero nombre, y seguirá sembrando injusticia y desigualdad mientras que a la mayoría de la sociedad le cieguen los privilegios, la ignorancia o ambas a la vez.

Límites de velocidad

Uno de estos señores ha decidido, de camino al Consejo de Ministros, según parece, y posiblemente mosqueado tras ser su coche oficial adelantado por el de uno de sus gobernados, que ya no podemos ir a más de 110 Km. por hora en nuestras autopistas. Mejor dicho, sí podemos, pero corremos el riesgo de que nos sancionen por ello.

A la vista de tan impactante límite de velocidad, ha pasado desapercibido otro límite de velocidad que nos acaba de imponer el mismo gobierno. Y es que el Congreso de los Diputados ha cerrado por fin el trámite de la Ley de Economía Sostenible, incluyendo en ella el límite de velocidad de 1 Mbps para las conexiones de banda ancha. En este caso, el límite no es máximo, sino mínimo. El mismo ciudadano español que no puede correr a más de 110 Km por la piel de toro ha de poder descargarse contenidos al menos a 1 Mbit por segundo.

Digo yo que, lo mismo que la limitación de los 110 es por nuestro bien, para que no corramos riesgos y ahorremos combustible, podían ejercer un papel similar con la velocidad de banda ancha. Cuanta más capacidad tengamos disponible, mayor será el riesgo de que nos descarguemos películas y canciones de forma "ilegal", o de que nuestros jóvenes e infantes accedan a contenidos indebidos, o de que nos metamos en otros vericuetos que a nuestros políticos no les parezcan bien. Además, como todo ingeniero sabe, los módems consumen tanto más cuanto mayor es la velocidad a que sincronizan. Así que también aquí hay un potencial de ahorro energético no desdeñable.

Se observa una clara asimetría en el tratamiento. Tanto por la carretera como en internet, lo que querríamos es no tener límites, ir a la velocidad que nos pareciera en cada momento. Por ello, el límite de 1 Mbps no nos lo parece, al contrario, nos parece estupendo que tengamos "derecho" a un mínimo de velocidad.

¿Por qué no hace el Gobierno lo mismo con las carreteras que predica para internet? ¿Por qué no nos da el Gobierno una velocidad mínima a la que tengamos "derecho" en cada vía y, en cambio, lo que tenemos son desesperantes atascos y límites máximos de velocidad?

La solución, muy fácil: la velocidad mínima que se fija para internet la habrán de pagar de su bolsillo los operadores de telecomunicaciones; es una medida sin coste económico para el político. Está regalando algo que no es suyo, mejor dicho, algo que no va a pasar por sus manos.

En cambio, conseguir carreteras de calidades mínimas es algo que habría de pagar de su bolsillo el Estado (es un decir), y aquí al político sí le duelen prendas, pues tiene otras muchas ocurrencias para el dinero público, ese dinero que algunos consideran de nadie. Sin olvidar que sin los queridos límites máximos no habría posibilidad de sanciones y mayores ingresos.

En fin, que los límites de velocidad, según quien pague.

El avispero libio

Las revueltas que se producen en Libia constituyen el penúltimo episodio de inestabilización del mundo musulmán, que está cambiando los gobiernos o, al menos, algunos de los rostros que gobiernan los regímenes autoritarios que lo conforman. Sin embargo, el caso libio se diferencia de los anteriores tanto en la magnitud de su represión, con miles de muertos a manos de las tropas del tirano, como por su impacto en las economías de los países europeos de su entorno. El caso libio invita a algunas reflexiones que deberían hacerse los que tan pocos escrúpulos tienen en gastarse el dinero de los contribuyentes en aventuras exteriores.

Existe cierta esquizofrenia en la opinión pública y publicada occidental. Los "portavoces" de los muertos libios claman ahora por una intervención, básicamente americana, que pare la sangría; y, entre ellos, algunas organizaciones e individuos que han hecho del "antioccidentalismo" uno de sus dogmas. Semanas antes, ninguno de los peticionarios se atrevía siquiera a sugerir tan cara medida, pese a que la sangre corría en menor cuantía por las oscuras cloacas del régimen e incluso reivindicaban a Gadafi por su exacerbado antiamericanismo.

Cualquier intervención es una medida costosa, sobre todo, en un mundo en crisis, y debería tener unos objetivos muy concretos y claros. Pero como las variables son muchas y algunas ni las conocemos, todo puede venirse al traste en cualquier momento. Estamos acostumbrados a que estos conflictos los "solucione" Estados Unidos, pero en este caso los principales afectados son los europeos, por lo que no sería descabellada una mayor implicación francesa, italiana y española. ¿Están estos países dispuestos a arriesgarse social y económicamente? ¡A que es fácil especular con el dinero y la voluntad de los demás! Algunos deberían hacérselo mirar y a otros, deberíamos mirarlos con más atención.

Ciertos analistas describen estas revueltas como intentos, en algunos casos desesperados, de conseguir libertad y democracia. Quizá las expectativas son demasiado altas, incluso desviadas, pues se desechan otras posibilidades menos atractivas. Ahora vivimos en un mundo mucho más interconectado y la información llega, vía Internet, a lugares donde antes ni siquiera se soñaba, pero lo cierto es que buena parte de estos países permanece en un estado similar al de hace unas décadas. Las revueltas han afectado a las principales ciudades y se han extendido poco a poco a otras regiones, pero es aventurado decir que la libertad haya sido la motivación.

Los países árabes tienen como tradición política la autocracia, el liderazgo de un caudillo y el traspaso violento del poder. La regeneración moral es otro de los motivos que agita a las masas o, si no a las masas, a grupos que tienen poder en la sombra del régimen y que esperan a que éste se tambalee. La principal regeneración moral del mundo musulmán suele venir de la religión que lo sustenta. El integrismo, y no la democratización, es, hoy por hoy, su principal corriente filosófica y política. Así pues, todo invita, en el mejor caso, a cambios en los autócratas y, en el peor, a un incremento del poder integrista. El mundo islámico atraviesa la crisis económica con un empobrecimiento general y un incremento demográfico que ha propiciado esta inestabilidad regional de impredecibles consecuencias, como teme Israel.

Libia no es uno de los principales países productores de hidrocarburos, pero sí tiene un peso apreciable en algunos de los países del arco mediterráneo, entre ellos, España, y lo que ocurre en sus fronteras tiene un reflejo casi inmediato en sus bolsas y mercados energéticos. El sector energético siempre ha sido un sector estratégico para los Estados modernos y ello se ha traducido en un intervencionismo descarado, pero justificado en el bien común. La política se confunde con los intereses económicos y las empresas se ven obligadas en algunos casos a comerciar en zonas en las que no querrían hacerlo y, en otros, a simplemente hacer política (y en no pocas ocasiones con un entusiasmo increíble). El avispero libio podría ser un buen ejemplo de por qué los intereses políticos no son necesariamente los intereses del bien común, sino en este caso, del "mal" común que nos alcanza en forma de subida de los precios de los combustibles. Repsol y otras empresas podrían haberse planteado otras inversiones en otros países antes que en Libia –quizá más lejanos o con menos historia común– si el mercado mundial y nacional estuviera menos intervenido. En todo caso, asumiendo voluntariamente el riesgo de toda actividad empresarial.

El Particularismo

Ortega nos ofrece en La España Invertebrada dos hipótesis desiguales. En primer lugar, construye su obra en torno a una teoría del particularismo bastante contundente. Sin embargo, y en segundo lugar, presenta una visión deformada de la historia de España, diría que autoflagelante y superficial, que sólo se justifica por lo convulso y sombrío de la época en que fue escrito el ensayo.

Un repaso histórico de tipo comparativo con otras naciones del entorno puede hacer caer en el error de dar a entender que éstas carecieron en todo momento de semejantes tropiezos, desgastes y contradicciones. Ortega se fija exclusivamente en los éxitos y la gloria de las naciones extranjeras más potentes. Aunque no puede negarse que en España los hitos destacables fueron tan tempranos e inconsistentes que resulta axiomática su derrota si se compara con lo ocurrido durante la evolución política de otros pueblos.

Pero volvamos al aspecto más notable y acertado contenido en La España Invertebrada: la teoría del particularismo. A partir de la expresión nacionalista de este fenómeno disgregador, Ortega denuncia su preexistencia en todos los órdenes vivientes de la nación (recurriendo a sus tópicos), clase política, ejército, proletariado y cualquier otro gremio, profesión o sector industrial y empresarial. Puede apreciarse en todos ellos, y no sólo en aquellos que promueven la disgregación racial, cultural y nacionalista. La decadencia de la unidad española comenzó en aquel "no contar con el otro", que es igual a creerse dueño y señor del mando sobre lo común.

Centrémonos en la idea misma que nos ofrece este concepto de particularismo, aplicado a cualquier tendencia, artificial o espontánea, de agrupación singular dentro de fracciones integrantes de un todo que las precede. Quizá alguna de esas partes intente ser representada como anterior al todo, cuando en realidad la sustancia de lo que fue (si es que lo fue realmente) no podría equipararse de ese modo al rango que se descarta en la entidad atacada.

El nacionalismo periférico en España no pretende sólo erigirse como contrapoder particular frente al Poder central, sea éste absoluto o limitado, sino que busca además, desde la base social y cultural, construir un artefacto ideológico capaz de dominar las mentes individuales, homogeneizando voluntades en pos de un proyecto político que, en realidad, sirve únicamente a las expectativas e intereses de una suerte de aristocracia nacionalista que aspira a acaparar un nuevo y bien tramado dominio legitimado, esta vez, por ese sentimiento colectivo reforzado en lo particular.

Los nacionalismos son siempre particularistas, procedan éstos del ámbito de lo regional, o se acaben convirtiendo en ideología y religión secular de naciones agregadas e independientes, y, al mismo tiempo, fuertemente estatizadas. Mientras que el primer tipo de nacionalismo trata de quebrar una entidad más amplia frente a la que concentran su acción política, el segundo tipo pretende elevar su potencial a fin de ser partícipe dentro de un orden internacional ecuménico (sin que exista ningún espacio físico indómito en el que algún Estado, o concierto de Estados, ejerza su propia jurisdicción).

Cuando Mises habla de "nacionalismo liberal", lo hace desde una perspectiva histórica muy concreta, atribuyendo las bondades de la revolución liberal al movimiento disgregador que se enfrenta al absolutismo de ciertos poderes, artificiales o no, que establecieron su dominio sobre pueblos que eran, política, racial o culturalmente distintos. En principio, la unidad política, en determinados ámbitos, representa una ventaja para aquellos pueblos que sepan utilizarla como instrumento de integración social y económica. Sin embargo, la práctica de los gobiernos absolutos en imperios plurinacionales fue incapaz de contener las legítimas pretensiones nacionales promovidas y alimentadas por un espíritu que era en verdad liberal. Esto no ha sucedido en España. Las tendencias particularistas de corte nacionalista crecieron y se alimentaron a partir de una idea de decadencia que se corresponde, en cierto modo, con la realidad social, cultural, económica y política de ese conjunto nacional llamado España, pero en ningún caso porque España resulte asimilable a los Imperios Austro-Húngaro y Ruso, Yugoslavia o a cualquier ejemplo colonial que pueda plantearse.

El particularismo gremial, regional o municipal puede confundirse en diversas fases de su expresión e intensificación con la configuración de contrapoderes. Como se dijo en otro lugar, el contrapoder, en su cometido, debe limitar al poder frente al que se erige. El poder absoluto lucha por la homogenización, toma su fuerza de la masa agitada, deforme e idiotizada. El contrapoder sirve a la convivencia y es un instrumento para esa limitación de la tendencia fatal que conduce al poder centralizado al dominio irresistible del cuerpo social y cultural. No obstante, una excesiva tensión entre contrapoderes debilita su propia existencia, lo que sucede también cuando se establecen fuertes alianzas entre aquellos bajo el cometido de derrumbar la hegemonía del poder más amplio. Del resultado de esa tensión entre tales empujes (el de coordinar particularismos en contra del poder absoluto o común, y el esfuerzo de éste último en homogeneizar y atomizar el cuerpo social) nacerá un tipo efectivo de orden político.

Las sociedades de "Hombres libres" no surgen de la nada, ni resisten sin que confluyan todas estas expresiones políticas que pugnan entre la agregación, la extensión, la disgregación y el particularismo de cualquier clase. Pese a que todo particularismo debería tender a encontrar su propio contrapeso que lo convierta en inofensivo para la continuidad del orden político y social efectivo, existen ideologías, creencias y aspiraciones que son, ciertamente, peligrosas y fuente de una clase de disenso de consecuencias calamitosas para la convivencia y el sosiego público. No se trata de preferir naciones férreamente tramadas frente a aquellas naciones en cuyo seno conviven realidades dotadas de atributos diversos dentro del acervo común de valores, reglas e instituciones. Sino de defender la necesidad de que la tensión particularista no comprometa, en primer lugar, la primacía del individuo frente a los grupos en los que se integra, y en segundo lugar, la independencia de los poderes representativos comunes, electos o autoritarios, al margen de los límites políticos razonables nacidos del ineluctable juego de contrapoderes.

Quizá el particularismo perverso que denunció Ortega en España deba servirnos para desechar completamente la idea de que en su versión nacionalista periférica se trate de un legítimo movimiento libertador de pueblos oprimidos en términos colectivos (menos aún de las personas que los forman, en términos individuales). Pero es que además, en la medida que se pretenda que la Unión de los pueblos y naciones de Europa no sea un mero concierto entre sus Estados, los particularismos deberán, en primer lugar, filtrarse al teatro continental, incluso cuando su aspiración básica sea un interés localizado territorialmente (que será positivo para la libertad del individuo siempre que reconozca los fundamentos y los límites del consenso social dentro del que actúa). En segundo lugar, debe el individualismo primar sobre la aspiración colectiva y, en todo caso, dada la naturaleza plural de los caracteres nacionales que se pretenden soldar bajo una misma unidad política, sólo este factor occidental, claramente cosmopolita y liberal, proporcionará la sustancia que espontáneamente llegue a consolidar una futura nación europea.

Aborregados

Es por nuestro bien, nos dicen, como lo son todas las prohibiciones. Así gastamos menos. ¡Pero si no queremos gastar menos, queremos llegar antes! Rebajan el límite de velocidad y nos hablan del torrente de beneficios que caerá sobre nosotros por ajustarnos a los 110, como si no tuviese un coste. Cuanto más lento conduzcamos, más tiempo estaremos conduciendo y menos en los sitios donde queremos llegar. Es decir, que disponen de nuestro tiempo como disponen de todo lo que nos pertenece, con toda la libertad que a nosotros nos niegan.

Libertad Digital, por no perderse a sí misma, ha recordado varias de las prohibiciones de Zapatero. Para los socialistas, tomarse una hamburguesa acompañada de un vino, con el humo intercalado del tabaco y en un chiringuito es poco menos que un acto de rebeldía sancionable con largos años de cárcel. Ir a 120 por hora es una temeridad de lo más reaccionario, pero no permitirán que vayamos ni a 40 si es para llevar a nuestros hijos a un colegio en el que haya crucifijos. Si a este cuadro le añadimos la afición por los toros o sintonizar ciertos canales, el Gobierno nos acabará mandando a un centro de reeducación.

No, no hemos llegado a esto último. Pero convendrán conmigo en que tampoco es necesario. El español, se ha dicho siempre, es una persona amante de la libertad, reacio a aceptar según qué imposiciones, como demuestran en la historia hechos como el motín de Esquilache o la presencia masiva del anarquismo. Orgullosos y conscientes de sus derechos, los españoles montan un Fuenteovejuna cuando el poder se excede y cae en la arbitrariedad, el capricho y el atropello. Individualista, ácrata, aferrado a lo que considera suyo en justicia y amparado moralmente por el aprecio al honor y por el respaldo divino si se obra con recta razón, el español no teme enfrentarse al poder.

Todo esto nos hemos dicho de nosotros durante mucho tiempo. Como si el carácter emergiese del suelo patrio o se heredase junto con la lengua y algunas pocas costumbres que son a la vez comunes e inalterables. Hoy todo es alterable y lo común es objeto de permanente menosprecio. Será eso, será que en realidad hemos sido más cortesanos que ciudadanos, será que nos hemos acostumbrado a que el Estado nos mate suavemente con su canción. O simplemente que no hay carácter nacional que mil años dure. Pero lo cierto es que nos hemos acostumbrado a que hagan y deshagan en nuestra vida, a vivir con coerciones e imposiciones, con admoniciones y sugerencias del poder, y aquí no pasa nada. Somos una sociedad adocenada y aborregada. Digamos adiós al viejo español.

¿Es Rubalcaba más listo que el mercado?

…un despotismo muy poco ilustrativo que desconocía las limitaciones de su propia razón.

Nada de lo anunciado hoy por Rubalcaba es algo que no hubiesen podido decidir consumidores, productores o intermediarios de acuerdo con su conocimiento particular del mercado: los conductores que quisieran ahorrar podían conducir a 110 km./h; los que consideraran el transporte por carretera demasiado caro con respecto al ferroviario, podían optar por este último; y las petroleras y los fabricantes de automóviles que consideraran que el biodiesel era el futuro, podían ofrecer sus compuestos y sus vehículos adaptados a tal proyección.

Pero el Gobierno ha decidido dar un empujoncito intervencionista que, como de costumbre, puede tener efectos inesperados. Primero, apostar por que los muy subvencionados biocombustibles son el futuro energético de la automoción es sólo eso: una apuesta que a la larga puede salirnos muy cara. Otros opinan que la solución pasa por el gas natural o incluso por un coche eléctrico que se abastezca de centrales de carbón y nucleares. Simplemente no sabemos qué alternativa es mejor, por cuanto ni siquiera conocemos cuáles van a ser los precios de las distintas materias primas –es decir, sus escaseces e importancias relativas– dentro de un mes; no digamos, pues, dentro de un año o de una década. Si ahora nos adentramos hacia una dirección que resulta ser la incorrecta, ¿quién pagará los platos rotos cuando haya que cambiar toda la vajilla?

Además, al subvencionar los biocombustibles y obligar a los productores y distribuidores de gasoil a adquirirlo, sólo estamos cebando aun más una demanda artificial que está contribuyendo, en parte, a encarecer el ya de por sí disparado precio de los alimentos. ¿Cuál será el siguiente paso de Rubalcaba? ¿Establecer controles de precios a los alimentos que más se encarezcan?

Segundo, ¿es malo que el precio del petróleo se dispare? Sólo si su aumento se debe al recalentamiento de la economía vía actividades improductivas (como los planes E de Zapatero/Rubalcaba o los "estímulos" monetario à la Bernanke). En el resto de casos, si el petróleo sube porque los agentes económicos desean hacer un uso más intensivo del mismo, la escalada de precios servirá paras diversos fines: a) distribuirlo hacia aquellos más urgentes, b) incentivar el ahorro energético, c) promover la búsqueda de alternativas más baratas.

Con todo, estos dos últimos puntos dependen críticamente de que los agentes económicos consideren que el petróleo se mantendrá elevado durante un horizonte temporal lo suficientemente prolongado. No basta con que el petróleo esté alto un par de meses o unos años; muchos proyectos de investigación, de transición y de explotación de energías alternativas requieren, para ser rentables, que el barril se mantenga estructuralmente encarecido; lo cual es muy probable, pero semejante predicción también está sometida a errores fatales, como error fatal fue para muchos el período desde mediados de 2008 a mediados de 2010 y como error fatal podría ser tratar de saber con certeza qué pasará con el petróleo tras las revueltas en el mundo árabe.

Si el Gobierno arbitra mecanismos para rebajar artificialmente el precio del petróleo –ahorro energético vía parches absurdos como el de limitar la velocidad– sólo estaremos retrasando la investigación y la transición hacia nuevos motores y hacia nuevas centrales eléctricas. De nuevo: con los precios no se juega; son uno de los principales mecanismos de comunicación a la hora de indicar dónde deben concentrarse los recursos. Si los españoles quieren ahorrar energía, que la ahorren; si no, que paguen sus sobreprecios (y renuncien, por tanto, a otros bienes y servicios que podrían adquirir ahorrando energía), financiando así una parte del cambio de modelo energético que en algún momento necesitaremos (aunque aún ignoramos qué modelo en concreto, algo que sólo puede descubrir, vía prueba y error, el propio mercado).

Claro que el problema de fondo de todo este asunto es que el mercado energético en España, y en casi todo el mundo, no se distingue demasiado de uno soviético. Por eso tiene que salir Rubalcaba con su plan quinquenal; por eso se confía más en unos burócratas que son en gran medida responsables del desaguisado productivo en que está sumida España que en el conocimiento disperso y descentralizado de millones de personas. Marx antes que Hayek. De esos polvos vienen estos lodos.

Buen Gobierno: la responsabilidad de los cargos públicos

Hace poco se ha publicado el libro de un doctor de Salamanca menos conocido, Juan Zapata y Sandoval, titulado De iustitia distributiva et acceptione personarum, traducido por primera vez al castellano por el equipo de investigadores del CSIC: Ana María Barrero, Carlos Baciero y Jesús María García Añoveros.

Juan Zapata fue un criollo nacido en la ciudad de México, descendiente de oidores y presidentes de la Audiencia de Nueva España. Ingresó allí en la Orden de San Agustín en 1590, viajando a la Península en 1602 como rector y catedrático de Teología en el Colegio San Gabriel de Valladolid. Formado en la Universidad de México, que por aquellos tiempos era perfectamente comparable en altura intelectual y en maestros a las españolas, podemos considerarle un miembro ultramarino de la Escuela de Salamanca; al menos, juzgando los autores que luego citará: Pedro de Aragón, Luis de Molina, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Domingo Báñez, Pedro de Ledesma, Francisco de Vitoria o Diego de Covarrubias. Posteriormente regresaría a México al ser nombrado obispo de Chiapas y luego de Guatemala, donde falleció en 1630.

En 1609, el mismo año que Juan de Mariana publicara su tratado De monetae mutatione, Zapata y Sandoval editaba en Valladolid este largo estudio sobre La justicia distributiva y la acepción de personas. Se trata del análisis de un interesante aspecto de la virtud de la justicia, menos frecuente en los doctores escolásticos. Conocemos bien un elevado número de tratados sobre la justicia en los cambios, el precio justo, los salarios justos… Todos ellos centrados en la llamada justicia conmutativa, que se refiere a las relaciones entre iguales en los intercambios, y que permitió a los Maestros de Salamanca avanzar algunas importantes intuiciones sobre el comportamiento económico, como la teoría cuantitativa, la teoría subjetiva del valor o la paridad del poder adquisitivo entre distintas divisas.

La justicia distributiva, sin embargo, se refiere a la ordenación del todo entre las partes, o sea, "la distribución de los bienes comunes de la república entre los individuos". Desde el punto de vista económico, su aplicación más inmediata es el análisis sobre la fiscalidad y los impuestos, algo que también estudiaron nuestros doctores (Juan de Mariana, como bien sabemos, condenaba las alteraciones monetarias como una medida inflacionaria que ocasionaba, a la postre, un impuesto injusto y oculto).

Pues bien, el texto que estamos comentando nos sitúa fuera del marco económico, y en un campo de gran interés actual: el ejercicio de la actividad política. Cada semana nos levantamos con un nuevo caso de corrupción y abuso de poder que refleja, en mi opinión, una lamentable calidad moral en algunos de los representantes de los ciudadanos. Y a ellos se podrían aplicar muchas de las consideraciones de fray Juan Zapata en su crítica a la acepción de personas: se trata de un ejercicio contrario a la justicia distributiva, en concreto en el reparto de los cargos públicos. En vez de elegir a los mejores, teniendo en cuenta sus méritos y su dignidad, se prefieren otros individuos generalmente en razón de intereses personales, familiares, etc.

Zapata escribió pensando en el derecho de los nacidos en América a los cargos eclesiásticos y civiles. Cuestión muy sugerente, que demuestra la sensibilidad política de tantos españoles de nuestro Siglo de Oro, pero que no vamos a tratar aquí por falta de espacio. Me interesaba solamente destacar algunas exigencias morales en el ejercicio del poder que, entonces y ahora, parecen necesarias para los gobernantes. Por ejemplo, a la hora de nombrar los oficios civiles en las Indias recomienda que los candidatos sean hábiles, es decir, competentes por su sabiduría, ingenio y destreza; que haya una previa investigación de la dignidad de las personas, sus dotes y méritos; que sean sinceros, esto es, que no engañen a nadie; que sean enemigos de la avaricia; o que fueran preferentemente personas cercanas a la sociedad y el cargo en cuestión (aquí es donde instaba a promover a los criollos y aún a los indios americanos), en detrimento de extranjeros y advenedizos. En definitiva, se les exigirá "integridad de vida, perfecto conocimiento de las funciones que han de desempeñar, educación cívica, preocupación por la república y destreza en la dirección de la función pública, ciencia, moderación, nobleza, fortaleza y justicia".

Asunto distinto y espinoso, aunque frecuente en aquella época, era la venta de cargos públicos; con lo que Zapata no estaba de acuerdo pensando que ofrecía muchos más inconvenientes que ventajas. Aunque, dada la costumbre y su legalidad formal, propuso varias condiciones para que fuera moralmente lícito en lo que concierne al precio de venta, las cualidades de las personas que los adquieren, etc.

Termino con una cita literal: "si el soberano o la persona a quien se le ha encomendado hacer provisión o recabar informes para hacerla, al proveer estos oficios… pospone a los dignos a favor de los indignos, delinque sin duda contra la justicia distributiva con pecado de acepción de personas y está obligado a restituir el daño que resulta de la incompetencia del ministro". Menuda responsabilidad ésa de la restitución, algo perfectamente vigente en aquellos tiempos y que nuestra sociedad moderna e ilustrada parece que quiere olvidar a toda costa.

Una sentencia contra la libertad

…incluyendo algún montaje gráfico de muy mal gusto, que los usuarios de su foro habían publicado contra Ramoncín. Ahora, tras un largo proceso judicial en diversas instancias que se ha alargado la friolera de tres años y cinco meses, el Tribunal Supremo viene a confirmar el fallo inicial con argumentos similares a los que en su día ofreció el juzgado madrileño.

Como entonces, los jueces han realizado una interpretación sumamente estricta (incluso peculiar) de la legislación para condenar al sitio denunciado y, de sentar jurisprudencia, su decisión puede ser un duro freno a la libertad de expresión en la red. De hecho, si se dictaran más sentencias de este tipo, lo que podríamos ver es a Facebook y demás redes sociales cerrando sus servicios en España y a todos los periódicos digitales quitando a sus lectores la posibilidad de comentar las noticias y artículos publicados.

El Supremo exprime al máximo el artículo 16 de la LSSI para convertir una ilicitud "patente y evidente" que los responsables de Alasbarricadas.org tenían que haber visto en un "medio efectivo de conocimiento" de lo condenable de los insultos a Ramoncín. De triunfar esta interpretación judicial, todo sitio web que permita que los usuarios se expresen en él tendrá que hacer de policía y borrar cualquier comentario del que sospeche que puede llegar a ser considerado no lícito. Si se tiene en cuenta que en las redes sociales hablamos de decenas de miles de aportaciones de los internautas cada día, dicha labor resulta inviable. Y en los medios digitales, aunque las cifras son menores, la cantidad es tan alta que deberían tener a varias personas monitorizando de forma constante las respuestas de los lectores, lo que resulta prácticamente imposible. Dicho de otro modo, internet perdería la frescura y la constante interactuación que le caracteriza en la actualidad.

Pero hay otro punto que sorprende de la sentencia. El fallo considera que una dirección de correo electrónico no es una forma de contacto eficiente. Así que, a partir de ahora, cualquiera que tenga un blog u otro tipo de web no comercial –estas ya están obligadas a ofrecer una dirección postal física– deberá informar en el mismo sobre dónde vive para que un juzgado u otro "organismo competente" (la Sección Segunda creada por la Ley Sinde, por ejemplo) pueda enviarle sus comunicaciones allí. No parece que eso responda al sentido común.

Tras sentencias como esta, a uno le entra miedo ante los comentarios con los que los lectores puedan responder a un artículo suyo. Así que ya sabe, si tiene algo que decir, hágalo con suma educación y sin expresar nada que pueda parecer un insulto. Supongo que no quiere que este periódico y yo mismo nos veamos ante un tribunal por algo que usted ha escrito.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Esto no pinta bien

¿Pero qué ocurre si la hormiga falla en sus cálculos y el invierno, en lugar de durar una estación, se prolonga tres años? Ya seamos hormigas o cigarras, es lo que nos está pasando en España.

Según un informe del BBVA, nuestra renta disponible (el dinero que nos queda para consumir y ahorrar) descenderá este año un 1,7%. Súmele el casi 6% del año anterior. El problema radica en que al ciudadano se le está acabando lo que ahorró en los buenos años y no tiene un flujo de entrada de dinero lo suficientemente amplio como para crear excedentes dinerarios significativos.

Otros dos factores corren en nuestra contra. La inflación empieza a subir de forma acusada. Las perspectivas no son buenas a medio plazo. El Euribor se está disparando y los swaps sobre los tipos de interés a todos los plazos muestran que en un año el Euribor podría llegar incluso a doblarse. Nuestra renta disponible baja, la inflación sube y aumenta el coste de adquirir nueva financiación o de renovar la que ya tenemos.

A esta degradación generalizada de nuestra economía no han ayudado nada los gobernantes. No solo los del Gobierno central, sino tampoco las administraciones locales. Independientemente de las pueriles mentes socialistas que aún creen en el mito del buen gobernante, el Estado se comporta como cualquier otra persona u organización. Intenta sobrevivir a toda costa. Es lo natural. El peligro reside en que el Gobierno tiene el monopolio de la fuerza y aplica su violencia contra la gente cuando más le conviene sin atender a las circunstancias del ciudadano. Las mentiras y fraudes también le salen gratis. ¿Cómo pudo Montilla mentir sobre las cuentas de la Generalitat como lo ha hecho y aún estar campando por el mundo? Si hubiese sido el CEO de una empresa ya estaría en prisión con todo su equipo.

Con la licencia para el robo, el embuste y la extorsión de la que disfrutan los gobernantes, nos han subido todos los impuestos que han podido estos años. Muchas administraciones locales tienen serios problemas de dinero al igual que el Gobierno central. Teniendo esta foto y vislumbrando el adverso futuro, ¿qué cree que harán los políticos? Lo acertó: subir más impuestos y reducir privilegios sociales. Pagamos más, obtenemos menos. La principal culpa es del ciudadano por haber cedido su libertad al monopolio de la fuerza. Los políticos, más que nunca, son el principal enemigo de la sociedad civil.

Aunque nos culpemos por no haber previsto una situación como la actual y no haber ahorrado, gastado con prudencia o realizado inversiones serias a largo plazo, ¿qué derecho tiene el Gobierno a hundirnos más? En el cuento de la hormiga y la cigarra, la última pagaba su irresponsabilidad. Hoy día, el cuento cambia si personificamos a los políticos en el cuerpo de la cigarra. En momentos de expansión económica no ahorró nada y siguió saqueando nuestro dinero. El cuento se vuelve más espeluznante cuando llega el largo invierno económico. No se queda en un rincón y se muere de hambre, no. Viene a nuestra despensa, nos pone una pistola en el pecho para multarnos, nos saca más de nuestra producción, nos retira los privilegios y sigue viviendo como en la época de felicidad.

Me temo que no es la situación económica la que tenemos que arreglar, sino nuestra mortal relación con el Gobierno y sus políticos. Los burócratas están creando más pobres que nunca. La llamada clase media no se había encontrado jamás en este estado de excepción. Nuestro trabajo es luchar por nuestro nivel de vida, pero no lo conseguiremos agachando la cabeza como siempre y siendo