Ir al contenido principal

Capital social, acción colectiva e intervención estatal

La concesión del Premio Nobel de Economía 2009 a Elinor Ostrom (junto a Oliver Williamson) levantó gran entusiasmo entre algunos economistas, mientras que otros, acaso la mayoría del mainstream, recibieron la noticia con gran frialdad, en gran parte por la ignorancia acerca de su persona y obra. Una ignorancia que es sintomática, puesto que refleja el escaso interés que despierta entre buena parte de la ortodoxia académica el tipo de discurso que la caracteriza, cuya formación original está en las ciencias políticas.

Sin embargo, las contribuciones de Ostrom aportan realmente luz para comprender mejor los procesos sociales. Un ejemplo de ello es su trabajo donde sintetiza y sistematiza las aportaciones que en las últimas décadas se han realizado en torno al capital social y su relación con la acción colectiva. El capital social engloba diversos aspectos como el nivel de confianza entre los agentes, la existencia de redes entre éstos, o las normas sociales e instituciones informales. La acción colectiva se ocupa de estudiar los procesos de provisión de bienes colectivos.

El trabajo de Ostrom nos ofrece una alternativa a la perspectiva hobbesiana de Mancur Olson en su clásico libro La lógica de la acción colectiva. Olson, como exponente de las teorías de la acción colectiva que Ostrom llama de "primera generación", piensa que las potencialidades de la cooperación voluntaria son muy reducidas para resolver problemas de acción colectiva, por lo que considera necesario recurrir a la intervención de una autoridad externa (el gobierno mediante el uso de la fuerza). Por el contrario, Ostrom, como exponente de las teorías de la "segunda generación", confía en la capacidad de autoorganización de los propios individuos –lo que, no obstante, no quiere decir que consideren el papel del gobierno irrelevante–.

El contraste entre estas dos perspectivas no es nuevo, sino que ha estado presente en muchos puntos de la historia de las ideas. Por ejemplo, guarda cierta relación con la tradición hobbesiana por un lado, y la tradición de la Ilustración Escocesa por el otro.

El aspecto determinante que puede explicar esta divergencia en las perspectivas está en los supuestos o concepción del agente social, objeto de estudio. Como señala Ostrom en su trabajo, los teóricos tipo Olson suponen individuos atomizados, y totalmente egoístas –en coherencia con la tradición neoclásica básica–. En cambio, Ostrom apuesta por un enfoque notablemente más realista y rico, suponiendo el caso de Olson como un caso particular dentro de una gran variedad de situaciones, en que diferentes tipos de individuos (entre totalmente altruistas y totalmente egoístas) coexisten, relacionándose entre ellos, compartiendo experiencias y transmitiéndose información.

Esta segunda es la perspectiva que denomina del capital social, cuya definición no es clara ni fácil de acotar, pero cuyo potencial se hace manifiesto en la lectura del detallado survey que realiza Ostrom sobre la literatura más relevante. Destacan, por poner un caso, las referencias que utilizan esta perspectiva para estudiar los problemas de desarrollo económico en el continente africano.

Dentro del capital social aparecen conceptos importantes para la explicación de los fenómenos sociales. Resalta el importante papel del grado de confianza existente en una sociedad para determinar el desempeño económico. Como dijo Kenneth Arrow (otro Nobel), "prácticamente toda transacción económica posee un elemento de confianza, ciertamente cualquier transacción conducida en un periodo de tiempo. Se puede argumentar plausiblemente que gran parte del atraso económico en el mundo puede explicarse a partir de la falta de confianza mutua".

En efecto, en aquellas sociedades donde solamente existe confianza entre individuos con fuertes lazos familiares, el grado de división del trabajo y del conocimiento, de especialización productiva o de economías de escala se limita en gran manera. Así es normal encontrar en las sociedades más atrasadas, o de menor confianza mutua, estructuras empresariales más cercanas al modelo familiar y de pequeña empresa.

Interesante es también el énfasis que pone Ostrom, a modo muy hayekiano, en la importancia del conocimiento de las circunstancias locales y particulares a la hora de resolver problemas de acción colectiva –tema que ilustra con el caso de la construcción de infraestructuras–, lo que da luz sobre un enfoque de las instituciones más complejo, en el que la interpretación de éstas es tan importante como su contenido formal.

Por último, sus argumentos acerca del papel del gobierno y la intervención pública en la acción colectiva son de sumo interés. Así, sostiene Ostrom que "[l]as soluciones que se basan en la autoridad externa pueden fácilmente conducir a un intento de imponer reglas uniformes que no toman en cuenta las condiciones locales. Las reglas uniformes impuestas no sólo no logran movilizar al capital social en el nivel local para resolver problemas concretos, sino que pueden dar como resultado la destrucción total de los recursos de capital social ya existentes".

O que las instituciones gubernamentales "[f]acilitan la creación de capital social cuando se autoriza un espacio amplio para la autoorganización fuera del ámbito de la acción gubernamental requerida". Por el contrario, "cuando se hacen completamente responsables de grandes ámbitos de las actividades humanas, no permiten la entrada a otros esfuerzos en estos campos. Cuando los gobiernos nacionales se vuelven propietarios de todos los bosques u otros recursos naturales o cierran escuelas y hospitales manejados por grupos religiosos con la intención de proporcionar ellos mismos todos los servicios educativos y de salud, destruyen una inmensa provisión de capital social que es de por sí escasa. Rara vez puede remplazarse esto con rapidez. La creación de ciudadanos dependientes en vez de ciudadanos emprendedores reduce la capacidad de los individuos para generar capital".

Es de reseñar, además, que esta perspectiva de la intervención pública no nace de su particular ideología liberal, ni siquiera solamente de la reflexión teórica, sino que surgen de numerosos estudios de caso donde la misma Ostrom ha observado con detalle las instituciones y reglas prácticas locales, y la forma en la que se llegaban a acuerdos cooperativos sin necesidad de una autoridad externa.

Leganés, oasis radioeléctrico

Y todo se lo deben a su consistorio e imagino que al preclaro alcalde que eligieron democráticamente y al que tendrán oportunidad de renovar su confianza en unos meses. ¿Que qué han hecho estos señores? Convertir a Leganés en la primera zona franca de España (y de Europa, y del mundo), en un área limpia de contaminación radioeléctrica.

Así es: los grupos municipales del PSOE, IU y Unión por Leganés acordaron hace unos meses que las antenas de los operadores móviles sólo podrían emitir a una potencia 4.000 veces menor que el mínimo permitido en la actualidad en el resto de España. Allá los demás españolitos, inconscientes de que se están cociendo en sus propios móviles.

De hecho, cualquier persona con dotes de observación se habrá percatado de que, desde hace un tiempo, los empleados de Telefónica, Vodafone, Orange, Yoigo y demás visten un tejido transparente de microfibras que, adherido a la piel, impide la penetración de las ondas radioeléctricas en su cuerpo. Con este diseño, se evita infundir innecesario pánico entre los vecinos y conocidos, clientes que pronto devendrán mutantes. Parece que visten como cualquier otro individuo; pero ellos están protegidos, tanto como un bombero en su traje de amianto, sin tanta extravagancia en el atuendo.

En su afán de proteger al ciudadano, el ayuntamiento también invertirá un dinerillo (público) en instalar un sistema informativo para que los ciudadanos puedan consultar en tiempo real la potencia radioeléctrica que sufren sus células. Suponemos que, si se superan los mínimos ordenados, saltarán alarmas por todo Leganés cual si la atacaran bombarderos, y los vecinos tendrán tiempo de acudir a los refugios anti-emisión radioeléctrica que a buen seguro habilitarán las autoridades locales.

Cuánto no se habrán arrepentido de su pasado estas autoridades locales, las mismas que inauguraban en 2005 la red WiFi más grande de Europa, para lo que metieron en el tostadero a más de 3.000 escolares. Por suerte, todos aquellos oscuros tiempos están a punto de pasar.

Aguanten un poco más los pepineros, sufran un poco más esas radiaciones, y en breve serán nuestra envidia. Pues cuando por fin entre en vigor el límite ordenado, sus teléfonos móviles dejarán de molestarles. La mayor parte del municipio se convertirá en zona libre de emisiones, y también de timbres, de conversaciones, de correos en el móvil y de aplicaciones en el iPhone y el iPad. Solo los pobres desgraciados que, inadvertidamente, se encuentren en las proximidades de uno de esos focos de mal que son las antenas móviles, tendrán un atisbo de lo que sufre el resto de España (y de Europa, y del mundo).

Bienvenidos a Leganés, oasis radioeléctrico… y ciudad sin móvil.

Universitarios… ¿emprendedores?

Uno de los tópicos más al uso cuando se habla de desarrollar la economía y generar riqueza es el de destacar el papel que desempeñan la formación y, más en concreto, la universidad. Se tiende a pensar que son necesarias buenas universidades para que la economía se desarrolle, y, por tanto, la formación de alto nivel debe de ser una prioridad en la agenda económica de los gobiernos.

Y, sin embargo, cuando uno mira alrededor, se encuentra con que la mayor parte de los emprendedores no son universitarios; es más, la mayor parte de los principales emprendedores de nuestro tiempo no pasaron por la universidad o, si lo hicieron, no concluyeron sus estudios.

Sin hacer un estudio exhaustivo, ni Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple) o Mark Zuckerberg (Facebook) tienen un título universitario. Más cerca de nosotros, Ramón Areces (El Corte Inglés) o Amancio Ortega (Inditex) no visitaron las universidades hasta que fueron a contar sus historias de éxito. El arquetipo de emprendedor lo constituye el empleado que empieza como ascensorista o botones, y termina dirigiendo la empresa.

No parece que la preparación universitaria sea un requerimiento para ser emprendedor. Es más, la breve evidencia empírica aportada parece apuntar en la dirección contraria. Y quizá esta aparente contradicción podría tener explicación en la teoría económica austriaca. En concreto, en el concepto de conocimiento empresarial (entrepreneurial knowledge).  

Es difícil definir con precisión este concepto, pero constituye el punto de partida del proceso de emprendimiento. Es la típica “idea feliz”, algo que de repente se le ocurre al individuo. Por ejemplo, la idea de Steve Jobs de comercializar el iPhone es conocimiento empresarial.

Huerta de Soto lo define en base a seis características básicas:

  1. Es subjetivo y práctico, no científico.
  2. Es exclusivo, solo se le ocurre al actor.
  3. Está disperso por las mentes de todos los individuos; cada individuo tiende a descubrir la información que le interesa, sobre lo que le preocupa.
  4. Es tácito, no estructurado. El actor sabe cómo hacer algunas acciones, pero normalmente no identifica sus elementos o si son ciertos.
  5. Se crea de la nada, precisamente a través del emprendimiento; no se puede buscar sistemáticamente.
  6. Se puede transmitir a través de procesos sociales complejos, normalmente de forma inconsciente y no sistemática.

Como se observa, son características prácticamente opuestas a las del que podríamos llamar “conocimiento universitario”, el que adquieren los estudiantes durante sus años de carrera. El conocimiento universitario tiende a ser científico y teórico; es común a todos los receptores (aunque el grado de comprensión y su interpretación varía de unos individuos a otros); es estructurado; se puede obtener sistemáticamente (mediante la investigación o la deducción) y se transmite de forma consciente, por ejemplo, en las clases.

Del puro conocimiento universitario, no salen ideas para los negocios. Aunque también es cierto que dicho conocimiento enriquecerá al individuo, permitiéndole la creación de conocimiento empresarial en ámbitos que previamente no le eran alcanzables.

Así pues, son compatibles el conocimiento universitario y el conocimiento empresarial. El problema es el coste de oportunidad que supone la adquisición del primero, y que dificulta a los universitarios la obtención del segundo. En efecto, la formación universitaria exige unos cuantos años de nuestras vidas, y un grado de ocupación importante en las mismas para obtener el codiciado título. Durante ese tiempo, la atención del individuo se dirige, normalmente, a sus estudios (bueno, y a otros aspectos de su vida social…).

Esto no significa que no esté generando “conocimiento empresarial”. Pero se está generando sobre aquello que preocupa al individuo en ese momento: cómo aprobar las asignaturas, cómo soslayar la vigilancia del profesor en ese examen tan difícil, qué hacer la noche del viernes o cómo conseguir la atención de la chica o chico de enfrente.

Mientras tanto, el recadero de los almacenes “El Encanto”, el sastre de batas para bebé, el programador de instituto y el ascensorista están aprendiendo de su negocio. Están generando el conocimiento empresarial que a ellos les preocupa y que será el fértil suelo del que surgirán ideas para cambiar la forma en que las empresas hacen negocios. Y para ello no se necesita ninguna preparación especial, más que atención e imaginación.

Son como los niños que montan en bicicleta. Ninguno de ellos es capaz de explicar por qué la bici no se cae cuando da pedales y sí cuando deja de darlos. Pero saben dar pedales y saben que si dan, llegarán a su destino. Un universitario será capaz de explicar (espero) el movimiento y estabilidad de la bicicleta aplicando las leyes físicas que tan duramente ha estudiado. Pero sería terrible que uno no pudiera montar en bici sin conocer dichas bases teóricas: ¿quién podría montar en bici antes de los 20 años?

Así pues, no nos engañemos. Los emprendedores no salen de la universidad; la creación de riqueza no tiene allí sus mimbres. De la universidad salen instrumentos de gran productividad, pero que siguen necesitando la orientación del emprendedor para ser útiles. Es más, el tiempo que los universitarios invierten en formarse lo pierden de conocer las necesidades de la gente y de emprender. En fin, la historia demuestra que son compatibles la pobreza de un país y la alta cualificación de sus universitarios.

En resumen, la enseñanza universitaria no es la solución para que un país salga de la crisis y comience a crear riqueza. Menos aún, cuando dicha enseñanza es pública y ni siquiera viene guiada por las necesidades del mercado. De la crisis no nos sacarán ni universitarios ni políticos. Habrá que buscar en otro sitio.

Las subvenciones matan el ingenio

Dice así: [Las subvenciones son necesarias] porque si no existieran, no podrían hacerse las cosas. Ni en el cine, ni tampoco en otras muchas actividades económicas".

En realidad, ya de entrada, la frase es una contradicción en los términos. Las actividades que no pueden desarrollarse sin subvenciones no son económicas, sino antieconómicas. Son la negación misma de la economía, esa ciencia que tiene como propósito destinar nuestros escasos medios a la satisfacción de nuestras más urgentes necesidades. Subvencionar es subvertir el orden de prelación de nuestros fines: despilfarrar medios escasos en la consecución de necesidades superfluas, de necesidades mucho menos urgentes que otras que, a causa de la subvención, quedarán insatisfechas.

No sé si los españoles, que son quienes han pagado coactivamente Pa Negre, valoran lo suficiente la película como para renunciar a otras de sus necesidades. Ni lo sé yo, ni lo sabe nadie: para eso está el mercado, para que la gente vote y se pronuncie. ¿Que Pa Negre es rentable? Entonces es que la gente valora más ese producto que los bienes alternativos que podrían haberse fabricado con los recursos que ha empleado y, en tal caso, más que subvenciones necesita una buena comercialización. ¿Que no lo es? Entonces es que los bienes y servicios que no se han llegado a crear por alumbrar Pa Negre resultaban más valiosos que la película y, por tanto, no debería subvencionarse.

Que Villaronga no conciba su trabajo sin subvenciones dice poco del atractivo que espera que le vayan a asignar los españoles a su filme. Pero dice mucho del efecto anestesiante que tienen las subvenciones. En un mercado libre, el empresario se esfuerza continuamente por conseguir que sus productos resulten de interés. Su escasa imaginación no es excusa para que se pasen por el forro los deseos de los consumidores, sino que representa una creíble amenaza de que serán expulsados del mercado a menos que se busquen las habichuelas para producir los bienes que los consumidores demandan con mayor urgencia.

La sinceridad de Villaronga es pues de agradecer: ni sabe cómo crear cine que agrade a los españoles… ¡ni falta que le hace! Las subvenciones matan el ingenio y permiten que los empresarios ineficientes se adormezcan subyugando a los consumidores. Tan destructoras son que el cine español ni se imagina cómo sería el mundo fuera de la subvención: es imposible; punto final. Bueno, entonces será que deberán ir dedicándose a otras cosas que probablemente les resulten a ustedes menos agradables y peor remuneradas pero que los consumidores sin duda apreciarán más. O eso, o aprendan a hacer cine de calidad que sobreviva sin desplumar al contribuyente.

Una España menos ecológica

Nadie ha dado todavía la voz de alarma, pero en los últimos cuarenta y tantos días, España se ha convertido en un país mucho menos ecológico y su sistema económico ha perdido en "sostenibilidad" desde una óptica medioambiental. Gracias a cierto grupo de personas, que ha actuado según los planes diseñados en ciertos despachos y bajo la influencia de determinados grupos de presión, en este país ha aumentado el consumo de energía (en especial, no renovable) y de bienes con un tiempo de uso muy reducido, fabricados con materiales contaminantes.

Cualquiera que observe el comportamiento de los habitantes y de determinados pequeños empresarios de las ciudades (y suponemos que también de los pueblos) españolas desde que comenzó el presente año, podrá darse cuenta de que han surgido nuevos hábitos. Se trata de unas recientes costumbres que tendrán –aunque Greenpeace, Ecologistas en Acción y otras ONG similares no hayan realizado todavía el cálculo pertinente– unas consecuencias muy negativas sobre el medio ambiente. Y lo peor es que quienes adoptan estos usos (consumidores y pequeños comerciantes) lo hacen inducidos por terceros, por mucho que ellos crean estar haciéndolo de forma libre.

En unas pocas semanas se ha disparado en España la compra y el uso de unos dispositivos que consumen, cada uno de ellos, 0,88 kg de propano (o su equivalente en butano) a la hora. Y su demanda no para de crecer. Dichos dispositivos están encendidos mucho tiempo cada día, según quién los use puede variar entre unas cuatro y doce horas por jornada. Si se tiene en cuenta que las existencias de estos aparatos se han agotado, podemos estar hablando de decenas de miles de ellos funcionando y consumiendo energía no renovable a un ritmo altísimo cada día a lo largo y ancho de todo el país. Son las "setas" de calor instaladas en terrazas de bares y cafeterías de toda España. Por si esto no fuera suficiente, quienes no pueden costeárselas (son muy caras), optan por alternativas más baratas y de peor calidad que utilizan energía eléctrica.

Pero la cosa no se queda en estos dispositivos. Se ha generalizado el uso callejero de unos recipientes de plástico de un solo uso cuya utilización era muy inferior hasta diciembre del año pasado. De hecho, antes eran del agrado de jóvenes con aficiones etílicas urbanas y de algunas otras personas que los utilizaban en el recinto de alguna piscina y poco más. Ahora, sin embargo, son usados por hombres y mujeres de todas las edades a diferentes horas del día, que retienen en ellos productos líquidos que antes no salían del vidrio y porcelana. Nos referimos, por supuesto, a los miles de vasos de plástico usados cada día por una gran cantidad de personas que así pueden fumarse un cigarrillo en la calle mientras se toman un café u otra bebida.

El "grupo de personas" de los que hablábamos antes no son otros que los diputados que aprobaron la ley antitabaco, y "los despachos" no son otros que los del Ministerio de Sanidad y La Moncloa, así como la sede de los partidos. Cualquier ley puede tener efectos imprevistos sobre cuestiones difíciles de imaginar para el legislador. Este es un buen ejemplo de eso. Tan sólo esperemos que ningún político lea este artículo; su respuesta sería prohibir los vasos de plástico y las "setas" de calor.

O integración o multiculturalismo

Y añadió que el concepto de multiculturalismo es un "fracaso". Si le suenan estas palabras es porque cinco días antes el primer ministro británico David Cameron había criticado "la doctrina del multiculturalismo de Estado", con estas palabras: "No hemos sido capaces de dar una visión de la sociedad a la que apetezca pertenecer. Incluso hemos tolerado que esas comunidades se comporten de un modo que va en contra de nuestros valores". Y si a su vez estas palabras le despertaban un rincón de la memoria sería porque a mediados de octubre Angela Merkel, la canciller alemana, había dicho de la política "multikilti" de "vivir en comunidades adyacentes" había "resultado en fracaso". Y John Howard en Australia o José María Aznar en nuestro país habían dicho cosas parecidas.

El multiculturalismo no existiría sin dos ideas que son netamente de izquierdas. La primera es que el individuo no existe, que sus decisiones no son tales y que si tiene algo real es de prestado, pues lo que le define es su cultura. Todo es cultura, y ésta es un fenómeno colectivo. La segunda idea es el relativismo. No hay valores absolutos, pero es que tampoco hay valores que sean mejores que otros. Por lo que tampoco hay culturas superiores o inferiores, sólo son formas distintas, alternativas, de organizar la vida en común. Imponer nuestros valores sería un crimen, y aceptar tal cual viene la cultura que cruza nuestras fronteras es un acto debido, merced a la tolerancia. Una "tolerancia" mal entendida y que no se tiene con nosotros. Nuestra civilización, la única que de veras merece ese nombre, es el precipitado de todo lo que la izquierda odia sinceramente. Y unas cuantas cuñas clavadas desde culturas distintas sólo pueden venir bien si sirven para minar lo que hemos heredado.

¿De veras ha fracasado? La pregunta es ¿de veras podía ser el objetivo de esa política integrar a los inmigrantes? El multiculturalismo es una política de segregación cultural que renuncia, por principio, a la integración. Si la confluencia de comunidades distintas se une a la crítica permanente a la del país de acogida, ¿no es inevitable que surjan conflictos? ¿No es imposible que surja de ahí un entendimiento, una concordia? La integración no es una cédula que se entrega al que llega, sino un acto voluntario del inmigrante de formar parte de la sociedad de acogida. Y esto sólo se puede producir si la sociedad es lo suficientemente orgullosa como para que tenga que hacer un esfuerzo. O integración o multiculturalismo, no hay otra.

La autocrítica del FMI

En la última comparecencia con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, dedicó una buena parte de la rueda de prensa a destacar un informe del Fondo Monetario Internacional en el que el organismo hace autocrítica por no haber sabido identificar la naturaleza y la magnitud de la crisis económica. Zapatero resaltaba que mil doscientos economistas, entre los mejores del mundo, no fueron suficientes para adelantar al mundo lo que se venía encima. ¿Cómo criticarle a él, todavía pendiente de las dos clases que le iba a dar Jordi Sevilla, por haber fallado miserablemente, como el organismo?

Más allá de las estrategias políticas, lo cierto es que el informe tiene importancia. Estudia el Desempeño del FMI en el período previo a la crisis financiera y económica y recoge numerosas muestras de cómo falló de forma sistemática. Se dice que un economista es una persona dedicada a predecir el pasado, o a explicar mañana por qué no ocurre hoy lo que dijo ayer. Quien lo dijese puede que pensara en el Fondo Monetario Internacional. Todas las explicaciones sobre su propios fallos son razonables. Los distintos departamentos no comparten informaciones y análisis y ello dificultó “vincular los fenómenos macroeconómicos con los financieros”. Sus informes son autoreferenciados, y “rara vez se hizo referencia al trabajo de analistas externos que señalaban el aumento de los riesgos en los mercados financieros”. Los economistas veían “fuertes desincentivos para ‘decirles la verdad a los poderosos’, especialmente en los grandes países”. Cedieron a las presiones políticas de algunos gobiernos y cayeron en la autocensura.

Pero de los cuatro capítulos en que divide las razones que expone para su fracaso, el más importante es el primero: “Deficiencias analíticas”. Y señala sobre todo dos. La primera es haber caído en el “pensamiento de grupo“, que consiste en ajustar el discurso a lo que se cree que es el consenso en el ámbito en que se mueve. Ello hace caer en falta de espíritu crítico. Y la segunda la constituyen, propiamente, las “limitaciones en los enfoques analíticos”. Es decir, recurrir a ideas económicas erróneas.

Expresado de forma breve, el FMI reconoce que erró al creer que los sistemas financieros actuaban de forma eficiente y eran capaces de “redistribuir los riesgos entre los más preparados para asumirlos”. Esta crítica, que es ya un lugar común, lleva a muchos, acaso también al FMI, a considerar que aquí se produce un fallo del mercado y que, en consecuencia, hay que subsanarlo con más, o al menos mejor, regulación. Sin duda, este reconocimiento es insuficiente. La crisis no se ha producido por una mala distribución de los riesgos, sino porque la producción se ha desviado, de forma masiva, hacia sectores productivos que no eran sostenibles. La crisis es, precisamente, el mecanismo del mercado que hace aflorar toda la gigantesca descoordinación entre producción y preferencias de las personas en cuanto a consumo y ahorro.

Lo cual nos lleva a una segunda autocrítica, la asunción de que no reconoció las relaciones entre el mundo financiero y el desempeño macroeconómico, así llamado. Porque el sistema financiero es el gozne entre las decisiones sobre liquidez y ahorro y el sistema productivo. Si hubiera una correspondencia entre las decisiones de los ahorradores y los préstamos concedidos por la banca, es decir, si quedasen ajustados los plazos de ahorro con los de inversión y préstamo, no se produciría este desorden generalizado y sistemático entre ambos, aunque aún cabrían graves descoordinaciones, por el papel de los bancos centrales, que son el eje de ese gozne. Esta idea, por cierto, fue recogida en un informe del propio Fondo Monetario Internacional. Luego sí, necesitamos una mejor regulación.

Hay toda una escuela, o al menos un conjunto de saberes e ideas económicos, que va más allá de los austríacos y que no sólo sirve para entender lo que ha ocurrido, sino que ha servido para prever la crisis, explicándose por el modo en que el sistema financiero, gravemente intervenido por los Estados, ha diseminado su semilla. Si es cierto que el FMI no ha mirado fuera para ganar en entendimiento sobre lo que estaba pasando, más lo es que ha arrinconado a esta tradición de pensamiento, con la que hubiese salido ganando de haberle prestado atención.

Ahora llega el momento de la reforma, para evitar al menos algunos de los motivos que han llevado al organismo a engañarse y engañar al mundo sobre la marcha de la economía global. Pero no podrá esquivarlos todos. Es un organismo público y está sometido a las servidumbres características de la gestión burocrática. Por eso lo mejor que puede hacer es cerrar.

¿Cómo conseguir el acceso universal a la salud?

Ana Grabiela Rojas publica un interesante reportaje en El País sobre un hospital privado ‘low cost’, situado en la India, donde se opera a cientos de personas de patologías del corazón por apenas 1.400 euros o, en muchos casos, de forma gratuita.

Tal como se explica en el reportaje, su secreto es sencillo: utilizar la economía de escala para abaratar los costes al máximo. O dicho de otra manera: aprovechando la gran cantidad de pacientes a los que operan (30 al día venidos de todos los rincones de la India e incluso de otros países de Asia y África), pueden permitirse tener personal muy especializado que cobra por jornada de trabajo, y no por operación. 

Gracias a ello, muchas personas, para las que un coste más alto no permitiría acceder a este tipo de intervenciones, pueden mejorar e incluso salvar su vida. Todo ello sin renunciar a unos suculentos beneficios que permiten al hospital mejorar la calidad del servicio y planear expandirse con nuevos hospitales en la India.

Pese a ser un negocio privado que da beneficios, Devi Shetty (fundador del hospital) hace un declaración bastante curiosa: "El cuidado de la salud debe ser separado de la posición económica, es una cosa de dignidad. El acceso universal a la salud debería ser el objetivo de toda la civilización".

Y digo que es curiosa porque mucha gente piensa que tan noble declaración solo podría ser pronunciada por un defensor de un sistema público de sanidad, donde el beneficio esté supeditado al bienestar del paciente y el coste sea soportado por la sociedad.

Que la pronuncie el fundador de un hospital privado diseñado para abaratar costes y dar beneficios debe ser desconcertante para quien piense así, pero no tienen nada más que razonar durante unos minutos para salir de su desconcierto.

Y es que, por mucho que nos parezca mal, la sanidad tiene un coste; los médicos, las enfermeras y demás personal necesario para dar servicio tienen que cobrar un sueldo; hay que pagar a los proveedores de los materiales que se utilizan, la energía que se consume y los medicamentos que se dispensan.

Todos estos recursos son escasos, por lo tanto, tienen un valor que ha de ser satisfecho para poder hacerse con ellos.

El Estado puede asumir el coste de todos estos recursos siempre y cuando se pueda gravar a los ciudadanos con los suficientes impuestos como para sufragarlos, pero el problema de esta práctica es que se desincentiva la reducción de costes, ya que el usuario pierde la opción de comparar precios al haber un único proveedor del servicio (al que ya ha pagado por la fuerza). Asimismo, se ralentiza la innovación, ya que los cambios en cualquier administración centralizada son difíciles de realizar. Aun así, si la sociedad es lo suficientemente rica como para soportar estos inconvenientes, el sistema universal público puede sobrevivir durante cierto tiempo.

En cambio, en países como la India no se pueden permitir despilfarrar el dinero de sus ciudadanos en este tipo de sistemas, simplemente porque no tienen el dinero necesario para mantenerlo. Por lo tanto, cualquier persona sensata que quiera extender la sanidad a capas deprimidas de la sociedad tiene un único camino: abaratar los costes de tal manera que sea accesible a la mayor parte de la población (que los pacientes puedan pagar el tratamiento y que la sociedad pueda asumir pagárselo a los que no tienen recursos para ello).

Al fin y al cabo, ese es el camino que ha recorrido la humanidad para abastecerse de productos y servicios que hace apenas cien años estaban reservados a reyes; si podemos tener aire acondicionado en casa o viajar a casi cualquier punto del planeta, no es porque el Estado lo garantice con sistemas públicos, sino porque emprendedores como Devi Shetty han conseguido bajar el coste de estos servicios hasta tal punto que una mayoría de ciudadanos se los puede permitir.

Por lo tanto, para que la sanidad sea universal, dejemos que el mercado actué haciendo que los costes bajen. Un sistema digno es el que salva al mayor número de personas posible, no el que condena a la mayoría en nombre de la política.

Artur Mas mantiene los privilegios de los botiguers

Políticos, sindicatos, lobbies, pequeños comerciantes y hasta clientes nos han dicho que es una necesidad nacional no dar libertad a los empresarios para que abran cuando quieran y hasta la hora que deseen.

Todos han esgrimido las razones más variopintas para justificar la actual legislación proteccionista. La más común ha sido la falacia del atractivo emocional (argumentum ad misericordiam): si dejamos libre el mercado, esto es, que el consumidor pueda elegir, los pequeños comercios desvalidos cerrarán. También han recurrido a la falacia de la tradición (argumentum ad antiquitatem): Cataluña tiene una larga historia de pequeño comercio y el mercado no ha de cambiarlo para mantener nuestra identidad. Incluso han mostrado el argumento más absurdo de todos, que no llega ni a falacia, sino a mentira: con más libertad, aumentará el desempleo. ¡Toma ya!

Con éstas, el 40% de los comercios catalanes han cerrado desde el inicio de la crisis. La regulación de horarios no parece haber amortiguado mucho la caída. El modelo jurásico que mantiene el Gobierno de Cataluña, y resto de España, no tiene justificación alguna. No defiende derechos como nos hacen ver con sus mentiras y falacias, sino privilegios.

Países como Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia o Irlanda no tienen prácticamente regulación horaria. Alguno de los anteriores países europeos mencionados regula, como mucho, el cierre de los domingos. Si nos centramos en Suecia –paradigma de los socialdemócratas españoles–, desde que el Gobierno otorgó libertad a sus comerciantes, en el periodo comprendido entre 1995 a 2005, su productividad creció un 15%. Superó incluso a EEUU en esta materia. Con la paulatina desregularización, la superficie media de los locales dobló en diez años. Empresas como IKEA (que ya había empezado su expansión) y H&M se dispararon aumentando su tamaño, lo que les permitió aprovechar las economías de escala comprando más barato a proveedores. Los resultados fueron beneficios netos para todos: el cliente ganó libertad a precios más baratos; el Gobierno ingresó más dinero en concepto de impuestos; y las empresas aumentaron sus volúmenes. No crea que en Suecia todas las tiendas están abiertas 24 horas ni mucho menos. Hace demasiado frio y el comercio simplemente se ha amoldado al cliente. Imagínese el potencial que puede tener un país mediterráneo que vive en gran parte del turismo.

¿Cerraron muchos comercios pequeños en Suecia? Claro, los ineficientes. Los que vendían caro aprovechándose del cliente. Los privilegiados que vivían a costa de la prohibición. Cuando bajaron la persiana para siempre, sus dueños simplemente se dedicaron a hacer otras cosas que beneficiaban a la sociedad, sirviéndola en lugar de vivir de ella parasitariamente.

La regulación horaria no solo encarece los precios. Favorece al ocioso frente al trabajador (el que tiene voluntad de servir), perjudica al consumidor y genera enormes costes económicos y políticos para el ciudadano. Por ejemplo, el sector de Osona recibió en 2008 subvenciones valoradas en 600.000 euros. ¿Por qué buscar el beneficio en el cliente cuando lo paga la administración? Los comerciantes que defienden el control horario no tienen ninguna voluntad de servir al cliente, son funcionarios privados que viven a expensas del dinero y la libertad del ciudadano: son dinosaurios a extinguir.

A nivel político, los comerciantes se reúnen en lobbies para presionar al Gobierno de turno vendiendo su voto y silencio a cambio de represión comercial. Cuando la economía está al servicio de las empresas y del Gobierno, ésta pierde su finalidad. El único objetivo del mercado es servir al cliente. Es una vergüenza que en la Cataluña del s. XXI aún existan imposiciones medievales de este tipo. Afortunadamente para nosotros los consumidores, este tipo de comercio trasnochado, ñoño y casposo tiene las horas contadas. En internet hay libertad de horarios. ¡Viva CasadelLibro.com y Caprabo en Casa!

El circo sin pan

Ayer se dieron a conocer a las directrices generales del Plan Nacional de Control Tributario. No es algo excepcional, está previsto por ley que se publique cómo pretende el gobierno mejorar la eficiencia recaudatoria y la lucha contra el fraude fiscal durante ese año. Sin embargo, resulta más doloroso hoy que antes por las circunstancias económicas que atravesamos. Pero claro, ¿quién puede estar en contra de un plan que trata de eliminar el robo de unos ciudadanos a otros? Ese es el enfoque mezquino que se esconde detrás de este tipo de iniciativas. Y para explicarlo a quienes no tenemos problema alguno en cuestionar lo que haga falta, se recurre a la falacia más grande de todas.

Los impuestos deben pagarse como aportación a la financiación de los servicios comunes que todos utilizamos y por solidaridad, para que todos disfrutemos de determinado nivel de vida, se nos dice. De esa forma, cuestionar los impuestos es declararte en contra de pagar la parte que te corresponde de aceras, iluminación pública, etc., y también se entiende como defender que los viejecitos pobres se mueran por las calles y los niños, desnutridos, no estudien y acaben por llevar una vida miserable, probablemente en el mundo de la delincuencia.

Sin embargo, una cosa es estar de acuerdo en que si todos utilizamos servicios y bienes comunes como las calles o el transporte los gastos van "a escote", y otra aceptar que las cosas se hagan de cualquier manera. No todos los impuestos se utilizan para esos costes comunes, también se financian partidos políticos, sindicatos, fundaciones de todos los pelajes y se hacen transferencias a colectivos para las causas más peregrinas que uno pueda imaginar. A eso hay que añadir la corrupción en las instituciones, bien estatales, bien autonómicas y locales. Se financian cadenas de televisión deficitarias, institutos y comités duplicados, clientes electorales. Y, como era de esperar, la gente lo nota, y termina por no rebelarse, pero se siente justificada para incumplir la norma cada vez que puede.

Por otro lado está el tema de la solidaridad. ¿Es el Estado quien mejor asegura la provisión de esos servicios? ¿Como el caso de las pensiones? ¿O de la enseñanza? Y, sobre todo, ¿pueden los individuos elegir quién debe proveerlos? Frédéric Bastiat lo explica muy bien con su ejemplo de la carrera de caballos. Bastiat plantea que la provisión de bienes y servicios no es tanto como una carrera en la que es fundamental que todos los caballos pesen lo mismo para que no haya aventajados. Se trata de que el que corra más rápido llegue antes al campamento para entregar un mensaje muy urgente. Y ahí, si uno de los caballos pesa menos y es más veloz, no importa, porque lo relevante es entregar el mensaje. Es decir, en el caso de la sanidad, la enseñanza, nuestros mayores, niños y enfermos, lo solidario es asegurar que la provisión es universal y la mejor posible. Y no está claro que esa tarea la desempeñe mejor el Estado que la iniciativa privada, muchas veces es al revés. A pesar de lo cual, incluso si aportas datos objetivos, el mensaje sigue siendo que quieres que se mueran todos y eres una desalmada. Y te acusan de querer que haya medicina para ricos y para pobres.

No ayuda nada a sostener sus argumentos el que los gobiernos legislen de manera que establezcan categorías de ciudadanos: los "favoritos" y el resto. Unos, como los diputados, cobran unas pensiones y el resto, otras; o no declaran la mitad de sus ingresos y el resto trabajamos para el Estado la mitad del año. Unos (clientes electorales) reciben suculentas subvenciones para mantener viva una actividad que muchas veces es deficitaria, y al resto nos cuesta mantenernos como autónomos o PYMES.

Por eso es complicado que los ciudadanos de segunda aceptemos de buena gana este plan de lucha contra el fraude propuesto por políticos pillados en flagrantes mentiras y evidentes malos gestores de nuestro dinero.

Pero hay un caso en el parece que hay consenso. Se trata del respeto a la propiedad privada de los beneficios. Quienes guardan sus fortunas en "paraísos fiscales" tienen muy mala prensa y en estas directrices del Plan se expresa el propósito de luchar para que desaparezcan estos lugares en los que la tributación es menos estricta. Eso sí, se rechaza cualquier intento de Angela Merkel o Nicolas Sarkozy de homogeneizar fiscalmente la Unión Europea con argumentos olvidados cuando hablamos de fuga de capitales. Somos soberanos para establecer un sistema impositivo en nuestra nación, pero los países a donde los capitales de los ciudadanos españoles van no lo son tanto. El deber del Estado es crear un marco atractivo para que los inversores nativos se queden e incluso para que vengan los de fuera. De ahí que el Reino Unido haya tomado medidas para atraer a los inversores de fuera.

Finalmente, teniendo en cuenta la subida de impuestos reciente que no ha sido acompañada por un contundente esfuerzo de reducción del gasto, qué tipo de legitimidad tiene el gobierno de Rodríguez Zapatero para hablar de ajustar el presupuesto, sea de cara a la galería de la Unión Europea, sea porque no le llega para pagar a sus asesores. Ninguna, en mi opinión.

Pero no pasará nada. Mientras no prohíban el circo, nos quedaremos sin pan y tan contentos.