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El fiasco de las bibliotecas públicas virtuales

Es algo que siempre he defendido; cuando se discute qué puede hacer el Estado para fomentar el uso de la red mi opción predilecta es incrementar el atractivo de la red poniendo todo el material del que dispone gratuitamente en internet, a ser posible de una manera cómoda y fácilmente accesible. Poco a poco, se van obteniendo éxitos en ese sentido. Por ejemplo, parece que por fin TVE va a poner al menos una parte de sus archivos audiovisuales en su web. Razón hay para congratularse: parece que por fin podremos ver aquello que ya hemos pagado obligados.

El problema es que la mayoría de estos proyectos parecen empeñados en alcanzar grandes números de publicaciones y páginas escaneadas, que es lo que permite al político vender su gestión, en lugar de ofrecer un servicio útil al público. De hecho, muchas veces los responsables de estos proyectos ni siquiera responden a cuestiones básicas como qué está permitido hacer con los contenidos digitalizados, pregunta que repite constantemente el gran José Antonio Millán cada vez que surge alguno de estos proyectos, generalmente sin encontrar respuesta.

Recientemente he tenido ocasión de experimentar uno de estos proyectos, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Un proyecto notable, que recoge fondos de bibliotecas estatales de toda España y de algunas colecciones privadas, las digitaliza y las pone a disposición de todos en internet. El problema es el de siempre; recientemente era objeto de atención el hecho de que casi hubiera alcanzado los 4 millones de páginas y casi 2.000 cabeceras, siendo la publicación más antigua de 1777. Pero nadie reparaba en lo difícil que es utilizarla y lo poco útil que termina siendo. Resulta que se busca por título, por fecha o por biblioteca donde se guarda. Si pese a todos encontramos algo que nos interese accederemos no a la publicación sino a una ficha técnica en la que se esconde un enlace titulado "copia digital". Ahí podremos navegar en busca del ejemplar que nos interesa, que podremos ver en imágenes (una por página) o descargar en un PDF que básicamente consiste en agrupar todas las imágenes una detrás de otra.

Comparémoslo con Google Books. En principio hay una única caja de búsqueda. Usted pone un término en ella y le devuelve libros donde ese término esté en la editorial, el título, el autor y, sobre todo, el contenido. En algunos de ellos, básicamente los de dominio público, podremos acceder al contenido completo, que podemos consultar online con un interfaz web muy cómodo o descargar en PDF o texto. En resumidas cuentas, un servicio cómodo de usar y muy práctico para el usuario.

De acuerdo que hay proyectos de bibliotecas virtuales públicas más lustrosos que la de prensa histórica. Por ejemplo, está la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a la que he criticado agriamente pero que en comparación es una delicia. Pero todos padecen en mayor o menor medida del mismo defecto. Quizá sea porque Google es una empresa privada y busca servir al cliente, mientras que la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, como tantas otras en el viejo continente, busca principalmente justificar el trabajo y las sumas invertidas en los procesos de digitalización. Y para eso sólo hacen falta números.

La culpa la tiene el pollero

El Gobierno, que prometió antes de las elecciones que, como por ensalmo, el aumento generalizado de los precios remitiría justo después de las elecciones, se enfrenta a un verdadero problema con la inflación. Con la inflación tal como se entiende, como subida de los precios, porque el problema asociado a su verdadero significado, el aumento de medios fiduciarios de pago, es aún mayor. En verdad el problema no es suyo, sino nuestro, de la sociedad, pero dicen que se dice que la mala situación económica es perjudicial para la imagen del Gobierno, y debe de ser verdad, a fuer de los esfuerzos de éste por convertirnos al panglossianismo.

El caso es que los precios suben, y cada vez más rápido: un 4,4 por ciento en febrero y en marzo, de confirmarse el dato preliminar, un 4,6 por ciento. Pero como los precios no se someten a las leyes de la armonía, y suben o bajan en función de las circunstancias de cada bien, loa hay que crecen a un mayor ritmo que los demás. Es el caso de los bienes que compramos más habitualmente, los que entran físicamente, y no sólo de forma figurada, en la cesta de la compra: la leche un 27 por ciento, el pan un 11,6 por ciento, y el pollo, los productos lácteos o las legumbres y hortalizas más de un 10 por ciento. Y eso duele en el bolsillo, especialmente de las personas con menor renta. Y la credibilidad del Gobierno cae a medida que se acorta el salario real por la subida de precios. Este es el momento de hacer algo al respecto, y el Gobierno, este como todos, recurre a su arma más eficaz y más antigua: mentir.

Para ello ha utilizado una de sus agencias: la Comisión Nacional de la Competencia es su nombre, tan orwelliano como aquellos ministerios de la Paz o del Amor. Y le ha ordenado que acuse a los productores de ser ellos responsables de las subidas de precios. Dicho y hecho. El pequeño detalle de que, según la propia Comisión de la risa, no tengan prueba alguna contra el conjunto de patronales agrupadas en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) no tiene la menor importancia. Las sutilezas propias de la sociedad abierta, como reunir las pruebas antes de formarse una opinión y hacer más tarde una acusación fundada no son propias de este Gobierno ni en general de sus pares.

Acusar a los productores de ser los responsables de la subida de precios es una de esas tonterías que resiste el paso de los siglos. Pero está claro que si estuviera en su mano subir los precios a voluntad, lo harían sin límite. Mas, como explicó Carl Menger en sus Principios de Economía, los oferentes pueden decidir ora el precio ora la cantidad lanzada al mercado, pero no ambas a la vez.

Pero entonces la acusación se hace más compleja, y va por que acaso un solo oferente no sea capaz de subir los precios de un sector. La competencia haría que los consumidores huyesen de él hacia opciones menos onerosas. No, la acusación del Ejecutivo apunta a la colusión entre los oferentes para acordar una estrategia común para subir los precios. Dejemos de lado que esta acusación es contraria al mensaje del propio Gobierno de que la razón del aumento de los precios es por los costes internacionales. Un acuerdo de este tipo es siempre inestable, pues cualquiera de los productores, especialmente si ve amenazado su negocio, tiene la tentación de llevarse una mayor proporción de los beneficios potenciales asociados a unos mayores precios saliendo del acuerdo y rebajando lo que pide por sus productos.

La subida generalizada de los precios, lo que habitualmente se llama inflación, tiene un origen eminentemente monetario y el principal instrumento no está en sus manos, sino en las del BCE. Pero sí hay cosas que puede hacer, como limitar el gasto público, entre otras medidas. Echarle la culpa a los productores no servirá de nada.

La Fed aprieta… y ahoga

Es decir, que la buena aplicación de los principios a la actividad bancaria llevaría a que se casaran los plazos de los pasivos de los bancos (el ahorro que reciben) y sus activos (los préstamos que hacen). Pero no es eso lo que hacen. La actividad bancaria hoy está alejada de las buenas prácticas y se endeudan a corto plazo para prestar a largo plazo. Es decir, otorgan hipotecas con los depósitos a la vista de la gente. El ciudadano cree que puede sacar su dinero en cualquier momento, pero una parte está comprometido en préstamos del banco que no llegarán a madurar en dos o tres décadas. Lo hacen así porque se benefician de que lo que tienen que pagar por los depósitos es mucho menos que lo que tendrían que pagar por ahorro a largo plazo.

La principal consecuencia de esta desatención a los principios de la buena financiación es que se ponen en marcha muchos proyectos (empresas, construcciones, infraestructuras, nuevas tecnologías) que, en realidad, no cuentan con el respaldo del ahorro de los ciudadanos. No hay ahorro para todos los proyectos, por lo que muchos de ellos no llegarán a término. Es decir, que a la euforia inicial por la aparente abundancia de ahorro le sigue la crisis cuando se pone de manifiesto que se han saltado el sagrado criterio de casar los plazos. Han tomado los depósitos como si fuese ahorro y cuando llega la hora de la verdad, éste no está para completar todas las inversiones en marcha.

Ahora nos enfrentamos de nuevo a la crisis. Comenzamos a ver cómo serán las malas horas que nos aguardan: suben los precios, sube el paro, se detiene la actividad… Nos viene una buena encima y hay que atarse los machos. Podría ser una oportunidad para forzar a los bancos a que adecúen su actividad a los principios de una financiación sana y sostenible. Pero nos encontramos exactamente con todo lo contrario. La Reserva Federal, ese banco central que se creó en 1913 y que, junto con los demás, jamás debió haber visto la luz, ha reaccionado con un criterio distinto: en lugar de permitir que quiebren los bancos que más han sacrificado su solvencia por una mayor rentabilidad, que es como el mercado defiende a la sociedad, los premian manteniéndolos. Este es el plan de la Fed y del Secretario del Tesoro, Henry Paulson, recientemente anunciado.

Es decir, en lugar de atajar el origen del problema las autoridades económicas estadounidenses han preferido agravarlo, curiosamente en nombre de la lucha contra la crisis económica. Que Dios nos pille confesados.

Charlton Heston y la NRA

El líder de la igualdad ante la ley sin distinción de raza estaba acompañado, además, por el calor de finales de agosto y por varias figuras del espectáculo. Joan Baez y Bob Dylan; Peter, Paul y Mary; Marlon Brando y Charlton Heston. El actor había hecho campaña pocos años atrás por el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Adlai Stevenson y más tarde por John F. Kennedy.

Este sábado Charlton Heston ha sido vencido por la misma enfermedad que se llevó a su amigo Ronald Reagan y el domingo los medios de comunicación de todo el mundo le dedicaban espacios para su obituario. En España se ha destacado su presencia en las pantallas, ciertamente imponente, pero de su actividad pública no se ha hablado tanto de su lucha por aquellos derechos civiles como de su defensa de otro derecho fundamental: el que tiene toda persona a defenderse y a acudir a los instrumentos más adecuados para hacerlo. Desde 1998 y durante cinco años estuvo al frente de la más antigua organización de EEUU de defensa de los derechos civiles: la Asociación Nacional del Rifle. No le han llovido los elogios por ello, precisamente. No se ha llegado tan lejos como Spike Lee, quien en una ocasión dijo "alguien debería dispararle con una .44 Bulldog", pero se le ha pintado como una especie de perturbado moral. ¡Cuántos periodistas se habrán dejado engañar encantados por las burdas manipulaciones de Michael Moore! Sarna con gusto, ya se sabe.

La libertad no cuenta con muchos amigos entre nuestros periodistas. La verdad tampoco, dicho sea de paso, que para ello son, muchos de ellos, admiradores del orondo Moore. Pero de todas, la libertad de armas es la que más inquina sufre por todos ellos. Cómo se le puede negar a nadie el derecho a defenderse es un misterio para mí. Me pregunto cuántos de quienes se horrorizan con la idea de que en Estados Unidos, Suiza (o Gran Bretaña hasta 1997) se mantenga esa libertad mantendrían su opinión si supiesen que salva muchas vidas y que la muerte acompaña siempre al control y las restricciones, como en Omaha, Virginia o Columbine.

Las diez primeras Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos son una breve Declaración de Derechos. La primera de todas reconoce la libertad de conciencia y de expresión, y la segunda la de defenderse con un arma, lo que da idea de la consideración que le dieron los redactores de aquella Constitución. A su defensa dedicó los últimos de sus años no mermados por la enfermedad Charlton Heston. Descanse en paz.

El estallido de la burbuja

Coca Cola Light sortea un ático en Madrid a través de mensajes de texto con el teléfono móvil. La marca de ensaladas Florette se ofrece a liquidar su hipoteca si introduce en su página web los códigos de barras de un par de ensaladas César. Francisco Hernando, un conocido promotor inmobiliario, se saca otro sorteo de la manga para librar de la dolorosa hipoteca a diez afortunados compradores de sus promociones en un desangelado prado de Seseña, provincia de Toledo. La vivienda es desde hace demasiado tiempo la obsesión nacional en España. Una obsesión que, más pronto que tarde, nos va a pasar una abultadísima factura que, nos guste o no, vamos a terminar pagando todos.

Y no porque los españoles queramos tener una casa en propiedad, que eso es algo que entra dentro de lo normal, sino por los excesos que se han cometido en el último lustro en torno a este tema. Los españoles piden a los bancos hipotecas por 40 ó 50 años para adquirir pequeños apartamentos en el extrarradio de las ciudades, convencidos de que están haciendo un gran negocio y de que, en apenas unos meses, su propiedad se habrá revalorizado sustancialmente. Persuadidos de las bondades del crédito barato y casi ilimitado incluyen a veces automóviles de lujo y otras bagatelas aprovechando un tipo de interés que, hasta hace no mucho, era ridículamente bajo.

Desde 2002 la bola de nieve no ha hecho sino crecer llegando a límites demenciales. Con el ladrillo como principal activo de inversión no es descabellado decir que, en España, lo único que ha dado dinero en los últimos años han sido los inmuebles. Este sector, que es de los principales en cualquier país, se ha convertido en la columna vertebral de la economía española. Los créditos sistemáticos e indiscriminados han hecho crecer el parque de viviendas hasta el extremo de que urbanizaciones enteras están vacías porque las casas fueron compradas en su momento para invertir, es decir, para esperar y sacar mayor tajada en un mercado que se presumía eternamente alcista.

Tanto dinero ha afluido hacia la construcción y promoción de viviendas que la actividad inmobiliaria concentra una buena parte del empleo nacional; ya en la construcción, ya en la financiación o ya en la venta. Por no hablar del aporte de este sector sobre el PIB que es ya equivalente al del turismo, la mejor y más competitiva arma de la economía española desde hace décadas.

Aunque se haya negado repetidamente su alcance y hasta su mera existencia, lo cierto es que la vivienda en España ha padecido (y aún padece) una burbuja de dimensiones astronómicas. Una burbuja histórica que será recordada durante años y tal vez escriba su última página en la Historia enseñándose en las facultades de Economía.

Al final, fiel a su naturaleza, la burbuja ha terminado por estallar. La construcción se detendrá en seco a lo largo de este año. Las promociones ya no encuentran clientela y los que se las veían felicísimas pensando en las altas rentabilidades de sus inversiones inmobiliarias se quedarán con la casa y un palmo de narices. Lo demás vendrá no mucho después. Reajuste completo de la economía, crecimiento del paro y mil problemas derivados de la morosidad. Lo que se ha dejado de hacer por la fijación con el ladrillo, es decir, el coste-oportunidad que nos ha supuesto es incalculable y, por descontado, imposible de cuantificar. Será, en cierto modo, la consecuencia necesaria e inevitable después de haber vivido peligrosamente y muy por encima de nuestras posibilidades. Una lección que nunca se termina de aprender.

Sarkozy offline

El inquilino del Eliseo ha decidido gastar otros 99 millones de euros en revivir esa paletada franco-alemana (ahora cien por cien francesa) llamada Quaero con el que se pretende competir con Google. El proyecto, impulsado por Chirac y Shöeder y con un gasto inicial previsto de entre 450 y 1.000 millones de euros, pareció irse al traste cuando Merkel fue nombrada canciller de Alemania. La democristiana decidió sacar a su país de esta mala y vulgar copia del buscador más popular del mundo y la idea parecía finiquitada.

Pero no, Sarko ha decidido jugar a científico loco de relato de terror y trata de revivir a la criatura muerta. Sólo que en vez de utilizar electricidad o alguna pócima de su invención, lo hace con el dinero de los contribuyentes, dándoselo a unas empresas que lo recibirán con alborozo aunque seguramente no crean en el proyecto. Y en Bruselas, encantados. Ya sabemos que todo lo que no suene a libre mercado gusta mucho en la ciudad de los eurócratas.

Lo que no parece gustarles tanto, aunque no se oponen del todo, es la otra genialidad del marido de Carla Bruni. El presidente francés pretende que la televisión pública se financie a través de un impuesto sobre las conexiones a Internet y otro sobre los anuncios que emitan las cadenas privadas. Esto último, a lo que la Comisión Europea no tiene nada que oponer, ya es de por sí demencial. No sólo se obliga a las emisoras que no son propiedad del Estado a competir con un rival tan innecesario como ineficiente. Además se pretende estropear sus cuentas (al encarecer su publicidad tendrán menos clientes o deberán rebajarla, en cualquier caso perderán dinero) para mantener vivo a ese competidor desleal. Pero al menos entra en la lógica de cualquier intervencionista tradicional.

Pero lo del impuesto a las conexiones a internet ni tan siquiera responde a dicha lógica. La única relación entre internet y televisión es que los usuarios de la red pasan menos tiempo frente a la pequeña pantalla que el resto. La idea de Sarkozy tan sólo servirá para mantener vivo a un monstruo (todas las televisiones públicas lo son) que debería desaparecer a costa del avance de internet en Francia. Al encarecer la conexión con una tasa que se sume a las ya existentes, lo único que se consigue es que los potenciales usuarios se lo piensen más antes de contratar el acceso y que alguno decida no hacerlo. Y esto es una idea del mismo que gasta el dinero de esos contribuyentes en una paletada como Quaero.

Por no pagar el diezmo

La tropa del coronel Hernando, destinada a sofocar el crimen en las comunidades gobernadas por el PP, lleva un par de años empleándose a fondo con los altos cargos populares aunque hasta el momento no se haya producido una condena judicial que compense tanto esfuerzo, pero en lo de meter y sacar de la cárcel a alcaldes peperos es absolutamente profesional y nuevamente lo ha demostrado.

El último episodio ha ocurrido esta semana, con la detención e ingreso en prisión del alcalde popular de Torre Pacheco y la imputación de la primera empresa de la región y una de las más importantes de Europa en turismo residencial; la misma empresa que ha puesto ella solita el nombre de Murcia en los catálogos más exclusivos del turismo residencial sin pedir ni una subvención a cambio.

¿El delito? Bien, eso es algo que hasta el momento se desconoce. Aquí lo primero es meter a la cárcel a los alcaldes, imputar a los empresarios y después ya se verá. Tenemos el antecedente del alcalde de Totana, encarcelado en medio de una redada espectacular, con los medios de comunicación progresistas convenientemente avisados del lugar y la hora para que nadie les arrebatara la noticia, que se ha chupado dos meses de trena sin que hasta el momento se sepa de qué se le acusa. Dos meses de cárcel, dos, que es casi a lo que le sale a un etarra cada asesinato.

En el caso de Torre Pacheco y la empresa Polaris World, la prensa de progreso apunta a que en un convenio urbanístico pudo haber una valoración irregular de los terrenos a compensar. Una operación con un diferencial de cuatrocientos mil euros para una empresa que factura más de mil millones anuales es un asunto en que ni al que asó la manteca se le ocurriría hacer una irregularidad dada la nimiedad relativa del montante de la operación.

Mas los problemas de Polaris World arrancan del hecho de que su presidente es el único promotor inmobiliario conocido en el mundo en declarar públicamente que jamás pagaría un soborno a los políticos, y además cumplirlo a rajatabla con grave perjuicio propio en más de un caso. Si hubiera hecho negocios con dos o tres alcaldes socialistas al progresista modo hubiera comprado el salvoconducto necesario para transitar por la vida mercantil sin miedo a las bermejeadas.

El creador de Polaris World creyó que estaba operando en un sistema de libre mercado en que el éxito o el fracaso sólo dependen del talento y la capacidad del individuo. A estas alturas ya se habrá desengañado, pero siendo hombre de principios no es previsible que se avenga a pagar el diezmo habitual a los políticos para seguir teniendo derecho a crear puestos de trabajo y riqueza para la región. Así que si mañana echa la persiana de su emporio, hace las maletas y se marcha a hacer ricos a los croatas o los brasileños nadie podrá reprochárselo.

Zapatero, que dice estar dispuesto a proteger a los promotores de riqueza de la crisis, se refiere seguramente a meterlos en la cárcel, donde ciertamente está todo el mundo muy protegido. Más de cuatro mil trabajadores murcianos se irían al paro en todo el proceso, pero ¿qué es el futuro de cuatro mil familias comparado con el honor herido de Bermejo?

¿Cuántos impuestos pagamos?

Viene un señor que quiere aprender un lenguaje de programación nuevo para implementar un proyecto que tiene en mente y crea una web bien sencilla que provoca un tremendo escándalo entre la progresía y la pobre gente que no sabe en qué país vivimos. Es una calculadora de impuestos online, que evalúa no sólo el impuesto sobre la renta, sino las cuotas a la Seguridad Social y el IVA. Y aún le faltan impuestos, como el de actos jurídicos documentados que pagamos al comprar una casa, el de hidrocarburos, el de bienes inmuebles y otro buen montón de tributos menos cuantiosos pero que aún así pagamos religiosamente. Pero claro, es una estimación, no un estudio preciso.

Sin embargo, pese a sus limitaciones, ya muestra unos resultados curiosos dignos de ser estudiados. Para empezar, que la supuesta progresividad de nuestro sistema impositivo es una filfa. Entre los impuestos indirectos y la cuota a la seguridad social, que tiene un límite máximo, al final si ganas 100.000 euros al año el Estado se lleva, según el simulador, el 51%; mientras que si ganas 50.000 se lleva el 50%. El peso del Estado recae, oh sorpresa inesperada, sobre las clases medias, no sobre los ricos.

Pero quizá lo más notable es estudiar cómo el sistema fiscal incentiva el llamado mileurismo. Y lo hace porque a las empresas les resulta mucho más caro subir el sueldo a un trabajador que cobra poco que a otro que cobra bastante más. Si se lleva uno 14 pagas de 1.000 euros cada una a la buchaca, la empresa paga por ti, en realidad, 22.270 euros. El problema es que si quisiera que te llevaras 500 euros más en cada paga, 7.000 al año, debería pagar por ti 36.680. La diferencia es de 14.410 euros.

En cambio, si quisieran aumentarte otros 500 por paga, les costaría 13.420, unos 1.000 euros menos al año. Y si quisieran llegar ya a los 2.500, sumando 500 más, les costaría 11.000. En decir, que a las empresas les sale más barato subir los sueldos altos que los bajos gracias a la intervención del Estado.

El simulador ha recibido críticas, muchas de ellas acertadas, como considerar que todos consumimos el 80% del sueldo, aunque probablemente, de hacer un estudio más serio, se reduciría aún más la progresividad, porque resulta razonable suponer que quienes más tienen menos porcentaje dedican al consumo. Pero también ha recibido una que resulta sumamente injusta: la consideración de que es la empresa quien paga la "cuota empresarial a la Seguridad Social" y no el trabajador y que, por tanto, esa cuota debería estar fuera de los cálculos de lo que pagamos en impuestos.

Es una crítica absurda. Una empresa estima lo que le cuesta un trabajador en total considerando lo que se lleva el trabajador y todos los impuestos que hay por medio, igual que nosotros estimamos lo que nos cuestan las judías verdes o las revistas en total, no descontando el IVA.

¿Qué significa eso? Pues que si de repente una ley impusiera que, sin cambiar el total lo que pagan las empresas por los trabajadores, la cuota empresarial pasara a estar incluida en la cuota del trabajador y, por tanto, saliese en la nómina, la empresa seguiría pagando exactamente lo mismo por cada trabajador y éste seguiría cobrando exactamente lo mismo, pero al parecer, por algún misterio, algunos lo considerarían ahora como un impuesto que paga el trabajador y no la empresa. Sin embargo, no es más que un cambio contable.

Pero sería un cambio muy importante. La gente sería mucho más consciente de lo que paga al Estado y sería mucho más crítica con el sistema vigente. Pienso que ésta debería ser la primera medida que tomara un Gobierno verdaderamente liberal nada más llegar al poder. Porque lo principal es librar es la batalla de las ideas, y que todos supiéramos cuál es la realidad fiscal sería un triunfo importante, que permitiría crear el caldo de cultivo necesario para avanzar por la senda liberal.

A los políticos, ni agua

Hasta el 9-M, el agua no era ningún problema en Cataluña. Ha sido acabar las elecciones y parece que los ciudadanos de Barcelona vayan a morir de sed en días. Ahora sabemos que el propio Gobierno pidió a la Generalitat que ocultase el problema del agua hasta pasadas las elecciones, lo que supone un claro fraude a los electores. Los políticos catalanes montaron hace unos años un jaleo de aúpa por el trasvase del Ebro alegando que crearía problemas medioambientales, de sostenibilidad, abastecimiento, etc. En cambio, ahora dicen que esos problemas no existen en el caso del Segre, que es un afluente del Ebro. Se ve que los problemas medioambientales dependen sólo de quién ostente el Gobierno.

Estos ilustrados políticos han permitido durante años que una fuga en Badalona perdiese, y pierda aún, tanta agua potable al día como para abastecer diariamente a 2.000 personas. No es un fallo nuevo; las autoridades sabían de su existencia ¡desde 1974! Los continuos problemas de falta de agua en Barcelona no son recientes y eso es algo que todo el mundo sabe. Pero ni el Gobierno central ni la Generalitat han hecho nunca nada para solucionarlo. Eso sí, los burócratas catalanes han encontrado conveniente gastarse 1,4 millones de euros, sólo en 2007, en estudios sobre los brujos y brujas (12.000 euros), la almeja brillante (casi 28.000 euros), la colocación de libros en las bibliotecas públicas de Girona (24.000 euros) o la trufa negra.

Mientras el Gobierno catalán se gasta nuestro dinero irresponsablemente, ahora se plantea si hacer el trasvase cambiándole el nombre para que nadie diga que es un trasvase, o si traerá el agua en cisternas, en trenes o a saber cómo. Tal vez se pongan de acuerdo cuando ya no quede ni una gota de agua en la ciudad. Eso sí, hay una medida que todos han encontrado necesaria y de inmediata aplicación: multar hasta con 3.000 euros a esos criminales que llenan sus piscinas y riegan sus plantas. Para tal labor, que conllevará un sustancial ingreso extra a la administración, no han dudado en movilizar a los mossos d’esquadra y policías locales más cualificados. El resto de delitos han pasado a segundo término.

Todo el mundo sostiene que el agua, como producto fungible que no es libre y que nos brinda la naturaleza, ha de tratarse de forma ecológica, sostenible y atendiendo correctamente a su buena distribución y precio. Esto significa que el agua, y el transporte de ésta, son escasos y la economía privada trata de esto precisamente: de la distribución de los bienes escasos, porque si nos sobra un bien o servicio no hace falta economizarlo ni cuidarlo. En 1968 la revista Science publicó un artículo del científico Garrett Hardin titulado La tragedia de los comunes. En el ensayo, Hardin decía que cuando un bien es libre, esto es, no tiene propietario, tiende a desaparecer por la sobreexplotación, por lo que de alguna forma, su producción o distribución ha de ser regulada, ya sea mediante el mercado, el Estado o alguna combinación de estos.

La respuesta estándar en nuestros días es que el Estado tome esta responsabilidad con las consecuencias de siempre y que hemos visto estas semanas. La irresponsabilidad y el oportunismo, así como el castigo hacia los únicos inocentes, los ciudadanos, son las únicas medidas que se aplican. Pocos caen en la cuenta que si un bien escaso se privatiza en su totalidad, las empresas del ramo y sus directivos, trabajadores y accionistas harán todo lo que puedan para que los consumidores, razón última de su existencia, no queden desasistidos. Las empresas no dejan que sus productos se desperdicien durante más de 30 años, ni prohibirían adquirirlo a sus consumidores y menos aún les multarían por usar de forma "incívica" aquello que les ofrecen.

Si el agua, por culpa de la ineptitud de los políticos, se ha convertido en un bien escaso, eso significa que tiene un precio. Hay dos caminos, privatizar todo lo concerniente a ésta y así asegurar su suministro, o seguir como ahora y volver a estar igual o peor año tras año. ¿Cree que los políticos van a renunciar a su negocio del agua?

La guerra de Madrid: el eje Prado-Recoletos

El duelo está servido. El Plan Especial Prado-Recoletos es la excusa esta vez. La Comunidad ha decidido que para estudiar el impacto medioambiental (su única arma) hay que retrasar el proyecto de Gallardón al menos un año. Así que el alcalde de Madrid ha decidido arremangarse, ponerse en jarras y dejar claro de quién es la calle. De usted, de usted, mía y de aquel, es decir, de todos los madrileños y madrileñas que, por lo visto, hemos decidido al respecto.

Esto del urbanismo participativo es una gran idea. Permite acometer reformas à la Haussmann con la diferencia de que no se le puede echar la culpa a nadie: la gente se ha expresado, la voluntad popular es la ley suprema y, recordémoslo, nunca se equivoca.

Para quien no esté ducho en historia del urbanismo, hay que recordar que el barón Eugène Haussmann, prefecto del Sena de 1853 hasta su caída en 1870, alabado (ahora, claro) por ser el artífice de la reforma de la ciudad de París a mediados del XIX, fue también el que se hundió dejando un pufo presupuestario de órdago por falta de previsión financiera para su proyecto, entre otras razones.

Émile Zola le retrató muy bien en sus novelas, en concreto en Au Bonheur des Dames y en La Curée. Apoyándose en sus alianzas con promotores corruptos y con los empresarios dueños de los grandes almacenes, que recibieron entonces el impulso definitivo, Haussmann consiguió poner de acuerdo a todos los sectores de la oposición en su contra y también arruinar París. El exceso de coste no previsto entre 1864 y 1868 fue de 900 millones de francos de la época. Una barbaridad.

Convenciendo a propios y extraños con razones de diversa índole, como hacer de ella el prototipo de la ciudad imperial, Haussmann metió a su ciudad en un plan sin plan urbanístico enloquecedor. Claro, el paseante amante de la belleza en París anda por sus calles dedicando aleluyas al barón… pero quienes vivieron entonces tenían una percepción bien distinta. Y era con su dinero y no con el nuestro con lo que se jugaba, no lo olvidemos. La razón de las razones siempre ha sido el interés común… las demás van de comparsas: la higiene, la seguridad, el aspecto moderno y luminoso son las damas de la corte, pero la princesa del castillo de las razones urbanísticas es que interesa a la sociedad. Así se abrió la Avenida de la Ópera, entre otras acometidas. Pero lo cierto es que la implementación de las llamadas Tres Redes no seguían un plan preconcebido al detalle.

A quienes consideren que tal vez esto es lo que explica el fracaso financiero de Haussmann y conserva la esperanza en la reforma gallardoniana, he de recordarles que quienes decidieron imitar el cambio urbanístico à la Haussmann, pero planificado, fracasaron en su mayoría. Y ahí está el ejemplo de Ildefonso Cerdá y el ensanche de Barcelona.

La cosa ahora no ha cambiado mucho. El interés público es decidido por un comité de sabios que amoldan la ley a su criterio. Va usted por esta parte de la calle y no, pero tres metros más para allá, pisa usted suelo de interés cultural: protección al canto.

El bienestar de la sociedad, la modernización, la ciudad del futuro, la capital de capitales, las Olimpiadas que vienen… todo eso está inventado. Lo que nos vende como novedad Ruiz Gallardón ahora es la participación ciudadana. Es decir, que usted puede entrar en la página del ayuntamiento de Madrid, y comentar qué le parece:

Una vez que la autoridad ambiental emita su pronunciamiento, y de acuerdo con el mismo, el Plan Especial se someterá durante dos meses a un nuevo periodo de información pública. Durante este período, el Ayuntamiento propiciará la máxima participación ciudadana e institucional, para seguir enriqueciendo y mejorando el Plan.

Dice la presentación del Plan que ha incorporado casi todas de las más de seiscientas alegaciones presentadas por los ciudadanos en el 2005. Y esa es la participación ciudadana. Y sobre eso se apoya el alcalde cuando afirma: "Las decisiones que competencialmente son de la ciudad, sólo la ciudad tendrá que tomarlas." Y le ha faltado añadir: "Y yo soy la ciudad".

El caso es que tampoco en eso es original Gallardón. Esa manera de utilizar a la gente de escudo tampoco es nueva. Tal y como cuenta su principal detractor, el republicano Jules Ferry, cuando se emprendieron las obras de la Tercera Red, sin la aprobación del Estado, la excusa de Haussmann para saltarse la ley fue que atendía a "una especie de clamor popular" (Ferry, J. 1869, p.73). Clamor popular… eso vale más que seiscientas alegaciones.

Esperemos que el resultado sea diferente, al menos en cuanto al agujero negro de deudas que dejó el barón… También es cierto que el tema urbanístico fue lo que precipitó la caída de Haussmann. Mejor, no deseemos nada y dejemos que suceda lo que tenga que sobrevenir. Pero, por si las moscas, ¡agarre la billetera!

Nota: La información referida a Haussmann, Zola y la reforma de París pertenece al capítulo "La reforma urbanística de París y la especulación bajo el mandato de Haussmann. Una aproximación a la obra de Zola", publicado en el libro Economía y Literatura, Ecobook, 2007.