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Los dilemas de la democracia directa

Los más insatisfechos con la democracia representativa, ese sistema político en el poder de los individuos se limita a la elección de quienes lo ejercerán en su nombre, proponen la sustitución parcial o total de algunas decisiones políticas de los representantes por el voto directo de los ciudadanos capacitados para ejercer el sufragio.

Salvo Alemania, cuya constitución permite el referéndum, aunque hasta la fecha este derecho no ha sido regulado y por lo tanto no se puede ejercer, casi todos los sistemas democráticos, o poliárquicos, contemplan la democracia directa. Lo más común es que la Constitución contemple una relación tasada de asuntos susceptibles de ser decididos directamente por los ciudadanos. La reforma constitucional y la modificación de los límites de las regiones y municipios, así como la independencia de una parte del territorio nacional, suelen ser objeto de referéndum, aunque en algunos casos el voto popular debe ser refrendado posteriormente por el legislativo, y casi siempre el poder judicial o constitucional tiene la potestad de limitar el alcance de las decisiones. Por ejemplo, los tribunales supremos estaduales y federal de los Estados Unidos han anulado incluso a posteriori algunos referendos por tratar de asuntos que o bien sobrepasan el alcance de la constitución del estado en cuestión o de la federal, o contradicen la letra o el espíritu del constituyente, y que por tanto requieren una reforma constitucional, proceso mucho más complejo que un simple plebiscito.

Los únicos dos países importantes, por su tamaño o economía, que permiten el ejercicio de la democracia directa más allá de estas cuestiones son Suiza y los Estados Unidos. En ambos casos, la democracia directa es consecuencia de la formación de estas naciones, repúblicas federales (Aunque Suiza se defina como confederación, la incapacidad de una de sus partes para independizarse del resto la convierte de hecho en una federación; por el contrario, Canadá, un país federal, se ha convertido recientemente en una confederación multinacional al regular la separación de cualquiera de sus provincias y conceder a los esquimales derechos especiales como pueblo distinto) creadas por el acuerdo previo de sus partes en reuniones en las que cada asistente derivaba su autoridad de la voluntad de al menos una parte de las personas residentes en el territorio que representaba. Por tanto, el recurso al referéndum no es más que la aplicación de este principio de forma descendente.

En cambio, el origen monárquico de la mayoría de las democracias occidentales y/o su formación como nación-Estado por métodos autoritarios inhibe la democracia directa, que no forma parte del acervo nacional, o al menos del origen de la nueva comunidad política. Como dijo Platón en Las Leyes, "un buen comienzo vale la mitad de la batalla, y eso es algo que todos aplaudimos. Pero en mi opinión un buen comienzo vale más que la mitad, y todavía nadie lo ha valorado como se merece". Lo mismo podríamos decir de un mal comienzo, como profetizó Max Weber tras la Primera Guerra Mundial a propósito del régimen alemán, cuyo sesgo estatista y carismático podría acabar con la libertad individual y la democracia y dar paso a una dictadura salvífica por voluntad de los ciudadanos. Los triunfos electorales de los nazis en 1930 y 1931 hicieron que las llamadas democracias de segunda ola (aquellas instauradas o reformadas a partir de 1945) se blindaran contra los riesgos del populismo y la demagogia en momentos de crisis y descontento restringiendo la entrada de nuevos partidos (doble vuelta en las elecciones, umbrales altos para la obtención de representación en el legislativo, restricción del referéndum…) y poniendo en funcionamiento el llamado Estado del Bienestar para amortiguar el impacto de los ciclos económicos en los ciudadanos con menor poder adquisitivo.

El fin del consenso socialdemócrata y el éxito de las políticas de liberalización económica y social (por ejemplo, la educación) llevadas a cabo en numerosos países de Europa, incluso en los escandinavos, ha puesto en cuestión las premisas sobre las que se construyó el Estado del Bienestar. Sin embargo, esta democratización no se ha traducido a la política. Subsisten la desconfianza ante el pueblo y el miedo a que el descontento pueda ser capitalizado por algún líder o movimiento que acabe con la libertad y el pluralismo.

El caso español es aún más complicado. El pasado autoritario y guerracivilista de nuestro país hizo que los artífices de nuestra transición hacia la democracia diseñaran un sistema altamente intervencionista en lo económico (la táctica de ganar demócratas a golpe de subsidio contra la que advirtiera Huntington en 1968) y sumamente elitista y cerrado en lo político. Así, el artículo 6, que establece que "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamental para la participación política" inhibe en principio cualquier extensión de la democracia directa. Es por esto que el referéndum nacional no vinculante contemplado en el artículo 92 sea perfectamente coherente con el espíritu de nuestra Carta Magna. Si a esto le sumamos el funcionamiento patrimonialista (caso del Partido Popular) o leninista (PSOE) de nuestros partidos y el federalismo de hecho, que no de derecho, de nuestro sistema político, cualquier propuesta de democracia directa pasa necesariamente por la reforma en profundidad de nuestra constitución y por la revisión de algunos de los principios que la vieron nacer.

El problema es que ninguna de las reformas planteadas hasta la fecha redundan en un reforzamiento del poder de los ciudadanos vis a vis el de las cúpulas de los partidos o del Estado, valga la redundancia. En este sentido, es llamativo que tanto el plan Ibarreche como el nuevo Estatuto de Cataluña olvidan, cuando no restringen, el ámbito de actuación de los ciudadanos, llegando incluso a cuestionar el principio de sufragio universal. En el primer caso, el voto de los vascos no residentes en Euskadi se plantea como una concesión que el Gobierno de aquel territorio otorgará a quienes considere reúnen las condiciones para formar parte del pueblo vasco. Por su parte, la prolija declaración de derechos del estatuto catalán, que en muchos casos duplica de forma innecesaria y redundante lo dispuesto por la constitución, olvida mencionar el derecho al sufragio. Un despiste bastante sospechoso.

Tyler Cowen en Madrid

¿Que te aburre un libro en la página 50? Ciérralo. No le dediques más tiempo. El que emplees en ese libro aburrido lo estás dejando de utilizar en otras actividades potencialmente más provechosas o más entretenidas. Sé honesto contigo mismo también cuando te aburres en un museo, y sal.

El mercado es un complejo sistema de signos. Los precios lo son, como explicó Friedrich Hayek en su seminal The use of knowledge in society. Y es, también, un orden de cooperación humana voluntaria. Si es así, enviemos el signo de que somos sociables, de que se puede confiar en uno. "Be a nice guy", fue uno de los consejos que Cowen ha extraído de la economía para llevarlo al comportamiento personal.

Hay cierta contradicción en utilizar una ciencia que aspira a comprender el comportamiento humano como instrumento para ese actuar. Es como la confusión entre el "ser" y el "deber ser" que denunció Hume. Pero ello no quiere decir que de la economía no podamos extraer enseñanzas valiosas para la vida. Al contrario. Más allá de los ejemplos que plantea Cowen en su libro y más allá también de las finanzas personales.

Quizá la más importante de todas sea que la sociedad está basada en la oferta. No se te valora por lo que tienes, como dicen quienes renuncian a pensar, sino en función de lo que tú puedas ofrecer a los demás. De modo que, en una sociedad libre y abierta, lo que tú recibas depende de lo que seas capaz de ofrecer que los demás estimen valioso. Pensar en lo que puedes recibir te lleva a la moral del ladrón, y pensar en lo que puedes ofrecer en la moral del ciudadano. Por desgracia la política fomenta la primera por medio de las promesas electorales. El resultado es que recibir sin aportar ya no ofende a la mayoría. Hemos perdido la moral de la sociedad libre.

Las elecciones y la libertad

Yo tengo especial debilidad por el impuesto cero a 7 millones de españoles (PP), que el gasto público no crezca por encima del PIB (PP), la liberalización del suelo (UPyD) y la legalización del cannabis (Ciudadanos e IU). El PP y UPyD tienen cierto protagonismo en la corta lista de medidas liberales, mientras que en el top-ten del servilismo parecen sentirse cómodos todos los partidos.

El PSOE nos propone una dosis más de fascismo en la política, como si tuviésemos ya poca. UPyD que amemos a la Administración Pública, como el masoquista a su amo. Estos dos y Ciudadanos quieren que el Estado nos adoctrine desde las aulas. Tampoco se libra el PP. Pero ¿y el top ten de las medidas liberales no propuestas? Pongamos por caso el cheque escolar o desvincular a asociaciones privadas (Iglesia, sindicatos, asociaciones…) del Estado y que vivan por aportaciones voluntarias. O muchas otras.

Si todas las agrupaciones políticas proponen sujetar más nuestras vidas a su designio, o a lo que decida el Gobierno de turno, si lo que hay de liberal se encuentra en partidos variados, ¿qué debe hacer un votante que ame la libertad? Hay cuestiones que van más allá de lo que cabe en un programa electoral y que tienen que ver con el modelo de sociedad que quiere imponernos el actual Gobierno. Pero no puede apoyar a un partido en un punto de su programa y a otro partido en un distinto apartado. El voto va al ciento por ciento por una única opción. Supone la compra de un paquete con componentes que están podridos. Y lo sabemos al votar.

Y es que las elecciones democráticas no son lo mismo que la libertad. Ésta se refiere a la capacidad de elegir sobre la propia vida y lo que a uno le pertenece. Y, como decía Lysander Spooner, "un hombre no es menos esclavo porque se le permita elegir a un nuevo señor una vez cada legislatura". El principio de la democracia y el de la libertad son distintos y no debemos confundir el segundo con el primero. Pero ello sólo quiere decir que, si nos place, podemos acudir a las urnas, pero que jamás es suficiente para defender nuestra libertad.

Aprendamos de Cobden

A menudo los liberales ocupamos una parte importante de nuestro tiempo analizando el motivo por el cual el liberalismo no es la doctrina imperante. Jamás nos encontramos con escasez de razones. Desde la complejidad relativa de nuestras ideas hasta la dinámica de las decisiones colectivas, pasando por teorías conspirativas, todas las excusas nos parecen bien fundamentadas. En cambio, rara es la ocasión en la que responsabilizamos a los liberales, es decir, a nosotros mismos, de la parca representación de nuestras ideas en todos los ámbitos sociales.

Sin embargo, lo cierto es que, sea por el pesimismo de unos, sea por una retórica rebuscada de otros, los principales responsables del escaso avance de las ideal liberales entre la población somos nosotros mismos. No hay más que escucharnos, especialmente a los economistas, hablar del valor descontado de la productividad marginal para defender la libertad de precios de los factores de producción y nos damos cuenta de dónde está la clave del problema.

Esto no siempre ha sido así. A mediados del siglo XIX hubo una generación de liberales que supo transmitir la defensa de la libertad individual de manera sencilla, profunda y convincente al mismo tiempo. Bastiat, Molinari o Chevalier son algunos de los grandes hombres que ahorraron tiempo y esfuerzo en relamerse las heridas y se dedicaron en cuerpo y alma a explicar las bondades de una sociedad libre en versión para todos los públicos. Su destreza como publicistas y activistas liberales fue tal que muchas de sus grandes aportaciones teóricas han quedado en el olvido.

Pero quizá el propagandista más importante de la época, y acaso de todos los tiempos, fue el inglés Richard Cobden. Este hijo de un pequeño agricultor de Sussex nació en 1804 y exprimió al máximo los 61 años que vivió. Muy pronto destacó por su perspicacia empresarial y después de varias ocupaciones se estableció en Londres donde montó una agencia de venta de artículos de algodón. Ya entonces dedicó su tiempo libre a devorar libros sobre economía. Hasta aquí todo entra dentro de una cierta normalidad. Lo interesante es que al joven Cobden no le satisfacía el mundo intervencionista en el que vivía y no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. Así que armado de un desbordante entusiasmo y buenas lecturas decidió emprender una cruzada.

Con la colaboración de un puñado de personas, Cobden logró dos éxitos deslumbrantes. En 1846 logró la abolición de las Leyes de Granos al frente de la maravillosa Liga contra las leyes de granos, mientras que en 1860 consiguió, con la inestimable ayuda de Chevalier, sacar adelante un tratado para la reforma liberalizadora de las relaciones comerciales internacionales. El primero de estos sonados éxitos es interesante no sólo porque acabó con una infame ley que causaba empobrecimiento y hambrunas sino porque la teoría económica esperaría un fracaso en su cruzada quijotesca. En efecto, se daban todas las circunstancias para que su esfuerzo quedara en nada. Los afectados eran muchos pero no estaban agrupados, siendo pequeño el perjuicio en término de sobreprecio por persona comparado con el coste para un reducido grupo de iniciar un movimiento o una reclamación formal contra estas odiadas leyes. En cambio, los privilegiados por la norma eran pocos, políticamente poderosos y muy bien organizados. Además, el beneficio que obtenían en forma de renta de monopolio era suficientemente suculento como para invertir grandes sumas en detener toda actividad contraria a las agresionistas leyes de granos.

¿Cómo logró Cobden superar estas barreras que en principio se le antojan a cualquiera como infranqueables? El método usado por este héroe decimonónico fue el mantenimiento de una incesante agitación con la que logró ir asociando a miles de personas que, animados por su contagiosos discursos entusiastas, creían que había muchísimo que ganar con la defensa del bien y las armonías que surgen en un mundo de intercambios pacíficos y, en cambio, muy poco que perder en esa batalla de ideas. Y eso aunque las posibilidades de éxito fueran pocas.

A primera vista podría parecer que era un soñador; y es posible que de hecho lo fuera. Pero lo cierto es que era un soñador muy realista. Sabía perfectamente que las ideas tenían un enorme poder pero al mismo tiempo era consciente de que la razón intelectual no era suficientemente potente como para cargar sus causas con el peso necesario como para derribar es status quo que se oponía a un régimen de libertades individuales. Así que ya desde sus primeros pasos al frente de la Liga confesó a su hermano que le parecía que “en este asunto puede infundirse un espíritu moral y hasta religioso, y que si es agitado del mismo modo que lo ha sido la cuestión de la esclavitud, se volverá irresistible”.

A día de hoy Richard Cobden sigue siendo el ejemplo perfecto de una persona que reúne un conjunto de virtudes difícilmente coincidentes en un solo hombre: conocimientos teóricos, experiencia práctica, facilidad de palabra, entusiasmo contagioso, amplia visión de los parabienes de la libertad, clara idea de las estrategias alternativas que permiten impulsar las políticas liberalizadoras y un perfecto entendimiento de los incentivos que impiden el avance de la aplicación de las ideas liberales. Si ponemos todas estas características en la mente de un hombre y le añadimos un esfuerzo aparentemente inagotable nos encontramos con uno de los más grandes activistas liberales de todos los tiempos; un hombre a quien tenemos mucho que agradecer y de quien tenemos mucho que aprender (si queremos ver cómo se aplican nuestras ideas).

Este no es mi Pizarro

No sé si le echaron algo en el botellín de agua (con los socialistas uno debe andar siempre con cuidado), o los asesores de Génova le sometieron esa mañana a una sesión especial para convertirle en el perfecto candidato del PP (descrispado, talantudo y moderadamente socialista), pero el efecto narcótico fue fulminante.

Sólo con que le hubiera dicho a Solbes la mitad de cosas que ha venido sosteniendo en la precampaña, Pizarro se hubiera llevado el debate de calle. Sin embargo, no sabemos por qué, el número dos de Rajoy dejó escaparse vivo al todavía ministro de Economía. Y es que lo peor que puede hacer un candidato de la oposición es entrar en el juego dialéctico que le propone quien se enfrenta a las elecciones desde el poder.

A Solbes le interesaba que su rival limitara su discurso a la valoración técnica de las cifras macroeconómicas, pues a los ojos de los espectadores eso es dar por buenos los principios generales en que el Gobierno ha basado su política económica, frente a los cuales el aspirante a gobernar sólo puede defender que su partido haría lo mismo… sólo que mejor.

Sin embargo, lo que muchos esperamos del Partido Popular en esta campaña, la más reñida de las últimas en España, es que defienda sin complejos un programa político completamente distinto del que ofrecen los socialistas.

Sólo un ejemplo. Cuando Solbes interrogó a Manuel Pizarro sobre nuestro sistema de pensiones, el candidato del PP sólo acertó a decir, bastante nervioso, que su partido apoya el sistema actual. Sin embargo, Pizarro sabe perfectamente que el sistema público de reparto es insolidario e insostenible en el tiempo, y que lo único decente y con futuro es instaurar un sistema de capitalización con libertad para que los ciudadanos, además, elijan si quieren confiar sus pensiones al Estado o prefieren un plan privado. Pero resulta, como le espetó Solbes, que este último es el programa que implantó en Chile el dictador Pinochet (con gran éxito, por cierto). Y aquí Pizarro se vino abajo, se desdijo de toda su trayectoria anterior y aún tuvo que aceptar que Solbes le sacara la portada de un periódico en la que se recogían esas lejanas afirmaciones suyas, tan sensatas por otra parte.

Si Manuel Pizarro fue realmente sincero en las cosas que dijo durante el debate, el tirón popular entre quienes estamos hartos de pagar impuestos y veíamos en él alguien capaz de formular una enmienda a la totalidad al Estado del bienestar socialista va a ser escaso. Si, por el contrario, traicionó sus principios aconsejado o no por el Arriola de guardia, estamos entonces ante un político incapaz de defender sus ideas con energía cuando llega la hora de la verdad. En cualquiera de los dos casos, muy mal.

Artistas por ZP

Pero es que la actualidad obliga. El último episodio, por el momento, en convertir a los Teddy Bautista Boys en objeto de esta columna no es otro que la retirada por parte de YouTube de una versión satírica del Amante Bandido de Miguel Bosé riéndose de Rodríguez Zapatero.

La retirada del vídeo en cuestión se produce tras una reclamación de la SGAE por una supuesta violación de derechos de autor. Una de las cosas más llamativas del caso es que una de las excepciones a tan discutible derecho contempladas en la legislación española es, precisamente, la parodia. Otra cosa que sorprende es que Google, propietaria de YouTube, se haya plegado sin más a las exigencias de los Teddy Bautista Boys. Y esto es digno de destacar debido a que, si bien es cierto que en el caso de la dictadura china se ha plegado a las exigencias del Gobierno comunista, en ocasiones se ha enfrentado a exigencias de terceros, incluidas las de gobiernos democráticos como el de Estados Unidos. De todos modos, en España ya tiene experiencia de ceder ante el Ejecutivo de ZP, por lo que no resulta tan raro que lo haga ante sus aliados musicales.

En cualquier caso, lo que este asunto demuestra una vez más es la total identificación entre SGAE (y por extensión gran parte de ese mundillo de la farándula autodefinido como "la cultura") con el actual Ejecutivo. Ante un video contra Rodríguez Zapatero, la entidad de Teddy Bautista (el que fuera condecorado por la dictadura castrista) y José Luis Borau (recientemente homenajeado por ese mismo régimen totalitario) actúan para intentar hacerlo desaparecer de internet. Toma respeto por la libertad de expresión. Es lógico, favor por favor. ZP les garantiza el canon y ellos no paran de inventar maneras de apoyarle.

Aun a riesgo de que cuatrocientos autocomplacientes (como demuestra que se autodenominen "Coalición Cultura" y que a pesar de no llegar al medio millar digan representar a un millón de personas) cantantes, pinchadiscos, actores y similares me acusen, como hacen al PP, de cometer un "un ataque directo a la Cultura, a los ciudadanos y sus libertades" y de insultar "la propia identidad del país, su cultura y a la democracia", voy a criticar a todos esos artistas que defienden el canon y llaman "turba mentirosa" e "imbéciles" a quienes votan a un partido que propone eliminar uno de sus privilegios.

Son ellos los que atacan a los ciudadanos y sus libertades. Y sobre la "cultura", dudo mucho que ellos sean su personificación, por lo que criticarles tampoco es atacarla ni insultarla. Quien insulta a "la propia identidad del país" (que dicen representar pero cuyo nombre no citan) son ellos al pretender ser sus portadores. España es mucho más rica en matices y variada que ellos. Que voten y hagan la campaña por quien quieran, pero que respeten la libertad de los demás. No debería ser tanto pedir.

¿Y si la OPEP se pasa al euro?

En el año 2000 Sadam Hussein anunció que iba a empezar a vender el petróleo iraquí en euros. Por aquel entonces la moneda europea era una divisa recién nacida y ni siquiera se encontraba en circulación. Fue, en definitiva, una de las machadas con las que Sadam acostumbraba a obsequiar a su devota audiencia internacional pisándole de paso los juanetes al archienemigo americano. La ocurrencia de Sadam no fue a mayores y, tras la invasión de Irak en 2003, el petróleo iraquí volvió tranquilamente a cotizar en dólares en el mercado internacional.

Lo que Sadam no sabía es que, menos de una década después, su odiado dólar iba a sufrir una depreciación espectacular. La irresponsable expansión crediticia, la creación de deuda a mansalva y otras imprudencias por parte de las autoridades monetarias de los Estados Unidos han llevado al otrora codiciado billete verde a una situación límite, tan límite que la OPEP ha considerado públicamente abandonarlo como divisa de reserva. Y es que, aunque los americanos no terminen de creérselo, su one dollar note va camino de valer menos que el papel en el que está impreso.

Ante semejante panorama, dictadores del tercer mundo como Chávez y Ahmadineyad celebran alborozados las desgracias monetarias de Norteamérica. Cegados por ese peligroso cóctel de envidia y odio que lleva al que lo padece a alegrarse de que al denostado vecino de arriba se le caiga la casa pedazos aun a riesgo de que los cascotes se le vengan a uno encima, creen en su simpleza que todo el monte es orégano y que, si Atenas llora, Esparta reirá.

Lo cierto es que si la OPEP cumple su promesa de pasarse al euro sobrevendría una colosal crisis económica que, como es lógico, tendría un alcance mundial. Los dólares que hasta ese momento habían servido como activo de reserva en todo el planeta volverían a los Estados Unidos como alma que lleva el diablo. Esto, en primer término, ocasionaría un repunte inflacionario que arruinaría la proverbial competitividad estadounidense empobreciendo de golpe a toda la nación. Eso sería lo primero. Después el sistema financiero colapsaría sin remedio dando la puntilla a la primera economía del mundo.

Los odiadores de Estados Unidos, que a este lado del Atlántico se cuentan por cientos de millares, pensarán que esto es, en realidad, una gran noticia, que un correctivo semejante bajaría los humos a los arrogantes norteamericanos que se creen los amos del mundo y que Europa, cien años después de la Gran Guerra, recobraría su papel de potencia rectora de la economía mundial.

Naturalmente nada de esto sucedería. A lo más la ya moderadísima inflación europea se moderaría aun más por la salida masiva de euros que irían a engrosar las reservas de otros países. Todo lo demás, en una economía plenamente globalizada como la actual, sería una pesadilla. Ni Europa ni ningún otro país del mundo saldría indemne de la quiebra del dólar y, con él, de casi todo el sistema financiero, bolsas incluidas. Por no hablar de la dinámica en la que entraría la economía europea dada su nueva condición de emisora del activo mundial de reserva. Al día siguiente de producirse el traspaso, el BCE empezaría a crear deuda del mismo modo en que el Fed lo ha hecho desde la ruptura de Bretón Woods convirtiendo al viejo continente en un adicto incorregible a la financiación externa. Vamos, un drama.

El remedio que dice buscar la OPEP para garantizar el valor de sus reservas podría ser peor que la enfermedad que aflige a la maltratada divisa americana. Es perfectamente comprensible que no quieran seguir vendiendo su preciado petróleo en una moneda que vale cada día menos, y que menos va a valer si Bernanke continúa mucho más tiempo al frente de la Reserva Federal. Lo que sería absurdo es que cambiasen una divisa sin respaldo por otra divisa sin respaldo pudiendo fijar los precios en el respaldo mismo, es decir, en el oro. Ellos sabrán. Cuentan que, hace casi cuarenta años, los árabes hicieron intención de tomar el oro amarillo como referente para los precios del oro negro. Entonces recularon porque los políticos norteamericanos prometieron mantener el dólar estable. A la vista está que no ha sido así. A ver si a la segunda va la vencida.

Por qué no pagamos impuestos

Merkel debe estar escandalizada porque en su país la economía sumergida representa el 6% del PIB, pero si fuese presidenta del Gobierno español, donde el 23% de la economía está sumergida y circula una cuarta parte de los billetes de 500 euros de toda Europa, le daría un ataque al corazón.

¿Es que están en España los hombres más ricos del mundo? No, pero sí que es uno de los lugares donde los impuestos más daño hacen y más ahora con una crisis que todo el mundo reconoce, menos el Gobierno. Los amantes de la confiscación fiscal aducen que pagamos menos impuestos que nuestros vecinos europeos como Francia, Reino Unido o Finlandia. Estos socialistas olvidan mencionar que las rentas salariales en esos países llegan a duplicar y triplicar el mismo puesto de trabajo que aquí se produce debido a la diferencia existe en la propia estructura de producción, grado de productividad laboral donde España está a la cola de Europa, y esta semana ha sido criticada por Bruselas otra vez (y ya van cincuenta mil); sin olvidar el daño que provocan a nuestra riqueza las fuertes barreras gubernamentales a la creación de empresas o el desfasado modelo laboral.

Cuantitativamente no es lo mismo una presión fiscal del 38% en Reino Unido, donde el salario medio está por encima de los 3.500 euros mensuales, que la presión fiscal del 36% de España, donde a duras penas supera los 1.600 euros; dicho sea de paso, es el mismo que hace 10 años. No olvidemos tampoco que España es el país de la OCDE donde más ha aumentado la presión fiscal en los últimos 30 años. En concreto, los gobernantes nos han llegado a doblar la carga impositiva.

Y todo esto viene a raíz de las palabras de José María Mollinedo, secretario general del colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que aprovechando el caso de Alemania contra Liechtenstein ha hecho una llamada al Gobierno para que nos estruje un poco más. El señor Mollinedo se ha justificado exponiendo los topicazos de siempre, como que el 86% de las grandes fortunas españolas no pagan el Impuesto sobre Patrimonio, lo que demuestra lo absurdo de tal tributo. Al secretario general de Gestha se le olvida mencionar casos como el de Juan Plaxats, un pobre pulidor de suelos que se vio obligado a hacer huelga de hambre porque Hacienda le reclamaba más de 100.000 euros que ni podía ni le tocaba pagar.

Los gritos de crisis que lanzan voces afines al poder estatal nunca tienen como fin salvar al mundo, sino servir de excusa para que el Gobierno tome un mayor control sobre nuestras vidas. Cuando el Estado consigue un poder tan enorme como el que tienen las democracias occidentales, las injusticias como la del pulidor de suelos son inevitables y casi siempre imposibles de solucionar. Esto es lo que ocurre cuando damos a otro más poder del que nosotros mismos tenemos o nos queremos conceder.

La presión impositiva en España es demasiado alta. Si los gobernantes no se quieren enterar incluso ante signos evidentes como los datos de economía sumergida es porque les gusta costearse sus lujos y caprichos a costa de nuestro dinero. Ante semejante injusticia tenemos derecho a defendernos de forma pacífica. Como dijo el profesor Pierre Lemieux, "debería levantarse una estatua en honor al evasor desconocido". Gran verdad, especialmente en el caso español.

Más capacidad de voto implica mayor poder para el Estado

Desde diversas corrientes, y fundamentalmente desde la democracia participativa, se sostiene la necesidad inmediata de integrar a la ciudadanía en el ámbito de la esfera pública a través de la creación y desarrollo de nuevos mecanismos de participación política (como la extensión del referéndum a múltiples ámbitos), transformando así el circuito clásico de representación vigente.

En este sentido, no pongo en duda que nuestro actual sistema presenta importantes disfunciones y problemas, ya que es evidente el creciente distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes, así como el exitoso surgimiento de nuevos actores o movimientos sociales que vienen a sustituir o complementar a los partidos políticos en su función de agregación de intereses y recepción de demandas sociales.

Tales fenómenos son innegables, pero la exigencia de una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos no me parece una vía lógica y necesaria para tratar de mejorar el funcionamiento de nuestro actual sistema. Y es que lo que se pretende desde el pensamiento crítico es establecer unos cauces de participación diferentes a los tradicionalmente establecidos por la democracia representativa clásica, a través de los cuales se piensa que los individuos pueden hacer valer mejor sus intereses, satisfacer sus aspiraciones y generar un mayor apoyo social hacia las instituciones políticas.

En mi opinión, los defensores de la democracia participativa tienen como objetivo implantar nuevos cauces de integración y participación social, cuya validez y utilidad se dirige más bien hacia la representación de intereses más inmediatos y concretos que hacia la formación de un interés general o voluntad colectiva (muy cuestionable, por cierto).

Más allá de su propia complejidad y, más difícil aún, implantación práctica, tales cauces, entendidos éstos como mecanismos plenamente institucionalizados, supondrían una enorme y muy diversa expresión de intereses sectoriales y particulares de muy difícil conciliación en la elaboración e implementación de políticas públicas concretas.

Sus defensores ven en la democracia participativa una forma complementaria de democracia que junto a la representativa, entendida ésta como conformadora de la voluntad general, introduciría cauces e instituciones para la representación de intereses propios y particulares.

Sin embargo, dicha idea me parece altamente inviable en el marco de la esfera pública por mostrar una evidente contradicción interna en su formulación: no considero plausible la implantación de mecanismos institucionalizados que pretendan dar cabida a la representación de intereses particulares en el ámbito de la esfera pública, cuya principal característica definitoria consiste precisamente en agregar dichos intereses (numerosos, variados y contrapuestos) para la formación de una supuesta visión común, un hipotético interés general o voluntad colectiva.

En este sentido, la única institución capaz de dar cabida a tal cantidad y diversidad de intereses así como de representar tal multiplicidad de visiones es única y exclusivamente el mercado, ya que contempla la participación e interacción social de todos los individuos como la base y estructura fundamental sobre la que se sustenta.

Éste debe ser entendido únicamente como libre mercado, carente por tanto de regulación o planificación alguna: es el único que permite la libre interacción de individuos y acciones, y el único que permite a través de sus mecanismos la libre expresión y representación del conjunto de intereses y visiones individuales.

Yo diría que, más que asistir a una crisis de representación, nos encontramos ante una crisis propia de los partidos políticos como actores o representantes que muestran una gran dificultad e incapacidad a la hora de incorporar el conjunto de demandas sociales existentes, caracterizadas por su enorme cantidad y diversidad.

El gran cambio socio-económico propio de las últimas décadas ha configurado una sociedad cuyo rasgo fundamental reside en su enorme complejidad y pluralidad, por lo cual queda completamente invalidada la visión clasista y estrictamente ideologizada que se desarrolló con el surgimiento de los partidos de masas. Así pues, la clásica visión partidista es simplista y carece de valor y utilidad para seguir vigente en las sociedades contemporáneas de hoy en día. Este fenómeno se hace visible por el claro desbordamiento de los partidos ante el auge de nuevas demandas que, al carecer de mecanismos válidos de representación, se ven en la necesidad de abrir nuevas vías (léase ONGs o movimientos sociales de toda índole), así como cauces de comunicación al margen del circuito institucional.

Sin embargo, me resulta paradójico la falta de atención prestada por las principales corrientes de pensamiento inmersas en el actual debate teórico sobre un elemento que considero especialmente relevante y que, en mi opinión, subyace y se configura como elemento central y núcleo de la problemática acerca de la representatividad de nuestro sistema político: ¿a qué se debe el hecho de que los mecanismos vigentes de representación se vean altamente desbordados y muestren una palpable insuficiencia e ineficacia en el proceso de recepción y plasmación de intereses y demandas sociales?.

Esta cuestión básica tiene en mi opinión una respuesta clara: el prolongado ejercicio de intervención pública llevado a cabo en el tiempo a través del modelo estatal de welfare state ha configurado un sólido proceso de aprendizaje social consistente en reflejar o intentar transmitir a la esfera pública un elevado número de intereses y demandas que pertenecen indudablemente a la esfera o ámbito de lo privado.

Es decir, el enorme desarrollo del Estado intervencionista ha terminado por convertir aspectos privados en elementos de atención pública, hasta tal punto que dicha confusión terminológica y conceptual prácticamente se ha institucionalizado. Tanto se ha ampliado el ámbito de intervención pública y tanto ha aumentado la esfera de actuación y funciones del Estado que, de forma artificial, se ha originado la sensación de que un creciente número de intereses y demandas particulares precisan de atención pública y, por tanto, deben ser emitidas hacia dicho ámbito con el objetivo de ser representadas.

En este sentido, la misma lógica empleada por el Estado para ampliar su ámbito de intervención es aplicada igualmente y de forma paralela desde la propia sociedad. Ambas esferas, Sociedad y Estado, siguen por tanto la misma lógica, ambos fenómenos se encuentran íntimamente relacionados. De hecho, el segundo (aumento de demandas sociales) es consecuencia inequívoca del primero (incremento de la intervención pública).

Dicho proceso, que viene produciéndose de forma escalonada desde hace décadas, ha terminado por colapsar los mecanismos institucionales de representación. Mientras que diversas corrientes pretenden aumentar tales mecanismos de entrada o configurar nuevos cauces de representación política para que estas nuevas demandas emergentes tengan cabida en la esfera pública, personalmente considero que tales iniciativas no hacen más que agravar el problema y aumentar la lógica de amplitud pública de forma escalonada.

Por ello, veo más lógico y factible aplicar el método justamente al contrario con el objetivo de desatascar el circuito de representación política. Se trataría pues de ir disminuyendo paulatinamente la esfera de intervención pública, cuyo lugar sería ocupado por el mercado que, como ya he señalado anteriormente, sí dispone de los mecanismos adecuados para representar de forma eficaz y real la diversidad y multiplicidad de intereses sectoriales o individuales.

La aplicación de esta terapia de adelgazamiento estatal permitiría iniciar una lógica contrapuesta a la anterior, permitiendo así que las exigencias y demandas actuales que no encuentran espacio suficiente en el modelo vigente puedan encontrar su representación en el ámbito de la esfera privada.

La terapia de choque aquí expuesta alcanzaría su límite en el momento en el que se lograra un amplio consenso en torno a las funciones públicas o estatales que mayoritariamente fuesen definidas como ineludibles, obligatorias y fundamentales para el marco de actuación propio de la esfera pública. En mi opinión, debería ser precisamente ésta la cuestión fundamental sobre la que centrar el debate teórico sobre la necesidad de reforma democrática.

Referéndum en las decisiones políticas trascendentales

Que un político sea elegido como presidente de un país durante una legislatura, no significa que reciba un cheque en blanco para jugar con el futuro de los ciudadanos. Cualquier persona con moral y sensatez que aprecie verdaderamente las libertades debe entender la enorme utilidad de establecer control sobre determinadas decisiones políticas, para evitar involuciones que aumenten el tamaño del Estado, restrinjan derechos e hipotequen la convivencia pacífica en democracia.

Ahora que se acercan las próximas elecciones generales en España, habrá personas que miren retrospectivamente las políticas adoptadas por el Gobierno durante esta legislatura. Algunos sentirán impotencia porque no existan barreras constitucionales frente al intervencionismo del Estado y se disgustarán por el incremento de la presión fiscal.

Otros estarán aún más conmovidos por los nuevos estatutos de autonomía separatistas surgidos de parlamentos regionales y aprobados por minorías, que atentan contra los derechos y libertades fundamentales de las personas no nacionalistas.

Seguramente todos echarán de menos la facultad de poder ratificar (o rechazar) con una votación ciertas medidas que pueden antojársele al poder ejecutivo y, por ejemplo, se indignarán por la negociación amoral con terroristas o por la impunidad de los partidos filo-terroristas que consiguen cargos públicos con los que financiar delitos en España.

El elevado porcentaje de abstención en las sucesivas elecciones democráticas sólo viene a corroborar el desencanto de la población ante la indigencia intelectual y moral de muchos representantes que restringen libertades individuales e, incluso, pretenden ceder soberanía ante la coacción y el chantaje de grupos terroristas.

Por ello, tal vez fuese interesante plantear la reforma constitucional del artículo 92 de la Constitución Española de 1978 (CE)para poder emplear el mecanismo democrático del referéndum para que los votantes puedan controlar decisiones políticas de especial trascendencia que afecten a la convivencia y al desarrollo socio económico del país, en el medio y largo plazo, con obligatorio acatamiento del resultado por parte del Gobierno y del Parlamento.

A pesar de que el carácter cainita de los países latinos invita a guardarse ciertas ideas para tertulias privadas, y solicitando cierta simpatía inicial sin la cual todo entender es vano, deseo plantear la modificación del actual artículo 92 de la CE del siguiente modo:

Art.92.

  1. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a referéndum vinculante para su ratificación por una mayoría de dos tercios de todo el censo electoral de Españay, siempre, en los siguientes casos:

    Aprobación de cambios que afecten al ordenamiento constitucional, conforme al título X.

    Aprobación de tratados o convenios internacionales, previa aplicación del artículo 94.

    Aprobación de cambios en cualquier Estatuto de Autonomía, en las competencias delegadas en una Comunidad Autónoma, o en el reparto del presupuesto y la financiación de la misma.

    Aprobación de suspensión de una Comunidad Autónoma durante una legislatura, previa aplicación del artículo 155.

    Aprobación de suspensión de un Partido Político por vulneración reiterada de sus cargos públicos, de su estructura interna y de su funcionamiento, respecto de los artículos del Título Preliminar de la Constitución.

    Aprobación de un proceso de negociación con cualquier grupo organizado o con cualquier nación que amenace, coaccione, agreda o atente contra el interés general de España o contra los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.

    Aprobación de la prestación de ayuda o de participación directa en conflictos bélicos o guerras, salvo en caso de agresión directa o amenaza externa demostrable contra el interés general de España o contra los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.

    Aprobación de nuevos impuestos, tasas, aranceles y tarifas, o aumento del importe de los ya existentes en los ámbitos nacional, autonómico o local.

    Aprobación de nuevo endeudamiento, o aumento del ya existente en los ámbitos nacional, autonómico o local.

    10º Aprobación de déficit presupuestario en los ámbitos nacional, autonómico o local.

    11º Aprobación de leyes o normas de rango inferior que impidan la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado en los ámbitos nacional, autonómico o local, y de modo especial cuando establezcan regulaciones, concesiones, subvenciones, ayudas, tarifas, primas, incentivos o cualquier otro privilegio en favor de personas físicas o jurídicas.

    12º Aprobación de cualquier cambio normativo en el Código Penal y, en las leyes o normas de rango inferior que establezcan las rebajas de penas, los tratamientos penitenciarios especiales o cualquier otro privilegio en contra del derecho de reposición del daño causado a las víctimas.

  2. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado, o del Defensor del Pueblo; o bien de la iniciativa popularsolicitada formalmente al Parlamento con respaldo acreditado de firmas de al menos un cinco por ciento del censo electoral.

  3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Algunas políticas pueden ser justificadas por parte del Gobierno por servir al interés "general" o por su función "social" pero, al afectar gravemente a las vidas de todos los ciudadanos durante muchos años, los gobernantes deben consultar y convencer a los votantes de su idoneidad para lograr su aprobación mayoritaria en una votación directa por referéndum.

Sin embargo, para un cambio constitucional tan importante, también se necesitaría conseguir el convencimiento de los mismos políticos respecto de la filosofía de la libertad, la ética no intervencionista y la necesidad de reconstruir el procedimiento de control ciudadano sobre aquellas prácticas gubernamentales que son cruciales para el desarrollo y proyección de una nación.