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El oro del Banco de España

Solbes lo justificaba en el Senado diciendo que el oro "ya no es rentable", porque no proporciona ninguna renta. Y Solbes es ministro ¡de Economía! El oro es dinero por excelencia, y el dinero no produce renta, pero su valor varía con el tiempo; vaya que si lo hace.

Desde entonces el oro se ha revaluado un 27,4% en euros, y de haber mantenido su stock el BdE, según los cálculos del Instituto Juan de Mariana, el valor de sus reservas sería hoy de 10.098 millones de euros, un 86% superior a los 5.430. Teniendo en cuenta el valor de los ingresos por sus ventas (reconocidos en 3.500 millones de euros) y el balance de su revalorización hasta el momento, (4.668 millones de euros). Unos 1.200 millones de pérdidas, que serían 1.000 si suponemos que hubiese invertido lo ingresado en bonos públicos, con una rentabilidad media del 4%.

Mas lo preocupante de las ventas de oro por el Banco de España no es sólo las pérdidas del valor de sus reservas, con ser ello importante. Una pérdida, además, que es mayor con cada día que pasa, pues hay una crisis de liquidez, un momento en el que el oro recupera plenamente todo su valor. Los expertos lo sitúan en los 1.000 dólares en breve plazo, hay quien piensa que podemos volver a los niveles de 1980 (2.200 dólares de hoy). Acaso sea más inquietante que la institución reguladora ha renunciado en gran parte a un activo esencial para afrontar crisis financieras como esta a que estamos abocados.

El oro ha sido denostado tradicionalmente por el inflacionismo; razón no le falta para temerlo. La adoración a Keynes, falso ídolo como ningún otro, ha hecho olvidar a dos generaciones de economistas qué es en verdad el amarillo metal y su función económica. En momentos de dificultad, de inflación, de crisis, reaparece con toda su fuerza; una oportunidad para redescubrirlo.

Ante las elecciones generales

Las elecciones que vienen representan una oportunidad deprimente: elegir lo menos malo o seguir con Zapatero en La Moncloa. Ya sabemos que el PSOE ha agotado todas sus soluciones caseras: intervenciones masivas, subida del gasto público, papeles para todos, y subvención tras subvención. Y los resultados de cuatro años de legislatura son evidentes: más inflación, más paro, más delincuencia, más impuestos y más gasto público. Lo único que ha bajado es nuestro escaño o ranking en influencia/importancia exterior y por supuesto, nuestros ahorros.

No podemos negar que tanto el PP como el PSOE nos ofrecen unas "soluciones" verdaderamente deprimentes. Como resumen de lo que nos ofrecen, solo bastan cuatro palabras: más de lo mismo. Que nadie se equivoque: el PSOE está totalmente comprometido con el colectivismo de toda la vida… y el PP no se imagina ninguna otra solución para nuestros problemas que decir: "sí a la intervención, pero nosotros lo haremos mejor". Y lo cierto es que, en estos momentos, el PP es el único partido donde encontramos corrientes liberales aunque, desgraciadamente, son pocas.

Hay muchos ejemplos de políticos honrados en el mundo. Algunos son ex socialistas que reconocieron que el socialismo no funciona. Por otro lado, siempre tenemos a los mentirosos de siempre, y en el caso de España el mejor ejemplo es el señor Solbes… que niega, como el típico funcionario de turno a las ordenes de su partido, que "no hay que exagerar" la crisis económica. Lo más repugnante de los políticos actuales como Solbes es que nos insultan… y nos echan la culpa. No olvidemos de que el mismo Solbes dijo hace poco que los españoles dejamos demasiada propina para el café. El problema del señor Solbes es que, aparte de ser un mentiroso, también carece de un programa económico para nuestro país, y como consecuencia no hace otra cosa que echarnos la culpa.

Cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de España sabe que históricamente no nos ha gustado la intervención estatal y el control centralizado. Nos gusta la libertad, y el claro ejemplo de ello es cómo se desarrollan las leyes que salen del Congreso en cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, la dichosa y socialista Ley Antitabaco no se fuma igual entre las comunidades. Hay que hacer todo lo posible para que Zapatero no gane las próximas elecciones generales porque aunque las elecciones en este país son libres y hasta gratuitas, todos pagamos los resultados. Queremos políticos que quieran bajar los impuestos, que contengan el gasto público y la inflación, que eliminen la burocracia estatal, que promuevan más flexibilidad en el mercado laboral y que cumplan con la ley y todo lo que eso conlleva.

Uno de los pocos deberes que tiene un gobierno es el de mantener el imperio de la ley, siempre, en todos sitios y por encima de cualquier institución. España ha sufrido en los últimos cuatro años un revés histórico en cuanto al imperio de la ley y la calidad de las instituciones jurídicas. Es curioso que los socialistas, que siempre han creído en el Estado y que el Estado debe hacer un poco de todo, ignoran uno de los pocos deberes legítimos que tiene un Estado.

Para concluir, resumiré lo que está en cuestión: en España la mayoría creativa tiene poca libertad y una minoría de funcionarios tiene demasiada licencia y privilegio. A ver si en marzo damos un paso adelante para liberarnos un poco más y poner a los derrochadores gubernamentales en su sitio adecuado… en el Museo de Los Horrores.

El espectro de Keynes

Algo parecido llevó a Keynes a llamar "general" a su teoría, concebida en un momento de crisis y con recetas del tipo en-cien-años-todos-muertos. Ha necesitado gran parte de las mejores mentes dedicadas a la economía para redimirle de su visión cortoplacista y crear un modelo para cualquier situación. La estanflación de los 70 se encargó de hacer añicos aquel keynesianismo.

Curiosamente, a las puertas de una nueva estanflación (horrísona palabra utilizada para llamar a la convivencia de inflación y recesión), el keynesianismo, ya no en nombre del de Cambridge, vuelve a aparecer, volviendo a dejar claro una vez más que la suya no es una teoría "general", sino para las urgencias.

A George W. Bush no va a venir nadie a darle lecciones de vulgokeynes, porque para eso es el presidente de los Estados Unidos que más ha aumentado el gasto público, después de Lyndon Johnson. El último en sumarse es el secretario general del Fondo Monetario Internacional, socialista. Y francés, para más señas. Dominique Strauss-Kahn ha llamado a los gobiernos a caer en el déficit para salir del paso. "La política monetaria no basta; hay que preparar medidas temporales presupuestarias". Será que Estados Unidos no va a entrar jamás en crisis, ya que lleva años siguiendo la "política presupuestaria activa" que exige el francés.

Está claro que las malas ideas no mueren nunca, especialmente si le placen al poder. Aunque sea gastar el dinero público como si no hubiera mañana, o como si no fuera de nadie, según la ministra Calvo. ¿Es necesario ese gasto? ¿Es el mejor uso que se puede hacer de esos recursos? Quitarle dinero y recursos a los particulares, que se cuidan muy mucho de no despilfarrarlos y utilizarlos eficazmente, ¿nos hace de verdad más ricos?

A nosotros no, pero a los políticos los hace más poderosos.

En defensa del anonimato

Irritada por los contenidos de dos bitácoras centradas en este pueblo y en el cercano de Cambados, la edil ha anunciado que tratará de conseguir de su partido una "propuesta de regulación normativa en la que se obligue a los editores de blogs a constituir un registro con su DNI, mediante el que se hagan responsables de sus contenidos y facilitar que estos delitos no queden impunes y que aquellos que se dedican a insultar y a coaccionar en los blogs puedan ser denunciados por las víctimas".

Ha de quedar claro que es la propuesta de Diana Otero o, en todo caso del PP de su localidad, pero no del conjunto de la formación presidida por Mariano Rajoy. Esperemos que en la madrileña Calle Génova a nadie, ni tan siquiera a Beatriz Rodríguez-Salmones, se le ocurra hacer caso a la peculiar propuesta de la edil pontevedresa. La existencia del anonimato en Internet, a pesar de los problemas que en algunos casos pueda acarrear, es una condición muchas veces necesaria para que muchas personas puedan expresarse libremente a través de bitácoras, foros y otras vías.

Tampoco es algo nuevo esta propuesta. Desde el ámbito del PSOE, el ex blogger Enrique Castro insistió en diversas ocasiones en que había que terminar con él. Y, hablando en nombre de la SGAE (esa organización tan mimada por los socialistas), el para tantas personas irritante Pedro Farré fue incluso más allá. Propuso la totalitaria idea de implantar un carné obligatorio para quienes quisieran conectarse a la red. Todos ellos (Otero, Castro y Farré) parecen envidiar algunas de las características del control sobre internet que impone la dictadura china.

El anonimato es la única posibilidad con la que cuentan numerosas personas para poder expresarse libremente sin peligro a represalias de todo tipo. Ha sido el vehículo del que han dispuesto profesores de secundaria para hablar la situación de los centros educativos sin ser represaliados por las autoridades. Es la única opción para funcionarios o empleados de empresas que buscan denunciar abusos en sus centros de trabajo sin sufrir castigos (reconocidos o no) por ello. Y también lo es para personas que buscan dar a conocer la situación, por ejemplo, de lugares en los que organizaciones criminales actúan con total impunidad.

La existencia de abusos en el uso del anonimato no justifica que se les quite a muchas personas la única vía de la que disponen para expresarse libremente sin poner en juego su trabajo o incluso su salud o su vida. Si se prohibiera el esconder la identidad en Internet, el mal causado sería inmensamente mayor que aquel que se pretende combatir. Es lo que siempre ocurre cuando se recorta la libertad.

La propaganda del calentamiento global

Hay quien afirma que resulta prácticamente imposible predecir el tiempo que hará mañana, debido a que la atmósfera es un sistema caótico y cambios muy pequeños en algunas de las múltiples variables que lo forman pueden provocar efectos muy grandes. Y si eso es así –prosigue el argumento–, ¿cómo pretende hacernos creer alguien que puede predecir que la temperatura aumentará dentro de cien años? Sin duda, es un razonamiento que suena bien, que parece de sentido común y que resulta convincente. Desgraciadamente, es completa y absolutamente falso.

La climatología estudia grandes medias y no se para a entrar en detalles ni demasiado locales ni demasiado breves, porque no puede. Es por eso que ni siquiera el estancamiento de temperaturas desde el año 2000 es prueba de que se haya detenido el supuesto calentamiento debido a la acción del hombre. Como, por otra parte, tampoco prueba nada por sí mismo el aumento de temperaturas de la décadas de los 90.

No sé otros, pero yo soy liberal porque me parece que es el pensamiento que más se ajusta a los hechos en lo que a la sociedad humana y su funcionamiento se refiere. Estoy suficientemente seguro de muchas de mis posiciones como para no dudar en usar métodos propagandísticos para defenderlas si se tercia. Pero eso no incluye emplear argumentos falaces aunque, como pudiera pasar con éste, sea mucho más convincente para muchas personas que todos los datos y razonamientos reales que se pueden llegar a poner sobre la mesa en un momento dado.

Desgraciadamente, no todo el mundo es tan escrupuloso con la verdad. Así, nos hemos acostumbrado a relacionar cualquier anécdota de temperatura, cualquier máximo local de los últimos taitantos años, como prueba de la existencia del calentamiento global y de la responsabilidad indudable del hombre en él. Todas las catástrofes naturales son acompañadas del correspondiente experto relacionándola con el cambio climático. Hasta el tsunami del sureste asiático lo han utilizado para su campaña, convirtiendo la compleja realidad del clima en un reduccionista mantra que dice: "todo es por tu culpa".

Es humano, ante semejante bombardeo constante de consignas ecobobas, reaccionar a veces de la misma manera pero en sentido contrario. Pero, moralidad personal aparte, si se quiere luchar de forma efectiva contra el ecologismo no podemos usar sus mismas armas, en términos generales, simplemente porque no funcionan. Digámoslo claro: sus tesis son las que triunfan en casi todos los medios de comunicación, y cualquier falsedad sirve para desacreditar lo que digamos en el poco hueco que podamos conseguir en ellos. Juegan con blancas y parten con varias piezas de ventaja. De modo que hay cosas que no se pueden hacer, por más que sintamos que se merecen que las digamos.

Otra cosa, claro, es darle la vuelta a sus tácticas de propaganda y recordarles incesantemente que nos aseguraron que, por ejemplo, Katrina y la temporada de huracanes del 2005, tan activa, era debida al calentamiento global, pero que se callaron cuando en 2006 casi ni hubo huracanes. Que cuando mencionan un glaciar en retroceso nunca dicen nada de los que aumentan. Que hablan mucho del calor en diversas partes del globo, pero no de la reciente nevada en Buenos Aires, casi inédita.

Y una vez equipado el juego propagandístico de las anécdotas, entrar a discutir de verdad, con datos y argumentos reales, que es donde tenemos todo que ganar. Porque Kyoto es más caro que adaptarse al calentamiento global, de producirse éste en los términos predichos por el IPCC, y sólo sirve para retrasarlo de 2100 a 2106. Es decir, para nada que no sea empobrecernos.

El crack de 2008

La mayoría de analistas apuntan a una caída puntal del mercado para después recuperar la tendencia alcista (la iniciada en 2003 ya se ha perdido). Los pesimistas, por llamarles de alguna forma, afirman que esta bajada sólo es la punta del iceberg, que nos esperan unos cuantos años de bolsa bajista. Será algo similar a lo que ocurrió en el periodo 2000–2003. El principal argumento de los "pesimistas" se basa en la situación económica: el hundimiento inmobiliario, la crisis crediticia, las malas perspectivas sobre la inflación o la fuerte alza en los primeros escenarios productivos, como el de las materias primas, que suelen avecinar crisis.

Hay unos cuantos puntos que chocan fuertemente con la visión de los pesimistas. Si observamos los fundamentales de la bolsa española nos llama la atención que el Ibex, por ejemplo, tenga un PER estimado para el 2008 de 10. El de 2007 es casi de 12. Si nos miramos la banca por ejemplo, el PER estimado aún es más bajo, del 8,3 (el PER, cuanto más bajo, mejor). El yield del sector bancario es muy positivo, está al 6,1%. ¿Tiene sentido un declive bursátil duradero con esta alta rentabilidad? Si sucediera, creo que sería la primera vez. Aún estamos en época de resultados empresariales en Estados Unidos y, exceptuando los bancos, las empresas están sacando buenos datos. En España se empiezan a publicar ahora y es muy pronto para decir nada, pero los resultados de las pocas compañías que los han presentado ya son positivos.

Hagamos una mirada atrás, concretamente, a las crisis del 87 y 98. Ambas crisis tienen el mismo patrón de actuación que el crack del lunes. Fuertes desplomes bursátiles y carrerones alcistas en los meses siguientes. Siguiendo a Dow, las fases alcistas tiene tienen tres fases. Una, la de inicio de tendencia alcista. Segunda, la de consolidación y la tercera, la que podríamos llamar coloquialmente especulativa, donde todo sube independientemente de la situación económica o estado financiero de las empresas. Todo sea dicho de paso, estas teorías predictivas, que no son más que meros pasatiempos para economistas curiosos, se cumplen desde que se emite papel moneda respaldado por "fino aire", principal causa de estos violentos ciclos.

Volviendo al tema. Mirándonos detalladamente la situación, no parece que hayamos llegado aún a esta tercera fase de Dow. Normalmente, en las últimas fases alcistas hay una brusca interrupción a la baja que indica el inicio de otro subciclo. El fin del ciclo alcista suele ocurrir dos años después de estas abruptas bajadas que identificamos como cracks. Podríamos estar muy bien en esta situación ahora mismo. Si es así, y a juzgar por los anteriores cracks, exceptuando el del 2001 que tiene otros tintes y ya se produjo en plena fase bajista del mercado bursátil, la bolsa española a finales de este año recuperaría los máximos y dentro de un par de años más alcanzaría nuevos máximos. A partir de entonces empezaría el ciclo bajista, algo que también viene a coincidir con la teoría de Benner (que sólo ha fallado dos veces en los últimos 100 años). ¿Significa esto que la economía para los particulares mejorará? No tiene por qué. Esta es otra guerra.

Sea cuál sea el camino que tome la bolsa, una cosa parece muy probable. Empíricamente, estas fuertes bajadas dejan al mercado tocado y le cuesta mucho recuperar la normalidad. El mes de febrero parece que se va a caracterizar por fuertes subidas y bajadas. Puede que ni siquiera hayamos visto los mínimos de la bolsa. El mes crucial será marzo. Para entonces ya veremos claro si la debacle se nos viene encima o aún podemos arañar un par de añitos más. Mientras tanto sigamos el dicho bursátil que suelen repetir los day traders en situaciones como la actual: "si no sabes qué hacer, vete a pescar".

Post-Kioto o la vuelta a las cavernas

La economía europea se viste de luto. Y no, precisamente, por las turbulencias financieras que azotan con fuerza las bolsas mundiales. Al pasado "lunes negro" se suma ahora un "miércoles verde", cuyos efectos, de cumplirse la estrategia energética mantenida por la UE, serán, sin duda, más perversos y duraderos que cualquier crack bursátil. La Comisión Europea (CE) aprueba hoy su paquete de medidas para la era post Kioto.

La nueva legislación comunitaria en materia de cambio climático y energía amenaza de forma directa los fundamentos del desarrollo económico contemporáneo. Los Estados Miembros se comprometieron en 2007 a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera en un 20% para 2020 con respecto a los niveles de 1990. Asimismo, la UE fijó que el 20% de la energía total para esa fecha proceda de fuentes renovables. Y ello, con el fin de proteger el medio ambiente y combatir el devastador cambio climático que se avecina a causa del calentamiento global.

Sin embargo, el coste de dichas medidas será de dimensiones colosales para el conjunto de la economía europea. La subasta de los derechos de emisión, hasta ahora gratuitos en su mayoría, podría generar un tributo próximo a los 50.000 millones de euros anuales para la industria comunitaria. En concreto, la era post Kioto, paradigma de la eficiencia energética, podría elevar la factura hasta los 120.000 millones de euros al año desde 2013 a 2020, según la propia CE. Y eso, sin contar los efectos colaterales que pudiera conllevar en cuanto a pérdida de competitividad, proteccionismo comercial, destrucción de empleo, masiva deslocalización empresarial y reducción de las importaciones.

En el caso de España, la actual factura del famoso Protocolo internacional, que oscila entre los 4.000 y 7.000 millones de euros entre 2008 y 2012, podría fácilmente llegar a duplicarse en 2020, hasta los 16.000 millones de euros, como mínimo, en apenas ocho años. Pese a ello, desde mi punto de vista, tales cifras se ven reducidas a meras propinas en comparación con las pretensiones políticas y económicas del poderoso lobby ecologista, que tanta capacidad de influencia ha venido demostrando sobre el actual Gobierno español.

No hay más que repasar su ambicioso programa electoral de cara a los comicios del próximo 9 de marzo. Su visión no puede ser más aterradora. He aquí un breve resumen de sus propuestas estrella (a cada cual mejor):

  1. Elaborar e impulsar una Ley contra el Cambio Climático que establezca una reducción de las emisiones de CO2 con respecto a 1990 del 30% para 2020 y del 80% para 2050.
  2. Eliminar las subvenciones, directas e indirectas, que favorecen el uso de energías sucias como la energía nuclear y los combustibles fósiles, especialmente el carbón, penalizando su importación.
  3. Eliminar las ingentes subvenciones, directas e indirectas, a proyectos de I+D en tecnologías que no pueden ser la solución al cambio climático y sin embargo suponen graves riesgos ambientales, como son la captura y almacenamiento de carbono, la fisión nuclear, la fusión nuclear o la transformación de carbón en combustibles líquidos.
  4. Crear un fondo de adaptación financiado por los impuestos sobre los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, que permita desarrollar actuaciones para paliar los impactos del cambio climático.
  5. Promover una Ley de Energías Renovables para asegurar el cumplimiento de objetivos concretos; reforzar el sistema de primas (es decir, subvenciones), garantizando un retorno definido y estable a las inversiones, que deben ser más atractivas que las inversiones en energía sucia.
  6. Promover una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética que acabe con el derroche de energía, imponiendo niveles obligatorios de eficiencia para el consumo energético de todos los electrodomésticos, edificios y vehículos, y dando prioridad a la gestión de la demanda frente a la generación adicional de energía.
  7. Desarrollar y aplicar una fiscalidad ecológica que incluya desgravaciones y bonificaciones a las inversiones en energías renovables, especialmente para la energía solar (la más cara, por cierto, puesto que llega a multiplicar por ocho el coste actual de la nuclear).
  8. Acabar con las distorsiones de mercado que perjudican a las energías renovables y a la gestión de la demanda: es decir, internalizar todos los costes externos sociales y ambientales de los combustibles fósiles y la energía nuclear. Contaminar tiene que salir caro, afirman.
  9. Aplicar una moratoria de nuevas centrales térmicas a partir de combustibles fósiles y poner en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares existentes, en el horizonte de 2015.
  10. Condicionar y paralizar la construcción de todas las nuevas infraestructuras; impulsar una Ley de Movilidad Sostenible que restrinja el uso excesivo del automóvil, hasta disminuir el tráfico por carretera en un 15% para 2012 respecto a 2006; frenar el crecimiento del tráfico aéreo estabilizándolo a los niveles de 1990.
  11. Aprobar una tasa ecológica sobre el consumo de carburantes de automoción que financie los Planes de Movilidad Sostenible y un impuesto similar al combustible de los aviones, y adecuar las tarifas a los costes reales que tienen para la sociedad los distintos modos de transporte, priorizando el transporte público colectivo.
  12. Implantar un sistema por tramos en el impuesto de circulación para los vehículos, en función de los gases de efecto invernadero y gases contaminantes que generen.
  13. Incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas vacías.
  14. Introducir en el currículum escolar los efectos para el entorno y las sociedades de nuestro modelo consumista, así como fomentar una educación hacia la austeridad (educación para la ecología).
  15. Reducir y limitar por ley el número de horas y días que pueden abrir las grandes superficies; limitar la publicidad de dietas fuertemente lesivas para la salud y el entorno; aprobar una fiscalidad que incremente las tasas de los productos con mayor impacto social y ambiental; reducir de la publicidad que reciben los ciudadanos.
  16. Derogar las autorizaciones de las variedades de cultivos transgénicos aprobados hasta la fecha; limitar el consumo doméstico de agua.
  17. Adecuar en la costa los deslindes del dominio público marítimo-terrestre a las previsiones sobre cambio climático y determinar las zonas previsiblemente inundables, que pasarían a formar parte de la servidumbre de protección (toda la costa mediterránea).
  18. Apoyar e incentivar el consumo de productos locales y reducir progresivamente y de forma significativa el comercio de bienes procedentes de países lejanos (el resto del mundo).
  19. Reconocer públicamente la deuda ecológica que España tiene contraída con los países del Sur y condonar la deuda externa de la que nuestro país es acreedor.
  20. Reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental para que sea aplicable a las multinacionales españolas en sus actuaciones en el exterior…

Si ha llegado usted hasta aquí, bienvenido a la "revolución verde". ¡Acaba de entrar en la era preindustrial! La vuelta a las cavernas está cada vez más cerca. No se lo tome a broma, puesto que el camino ya ha sido iniciado. Los ecologistas afirman en el prólogo de su programa lo siguiente:

"El Programa por la Tierra se ha convertido en un referente imprescindible sobre cuál ha de ser el camino para avanzar hacia la sostenibilidad en España […] No cabe duda de que el interés por la defensa del medio ambiente ha avanzado mucho en los últimos cuatro años en España […] Hoy, el grave problema del cambio climático ha pasado a ocupar un lugar preferente en las preocupaciones de la ciudadanía, y también en el debate político español".

Y el colofón: "En esta legislatura que termina se han producido avances legislativos importantes, pero ahora es el momento de llenar de contenido esos conceptos y de plasmar en la realidad lo ya conseguido sobre el papel y dar pasos decididos en muchos campos aún pendientes".

Échense, pues, a temblar…

Amazon contra el proteccionismo francés

La razón es la llamada Ley Lang, que impone un precio fijo de los libros e impide descuentos mayores al 5%. Vamos, una ley tan absurda y contraria a la libertad como la española. Esta normativa es una de tantas razones por las que sería un desastre que Sarkozy recuperara a Jack Lang como ministro de Cultura, posibilidad que apunta, temeroso, Carlos Semprún.

No obstante, Amazon respeta –qué remedio– el precio fijo del libro. Pero es que esa ley no acaba ahí. También prohíbe vender a pérdida y asociar un servicio gratuito con la venta, que son las razones por las que ha sido condenado, por el momento, a pagar 100.000 euros al Sindicato de la Librería Francesa, el demandante, y otros 1.000 al día mientras no suspenda el servicio de envío gratuito. Y aquí viene lo sorprendente. En lugar de agachar la cabeza, murmurar un "sí, señor" y obedecer al tribunal, Amazon ha decidido pagar la multa y organizar una protesta online contra la decisión, que por el momento ha sido suscrita por 120.000 personas.

"Francia podría ser el único país del mundo donde el envío gratuito de Amazon sea declarado ilegal", aseguró Bezos en un e-mail enviado a sus clientes franceses. El desafío, no obstante, podría salirle caro. Tras un mes, el tribunal deberá decidir si suspende la multa, la mantiene o la aumenta. Y me da que a los jueces no les va a hacer mucha gracia encontrarse con una petición de más de cien mil franceses contra su decisión de condenar a una empresa norteamericana. Quién sabe si será contraproducente.

Si a usted le parece absurdo que la ley prohíba dar un servicio más barato a los clientes, bienvenido al club. Sin embargo, hay muchísimas personas que encuentran toda clase de excusas que ofrecer para justificar estas restricciones a la libertad de comercio. La principal es que, sin esta ley, desaparecían las pequeñas librerías y con ellas el placer de pasear entre sus estantes y la ventaja de poder ser aconsejado por un experto, el librero tradicional. El problema, claro, es que evalúan esas ventajas como si no tuvieran más coste que fastidiar a unas pocas grandes empresas, y no es así.

El panorama más previsible después de abolirse estas restricciones sería que los libros más comprados estarían mucho más baratos en grandes superficies y en internet, y muchas pequeñas librerías, al no poder competir en precio en esas ventas, se verían abocadas a desaparecer; los libros menos comunes acabarían siendo comprados, en muchos casos, a través de la red. La gente se ahorraría un dinero que podría emplear en otras cosas, generando empleo en otros sectores, o se decidiría por comprar algún libro porque al precio más reducido le conviene.

O puede que no. Es posible que un número suficiente de consumidores valorase el servicio que prestan esas pequeñas tiendas por encima del ahorro en dinero que le supondría comprar en otra parte. Pero, en todo caso, no es una decisión que le competa a los libreros, los jueces y los políticos. Somos los consumidores los que debemos tomarla haciendo uso de nuestra libertad de elegir.

Reforma constitucional para la independencia del TC

Si usted quedó conmovido por la bochornosa imagen de una vicepresidenta del Gobierno abroncando a la presidenta del Tribunal Constitucional, supongo que estará aterrado ante la evidente falta de independencia de los 12 miembros del Tribunal Constitucional (TC), elegidos por los partidos políticos y recusados como si de un mercado persa se tratara.

Puedo imaginar la tensión de los músculos de su rostro cuando se vaya aproximando la sentencia del TC que dilucide acerca de la inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña.

Pues bien, ante este panorama de pesadilla nacionalista y ante la evidente amenaza que el Estatuto de Cataluña supone para los derechos y libertades fundamentales de muchos ciudadanos y para la misma existencia de España como nación, son imperceptibles las propuestas claras sobre la necesidad de cambiar la redacción del artículo 159 de la Constitución Española de 1978 (CE).

Para garantizar la independencia real y efectiva del Tribunal Constitucional (TC) como institución básica para la estabilidad del ordenamiento constitucional de España es preciso impulsar una propuesta que, precisamente por mermar el poder político sobre el TC, permita garantizar la independencia de sus miembros respecto del poder legislativo y del poder ejecutivo.

Supongamos que se alcanza el consenso reclamado últimamente por el Rey a los partidos políticos nacionales en los principales asuntos del Estado. O supongamos que no se alcanza dicho consenso pero un partido nacional logra la aprobación mayoritaria en referéndum de una propuesta de reforma constitucional que sea lo suficientemente profunda y ambiciosa como para introducir la elección directa, por todos los ciudadanos, de los 12 miembros del TC.

Dándose un supuesto tan reconfortante para los ciudadanos de bien, quedaría precioso el artículo 159 CE con una nueva redacción, en donde se incluyesen expresamente varias premisas legislativas, y su apartado 1 quedase escrito, por ejemplo, como sigue:

Art. 159.1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey como consecuencia del resultado de la elección pública celebrada entre todos los ciudadanos por elección directa entre diferentes candidatos. A dichas elecciones sólo se podrán presentar jueces o fiscales en ejercicio profesional, con acreditación de su currículo profesional y con un escrito explicativo de cada candidato. La jornada de elección debe convocarse con voto obligatorio de todos los ciudadanos, con publicidad institucional previa pero sin campaña electoral y con prohibición expresa de participación o pronunciamiento de los partidos políticos respecto de los diferentes candidatos a miembros del Tribunal Constitucional.

También sería muy estimulante que el apartado 2 introdujese la excelencia entre los miembros del TC, sin permitir la elección actual de personas que no pertenecen a la carrera judicial, por ejemplo, siendo redactado así:

Art.159.2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser elegidos y nombrados sólo entre Magistrados y Fiscales, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de cincuenta años de edad y veinte años de ejercicio profesional.

Y, finalmente, los ciudadanos quedaríamos extasiados de júbilo si además el apartado 3 intentase proporcionar tranquilidad en la toma de decisiones de cada miembro del TC, al garantizar su permanencia en el puesto casi hasta su jubilación, expresándolo como sigue: 

Art.159.3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 15 años improrrogables. No obstante, cesarán en sus funciones si se inhabilitaran para el ejercicio de las mismas, siempre que la concurrencia de esta circunstancia sea apreciada por la mayoría del Pleno del Tribunal en los términos que fije su ley orgánica.

Actualmente, una propuesta tan ambiciosa puede ser comentada, incluso puede ser discutida en algún foro de participación ciudadana, pero difícilmente será impulsada por los políticos que actualmente eligen, controlan, recusan, presionan e, indirectamente, deciden las tesis que se imponen en las sentencias del Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, siempre suena bonito cuando se habla de introducir más democracia para proporcionar más libertad a los ciudadanos al garantizar la independencia de los tribunales. Especialmente porque sólo cuando los jueces pueden tomar sus decisiones con independencia de las presiones de los políticos se puede realizar una protección eficiente de los derechos y libertades fundamentales en todas las regiones y para todos los habitantes del país.

Sin embargo, legislar una reforma constitucional en dicha dirección supone realizar una segunda transición en España y, para ello, se requieren políticos con moral, con coraje, con desapego por el poder y con una amplitud de miras que desgraciadamente son muy poco comunes en la actual clase política.

En este año entrante, pretendo suscitar el debate entre los internautas con diversas propuestas de reforma constitucional que iré definiendo en posteriores escritos. Acabo de indicarles la primera medida de profundización democrática que creo debe introducirse en la ley básica del ordenamiento jurídico español, para garantizar la prosperidad y la convivencia pacífica en España en el medio y largo plazo.

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La envidia, base del pensamiento socialista

El socialismo desconfía del éxito individual producto del esfuerzo porque una sociedad basada en la jerarquía, el mérito, el riesgo personal y la empresarialidad (que así es como los economistas austríacos llaman a la capacidad de todo ser humano para encontrar la forma de satisfacer necesidades ajenas y obtener un beneficio) jamás sería socialista. Para implantar su modelo de sociedad, la izquierda necesita corromper a quienes tienen éxito fuera del cotarro estatal o, si no se dejan, anularlos civilmente a base de declararlos enemigos de "lo colectivo".

Eso es lo que han hecho con el ex presidente de Endesa, y eso es lo que harán cada vez que un ciudadano demuestre con su ejemplo que sólo lejos de las gabelas estatales es moralmente aceptable prosperar. No se trata tanto de que los líderes del PSOE tengan algo personal contra Pizarro (probablemente también), sino de una cuestión de supervivencia política: con medio millón de Pizarros, el socialismo sería inviable en España.

El socialismo es el gobierno de los mediocres y los resentidos. La mezquindad de los Caldera, Blanco, De la Vega y Zapatero no es por tanto cosa de poca importancia, sino la condición moral inevitable de todo el que quiera medrar con éxito en el cotarro de la izquierda. El hombre que se hace a sí mismo, que lucha por superar las adversidades de la vida sin apelar a una supuesta injusticia social sino empleando a fondo su talento, que hace del esfuerzo y la disciplina los ejes de su conducta, que utiliza su cerebro de forma creativa para buscar oportunidades de negocio y tiene el arrojo de comprometer su patrimonio para llevar a cabo sus ideas, jamás tendrá encaje en una sociedad regida por los cánones ideológicos de la izquierda.

El socialismo verá siempre a estos individuos como una amenaza por su capacidad de convertirse en modelos para los demás. De ahí que cuando aparece un triunfador que todo lo ha ganado por sí mismo la principal preocupación de los dirigentes de la izquierda sea neutralizarlo civilmente acusándole de los más graves delitos antisociales. En su obcecada empresa, ni siquiera reparan en que su alegato contra ese victorioso representante de la libertad individual revela los vicios sobre los que se sustenta su propia mentalidad.

A Manuel Pizarro le machacan por decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y por haber ganado en su empresa, una de las más importantes de Europa, lo que mil novecientos esclavos de la beneficencia estatal en un año. Sin saberlo, en vez de vilipendiarle lo ensalzan. Con su actitud, los dirigentes socialistas revelan que su proyecto político consiste en incautarse de una cantidad cada vez mayor de la riqueza ajena para subvencionar a los lobbies organizados que les apoyan y a una sociedad conformada por zombis morales que prefieren las migajas que les arroja el Estado antes que tener la posibilidad alcanzar el éxito mediante el talento y el esfuerzo.

El socialismo apela a las pasiones más bajas del ser humano para legitimar su proyecto político. Así ha sido a lo largo de la historia y así continua siendo para los partidos vagamente socialdemócratas. La envidia es la base del igualitarismo pregonado por la izquierda. Si no se ceba a aquélla, éste no arraiga.

A los envidiosos se les ensalza como personas de elevada moralidad que quieren acabar con la desigualdad, que es precisamente lo que nos distingue como seres humanos libres, pues el único modelo social igualitario es el basado en la esclavitud, donde todos los individuos aspiran únicamente a sobrevivir en perfecta situación de igualdad con el prójimo. En cambio, los que defendemos la libertad del ser humano para labrar nuestro propio futuro somos tachados de peligrosos individualistas e insolidarios. El ideólogo del PSOE encargado de diseñar la asignatura de adoctrinamiento colectivo ha hecho hincapié en alguna entrevista radiofónica en que el individualismo es un peligro para la democracia (la socialdemocracia), con lo que no hace sino expresar la idea ampliamente compartida por sus compañeros de secta, partidarios del igualitarismo impuesto de forma coactiva por el poder políticos.

Sin embargo, la única igualdad exigible es la de todos los ciudadanos ante la ley. Ahora bien, éste es precisamente el único igualitarismo que rechazan los socialistas. Sólo hay que echar un vistazo a su trayectoria reciente para constatarlo. Con el caso GAL, las instituciones del Estado intentaron por todos los medios que no se "estigmatizara" a los políticos implicados, como si éstos no tuvieran que responder de sus delitos igual que cualquier otro ciudadano. La imagen de la entrada en prisión de los condenados por este caso, con los dirigentes del PSOE jugando al corro en abierta rebelión jurídico-política, esmalta suficientemente su rechazo a este principio básico del Estado de Derecho. El asesinato civil y profesional del juez Liaño en el caso Sogecable o los continuos intentos de eliminar la independencia de las instituciones judiciales en la era Zapatero no hacen sino abundar en la evidencia.

Pizarro, que concita el odio más profundo de la casta socialista, ha dicho públicamente, en cambio, que prefiere ser ministro de Justicia antes que de Economía, precisamente porque estima prioritario garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. También en este aspecto sale a relucir la calidad moral de unos y otros.

El enfermizo modelo social que promueve la izquierda penaliza la creatividad del individuo dispuesto a correr riesgos con la esperanza de obtener un beneficio. El triunfador es vituperado, y a los que crean riqueza a fuerza de talento y esfuerzo se les acusa de explotar a los demás. De esta forma, cada vez menos se decidirán a emprender nuevos negocios, que a todos pueden beneficiar. En cambio, aumentará el número de los que buscan enriquecerse al amparo del poder político de turno, utilizando las influencias y el soborno en lugar del ejercicio de la empresarialidad en un entorno de libre competencia, y el de aquellos que prefieren ser corrompidos por el Estado del Bienestar y culpar a los demás de desgracias de las que sólo ellos son responsables.

Lo que se dirime en las próximas elecciones del 9 de marzo no es sólo quién ostentará poder, sino una cuestión más profunda, que atañe al futuro que queremos para nuestro país. A un lado está el modelo Pizarro; al otro, el modelo Pepiño. Ustedes deciden.