Ir al contenido principal

Un año de participación política

Me cabe el honor de redactar el último comentario del año, así que espero me perdonen si comienzo haciendo balance de lo que ha sido para mí un año de gran participación política. Quién me iba a decir a mí en marzo de 2004 que terminaría convirtiéndome en un aficionado a eso que los compañeros de profesión llaman "participación no convencional".

Aparte del sufragio y de las firmas de manifiestos, peticiones y cartas a políticos de diversos partidos, la panoplia de modalidades políticas en las que este año he participado incluyen manifestaciones, concentraciones e incluso algún viaje, algo de lo que mis amigos más viejos todavía se maravillan y algunos miembros de mi familia lamentan profundamente.

Si hace unos años me hubieran hecho la típica encuesta de participación política, el resultado me habría colocado dentro de la categoría que los expertos denominan "apatía" o "ciudadanía pasiva". Ahora soy un auténtico ciudadano, metido en causas diversas y en algún que otro berenjenal del que gracias a Dios he salido airoso. Todo eso viene a colación de dos hechos verificados por la Ciencia Política empírica y que hasta hace poco tiempo me costaba creer, aunque la participación y observación directas de los últimos meses me han hecho cambiar de opinión.

Primero, que el aumento en los niveles agregados de participación política no significa que haya más personas haciendo más cosas, sino que, más allá de un pequeño aumento en el número de ciudadanos que decide participar, son las mismas personas las que incrementan la cantidad de sus actos políticos. Es decir, que la democracia participativa es una quimera, y que la apelación sistemática a ella puede derivar en demagogia, populismo y fraude, pues sigue siendo una minoría la que decide por los demás. El peligro para el Estado liberal y de Derecho, que por muy poco liberal que sea consagra unas libertades individuales que ninguna mayoría puede abolir, es que se convierta en el poder del que grita más alto.

Por suerte para todos, las protestas organizadas contra algunas medidas del actual Gobierno se han llevado a cabo de forma pacífica. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por la "ecuatorianización" de la política española, es decir, el recurso sistemático a la manifestación en la calle como forma de expresión de la oposición al Gobierno. Que unos –por ejemplo la AVT y el Foro de Ermua– lo hagan para pedir libertad y que otros –independentistas catalanes y vascos– lo hagan para reclamar justo lo contrario no es óbice para señalar que el traslado de la política a la rúa indica que algo falla en nuestro sistema de deliberación y de separación de poderes.

Esto me lleva al segundo fenómeno, sobre el que ya llamara la atención Huntington hace la friolera de treinta años. La politización de la sociedad no es necesariamente un síntoma de consolidación democrática, sino que a menudo indica justo lo contrario, un estado de regresión o involución democrática.

Que el cinismo y la impotencia son características típicas de la cultura política española es algo en lo que coinciden la práctica totalidad de los sociólogos de nuestro país. Sin embargo, cuando este parroquialismo, muy diferente del civismo que ha caracterizado otras sociedades (confianza en el sistema, sensación de eficacia política personal, respeto por los valores de la democracia liberal…) se combina con la superpolitización y el recurso a la participación política no convencional, la sociedad se hace más receptiva a los mensajes de los salvapatrias, y por ende más vulnerable a renunciar a las libertades individuales en aras de la tutela aparentemente benevolente del Estado.

Como en el caso de las pensiones privadas, que proporcionarían más ingresos a los jubilados a cambio de menos años de trabajo, también la reducción del poder del Estado en ciertas áreas, o al menos la descentralización efectiva –no me refiero a la creación de 17 mini estados hiper intervencionistas, sino al aumento de la capacidad de elección de los ciudadanos, que pasa por la reducción de la burocracia estatal, la disminución de los impuestos y la reforma del sistema electoral– podría conllevar a la larga una disminución de la politización, pues el ciudadano podría hacer con su dinero y su iniciativa empresarial lo que no consigue con su voto. No hablo de menos democracia a cambio de más libertad, sino de más democracia y muchísima más libertad. Un juego en el que todos saldríamos ganando.

Vuelve el átomo

Ahora bien, si necesitamos energía y que no haya emisiones de CO2, cuando se menciona la energía nuclear, entonces el calentamiento no es ya tan importante como para permitir (no digamos favorecer) la energía del átomo.

Pero no se puede exigir una cosa y la contraria a la vez durante mucho tiempo. La gente lo nota. Y nosotros podemos ser contradictorios, pero la realidad no; y ésta nos está diciendo que necesitamos más energía con control de emisiones de CO2. Es decir, que necesitamos más energía nuclear.

El mundo está tomando exactamente ese camino. Los países nórdicos tienen planes para nuevas centrales. Estados Unidos, que ha reducido el peso de la energía nuclear en los últimos años, está apostando de nuevo por ella. Lo que era un rumor reprimido por la corrección política comienza a ser un clamor.

Nuestro diario informó este domingo de que Unesa, la patronal española de la electricidad, ya pide vía libre para nuevas centrales. La actitud de Unesa al respecto ha sido siempre muy pacata, por no decir algo peor. Es lo que tiene que ciertas empresas tengan una dependencia excesiva del Gobierno. Pero están más respaldados que nunca por la razón y por las crecientes demandas de los ciudadanos, que quieren más y mejor energía, y a un menor coste. Todo ello se puede extraer del uranio. Pero hay que explicarlo. En nuestra sociedad es necesario comunicarse con el público, y Unesa podría hacer mucho más al respecto.

Lo único que necesitamos para desarrollar la energía nuclear es conocimiento y capital, y contamos con ambos. Nuestra dependencia energética es sencillamente alarmante, tanto por su magnitud como por la inestabilidad de las áreas del mundo en que están nuestras fuentes. Con el modelo francés solventaríamos muchos de nuestros problemas. Nos falta dar el paso.

El PSOE no tiene remedio. ¿Y el PP?

El PP es sólo menos socialista, por lo que la diferencia entrambos no es insalvable, precisamente. Y, llegado el caso, habría antepuesto la conveniencia de que un partido no esté en el poder demasiado tiempo.

Pero la experiencia de Zapatero en el poder me ha hecho ver que incluso el paro permanente y la corrupción de González pueden ser poco al lado de lo que pueden llegar a hacer. Incluso los GAL, ejemplo de esa ética socialista del "todo vale" para conseguir un objetivo, han sido superados por el "como sea" del pacto del Gobierno con la ETA contra nuestras instituciones. El PSOE ha traicionado la democracia en cuanto ha tenido ocasión. Su fundador amenazó de muerte a Maura; luego se opuso a las reformas democratizadoras de éste (los liberales también, por cierto). En cuanto tuvieron oportunidad se aliaron con una dictadura, la de Primo de Rivera. Aceptaron la democracia con la II República porque estaban ellos en el poder, pero en cuanto lo perdieron organizaron un golpe de Estado en toda regla. Ya en plena guerra, Largo Caballero reconoce a Stalin por carta que no queda ningún partidario de la democracia en sus filas, y es el carnicero quien tiene que recomendarle que al menos disimule.

Con Franco no pudieron aliarse, claro está, pero al llegar la democracia vuelven a sabotear el proceso democrático exigiendo una ruptura, frente a la transición. El abrumador apoyo popular a la Ley de Reforma Política les hace pasar por el aro, a regañadientes. Luego llega el pte. González y su alter ego en forma de aspa. Y finalmente Zapatero, con su vuelta a la ruptura y su pacto con la ETA. El PSOE no tiene remedio.

De modo que tendré que poner mis esperanzas bien en una escisión del PSOE, bien en el PP. Pero, por la razón que fuere, los populares, que son los que más aprecio tienen por los derechos y las libertades de los españoles, parecen sentirse en realidad incómodos si se acercan demasiado. Digámoslo claro. No son un partido liberal. Aznar merece todos los elogios… desde que abandonó el poder. Y si Rajoy adopta posturas liberales es sólo porque se opone a los socialistas y éstos se han decidido a imponernos hasta la educación moral de nuestros hijos. Pero, con todas las razones que puedan asistir a los populares para el perfil bajo, si llegan al poder con esa actitud la adoptarán hasta sus últimas consecuencias cuando estén en él.

Y las últimas consecuencias del perfil bajo, ya sabemos cuáles son.

Informe PISA: desánimo, tristeza

Los datos en 2006 del informe PISA son muy desalentadores: el nivel educativo de España cae de nuevo por debajo de la media de miembros de la OCDE, aproximándose al perfil de naciones ajenas al progreso de Occidente. Este informe relega a España a un mínimo puesto 31 entre los 57 países participantes del mismo. PISA 2006 (Programme for International Student Assesment) valora cada tres años a más de 400.000 jóvenes de 15 años de edad, entre ellos 20.000 españoles que suspenden en todo: matemática, lectura, escritura, ciencias. Algunas regiones salen malparadas de la prueba; la situación de Andalucía entristece profundamente, no demasiado lejos en comprensión lectora de Azerbaiyán. Sólo se muestran brillantes Rioja y Castilla-León, quizá en este último caso por la tradición generosa e ilustrada, al estilo machadiano, de sus maestros.

El descalabro es de tal magnitud, las perspectivas son tan adversas, que nadie quiere asumir responsabilidad alguna. Los encargados actuales de la educación señalan a la familia como primera culpable histórica de la debacle. Las asociaciones de padres acusan al sistema formativo en su conjunto. Los intervencionistas preconizan mayor gasto público como exclusivo remedio frente a la situación. El profesorado no se hace valer, ni está ni se le espera. La opinión generalizada prescinde sin más de este asunto.

El problema no es de hoy mismo; se revela unas cuantas décadas atrás. En los comienzos de la transición democrática, con alto grado de irresponsabilidad, los sucesivos gobiernos entregaron la educación a las comunidades racistas e independentistas, por lo que nunca ha sido posible implementar en España un programa común imprescindible para los estudiantes en su infancia y primera juventud, sin distingos, digamos siquiera próximo al estilo de la escuela francesa o similar. La situación es difícilmente reversible, hay demasiados intereses espurios en juego; no será factible alcanzar cierta unidad formativa esencial que permita, por ejemplo, a un recién joven titulado con escasos recursos afrontar con seguridad los múltiples retos que genera el devenir de la propia vida, incluyendo al mercado como uno de los escenarios inevitables de esa misma vida; se agudizarán las divergencias entre clases sociales.

La impostura define a la izquierda española en esta cuestión. En un principio, los progresistas adivinaron en el profesorado un inmejorable agente para la propagación de su estrategia política, de ahí su insistencia aparente en favor de la educación pública. Sin embargo fracasaron, quizá deseaban mayor incondicionalidad de los pedagogos hacia su causa, no estimaron la firme oposición de algunos sectores educativos. Al final prefirieron lo más cómodo, que consiste en olvidarse de la realidad y sus problemas, obviando cualquier clase de negociación digna de tal nombre. El socialismo continuó el pago innecesario al separatismo y siguió abundando en su desinterés por la educación de forma paradójica por medio de una estéril, tal como se ha comprobado, bulimia legislativa.

A su vez, la enseñanza no es materia de agrado para la derecha. Nunca lo ha sido, le aburre, siempre va del ronzal del confesionalismo. Los liberal-conservadores españoles no se sienten cómodos; cuando se encuentran en plazo, no saben qué hacer con la formación. Un esclarecimiento de este extraño modo de actuar puede ser el clásico complejo de inferioridad ante la presunta potencial cultural de la izquierda. Otro argumento sería el origen biográfico de sus dirigentes: altos funcionarios ajenos al mundo de la creación, el mercado y los negocios, que es donde años después, para la mayoría de la gente, se dilucida el fruto de una acertada o pésima educación. Conviene recordar que ellos comenzaron la cesión del sistema educativo al nacionalismo rampante. En cualquier caso, la incapacidad congénita de la derecha española –excepciones aparte– para intuir y aplicar los procesos de la comunicación humana parece un misterio insondable, un extraño fenómeno que no emerge en otros partidos de su entorno ideológico y geográfico.

En este momento los estragos de la mala calidad educacional pueden apreciarse incluso entre trabajadores relativamente jóvenes. No hay que insistir en los quinceañeros que fueron sujeto activo de la investigación PISA. En España existe una horquilla de población ocupada entre 25-35 años de edad en la que se observa los desperfectos de la dinámica comprehensiva de la LOGSE así como la decadencia de metodologías anteriores. Refiriéndonos en concreto a los programas estatales de formación continua, es perceptible la incuria de empleados que integran la plantilla de reputadas firmas multinacionales. La sintomatología es variada: no preguntan en absoluto, apenas razonan las causas de los acontecimientos, no tienen capacidad de abstracción, son incapaces de elaborar visiones globales, se distraen con pequeñeces, prestan desmesurada atención a la casuística, manifiestan frecuente hostilidad, son insolidarios entre sí, improvisan todo, odian la teoría y fingen en la práctica, no construyen nada de valor.

Esta variedad de formación profesional se asemeja a la educación secundaria en que asimismo incumple tres principios vitales en la docencia: libertad, autoridad y recompensa.

Primero, libertad o voluntariedad para ir o no a clase. En la formación continua está claro: no obligatoriedad como hasta ahora; quien lo desee, que acuda al aula y recibirá algún tipo de reconocimiento. En la educación secundaria: permitir una rápida incorporación laboral a quien considera el instituto una suerte de presidio o pérdida de tiempo. McClelland, psicólogo industrial, decía que el exceso de educación alimenta la aversión al riesgo. Los ejemplos de emprendedores de éxito con escasez de horas de escuela son innumerables.

Segundo, defensa motivada de la autoridad. El profesor ha perdido los papeles, se sobreexpone a una aglomeración de ojos que le vigilan: alumnos, padres, departamentos de personal. No hay magisterio, sino simple coordinación de recursos, es casi otro pupilo más. No puede tolerarse el desplome de recursos físicos y mentales por dicha presión. Si aparecieran injusticias, acúdase a instancia superior para su investigación.

Tercero, recompensa por lo aprendido. Quien tuvo fuerzas para continuar su aprendizaje, visto el panorama, debe exigir la valoración de su esfuerzo a través de una evaluación. La infantilización evidente en las aulas es motivada por la ausencia o futilidad de las valoraciones. Los errores de fondo en clase quedan impunes. Si persiste la tabla rasa para todos, no germinará la emulación y la excelencia desaparecerá.

Los elitistas de cualquier índole no deberían frotarse las manos, creyendo que ante tamaña agitación, sobrevivirán en su fulgor. Para que una sociedad funcione se necesita entretejer cada jornada la colaboración de millones de comportamientos, experiencias y capacidades más o menos variables. Si la élite quedase como exclusiva propietaria del discernimiento, igualmente sucumbiría, ya que la mayoría resultante de la red social en un instante determinado incumpliría sus órdenes, por la sencilla razón de que dejaría de entenderlas.

Terrenos neutrales y neutralizantes

Esa misma tarde, el diario de referencia del progresismo radical se dio cuenta del patinazo freudiano de su redactor y cambiaba el texto en su edición digital. No sabemos si la corrección se produjo tras una oportuna llamada telefónica de Lorenzo Milá, a quien no debió sentarle nada bien que se dudara de su exquisita equidistancia. Porque, en efecto, los informativos de TVE son de una neutralidad acojonante. Son tan ecuánimes que un día ponen una foto del líder popular en mitad de un reportaje sobre la muerte de un etarra en la cárcel y al poco tiempo lo compensan haciendo aparecer a Rajoy en medio de una información sobre los abusos de los soldados norteamericanos en Irak.

Errores técnicos, claro, de los que nadie está libre y si no que le pregunten a Enric Sopena, que hubo de padecer severas críticas cuando se le coló un maldito "vota PSOE" en mitad de un gol de Butragueño en el Mundial del 86.

Con estos precedentes, el debate entre Rajoy y Zapatero en la tele pública puede ser algo sensacional. No me refiero sólo al hecho de que el líder del PP tenga que soportar las morisquetas de Lorenzo Milá, esos frunces de labios y esas inspiraciones sonoras que suele interpretar cuando da una noticia que no le gusta, sino a la posible aparición de uno de los errores técnicos que tanto hacen sufrir a los responsables de la casa. Porque los duendes de la tele son tan progres que no creo que desaprovechen una ocasión tan propicia para hacer de las suyas.

Yo de Rajoy, por si acaso, me cuidaría mucho de colocarme justo debajo de un foco.

Regalos electorales

En el marco de la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), el Consejo de Ministros aprobó este diciembre el programa "Jóvenes en Red", que incluye el regalo de un dominio .es y otras prestaciones a los menores de 30 años que lo soliciten.

Entre las prestaciones adicionales (que mantendrán su carácter gratuito durante un año) se incluyen el alojamiento de páginas web, correo electrónico, herramientas de edición, espacio para blogs y redes sociales. Vamos, que quitando la dirección web, no hay nada que no ofrezcan sin tener que pagar un duro varias empresas privadas. Los jóvenes cuyos votos se intentan comprar (con el dinero de todos los españoles) lo saben perfectamente, por lo que no es demasiado probable que el número de votantes que consigan gracias a esto sea muy alto.

Además, siempre me han parecido curiosas este tipo de medidas vinculadas a la edad. Si un padre de familia de clase media baja cuyos ingresos apenas le permiten llegar a fin de mes quiere un dominio .es tiene que pagárselo. Si quien lo desea es Marta Ortega (heredera del imperio del textil Inditex), o cualquiera de las hermanas Alcocer Koplowitz, puede obtenerlo sin soltar un duro gracias a los impuestos de, entre otros, aquel señor al que nos referíamos antes. Contradicciones del Estado del Bienestar. O mejor dicho, lógica electoralista con los impuestos de los ciudadanos.

Si el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere impulsar de verdad la sociedad de la información debería dejar a un lado este populismo y cambiar de rumbo en asuntos mucho más serios. En primer lugar, debe eliminar el canon digital que el PSOE y sus aliados han conseguido mantener vivo y que castiga a los usuarios de nuevas tecnologías para engordar la cuentas de la SGAE y similares, así como la de algunos cantantes y personajes del cine ya de por sí millonarios. Además, no debería haber abierto la puerta a la censura online a través de la LISI, esa ley en la que se enmarcan los .es gratis para menores de treinta.

Las intenciones están claras. No les interesa impulsar la sociedad de la información. Quieren rascar unos cuantos votos con electoralismo barato y al mismo tiempo hacer que los ciudadanos paguen a los Bardem, Echanove o Ramoncín los servicios que han prestado al PSOE. Eso, y tratar de recortar libertad en una internet que se escapa a sus ansias de control.

Sobre la proporcionalidad en la defensa

Resulta ilógico hablar de proporcionalidad en la defensa. Por tanto, uno tiene derecho a defenderse de una agresión criminal como considere oportuno tras su inmediata valoración de la situación.

Antes que nada, definamos los conceptos. Entiendo como defensa las acciones que lleva a cabo una persona, en el momento en que está siendo agredida por un criminal, con el objetivo de poner fin a la agresión. Y además doy por supuesto que en la defensa se pueden emplear armas, como sería de esperar en una sociedad libre. Por otra parte, entiendo como criminal a todo aquél que intenta robar o destruir alguna de las propiedades de una persona; en términos generales, a todo aquél que actúa sobre una propiedad sin el consentimiento de su propietario.

Los defensores de la tesis de la proporcionalidad afirman que la defensa debe ser proporcional a la agresión sufrida. Dicen, por ejemplo, que no siempre tengo legitimidad para defenderme con un arma. En función de lo que el criminal me quiera robar o hacer, me deberé defender de una manera u otra. Por ejemplo, mi defensa no debería ser la misma si me intentan robar el coche, si me intentan robar el ordenador o si intentan matarme. Estos tres casos se consideran diferentes.

Lo que se deduce de forma lógica del principio de proporcionalidad en la defensa es que se establece una ordenación de mis propiedades de forma jerárquica en función de su valor. Es decir, se entiende que tenemos unas propiedades que tienen más valor que otras, y esto determinará los medios que utilizo en mi defensa. Por ejemplo, un defensor de la proporcionalidad diría que si te están intentando robar el coche no puedes defenderte con un arma porque no sería proporcional. Suponen que sólo sería legítimo defenderse con un arma si se amenazara claramente tu vida, porque en este caso la defensa sería proporcional a la agresión.

Dado que la valoración que se hace de mis propiedades es fundamental, ya que va a determinar mi defensa, vemos que el error que comete la tesis de la proporcionalidad es que afirma indirectamente que:

  1. Un objeto concreto tiene el mismo valor para todas las personas. El valor de un bien es intersubjetivo.
  2. Unos objetos son más valiosos que otros. Esta jerarquía también es intersubjetiva.

Pero, sin embargo:

  1. El mismo objeto puede tener distinta valoración de una persona a otra. Un mendigo y yo no valoramos de la misma forma un plato de comida.
  2. Los objetos no tienen valor objetivo intrínseco, por lo tanto no se puede decir que unos sean más valiosos que otros.

Queda claro que la valoración es subjetiva y la debería establecer el dueño de las propiedades. Por tanto, no tiene sentido que nadie afirme que para mí tiene más importancia mi coche, mi ordenador o mi vida, porque eso lo determino yo.

Lo que habría que preguntarse es quién establece el valor de mis propiedades cuando me agreden, quién es el que valora mis propiedades en ese momento. La aberración principal implícita en el argumento de la proporcionalidad es que la valoración de mis propiedades no la realizo yo. Me es ajena. El acto subjetivo que establece la importancia que tienen mis distintas propiedades para mí lo realizan los demás.

Lo absurdo es que, cuando el criminal me agrede, mi defensa se debe amoldar a lo que me roba, y el valor de lo que me roba no lo establezco yo sino el criminal al actuar. El que determina cómo me debo defender es el propio criminal, porque en base a lo que él elige robarme yo debo defenderme. Incluso el criminal es consciente de lo que roba, y sabe que "tendrá derecho" a ser repelido de una determinada manera. Por tanto, lo que importa es su valoración y no la mía. Puede que sea la socialmente aceptada, pero él la "materializa" y cobra sentido en su acción criminal.

¿De dónde viene este error tan común y tan arraigado? De valorar las propiedades de los demás en base a su valor monetario o nuestra propia escala valorativa. Cuando decimos que un ordenador no tiene tanto valor como un coche, lo que queremos decir es que éste último cuesta mucho más dinero. Pero mis propiedades no deben tener ningún valor específico para los demás. Para ellos, el único valor que deben tener es nulo, es decir, que no tengan ningún incentivo para apoderarse o actuar sobre ellas. Debe llevar a la gente a asumir que todas mis propiedades son intocables por igual. De cara al resto del mundo, yo puedo sufrir la pérdida de cualquier propiedad en igual proporción, es decir, absoluta.

Ni siquiera se deriva de ninguna ley natural que yo tenga que valorar más mi vida que el resto de mis propiedades o cualquier otro fin. Puede causar sorpresa, pero la preservación de mi vida no deriva de ningún principio o axioma ético. De hecho, mi vida también puede subordinarse a un fin que yo considere que tiene más valor que mi propia vida en un momento dado. Véase, por ejemplo, los siguientes casos: terroristas suicidas que mueren por su religión, militares y guerreros que mueren por su patria, personas que prefieren morir antes que ser esclavizados por un opresor, los padres que dan la vida por sus hijos, etc.

En definitiva, de cara al criminal todas mis propiedades deben tener el mismo valor para mí: absoluto. Es decir, completamente intocables en toda circunstancia. No debería haber distinción entre ellas. El criminal debería valorar igual mi manzana, mi coche o mi vida.

El hecho de que mis propiedades me pertenezcan y que sea yo el que establezca la valoración sobre ellas, hace que deba ser yo el que decida hasta donde llevo mi defensa en caso de sufrir un acto criminal. Además, la implicación lógica de lo anterior es que el uso de armas en mi defensa será siempre legítimo porque debe ser la víctima la que decida el grado de su defensa y no el criminal. Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, trata y hace mención a los derechos naturales que la víctima tiene en el momento de ser agredido, es decir, cuando no se tiene tiempo de acudir a un juez que solucione el conflicto:

Esto hace que sea legal que un hombre mate a un ladrón que no le ha hecho el menor daño, ni ha declarado su intención de atentar contra su vida, sino que, haciendo uso de la fuerza, lo ha puesto bajo su poder para arrebatarle el dinero o lo que le plazca.

[…]

Así, a un ladrón […] puedo matarlo cuando se dispone a robarme, aunque sea mi caballo o mi saco, porque la ley, que fue hecha para mi protección, cuando no puede interponerse para defender mi vida de la fuerza que de hecho me amenaza –vida que, si pierdo, no es susceptible de reparación alguna–, me permite defenderme a mí mismo, y ejercer el derecho de guerra y la libertad de matar al agresor. Pues el agresor no me concede tiempo para apelar a nuestro juez común, ni para la decisión de la ley remedie un caso en el que la pérdida puede ser irreparable.

Evidentemente, si una persona me quita una manzana no le voy a disparar, pero esto no es porque me haya robado una "simple manzana", sino porque yo a ese objeto concreto llamado manzana no le doy valor. No lo veo necesario. En caso de que la manzana fuese de oro y/o fuera una herencia de mis abuelos con alto valor sentimental, entonces no dudaría en aplicar la fuerza máxima. Cuando decimos que por una manzana no vas a disparar a alguien, es porque consideramos que generalmente una manzana no suele tener valor para casi nadie. Pero ¿qué pasaría si en vez de intentar robármela a mí se la intentaran robar a un mendigo o a una persona que sólo tenga para comer esa manzana? ¿Acaso el mendigo no podría disparar al criminal?

El caso que mejor muestra lo absurdo e inconsistente de la proporcionalidad sería si se viese a alguien entrar en mi casa. ¿Cómo aplicaría la proporcionalidad si no sé lo que va a hacer? Habría que adivinar el futuro. Lo lógico sería defender que no hay ninguna justificación para que nadie entre en mi casa bajo ningún concepto sin mi consentimiento, y no pretender que yo esté obligado a conocer las intenciones del allanador.

Pero es que, además, existe actualmente una asimetría total de información entre el criminal y la víctima. Él sabe el grado de proporcionalidad de mi defensa, pero yo no sé el suyo. En el ejemplo anterior del allanamiento de morada, el criminal sabe que a mí no me está permitido tener armas de fuego y que sólo me puedo defenderme "físicamente". Conoce mis medios de defensa. Pero yo no conozco los suyos: yo no sé si cuando le grite o trate de pararlo, él va a sacar un arma y defenderse con ella. Estoy totalmente indefenso frente al criminal. El agresor siempre se defiende con superioridad. Él puede defenderse sin proporcionalidad mientras que yo no.

Quiero dejar claro que estoy analizando la cuestión de la defensa y no la del castigo. Por castigo me refiero a la aplicación de una pena al agresor que tiene por objetivo la reparación o restitución del daño que la víctima ya ha sufrido. En este caso, sí que tiene sentido hablar de proporcionalidad, por lo que la pena debería ser proporcional a la agresión. Pero como he comentado antes, yo trato aquí la cuestión de la defensa, es decir, los medios que pongo en el momento de la agresión criminal para conseguir que ésta cese. Y en esta situación, plantear la proporcionalidad carece de sentido.

Una sociedad justa y libre es aquella en la que la victima puede defender su propiedad (que es absoluta) de un criminal. En el momento en que alguien se convierte en criminal pierde sus derechos. No debe haber justificación para un acto criminal. Seré yo en el momento de la agresión el que aplique la proporción en base a mi valoración de mis propiedades. Debo tener la libertad de ser juez de mi propia causa. El criminal debería estar a expensas de mi valoración, y no yo de la suya, pues como señaló sabiamente Locke, "a ese riesgo se expone con justicia quien introduce el estado de guerra y dentro de él es agresor".

La economía de juguete de Caldera

El ministro ha encontrado en esta medida una forma fantástica para comprar votos con nuestro dinero. Qué casualidad que las nuevas subvenciones al sector juguetero se vayan a cerrar el mes de las elecciones.

Como siempre, la excusa oficial para regalar nuestro dinero a los empresarios ha sido otra. Según el ministro de Trabajo, las ayudas serán para hacer frente a la competencia de los juguetes asiáticos, el cuento que no para de repetirse últimamente. Poco le importa a Caldera que esta medida perjudique directamente el bolsillo del ciudadano español, comprador o no de juguetes. Tampoco le importa a Caldera que esta extorsión al ciudadano lleve al sector del juguete a su tumba definitiva. Los bajos precios de la competencia son una señal del mercado, de la gente que actúa en él, para que el empresario cambie el chip ante las nuevas características de la sociedad.

Cuando la competencia aprieta, el empresario ha de tomar una decisión que no le expulse del mercado o de los deseos del comprador. Generalmente se dividen en tres: reducir costes, cambiar de sector y dedicarse a vender algo que la sociedad demande más urgentemente o  innovar, que es la más difícil de las labores del empresario. En cualquiera de las tres situaciones, y en condiciones de libre mercado, tanto oferente como demandante salen ganando. El primero aumentando ingresos y el demandante, la gente de la calle, en mejores precios o en nuevas líneas de productos o servicios.

Cuando artificialmente el Estado interviene en este proceso renovador sólo consigue dejar al sector fuera de las decisiones de las personas, llevándolo a una espiral de pasividad empresarial y elitista. En el ramo juguetero sólo permanecerá el puñado de empresas que viven de la subvención, que se dedicarán a trabajar para los requisitos que el burócrata impone y así poder recibirla. En este caso serán requisitos laborales que nada tienen que ver con mejorar la estructura de producción ni la innovación empresarial. El ciudadano –la demanda– pierde su poder sobre el mercado, que es traspasado a los oligarcas del Gobierno. Con el tiempo, el sector se volverá cada vez más incapaz de adaptarse a las volátiles y exigentes demandas del consumidor y más dependiente de las decisiones políticas, esto es, de la compra de votos y promesas de los políticos. ¿Se imagina que el Gobierno hubiese protegido los discos de vinilo para defenderlo de la competencia del CD? Si tal protección hubiese durado hasta hoy sólo tendríamos un sector que viviría de la caridad del Estado y no se correspondería en nada con los deseos del consumidor. Es caridad a punta de pistola, ya que el Gobierno obtiene el dinero sacándoselo a usted.

Como en tantas ocasiones, el sector del juguete español va perder el tren de la modernidad, quedándose obsoleto y viviendo de una ilusión a la que todos vamos a contribuir nos guste o no. La dura competencia asiática es una ocasión de oro para los empresarios. Han de replantearse sus tradicionales estrategias innovando en nuevos sectores y buscando nuevas oportunidades. Sólo así podrá sobrevivir de forma sostenible y honrada en el tiempo. La nueva compra de votos que ofrece Caldera a los diversos sectores empresariales está dejando la economía española en el pasado. De momento lo pagaremos a corto plazo mediante las transferencias no voluntarias del ciudadano al sector empresarial, pero con el tiempo lo pagará la economía entera cuando vea que es incapaz de hacer frente a cualquier innovación que nos venga de fuera por pequeña que sea.

Sobre lo absurdo de la política y sus leyes

A poco que nos fijemos, observaremos en el día a día el elevado grado de incumplimiento social que generan ciertas leyes y regulaciones, cuyo principal rasgo consiste en la incoherencia de sus contenidos y la ineptitud de sus autores, que no son otros que nuestros afamados y privilegiados representantes políticos.

En los últimos días ha estallado la voz de alarma en torno a la existencia de ciertas prácticas abortistas de carácter ilegal que, al parecer, estaban mucho más extendidas en España de lo que comúnmente se esperaba. La cuestión de fondo a tratar aquí no radica en la conveniencia o no de que una mujer pueda disponer libremente de su cuerpo a la hora de decidir la interrupción de su embarazo más allá de los plazos legalmente establecidos o médicamente razonables, sino en constatar el hecho de que las leyes, en muchos casos, no responden a su auténtica finalidad: establecer un marco de convivencia común acorde con las prácticas que se desarrollan en el seno de la sociedad.

El denominado Estado de Derecho, al derivar exclusivamente de las directrices ideológicas que marca un determinado Gobierno, se convierte en una realidad virtual que poco o nada tiene que ver con lo que sucede diariamente en la práctica, que no es otra cosa que el incumplimiento reiterado de la normativa vigente. Así, por ejemplo, la Ley Antitabaco nació con el objetivo de restringir hasta el extremo los espacios aptos para fumadores con la ilusión de que dicho hábito se acabaría viendo reducido con el paso del tiempo. Sin embargo, el consumo de este producto nocivo se mantiene en niveles muy similares al de las etapas previas a la entrada en vigor de la citada normativa.

Los jóvenes españoles, menores de edad, siguen abrazando además este hábito sin mayores dificultades a pesar de su prohibición. La medida ideada para controlar el acceso a las máquinas expendedoras en los locales de ocio, consistente en un pequeño dispositivo de control remoto que ha de ser activado por los camareros para poder comprar una cajetilla, se ha convertido en un artilugio ciertamente incómodo, tanto para el profesional como para el consumidor, hasta tal punto que su uso generalizado ha acabado por ser desterrado en numerosos bares, restaurantes y pubs de nuestra geografía. En los banquetes y en las bodas se sigue fumando, como no podía ser menos, al tiempo que un creciente número de locales obligados por ley a establecer espacios separados para fumadores y no fumadores han optado definitivamente por ignorar la normativa, dados los perjuicios que estaba provocando a sus negocios.

Mucho más grave y paradójico resulta la extensa legislación penal referida al uso y distribución de drogas. Y es que, a pesar de las amplias restricciones legales impuestas en este ámbito por la clase dirigente, España tiene el dudoso honor de encabezar el ranking mundial en cuanto al consumo de estupefacientes tales como el cannabis, la cocaína o el éxtasis, entre otros. La guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno está perdida desde el inicio, pero ello no ha propiciado ni siquiera la apertura de un debate público sobre la despenalización de este tipo de prácticas, cuya persecución desperdicia un ingente volumen de recursos públicos cada año.

El elevado incumplimiento de las normas de tráfico constituye otro ejemplo claro y evidente del distanciamiento que persiste entre las reglas que emanan del poder legislativo y la realidad que se deriva de la práctica social. Los límites de velocidad impuestos sobre las carreteras nacionales son más acordes a una señalización viaria del siglo XIX que a una propia del siglo XXI, en donde los vehículos presentan una creciente potencia y mayores niveles de seguridad.

Ámbitos tales como el urbanismo o el fraude fiscal reflejan igualmente que las leyes vigentes animan a los ciudadanos a bordear una normativa que no puede ni debe ser considerada como justa, ya que ésta apenas logra imponer la superioridad moral y ética que precisa para poder ser socialmente respetada. El problema de fondo es que el Derecho positivo nace con el fin último de moldear al antojo de la clase política los roles y prácticas que desempeñan los individuos en su vida cotidiana. La reciente Ley de Igualdad o la aberrante prohibición impuesta a los padres de poder corregir con un cachete a sus hijos son los penúltimos capítulos de una errónea concepción acerca de la formación de las leyes que han de regir en una sociedad.

El Estado de Derecho y, por lo tanto, lo que ha de entenderse por Justicia, nada tiene que ver con el actual modo de legislar que ostentan los gobiernos democráticos. Una ley es justa cuando los sujetos obligados a su cumplimiento la asumen como tal al considerarla razonable y conveniente para el correcto funcionamiento de la vida en común, de tal modo que su quebranto supone, en esencia, una excepción digna de ser condenable y condenada. Mientras que en la actualidad sucede más bien lo contrario: la excepción (el incumplimiento de la norma) constituye la regla.

El principio del fin del canon

Sólo analizando desde esta perspectiva lo que sucedió la semana pasada se entiende que Víctor Domingo, presidente de mi asociación, la de Internautas, haya concluido que la derrota de la enmienda anti-canon en el Congreso ha supuesto el "comienzo del fin" del mismo. Y es que el apoyo del principal grupo de la oposición ha supuesto la confirmación de que los ciudadanos desorganizados han encontrado en la plataforma Todos contra el Canon una forma de enfrentarse de tú a tú con los organizadísimos lobbies de los artistas, empezando por la ZGAE.

Durante años, diversas organizaciones han exigido el fin del canon y han logrado la aprobación completa de la sociedad española a sus posturas. Pero hasta ahora no habían conseguido escalar ese imprescindible Everest que es convencer a uno de los grandes partidos. La postura del PP era la de su portavoz de Cultura en el Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones, y pocos lobbies pueden presumir de tener un aliado tan fiel entre los políticos de ambos partidos. Sin embargo, la coherencia de los senadores populares y la metedura de pata de la diputada acusándolos de equivocarse obligaron al PP a tomar una postura definitiva, que la presión de la plataforma y de parte de la prensa ha decantado al lado adecuado. La postura decidida del PP en contra del canon es, por tanto, un éxito de la sociedad civil, y como tal ha de ser celebrado.

Pero mientras tanto tendremos que apoquinar. La decisión que los ministerios de Industria y Cultura llevan posponiendo desde marzo ya está aquí, forzada por la presión contra el canon; tenemos cifras. Incluyen una leve rebaja en los productos que ya pagaban, como los CD y DVD, acompañada de un nuevo rango de productos que antes se libraban y ya no. Las memorias USB pagarán 30 céntimos, los discos duros externos 12 euros, los reproductores portátiles 3,15 y los móviles con capacidad de reproducir música 1,5. Eso sí, será después de las navidades, que sólo quieren perder los votos imprescindibles.

Como ya sucediera con los CDs y DVDs, la imposición del canon supondrá un auge del mercado negro. Habrá tiendas más bien cutres y que jamás se anuncian en prensa que ofrecerán productos sin canon; algunos harán lo propio extendiendo una manta sobre la acera. Habrá consumidores que compren fuera de España para ahorrárselo. No creo que suceda con todos los productos; sólo con aquellos que más merecen la pena. Por las cuantías, el efecto se notará sobre todo en los discos duros externos. Si es usted mínimamente manitas, le recomiendo comprar la carcasa por un lado y el disco duro por otro, y así se ahorrará tener que pagar el diezmo.

En este año electoral, evitar pagar el canon, firmar en la iniciativa si no lo ha hecho ya y alejar su voto de los partidos favorables al mismo es lo mínimo que puede hacer si realmente le importa su existencia.