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Nacida para reñir

Ella vino para decirle al mundo cómo debe conducirse y corregir de una vez la pulsión innata del ser humano a hacer con su vida lo que le parece oportuno, algo inadmisible para una mentalidad socialista como la suya.

Lo interesante del caso es que sus sermones (laicos, por supuesto) tienen un carácter selectivo, de forma que los reproches únicamente recaen en los grupos considerados como "malos", por utilizar las categorías de ideólogos del socialismo posmoderno como Peces Barba. "Los buenos", o sea, los amigos de Elena, están a salvo de la sanción ministerial así se metan entre pecho y espalda media docena diaria de hamburguesas con tocino hasta ponerse del tamaño de un ballenato que compartiera los hábitos alimenticios de Michael Moore. La ministra completa así el círculo virtuoso del relativismo ético: una acción no es buena o mala por sí misma, sino en función de quien la realiza.

Esta semana hemos visto un ejemplo muy claro de cómo interpreta la Salgado su función censora. Una amenaza de muerte a un cargo público utilizando la peor jerga terrorista es algo muy feo… salvo que sea proferida por "los buenos" contra un representante de "los malos", en cuyo caso la exigencia de un comportamiento democrático hay que dirigirla únicamente a quien recibe el ultimátum. Con esta sencilla anécdota, la ministra demuestra con nitidez que la misión del Gobierno del ingrávido no es velar por los derechos civiles de los ciudadanos sin distinción de sus ideas, sino seguir avanzando en la construcción de un nuevo mundo socialista, a cuyo éxito se sacrifica cualquier principio ético.

Como ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, pueden estar tranquilos, jamás sacará a relucir su vena de amargada Rottenmeier para exigir que en los edificios de muchas administraciones ondee la bandera constitucional, tal y como establecen las leyes. Nuevamente nos encontramos ante la barrera primordial de que quienes se ciscan en la ley son "los buenos". Cuando "los malos" protesten se les aplicará la receta de la casa Salgado, según la cual su irascibilidad obedece únicamente a la presencia de un espíritu escasamente democrático.

Mientras todo se quede en el diagnóstico podemos ir tirando. Lo preocupante vendrá cuando, cansada de convivir con tanto antidemócrata, la Salgado se decida a convertir a los malos en buenos reeducándonos mediante tratamientos de choque. Tengo entendido que son muy dolorosos.

Persona, cosa, libertad y religión

Un error común y grave, especialmente frecuente en los creyentes religiosos más fervientes e irreflexivos, es la separación infranqueable entre personas y cosas (o dualismo de espíritu y materia o alma y cuerpo), entre el alguien y el algo. Casi todo lo que hay en el universo es materia y energía inerte (no viva); parte de esa materia tiene una organización autopoyética peculiar (de autocreación, mantenimiento y reproducción), es materia viva; parte de esa materia viva orgánica son animales que tienen mecanismos cibernéticos de control, sistemas nerviosos avanzados, cognición, emociones; los seres humanos son animales que se distinguen por su capacidad de actuar intencionalmente, y su capacidad intelectual les permite representar de forma abstracta la realidad, agrupar conceptualmente diversas entidades y etiquetar estos conjuntos mediante términos lingüísticos comunicables. Mediante módulos mentales innatos cada individuo humano representa a sus semejantes como personas, agentes intencionales proactivos con preferencias y capacidades particulares.

El dualismo animista es natural a la psicología intuitiva; es una primera aproximación útil porque refleja la distinción entre objetos inanimados y objetos vivos autónomos. Pero su esencialismo (por un lado las personas y por otro las cosas cada una con esencias diferentes) es completamente falso: las personas son cosas con una organización y actividad particulares (muy especiales), pero nada más; no hay ningún verbo o alma inmortal que se encarne en el hombre y lo trascienda, ni ninguna divinidad creadora origen de todo. Las personas (los seres humanos) son un subconjunto de las cosas, no se trata de conjuntos disjuntos.

Como el ser humano es hipersocial ha desarrollado evolutivamente sentimientos morales, leyes positivas y teorías jurídicas y éticas para regular su conducta. En estos ámbitos también se distingue entre personas (sujetos éticos con derechos y deberes) y cosas (objetos de propiedad). Pero si la argumentación ética quiere ser correcta no puede ignorar la realidad material de los seres humanos, no puede obviar que también son cosas, se alimentan de cosas, se construyen procesando cosas y convirtiéndolas en partes de sí mismos y también desechando otras cosas como residuos. Y como las personas (sujetos éticos) también son cosas (objetos de propiedad) tiene sentido hablar de autoposesión (y como la propiedad o legitimidad de la posesión es intercambiable, también de compraventa de partes o de todo uno mismo y de contratos de sumisión parcial o total). El cuerpo (y el cerebro es parte del cuerpo) es cosa: tiene partes, algunas se renuevan, se regeneran, otras no; algunas pueden perderse o darse a otro (una pierna, un brazo, un ojo, un riñón, sangre).

Al ser la ética de la libertad una teoría correcta, sus críticos deben cometer algún error para atacarla (normalmente son muchos los errores y no uno solo). Así se recurre al vaporoso e indefinido concepto de dignidad para rechazar todo lo que a uno no le gusta; se ataca al capitalismo diciendo que es voraz, que no se respeta la persona, que sólo importan las cosas, que se confunden personas y cosas de forma perversa; que absolutamente todo está manchado por el veneno del mercantilismo, que vivimos tiempos de barbarie.

Respecto a la compraventa de órganos, se afirma con absurda arbitrariedad que sólo pueden cederse gratuitamente, en aras del fin supremo de la solidaridad: no se alquilan, no se venden, no son negociables. Quien lo afirma ignora completamente no sólo los fundamentos del razonamiento ético sino también las consecuencias socioeconómicas de dicha prohibición. Respecto a la prostitución, se confunde con un alquiler del cuerpo cuando es en realidad la prestación de un servicio; el crítico se escandaliza de que el cuerpo se cosifique (el cuerpo no se hace cosa sino que es cosa) y de que se instrumentalice (el cuerpo es un instrumento, una máquina de supervivencia con órganos sensores, coordinadores y actuadores).

Los embriones son un caso problemático porque son una transición: el ser humano no aparece de repente sino que se construye gradualmente. Pero el creyente se obstina en que la única norma correcta es tratar al embrión igual que a una persona adulta (tal vez porque ya tiene alma desde la concepción); y además se asegura que sin duda así mejorará la sociedad en su conjunto aunque se ralentice la investigación científica (esto es arrogancia constructivista, pretender que se sabe todo y se calculan todos los costes y beneficios).

La supina ignorancia del crítico sobre economía le hace afirmar que utilizar a las personas es hacerlas capital humano, un objeto deleznable al servicio de intereses particulares y superfluos. Se caricaturiza a la empresa que sólo quiere cumplir unos resultados monetarios, a la que da la misma importancia a un despido que a una adquisición de bienes, a la que trata al trabajador como a un robot sin corazón, o a la que habla de recursos humanos y no de dirección de personas.

El crítico culmina sus disparates afirmando que se cosifica al ser humano cuando se construye una sociedad como si Dios no existiera: es decir, basándose en la realidad, mejor construir sobre imaginaciones ficticias. Parece que si se edifica un orbe ateo, el hombre deja de tener conciencia de su condición de criatura y administrador de su entorno, considerándose el único señor de su circunstancia. El hombre no es criatura y ninguna divinidad le ha dado su entorno para que lo administre; y es libre el que es dueño de sí mismo. El crítico no puede entender que el hombre sea dueño de sí mismo, que la relación entre el alguien y el algo es en este caso reflexiva, de una entidad consigo misma, porque el ser humano es alguien y algo.

Construir una sociedad de personas con derechos que no sean objeto de explotación no requiere de ninguna divinidad, y de hecho las divinidades también se usan a menudo para oprimir a los crédulos (y a los no creyentes, ateos, herejes o creyentes en otros dioses). Quitar de en medio a dios puede ser un gesto de madurez humana y autosuficiencia y no implica querer ocupar su trono; para ser personas no hace falta ningún dios, y con dioses o sin ellos siempre será posible que los poderosos exploten o manipulen a los débiles. El ser humano puede trascender a través de sus descendientes (genes) y transmitiendo sus ideas (memes): lo que nunca trascenderá es su inexistente alma sobrenatural.

El Estado, la gran ficción

¿Saben ya los españoles que el Gobierno es improductivo, sólo gasta, y su financiación nace únicamente de hipotecar nuestra producción –deuda– y de la recaudación de los impuestos? Como dijo Frédéric Bastiat, "el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo".

El Estado del bienestar pretendía instaurar el paraíso celestial en la Tierra por medio de la ley. Sus insalvables contradicciones jamás le permitieron conseguir tal hito. Después de décadas y décadas de Estado del bienestar siguen habiendo pobres hasta el punto de que en algunos lugares, como Barcelona, quieren expulsarlos. Tenemos una sanidad pública que no requiere de dinero para acceder a ella, pero nos exige hacer largas colas y una enorme dosis de paciencia, a veces de años, para que nos pueda sanar. Tenemos también una educación pública, pero no hay donde impartir la enseñanza. Sólo en Cataluña este curso escolar ha comenzado dándose clase en más de 800 barracones (un 7% más que el año pasado).

También hay sectores fuertemente regulados por el Estado con la excusa de que así darán un buen servicio. La intromisión estatal en el abastecimiento de agua ha creado restricciones y llamadas al no consumo debido a su venta por debajo del precio de mercado, una diferencia que se refinancia con impuestos. Estamos pagando ahora la electricidad que consumimos hace varios años, generando un abultadísimo déficit que terminará siendo cubierto un día de éstos vía impuestos; cada verano se hacen más habituales los apagones. El Gobierno nos aseguró una pensión y los menores de 40 años difícilmente la van a cobrar.

Ni el Gobierno ni los políticos han ganado en sensatez, honestidad ni eficiencia desde que una de las primeras leyes socialistas del capitalismo, la reforma a la Ley de Pobres que se produjo en la Inglaterra del siglo XIX y que generó, en parte, enormes penurias económicas popularizadas por las novelas de Charles Dickens.

La compra de votos es, como nos enseña la historia y expresa bien el refranero popular, "pan para hoy, hambre para mañana". El Estado no es un cuerno de la abundancia ni un ente distributivo responsable. Si el Estado, con grandes promesas lanzadas al crédulo y al incauto toma la economía para burocratizarla corremos el riesgo de tener derecho a todo por ley y a nada de facto, creando pérdidas totales netas e irreversibles en nuestro tejido productivo.

¿Qué cree que pasará si el Estado se dedica a sacar más dinero de nuestros bolsillos para gastárselo en aumentar su peso y en hacernos más dependientes de él? ¿Y qué cree que ocurrirá en un entorno de creciente globalización, deslocalización de empresas, aumento de la presión fiscal y a las puertas de una posible recesión? Cuando el Estado no pueda hacer frente a sus deudas o haga chapuzas para parchear los problemas que él mismo ha creado como aumentar la edad de jubilación o pagar pensiones por debajo del nivel de subsistencia, como ya ocurre, ¿seguirá votando como solución a los partidos que le prometan más Estado y más derechos sociales?

Lo que pasan por alto las teorías del crecimiento

Las teorías modernas del desarrollo y del crecimiento no son exactamente lo mismo. Se considera que las primeras son aplicables a las economías de mercado avanzadas, mientras que las segundas enfatizan el papel de los factores no-económicos y los "fallos del mercado" en los países menos avanzados. Ahora bien, muchos de los presupuestos de la teoría del desarrollo tienden a converger con las nuevas teorías del crecimiento, especialmente con los teóricos endogenistas. Precisamente, con el auge de estas nuevas teorías endogenistas del crecimiento han perdiendo fuelle paulatinamente las del desarrollo.

Los presupuestos en que se asienta la teoría del desarrollo son tres: competencia imperfecta, exceso de fuerza de trabajo y rendimientos crecientes, compartiendo con los endogenistas tanto la inferencia de que los rendimientos son crecientes como la existencia de externalidades tecnológicas fruto del "aprendizaje haciendo".

Peter Bauer comienza su libro Crítica de la teoría del desarrollo fijando la obra embrionaria de esta teoría en el "círculo vicioso de la pobreza", postulado por el profesor Ragnar Nurske. Esta tesis, la del círculo vicioso de la pobreza, pasa por ser una de las más destacadas dentro de la teoría del desarrollo.

El círculo vicioso de la pobreza (…) puede resumirse en la vulgar frase: "un país es pobre porque es pobre". Quizá las más importantes relaciones circulares de esta clase son las que afligen a la acumulación de capital en los países atrasados. La oferta de capital se halla regida por la capacidad y disposición de ahorrar; la demanda de capital depende de los incentivos para invertir. Existe una relación circular en ambos lados del problema de la formación e capital en las zonas del mundo dominadas por la pobreza.

Del lado de la oferta, hay una escasa capacidad de ahorro, debido al bajo nivel de la renta real. La baja renta real es el reflejo de la baja productividad, que a su vez se debe en gran parte a la falta de capital. La falta de capital es una consecuencia de la escasa capacidad de ahorro, y de esta forma se completa el círculo.

Del lado de la demanda, puede que la propensión a invertir sea baja debido al escaso poder de compra de la gente, debido a su baja renta real, que a su vez proviene de una baja productividad. El bajo nivel de productividad, sin embrago, es una consecuencia de la escasa cantidad de capital utilizada en la producción, que a su vez puede ser causada, o por lo menos en parte, por la escasa propensión a invertir.

Ragnar Nurske, Problems of capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford, 1953, pp. 4 ss.

Nurske concluía cuáles eran las consecuencias lógicas de este círculo vicioso: la "ampliación de la brecha", de tal forma que "se sigue de la tesis que estas diferencias de renta per capita tienen que aumentar, porque mientras los países desarrollados progresan los países subdesarrollados están estancados o incluso retroceden".

Bauer se mostraba muy crítico con esta teoría, pues de ser cierta, "innumerables individuos, grupos y comunidades no podrían haber pasado de la pobreza a ser ricos. (…) Pero la tesis también se refuta por la existencia de países desarrollados que empezaron siendo pobres, con rentas per capita bajas y bajos niveles de acumulación de capital, esto es, con las características que ahora definen a los países subdesarrollados".

Por su parte las teorías modernas del crecimiento surgen a partir del modelo de Harrod (1939) y Domar (1946) que suele enseñarse en la actualidad como un caso particular del de Solow, con el que se inauguró la teoría del crecimiento neoclásico. Para Solow, la inversión era, en el mejor de los casos, una "condición necesaria pero no suficiente" en el crecimiento económico, dado que la mayor contribución al crecimiento no son los factores de producción (que identificaba como capital y trabajo) sino el elemento de innovación tecnológica. Nunca antes de los trabajos empíricos de Solow se había medido la contribución de los factores de producción al producto total; con la particular conclusión, además, de que el elemento que en mayor medida hacía crecer la relación cantidad de producto obtenido por unidad de trabajo (Y/L) era precisamente el factor tecnológico. De ahí que en sus últimos trabajos, Solow resalte la importancia para el crecimiento económico de actividades como la investigación, la educación o la salud pública. Además de considerar el factor tecnológico como exógeno, admite la ley de rendimientos marginales decrecientes. De ahí que las tasas de crecimiento económico elevadas de manera permanente no se conseguirán si no es con innovaciones tecnológicas continuas, pues los rendimientos marginales del capital tienden a ser decrecientes.

El modelo de Solow siguió predominando hasta el surgimiento de la teoría endogenista, "nueva teoría del crecimiento" o "nuevo paradigma". Se considera como precursores de este nuevo enfoque a Paul M. Romer y a Robert E. Lucas. En la actualidad, esta representa la corriente principal en las teorías de crecimiento económico a largo plazo. Sostienen, como indica el propio nombre de la escuela, que el crecimiento es un resultado endógeno del sistema económico y no al revés.

Para endogenistas como Romer, es vital en el crecimiento a largo plazo la acumulación de conocimientos. El conocimiento, cuando se internaliza en el proceso productivo (como insumo), tiene productividad marginal creciente y efectos positivos externos (externalidades positivas). Por el contrario, la "producción" de conocimientos tiene rendimientos decrecientes. Romer se basará en Smith y su fábrica de alfileres (con la que se ejemplificaban la especialización y división del trabajo) para ilustrar las posiciones de los rendimientos crecientes, echando así abajo uno de los supuestos de Solow. Otras diferencias con este modelo son que no hay competencia perfecta sino monopolística, se supone libre comercio internacional y una participación activa del gobierno para garantizar el crecimiento.

El modelo alternativo al de Solow, propuesto entre otros por Romer, destaca que las tasas de rendimiento no decrecen, sino que aumentan. Además, el antiguo modelo de Solow presuponía que las tasas salariales y la relación capital-trabajo tendían a converger entre los países. Para los endogenistas, la productividad del trabajo (Y/L) crece sin límites, a una tasa creciente en el tiempo. No se produce, por ello mismo, necesariamente convergencia entre países, siendo así que el crecimiento puede perfectamente ser elevado de forma consistente en los países más ricos, y bajo o nulo en países menos desarrollados.

Romer publica un segundo estudio en 1990 que complementa al primero, en el que introduce el factor del capital humano (H) a los inputs del modelo de Solow (A, K, L). De ello colige que sus implicaciones en la convergencia pueden esquematizarse del siguiente modo: los países o economías con un stock de capital humano más grande "experimentarán un crecimiento más rápido". Así pues, las economías con mayor capital humano son más susceptibles de producir crecimientos más elevados que aquellas que simplemente tienen más población. La población no es la clave.

Este argumento se basa en tres premisas: el cambio tecnológico es la base del crecimiento económico; el cambio tecnológico proporciona un incentivo para una continua acumulación de capital, y la suma de ambos muestra el incremento de producción por hora trabajada. Dado que el cambio tecnológico genera incentivos en la acumulación de capital y las personas actúan en respuesta a estos incentivos, el modelo es endógeno y no exógeno.

Interesantes como son todos estos estudios llama la atención el defectuoso instrumental que utilizan todos estos nuevos modelos del crecimiento que hemos presentado, especialmente en lo que se refiere a los conceptos de capital humano y "capital". Lo primero que hay que subrayar es que el trabajo se hace productivo liberando la capacidad empresarial. Es por ello que "capital humano" y educación formal no pueden ser dos conceptos ni remotamente equivalentes. Una educación formal demasiado extendida en el tiempo o alejada de la situación económica en la que se encuentra la población y la propia economía constituye un despilfarro de recursos, más aún en aquellas situaciones en que esta "educación formal" no pueda ser empleada con provecho a través de la actividad empresarial. Cuando además la fijación de contenidos y la administración de la educación formal se realiza en gran parte de forma monopolística por los poderes públicos, la divergencia entre ambos conceptos es si cabe aún mayor.

Por lo que se refiere a la utilización del término capital, los modelos antedichos tienen un marcado concepto orgánico del capital (bienes producidos que sirven para producir). Pero en la economía real, capital es, como señaló Carl Menger, el valor monetario de los factores puestos en una empresa a producir para obtener ganancia. Para que exista capital se necesita, pues, la existencia de empresas y toda la serie de instituciones que configuran un sistema de mercado (precios libres, propiedad privada de los factores, mercados de capitales…) Los bienes de equipo no producen riqueza por sí mismos. Tienen que estar integrados en proyectos empresariales y ser económica y eficientemente utilizados para producir riqueza. Es por ello que los factores que se incorporan como activos en las empresas no tienen que ser necesariamente "bienes producidos": capital pueden ser unos trabajadores investigando, un recurso natural cuya utilidad económica no había sido descubierta hasta entonces o, también, unos bienes de equipo dentro de uno o varios proyectos empresariales que lo demandan. Es en este contexto cuando se aprecia mejor el trabajo de Hernando de Soto o Peter Bauer y su constatación del gran volumen de "capital en potencia" que existe en las zonas subdesarrolladas y que sencillamente no es puesto en producción por el deficiente entorno institucional existente, situación de la cual tienen culpa tanto los gobernantes como los teóricos del desarrollo que tan alegremente abrazan la planificación socialista.

Pisos para todos

Al grito de "pisos gratis", la Junta de Andalucía ofrece llevar a la práctica el derecho a la vivienda ya presente en la Constitución Española. Específicamente, el anteproyecto andaluz pretende garantizar que las familias no dediquen más que un tercio del salario a la compra de una casa (o un cuarto, en el caso de alquiler de la misma).

Según publica Libertad Digital, "los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 Euros". El Gobierno de Zapatero parece estar de acuerdo con esta medida, hasta el punto de que la ministra de Vivienda, Carme Chacón ha animado a otras Comunidades a que sigan el ejemplo de Andalucía, autonomía ejemplar, sin duda.

La medida aplicaría a más de 46.500 andaluces y generaría un efecto llamada, lo que inevitablemente supondría que el Señor Chaves tendría que subir los impuestos autonómicos o reclamar más dinero al Estado.

Probablemente lo que acabe sucediendo es que Chaves se vea obligado a limitar la aplicación de la medida, mientras que el precio de la vivienda, en lugar de bajar, seguirá subiendo, ya que los vendedores contarán con que, gracias a la ayuda de la Junta, los potenciales compradores pueden pagar más por los pisos. Así que los andaluces no se podrán relajar sino que tendrán que seguir trabajando más y más para pagarse el piso.

En lugar de prometer aligerarnos la carga que soportamos como ciudadanos, lo que los Gobiernos autonómicos podrían hacer es liberalizar el suelo inmediatamente, dejar de limitar alturas, como ha propuesto Esperanza y, cómo no, revisar el tipo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para reducir el coste que tienen que soportar las constructoras. De esta forma, se reducirían notablemente los costes de la vivienda, lo que se trasladaría a los precios. Evidentemente, mientras los Ayuntamientos sean los que decidan si se puede o no construir estaremos ante un problema irresoluble.

Al margen del efecto económico perverso y el deseo de captar votos de los socialistas, la cuestión tiene una enorme importancia en el plano moral. Con este tipo de promesas, se incentiva que la gente actúe de forma menos responsable porque el Estado siempre estará cuidando de nosotros. Si bien es cierto que comprar un piso es casi un lujo, esto no es óbice para decir que el Estado tiene necesariamente que inmiscuirse en los asuntos de cada uno. Está claro que si recibo un subsidio mi situación mejorará pero a costa de otros, aunque esos otros no percibirán un coste directo ya que los costes del Estado se reparten entre todos. Pero a la larga, el intervencionismo se paga porque a más Estado, menos individualismo y a menos individualismo, menos creatividad y prosperidad para todos, es decir, que acabamos dependiendo más del Gobierno de turno y menos de nuestro esfuerzo y de la solidaridad natural de nuestros familiares y amigos y de la sociedad, en general. Al fin y al cabo, ¿si el Estado se ocupa de todo, para qué necesitamos hacer un esfuerzo o pedir a nuestros semejantes que nos ayuden?

Cualquier "derecho a", como el que ha planteado Chaves en materia de vivienda, derecho que, como hemos dicho, reconoce nuestra Constitución socialista de 1978, supone en último término que se legitime el latrocinio fiscal, porque para dar a unos hay que quitar a otros y la mejor forma de redistribuir la renta son los impuestos. Por cada euro que el Estado le prometa, antes ha tenido que quitar varios a todos los ciudadanos, incluyéndole a usted. La diferencia es el coste (enorme) en que tiene que incurrir para procurarle ese euro.

Mientras tengamos una Carta Magna que reconozca estos derechos, no hay que ser muy listo para llegar a la conclusión de que la propiedad y la libertad de actuar estarán en peligro, porque actuar tendrá costes y, para mantener la propiedad, habrá que ceder una parte de la misma como peaje. Como siempre, habrá muchos que estén dispuestos a que otros tengan que renunciar a sus derechos para procurarse bienestar material, aunque no se percaten de que apostar por el intervencionismo es pedir a gritos, no un piso, sino un futuro más negro para todos.

Se nos viene encima el canon

No es el único caso. También en lo que se refiere a las empresas, se considerará culpables de discriminación a las que no cumplan con las cuotas de sexos entre sus empleados mientras no demuestren lo contrario, algo prácticamente imposible, como demuestra la experiencia de Estados Unidos.

Parece que medio año después del previsto se va a aprobar la cuantía del canon y la identificación de los dispositivos en los que se va a aplicar. El objetivo final de la SGAE es cobrar cuatro veces por la misma descarga, con un canon a la conexión a Internet, otro por el disco duro donde se almacena temporalmente, otro por el dispositivo con el que se graba en un soporte óptico y, finalmente, el clásico canon a los CD y DVD. Y si las descargas se hacen en tiendas de música como iTunes, pues entonces ellos seguirán cobrando y, además, pagaremos directamente. Es que hay presunción de culpabilidad, ¿saben ustedes?

Finalmente, parece que la cuantía no será exagerada, al menos en lo que se refiere a los aparatos, y se situará entre el 2 y el 5% del precio, que es lo que pedía la industria. No se sabe nada (o, al menos, yo no lo sé) sobre los soportes digitales, donde ese porcentaje podía exceder la mitad del precio de los DVD. Otra cosa es la inclusión de determinados aparatos en la lista.

No me sorprende demasiado que se vayan a gravar los móviles. Cada vez es más frecuente que se pueda escuchar y descargar música con ellos, y no digamos nada cuando empiecen a proliferar iPhones y sus diversos clones. De hecho, cada vez es más desagradablemente habitual que muchos idiotas vayan escuchando música en el metro y en la calle en los altavoces de sus móviles, como si no existieran los auriculares y los demás tuviéramos la obligación de escuchar bachatas. Aunque, eso sí, cabría desear que se discriminara entre los aparatos que disponen de esa función y los que no.

Lo que, en cambio, no tiene ningún sentido, se pongan como se pongan, es al gravar las cámaras de fotos digitales, que todo el mundo sabe que se usan principalmente para almacenar películas y música. Tampoco las tarjetas de memoria, pues es evidente también que no es ese su propósito principal, ni siquiera según la teoría de la presunción de culpabilidad elaborada por el prestigiosísimo penalista José Luis Borau.

Como ven, he procurado ser de lo más razonable en este artículo. No he calificado de atraco a mano armada (la del Estado), el hecho de que se asuma que debamos pagar por obligación a una asociación especializada en la extorsión de los ciudadanos. No he hablado de la caradura de quienes quieren vivir de la sopa boba. He dado por supuesto que la implantación del canon es un hecho razonable, aunque no lo sea, y he seguido la lógica detrás del mismo para analizar lo que sabemos del canon que nos van a implantar. Y oigan, es que ni con esas.

Se acabó la fiesta

El Gobierno se empeña en ubicar los malos augurios en la precampaña electoral; los críticos son tildados de antiespañoles por desear que la bonanza se tuerza y la cena se achicharre. Más bien cabría pensar que el Gobierno está tratando de guardar el polvo bajo la alfombra y de conectar el ventilador para despejar el tufillo a socarrado y poder presentar un balance económico ante las elecciones con más maquillaje que el de Enron.

Es cierto que el mal dato del paro de agosto podría tener un carácter puramente coyuntural y que, de manera aislada, no permite concluir que los buenos tiempos hayan tocado a su fin. De hecho, erraríamos si pensáramos que, a partir de este  momento, cualquier noticia económica será mala. Los ciclos económicos son fruto de las acciones de los individuos, y por tanto tienen un cierto componente de indefinición; sabemos cuáles son sus fases, pero muchas veces es difícil señalar puntos de inflexión definitivos.

En el caso de España, parece que la construcción ha entrado definitivamente en parálisis, tras las continuadas subidas de los tipos de interés. Los españoles ya están demasiado endeudados (La Caixa calculó hace unos días que el endeudamiento de las familias representaba el 103% de su renta disponible) como para embarcarse en nuevas venturas inmobiliarias, y la escalada de los tipos no ayuda a que los individuos que aún son solventes decidan adquirir nuevas viviendas.

Y no, pese a los ignorantes que proclaman lo contrario, esto no es fenómeno patológico del capitalismo, ni de los mercados financieros. El capitalismo no es estructuralmente inestable ni engendra ciclos económicos: el intervencionismo del Estado en materia monetaria sí lo hace.

El Banco Central Europeo mantuvo durante años unos tipos de interés muy bajos (llegaron al 2%) que alentaron a miles de familias a endeudarse para adquirir una vivienda. ¿Quién iba a pensar que la época del crédito barato, de las facilidades financieras y de la liquidez a borbotones iba a terminar en algún momento? Es más, ¿qué habría cambiado si un grupo de numantinos se resistiera a endeudarse ante un panorama de tipos artificialmente bajos? El BCE los hubiera mantenido al 2% el tiempo que fuera necesario para que los conejillos picaran y se engendrara un boom.

Todo esto no hubiera sucedido en un sistema de patrón oro, donde cada banco puede emitir libremente su propio dinero. En estos casos, las reducciones de los tipos de interés que no están respaldadas por ahorros reales se traducen rápidamente en sangrías de oro para el banco que está expandiendo el crédito, por lo que la creación de mala deuda pronto tocaría a su fin.

El crecimiento de la demanda de vivienda, auspiciada por las "autoridades monetarias" de corte socialista, ha provocado durante años una expansión ficticia de la economía que muchos confundieron con bienestar económico. Simplemente estábamos consumiendo las rentas de nuestro futuro; o, por decirlo en términos más coloquiales y precisos, estábamos hipotecando nuestro bienestar futuro y despilfarrando en el presente.

Ha llegado la hora de la verdad. Toca devolver las deudas, y a muchos el agua les llega al cuello. Entre ellos se cuentan los bancos, cuyas carteras de activos están compuestas en su mayor parte (alrededor del 60%) por préstamos a la construcción y sectores afines. ¿Qué harán cuando la morosidad se dispare? Sin duda, adquirirán una cuantiosa cartera de activos inmobiliarios procedentes de las garantías a los préstamos, pero no queda claro cómo lograrán convertirlos en fondos líquidos para sus depositantes sin enajenarlos con importantes descuentos.

De momento, la construcción ha dejado de tirar del carro, y ya está destruyendo empleo. El Gobierno dice que estamos ante un cambio en nuestro patrón de crecimiento y que otros sectores tomarán el relevo en la creación de riqueza. Lástima que estemos más ante un brindis al sol que ante realidades contrastadas. Los servicios y la industria llevan dejando de crear empleo desde finales de 2005; de hecho, en agosto concentraron alrededor del 60% de todo el paro.

Es verdad que si estuviéramos en una economía no intervenida la crisis de la construcción habría dado lugar a una reasignación de recursos hacia otras actividades más rentables. La construcción habría menguado para que otros se expandieran. Pero en España y en el resto del mundo este proceso se halla seriamente limitado por el intervencionismo estatal.

En primer lugar, los factores productivos (especialmente el trabajo) están rígidamente regulados, por lo que resulta muy complicada y cara su reasignación. En segundo lugar, la excesiva carga financiera que soportan las familias como consecuencia del intervencionismo monetario impide que el consumo se traslade de unos sectores a otros. Simplemente, aquéllas restringen su consumo e inversión para intentar devolver la enorme deuda que han contraído.

La labor de un Gobierno que carece de control sobre la política monetaria ante una crisis debería pasar por flexibilizar al máximo los mercados de factores y por incrementar la renta disponible de los individuos. Para lo primero sería necesario acometer una reforma laboral drástica, más allá de la fotografía corporativista a que da lugar el llamado "diálogo social"; para lo segundo, nada mejor que reducir el gasto público y rebajar los impuestos.

Tenemos un ejemplo claro: en 1920 Estados Unidos sufrió la mayor crisis de su historia. Ni siquiera el famoso crack del 29 dio lugar a una reducción mensual tan abrupta del PIB y la producción industrial. Ante esta situación, el secretario del Tesoro, Andrew Mellon, redujo el gasto desde los 6.403 millones de dólares de 1920 a los 3.373 de 1922, lo que le permitió reducir la recaudación por impuestos de 6.695 millones a 4.109 (el tipo máximo pasó del 77 al 58%; y siguió recortándolo hasta el 25% de 1925). Además, también redujo el número de funcionarios y militares, con lo que se incrementó la mano de obra disponible y se facilitó la recuperación. A mediados de 1921, el país ya había salido de la crisis.

Entre sonrisa y sonrisa, ZP pretende camelar a los españoles. En lugar de reformar el mercado laboral y bajar los impuestos de manera sustancial, ha incrementado el gasto de manera desproporcionada (baby-cheque, subida de pensiones, permisos de paternidad, servicio odontológico gratuito), con lo que limita el margen de maniobra ante la incipiente crisis.

El Estado, con su control monetario y su despilfarro de los recursos, nos ha situado en una muy difícil situación. Ojalá la próxima crisis sirva para que entendamos que ya es hora de desembarazarnos de los burócratas okupas que viven de nuestro esfuerzo y se dedican a empobrecernos y reprimirnos. Sobran los Bancos Centrales y los Presupuestos.

Capitalistas a la cárcel

Como todo el mundo sabe, Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales donde los gestores y dueños de grandes empresas dan con sus huesos en la cárcel por distintos motivos. Desde Jeff Skilling, antiguo presidente del Consejo de Administración de ENRON, condenado a 24 años de prisión y pendiente de una apelación que podría reducir su sentencia, hasta la celebérrima Martha Stewart, condenada por cuatro delitos, son muchos los capitalistas norteamericanos o residentes en los EE.UU. objeto de investigaciones por parte de fiscales de distrito u organismos del Gobierno Federal.

El caso más reciente de gran empresario condenado a prisión es el de Conrad Black, el que fuera propietario entre otros del diario británico The Daily Telegraph y del Chicago Sun-Times. Encausado por diversos delitos que sumaban 100 años de cárcel, el magnate canadiense fue condenado el pasado mes de julio por cuatro de los 13 delitos que se le imputaban. En total, 35 años de cárcel y más de un millón de dólares de multa si la sentencia, que se espera sea publicada en noviembre, aplica las penas máximas.

En un artículo publicado en la revista Tatler el pasado mes de abril, Black denunciaba la existencia de una "nueva clase de abogados y expertos legales beligerantes" dotados del "poder de destruir". La posibilidad de encausar a empresas enteras y la figura del plea bargain, es decir, la reducción de la condena propia a cambio de acusar a otros, ha convertido las investigaciones sobre fraude empresarial en auténticas cazas de brujas, a menudo infundadas, y que no sólo desperdician dinero del contribuyente, sino que causan la pérdida de miles de puestos de trabajo y miles de millones en acciones sin que al final se haya probado más que una pequeña infracción fiscal que se podría haber resuelto con una multa.

Además de esto, Black señala que algunas partes de la conocida como Patriot Act, la legislación antiterrorista promulgada en 2001 y renovada en marzo de 2006, han sido usadas para confiscar su propiedad y eliminar algunos de sus derechos, como el de la acusación previa. El resultado de estas prácticas es la búsqueda por parte de algunas empresas "de medios de capitalización distintos a la bolsa o la huida a Londres". Un hecho del que poco antes de ser nombrado primer ministro se jactaba el entonces ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, y ante el que el alcalde de Nueva York, el republicano Michael Bloomberg, mostraba su alarma hace unos meses.

Sin embargo, no parece que el asalto empresarial vaya a terminar en los EE.UU. Es más, a tenor del discurso de algunos candidatos presidenciales del Partido Demócrata, los empresarios parecen haberse convertido en el nuevo chivo expiatorio de todos los problemas económicos de ese país. Por otra parte, la elección de Andrew M. Cuomo, conocido por haber denunciado a más de 2.000 empresas por discriminación racial mientras ocupaba el puesto de secretario de Vivienda en el Gobierno de Bill Clinton, como fiscal general de Nueva York en noviembre de 2006 no augura nada bueno.

Por desgracia para los norteamericanos, su país se parece cada vez más a lo que Zygmunt Bauman denominara el "Estado jardín", una visión política que concibe la sociedad como un mero objeto de diseño, cultivo, y por supuesto erradicación de malas hierbas. En la situación actual, todo aquel que haya amasado una fortuna, o que como Conrad Black se atreva además a defender desde sus medios de comunicación conceptos como el Estado limitado o la economía de mercado, será objeto preferente de fumigación preventiva. Un triste sino para esa nación que en otros tiempos inspiró a tantos amantes de la libertad.

APEC es el camino

La diferencia entre ambos es muy clara. Kioto sigue el modelo que, por ejemplo, impuso Franco a comienzos de su dictadura: el racionamiento, aquí impuesto sobre las emisiones de CO2. Se crean cuotas de emisión y se reparten como hacen los políticos las cosas. Y luego los distintos ministerios de industria obligan a las empresas a reducir su actividad lo suficiente como para cumplir con las cuotas. En realidad no se suele llegar a tanto, y no hay más que mirar a España, cerca de un 50 por ciento por encima de sus emisiones de 1990. Necesitaríamos diez Narbonas o un Lenin para ajustarnos a lo firmado.

El APEC, que acaba de renovar este fin de semana su acuerdo, sigue un modelo distinto. No pretende acabar con el desarrollo, sino fomentarlo; de ahí la histeria de los ecologistas en su contra. A la reducción de las emisiones por la tecnología y la eficiencia, parece ser su lema. Estados Unidos, con ese modelo, ha logrado mantener las emisiones desde 2000, mientras que Europa las ha aumentado notablemente.

El acuerdo prevé fomentar el desarrollo de tecnologías más limpias y su implantación tanto en economías punteras como en las más atrasadas (China). Y la conservación de sumideros de CO2; es decir, de los bosques que lo absorben durante la fotosíntesis. Puesto que la introducción de tecnologías está engarzada con el desarrollo económico y éste necesita al libre comercio como las plantas el CO2, el acuerdo del APEC firmado en Sydney declara que "el comercio abierto, la inversión y las políticas medioambientales son cruciales para extender las tecnologías de bajas emisiones". Para cuidar la Tierra hacen falta más medios, no menos. El desarrollo es el camino.

El oro y la soberanía del consumidor

Antes de que a ningún facineroso se le ocurriera hablar de monedas de curso legal, varios bienes han servido como dinero. Pero ninguno como la plata y especialmente el oro.

Parece que la larga relación entre el oro y el dinero se haya roto para siempre. Después de la crisis social y económica de los 30’ y de Bretton Woods parece que el oro ha quedado para la joyería. Pero no es así, sigue siendo un activo monetario de primer orden y más que lo va a ser en el inmediato futuro. Hay quien quiere exortizarlo repitiendo las palabras bárbara reliquia. Pero no resulta efectivo.

El Instituto Juan de Mariana ha publicado recientemente un informe que, cuando menos, es sugerente. Se plantea la posibilidad –real, aunque no se pensara entonces en ello– de adoptar el oro como base para la peseta en el año 1972. Desde entonces han corrido 35 años, toda una vida para quien les escribe. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiésemos confiado en el metal como moneda? Entre otras los precios serían hoy 21 veces inferiores. Una casa de 600.000 euros costaría poco menos de 30.000. Y el precio del petróleo se habría abaratado especialmente, teniendo en cuenta que su precio se fija en dólares. Una energía barata, para un país dependiente como España, hubiera venido muy bien.

Pero hemos seguido el camino inflacionista que también han transitado otros, y con un enorme coste. Hay una relación negativa a largo plazo entre inflación y crecimiento. Además la inflación afecta especialmente a las economías más modestas y hace subir los impuestos sin aumentar los tipos, simplemente haciendo parecer real una mejora en los salarios que no lo es.

Pero una de las muchas perversidades de la inflación, una de la que apenas se habla, es el modo como mina la soberanía del consumidor. Cuando uno tiene en la mano una moneda que no pierde valor con el tiempo, mantiene con ella toda su fuerza negociadora. Si, por el contrario, cada día que pasa es un nuevo sacrificio inútil ante el dios de la inflación, vale más correr a las tiendas a entregar un dinero que quema en el bolsillo y llevarse a casa, al menos, un bien real. Una moneda sana es la mejor defensa de los consumidores. Y el oro, como muestra el informe del Juan de Mariana, nos habría defendido muy bien.