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De cómo el Estado destruye el libre mercado

Quizá una de los argumentos que más se usan para justificar la acción del Estado en nuestras vidas es la imposibilidad del mercado de cubrir las necesidades de la gente en aspectos que no se perciben como un beneficio económico directo. Qué liberal no ha polemizado con alguien que no llega a convencerse de cómo los intercambios libres entre personas son capaces construir las calles, las carreteras que comunican municipios o pedanías poco poblados o prestar cualquier tipo de transporte público que los conecte con zonas de mayor densidad de población.

Y semejante duda sobre las capacidades del libre mercado tiene su lógica, no porque éste no sea capaz de cubrir esas necesidades, sino porque los hombres de estado llevan décadas, sino siglos, asegurando que es imposible y que sin su dirección y sus planes todo degeneraría hacia un caos destructivo. Sin embargo, la acción del Estado es causa de muchos de estos males y rara vez de la solución; diría que nunca. El Estado se convierte en un freno a la economía, en un agujero negro de la riqueza, en un destructor de la iniciativa, de la asociación libre y voluntaria, de la responsabilidad individual.

La inhibición de la acción humana se suele hacer evidente todos los veranos en España, cuando miles de hectáreas de montes y prados arden sin control. Los, a menudo, ineficaces sistemas antiincendio organizados por municipios y comunidades autónomas crean una falsa sensación de seguridad de la que muchos se despiertan de manera trágica. La gestión y cuidado de las fincas generaría un boyante sector empresarial, financiado en principio con lo que el sector público dedica a estos costosos sistemas, reduciendo el impacto de los fuegos a la vez que creando riqueza, puestos de trabajo, competencia por realizar esa labor de manera más eficiente, a la vez que se favorecería la responsabilidad de los dueños para con sus propiedades, que en muchos casos deja mucho que desear. El abandono de fincas a cambio de subvenciones, dentro de la política agrícola europea, es uno de los ejemplos de cómo el Gobierno destruye riqueza. La explotación de las fincas –turismo medioambiental, agricultura, ganadería, productos silvícolas o cinegéticos– dentro de un mercado libre sería suficiente para hacer compatible la generación de riqueza y su conservación, acercándonos de esa manera a uno de los objetivos de los grupos ecologistas, la conservación del medio ambiente.

Otro ejemplo donde el Estado desacelera y destruye la iniciativa individual es nuestro sistema de salud pública. Prácticamente todos hemos padecido o conocemos a alguien que ha sufrido la ineficacia de un sistema sobrepasado, donde la tardanza en realizar pruebas esenciales puede llegar a convertirse en tragedia, donde trucos administrativos transforman interminables listas de espera en éxitos electorales. Sin embargo, en España el sistema sanitario privado tampoco recibe excelentes valoraciones por parte de sus clientes. No es de extrañar, pues ha nacido como complemento al público, de forma que muchos casos clínicos terminan derivados al primero y, si bien esta situación se está corrigiendo, las primas de los seguros que cubren determinados tratamientos son inalcanzables para economías modestas. El Estado crea un sistema ineficiente que retiene recursos financieros que podrían ayudar a crear multitud de empresas que satisfagan a los ciudadanos, de forma que sean estos los que decidan qué relación calidad-precio quieren pagar por proteger su salud.

Un ejemplo similar es el que se vive en el sector de la educación. Los resultados no acompañan y cada vez son más los que nos quejamos de la calidad de la educación pública, que empeora año a año, y del sistema, ineficiente y poco preparado para los cambios tecnológicos y sociales que vive la sociedad española. A eso hay que añadir un adoctrinamiento moral que se pretende con asignaturas como Educación para la ciudadanía, pero que de alguna manera ya está presente en los contenidos y el ideario que actualmente se imparte. De nuevo las quejas hacia el sector privado se dirigen hacia su elitismo y su coste desorbitado, lejos de las economías del español medio. La concertación de colegios privados, es decir la alianza del sector público y privado, favorece esta situación y no permite que se genere una competencia real entre colegios para dar una educación adecuada y asequible a todas las economías y familias, pues los colegios se suelen limitar a cumplir con los requisitos que se les impone desde la administración. De hecho, el actual sistema hace imposibles otros sistemas de educación como el homeschooling, que permitiría a las familias controlar en todos los sentidos los contenidos y valores que quieren transmitir a sus hijos.

Cualquiera que sea el sector en el que el Estado tiene algún tipo de presencia o influencia, se produce un fenómeno parecido. Los ciudadanos creen que se les cubren una serie de necesidades cuando en realidad debían ser ellos, como individuos responsables, los que las satisficieran. Los sistemas públicos se vuelven ineficientes, muy pequeños para las necesidades reales, pero no pueden desaparecer porque ello supondría reconocer su propio fracaso. Se incrementa la presión fiscal y se crean nuevos aparatos burocráticos en forma de organismos públicos o comisiones que gastan estos recursos que los contribuyentes podrían invertir de una manera más apropiada en negocios y servicios que se adecuen más a sus verdaderas necesidades y no a las que ciertos políticos consideren esenciales.

Juguetes rotos

Mattel se ha visto obligada a retirar del mercado nada menos que 18,6 millones de juguetes. La mayoría de ellos porque tienen una pila pequeña y que se puede desprender fácilmente. Si los niños llegan a tragarla pueden sufrir daños muy graves e incluso fatales. Pero la prensa mundial, como la española, se ha centrado los que se han retirado porque la pintura que les cubría tenía niveles tóxicos de plomo. Como los niños se comunican con el mundo llevándose las cosas a la boca, entre otras formas, podían resultar peligrosos. La empresa ha facilitado a los consumidores el modo en que cambiar esos juguetes por otros, completamente gratis.

El asunto está siendo utilizado por quienes quieren frenar las importaciones chinas a los Estados Unidos y al resto del mundo. Son los mismos que por un lado acusan a los empresarios como Mattel de beneficiarse de unos pobres trabajadores que les entregan sus servicios a cambio de una miseria, como si en algún momento tuvieran el más mínimo interés por la situación de esas personas. Ello, mientras por otro quieren frenar un proceso que, en la última década, ha elevado los salarios de los trabajadores chinos en la industria una media del 14 por ciento al año. Ello supone haberlos multiplicado por 3,7.

Todo este asunto es ideal para ilustrar el comportamiento típico del capitalismo y del socialismo. Por lo que se refiere a la compañía, la segunda oleada de retiradas de juguetes ha obligado al presidente de la compañía a exponer en un vídeo que su empresa se siente verdaderamente concernida por la seguridad de sus productos, como demuestra que se haya ofrecido a cambiar los productos asumiendo todos los costes. Además ha aumentado los controles sobre la calidad de las pinturas. Por su parte, Toys ‘R’ Us ha aumentado en un 25 por ciento el presupuesto destinado a controles de calidad de los productos procedentes de China. "Descartamos juguetes continuamente", reconoce la portavoz de la empresa, Kathleen Waugh. Wal Mart va por el mismo camino. Todo ello por el propio interés, que está ligado a mantener la confianza de los consumidores, y sin necesidad de que un departamento de sanidad les obligue a tomar tales medidas.

Para ser honestos, el problema que ha generado la mayor parte de las retiradas no es culpa, ni puede serlo, de las empresas subcontratadas en el país asiático, ya que se debe a un mal diseño por parte de la compañía. Caso distinto es el del millón y medio de juguetes cubiertos de una pintura tóxica que tuvo que retirar recientemente Thomas & Friends. Los consumidores pueden reaccionar estas navidades y la continuidad de la empresa está en entredicho. La propia cotización de Mattel se ha desplomado desde junio por estos problemas. Si no responde con prontitud también el gigante puede ver comprometido su futuro por este asunto.

¿Cuál es la estrategia china para lidiar con este asunto? Hay un departamento de control de calidad de las exportaciones que hace la labor que en el mundo libre hace el mercado. ¿Funciona mejor la burocracia? Con ineficacia, incentivos perversos y corrupción. Recientemente el régimen ha ejecutado (lo han leído bien) a uno de sus funcionarios por haber aceptado sobornos por hacer la vista gorda. Así estén dispuestos a doblar sus escalofriantes cifras de ejecuciones, el régimen no logrará acabar con la maldad de la burocracia como no sea eliminándola.

Entonces, ¿qué queda por hacer? El problema, como señala el profesor Edward A. Snyder en un reciente artículo titulado The market’s place, es que

Las compañías chinas ni se acercan a la lista de BusinessWeek de las 100 primeras compañías del mundo en valor de su marca. La lista incluye empresas como la española Zara, la surcoreana Samsung y el renacido americano Apple. Pero ¿empresas chinas? Ninguna.

Las compañías chinas no están acostumbradas a la disciplina impuesta por el mercado. Pero eso irá cambiando, porque esa disciplina, que se inflige por los consumidores a productores y comerciantes, cae en cascada hacia los proveedores. No será la restricción de las importaciones desde China sino, por el contrario, la profundización de las relaciones comerciales lo que ayude a las empresas de allí a habituarse a los exigentes criterios de calidad y seguridad de los ricos consumidores occidentales.

Crisis de liquidez

Las empresas cuentan con el alma de la economía: proyectos productivos que, cuando se lleven a cabo, satisfarán los deseos más apremiantes de los consumidores y en cuya producción se utilizarán recursos robados a otros proyectos que no son tan urgentes. La diferencia entre los ingresos que vienen de cumplir esos deseos y los costes por haber puesto a su servicio ciertos factores productivos es el beneficio.

Pero para llevarlos a término necesitan capital. El ahorro se canaliza por los bancos hacia las empresas, que pujan por llevárselo e incorporarlo a sus proyectos. El precio que surge de ese mercado del capital es el tipo de interés. Solo que, ¡ay!, ese precio está manipulado por los mecanismos más complejos y sutiles que quepa imaginar por una institución relativamente reciente llamada banco central. También contribuye el sistema bancario que presta como si fuera capital lo que no lo es: depósitos y activos líquidos, cuya maduración no se corresponde con un proyecto a largo plazo.

El resultado es un interés más bajo que el que hubiera fijado el mercado. La señal indica que hay mucho capital ahorrado para invertir, pero no es más que un señuelo. En realidad no hay tanto ahorro para todos los proyectos puestos en marcha. En verdad, hay hipotecas que jamás se tendrían que haber concedido. Lo cierto es que prestar a largo plazo activos líquidos es un fraude de proporciones estelares.

Llega la crisis de liquidez, cuando todas las alarmas saltan y la realidad nos estalla en la cara. Para no afrontarla, BCE y Fed vuelven a abrir la espita. Pero llegará un punto en que tengan que elegir entre una inflación desbocada o permitir que se liquiden los malos proyectos. Entonces llegará la gran crisis.

Un sistema asegurado a todo riesgo

Pensar en evitar estos seísmos es aún ciencia ficción. Sin embargo, el hombre sí puede reducir por un lado el efecto en el futuro de estos fenómenos naturales sobre las personas y sus propiedades más preciadas, y ayudar por otro a reducir el sufrimiento de los damnificados. Tanto para lo primero como para lo segundo necesitamos sociedades más libres.

No cabe duda de que la solidaridad (la renuncia voluntaria a ciertos bienes para cederlos a otras personas que los necesitan de forma apremiante) se puede ejercer desde cualquier sistema socioeconómico. Pero es en un entorno capitalista donde florece con mayor facilidad. En primer lugar porque los individuos tienden a ser más generosos y responsables en un entorno de libertades donde tu prosperidad depende de lo que aportes al resto de la sociedad que en un sistema en el que papá estado interviene y regula infinidad de aspectos de la vida diaria. En el modelo dirigido muchos viven de espaldas a las demandas sociales gracias a las subvenciones, licencias y todo tipo de privilegios estatales, mientras se le quita la mitad de la renta al ciudadano honrado con la excusa de resolver los problemas de los más necesitados.

Además, siempre será más fácil encontrar donaciones importantes en medio de la prosperidad que permite el mercado libre que entre la decadencia y el estancamiento típico de los modelos intervencionistas. Y, por si todos estos motivos fueran pocos, la ayuda rápida en caso de catástrofes es mucho más efectiva cuando quien la presta es un individuo privado interesado en que aquello que cede se emplee bien que cuando lo envían unos funcionarios que no tienen otra relación con esos fondos que la de haber ganado la lotería de un empleo público para toda la vida. Sobre todo cuando sus perspectivas de escalar puestos en la burocracia suelen estar relacionadas con el gasto de un mayor volumen de fondos.

Por otro lado, el capitalismo posibilita reducir el riesgo de futuros daños más que ningún otro sistema económico. La acumulación de capital, la competencia y el avance del conocimiento que hemos podido disfrutar desde la revolución industrial en las sociedades de libre mercado ha permitido, por ejemplo, que las edificaciones modernas se muevan con los movimientos sísmicos y no sucumban a ellos. Y esos conocimientos, una vez descubiertos, están al alcance de todos los que prosperen y ahorren en cualquier punto del planeta. Hace un par de meses tuve la oportunidad de comprobar cómo el edificio de la Universidad Francisco Marroquín se balanceaba después de que el suelo guatemalteco diera una fuerte sacudida. Al susto inicial le siguió el agradecimiento colectivo a la sociedad que ha hecho posible que grandes individuos desarrollen estas ideas geniales.

Los países más capitalistas también disfrutan del desarrollo de los seguros, unas instituciones creadas precisamente para la reducción y eliminación del riesgo. Mientras que el desarrollo del conocimiento permite evitar la destrucción, los seguros reponen el valor de los daños que no pueden evitarse. Sus beneficios rebasan con mucho la vertiente económica y entran de lleno en el lado psicológico de nuestras vidas.

Curiosamente, es esa inseguridad que reduce y elimina el mercado libre la que han aprovechado gobernantes de todos los tiempos y de todas las regiones para incrementar los impuestos, el gasto público y el aparato estatal, reduciendo así la extensión del libre mercado. Por el bien de los damnificados de los desastres naturales presentes y futuros esperemos que el liberalismo logre romper los tabúes del discurso políticamente correcto y podamos desarrollar los utensilios capitalistas contra el riesgo. Mientras tanto, la ayuda privada y responsable constituye la mayor esperanza para los individuos y familias que lo han perdido todo en el Perú.

La victoria de José Padilla

Pa(n)dilla ha ido escalando en el escalafón antiamericano desde un simple pandillero a todo un activista, como lo llamarían en muchos medios de comunicación. Tenemos suerte de que esté en la cárcel.

Pero el proceso que ha llevado al veredicto no ha podido ser más dañino para lo que resta de democracia liberal en los Estados Unidos, que sigue siendo mucho, pero en decadencia. La simple sucesión de hechos resulta escalofriante. Hace cinco años se le detuvo bajo el cargo de ir a los Estados Unidos, desde Pakistán, para hacer estallar una "bomba sucia". Bush le llamó un "enemigo en combate" y el Fiscal General le encerró en una cárcel militar sin comunicación con su familia o un abogado ni acceso al sistema judicial civil. Bush se arrogó el derecho a arrestar a cualquier ciudadano sin orden judicial ni juicio. Lincoln tiene escrito su nombre en las páginas más negras de la libertad en Estados Unidos por haber suspendido el hábeas corpus. Bush ha ido por el mismo camino.

El asunto llegó al Tribunal Supremo, que se lavó las manos diciendo que aquello no era asunto suyo. Se abrió de nuevo el caso contra Padilla y cuando parecía que volvería a la sala del Supremo y que, forzado a entrar en materia, declararía ilegal la pretensión de Bush de tener derecho a encarcelar a quien quiera y sin garantías, el Gobierno cambió de estrategia y llevó el caso a los tribunales civiles. Finalmente estos han resuelto su culpabilidad. Pero mientras, durante cinco largos años, ha tenido encerrado a una persona cuya culpa no se había probado en un juicio contradictorio. "Soy ciudadano americano", y Padilla lo era con todos sus derechos, es una frase que ha perdido gran parte de su atractivo.

Se ha visto todo este asunto como una victoria política de Bush. Lo es, pero el hecho de que consista en haberle negado a un ciudadano todos sus derechos durante tantos años sin el refrendo de una decisión judicial debería ser utilizado por sus detractores, no por quienes le defienden.

Pero más paradójico aún es que quien más ha salido ganando en este asunto es el propio José Padilla. Él es la auténtica "bomba sucia" contra la democracia estadounidense y su caso ha dañado a su país más de lo que él mismo habría soñado o está dispuesto a entender. Cada paso atrás en nuestras libertades es una victoria para el terrorismo. No seré yo quien felicite a Padilla, pero sin duda habrá quien lo haga.

Chávez, demócrata hasta la muerte (y más allá)

"La nueva experiencia democrática venezolana"; así se referían los cómicos españoles al régimen alumbrado por el mandatario caribeño, de profesión ex golpista. Coño, y tan nueva. Como que a la democracia en Venezuela ya no la conoce ni la madre que la parió, que diría aquél.

En realidad, lo único que ha hecho Chávez es fundamentar su sistema político en el viejo axioma socialista: la democracia sólo es buena si mandamos nosotros. Constatada esta realidad elemental, lo siguiente es sentar las bases que impidan cualquier retroceso en la senda progresista iniciada. Pues si la democracia es buena cuando mandamos "nosotros", si nos quedamos en el Gobierno para siempre tendremos entonces una democracia cojonuda. Es un razonamiento tan primario que resulta extraño que a Tocqueville se le pasara por alto cuando escribió su famosa monografía sobre la moderna democracia republicana.

Con la nueva constitución que Chávez va a imponer a su pueblo (sin apenas medios de comunicación libres y con amenazas flagrantes a quienes voten contra el líder, no cabe hablar de un referéndum legítimo), el faro de los demócratas progresistas europeos va a sentar sus posaderas en la cúspide del Gobierno hasta que la naturaleza provoque el "hecho sucesorio", que decían los franquistas en el ocaso del régimen. Entre otras innovaciones de indudable calado democrático, se prevé la posibilidad de detener a ciudadanos libres bajo la fórmula jurídica del "clamor popular". Es decir, que si una manada de gorilas al servicio del Gobierno se pone a vociferar frente a la casa de un periodista o un político desafecto pidiendo su cabeza, el Estado tendrá la obligación de llevarlo a comisaría para que dé las debidas explicaciones, probablemente tras un "hábil interrogatorio". Se trata de lo que el Montesquieu caribeño denomina el "poder popular" que, junto al "poder moral" (sic), constituye la base del futuro sistema constitucional chavista.

Con esa exquisitez en el respeto a la libertad de los ciudadanos, es lógico que el régimen político de Hugo Chávez tenga fascinada a la farándula europea. Hay intelectuales e intelectualas que se ponen a escribir las glorias del chavismo y es que se hacen pipí, pues el ex golpista venezolano quintaesencia como nadie los valores que la izquierda caviar defiende con pasión. Con pasión y a una distancia prudencial, claro, porque los mismos que a este lado del Atlántico se alborozan con las cacicadas de su héroe, prefieren mil veces sufrir en la vieja democracia burguesa a degustar las mieles socialistas del Coronel Chávez. Este tío acabará pulverizando el record de longevidad "democrática" que ostenta Fidel Castro, ya lo verán.

Los Cristeros o defensa armada de la libertad religiosa

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910 contra el Porfiriato, triunfó oficialmente en Querétaro al promulgarse la Constitución de los Estados Unidos de México en febrero de 1917. Con dicho texto constitucional se quiso proyectar desde raíz el nuevo Estado mexicano e impulsar su modernización. También con ello se desterró, hasta el día de hoy, el incipiente liberalismo decimonónico de una de las naciones más importantes de América.

Fue la primera Constitución en el mundo (dos años antes que la de Weimar) en reconocer la función social de la propiedad y los derechos laborales colectivos que luego serían moneda corriente en el constitucionalismo contemporáneo. También se caracterizó por un laicismo exacerbado. Su artículo 130 establecía la saludable separación entre el poder público y el religioso, pero decretaba su férreo control y negaba la personalidad jurídica a las iglesias, con sus consiguientes efectos jurídicos. El artículo 3 del Texto fundacional, por su parte, decretaba que la educación sería otorgada por el Estado de manera laica y gratuita.

Las facciones victoriosas de la Revolución (carrancistas y obregonistas), en su actuación posterior, además, se distinguieron por un furibundo anticlericalismo a diferencia de los villistas o zapatistas. Demasiados planificadores estatales piensan insensatamente que el católico no puede ser un buen ciudadano puesto que su primera lealtad es con Roma y no con el Estado (y esto, por Dios, ha de cambiarse).

Años más tarde, nada más llegar al poder, el general Plutarco Elías Calles intentó, con escaso éxito, la creación de una Iglesia nacional mexicana (al estilo de la iglesia estatal china católica de hoy) y, mediante ley, desarrolló el texto constitucional en virtud del cual se facultó a los gobernadores de los estados de la República para imponer todo tipo de restricciones a los ministros de culto (en algunos estados obligaron a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, se determinaron el número de ellos y su nacionalidad; en otros se prohibió expresamente el culto católico). La Iglesia mexicana procuró eludir estos intentos por dificultar la libertad religiosa de sus fieles oficiando misas e impartiendo lecciones en la clandestinidad.

La puntilla la dio en junio de 1926 la famosa Ley Calles por la que se ilegalizaron templos, seminarios y conventos amén de equiparar las infracciones en materia de cultos y de enseñanza confesional con los delitos comunes (estos callistas eran todos unos modernos).

La reacción de los cristianos mexicanos no se hizo esperar: promovieron un boicot para no pagar impuestos y no consumir productos del Estado (lotería, gasolina…). La relación entre los representantes estatales y los católicos se deterioró progresivamente hasta que desembocó en la conocida como Guerra Cristera (1926-29) en la que gente sencilla, en su mayor parte campesina, mal pertrechada y sin ningún entrenamiento militar produjo una formidable resistencia al poder tiránico. Con el tiempo se les fueron uniendo incluso militares y participantes de la propia Revolución de 1910. Mantuvieron en jaque al ejército federal durante tres años. Se les llamó despectivamente "cristeros" porque antes de ser fusilados solían gritar "Viva Cristo Rey". Fueron asesinados por millares.

Al final, hubo un precario acuerdo con el Gobierno por el cual la Iglesia podría sobrevivir en una situación más o menos consentida dentro del Estado mexicano (el llamado "modus vivendi"). La enseñanza oficial mexicana omite oportunamente hasta el día de hoy toda referencia a esta resistencia armada de la sociedad civil que aún cuenta con supervivientes. En relación con este asunto, el católico Graham Green escribió en 1940 una de las mejores novelas contemporáneas (sin moraleja y asombrosamente moderna).

Las persecuciones a los católicos en el pasado siglo XX no fueron, por desgracia, exclusivas de la Revolución Mexicana, también la España de la segunda República vivió, una década más tarde, "modernizaciones" semejantes (1,2). Asimismo católicos alemanes y, en menor medida, italianos vieron restringidas sus libertades de culto, expresión y enseñanza durante los regímenes totalitarios (1,2), al tiempo que los nazis masacraban impunemente a los judíos. En otro ámbito distinto, los budistas tibetanos siguen aún hoy sufriendo represión por no someterse a los dictados del Estado chino (1,2).

Todo Estado confesional es una aberración comunitaria. El Estado aconfesional es, sin duda, un logro de las sociedades libres y una garantía para las libertades religiosa y de conciencia de todos. El Estado laicista, por el contrario, no es neutral sino que se posiciona contra las creencias de algunos de sus súbditos: es activa e intencionalmente anticatólico. A su manera, es otro tipo de Estado confesional.

Sus métodos son hoy, por fortuna, otros, pero el moderno laicismo persigue los mismos fines de numerosos racionalistas estatales que ha habido en los países marcadamente católicos desde la Revolución francesa: suplantar a la Iglesia (percibida como rival), demoler los valores morales (católicos) y adoctrinar en idolatría y fidelidad hacia el Estado para formar ciudadanos convenientemente adocenados. De esto sabe mucho el socialismo.

Esperanza perdida

La esperanza tal vez sea lo último que se pierde, pero a veces también. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la presuntamente menos liberticida de los actuales políticos en el poder, ha decidido (¿ella sola o asesorada por alguna lumbrera?) prohibir la construcción de edificios de altura superior a tres plantas (incluida la baja) más ático. Esta nueva agresión contra la libertad al menos se limita a suelos no programados o rústicos y no afecta a los planes urbanísticos municipales ya aprobados: los gobernantes son tan magnánimos que suelen respetar la irretroactividad normativa del Estado de Derecho y presumen de ello; estaría feo prohibir hoy lo que ellos mismos permitieron ayer. Además habrá excepciones para los edificios singulares o con valor arquitectónico, "que enriquezcan el patrimonio arquitectónico y cultural": los tecnócratas y burócratas de turno impondrán sus preferencias subjetivas particulares (camufladas como "valor arquitectónico" objetivo) sobre las apreciaciones subjetivas de los ciudadanos de a pie para la aprobación de "rascacielos o edificios emblemáticos". Sus "razones" (por llamarlas de alguna manera) para todo esto, recogidas en diversas declaraciones, son penosas.

Quiere "un urbanismo más humano y que aporte más calidad de vida. Los madrileños quieren más calidad, tienen todo el derecho a disfrutarla y ahora existen las condiciones para ofrecérsela, ha llegado la hora de iniciar el camino de un urbanismo renovador y más humano". ¿Cómo sabe lo que quieren los madrileños, cada uno de ellos, en detalle y con precisión? ¿Todos quieren lo mismo? ¿Sabe qué costes está dispuesto a asumir cada uno para conseguir lo que quiere? Lo de querer más calidad en abstracto es una perogrullada obvia y demagógica, no vamos a pedir menos calidad (salvo si un precio menor lo compensa, claro). Ese derecho a disfrutar de la calidad, ¿tiene alguna justificación ética o jurídica o es simplemente un guiño a los votantes? ¿Tiene alguna relación con el derecho de propiedad que fundamenta la libertad humana y es violado por esta nueva coacción legal? ¿Quién va a ofrecer esa calidad? ¿Los políticos? (Risas) Lo del urbanismo "más humano" es especialmente patético: ¿qué pasa, que las alternativas son "inhumanas"? ¿A qué especie animal pertenecen los residentes en Manhattan o en Hong Kong? Qué mala es la densidad de población, vivir todos juntos y rodeados de mucha gente y así poder tener un millón de amigos y además todos cerca de casa.

Afirma Aguirre que "no podemos hacer el mismo urbanismo que en las décadas de los 50, 60 ó 70, un urbanismo apelotonado y deshumanizado, con edificios de más de diez alturas". Si se refiere a que no somos capaces de construirlos, se equivoca; si se refiere a que está prohibido, efectivamente ella acaba de hacerlo. Con la excusa de demonizar la densidad de población refiriéndose a ella como "apelotonamiento" (deshumanizado, claro).

Aguirre cree en "un país de propietarios que no tengan que residir en moles de hormigón de 12 ó 14 plantas en páramos periféricos"; esto supondrá "limitar la densidad de población, porque los madrileños quieren ciudades menos densas y más amplias, con más espacios abiertos y con más zonas verdes, quieren que el sol entre todas las mañanas por sus ventanas"; esta medida conferirá a los ciudadanos "más contacto con la naturaleza, más sol y más espacio". Tal vez crea en los propietarios pero no acaba de entender qué es la propiedad. De los diez pisos límite ahora pasamos a 12 o 14 (de moles de hormigón, que suena muy feo, y además en páramos periféricos, muy sonoro y evocativo); igual es posible hacer edificios de viviendas altos y atractivos pero no conviene mencionarlo si se va a prohibir; la precisión del número de pisos a partir del cual un edificio no es "humano" no es su fuerte y no se entiende muy bien por qué de estas cantidades al final la ley fija el límite en 3 plantas (¿numerología?). Ahora concreta algo más lo que quieren los madrileños por si nosotros mismos no lo sabemos: contacto con la naturaleza (debe de referirse a esos jardincillos artificiales que abundan en los nuevos barrios), sol (como no creo que controle el tiempo atmosférico seguramente quiere decir viviendas exteriores y que unos edificios no hagan sombra a otros; lo que tiene más crudo es que el sol entre por la mañana por todas las ventanas, a no ser que exija por ley que todas las viviendas se orienten al este) y espacio (efectivamente en los nuevos desarrollos urbanísticos ya se notan aceras y calzadas enormes casi siempre vacías y todo muy lejos de todo, quizás para fomentar el saludable hábito del paseo o el desarrollo de la industria automovilística); donde quizás no haya tanto espacio es el interior de las viviendas dado lo cara que está la superficie edificable (¿por qué será?).

A su juicio, "los madrileños que tienen parte de sus zonas urbanas fruto de lo que fueron en los años 50 y 60 la llegada masiva de inmigrantes del resto de las provincias españolas demandan ahora un urbanismo más humano y más adaptado a lo que es una región que está en vanguardia en Europa y que pretende que sus familias puedan vivir de una forma más parecida a la del resto de miembros de la Unión Europea. Lo que queremos es un urbanismo más humano donde las familias madrileñas puedan vivir entrándoles el sol por las ventanas, teniendo garantía de zonas verdes, de parques y jardines en vez de vivir en torres en medio de los páramos como al parecer los urbanistas socialistas autorizan". Qué malos son los urbanistas socialistas que autorizan cosas así, mejor prohibir y presumir de liberal. Sigue abusando de lo humano, demasiado humano. Y afirma, como buena colectivista, que la región (somos los mejores, oé, oé, oé) pretende (la región es la entidad que pretende, suena como colectivista) que sus familias vivan más como los otros europeos, nos guste o no. Como hay diversidad de europeos, ahora va a concretar.

Este modelo urbanístico tiene su base en países como Reino Unido, Alemania, Bélgica u Holanda, cuyas ciudades Aguirre considera "un ejemplo de urbanismo humano, de calidad y respetuoso con el medio ambiente, por eso aquí también habrá un urbanismo de calidad"; los madrileños "no tienen por qué vivir de forma diferente a los europeos ni en cajas de cerillas". Más humanismo y calidad, se hace pesado. Los madrileños ya vivimos en cajas de cerillas y su prohibición agravará el problema al dificultar el uso inteligente de la tercera dimensión (la altura) y la generación de superficie y volumen habitable. A Aguirre le gusta cómo viven en algunos países y tenemos que imitarlos; no nos deja elegir por nosotros mismos, no permite que sean unidades de gestión más pequeñas (los municipios, o los barrios, por ejemplo) los que experimenten diversas alternativas urbanísticas: café para todos. De no estar obligados a vivir de forma diferente a los europeos vamos a pasar a estar obligados a vivir igual que ellos: eso es progreso.

"En lo que se refiere a las alturas de las viviendas, países como el Reino Unido, Holanda o Bélgica, con superficies territoriales muy inferiores a la de España, y con una arraigada tradición de defensa del medio ambiente, tienen mucho más suelo urbanizado que nuestro país. Y ciudades como Ámsterdam o Bruselas, que son referencias mundiales en materia de urbanismo, de transportes y de calidad de vida, son ciudades extensas y ajardinadas, donde predominan las viviendas unifamiliares con parcela y donde es casi imposible ver edificios residenciales de más de 4 alturas fuera del centro. El modelo de urbanismo que se practicó en España en los años 60 y 70, con moles de 15 alturas rodeadas de páramos, quizá fuera necesario entonces, como solución de urgencia frente al éxodo masivo del campo de las ciudades. Pero hoy es innecesario e incompatible con las necesidades y las aspiraciones de los madrileños a una vivienda de calidad. Es necesario un modelo de urbanismo más humano, más transparente, más ágil y menos arbitrario. Y, en este sentido, establecer un máximo de alturas elimina de raíz la posibilidad de retener suelo con fines especulativos, a la espera de que el lápiz de algún político o de algún funcionario incremente arbitrariamente el número de alturas permitido y, por tanto, los beneficios de los especuladores."

Sigue insistiendo en lo estupendos que son los países y las ciudades que a ella (y quizás a sus asesores) le gustan. Ahora las moles son de 15 plantas. Y al mencionar los páramos, tal vez no ve que todo eso es suelo disponible para otras viviendas o para parques, y si el urbanismo se empeña en la baja altura el suelo se ocupa más rápidamente. No aclara por qué o para qué es necesario su urbanismo: va a ser que porque sí o porque lo digo yo. ¿Ha pensado en que el alto precio de las viviendas en el centro de Madrid, altas, apelotonadas y sin naturaleza por medio, indica algo sobre las preferencias de los compradores? Bajo su mandato la norma ya no es arbitraria: prohibido más de tres alturas, ¡qué avance en el rigor legal, todos igualmente fastidiados! Y acabamos hablando mal de los especuladores, que siempre queda bien, y mencionando la posibilidad de que los políticos (otros, ella no) y los funcionarios se corrompan. Mejor que se cumpla la ley estrictamente, por absurda e inadecuada que sea, ¿no?

Abuso de poder

La demanda de AMD contra Intel por supuesto abuso de posición dominante no ha caído en saco roto. La Comisión considera que "Intel ofreció ventajas a algunos clientes para que rechazasen productos de AMD con el fin de expulsar a esta empresa del mercado". Concretamente, según relata Libertad Digital, fue la cadena Media Markt a quien Intel trató de convencer de no "vender ordenadores con componentes electrónicos fabricados por AMD".

La primera cuestión que suscita el tema es si Intel puede ofrecer descuentos competitivos a sus clientes para que éstos compren productos que lleven incorporados sus procesadores en lugar de los que fabrica su competidor, AMD, la segunda fabricante mundial de estos bienes.

La comisión europea probablemente ataque implacablemente a Intel como ha hecho con Microsoft en el pasado. A la empresa de Gates, la castigó con una multa de 500 Millones de Euros por otro supuesto abuso de posición dominante. En aquella ocasión, Microsoft tuvo que pagar un peaje por añadir a su sistema operativo Windows un reproductor multimedia, Windows Media Player, porque la competidora Real Networks, propietaria del software Real Player, sintió que eso le hacía perder cuota de mercado. Pero el verdadero perjudicado será una vez más, como el lector se puede imaginar, el pobre consumidor. Ese consumidor que, aunque tenga el Windows Media Player pre-instalado en su ordenador, puede bajarse de la web el programa de Real Networks, debe ser protegido de la avaricia de Gates, el Scrooge de nuestro tiempo.

Ahora el peligro se llama Intel. Es una empresa como otra cualquiera, pero con un pequeño inconveniente que, a juicio de los responsables de su competidor, AMD, "perjudica la competencia y a los consumidores". El mantra de la competencia es una burda excusa de los artistas de la incompetencia, los estados, para intervenir en el mercado, impulsados por algunas empresas que no aceptan las reglas del juego. En nombre de la competencia deciden si el éxito de una compañía es un problema para la sociedad.

Con el tiempo se descubre que las predicciones monopolísticas de los gurús mediáticos y los eurócratas son totalmente infantiles. Lo vemos con el propio Microsoft. Debido a sistemas operativos como Linux o Mac y programas gratuitos como Google Docs y Open Office, así como navegadores como Firefox u Opera, el gigante de Redmond ve como su maldecido monopolio es amenazado hasta un grado preocupante.

El mercado es duro y premia la innovación y la adecuación a las preferencias de los consumidores. Por eso no hace falta ninguna legislación que ponga obstáculos a algunos corredores para que otros lleguen a la meta. Los únicos "abusones" suelen ser los estados, quienes determinan las condiciones de acceso a los mercados y, de esa forma, cierran el paso a muchas empresas. Aunque de esto no se suele hablar.

Si el objetivo es poner a Intel en su sitio y hacerle pagar por sus méritos, entonces la multa tendrá un claro efecto en los precios de los ordenadores porque la empresa norteamericana se verá obligada a subir sus precios y, por tanto, los fabricantes de ordenadores tendrán que hacer lo propio. Llegado el caso, los consumidores podremos demostrar nuestro agradecimiento a Neelie Kroes, guardiana de nuestra salud consumista.

Con mucha sorna, Wall Street Journal ha subrayado que si "Europa no puede ser un líder en tecnologías de la información, puede convertirse al menos en el regulador mundial de la industria. Si esto sucede, el mundo está destinado a ser menos competitivo e innovador, bueno, tal como Europa".

Las empresas pasan por malos tiempos cuando tienen que invertir más en abogados que en investigación y desarrollo, más en hacer lobby que en mejorar sus productos.

Sin duda, este es un claro ejemplo de cómo la ley se utiliza no para proteger los derechos de propiedad sino para conculcarlos en nombre del interés común…Y a esto le llaman competencia.

Calentamiento global y efecto 2000

Entonces se gastó una millonada; cuando no pasó nada se justificó diciendo que había merecido la pena, pero allí donde no se habían hecho grandes esfuerzos suplementarios tampoco tuvieron grandes problemas. Pero el caso es que acabamos de enterarnos de que sí hubo un error debido al efecto 2000 que no se corrigió hasta la semana pasada. Y es gordo.

Uno de los principales registros de temperaturas es el que recopila el Instituto Goddard (GISS) de la NASA. Es la referencia en lo que se refiere a Estados Unidos, que por otra parte es seguramente el país que posee los mejores registros del mundo. Pero por muy buenos que sean, la toma de temperatura en tierra, para series largas, tiene varios problemas imposibles de evitar. El primero son los cambios en el entorno de diversos puntos de recogida de temperaturas. El segundo, que hacer series de temperaturas medias es siempre complicado teniendo sólo algunos puntos de referencia, de modo que se calculan por medio de algoritmos ejecutados por computadores.

Pues bien, Steve McIntyre, el infatigable estadístico responsable de haber echado abajo la infame gráfica del palo de hockey, que mostraba unas temperaturas razonablemente estables durante siglos hasta una subida brutal durante éste, ha encontrado un error en la aplicación encargada de calcular la temperatura media. Un error que, quien lo iba a imaginar, hacía que las temperaturas recientes fueran mayores, exagerando el calentamiento.

Su efecto más significativo es que después de las correcciones pertinentes 1998 deja de ser el año más caluroso en Estados Unidos desde que se registra la temperatura; ahora el cetro le corresponde a 1934, año en el que tengo la impresión de había menos CO2. Será que las depresiones económicas calientan también. Hay quien ha empezado a argumentar que es un error pequeño. Pero todos los años del 2000 al 2005 tenían una temperatura media 0’15 grados superior a la real. El protocolo de Kyoto, ese cuyo cumplimiento nos salvará de la hecatombe, sólo reduciría el calentamiento en 0’07 grados.

Se dan varios hechos adicionales en este caso que resultan más bien graves. El primero es que el GISS está dirigido por James Hansen, el mismo que inició la histeria del calentamiento global en 1988 en una comparecencia en una comisión del Senado dirigida por nada más y nada menos que Al Gore. El segundo, que el instituto dirigido por tan honesto científico no pone a disposición de todo el mundo el software que emplea para calcular la temperatura media; McIntyre ha tenido que hacer ingeniería inversa para averiguar qué error podía tener. Y el tercero es que, estando los datos estadounidenses entre los mejores, ¿cómo no temer los errores que puedan existir en otros países?

Hansen y los suyos, en el mejor de los casos, no revisaron sus algoritmos porque daban los resultados que debían dar para confirmar sus teorías. En el peor, lo sabían perfectamente y por eso los ocultaron; es lo que habría que pensar por defecto de cualquier científico que oculte sus datos o sus métodos. Ninguna de las dos posibilidades resulta demasiado halagüeña para los defensores de la teoría del calentamiento global producido por el hombre. No sólo los modelos no tienen en cuenta muchas cosas, sino que ni siquiera podemos tener confianza en que los datos estén bien.

Por cierto, el blog de McIntyre ha sufrido un ataque de denegación de servicio, según informa Michelle Malkin, y el autor lo ha tenido que sustituir por una página en la que informa del mismo. Cabe imaginar que el culpable del hackeo es alguien para quien el calentamiento es una fe religiosa y no una hipótesis científica. Eso no reduce demasiado el campo de los sospechosos, la verdad.