Ir al contenido principal

El papel monetario (y civilizador) del oro

Escrito por José Ignacio del Castillo en . Publicado en Análisis diario.

Richard Salsman en su libro Gold and Liberty señala que el papel monetario “oficial” del oro depende del sistema político imperante en cada tiempo y lugar. Cuando el papel moneda inconvertible no es avalado por leyes de curso forzoso y los poderes del Estado son limitados, el oro es reconocido oficialmente como dinero. Cuando el Estado goza de amplios poderes para manipular el signo monetario y el oro es hostigado más o menos abiertamente, el metal amarillo pasa a convertirse en refugio frente a la depreciación monetaria y eventualmente medio de cambio en economía sumergida. Sea como fuere, las propiedades monetarias del oro no desaparecen por mucha desmonetización de iure que los estados aspiren a establecer.

Decía Percy Greaves que “el oro será desmonetizado cuando las mareas obedezcan las órdenes de retirarse que les daba el rey Canuto”. En la actualidad, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, la inmensa mayoría de la demanda de oro tiene como finalidad su atesoramiento, no su consumo. Eso es lo que le hace distinto de la práctica totalidad resto de bienes. El oro tiene una idoneidad objetiva para satisfacer las necesidades de acumular riqueza, intercambiar sin sufrir quebranto y calcular el beneficio o pérdida de las actividades con ánimo de lucro. Esta idoneidad objetiva que el mercado descubrió en el oro está en relación con las cualidades que posee: ser atractivo y precioso, escaso por persona, tener una altísima proporción stock/flujo anual, ser divisible, fungible, cómodo y barato de transportar y además no perecedero.

No se trata de que el oro tenga un valor intrínseco. Tampoco de que en torno a él exista una suerte de fetichismo místico o las reminiscencias de una bárbara reliquia. Se trata de que es objetivamente mejor dinero que el papel moneda inconvertible –que no es ni atractivo, ni precioso, ni tiene garantizada una alta proporción entre el stock existente y el flujo anual que se crea cada año y además es notablemente deficiente a la hora de conservar valor a través del tiempo. Su supuesto bajo coste de fabricación (y las ventajas de economía en el empleo de recursos) no tiene en cuenta los enormes costes para la economía que acompañan a su empleo en términos de coberturas por tipos de cambio y tipos de interés, la reducción ahorro, las burocracias de los bancos centrales, la proliferación de dinero caliente y su efecto desestabilizador, etc.

El economista sueco A. Okun expresó esta misma idea de otra forma: en el régimen de inconvertibilidad la conservación del valor de los ahorros depende de la especulación acertada y la sofisticación financiera. Cuando existe papel moneda no hay ancla estable de ningún tipo. Incluso el valor del oro se vuelve volátil a corto plazo según fluctúa la confianza en el papel moneda. El valor de los ahorros de la gente pasa a estar a merced de la actitud de los banqueros centrales, de los programas políticos, de la calidad de los activos y de las reservas sistema bancario, de la deuda pública flotante, de la estabilidad del estado y de sus cuentas, de la incertidumbre geopolítica. No es extraño que todo ello lleve a acrecentar la preferencia temporal eliminando uno de los principales factores de civilización como es la atención del largo plazo, a socavar las clases medias y a infantilizar a la gente que se vuelve hacia el Estado como supuesto salvador.

Periodismo disperso

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El que iba a ser su golpe definitivo a George Bush, que los historiadores recogerían al estudiar su fracaso en la reelección, era en realidad un fraude que le había colado un fanático. Un comentarista de un blog vio algo que no cuadraba. Luego un blogger tras otro investigaron por su cuenta, dando razón del fraude periodístico. Un periodista de raza, un equipo a su servicio, toda una gran cadena de televisión, todo ello vencido por el ejercicio disperso de varios escritores en pijama.

El periodismo ha cambiado para siempre. Más que nunca ha pasado a ser una conversación policéntrica. Los roles del emisor y del receptor se entremezclan y las noticias están hoy más vivas que nunca. Los medios tienen miles de ojos escudriñándoles, como siempre. Pero ahora pueden responderles y corregirles como nunca. El itinerario de la información no acaba en el papel impreso o en su edición virtual.

Hay blogs dedicados a analizar el relato de los medios de comunicación y su ambivalente relación con lo que ocurre. Los hay especializados en medios concretos como Biased BBC o ABC Watch u observan los errores en todos ellos, como nuestros Malaprensa o El Observador.

Por otro lado las fuentes del periodista se amplían de modo exponencial. ¿Caen las bolsas mundiales? Tiene a los primeros economistas vertiendo en sus blogs sus juicios. ¿Atentado en Irak? Cuenta con un vecino de Bagdad con conexión a Internet y a la realidad de su ciudad. Es más, como las noticias son miradas a lo que ocurre y el periodismo disperso las multiplica, crean sus propias noticias, que a los medios de comunicación pasan desapercibidas. También dan la relevancia que tiene a un acontecimiento que no cabe en su agenda. Nuestra forma de informarnos ha cambiado para siempre y a mejor.

A atarse los machos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Y en esas estamos. Banco Central Europeo y Reserva Federal han "provisto de liquidez para facilitar el funcionamiento ordenado de los mercados financieros", como se ha justificado esta última, en ese lenguaje entre técnico y arcano que sugiere, pero que no dice nada. Ahora se dice que la Fed bajará los tipos y que el BCE y el Banco de Japón retrasarán su decisión de subirlos. ¿Qué ocurre? Los ciudadanos tenemos la sensación de que nos están guiando unos perros lazarillos. Y sus palabras, reconfortantes y vacías, nos llenan de inquietud. La palabra crisis comienza a musitarse en los mentideros y cuando la leamos en los periódicos con grandes tipografías ya será tarde. Sí. Se acabó la fiesta y volvemos a casa con la sensación de que, cuando nos despertemos, nos va a subyugar una terrible resaca. Menos mal que están el BCE y sus amigos ofreciéndonos una dosis más. Todavía podemos aguantar un poco. Seguimos en pie.

Ahora, con el mareo de la última dosis y el vértigo de la caída, miramos atrás para saber cómo hemos llegado a esta situación. Para que se haga una idea imagínese que un buen vecino, que merece su total confianza, se le acerca y le pide prestada una pequeña cantidad. "Por supuesto, cuenta con ello", le dices. Y preguntas: "¿para qué lo necesitas?". "Tengo que comprar una casa", te responde. No es que se haya visto temporalmente corto de fondos o que tenga una pequeña necesidad inmediata que no pueda atender. Se va a embarcar en uno de sus proyectos económicos más importantes de su vida y en lugar de haber ahorrado lo suficiente o pedir ese capital a otros ahorradores, pagando su precio correspondiente (préstamo a largo plazo y con incertidumbre), tira de pequeños préstamos a corto, más baratos, que va renovando una y otra vez.

¿No hay algo extraño en ese comportamiento? Sí. Es un fraude con todas sus letras. Un crimen económico mayúsculo que sólo ante el ignorante pasa por mera técnica financiera. Es el fraude que el sistema bancario ha adoptado como corazón de su negocio. Endeudarse a corto, captando nuestros depósitos, y prestarlo a largo plazo, para otorgarnos hipotecas. Nosotros entregamos liquidez y ellos prestan capital. Un juego malabar ante nuestras propias narices. Un engaño del que participamos igualmente.

Pero en la economía cada pecado crea su propia penitencia. Y llega un momento en el que las consecuencias del fraude se vuelven contra todos. Se han iniciado demasiados proyectos a largo plazo para los que, sencillamente, no hay ahorro suficiente. Hay que reconocer, cuanto antes mejor, el estado de cosas. Es necesario liquidar los malos proyectos, reconocer que muchos de los activos que tenemos no valen ni la mitad, sanear la economía y seguir adelante.

Pero a base de convertir liquidez en activos ilíquidos, los bancos se encuentran en situaciones comprometidas y piden ayuda a los bancos centrales, una de las instituciones más viles de nuestro tiempo. Cada nueva ayuda retrasa la penitencia, pero agrava el pecado y la pena. Privadamente lo único que nos queda por hacer es atarnos los machos, ahorrar para un futuro incierto y esperar que los ríos de tinta, sangre y lágrimas no nos arrastren.

Ecologismo incendiario

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Los principales responsables de los incendios que han asolado Canarias este mes de agosto no cabe duda que son las personas que prendieron fuego al monte. En otros sitios he tratado de mostrar que tanto los políticos como quienes dirigieron el operativo  contribuyeron a ampliar el efecto de las llamas y que los verdaderos héroes de la lucha contra el fuego fueron los vecinos de algunos de los pueblos afectados.

Sin embargo, hay otro grupo que tiene un buen pedazo de (i)responsabilidad en el desastre que han vivido miles de familias en Gran Canaria, Tenerife y la Gomera. Se trata del movimiento ecologista. Estos autoproclamados defensores de la naturaleza le pusieron una alfombra roja al fuego y están dispuestos a aliarse con quien haga falta para centralizar la gestión de futuros desastres.

La obsesión del movimiento ecologista por crear reservas naturales donde la mano del hombre quede totalmente erradicada y donde impere la "armonía de la naturaleza" les ha jugado una mala pasada a los canarios. Dicho de otro modo, las medidas ultraproteccionistas que impedían tareas de explotación en las zonas afectadas multiplicaron el efecto de los incendios. Esto lo han denunciado repetidamente los agricultores y ganaderos de las ahora no tan afortunadas islas y anteriormente de toda España.

Mientras el incendio avanzaba sin encontrar obstáculo alguno, un representante de este gremio denunció que "los que tradicionalmente cuidaban el campo parecen ser los delincuentes", y añadía que "los incendios llegan a un calibre tan grande porque el campo está abandonado" ya que "parte del incendio se debe también a que no se hacen los cuidados que el campo merece". Respecto a la pinocha que cae de los pinos y que causó el rápido avance de las llamas el mismo agricultor comentaba que «eso ya no nos dejan tocarlo y hay zonas en las que se acumula medio metro de altura de este material que cuando hay fuego se convierte en gasolina».

La fundación Foresta, un interesantísimo proyecto para el estudio y la reforestación en el archipiélago canario, también se ha unido –quizá sin siquiera ser consciente de ello– a las voces sensatas de quienes ven en el radicalismo ecologista un peligro para la ecología y para el ser humano. Según esta institución, una de las principales causas de la expansión del incendio es "la normativa que impide a los propietarios realizar las actividades tradicionales de aprovechamiento forestal".

En medio de los debates que se abrieron al calor del fuego, el propio presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria renunció a defender la política ultraconservacionista que lleva abanderando su institución en diversas zonas de la isla bajo la influencia del movimiento ecologista señalando, no sin razón, que esta política lleva ya décadas instaurada. Vamos, que él seguía la inercia de políticos anteriores; y aquellos la del empuje ecologista.

El gran problema consiste en que acciones como las entresacas, la quema controlada o la explotación maderera han sido demonizadas por los colectivos rojiverdes poniendo a gran parte de la población y de los políticos contra las actividades de aprovechamiento y cuidado de parajes naturales como los pinares isleños. De hecho, el presidente señaló durante los días del incendio a ese movimiento radical como el principal opositor a las medidas de limpieza del monte que tanta gente echaba entonces de menos.

Esta filosofía de no permitir ni tocar la pinocha de los árboles también ha sido criticada por ingenieros de montes que indican que gran parte del problema está en los planes de uso y gestión de los espacios naturales como el de Inagua, donde su condición de reserva lo convertía en una zona virtualmente intocable.

Hay otras formas de prevenir y luchar contra los incendios aparte de invitar al fuego para luego combatirlo con medios exclusivamente públicos. En primer lugar habría que ignorar los delirios de la fiebre ecologista y devolver a los dueños de las tierras el derecho de explotar el monte. De este modo se reestablecería el vínculo entre propiedad e incentivo a cuidar el pinar y otros entornos sujetos al riesgo de incendio. En segundo lugar, el Estado debe evitar las ayudas indiscriminadas que perjudican el establecimiento de contratos que incentiven a las compañías aseguradoras para buscar nuevas formas de lucha contra el fuego. En tercer lugar, hay que descentralizar las decisiones sobre el riesgo en situaciones como la vivida. A menudo son los lugareños quienes mejor saben cómo proteger su propiedad y sin embargo no se les deja participar en las labores de extinción. Cuando la solución es centralizada, un error hace que muchísimas familias se vean afectadas. En cambio, cuando se permite la competencia entre diferentes alternativas sobre cómo combatir una catástrofe como esta, surgen nuevas formas más efectivas. En estos días hemos podido conocer la propuesta de Alberto Vázquez-Figueroa que, según cuenta el escritor, fue ignorada por la administración con la excusa de que tenía que desarrollarla hasta el último detalle. La puesta en práctica de diferentes soluciones que compitan bajo el incentivo de la conservación de la propiedad es la mayor garantía de descubrir los mejores sistemas de extinción de fuegos.

Pero todas estas medidas son precisamente las que atacan los ecologistas. Para la mayoría de los militantes verdes lo natural no incluye al ser humano –y menos aún sus instituciones– así que mientras menos se note su existencia, parecen pensar, mejor para la naturaleza. Por otro lado, una vez se ha declarado un incendio, su política suele defender la mayor centralización posible en la gestión pública de los recursos contraincendio. Por eso no debería extrañar a nadie que los responsables de WWF-Adena y de Greenpeace hayan defendido la miope propuesta de Mariano Rajoy de crear una agencia nacional para la gestión de las situaciones de crisis; lo que no les impidió atacar al líder popular por no haberla propuesto antes.

El desprecio del movimiento ecologista radical por el individuo, la propiedad privada y el mercado libre les ha llevado a ignorar los incentivos (tanto positivos como perversos). De este modo han aumentado el riesgo de incendios al igual que su oposición a los diques "artificiales" les condujo a catapultar el huracán Katrina hasta convertirlo en un cataclismo para los habitantes de Nueva Orleáns. Parece como si los ecologistas no se hubiesen dado cuenta de que, si bien el fuego es "natural", quema un montón. Claro que si lo que quema son propiedades privadas, a lo mejor hasta se alegran.

Cuba, un mundo sin Google

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Acto seguido le explican que no saben qué es eso. A continuación, descubre usted que nunca han oído hablar de Gmail ni de Hotmail. A unas cuantas manzanas de donde tiene lugar esta conversación, poco tiempo después, otra persona se asombra cuando le cuentan que a través de la Red se pueden comprar billetes de tren o de avión sin moverse de casa.

Las anteriores situaciones son reales. Vividas apenas hace unos días. Tuvieron lugar en La Habana. Para la mayor parte de los cubanos, Internet es algo de lo que han oído hablar pero que no saben en qué consiste en realidad. Lo máximo a lo que puede acceder un habitante de la isla es a una intranet nacional totalmente controlada por el régimen, y siempre desde cibercafés controlados por el Estado. Esto afecta incluso a los turistas. Los ordenadores existentes en los hoteles tan sólo permiten acceder al correo electrónico, y para ello es un empleado del establecimiento el que teclea la dirección del servicio web de e-mail que uno utiliza.

Para la mayor parte de los cubanos (aquellos que no se cuentan entre los pocos privilegiados a los que el régimen autoriza a tener ordenador y conexión en casa) es todavía peor. Para poder disponer de una cuenta de correo electrónico se requiere un permiso oficial, y esta es ofrecida por el Gobierno bajo el dominio correosdecuba.cu. Por supuesto, para consultarla es necesario acudir a uno de los citados cibercafés. Hasta ahora también se permitía tener, con autorización, un correo de Yahoo. Desconocemos cómo consiguió esta empresa tal privilegio, pero lo ha perdido. El Gobierno ha anunciado su prohibición inminente.

Como en cualquier otro aspecto de la vida, en Cuba no existe libertad para el uso de Internet. Esta situación es la que llevó a Guillermo Fariñas a declararse en huelga de hambre varios meses para reclamar algo tan básico como que el régimen permitiera que los cubanos se pudieran conectar a la Red. Tuvimos el privilegio de conocer a este héroe hace unos días. Fue un encuentro casual. Todavía se está recuperando, y las secuelas que en su cuerpo han dejado la medida de protesta son impresionantes, como se puede apreciar en esta fotografía. Está bien de ánimo, y satisfecho de la repercusión que tuvo su caso, lo que permitió que todavía más personas se concienciaran de la dura realidad cubana.

La opresión, el totalitarismo, la mentira permanente y el aislamiento impuesto por el Gobierno en Cuba no afectan tan sólo a Internet. Impregna cada aspecto de la vida diaria de los habitantes de la Isla. Es un mundo sin Google, pero también sin derechos civiles de ningún tipo ni protección alguna de los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades. Por eso es tan importante para los hermanos Castro que los ciudadanos no puedan acceder libremente a la Red. Si se lo permitieran abrirían una ventana al mundo por medio de la cual los cubanos descubrirían que una vida mejor y en libertad es posible. Además, les darían un medio para gritar al mundo lo que Ramonet y tantos otros palmeros del dictador caribeño niegan, que la mayor de las Antillas es el infierno en la Tierra.

Fuego redentor

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Resulta políticamente incorrecto posicionarse contra las subvenciones y ayudas a quienes acaban de perder sus posesiones más preciadas. Los políticos lo saben y por eso Zapatero anunció todo tipo de regalos financieros a los damnificados mientras el fuego todavía  avanzaba. Sin embargo, por muy popular que sean las ayudas económicas a los afectados, a largo plazo es una de las peores soluciones posibles. Las verdaderas soluciones consisten más bien en remover las trabas al cuidado del campo, permitir la colaboración de los lugareños en las labores de extinción e introducir competencia en la gestión de los parques naturales y los sistemas de protección de los mismos.

Las ayudas, en realidad, hacen que los seguros contra el fuego se vean debilitados pues "para qué gastar cada mes un dinero en un seguro contra incendios si, cuando tenga lugar, el vecino que no ha ahorrado para este fin también recibirá dinero de las administraciones públicas". Ocurre aquí lo que pasaría con los seguros de coche si no fuesen obligatorios y el estado decidiera pagar los daños después de cada accidente. No pagaría el seguro ni el más despistado y las compañías de seguro no habrían inducido –como han hecho– al establecimiento generalizados de técnicas, instrumentos y actitudes preventivas. Con la lluvia de ayudas en el monte quemado la relación entre las aseguradoras y los sistemas contraincendio conocidos y por descubrir se pierden irremisiblemente. El incentivo a mantener un buen sistema de protección contra el fuego desde la esfera privada se diluye con las lluvias de ayudas gubernamentales. Claro que todo esto le suena a chino a los políticos y a quienes como ellos no ven más allá de los periodos de 4 años que conforman las legislaturas al uso.

¿Agencia Nacional para gestión de crisis?

Mariano Rajoy ha aprovechado el dantesco incendio para proponer la creación de una agencia nacional para gestión de crisis. Para quienes creían que la solución de los problemas mundanos a través de deificadas agencias estatales era una nota característica y exclusiva de ZP, aquí tienen una prueba con la que desengañarse. La creación de una agencia estatal sólo servirá para añadir más burocracia a los problemas de los que se supone que tiene que ocuparse la nueva organización. El conocimiento necesario para mitigar los efectos sobre el ser humano y su propiedad de las grandes catástrofes como inundaciones, incendios o terremotos suele ser de carácter subjetivo y estar disperso. De hecho, quienes lo detentan son frecuentemente los propios damnificados y las personas de su entorno. De ahí que el lema de una de la manifestación de protesta contra la dirección del dispositivo de extinción de incendios fuera "¿Quién tomó la decisión de no contar con nosotros?" Y no les falta razón. Lo ideal es que las soluciones tiendan a ser todo lo privadas y contractuales que sea posible, de modo que la valiosa información que poseen quienes se ven afectados por estos desastres se refleje vía precios y cláusulas y generen así la mayor coordinación posible en el intento de evitar o paliar los daños. Las soluciones que van en la dirección opuesta, como esta de Rajoy, son muy vistosas de cara a los telediarios pero a menudo los grupos especiales que salvan al gatito o al niño asustado en medio del desastre suelen esconder un caos de proporciones descomunales.

Todos tenemos aún en la retina las imágenes del cataclismo de la ciudad de Nueva Orleáns tras el paso del huracán Katrina. EEUU contaba con la Agencia Nacional que pide Rajoy y con asombrosos niveles de financiación estatal. Eso no impidió que el ministro Alonso declarara en aquellos momentos dramáticos que aquello no podría pasar en España por la importancia que aquí tiene el Estado en este tipo de situaciones. Menuda tontería. El gasto público de la agencia estadounidense era aquel año unas 38 veces más por habitante que las partidas presupuestarias que se destinan en nuestro país a estas crisis. Ni el descomunal gasto público ni la centralización de la gestión de este tipo de riesgos evitó uno de los mayores despropósitos acometidos en una situación de emergencia extrema. Más bien, contribuyó decisivamente a agravar el caos y el padecimiento de los ciudadanos del Golfo de México.

Si el Estado se dedica a impedir las soluciones más descentralizadas y ligadas a las propiedades y las vidas en riesgo potencial, entonces al menos debería evitar la multiplicación de organismos y la lejanía del ente respecto de las personas y bienes que se quieren proteger. Por eso la propuesta del jefe de la oposición puede tener sentido en el marco del oportunismo político pero pierde fuerza fuera de ese ámbito.

En el trasfondo de estas dos propuestas subyace un grave problema: los políticos carecen de un incentivo real para evitar situaciones como las vividas en Canarias estos días. La falta de un vínculo directo entre su acción y la de sus subordinados con la propiedad privada sujeta al peligro de quema hace que los políticos asignen los recursos de forma deficiente, primero escatimando medios y luego exagerando el gasto en recursos añadiendo burocracia. Para colmo, no quieren ni oír hablar de las soluciones más sencillas y efectivas que reclaman los propios afectados porque les impediría aprovechar el fuego para presentarse ante el electorado como los redentores sociales que les gusta creerse.

Reforma electoral, ¿para qué?

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Los textos de Ciencia Política suelen analizan los sistemas electorales según dos criterios: gobernabilidad y representatividad. Sin embargo, pocos aluden a un aspecto fundamental subyacente a la forma en que los ciudadanos eligen a sus representantes politicos: la relación que se supone aquéllos tienen con éstos. Algo que me temo estará ausente de la apasionante discusión que se avecina en España.

Como la mayoría de las democracias de la llamada Tercera Ola, la española obedeció la regla de la estabilidad, consistente en la creación de un sistema de dos partidos fuertes y disciplinados con implantación nacional. De ahí el sistema de listas cerradas y bloqueadas y la abundancia de provincias que eligen tres o cinco diputados como prima a los dos partidos más votados. Por si esto fuera poco, las provincias más pobladas –Madrid, Barcelona, Valencia– se encuentran infrarrepresentadas. Nuestra Constitución establece que ninguna provincia podrá exceder el 10% de la representación y que todas enviarán al menos dos representantes al Congreso de los Diputados. Así, Madrid cuenta con 17 diputados menos de los que le corresponderían de acuerdo a su población, un obstáculo más a la obtención de representación por parte de partidos pequeños.

Por cierto, la Constitución también establece que la circunscripción electoral para Congreso y Senado es la provincia, así que la próxima vez que escuchen o lean a algún plumilla hablar de la implantación del sistema alemán –mitad de diputados elegidos en circunscripciones uninominales, mitad elegida en listas nacionales– mediante una Ley Orgánica, ríanse a mandíbula batiente, pues tal reforma exige la modificación de la Constitución.

Como excepción a la regla de la estabilidad, o gobernabilidad, sobre la representación, el sistema español introdujo un mecanismo que beneficia a los partidos pequeños localistas, aquellos que se presentan en un pequeño número de provincias donde sin embargo cuentan con un apoyo importante. Son las reglas para la formación de grupos parlamentarios, que exigen bien la obtención del 5% de los votos, 15 diputados o al menos 5 diputados habiendo obtenido el 15% de los votos en todas las provincias en las que se presentaron listas. Este mecanismo ha permitido que partidos como el PNV, que nunca han superado el 2% de los votos u obtenido más de 8 diputados, hayan podido contar con un grupo parlamentario propio. La voz de los nacionalistas ha sido amplificada mientras que partidos como el comunista o el CDS han sido duramente castigados por un sistema diseñado precisamente para evitar que existan, o al menos para dificultar su desarrollo y expansión.

De esta aproximación sucinta al sistema electoral español cabe inferir al menos dos conclusiones preliminares:

  1. Sesgo partitocrático e irresponsabilidad de los representantes. Son las cúpulas de los partidos, en su calidad de "instrumento fundamental para la participación política" (C.E., art. 6) que deciden quién es o no elegido. De esta forma, la independencia de los representantes y el papel de los afiliados sin cargo orgánico en el partido quedan inhibidos. No existe posibilidad de compromiso entre representantes y representados ni de rendición de cuentas. La consecuencia de todo esto es el cinismo y la alienación que caracteriza la cultura política española y que reflejan todas las encuestas realizadas en los últimos veinte años.
  1. Comunitarismo. A pesar de que el sistema electoral español permite que más del 90% de los votos se traduzca en representación –el sistema de dos vueltas francés suele dejar a más del 20% de los votantes sin un solo diputado en la Asamblea Nacional– la mayoría de los grupos parlamentarios, que son nacionalistas, defienden proyectos políticos basados en identidades construidas, excluyentes y discriminatorias que juzgan el valor de una persona de acuerdo a criterios como el manejo de una determinada lengua o el nacimiento en una región o provincia particular. A pesar de no representar más del 12% de los votos, se las arreglan para formar grupos parlamentarios –cuatro en la actualidad de un total de ocho– de forma que la apelación a principios intangibles y maleables como la identidad nacional, el hecho diferencial –"la voz de la tierra"–, socava otros criterios políticos como la prosperidad económica personal o la libertad individual, valores secundarios frente a la defensa de una identidad grupal presentada en estado de conflicto permanente e irresoluble contra otra u otras.

¿Ciudadanos o vasallos? ¿Seres pensantes o ganado? ¿Personas capaces de determinar lo que más les conviene y obrar en consecuencia o miembros de tal o cual "colectivo"? ¿Cómo nos ven los políticos? A la hora de valorar un sistema electoral o apoyar o rechazar una reforma determinada sería conveniente que todos nos hiciéramos estas preguntas. Puesto que hasta la fecha no ha habido ningún sistema político que no implique un cierto compromiso entre libertad y estabilidad, autodeterminación y orden –soy de los que piensan que el poder es como el dinero; si se aboliera hoy, alguien lo reinventaría mañana–, al menos deberíamos ser conscientes de lo que estamos dispuestos a entregar, y a cambio de qué.

A la CNMV le gustan los monopolios

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Eso sin mencionar su manual dirigido, a lo que parece, niños de preescolar, "qué debe saber de los ‘chiringuitos financieros’". En el libro coloreado, el regulador caracteriza a las pequeñas empresas como bichos o magos, e incluso presenta a un comercial como el diablo.

Quienes no están familiarizados con el mundo financiero tienden a creer que organismos como la CNMV nos protegen de los estafadores. Es un tremendo error. La CMNV actúa como cualquier otro organismo del Estado, se presenta como el salvador de un grupo y, antes que nos demos cuenta, lo domina todo. Su forma de actuar es similar al que podría tener una mafia local en un pueblo o barrio, esto es, extorsionando a los comerciantes vendiéndoles seguridad. Si el comerciante no contrata la seguridad de la mafia, ésta se vengará. Con la CNMV ocurre lo mismo: o estás con ellos obedeciéndoles y pagándoles o estás contra ellos. Así: "la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores […] establece […] que los recursos económicos de la CNMV estarán integrados, entre otros, por las tasas que perciba por la realización de sus actividades o la prestación de sus servicios". Sí, prestación de servicios pero por la fuerza, como el mafioso de barrio.

Evidentemente, el encarecimiento de costes que crea la CNMV sólo se lo pueden permitir los grandes. Por tanto, sacrifica a los pequeños empresarios financieros para mantener el mercado limpio no de estafadores, que los sigue habiendo, sino de opciones para el inversor y el ahorrador. Como no, ahí está el único interés de la CNMV: mantener y reforzar los monopolios financieros. No es más que capitalismo de estado, o de "amigotes", el que gobierna hoy día en el mundo financiero.

Y es que el gigantismo en el mundo financiero nos parece inamovible, pero no siempre fue así. Muchos bancos actuales, europeos y americanos, fueron creados por personas corrientes como comerciantes o empresarios hace más cien años. En esa época no había tantas regulaciones ni el Estado estaba tan obsesionado como ahora por sacar dinero de donde fuese. Por ejemplo, el Banco de Santander se fundó en 1857 y contaba inicialmente con 13 personas en plantilla. En aquel momento los comerciantes de Castilla tenían que embarcar en Santander sus cereales rumbo a las Américas a cambio de diversos productos que sólo tenía ese continente. Esta fue la razón que impulsó la unión de comerciantes de la zona y creó lo que ahora es un gran banco. Ahora sería imposible hacer algo así. Es más, la CNMV lo habría considerado un chiringuito financiero con ramificaciones internacionales y estaría en su buscador de delincuentes. La regulación masiva sólo ha servido para crear cárteles financieros que impiden la competencia y se reparten el mercado entre ellos.

Las pequeñas empresas siempre han de demostrar que son mejores que las grandes, da igual que vendan hortalizas, zapatos o productos financieros. Estas pequeñas empresas no se juegan tener menores beneficios como las grandes, sino su existencia. En el mundo financiero, competir contra los grandes se puede conseguir con comisiones más reducidas, algo que hacen imposible los requisitos de la CNMV, u ofreciendo productos de mayor rentabilidad/riesgo. Si la comisión se empeña en cerrar todas las pymes financieras, ¿dónde está la competencia real y la libre opción? El monopolio en el sector está asegurado. Y encima, ¿sabría nombrarme algún logro de la CNMV en sus 20 años? Todo lo que envuelve a la comisión son escándalos, corrupción e ineficiencia.

El valor de la jurisprudencia frente a la legislación

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La distinción que establece la doctrina liberal entre derecho, economía y política, resulta fundamental para poder controlar de manera efectiva el poder y ceñir así el Estado a su función originaria de garante del Derecho. El problema de la soberanía se encuentra ligado, pues, al nacimiento y formación del Derecho, de cuya particular interpretación resultan dos concepciones políticas contrapuestas: democracia y liberalismo.

Desde el liberalismo, el derecho no coincide con el conjunto de leyes emanadas de los políticos para alcanzar fines específicos, sino que se trata de un conjunto de normas de carácter general y abstracto, universalmente aplicables, que tienen la finalidad de hacer previsibles las consecuencias de las acciones con las que los individuos se proponen conseguir determinados fines subjetivos. De ahí deriva que el Estado liberal tenga como función básica asegurar la certeza del Derecho y no convertirse en un mero instrumento con el que las mayorías cambiantes se proponen salvaguardar sus propios intereses, pues éste debe ser un conjunto de normas a las que todos se hallan sometidos (rule of law) en tanto ciudadanos, políticos o burócratas.

En este sentido, el derecho, al igual que otras importantes instituciones sociales, surge como producto espontáneo de voluntades colectivas no orientadas hacia el fin concreto de su creación. La "primacía de la ley", su soberanía y su título para gobernar derivan, pues, precisamente, de que el derecho no es el producto de una sola voluntad, sino el resultado, a menudo imprevisto, del encuentro de una pluralidad de voluntades individuales y de experiencias orientadas a eliminar aquellos obstáculos que impiden a los individuos participar en condiciones de libertad en el proceso de crítica y, por consiguiente, modificación de las instituciones sociales.

Se trata de un proceso de selección cultural tendente a eliminar las instituciones que no son capaces de resolver los problemas y las situaciones nuevas en cuanto a su universalización. Así, su función básica consiste en, por un lado, evitar la formación de monopolios, tanto económicos como legislativos, que privarían a los individuos de una libertad real de elección; mientras que, por otro lado, garantizar la competencia entre los fines individuales, así como evitar que su persecución provoque consecuencias negativas que constituyan un límite para el disfrute de las libertades de los demás.

Por ello, es conveniente que la actividad legislativa se encuentre limitada y en ámbito distinto al de la actividad del Gobierno, con el fin básico de evitar el monopolio de la producción del derecho. Así pues, la soberanía es entendida aquí como la producción jurisprudencial de normas capaces de regular la dinámica social a través del derecho, pero éste ha de ser concebido no como un mero atributo de los hombres, sino como descubrimiento de un orden de las cosas que trasciende a los actores sociales (derecho natural), o como un proceso evolutivo de selección de comportamientos tendentes a asegurar un determinado orden.

Por el contrario,las teorías contractualistas conciben el derecho en sentido contrario, pues, se centran en cómo concebir la producción política del derecho, así como las normas necesarias para hacer funcionar de forma efectiva la estructura institucional del Estado moderno. En este sentido, el hecho de que el derecho pueda ser concebido como producto de la voluntad humana, pero es más, de una voluntad concreta (la de la clase política en tanto legisladores), contrasta enormemente con la tradición del derecho natural y del derecho romano. Pero aún más importante es la transformación que de ello se deriva en cuanto al papel que debe jugar el Estado: de garante del derecho natural a fundador legítimo del mismo.

Así pues, en torno a tal fundamental cuestión surgen dos concepciones plenamente contrapuestas, siendo el modelo liberal un régimen político que se encuentra caracterizado por los siguientes principios básicos:

  1. En el liberalismo, es la sociedad y no el Estado la que representa el carácter natural de la vida asociativa, siendo ésta el resultado involuntario de una serie de actos de intercambio en los que confluyen motivaciones y expectativas diversas y subjetivas. Se basa, pues, en el respeto a lo pactado y en la conciencia de que los intercambios comportan consecuencias previstas e imprevistas, de carácter positivo o negativo.

  2. En tal concepción, el derecho constituye el único bien común de una asociación civil, un intento de hacer previsibles los resultados de las acciones. Por ello, consiste en normas de carácter negativo que prohíben comportamientos que no es posible universalizar como no sea a costa de cuestionar la existencia misma de una sociedad.

  3. El derecho, como conjunto de normas de comportamiento universales y abstractas, no se propone alcanzar fines, sino hacer posible la coexistencia de una pluralidad de expectativas subjetivas. De este modo, una acción socialmente buena será sólo una acción que no tiene consecuencias indeseadas para otras personas.

  4. De aquí parte el recelo que los liberales tienen ante las teorías políticas que atribuyen al Estado un papel distinto del mantenimiento del derecho, ya que toda intervención del Estado tendente a la consecución de finalidades éticas puede tener la consecuencia de aumentar el poder discrecional de los gobernantes sobre lo que ha de entenderse como bien, en tanto interés general. Y es que, nuestra idea acerca de lo que es verdadero y bueno no tiene por qué coincidir con lo que los demás conciben como beneficioso para la sociedad.

  5. En definitiva, atribuir a los gobernantes el poder de realizar el bien significa exponerse al riesgo de aumentar su poder. De este modo, la intervención del Estado a favor de la justicia social termina por convertirse en un modo de "despotismo iluminado", tal y como advertía Hayek.

De todo ello se concluye que, no por casualidad, el fundamento jurídico de la tradición política democrática sea el concepto de "obligación jurídica", mientras que el de la tradición liberal gire en torno a la fundamental idea del "derecho de resistencia".

Fiat se hace liberal

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

John Elkann, 31 años, vicepresidente de Fiat y heredero del mítico grupo empresarial, se declara liberal sin ambages. Entrevistado recientemente por varios medios, Elkann descubre oportunidades en la globalización, defiende reglas claras para el mercado y se dispone a ejercer la empresarialidad durante largos años. Es inusual entre emprendedores palabras y hechos de esta índole. Por ejemplo, en nuestro país, la tercera generación al frente de grandes firmas no suele participar, al menos cara al público, del ideario que el descendiente de los Agnelli proclama.

Si Corea del Sur –pura montaña, lugar incómodo– se ha convertido en la décima economía del mundo, existen motivos más que suficientes, según el joven líder de Fiat, para el optimismo europeo. Elkann no cree en los "campeones nacionales": para él la italianidad no debe ser excusa que altere la calidad de servicio a los clientes. Su vocación es permanecer; no quiere involucrarse con los reguladores del mercado en operaciones tipo Alitalia o luz y gas estatales, sino con el mercado mismo.

John es hijo del escritor Alain Elkann y la pintora Margherita Agnelli, nieto por tanto del célebre Gianni, patriarca del clan. De Alain se sabe poco; de Margherita se conoce su litigio con el resto de la familia acerca del reparto de la fortuna. La llegada de John a la cúpula de Fiat es una historia rocambolesca digna de monarquía electiva al uso, pero parece incumplirse con él la ley de hierro del fin de saga familiar. Desde que en 1899 el fundador Giovanni implantara en Turín la línea de ensamblaje de Ford, la connivencia de Fiat con el poder de turno ha sido constante. Gianni, viejo zorro plateado, auténtico rey sin corona, que hizo de su vida una obra de arte, antes de su muerte enseñó al novicio John las mañas de gobernar a los hombres. Tras una década de capa caída, ahora levantan el vuelo con el modelo Fiat 500, del que guardan elevadas expectativas de éxito.

Dice el historiador David S. Landes que "cuando Fiat quiere algo, el Estado se lo cede a precio de ganga; y cuando a Fiat le sobran limones, el Estado desarrolla una predilección irresistible por el zumo de limón". ¿Qué hay de impostura o veracidad en el rumbo de Fiat? Lo veremos en los próximos tiempos. En cualquier caso, si Elkann, junto a Luca Cordero di Montezemolo, jefe máximo, pretenden consolidar Brasil y expandirse por el resto del globo, no parece que la mundialización les permita cometer demasiadas trapacerías. John fue operario durante un período en Detroit, conociendo las raíces del oficio; prefiere tener una visión más panorámica que profunda de los temas, fue valiente en su afirmación liberal. Quiere hacer cosas, no buscar rentas. Falta, desafortunadamente, mucha gente así.