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Los telepredicadores de Bruselas

En muchas ocasiones oímos a grandes dirigentes de los bancos centrales decir a los empresarios que no suban los sueldos a sus trabajadores para así contener la inflación, aunque también pueden usar cualquier otra excusa. Todo por el bien común aunque éste vaya contra nuestro bienestar. ¿No le parece un absurdo indefendible?

Ahora la Unión Europea ha publicado un informe donde se les dice a las familias qué cantidad de horas deben dedicar hombres y mujeres en las tareas domésticas. Al parecer, según el estudio, los europeos trabajan 7 horas a la semana en casa, mientras que las europeas emplean 35. Haga las cuentas. "Es simplemente inaceptable", ha dicho Vladimír Špidla, comisario de Empleo de la UE. Špidla parece estar por encima del bien y del mal, dedicándose a insultar a gente que ni conoce mientras pretende meterse en nuestras vidas como si alguien le hubiese dado permiso para ello.

Para el comisario de Empleo esta actitud discriminatoria del hombre hacia su esposa o compañera provoca una renta inferior en la media agregada del sueldo de las mujeres respecto al hombre. A la vez, conlleva que los sectores copados por mujeres sean menos productivos y los sueldos bajen y –ya explayándonos en su razonamiento– esto también podría provocar que la renta agregada bajase, lo que a la vez haría disminuir el consumo agregado, lo que nos llevaría a posteriores pérdidas empresariales y nos sumiría en una horrible crisis europea. Para Špidla, la deslocalización, la fuga de capitales y de empresarios, la rigidez laboral, la merma de productividad y los continuos impuestos, elementos todos cuyos únicos responsables son gente como él, no son las causas del continuo retroceso económico de Europa, sino que lo es el malvado hombre corriente que le paga su sueldazo.

No sólo eso, Špidla también está diciendo que las mujeres son idiotas porque se dejan doblegar por las órdenes de sus "amos", sin tener suficiente inteligencia ni voluntad como para no discrepar de ellos. No parece muy realista creer algo así. Tal vez el comisario ha olvidado que las parejas se unen libremente y convienen las normas familiares de mutuo acuerdo; si no se separan. Eso es lo que le molesta a nuestro redentor social, que la gente tenga libertad para elegir incluso lo que a él le parece inaceptable, lo que está al margen del pensamiento único totalitario europeo.

¿Realmente cree que las conclusiones de este informe de este telepredicador ansioso de fama y poder no estaban decididas antes de realizarse o que Špidla no está sacando un beneficio político con tales palabras que le harán medrar dentro de la burocracia europea?

La carga del desarrollo

El Gobierno socialista español gastó un 0,32 % del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2006 (descontada la cancelación de la deuda pendiente de 2005). La cifra llegará al 0,42 % este año, lo que significará que, en algo más de tres, los socialistas habrán gastado en este concepto tantos miles de millones de euros como los que gastó el gobierno del PP en dos legislaturas. No está mal. En esto Zapatero no defraudará a quienes le confiaron su voto, ya que, como parte del elenco intervencionista, la ayuda exterior goza de lugar preferente en el programa de cualquier partido político en Occidente. Incluso los republicanos de Bush se han gastado en ayuda internacional más dólares (ajenos) que el demócrata Clinton.

La primera pregunta, que difícilmente nos hacemos, es: ¿por qué hay que hacer tal cosa? La siguiente, soslayada la primera, es: ¿ha servido de algo el dinero gastado hasta ahora?

A Peter Bauer le parecía una auténtica jugarreta que se le llamará ayuda a semejantes transferencias de capital. Al fin y al cabo, ¿quién puede estar en contra de ayudar a los más desfavorecidos del mundo? La compasión y la primitiva letanía autoinculpatoria que ya esbozara Lenin en su famoso librito sobre el estadio supremo del capitalismo, esto es, el imperialismo, han servido de acicates para que Occidente haya gastado 2,3 trillones de dólares en ayuda exterior en 50 años. Una cantidad que, según sus defensores, nunca será suficiente, ya que a cada programa de ayuda siempre le sigue otro que invariablemente implica más presupuesto. Un ejemplo significativo a este respecto lo ofrece la presidencia de Robert McNamara en el Banco Mundial, cargo que ostentó desde 1968 hasta 1981. En esos 13 años logró que el volumen anual de los préstamos concedidos por el Banco se incrementara 12 veces, alcanzando la cifra de 12,3 billones de dólares para financiar apenas 300 proyectos. Cifras aparte, lo verdaderamente significativo es que el protagonismo en estos programas es para la cuantía de la ayuda y no, en líneas generales, para los resultados alcanzados en el uso de la misma. Resultados que, muy significativamente en el caso de África, se traducen en valiosas mejoras de la calidad de vida de ciertos grupos pero no en incrementos discernibles de los ratios de crecimiento, algo que ya señaló Fredrik Erixson del Timbro en un revelador artículo.

William Easterly apuntaba en The white man’s burden (2006) que las buenas intenciones que pretenden aliviar la pobreza desde arriba, es decir, mediante la planificación teledirigida por organismos internacionales, no sólo suelen terminar en un rotundo fracaso, en términos de crecimiento económico sostenido, como el señalado para Africa, sino que, además, pueden acarrear consecuencias trágicas no intencionadas. Frente a la planificación grandilocuente que practican los organismos internacionales desde las moquetas se debe propiciar la búsqueda "empresarial" en el terreno protagonizada por los que quieren solucionar sus propios problemas. Una búsqueda guiada por incentivos, por el "ensayo y el error", un feedback necesario con el que no suelen contar los burócratas del politburó del Desarrollo.

Y es que para Easterly, enzarzado con un duelo mucho más que académico con Jeffrey D. Sachs,

la ayuda externa nunca ha logrado escaparse de sus orígenes colectivistas. Las fantasías colectivistas contemporáneas, como el gran empujón para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fracasarán con la misma contundencia con que lo hicieron las variedades del colectivismo en el pasado. En efecto, la misma ONU da cuenta del hecho de que ya están fracasando (creativamente ven esto como un motivo para solicitar incluso mayor financiación para el gran empujón).

El "Desarrollo" se ha convertido en una ideología, una amenaza a la libertad: la única respuesta a la reducción de la pobreza es tener libertad para no recibir consejos.

Ya que nuestros políticos están abonados a la filantropía vía presupuestos, deberíamos al menos exigirles resultados y no darles, con nuestro voto y nuestro silencio, un cheque en blanco con el que financiar esta nefasta ideología. Easterly utiliza un ejemplo que se puede traducir directamente a nuestras coordenadas cinematográficas: los productores españoles no pueden pretender que juzguemos sus películas por su presupuesto (que también pagamos, por cierto) sino por su calidad, que coincida con nuestros gustos. Es decir la ayuda no es buena por su cuantía, sino por sus resultados. Además, y aquí se rompe la analogía, quienes ven la película, en el caso de la ayuda, no son los mismos que pagan el ticket.

Educación nacional, educación irracional

Ahora que de nuevo sale a la palestra el tema de la educación en España, por la fantástica propuesta adoctrinadora del PSOE de introducir la materia Educación para la ciudadanía, un remedo de las asignaturas fascistoides del régimen de Franco pero en versión socialdemócrata, es preciso replantearse el sistema por entero y ver si realmente los parches pueden reparar la rueda.

Si las ruedas tienen un propósito, la educación tiene el suyo propio, formar. Sabiendo que la educación pública falla como todo lo público y, además, los resultados son objetivamente lamentables, por puro utilitarismo deberíamos dejarla de lado. De hecho, cuando se sabe que los propios políticos que impulsan con denuedo la educación pública llevan a sus hijos a colegios privados (ni siquiera concertados), como es el caso del señor Montilla, cuya progenie acude a uno de los centros más exclusivos de Barcelona, podemos empezar a dudar de las bondades de la enseñanza gratuita.

Mientras que la educación esté en manos de los políticos, estamos constreñidos por sus decisiones. El ejemplo más preclaro es el de Cataluña, donde los derechos lingüísticos son vulnerados constantemente. Al estar ante una competencia cedida a la Generalitat, este ente hace y deshace sin rubor hasta el punto de que estudiar en español es como ser libre en Cuba: una quimera.

La solución de la derecha es siempre la misma: recuperar el sentido común y prometer que si ellos gobiernan acabarán con semejantes tropelías, pero el problema sigue en el aire, como un nubarrón que amenaza tormenta. Y el problema, algo que nunca nos cansaremos de repetir, es el Gobierno.

El hecho de que haya lenguas oficiales, que exista el derecho y el deber de conocerlas, hace que por obra y gracia de la Constitución española todos los niños catalanes, vascos, valencianos o gallegos tengan que ser obligados a aprender las lenguas locales y el español.

El idioma es lo que, según los nacionalistas nos define como miembros de la comunidad nacional. Consecuentes con tal tesis, quieren desterrar el español como idioma, rememorando las "hazañas" (sic) de la dictadura del "generalísimo" cuando se propuso eliminar el vasco o el catalán de la faz de la tierra. La combinación de la educación como derecho positivo con la cooficialidad de los idiomas ha dado alas a los nacionalistas para implantar su ingeniería social. Entregarles la llave de las mentes de los niños ha permitido extender el número de acólitos que sucumben al nacionalismo.

Por eso, junto con la privatización total de la educación, la solución pasaría por dejar en manos de los padres el idioma en que quisieran educar a sus hijos y que cada cual se pagara dicho coste, eliminando de una vez por todas el monopolio educativo. La propuesta es ciertamente radical y conllevaría la educación "anacional", es decir, una educación donde la lengua no es óbice para la libre decisión de los padres ni vía libre para el lavado de cerebro de los políticos.

Treinta años después del comienzo de la democracia, los resultados demuestran que el nacionalismo ha conseguido expandir su influencia gracias a la educación y que, en términos generales, la enseñanza es lamentable en este país. Así que podemos seguir estudiando las propuestas de los políticos de turno pero ninguna medida podrá salvarnos de la opresión educativa, cuya destrucción que pasa por echar abajo el mito de que el Estado debe educar a los hijos. Aunque nos hayamos acostumbrado a ella, es una idea tan opresiva como aquella de Platón de imponer el amor de las madres por cualquier niño, quitándole su retoño nada más nacer para que así quisiera luego a todos los chicos de forma igualitaria. De nuevo, el igualitarismo y la igualdad de oportunidades que pretenden impulsar los gobiernos son la excusa para seguir descerebrando a los niños. Frente al axioma "educación nacional, educación irracional" conviene empezar a plantear el lema "educación anacional, educación racional". Liberarnos del nuevo espíritu nacional-socialista es lo verdaderamente progresista.

Michael Moore, sic(k)ofante

Busca la empatía facilona del espectador presentando abundantes anécdotas calamitosas (cánceres, accidentes, amputaciones de miembros) de clientes que se sienten maltratados o estafados por las aseguradoras privadas. Pero no muestra a ninguno de los cientos de millones de clientes satisfechos, y tampoco ofrece datos estadísticos significativos respecto a los precios y la calidad de los servicios. Le parece mal que los individuos tengan que preocuparse por contratar seguros médicos: mejor que Papá Estado se encargue de todo y solucione mágicamente los problemas, sin importar el coste.

Presenta a personas sin seguro médico que afirman tener miedo de que les suceda algo malo, pero no les recomienda que contraten uno, ni se ofrece a ayudarles a pagarlo si es que no pueden. Un matrimonio mayor tiene que enfrentarse a grandes pagos no cubiertos por su seguro (suelen tener límites respecto a los tratamientos, los medicamentos o los costes), por lo cual quedan arruinados y tienen que mudarse a vivir con su hija: declaran llorosos que creían que en su país no se permitiría algo así. Tal vez deberían haber pagado antes más dinero por un seguro con mejor cobertura; ahora que descubren que han tenido mala suerte, protestan porque el sistema no les ayuda de forma automática: es fácil culpar a los demás en lugar de reconocer los propios errores.

Una viuda se queja, sin ofrecer prueba alguna, de que su marido no fue tratado a tiempo porque era negro. Una mujer lleva su hija a un hospital no aprobado por el seguro y la niña fallece por el retraso. No se entera de lo que ha contratado, pero exige a los demás que satisfagan sus necesidades según sus condiciones. Una paciente es expulsada de un hospital porque no puede pagar: parece espantoso, pero quien quiera practicar la caridad puede ayudar a los demás y asumir sus facturas, en lugar de pretender que lo hagan otros a la fuerza.

Las aseguradoras no son hermanitas de la caridad, sino empresas con accionistas que buscan ganar dinero proporcionando un servicio a consumidores potenciales en un mercado relativamente libre y competitivo. Por principios actuariales, rechazan a gente con ciertas enfermedades o probabilidades de ocasionar grandes costes. Una trabajadora encargada de tramitar solicitudes llora porque sabe que algunas serán rechazadas; un médico reconoce arrepentido que negó a un paciente una operación que le habría salvado la vida porque ahorró muchísimo dinero a la compañía (y él también ganó mucho dinero haciéndolo).

Los contratos de seguros médicos pueden ser bastante complejos, y las aseguradoras buscan posibilidades de exclusión de responsabilidad para no tener que compensar los gastos que reclaman algunos clientes. Puede parecer inhumano, pero los contratos tienen cláusulas para cumplirlas, para aclarar a qué se compromete cada parte, y ambas pueden disputar su interpretación. Si un cliente no queda satisfecho, puede reclamar ante los tribunales o exponer públicamente su caso, para que otras personas conozcan la reputación de la compañía. Pero los individuos a veces también hacen trampas e intentan estafar a las aseguradoras…

El sistema público de salud se presenta como de cobertura universal, pero se omite que la participación en el mismo es obligatoria, coactiva, no voluntaria: medicina socialista. Para evitar el afán de lucro de una aseguradora privada sería posible organizarse como una mutua cooperativa de seguros, pero esto ni se propone como solución ni se muestra ningún ejemplo: tal vez porque las cooperativas tienden a ser menos eficientes que las empresas privadas. Resulta curioso que los funcionarios españoles, en su inmensa mayoría, eligen libremente abandonar el sistema público a favor de opciones privadas.

Que las aseguradoras privadas tengan enormes beneficios no es una inmoralidad: es una señal y un incentivo para que otras empresas se introduzcan en el sector e incrementen la competencia. Quienes creen que un sistema universal público es maravilloso pueden demostrarlo no obligando a nadie a participar en él. Pero entonces nos contarán que es por los pobres, que no pueden pagárselo, que hay que redistribuir la riqueza por criterios de solidaridad y justicia social: obligar violentamente a la gente a que ayude a los demás les parece perfectamente aceptable.

La Organización Mundial de la Salud coloca muy mal al sistema sanitario de Estados Unidos: lo que la gente seguramente no sabe es que el baremo utilizado para puntuar sólo considera la calidad de los servicios médicos en un 25%, y el resto son indicadores que favorecen automáticamente a los sistemas estatistas colectivizados (equidad, gratuidad, universalización de la cobertura).
 
Moore critica de forma indiferenciada a compañías de seguros, farmacéuticas y políticos: las empresas hacen generosas contribuciones para las campañas electorales de los políticos, y los contratan como asesores o ejecutivos cuando abandonan la política. Pero el problema está en el poder coactivo de los políticos para regular a favor de algunas empresas, comprar sus productos (recetas gratuitas para los ancianos) y cargarlos al bolsillo de los contribuyentes. La solución es privatizar completamente el sistema de salud.

Una ciudadana estadounidense enferma de cáncer intenta engañar al sistema público canadiense haciéndose pasar por residente local (lo de la cobertura estatal universal parece que no es para todo el mundo, sólo para los locales). En Canadá, el sistema es tan liberticida que está prácticamente prohibida la medicina privada y hay largas listas de espera (bastantes canadienses viajan a Estados Unidos para recibir asistencia privada). En la Unión Europea ya hay países, como España, que reciben turismo sanitario.

Moore alaba los sistemas canadiense, británico y francés, y entrevista a personas (pacientes y médicos) que comparten sus mismos prejuicios socialistas. No ofrece crítica alguna, ni analiza sus graves problemas de financiación, listas de espera o falta de profesionales cualificados. En Francia hay servicio de urgencias a domicilio: conviene recordar que cualquier sistema puede tener cierta calidad si se gasta suficiente dinero, pero enseñar sólo lo obvio y lo bonito sin indicar los costes es trampa.

Europa parece maravillosa: a la gente le gusta todo lo que recibe aparentemente gratis o fuertemente subvencionado (educación, guarderías, asistentes sociales, vacaciones pagadas, permiso por boda, por mudanza). No ve las ineficiencias, el déficit presupuestario, la deuda estatal, el estancamiento económico, los desincentivos al trabajo. Vemos a un enfermo que recibe su sueldo aunque no trabaje: parece que no puede trabajar, pero sí disfrutar de unas vacaciones en la playa a costa de los demás. La familia media europea es más pobre que la americana, pero Moore intenta hace creer que el francés vive mejor.

Se hace el tonto sorprendido cuando descubre que los pacientes no pagan sus tratamientos (incluso les reembolsan el transporte), que no hay facturas: el sistema parece gratis si no se muestran los impuestos confiscados a los ciudadanos productivos. Igual que compran productos o reciben ideas de otros países (coches, vinos), los estadounidenses deberían adoptar sus sistemas de salud: es tan inepto que no ve la diferencia entre múltiples decisiones individuales en un mercado libre y decisiones políticas desacertadas impuestas a todos.

Moore elogia los servicios estatizados, como la policía, los bomberos, la enseñanza y el correo. Todos ellos, de peor calidad que los que puede proporcionar un mercado libre competitivo. La enseñanza pública en Estados Unidos es patética, y el monopolio de correos, una vergüenza ridículamente ineficiente. Es tan ignorante en asuntos económicos que sugiere que su modelo crearía empleos curando a la gente: no ve los que se destruirían en otros sectores. Afirma que en la guerra no había desempleo, pero no explora las consecuencias lógicas de tan atrevida afirmación.

Moore critica el mercado y alaba la democracia, donde los pobres votan. Para él, la solidaridad es comunismo puro: que te den lo que necesites y que pagues según lo que puedas. No le gustan las decisiones individuales libres, y olvida mencionar cómo las mayorías imponen por la fuerza sus criterios a las minorías en desacuerdo. Siempre habla de cómo el país debe cuidar a su gente, nunca de personas libres relacionándose (o no) voluntariamente: "Nadamos juntos o nos hundimos juntos".

En el colmo de su desfachatez, Moore intenta ayudar a cinco trabajadores de la Zona Cero presuntamente afectados por los gases tóxicos durante las tareas de desescombro y que no están cubiertos por seguro alguno. Primero los lleva a la prisión de Guantánamo (intenta acceder de forma ridícula en barco, sin seguir ningún procedimiento oficial), porque parece que los presuntos terroristas ahí presos reciben muy buen tratamiento médico (esto tiene que doler a toda la progresía que denuncia lo inhumana que es dicha cárcel). Como no le hacen caso, recurre a la aparentemente maravillosa sanidad de la dictadura castrista, que los trata maravillosamente y gratis.

Moore pretende que el espectador es tan tonto que va a creer que no hay ninguna propaganda política tras estos hechos, que a todos los cubanos les tratan igual de bien (por eso mueren al intentar escapar de la isla-cárcel), que no se trata de un montaje bendecido por las autoridades, que ellos simplemente pasaban por allí y no pidieron un trato especial. Se esperan avalanchas de turistas enfermos en Cuba, a ver si les reciben igual de bien (e igual de gratis, que enfermos extranjeros de pago ya hay muchos en la Isla). Aleida Guevara, hija del Che Guevara, aparece entrevistada como comentarista objetiva e imparcial.

Moore es tan generoso que manda un cheque anónimo a su principal crítico para que pueda pagar un tratamiento médico a su mujer y no tenga que cerrar el portal a través del cual lo critica; y ahora lo hace público. ¡Qué bueno es, y qué poco discreta su caridad!

Rajoy y los impuestos

La semana pasada Mariano Rajoy desgranó el programa económico del PP en una conferencia ante los empresarios y en una entrevista concedida al periódico Negocio. Como es lógico, habló de impuestos y, como viene siendo habitual en los programas electorales del PP, prometió bajarlos. En concreto, prometió reducir el Impuesto de Sociedades hasta el 25% (para las pymes, hasta el 20%), dejar el tipo máximo del IRPF en un 40% y el mínimo en un 12% y suprimir, entre otros, el impuesto sobre el patrimonio.

El Impuesto de Sociedades constituye un serio obstáculo a la función empresarial. Cuanto más elevado sea, menor será el incentivo para que los individuos empleen su riqueza en satisfacer las necesidades de los consumidores y, así, lograr una ganancia. El motivo es evidente: toda inversión supone un coste (la no disponibilidad del capital invertido y la incertidumbre de perderlo) y permite obtener un beneficio. El Impuesto de Sociedades reduce el beneficio esperado, pero no el coste, de modo que, para mucha gente, los incentivos se evaporan.

Los efectos no inciden únicamente sobre quienes no son empresarios y podrían llegar a serlo, también sobre las empresas ya establecidas que se plantean acometer nuevas inversiones y sobre aquellas personas con que se relacionen. Dado que las decisiones de reinversión de beneficios se determinan por la ganancia esperada, cuanto menor sea esa ganancia menor será la reinversión.

El IRPF es otro impuesto completamente injusto y perjudicial. Al reducir las remuneraciones efectivas que perciben las personas, disminuye los incentivos para incrementar la renta. Por ejemplo, si el impuesto sobre la renta se situara en el 99%, nadie trabajaría, ya que en la práctica todo el mundo estaría prestando sus servicios laborales gratis. Unos tipos más reducidos moderan los efectos, pero no los eliminan. A causa del impuesto sobre la renta, la gente trabaja, ahorra e invierte menos.

La razón es sencilla: el tiempo de ocio no tributa. Si reducimos las rentas salariales mediante el IRPF, los individuos trabajarán menos de lo que lo habrían hecho. Del mismo modo, si el IRPF grava las plusvalías del capital, la gente dedicará menos recursos a la inversión, pues le resultará más cómodo consumirlos.

Además, el IRPF es una de las mayores barreras contra la movilidad social. Las clases altas suelen tener una gran patrimonio acumulado, que les proporciona rentas permanentes. Las clases bajas, en cambio, carecen de esa riqueza, por lo que deben acumular para mejorar su nivel de vida. Sin embargo, la acumulación de riqueza se ve enormemente dificultada con el IRPF. Si un individuo tiene un par de años muy buenos que en principio le permitirían invertir para lograr rentas futuras, el IRPF se lo impedirá, ya que parte de sus ganancias extraordinarias podrían tributar a tipos tan elevados como el 43%. En otras palabras, el IRPF perjudica especialmente a quienes no disponen de una fuente permanente de rentas, a las clases bajas, a las que impide aprovechar sus ganancias extraordinarias para construir su riqueza.

Por lo que hace al Impuesto sobre el Patrimonio, atenta contra la base de nuestra sociedad: la propiedad privada y la acumulación de capital. Al expoliar a cada individuo en función de la riqueza que ha acumulado previamente, favorece la desinversión y el consumo de esa riqueza.

En otras palabras, las propuestas de Rajoy apuntan en la buena dirección, por cuanto amplían la libertad de las personas. Sin embargo, una cosa es que las celebre si llegan a materializarse y otra que considere que esas propuestas encajan con la filosofía del presidente del PP.

Al menos por su discurso –cosa distinta es que sea un mero ropaje electoralista–, las propuestas del PP se insertan en el típico estatismo de corte socialista. Los impuestos se bajarán siempre y cuando el peso y el poder del Estado no se tambaleen. Rajoy lo dejaba claro Rajoy en la mencionada entrevista: "La única forma de mantener el Estado del Bienestar es haciendo reformas económicas y, entre ellas, las reformas fiscales".

Dicho de otro modo, las rebajas de impuestos de Rajoy son instrumentales, están al servicio del poder político. Rajoy actúa como el empresario que baja el precio de sus productos para vender más y así obtener mayores beneficios; con la diferencia esencial de que el empresario no fuerza a los consumidores a pagarle.

El PP no se plantea la posibilidad de devolver la responsabilidad a los individuos, ni la de permitir que la sociedad civil proporcione los servicios que hoy provee coactivamente el Estado. Quiere que el Estado siga tutelando múltiples aspectos de al vida de las personas; que las vigile y las cuide como un padre marimandón.

Así, por ejemplo, en matería de I+D, Rajoy sentenciaba que "corresponde al Gobierno un impulso cuantitativo y cualitativo capaz de generar posteriores desarrollos". "Las políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación no pueden quedarse reducidas a meros adornos de un programa electoral porque suenan a moderno, ni a los crecimientos presupuestarios tranquilizadores para lucir aquí o allá. Tienen que ser uno de los ejes vertebrales de todas las políticas públicas".

A los del PP les molesta incluso que las personas no inviertan en I+D tanto como ellos querrían. Si los empresarios prefieren comprar máquinas viejas, repartir beneficios entre los accionistas o rebajar el precio de sus productos en lugar de invertir en I+D, Rajoy defiende que el Estado cubra la diferencia, esto es, que impida a los empresarios gastar el dinero como lo habrían gastado si no se lo hubieran arrebatado por la fuerza. Y ello a pesar de que, según Rajoy, "a los empresarios no es preciso decirles lo que tienen que hacer, que ellos ya saben en cada caso lo que más conviene a sus empresa". ¡Pues nadie lo diría! Si saben lo que tienen que hacer, ¿por qué les quita el dinero para invertirlo allí donde ellos no lo harían?

No, las ideas actuales del PP tampoco son compatibles con la libertad. Los impuestos sólo se rebajarán mientras no entren en conflicto con el Estado del Bienestar, pero nunca si, por ejemplo, fuera necesario privatizar la educación o la sanidad para recortarlos aún más. El PP necesita cambiar la filosofía social y política sobre la que construye sus propuestas. Si quiere pasar por liberal, no basta con realizar propuestas que coyunturalmente también podría lanzar el PSOE. Tiene que adoptar una política de principios que tenga por prioridad la libertad, no los intereses del Estado.

Pero me temo que nadie del PP tiene hoy el coraje –no sé si los valores– para liderar esta transición que tanto necesitan los españoles.

Stallman hipócrita (lo dice Linus)

Y segundo, y bastante más importante, en el propio Stallman, su fundación (la Free Software Foundation) y su idea de lo que es la libertad, lo que ha provocado fricciones entre él y otros gurús del movimiento, especialmente Eric S. Raymond y el creador de Linux.

De hecho, recientemente se ha formado un pequeño escándalo debido a un mensaje de Linus Torvalds en el que, según un periodista de Information Week, habría llamado "hipócritas" a Stallman y la FSF. Lo cierto es que está sacado un poco de contexto y, al contrario de lo que sucede con los deportistas cuando meten la pata, en este caso no es sólo una excusa para escurrir el bulto. Torvalds se refería a algunos de sus interlocutores en la lista de correo, especialmente un tal Alexandre Oliva; después de leer un par de mensajes suyos me entraron ganas de torturarle, de modo que no me extraña que Linus le acabara llamando de todo.

El motivo de todo esto es la publicación de la versión final de la licencia GPL3. Lo que hemos conocido hasta ahora como licencia GPL, a secas, creada por Stallman y sus cuates y que es una de las más empleadas en el mundillo, en realidad era la GPL2, pues hubo otras versiones anteriores. La importancia que tiene esta licencia, además de venir de quien viene, es que muchos proyectos licenciados bajo GPL2 venían con la coletilla de "y versiones superiores", de modo que, en la práctica, ahora que hay una nueva versión también están licenciados en ella. Pero Linux no es uno de ellos, y Torvalds ha sido bien claro especificando que lo hizo a propósito porque no quería dejar en manos de nadie que no fuera él la licencia que empleaba su sistema. GPL3 le parece peor y no quiere utilizarla. Algunos desarrolladores que colaboran con él le decían que debía cambiarla en nombre de la "libertad", y Linus les contestó que le parecía bastante hipócrita decir eso mientras querían forzarle a que no escogiera libremente la licencia que mejor le parecía.

El problema del GPL3 para Torvalds es que prohíbe lo que la FSF ha dado en llamar TiVoización, que consiste en emplear software libre para unos aparatos concretos y cumplir las reglas del GPL, que consisten en publicar los cambios que hagan al código, pero cerrando el hardware de modo que no se pueda utilizar una versión distinta a la suya en sus aparatos. A Linus eso le parece estupendo, porque lo que le interesa es el código en sí, no lo que se haga con ese código. A Stallman le parece intolerable, porque restringe la libertad de los usuarios de TiVo de hacer cambios. Sin embargo, los usuarios pueden hacer al software todos los cambios que quieran; simplemente no pueden emplear esos cambios en los aparatos de TiVo. La GPL3 lo que obliga es a dar libre acceso al hardware si sobre éste se ejecuta código con licencia GPL3.

Pero licencias aparte, lo cierto es que, precisamente por el argumento utilizado, Torvalds ha llamado hipócrita a Stallman, aunque no fuera su intención. Porque el creador del software libre ya ha declarado en más de una ocasión que se debían prohibir que las aplicaciones emplearan cualquier tipo de licencia que no fuera de software libre, y esa restricción la quiere imponer en nombre de la "libertad". Para él la libertad no es poder escoger sin coacción cómo distribuimos nuestras creaciones, sino escoger la opción que él considera correcta, porque da más opciones a los usuarios al permitirles modificar lo que otros producen. Sin embargo, los usuarios no son los creadores; no está claro por qué ha de estar su capacidad de modificar el código (libertad positiva) por encima de la decisión del programador del código (libertad negativa).

En realidad, Linus ha escrito cosas bastante más graves sobre Stallman estos últimos días. Considera que el creador del software libre cree que tiene la obligación de decirle a los demás cómo vivir sus vidas y siente la necesidad de "difundir su mensaje" del mismo modo que las personas que llaman a la puerta, estilo testigos de Jehová, para "salvarte". Stallman "literalmente te está salvando del pecado". Me parece una caracterización muy precisa del personaje.

Los coches de choque

Su sonrisa, entre divertida y cómplice, me hizo pensar que ya no iría a los coches de al lado. Pero recapacité e hice exactamente eso, para ver qué me ofrecía el otro por mis 500 pesetas. Así descubrí que la competencia funciona.

También recuerdo que en primero de periodismo nos daban introducción a la economía. A mí me gustaba, pero había cosas que no podía entender. Cuando el profesor y el libro hablaban de competencia se referían a una situación en que las empresas ofrecían el mismo producto y al mismo precio. A mí me parecía absurdo, porque me resultaba evidente que esas empresas no estaban compitiendo en absoluto. "Competencia perfecta", recuerdo que se llamaba. No entendía nada.

Pensé que lo que recibíamos era eso, economía para periodistas. ¿Qué podía esperar? Los libros de economía de verdad sí explicarían lo que veía en la calle; sí darían cuenta del feriante que me dio más fichas de las que yo esperaba. Pero luego me interesé por la teoría económica y me encontré con que se daba exactamente lo que me habían enseñado en la Universidad. Me tuve que buscar la vida para dar con autores que sí hablaban de competencia como una rivalidad entre empresas para ganarse el favor de los consumidores. Y así topé con Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Israel Kirzner o Murray Rothbard. Leyéndoles me acordé de mi experiencia en las ferias de mi pueblo.

La competencia es rivalidad. Es un proceso de descubrimiento, como dice Hayek. Y es el ambiente en que los buenos empresarios se ven recompensados. Pero los comisarios europeos han leído otros libros, y por eso reparten estopa a Microsoft, Schneider o Telefónica. Eso, o que cuando eran niños no fueron a los coches de choque.

Rajoy apóstol

En esta España de duelos por los consensos recién muertos y quebrantos del Estado de Derecho, en que el Gobierno crea problemas donde no los había y convierte el escenario público en el retablo de las maravillas, Rajoy ha mostrado su honradez hablando a los españoles de reformas. Una de la sisa pública y la otra del sistema electoral.

Rajoy ha hablado de su propuesta fiscal como si no hubiera habido otras; la madre de todas las rebajas, las de enero y de verano en todo un año fiscal. No es para tanto. Yo creo que los españoles nos beneficiaríamos de una reforma de verdad, que apostara por la sencillez del impuesto hasta dejarlo en un único tipo marginal, sin deducciones. Pero si Rajoy prometiera tal cosa se vería abocado a llevarla a cabo por no faltar a su palabra, y no es él hombre de grandes cambios en materia económica, me da a mí. Al menos reconoce que el mundo no se acaba en el terruño, que estamos en un mundo globalizado en que la competencia fiscal es un hecho y ha propuesto una rebaja del Impuesto de Sociedades apreciable, aunque insuficiente. También abrirá la mano en la descentralización fiscal, con pasos breves, pero en la buena dirección.

De la reforma electoral sólo ha mostrado su preocupación por que el viejo principio del gobierno de las mayorías se haya convertido en el gobierno de las minorías. El sistema electoral es la clave de esta democracia antidemocrática, de esta partitocracia extendida a todas las instituciones, de los órganos reguladores al Tribunal Constitucional. Permite, como en Baleares o Navarra, que el sentir mayoritario de los ciudadanos se quede en nada y favorece a los partidos sectarios, nacionalistas y de oportunidad, que entienden la política como el arte de "¿qué hay de lo mío?".

En las democracias los ciudadanos eligen a los representantes. En España son los políticos quienes los eligen y le dejan a los ciudadanos el mal trago de aceptar toda la lista o rechazarla. Por eso en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, vemos a representantes interpelando duramente al presidente de su propio partido, porque sabe que es a los electores a quien debe su sueldo. Aquí la fidelidad se debe al jefe. Y a la jerarquía de partido le llamamos "democracia" porque somos así de cachondos.

Ninguna reforma que no pase por circunscripciones uninominales se puede considerar como tal. Darle contenido a la palabra democracia en nuestro país. Esa sería la mejor contribución, y la más honrada, de un Rajoy presidente de España. No hace falta adoptar el sistema británico, o el estadounidense. Bastaría con seguir el sistema francés, a dos vueltas, que favorece a la vez la creación de partidos pequeños y de mayorías estables, pero con representantes guardando fidelidad a los electores y no necesariamente al partido.

Me temo que Rajoy no llegará tan lejos. Le falta audacia y acaso le sobre cobardía, disfrazada de prudencia. Sólo su honradez le puede animar a dar ese paso. ¿Hará Rajoy apostolado de la honradez? Esperemos.

Diez años después llega “el cambio”

Pero el caso del asesinato del joven concejal de Ermua tuvo una relevancia política que sí es necesario destacar, sobre todo cuando diez años después de su asesinato tantas cosas han cambiado en España.

Durante las horas que transcurrieron entre su secuestro y su asesinato, España entera se echó a la calle. No tiene tampoco ningún mérito. Es la reacción mínima que un acto de estas características debe provocar en una nación que no haya abandonado hasta el último vestigio de decoro colectivo. Los políticos, todos, fueron interpelados por los ciudadanos que pagamos sus sueldos para que se pusieran de acuerdo en algo tan elemental como es acabar con una banda terrorista. La protección de vidas y haciendas de sus ciudadanos es la principal obligación del Estado, pero aquí tuvo que morir cruelmente asesinada una persona en la flor de la vida para que la clase política empezara a plantearse la necesidad de hacer su trabajo. Da vergüenza ajena admitirlo, pero así fue.

Cuando los líderes políticos acudieron esos días al País Vasco para sumarse a las movilizaciones populares, entre ellos los nacionalistas digamos moderados, la gente les abría un pasillo y les aclamaba. No era un gesto espontáneo de agradecimiento ni de aprobación. Era más bien, según yo lo viví, una forma de exigir a los políticos que además de las "condenas enérgicas" tras cada atentado, empezaran a trabajar unidos para acabar con una banda de delincuentes.

Sólo dos partidos interpretaron correctamente las señales de hastío colectivo que el pueblo llano les lanzó durante aquellos dos días y actuaron en consecuencia: el PP y el PNV, aunque por motivos y con resultados completamente opuestos como es bien conocido. En cuanto al PSOE, su ambición de poder es tal que años después protagonizaría el mayor espectáculo de esquizofrenia moral ofrecido hasta el momento por una organización democrática, Mientras proponía un pacto global para aislar a los terroristas de las instituciones, negociaba con sus representantes con vistas a no desperdiciar los réditos electorales de un final dialogado de la violencia cuando llegara al poder.

No es lícito aprovechar la lucha antiterrorista con motivos electorales, dicen. ¿A quién se le ocurrió semejante majadería? Por supuesto que se puede rentabilizar electoralmente el hecho de que un partido presente un expediente brillante de firmeza frente al terrorismo. Es algo que está al alcance de cualquiera, también del PSOE, especialmente ahora que está en el poder. Si los socialistas prefieren el diálogo con los terroristas y el desprecio a sus víctimas como estrategia política son muy libres también de presentarse a las próximas elecciones con esa "conquista" en su haber. Quien sabe si pueden salir beneficiados; ha cambiado tanto España que los mismos que hace diez años exigían seguir en una dirección, ahora se felicitan de que el Gobierno apueste por la contraria. Al final, votar al partido de Miguel Ángel Blanco va a resultar, antes que una decisión política, una cuestión de decencia cívica.

Sanidad se cabrea

No nos referimos tan sólo a los intolerables límites que las legislaciones europea y española imponen al derecho de información al paciente. Un nuevo caso viene a demostrar la libre iniciativa de los enfermos en busca de soluciones causa la ira de burócratas y políticos, el de la jovencísima enferma de leucemia Patricia Pena.

Esta adolescente, de apenas dieciséis años, lleva buena parte de su vida luchando por salir adelante y hace cincuenta días su familia decidió crear la web Amigos de Pati con la esperanza de encontrar un donante compatible con la joven. Lo han logrado. Lo que debería ser un motivo de alegría para todos ha causado irritación en el Ministerio de Sanidad. Si Bernat Soria se estrenaba como ministro pidiendo la concesión del Nobel a Rodríguez Zapatero en inexistentes y extravagantes categorías, días después su departamento se dedica a atacar a unos padres que han luchado para salvar a su hija. No se contenta con acusarles de actuar de forma inútil y contraproducente. También "desmiente" la información que han dado sobre el caso, vamos, que les llama mentirosos.

Lo que realmente molesta al ministerio de Bernat Soria es que, con una simple web, una familia ha puesto al aire las vergüenzas de un sistema de donaciones que –por mucho que se presuma de lo bien que funciona en España– tiene los inevitables fallos propios de toda burocracia centralizada e intervencionista. En este terreno, como en otros, a la Administración le gusta que todo pase por ella y recela de cualquier iniciativa privada. El motivo salta a la vista, su eficiencia le ha sacado los colores a la burocracia de la salud. Resulta absurdo que desde Sanidad se alegue que la web Amigos de Pati atenta contra el "elemental principio" de confidencialidad. Eso es una obligación del médico y las autoridades sanitarias hacia el paciente, nunca al revés. No se le puede negar a un enfermo el derecho a decir que lo está.

También deberían reflexionar los burócratas sobre un hecho que habla muy a favor de la iniciativa privada cuando se le deja actuar libremente: gracias a la movilización provocada por la web en cuestión, ha habido las mismas pruebas de compatibilidad en el banco de sangre del Hospital Joan XXIII en cinco días que en todo un lustro. Algo que no consigue ninguna campaña oficial de búsqueda de donantes. Si lo que le importara realmente a las autoridades sanitarias fuera la salud de los ciudadanos, deberían alegrarse ante una iniciativa como esta, no criticar a quienes la han llevado a cabo.

Sobre la contradicción entre los datos de Sanidad y los de la familia, la verdad es que uno tiende a fiarse más de esta última. Lo único que hay en juego para los padres de Patricia, y lo más importante para ellos, es la vida de su hija. En cambio, las autoridades tienen otros motivos, como evitar que este caso haga daño a su credibilidad y a la de un sistema claramente deficiente. Aún así, puesto que se arrogan la facultad de proteger la salud de los ciudadanos deberían hacer lo que no evitado hacer: felicitar a Pati y celebrar la oportunidad que se le presenta de salir adelante.