Por supuesto, determinar cuáles son las necesidades de gasto públicoen sanidad, educación o dependencia entre los ciudadanos de una autonomía constituye una cuestión abiertamente subjetiva, dado que cualquier volumen destinado a tales partidas podría incrementarse todavía más (¡sobre todo cuando el que paga es otro distinto del que lo recibe!). Al final, estas sumas terminan siendo especificadas dentro de una negociación política arbitraria (y muchas veces motivada por intereses espurios, del todo alejados del vaporoso ‘interés general’).
Tan es así que la Consejería de Hacienda andaluza, bajo las directrices de Montero, apostó por vincular al PIB la evolución del gasto en servicios públicos esenciales, esto es, garantizar que cada autonomía destine, como mínimo, un determinado porcentaje de su PIB a determinadas partidas de gasto público. Nótese el perverso sistema de incentivos así creado: por mucho que una Administración pudiera aumentar la eficiencia dentro de un servicio público —permitiendo así ahorrarse parte de sus desembolsos—, seguirá recibiendo un mismo volumen mínimo de recursos. En tal caso, el propósito de la burocracia deja de ser prestar un buen servicio al menor coste posible, sino maximizar el gasto.
En cuanto a lo segundo, Montero dejó por escrito durante sus tiempos como consejera que “la armonización fiscal es una condición necesaria para que cualquier sistema de financiación autonómico funcione de manera eficiente y equitativa”. En otras palabras, se repudia cualquier tipo de rivalidad entre administraciones dirigida a aliviar la losa tributaria que pesa sobre los ciudadanos y, como alternativa, se propone cartelizar a las distintas autonomías para maximizar el saqueo a los contribuyentes. No en vano, las administraciones que, por mero instinto de supervivencia, se oponen más a la competencia fiscal son aquellas que aspiran a elevar con mayor saña los impuestos a sus contribuyentes: sueñan con eliminar cualquier válvula de escape a su inclemente rapiña.
Así pues, la nueva ministra de Hacienda apuesta por mucha menos autonomía fiscal y por mucha más redistribución interterritorial. ¿Con qué propósito? Claramente, con el de trasvasar recursos desde los contribuyentes que residen en Madrid, Cataluña o Baleares (y también en País Vasco y Navarra, dado que es partidaria de meterle mano al cálculo del cupo) hacia las burocracias extractivas de Extremadura, Castilla-La Mancha y, sobre todo, Andalucía.
Tan es así que, a pesar de que la Junta de Andalucía ya recibe actualmente una transferencia neta de 7.700 millones de euros del resto de España (una media de 915 euros por andaluz), Montero reclamaba recientemente otros 4.000 millones de euros más para su región. ¿Y quién debería abonarlos, según la nueva ministra de Hacienda? No los propios ciudadanos andaluces, sino los contribuyentes de regiones ricas, esto es, de Madrid, Cataluña o Baleares (más País Vasco y Navarra).
En definitiva, todo apunta a que Sánchez quiere importar al conjunto de España el modelo de administración clientelar y parasitaria que Montero ha consolidado en Andalucía durante el último lustro. Y, además, quiere hacerlo sin habilitar ninguna vía de salida: centralización tributaria para que nadie pueda huir de su infierno fiscal.
