Para la socialdemocracia, la Administración es el motor de la igualdad de oportunidades a través de la institucionalización de un mega-aparato redistributivo llamado Estado de bienestar. La sociedad deviene en última instancia dependiente de los servicios fundamentales que este le proporciona, y toda vía de escape a tales servicios públicos es vista con suspicacia y desconfianza. A la postre, si uno puentea los servicios públicos en favor de los privados, será porque juzgue que —en alguna variable relevante— los privados son mejores que los públicos, y si además es capaz de puentearlo será porque esa persona cuenta con suficiente dinero para ello: he ahí, pues, el germen de una cierta desigualdad de oportunidades (algunas personas pueden acceder a mejores servicios básicos que otras por su superior patrimonio).
O dicho de otra forma, la socialdemocracia rechaza que, al menos en ciertas áreas ‘fundamentales’, cada uno de nosotros nos creemos nuestras propias oportunidades en lugar de que sea el Estado quien las distribuya igualitariamente. Desde este otro prisma, también parece consecuente que Podemos no quiera favorecer conductas dirigidas a independizarse relativamente del Estado de bienestar en la medida en que ello pueda generar desigualdades.
Ambos argumentos contra la educación financiera son, sin embargo, enormemente contraproducentes para asegurar la mejora de vida del conjunto de los ciudadanos y, especialmente, de los más desfavorecidos. Esencialmente por dos razones que atacan de lleno el contenido de los prejuicios marxistas y socialdemócratas contra la educación financiera.
Primero, la base de la prosperidad de cualquier sociedad se halla en la acumulación de capital (físico, tecnológico y humano). Y para poder acumular capital de un modo eficiente, es necesario que los ciudadanos ahorren e inviertan inteligentemente: es decir, que adopten una actitud austera, prudente, diligente e informada ante su administración patrimonial. Los propios marxistas no niegan que la inversión sea la base material del crecimiento continuado: de hecho, desde su óptica, la misión de todo Estado socialista es la de continuar invirtiendo hasta que la productividad del trabajo alcance un nivel tan alto como para que la escasez haya desaparecido. Sucede que los marxistas apuestan por acumular los medios de producción de manera centralizada y monopolística, esto es, a través del Estado, algo que ya sabemos que conduce a la ruina y el fracaso económico generalizado. Para desarrollarnos, no queda otra que descentralizar los procesos de ahorro e inversión, esto es, otorgar a cada individuo autonomía para determinar qué porción de su renta quiere ahorrar y en qué tipo de activos invertir: decisiones para las que resulta esencial gozar de una buena educación financiera.
Segundo, mantener en el analfabetismo financiero a millones de ciudadanos al tiempo que una minoría sigue aprendiendo y mejorando sus habilidades financieras no es, ciertamente, la mejor estrategia para luchar contra la desigualdad de oportunidades. Si los ricos son los únicos que alfabetizan financieramente a sus vástagos, mientras que los pobres o las clases medias no adquieren semejante formación ni en casa ni en la escuela, los segundos siempre cargarán con una desventaja competitiva frente a los primeros a la hora de acceder a la propiedad del capital. La socialdemocracia, por consiguiente, debería reflexionar seriamente acerca de su animadversión hacia la educación financiera, dado que extenderla a un mayor porcentaje de ciudadanos puede ser una vía eficaz para, a largo plazo, ‘democratizar’ el capital, es decir, para no mantenerlo concentrado en las manos de aquellos que, justo por haberse alfabetizado financieramente, saben gestionarlo con inteligencia. La educación financiera es la vía para avanzar hacia una sociedad de propietarios.
En definitiva, el desdén irracional que Podemos está dirigiendo contra este manual de educación financiera solo pone de relieve su desnortada concepción de la economía y de la sociedad: una formación política que se enorgullece de unos firmes ideales antiahorro, antiinversión, antiautonomía personal, anticultura económica y antiempresa. El oscurantismo financiero convertido en un programa electoral contra el crecimiento y la igualdad económica.
