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Anarcocapitalismo y anarco-comunismo, las diferencias fundamentales

Escrito por Juan Navarrete Callejero en enero 22, 2023. Publicado en Análisis diario. 6 comentarios en Anarcocapitalismo y anarco-comunismo, las diferencias fundamentales

El anarquismo, como filosofía política, es un movimiento que se remonta a la antigüedad. Las reflexiones más antiguas se pueden remontar al filósofo chino Lao Tsé. Por supuesto, esa filosofía apareció en la Antigua Grecia con pensadores como Hipias de Elis o Alcidamas de Elea. En todos los periodos históricos el anarquismo ha tenido su presencia en los círculos intelectuales y filosóficos. Pero es en la segunda mitad del S.XIX cuando podemos marcar el origen del anarquismo moderno.

Durante la celebración de la Primera Internacional Obrera en 1864 se produjo un distanciamiento entre los defensores de las tesis de Bakunin y los partidarios de Marx, las discrepancias se basaban en la concepción del Estado: la visión marxista del estatismo autoritario, de la dictadura del proletariado, frente a la inmediata destrucción del Estado que defendía Bakunin. Esto llevó a estos dos movimientos por sendas diferentes.

La mayoría de la población ve en el anarquismo un movimiento homogéneo, vinculado a manifestaciones antisistema; un pensamiento que defiende que volvamos a la “ley de la selva” y al “caos”. La primera imagen que se le pasa por la cabeza a cualquier persona cuando le mencionas la palabra anarquismo son disturbios en manifestaciones o incluso atentados. Pero nada más lejos de la realidad; el anarquismo, como filosofía política, es un movimiento con un gran recorrido histórico, distintas visiones, autores, definiciones y concepciones.

Anarcosindicalismo

Seguramente, en nuestro país, la deriva anarquista que más repercusión tuvo fue el anarcosindicalismo durante la Revolución social española de 1936, uno de los pocos momentos y lugares en la Historia donde el anarquismo fue llevado a la práctica. Aunque tenemos diversas corrientes como el anarquismo individualista de Max Stirner, el mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon, o nuevos movimientos como el anarquismo ecologista o el anarcofeminismo, hoy nos centraremos en lo que seguramente son las dos concepciones más diferentes entre sí, se trata del anarco-comunismo y la anarquía de propiedad privada o anarcocapitalismo.

Comencemos primero por las similitudes, ambos movimientos establecen una crítica similar al Estado, están en contra de la imposición estatal porque lo consideran como un ente ilegítimo que oprime al individuo. Realmente esta es la única similitud total entre ambos movimientos, su visión del Estado, porque posteriormente tendríamos “similitudes parciales”.

Anarcocapitalismo

Es bien sabido que el anarcocapitalismo defiende el derecho del individuo por encima del colectivo, pero repasando la literatura anarcocomunista también vemos como hablan de manera continuada del derecho individual de las personas, aunque posteriormente en la práctica el individuo sea subyugado por el colectivo. Es decir, sobre el papel sería una similitud, en la práctica una diferencia radical.

Ahora vayamos con las diferencias, en primer lugar, tenemos que decir que, como es evidente, el anarcocomunismo es anticapitalista, ya que considera que el capitalismo es un elemento más del sistema que explota al individuo, creen que el Estado, el capitalismo y la autoridad de la Iglesia son los elementos centrales que oprimen al ser humano. Por supuesto, opta por la abolición de la propiedad de los medios de producción, y la colectivización de recursos y sectores estratégicos, respetando únicamente el concepto de uso, al igual que el marxismo. Por el contrario, el anarcocapitalismo ve en el libre mercado y la asociación voluntaria la solución a todos los problemas, problemas creados por la intervención estatal.

Anarcocomunismo

El anarcocomunismo no es marxista en sí, ya que rechaza el elemento principal de la teoría de Carl Marx, que es la teoría del valor trabajo. Pero ello no les lleva a abrazar la teoría subjetivista del valor, sino que tienen una tercera vía: No aceptan ningún valor numerario del precio o el salario, por lo que rechazan utilización del dinero. En España, durante la guerra civil, el dinero llegó a ser eliminado, siendo reemplazado por vales sellados por los respectivos comités.

Otro elemento fundamental es que el anarcocomunismo no es que rechace cualquier tipo de Estado, sino que rechaza, y esta es la clave de su fracaso, cualquier tipo de autoridad o jerarquía. Es por ello por lo que el matiz anticlerical es esencial, ya que ve en la Iglesia una autoridad ilegítima: “Ni Dios ni amo”, aunque ha habido ejemplos de anarquistas cristianos como Leon Tolstoi, llegando incluso a crear su propia doctrina: el movimiento tolstoiano.

Es tal el fanatismo antijerárquico del anarcocomunismo que incluso llega a defender la destrucción de la familia como sistema de autoridad. A mi juicio, esto es ir en contra ya no sólo de la naturaleza, sino de la realidad, pues las jerarquías son inevitables dentro de las relaciones humanas, y no necesariamente tienen que ser negativas si son libres y voluntarias, por no hablar de la autoridad, como explicó ya Max Weber, la autoridad puede ser de distintos tipos: tradicional, racional-legal y carismática, algunas de ellas no sólo inevitables sino, a mi parecer, deseables.

Anarquismo no revolucionario

El anarquismo individualista o de propiedad privada nunca fue, al contrario que el anarcocomunismo o el anarcosindicalismo, un movimiento de masas. Se redujo a un cómputo de ideas filosóficas y literarias encuadradas en círculos académicos muy concretos y minoritarios. Además, ambos movimientos tienen una concepción de la toma del poder, el anarcocomunismo opta por la revolución, en un sentido amplio, tomar por la fuerza el poder y destruir el Estado para eliminar la propiedad privada y todo tipo de autoridad y jerarquía preexistente, tabula rasa, cómo vemos no parece muy coherente con la idea de libertad individual.

En cambio, el anarcocapitalismo, no es revolucionario, respeta el derecho de no agresión y la propiedad privada, en palabras de Miguel Anxo Bastos: “El anarcocapitalismo llegará cuando la gente pida anarcocapitalismo”, esta concepción es pacífica y, si me permiten la expresión, casi mesiánica, pero por lo menos es coherente con las ideas que defiende.

Por lo tanto, tenemos dos movimientos anarquistas con pequeñas similitudes y enormes diferencias, uno con una larga historia detrás y otro como un movimiento relativamente reciente al que le queda mucho por explorar y teorizar. Lo realmente necesario es que se siga estudiando el anarquismo en un sentido amplio, que la población sepa de la heterogeneidad del movimiento y se deje de prejuicios y estigmatizaciones.

Correspondencia entre Miguel Anxo Bastos y Álvaro D. María

Escrito por Álvaro D. María en agosto 17, 2022. Publicado en Análisis diario.

El texto reproducido a continuación es fruto de una serie de correos enviados entre los dos entre el 24 y el 27 de agosto de 2018, editado para su mejor comprensión.

Álvaro D. María: La pregunta que le planteé era que cómo conjugaba sus creencias católicas, en concreto el dogma de la Trinidad, con su nominalismo ontológico. El origen de esta pregunta está en la condena por triteísmo a Juan Roscelino de Compiègne, considerado el padre del nominalismo, puesto que si sólo existe lo individual no se puede decir que Dios es uno y trino, sino que estaríamos ante tres dioses. Cuestión, la del dogma de la Trinidad, que también llevó a la confusión a los moros cuando se referían a los católicos como los politeístas.

Pues bien, lo que quería “denunciar” con esta pregunta es un supuesto error a la hora de hablar de la inexistencia “ontológica” del Estado. Esta afirmación sostiene, implícitamente, un error principal a mi juicio, que sería dar el salto del individualismo metodológico al individualismo ontológico. Un error similar a considerar que la duda cartesiana era una duda ontológica, cuando Descartes en ningún momento duda de la existencia, por ejemplo, del mundo que percibe, simplemente hace una ficción metodológica.

Puesto que considero que la afirmación en origen está basada en los planteamientos de Mises, creo que él mismo deja esa cuestión clara en La acción humana, Primera parte, Capítulo II, Epígrafe 4. El principio del individualismo metodológico:

“No menos infundada, por lo que respecta a nuestro tema, es la oposición entre el realismo y el nominalismo, según el significado que a tales vocablos dio la escolástica medieval. Nadie pone en duda que las entidades y agrupaciones sociales que aparecen en el mundo de la acción humana tengan existencia real. Nadie niega que las naciones, los estados, los municipios, los partidos y las comunidades religiosas constituyan realidades de indudable influjo en la evolución humana. El individualismo metodológico, lejos de cuestionar la importancia de tales entes colectivos, entiende que le compete describir y analizar la formación y disolución de los mismos, las mutaciones que experimentan y su mecánica, en fin. Por ello, porque aspira a resolver tales cuestiones de un método satisfactorio, recurre al único método realmente idóneo”. (von Mises, L., La acción humana, tratado de economía, Undécima edición, Unión Editorial, p. 51)

Pues bien, lo que pretendo señalar es que hay una ontología subyacente en su afirmación, que estaría por explicitar, puesto que decir que el Estado no tiene existencia ontológica depende de qué coordenadas ontológicas se den. Por ejemplo, en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno no se pondría en cuestión tal existencia ontológica puesto que se consideran tres géneros de materialidad. Y esta ontología subyacente resultaría incompatible con los dogmas católicos, y, además, considero que va contra los principios filosóficos de la Escuela Austríaca por hacer de lo que sólo es un método una ontología.

Aprovechando que me pongo en contacto con usted para aclarar este tema, quisiera plantearle otra cuestión —que me consta que está también en debate por sus tierras— que es el hablar del Estado como lo político. Siguiendo corrientes de “derecha dura”, como Dalmacio Negro, o el tradicionalismo hispano —o incluso Carl Schmitt—, el Estado no es lo político, sino una de las formas de lo político. Si se es antiestatista —como es mi caso— habrá que señalar por qué se está en contra de esa forma política, y no multiplicar los Estados sin necesidad, aunque sea en muchos pequeñitos.

Muchas gracias de antemano por su atención.

Reciba un cordial saludo,

Álvaro D. María

Miguel Anxo Bastos: Estimado Alvaro: en primer muchas gracias por tomarse la molestia de discutir estos puntos. Es así como avanza el conocimiento. No soy filósofo y lo agradezco doblemente pues así me obliga a tener en cuenta estos aspectos. Probablemente mi manejo de los conceptos filosóficos sea muy primitivo y no haya matizado bien los distintos conceptos de ontología. Creo que Mises se contradice pues es también en la acción humana donde dice aquello de que no es el estado el que ejecuta, sino el verdugo, etc. La idea de estado sí que influye en la vida y la evolución humana, pero no es más que una idea al servicio de personas concretas, que son las que tienen existencia, intereses y voluntad. Pero influye a unas personas y no a otras (por ejemplo, a los pigmeos, pueblo sin estado, no), por lo tanto, no deja de ser a mi entender una idea, eso sí muy sofisticada, compartido por muchas personas. Para estas personas es un ente ontológicamente real y como tal opera, pero eso no quiere decir que usted me lo pueda presentar e irnos a cenar con él. Pero el estado no es más que un ente imaginario y si rastrea bien se puede descubrir quienes expresaron y racionalizaron tal contexto. Le adjunto un libro que me ha influido mucho y que igual es de su interés. [Imagining The State, Mark Neocleous]

En cuanto a lo de la Santísima Trinidad, entenderá que es cuestión de fe, y ahí está la gracia del asunto. Si fuese racional sería una evidencia y no tendría mérito, de ahí lo de creo porque es absurdo de Tertuliano.

En cuanto a su afirmación occaniana de no multiplicar los estados sin necesidad supongo que me refería a que la escala de esa organización política importa. Entiendo que la capacidad de hacer daño de una organización de ese tipo es menor cuanto más pequeña (p.e las Alemania del tiempo de Goethe y la de Bismarck no fueron exactamente las mismas en sus consecuencias). Y es cierto que el estado no es la única fuente de violencia.

Espero tener el honor de conocerlo en persona pronto.

Álvaro D. María: Estimado Miguel:

Muchas gracias por su amable respuesta y por el libro que me recomienda.

A mi juicio el Estado no es solamente una idea, también es una forma de organización política. Tampoco le puedo presentar a un campo electromagnético para irnos a cenar con él (no son ni corpóreos), lo que no implica que no existan.

Asimismo, no me parece que Mises se contradiga. Efectivamente, es el verdugo el que ejecuta, y no el Estado. De igual forma, son los futbolistas individuales los que marcan goles, pero reducir los clubs de fútbol a éstos, o negar la existencia de los clubs precisamente como organizaciones, es el salto que considero erróneo, justamente por considerar que se parte de una ontología nominalista que niega la existencia de las relaciones, pues sólo considera como realmente existente lo individual (lo que le comentaba en el anterior correo de un salto de la metodología a la ontología). Así, desde su punto de vista, habría que cargar contra las “sociedades” de responsabilidad limitada, puesto que serían una coartada por parte de los empresarios individuales para evadir ciertas responsabilidades.

Pero es que las morfologías también son operatorias, por supuesto, vinculadas a elementos físicos. Un paraguas sólo cumple su función con una determinada forma, si la manera de componer sus elementos dejase espacios entre las partes dejaría de cumplir su función y, por tanto, de ser un paraguas. Es más, la forma está tan presente a la hora de actuar que al hablar de individuos no decimos que el individuo es meramente una idea que carece de existencia real porque sólo existen órganos y tejidos conectados, y a su vez que éstos son ficciones porque sólo existen células, que a su vez sólo son ficciones… así hasta qué se yo. Precisamente, es por la incapacidad de dar cuenta de las funciones que cumplen los individuos a partir de los elementos que la componen por lo que se consideran como existentes.

Respecto a la cuestión del tamaño en las organizaciones políticas creo que parte usted directamente de considerar que son organizaciones para “hacer daño”. Yo prefiero a los EEUU antes que a Venezuela, y el tamaño ahí no es el problema. Es más, sabiendo que el poder está en el fusil, despedazar una potencia militar como EEUU en fragmentos chiquititos dejaría vía libre a otras potencias. Que sea capitalista y respete las tradiciones/instituciones (jurídicas, culturales, etc.) reducirá más la violencia que el tamaño, pienso yo. Pero tampoco considero que la violencia sea mala en todo caso, precisamente porque puede ser la salvaguarda de ambas (sin ser necesariamente estatal).

Muchas gracias de nuevo por su atención y un placer hablar con usted.

Espero poder ir a las Xuntanzas y conocerle, el honor sería mío.

Un abrazo

Miguel Anxo Bastos: Muy interesante debate señor D. María. Razona usted muy bien.

No niego la importancia de las relaciones, sólo digo que estas tienen que ser interiorizadas (por experiencia, educación aprendizaje…) por los individuos. Un pigmeo no entendería el significado del fútbol, como nosotros el de sus ritos ni le daría la misma importancia. Claro que estamos aculturados y compartimos valores. Uno de ellos es el de la pertenencia a un estado, pero si dejamos de creer en él desparece. Igual que antes existía el oráculo de Delfos, o el culto a Moloch (con sus cuerpos sacerdotales). Dejamos de creer en ellos y se desintegraron. Las personas que componen el estado también creen en él, pero se coordinan por valores, ritos o por intereses monetarios. En cuanto aparece una organización nueva en la que creer la vieja desaparece. Desaparecieron muchos estados en Europa e incluso hubo históricamente procesos de reversión del estado a la anarquía, y por siglos.

Es interesante lo de las sociedades limitadas (Neocleous les dedica un capítulo en el libro que le di). El estado se configuró históricamente como una corporación, para pretender ser inmortal y diferenciarse, al menos como ficción jurídica, de las personas que lo componen. Y después intentó moldear parte de la sociedad civil a su imagen y semejanza. Las sociedades anónimas o limitadas son creaciones jurídicas del estado, y cuando aparecieron fueron resistidas, hasta que se impusieron.

Estaría por ver si es más fácil derrotar a los estados unidos o fragmentados en partes. Keeley en War before Civilization explica que los pueblos anárquicos son más difíciles de conquistar que los árquicos, como probaría el caso de incas y aztecas (conquistados en semanas) o los apaches que no sólo no fueron conquistados por los españoles sino que llegaron a ganar terreno. ¿Si Hernán Cortés en vez de luchar con un imperio luchase contra 400 miniestados, ¿le sería más fácil o más difícil, que cree usted?

Ya tengo ganas de conocerlo. A ver si puede venir. Un abrazo y gracias

Álvaro D. María: Estimado Miguel:

Tengo que empezar dándole la razón, las relaciones tienen que ser “interiorizadas”. Sin embargo, es precisamente eso lo que hace que no sean meramente subjetivas, y si es necesario se “interiorizan” a base de porrazos. Si desaparecen las formas políticas no es porque se deje de creer (al modo en que se podría dejar de creer en un dios antiguo) en ellas, sino porque son destruidas o transformadas (insisto en limitar el término Estado a una forma de lo político concreta). ¿Acaso a fuerza de dejar de creer los venezolanos en el Estado desaparecerá éste? ¿Es el Estado una ilusión o son las relaciones que lo componen tan objetivas como pueden serlo las relaciones materno-filiales?

En cuanto a la cuestión militar, plantea usted, como posible tesis, que “los pueblos anárquicos son más difíciles de conquistar que los árquicos”, cuestión sobre la que carezco de conocimientos históricos y militares como para poder emitir un juicio. No obstante, lo que yo planteaba no era qué clase de pueblos son más difíciles de conquistar, sino que son los imperios los que imponen su orden y conquistan, y que renunciar a ser uno supone, ya de partida, adoptar una posición sobre “cómo es mejor defenderse”: “Imperium, quod inane est, nec datur umquam” (pretender el mando, que no es nada, sin conseguirlo nunca) Lucrecio, De rerum natura, III, 998). Si el comunismo ha sido desterrado, prácticamente, del mapa político no ha sido gracias a Luxemburgo o Liechtenstein, o a dejar de creer en él. Ha sido el imperialismo de EEUU el que lo ha puesto contra las cuerdas.

Estado e Imperio son categorías políticas, a mi juicio, distintas. El Imperio español carecía de Estado porque no había decisiones soberanas, jurídico-políticas, (la idea de soberanía es ajena a la hispanidad, como decía el propio Gaspar de Añastro Isunza al traducir Los seis libros de la República de Bodino) por parte de la monarquía, entre otras cosas. El propio Dalmacio Negro, en su Historia de las formas del Estado contrapone a las formas estatales la Monarquía Hispánica, los Gobiernos de Rule of Law y La República Federal Norteamericana. Si mal no recuerdo, d’Ors tiene un artículo, o algo parecido, sobre el no-estatismo de Roma. Sobre la idea de Imperio el mismo Dalmacio y Gustavo Bueno tienen aportaciones interesantes.

Interesantísimo debate. Espero que nos veamos en octubre y continuemos estos debates con una buena mesa.

Un abrazo,

Álvaro

‘Los Límites de la Libertad’ y los límites de la propiedad

Escrito por Fernando Herrera-González en junio 10, 2022. Publicado en Análisis diario.

“Los Limites de la Libertad” es el título de un provocador ensayo del economista premio Nobel James M. Buchanan. En él, se plantea una teoría descriptiva sobre la aparición del Estado, utilizando en algunos momentos herramientas familiares a los economistas neoclásicos.

Según Buchanan, partiendo de una situación que él califica de anárquica, es en beneficio de los individuos dotarse de normas consensuadas, de forma que puedan tener una mayor certidumbre en el ejercicio de sus libertades/derechos. El análisis que hace es de equilibrio, considerando la existencia de unos costes de defensa de esas libertades que se verían muy reducidos en caso de haberse acordado una norma constitucional. Así pues, es beneficioso para un creciente número de individuos formar parte de esa comunidad constitucional, que dará lugar a lo que más adelante Buchanan llama “anarquía ordenada”.

Buchanan asume que tiene que haber un Estado que haga cumplir las normas constitucionales acordadas. No solo eso, como también asume la existencia de bienes públicos, precisa de un Estado productor que los genere, cuyas normas también habrán de acordarse en el acuerdo constitucional. Y a partir de aquí se embarca en un análisis que no resultará nada sorprendente a los conocedores de la teoría de la Regulación de Mises, ya que, a base de incorporar “imperfecciones” al modelo, llega a la conclusión de que ese Estado va a cercenar las libertades de los individuos, a transformarse en el temido y previsible Leviathan de Hobbes, y a devolvernos a esa situación de anarquía caótica de la que habíamos pretendido salir con el acuerdo constitucional. La diferencia con la anarquía caótica original es que ahora la incertidumbre en nuestras relaciones la causa el creciente poder del Estado.

En todo caso, como digo, nada de este último análisis resulta sorprendente al economista austriaco ni al anarcocapitalista. Sí puede resultar más chocante la exigencia de que se tenga que llegar a un acuerdo, el constitucional, para el respeto a los derechos de propiedad. ¿No existen, por tanto, los derechos de propiedad absoluta, que parece preconizar Rothbard en su “For a new Liberty”[1]?

La idea de Rothbard es ciertamente atractiva, sobre todo desde el punto de vista de eficiencia económica. Sin embargo, cuando se lleva al terreno práctico, hay que preguntarse qué significa eso de los derechos absolutos, y aquí es donde Buchanan expone sus dudas. Claro, mientras no haya contacto con otros individuos (quizá mejor hablar de tribus, para describir un escenario históricamente más realista) nadie va a discutir el derecho absoluto a la propiedad que uno tiene.

Los problemas ocurren cuando se entra en contacto con otro individuo/tribu que no reconoce tal derecho, ni tiene por qué hacerlo. A bote pronto, se abren dos posibilidades básicas para defender el derecho: el recurso a la violencia para su protección, o el debate tratando de convencer al interlocutor de que reconozca el derecho de propiedad (usando los argumentos éticos propuestos por Rothbard, por ejemplo).

Supongo que históricamente se habrán usado ambas posibilidades, en numerosísimas ocasiones la primera. Lo que Buchanan añade es que esta opción, la de la violencia, nos sitúa en un escenario de incertidumbre permanente en que los costes de defender los derechos de propiedad son muy grandes. Por ello, superados ciertos umbrales, puede ser más eficiente para ambas partes respetarse mutuamente los derechos adquiridos. O, mejor dicho, negociar las condiciones para que se produzca este mutuo respeto, sin dar por asumido el status quo inicial, que puede quedar alterado como consecuencia de la negociación.

Solo después de esta negociación constituyente, que seguramente tenga que ser expresa, se puede hablar ya de normas de convivencia (entre los individuos/tribus que la acuerdan), en particular, de derechos de propiedad, y ya entraríamos a jugar con todo el análisis económico.

Los derechos de propiedad que dimanan de tal constitución podrán, o no, ser absolutos en el sentido de Rothbard. Es bastante posible que alguna o las dos tribus constituyentes hayan tenido que hacer cesiones para llegar al acuerdo de respetarse. A lo mejor han tenido que ceder parte de los bienes que consideraban suyos en el tiempo preconstitucional; o a lo mejor han tenido que aceptar una reducción en lo que pueden hacer con sus bienes, como coste a pagar a cambio de obtener el beneficio de la certidumbre. Es fácil imaginar casos: si una tribu ha adquirido pre-constitucionalmente todo el territorio con manantiales de agua, será muy difícil que las otras tribus le reconozcan esa propiedad en términos absolutos: les tendrá que dar algún tipo de derecho de uso. La alternativa será seguir en el ámbito anárquico caótico, con el coste que ello puede tener. Si las otras tribus abusan de sus exigencias, el balance coste-beneficio puede cambiar, y a lo mejor se prefiere mantenerse en la anarquía caótica (sin normas).

Así pues, es claro que los derechos de propiedad, como cualquier otra norma de convivencia, quedan sometidos a un proceso espontáneo hayekiano de descubrimiento. Su definición dependerá en cada momento de las necesidades que tenga la sociedad, y pueden variar con sus preferencias, creencias, tecnología, entorno natural… Y ningún derecho de propiedad así creado se puede considerar moral o éticamente superior a otro, pues está informado por la moral y ética que tenga cada sociedad[2]. Si las tribus primigenias tenían todo en común, o si un grupo en la actualidad decide que constituirse en comuna, ¿es ética o moralmente inferior al anarco-capitalismo[3]?

No creo que se pueda responder que sí, aunque Rothbard parece hacerlo. En todo caso, si se deja la ética aparte, aún tenemos el análisis económico para analizar cuál solución de derechos de propiedad es más eficiente a la hora de resolver las necesidades de los seres humanos. Y aquí sí parece claro que la definición precisa de los derechos de propiedad para evitar externalidades, por un lado, y la ausencia de límites sobre el uso de la propiedad al propietario, por otro, incrementan la eficiencia del mercado, la generación de recursos, la riqueza, las posibilidades de supervivencia y, seguramente, la felicidad de la sociedad que se haya constituido con este tipo de derechos.

En resumen, y tratando de conciliar a Buchanan con Rothbard:

Los límites a la libertad/derechos de propiedad son necesarios para que una sociedad pueda funcionar y convivir. Los derechos absolutos de propiedad solo tienen sentido en la autarquía; en cuanto convivimos con terceros, necesitamos que se reconozcan tales derechos para no estar en conflicto constante.
En la medida en que los derechos de propiedad que se otorgue la sociedad sean más próximos al ideal absoluto rothbardiano, mejores serán las perspectivas de supervivencia y bienestar de dicha sociedad, sin que ello implique que sea moral o éticamente superiores.
En ningún caso cabe aceptar el positivismo en la definición de dichos derechos de propiedad. O bien irían contra la eficiencia económica sin tener sustrato moral; o bien, si se imponen derechos absolutos de propiedad cuando la sociedad ha optado por no otogárselos, atacarían la moral de la sociedad a cambio de una mayor eficiencia.

[1] Ver página 39: “Absolute right to private property of every man: first, in his own body (right of self-ownership), and second, in the previously unused natural resources which he first transforms by his labor (right to “homestead”).”

[2] Ojo, no se puede decir lo mismo si introducimos normas positivas que no derivan de un proceso espontáneo, sino de su promulgación por terceros.

[3] Sobre la superioridad moral de una sociedad a otra conviene leer “The righteous Mind”, de Jonathan Haidt.

Bitcoin y la crisis de Autoridad del Estado (I): Introducción

Escrito por Álvaro D. María en febrero 4, 2022. Publicado en Análisis diario. 5 comentarios en Bitcoin y la crisis de Autoridad del Estado (I): Introducción

Si por algo está teniendo tanto éxito La filosofía de Bitcoin es porque creo haber dado con la tecla de analizar Bitcoin como algo de dimensión muy superior a la de ser meramente un activo económico, al margen de consideraciones sobre su naturaleza económica.

Bitcoin, efectivamente, es un activo económico con unas características muy peculiares e interesantes para analizar bajo la lupa de los investigadores en esta materia, pero a mi juicio su importancia es muy superior en el ámbito político, jurídico y social. Al final, la economía no es un área cerrada, sino que siempre está atravesada por la política.

Bitcoin es una evolución superior en el ámbito de las transacciones económicas, lo cual no equivale de forma idéntica a decir que es un buen medio generalmente aceptado de pago, ni mucho menos. La mejor manera de entenderlo a mi modo de ver es comprender que es el primer activo escaso digital no dependiente de terceros.

Si atendemos a formas de intercambios económicos históricos vemos que las relaciones económicas mediadas por metales eran distintas a los intercambios monetarios. Los intercambios metálicos debían ser validados entre particulares, que debían comprobar la pureza y calidad de éstos; con el salto a la moneda se pasa a delegar esta validación en el poder político, pasando de ser una relación entre particulares a una relación mediada por el gobernante de turno. Y desde entonces no ha habido gran innovación en el ámbito monetario.

Friedrich A. Hayek adelantó muy bien en La desnacionalización del dinero que esto no se debía nada más que a una creencia ampliamente establecida de que debía ser el poder político el que llevase a cabo esta tarea, y se encargó de abrir la imaginación monetaria por la vía teórica para devolver a esa creencia su carácter de mera idea histórica, y por histórica transitoria, no necesaria.

Bitcoin, al no depender de terceros, permite precisamente superar eso y abrir un nuevo espacio no sólo económico, también político.

Por la parte del Estado, conviene incidir en los amplios estudios históricos y teóricos de Dalmacio Negro, que sigue a Carl Schmitt, en lo referente a la peculiar naturaleza del Estado. El Estado no es sinónimo de cualquier forma política. No toda organización política es un Estado. Gran parte de los teóricos liberales y las corrientes surgidas del mismo caen precisamente en el error de equiparar el Estado con el Gobierno o con cualquier otra forma política. Llevamos las gafas del estatismo para ver a la Grecia clásica y vemos “ciudades-estado”, cuando las polis son simplemente una forma política. Lo mismo sucede al mirar Roma o a la Monarquía hispánica. Vemos el pasado, el presente y el futuro con el virus del Estado.

El Estado surge en la segunda mitad del siglo XVI, a raíz de la idea de soberanía que fusiona las ideas clásicas de Potestad (poder socialmente reconocido), que históricamente recaía en la monarquía, y Autoridad (saber socialmente reconocido), que lo detentaba la Iglesia y sus juristas. De las guerras de religión aparecen las monarquías absolutas, un fenómeno moderno, y de su proceder bajo el principio de la soberanía crearían el Leviatán, que se independizaría de ellas. Con la Revolución francesa el usufructo de la soberanía pasó de los monarcas absolutos a la Nación, ahora política, y en los últimos coleteos de este tiempo histórico es donde creo que nos encontramos. Tanto la Potestad como la Autoridad del Estado-Nación están entrando en crisis.

No sólo Bitcoin incide en esta crisis, pero sin Bitcoin no imagino una transición a otras formas políticas, y Bitcoin le arrebata al Leviatán de forma radical el báculo de la Autoridad.

Ahora nos encontramos en una situación en la que la Autoridad del Estado tiene 5 fracturas principales:

1/ La seguridad patrimonial. El Estado ha dejado de ser el garante de la seguridad patrimonial en varios ámbitos, ya no garantiza la propiedad, su uso y disfrute a capas muy amplias de la Sociedad, y nada hace pensar que vaya a corregir su rumbo. En el sector inmobiliario se protege más al okupa que al propietario. En el resto de sectores se centra más en el control y el expolio fiscal que en su crecimiento y prosperidad. Esta forma de proceder está desplazando la percepción de seguridad del Estado a otros ámbitos, por ejemplo, los maximalistas depositan su percepción de seguridad patrimonial en Bitcoin, de ahí que tenga ciertos elementos religiosos al absorber parte del aura del Estado. Recordemos que las religiones duran más que los imperios.

2/ Su papel como administrador de justicia y legislador. El Estado monopoliza en gran medida los sistemas de aplicación de justicia, sin embargo, en el Ciberespacio no tiene soberanía, lo que limita tanto su capacidad de hacer justicia como el respeto a su legislación. Bitcoin bien custodiado es inconfiscable, y por ello no se puede hacer justicia en el sentido clásico del término de lo que se mantenga en este activo. Pensemos en aquellas situaciones en las que una de las partes se ha apropiado indebidamente de unos bienes y los liquida para pasarlo a Bitcoin, ¿qué hace un juez ante esta situación si no puede embargarlos? Si alguien tiene su patrimonio en Bitcoin, ¿cómo le obliga un juez a cumplir con una obligación de dar si éste se niega? Es más, si no depende de terceros, te permite mantener la privacidad, es inconfiscable y sus transacciones incensurables, ¿pueden hacer algo los Estados contra Bitcoin? ¿Sirve de algo que lo “prohíban”?

3/ Por si todo esto fuera poco, también produce un cambio en las relaciones de poder. Bitcoin te permite secesionarte patrimonialmente a nivel individual, colectivo y político. Se puede pasar el patrimonio a Bitcoin sin KYC —el Estado no tiene manera de enterarse de esto si el procedimiento se realiza adecuadamente— ello significa que se puede mantener un patrimonio al margen de las garras del Estado, y de cualquiera. Pero esto no es sólo a nivel individual, también se puede hacer a nivel colectivo para forzar al poder político a negociar, pensemos por ejemplo en una ciudadanía que mantiene gran parte de su patrimonio en Bitcoin sin KYC. Pero no sólo se da entre individuos y colectivos respecto del Estado, también entre Estados y el orden internacional, como demuestra El Salvador frente al FMI. Bitcoin permite hacer un opt-out a todos los niveles. Esto supone una pérdida de credibilidad, de autoridad, inmensa. El todopoderoso Estado —o las organizaciones interestatales que han creado— ya no tiene poder para expoliar a sus ciudadanos si éstos se quieren proteger, pero todavía más, puede ser presionado por esos ciudadanos si se organizan para presionar a los gobernantes al excluir sus patrimonios del expolio fiscal. Los Estados más débiles ya no se tienen que plegar ante chantajes de los más poderosos para conseguir financiación. Al producir ese cambio en las relaciones de poder tiene un efecto igualador que hace perder la autoridad al Estado —y sus organismos— de ser superior, porque hasta una persona corriente puede escapar de sus garras.

Menciono de forma frecuente la idea inspirada por @mu_muloko de que en periodos largos de tiempo no hacemos por norma general aquello que consideramos bueno, sino aquello que estamos incentivados a hacer. Bitcoin cambia los incentivos, por lo que también transformará nuestro comportamiento y con ello nuestras relaciones sociales y políticas.

Las otras dos fracturas las analizaré en el próximo artículo junto a las implicaciones políticas que podrían aparecer.

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo LXIV: Sobre la defensa del Estado (I)

Escrito por Miguel Anxo Bastos en diciembre 24, 2021. Publicado en Análisis diario.

Leí en está página con mucha atención la defensa heterodoxa del Estado que ha elaborado D. Ramón Audet. Me gustan las críticas que defensas que parten desde postulados próximos a los nuestros porque obligan a reflexionar y a cuestionar las propias posturas. Nuestro mundo no debe ser una suerte de secta dogmática en la que nos regodeemos en nuestros propios argumentos y no atendamos ni escuchemos las atinadas críticas que nos puedan hacer. El texto que se nos ofrece toca varios puntos y me gustaría comentarlos, pero siempre partiendo del respeto que me merecen sus posturas y lo elaborado de las mismas. La verdad es que abre muchas e interesantes discusiones. Comenzaré por el final, pues me parece que la custión que allí plantea es la que requiere una explicación más detallada, e intentaré luego explicar cuál es mi postura en el resto de los puntos que merecen aclaración desde una perspectiva anarcocapitalista. Necesitaré dos artículos para hacerlo pero lo haré con mucho gusto dado la ambilidad que ha tenido al enviármelo.

Como bien sabrá Ramón Audet, comprender los fenómenos históricos implica entender todos los factores y variables que ha influido en su discurrir. En efecto, el Estado (en sentido amplio) ha formado parte de nuestra historia desde hace dos o tres mil años y es lógico que no podamos entender nuestra actual forma de vida sin este. Lo que hay que determinar y discutir es si dicha situación ha sido afectada positiva o negativamente por la existencia de dicha institución. El hecho de que vivamos relativamente bien hoy es posterior a la existencia del Estado pero para no caer en la vieja falacia del post hoc ergo procter hoc hay que estudiar si su influencia fue positiva o negativa.

De hecho otros eventos precedieron a nuestra actual forma de vida. Por ejemplo, la esclavitud, el infanticidio o las numerosas guerras y epidemias que azotaron a nuestros antepasados podrían ser vistas también desde un lado positivo si aplicamos el análisis de Audet. Gracias a la esclavitud se favoreció la democracia al facilitar que los amos se reuniesen a deliberar en Atenas. También sería funcional según este análisis para poblar nuevas tierras o roturar y minar tierras antes improductivas. Además, según los defensores de la peculiar institución, los esclavos disfrutarían de alimento y salud garantizados (sobre la ideología proesclavista puede verse el libro de Genovese: The slaveholders’ dilemma)

Las guerras también tendrían su lado bueno al favorecer la innovación, y el infanticidio al limitar la población, diría un hipotético defensor de sus virtudes, al estilo de Teddy Roosevelt. Las epidemias, como la peste negra del siglo XIV, subieron los salarios y libertaron a los siervos en muchas zonas de Europa (en otras volvieron a la esclavitud). Siguiendo el razonamiento podríamos decir que todas estos fenómenos son los causantes del actual bienestar. No es mi intención aquí comparar a los Estados con esos fenómenos, sino resaltar que de una forma u otra han influido en el mundo actual.

El problema es que, al igual que con los Estados, muchos pueblos de la tierra han experimentado estos y otros fenómenos sin que hayan disfrutado de un desarrollo o un bienestar palpable. Si los Estados causasen desarrollo todos los pueblos con dicha institución serían prósperos y por lo que se ve no parece ser así. Es más, parece darse una relación inversa, por lo menos en las primeras etapas de desarrollo económico. Pues, como es normal, los grupos de personas que dirigen los Estados están interesados en conservar el statu quo y por lógica desconocían tanto los principios que rigen el capitalismo como sus posibles consecuencias en el futuro. Pueden y deben existir otros factores más relevantes que lo expliquen. Yo creo que el capitalismo es uno de ellos; casi con seguridad el más relevante. Pero como antes apunté, habría que estudiarlo y discutirlo.

Y de ahí la relevancia de la Edad Media. Desde luego, no parece una era ideal vista desde nuestros parámetros y son ciertos los datos que apunta. Pero creo que debería apuntarse cuáles eran las condiciones de vida en tiempos del absolutismo y si estas mejoraron a respecto de tan tenebrosos y oscuros tiempos. A lo mejor la vuelta del comercio del esclavos o las guerras que azotaron Europa a gran escala, sobre todo en Alemania, y con muertes y destrucciones por esta causa nunca vista desde los tiempos del Imperio Romano, son ejemplos de esa mejora. Curioso que coincidan con el inicio del Estado moderno. Pero deben ser casualidades históricas. Los Estados no podrían haber hecho eso pues están ahí para defender la paz, la propiedad y los derechos humanos. Deben ser otros los culpables, eso sí me gustaría saber cuales son.

La Edad Media no nos gusta por sus condiciones de vida o por sus logros artísticos y culturales, que fueron muchos, sino porque sienta las bases de lo que va ser la moderna civilización industrial, e impide que sus enemigos puedan impedirla. Me explicaré. En tan tenebrosa época, la mayoría de lo que hoy conocemos como bienes públicos se prestaba de forma privada y de no haberlo impedido los absolutistas se habrían desarrollado de una forma muy distinta a la actual. Jacques Heers, en su libro sobre la Edad Media, nos relata cómo, por ejemplo, puentes y carreteras eran suministrados de forma privada, a traves de peajes y pontazgos. Y al ser un negocio privado, estaban bien conservados y eran relativamente seguros por la cuenta que les traía a sus propietarios.

Heers afirma que los Estados absolutos se hacen cargo de ellos y suprimen los peajes pero a cambio suben los impuestos. La consecuencia fue que el monto de los impuestos a pagar superaba el coste de las antiguas tarifas, y además la calidad de las infraestructuras y la seguridad de las mismas descendió apreciablemente. La causa es que los modernos reyes se desentendieron de ellas, y destinaron los fondos a otros fines más interesantes para ellos.

No se puede hacer historia ficción, pero es de presumir que muchas de las prestaciones que hoy ofrecen los Estados podrían haber evolucionado de otra forma y ser suministradas sin tener que recurrir a impuestos o inflación (son más o menos lo mismo) para financiarlas. Ese desarrollo fue truncado con el tiempo por la propia consolidación de los Estados que se apropiaron de elementos como la educación o la atención a los necesitados, que eran prestados por las órdenes religiosas o por las guildas, retrasando mucho su evolución y desarrollo. Pueden comprobarlo quienes no se fíen de mi aquí.

Pero hay otro aspecto de la Edad Media que no es tan estudiado y al que me gustaría hacer mención. El espacio político medieval estaba fragmentado, muy fragmentado, con cientos de unidades políticas en sus mejores tiempos como nos recuerda Charles Tilly en su magistral Capital, coerción y los Estados europeos. Esta fragmentación tuvo resultados muy positivos, porque paradojicamente la fragmentación une y la centralización disgrega. En la Edad Media la moneda, por ejemplo, era universal. Oro y plata, en el sentido de que se usaban distintas monedas y de distintas calidades, cambiándose de acuerdo con su peso y su ley pero aceptadas en todas partes. Los principios de derecho romano imperaban en buan parte del espacio europeo y existía en occidente una única lengua de cultura, el latín, que permitía al estudioso leer y ser leido por toda la comunidad académica occidental, pues no es casual que sea en esta época cunado nacen las universidades. Cierto es que existían guerras pero a una escala mucho menor que las del siglo pasado dadas las escasas dimensiones de los combatientes.

Pero aparte de todo esto, la fragmentación tiene otra consecuencia muy positiva. Si existe algún tipo de innovación, social o económica, esta es muy difícil de impedir en un entorno tan fragmentado. Se cuenta la leyenda de que un inventor ofreció un novedoso tipo de cristal irrompible al emperador Tiberio, y que éste, al ver sus potencialidades, mandó ejecutarlo para no destruir el empleo de los cristaleros romanos. Probablemente la leyenda no sea cierta, pero ilustra el hecho de que un emperador podía sin gran problema impedir un invento o una industria y sus órdenes acatadas en todo el imperio.

Algo semejante acontecía en China cuyos emperadores en una época se cerraron sobre si mismos e impidieron las incipientes exploraciones comerciales chinas. También ahí era posible, pero no en Europa. Un príncipe o rey que hiciese algo semejante sólo podía dificultar la innovación en un pequeño territorio, sin poder impedir que la innovación se ensayase en algún otro. Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue perseguido en muchos principados pero siempre tuvo algún sitio a donde ir y ensayar sus innovaciones.

Esto dificultó mucho también la censura política o religiosa en el espacio europeo. También, por consiguiente, las libertades económicas se beneficiaron de dicha situación y lentamente se comenzaron a poner las bases de la revolución industrial y del capitalismo. Se podía dificultar en algún sitio pero no impedir que el reino vecino las adoptase situándose entonces en situación ventajosa y obligando al reticente a adoptarla, tarde o temprano. Las pequeñas ciudades medievales italianas o las de la hansa alemana son buenas pruebas del florecimiento de este espíritu mercantil, que con el tiempo devendría en el capitalismo industrial, a pesar de las dificultades a que lo sometieron los modernos Estados absolutos (como el español o el francés) que lograron retrasarlo en su países.

Al no existir un Estado unificado europeo, (que supongo será el sueño de muchos estatistas pues elimina la anarquía política) no se pudo ahogar de todo el espíritu de libertad y de ahí que afirmemos que el capitalismo nace a pesar de las trabas del Estado, no gracias a él como dicen Karl Polanyi y otros defensores del intervencionismo. Quien quiera estudiar el tema puede leer el magnífico Escape from Rome del historiador Walter Scheidel. Una magnífica lectura de navidad.

Bo Natal a todos.

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LVII): Anarcocapitalismo y nacionalismo

Escrito por Miguel Anxo Bastos en mayo 28, 2021. Publicado en Análisis diario. 5 comentarios en Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LVII): Anarcocapitalismo y nacionalismo

Hubo un tiempo en que la nación gozaba de buena prensa en medios liberales y libertarios. Se la veía como una fuerza de progreso que servía para crear sentimientos y valores comunes entre las personas superando las viejas distinciones de status o de sangre. John Stuart Mill, por ejemplo, las veía como un requisito indispensable para la construcción de una sociedad liberal. Todos los ciudadanos serían iguales y estarían regidos por las mismas leyes y constituciones. En medios libertarios autores como Rothbard, en su celebre ensayo sobre naciones por consenso, realza el papel que puede jugar la nación en la construcción de una sociedad sin estado. El ser humano no es un átomo que opere un una suerte de vacío social, sino que opera incrustado en alguna sociedad particular. Incluso los famosos cosmopolitas, que siempre nos son puestos como modelo de lo que debería ser una sociedad auténticamente liberal, están también incrustados en su propia sociedad internacional, que raras veces abandonan, por cierto, para mezclarse con el común de los mortales que viven en una nación más “normal”.

Una persona, aún en una sociedad sin estado, tendrá rasgos nacionales y muy probablemente se identifique, aún de forma tácita con alguna de ellas. Hablará algún idioma, tendrá alguna religión o si carece de ella lo hará de alguna forma particular (el ateísmo no se entiende de la misma forma en distintas culturas). Tendrá determinadas costumbres culinarias o gastronómicas y seguramente está imbricado en alguna historia nacional a través de la memoria de sus antepasados (que por fuerza debieron formar parte de alguna). Esto es aún careciendo de una forma de dominación política es muy probable que nuestro futuro ancap siga identificado con alguna comunidad de corte nacional.

Sin embargo desde el estallido de las dos grandes guerras mundiales el nacionalismo ha perdido buena parte de su halo modernizador, sobre todo en ambientes liberales. Popper (que ni si quera era un liberal sino un socialdemócrata) por ejemplo, ha sido uno de los principales debeladores de los mitos nacionalistas en medios liberales, seguido de una pléyade de autores que buscar eliminar toda suerte de lealtad nacional. El nacionalismo sería una suerte de vuelta al tribu y a valores más propios de la caverna que de sociedades civilizadas. Despertaría las mas bajas e innobles pasiones humanas y los practicantes de tal fé perderian en el proceso todo lo que les quedase de seres racionales.

Puede que ilustren una potencial patología social, pero no nos dan una alternativa a nuestra necesidad de autoidentificación. Su propuesta suele ser un vago individualismo en el que una suerte de seres humanos atomizados, sin familias, naciones o religiones fuertes buscarán su mejor interés de forma “racional”. Esto desde luego parece más una receta para garantizar el dominio de los estados sobre seres humanos desprovistos de lazos de cohesión que una propuesta para un orden social libre. Robert Nisbet en un clásico absoluto del liberalismo conservador, Community and Power, insiste mucho en este aspecto al explicar como la comunidad, entendida de forma amplia, puede sustituir muchas de las funciones que presta el estado, pero siendo necesario para ello la existencia de un mínimo de cohesión y confianza social. La comunidad nacional puede entonces constituirse en una suerte de cemento social que contribuya a reducir costes de información y permita la sustitución de funciones ahora prestadas por el estado por entidades de sociedad civil que no tengan necesariamente que usar mecanismos coactivos para su provisión.

En los últimos años hemos asistido a la aparición de numerosos estudios que refuerzan el papel de la nación como potencial generadora de resistencia frente a la actuación de los estados. Yoram Hazony, por ejemplo, en su libro, escritos desde postulados conservadores, sobre las virtudes del nacionalismo recuerda que este es uno de los principales frenos a la idea del gobierno mundial, que da aplicarse podría llegar a ser uno de los principales enemigos de muchas de las libertades de las que hoy disfrutamos y supondría el fin de la fértil anarquía interestatal a la que, con sus peros tanta libertad debemos. Es este un libro que ha desatado gran polémica en medios liberales pero que nos abre fértiles terreno de debate sobre la cuestión nacional, hasta hoy dominada por perspectivas críticas y cosmopolitas.

Otros autores como Bernard Yack o Yael Tamir también han hecho interesantes aportaciones al debate sobre el nacionalismo intentando conciliarlo con el liberalismo. Lo primero que manifiestan es que el nacionalismo, cualquier otra idea, no tiene porque responder del uso que de ella hacen los que dicen actuar en su nombre. Es cierto que en nombre de la nación se han cometido crímenes y se han justificado todo tipo de aberraciones y limitaciones a la libertad, pero por desgracia eso es algo muy común en muchas ideologías o religiones.

En nombre del cristianismo, el liberalismo (que se lo digan a los carlistas) o el socialismo se han cometido también todo tipo de abusos y a mi entender eso no tiene porque descalificar a la ideas en sí, que deberían ser discutidas como ideas, sino a los que pretenden hablar en nombre de ellas o construir una nueva sociedad bajo sus principios. En ese aspecto el nacionalismo no es más letal o nocivo que cualquiera de ellas. Es cierto que se han combatido grandes guerras en su nombre o se han realizado limpiezas étnicas, pero parece como si esa fuese la única forma en que puede ser entendido, y se olvidan otras expresiones del mismo. Si hacemos caso a Michael Billig, en su Nacionalismo banal, el nacionalismo se expresa mucho más frecuentemente en forma de competiciones deportivas (mundiales de fútbol, olimpiadas) o competiciones musicales del tipo de Eurovisión que en forma de cruentas guerras y matanzas. Este puede ser incluso jocoso y desmitificador y puede ser visto incluso como un elemento que conduce a una sana emulación. El nacionalismo violento no dejaría de ser una patología de la idea no la propia idea, pero por desgracia en el lenguaje común en nuestros ambientes parece ser esta la tónica habitual.

También en el ámbito económico cuando uno se refiere al llamado nacionalismo económico parece ser este el lenguaje habitual. Es cierto que el nacionalismo o la defensa de un supuesto interés nacional ha sido usado para justificar la implementación de medidas económicas proteccionistas del estilo de aranceles o cuotas de importación. También ha sido usado para proteger o subvencionar a determinadas empresas o sectores considerados “estratégicos” para la nación o para promover “campeones nacionales” en tales sectores. Pero la nación o el nacionalismo no son más que una justificación de tales medidas, que bien podrían haberse llevado a cabo en nombre de la clase obrera, el progreso, el bien del reino o la salvación de las almas. La nación o el nacionalismo operan en este entorno como una excusa para justificar el uso de la coerción estatal en la defensa de unos intereses determinados. Con la misma lógica y con mucha mayor razón podríamos defender políticas de librecambio o desregulatorias o incluso la abolición del propio estado por el bien de la nación, pues esta en efecto se beneficiaría de tales medidas. El error procede de la identificación entre estado y nación ( diferencia que reconozco a veces no es fácil de establecer dada la confusión de ambos conceptos.) de tal forma que los intereses de uno y otra se confunden.

Esta identificación ha sido desde siempre muy buscada por los detentadores del poder estatal de tal forma que los intereses de esta clase dominantes sean asumidos como propios por parte de los nacionales. Así cuando se subvenciona a una empresa amiga o se pone un arancel que protege a alguien próximo al poder pueda ser vendido que tal medida responde al interés nacional, cuando en realidad perjudica a la mayoría y sólo beneficia a unos cuantos. Pero el sentimiento nacional nada tiene que ver con estas triquiñuelas, más bien es víctima de la confusión resultante y de un uso espurio del mismo.

Pero pocos han defendido el nacionalismo como fuerza impulsora de la modernidad y del capitalismo como la profesora Liah Greenfeld. Esta en sus libros, Nacionalismo: cinco vias a la modernidad o su The spirit of capitalism: Nationalism and economic growth defiende el papel que este ha jugado históricamente no sólo a la hora de hacer esfuerzos para construir el nuevo sistema económico sino también para conformar los diferentes estilos que este ha adoptado según las diferentes culturas. La nación crea el capitalismo y este con el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo de relaciones comerciales ayuda a cohesionar la nación.

Recordemos que el capitalismo deriva en muy buena parte de valores culturales previos, que se hallaban más en algunas naciones concretas, como Inglaterra o Flandes, y que si no hubiese sido por su conservación como un rasgo cultural o nacional propio muy probablemente nunca se hubiese desarrollado el sistema capitalista en la forma en que lo ha hecho. Pero también el capitalismo ha contribuido a generar una conciencia nacional. El desarrollo de la prensa de masas, la creación primero del ferrocarril y luego de puertos y carreteras (cuidado, muchas veces creadas por los propios capitalistas sin participación del estado) contribuyen a mantener y enriquecer la conciencia nacional. Las nuevas tecnologías de la información, el abaratamiento de las técnicas de grabación de imágenes y sonidos o la capacidad tecnológica de fabricar y conservar instrumentos musicales o todo tipo de utensilios del pasado han permitido conservar la memoria de las naciones incluso en aquellas que carecen de estado.

Especial mención merecen estas últimas. Los procesos de homogeneización de los estados modernos han encontrado resistencia en realidades nacionales distintas a la de la nación hegemónica en el estado. Estas realidades frenan la expansión estatal pues permiten escapar parcialmente a los mecanismos de “lectura” (usando el concepto acuñado por James Scott) que los estados tienen sobre sus poblaciones. Si estas no comparten el idioma, tienen formas distintas de agruamiento o cuentan incluso con pesos o medidas distintos, los estados verán dificultada su labor, y de ahí que busquen por todos los medios eliminar esas diferencias. Pero al tiempo esas diferencias nacionales restan capacidad al estado e impiden que este despliegue toda su capacidad. En cualquier caso distraen sus energías y limitan su poder . Algo que cualquiera contrario a la extensión del poder estatal debería celebrar, sea anarquista, minarquista o liberal.

Algunas cuestiones disputadas sobre anarcocapitalismo (LIV): Vacunas en una sociedad sin Estado

Escrito por Miguel Anxo Bastos en febrero 26, 2021. Publicado en Análisis diario, Uncategorized. 3 comentarios en Algunas cuestiones disputadas sobre anarcocapitalismo (LIV): Vacunas en una sociedad sin Estado

Aunque esta sea una sección de comentarios de actualidad, yo acostumbro a hacer reflexiones más o menos teóricas sobre la anarquía de mercado. Pero el debate sobre el suministro de vacunas me ha interesado tanto que he hecho una excepción. Es un ejemplo magnífico de cómo la centralización en las negociaciones fracasa y cómo muchos estados pequeños han estado más ágiles a la hora de adquirir y suministrar el medicamento a sus ciudadanos.

Al tiempo también puede servir como elemento de debate a la hora de describir cómo podría darse el suministro de un bien de este tipo en una sociedad sin estado y si lo podría hacer mejor que la gestión estatal de los suministros. Lo cierto es que el tema es interesantísimo y se podría debatir desde la propia eficacia de la Unión Europea a criterios de justicia a la hora de hacer los repartos de un bien tan básico como es este.

El proceso de vacunación de una población comienza obviamente por el descubrimiento de una o varias vacunas efectivas para la enfermedad. Esto ya en sí ya es complejo, pero la dificultad se acrecienta cuando se hace necesaria una gran producción de las mismas para poder literalmente vacunar a toda la tierra. El problema es que aún disponiendo de una buena infraestructura productiva, la cadencia de fabricación de las vacunas no permite más que una producción limitada cada día que no permite satisfacer las demandas de todos los posibles usuarios. Esto es, producir vacunas para todas implica un lapso temporal de meses.

A esto hay que sumarle los plazos de distribución de la misma hasta los distintos países y luego administrar las vacunas a toda la población. Es decir, hay que priorizar tanto las entregas de las vacunas entre países como dentro del mismo país entre los colectivos que se determinen como más necesitados. Sería interesante discutir si puede o debe existir algún criterio de justicia a la hora de hacer este tipo de repartos y de existir cuál debería ser. Se trataría también de ver cómo podría darse suministro en una hipotética sociedad sin estado.

En una economía de mercado sin interferencias, el proceso normal de suministro de vacunas consta de varias etapas sucesivas. La primera obviamente es la de la síntesis de la vacuna que corresponde a científicos y técnicos. La segunda sería la de la producción masiva de la misma, que requiere de bienes de capital en forma de fábricas especializadas y personal cualificado. La tercera sería la de la logística y transporte de las vacunas producidas a los centros de distribución. La última sería la del inoculado de las mismas a las pacientes siguiendo algún tipo de orden, dado que éstas irán llegando de acuerdo con algún tipo de cadencia.

Las cuatro etapas son imprescindibles. En una economía de mercado sin interferencia la asignación se haría mediante un mecanismo de precios y siguiendo un orden idealmente inverso al explicado. Esto es, los empresarios involucrados valorarán la demanda potencial del bien, las formas posibles de distribuirlo (si existe o no logistica de frio industrial o el tipo de infraestructura sanitaria existente por ejemplo) y luego calcularía una gama de precios a los que podría obtener beneficios. Una vez realizados los cálculos, los productores decidirían cuántos científicos y técnicos y cuáles se movilizarían; primero para el descubrimiento y síntesis de la vacuna y segundo para su producción y distribución industrial.

Como es de suponer, la empresa farmacéutica se enfrentaría a la posible competencia de otras empresas, y a la posibilidad de que todos sus esfuerzos se encuentren sin recompensa. Podría perfectamente no descubrirse vacuna alguna, o bien de descubrirse hacerlo tarde en relación a la competencia, o a un precio no competitivo.

No difiere en esencia de cualquier otro proceso industrial, salvo en el hecho de que tratamos con cuestiones de vida o muerte y por tanto el ajuste de los precios es al principio algo diferente de otros bienes. Se asemeja (guardando las distancias) a los mercados de espectáculos, que o se adquieren en el momento o después no valen de nada. Al igual que en ellos se da un fenómeno muy peculiar: si no se ajustan bien los precios se producen fenómenos de “reventa” que benefician a intermediarios pero que no redundan en beneficio de los artistas (o de los fabricantes) y por lo tanto esos fondos no revierten en la mejora del espectáculo o evento deportivo (o en el caso de las vacunas en la mejora de los procesos de investigación o producción).

Por lo tanto, en la producción de vacunas nuevas como en cualquier otro proceso de producción innovador se suele cargar con precios más altos a los primeros consumidores para que de esta forma contribuyan a financiar los incrementos futuros de producción, y colaboren por tanto en abaratamientos ulteriores del producto y permitan su generalización. Pasó con los automóviles, los televisores o más recientemente con los teléfonos inteligentes de alta gama.

En el ámbito español tenemos un buen ejemplo con la penicilina. Al principio era carísima y se llegó al caso de vender una casa para comprar una dosis que salvase una vida ( dosis que había que traer de contrabando de Portugal al no poderse adquirir legalmente en la España de Franco). Pero con el tiempo se abarató muchísimo, al tiempo que se perfeccionaba como producto hasta el punto de que hoy es un medicamento de lo más accesible y abundante. El único problema era que parte del beneficio iba al contrabandista y no a la empresa productora y no contribuía a mejorar la producción.

El problema, hoy al igual que entonces, es que mientras no se abarate y distribuya masivamente habrá personas que no puedan adquirirlo y que por desgracia pueden fallecer existiendo una solución disponible. El problema que se plantea es pues de corte ético y consiste en si debe existir o no algún criterio de reparto extraeconómico para asignar las vacunas escasas mientras estas no se generalicen.

En una hipotética sociedad sin estado, las vacunas serían asignados a quienes muestren más capacidad de pago, bien por poseer una gran capacidad económica bien porque sacrifican otros consumos por acceder a este, como vimos en el caso antes citado de la venta de la casa. Pero esta forma de asignación no implica necesariamente que sólo los ricos van a obtener vacunas, pues estas podrían perfectamente ser adquiridas por aseguradoras para sus clientes, y éstas cubrir perfectamente a la totalidad o casi totalidad de la población, dado que en un sistema social de este tipo no estarían previstos sistemas estatales de previsión o de sanidad. Serían entonces estas aseguradoras quienes estableciesen protocolos de vacunación y priorizasen a los enfermos que entendiesen prioritarios. Obviamente estos protocolos serían conocidos por los usuarios a la hora de firmar el contrato de seguro, pudiendo el tomador del seguro aceptar el pequeño sobrecoste o no.

Quiere con esto decirse que es perfectamente factible conciliar la asignación de un bien muy escaso y vital en ausencia de Estados con criterios redistributivos que atiendan a los más débiles, al tiempo que no se distorsionen los sistemas de mercado. También habría que tener en cuenta a la hora de ponderar la justicia de una asignación de mercado que si este se revela como más productivo y más barato a la hora de producir y suministrar el bien a medio plazo, este sistema habrá salvado más vidas que sus alternativas estatales y esto habrá que ponderarlo también a la hora de juzgar entre sistemas político-económicos alternativos.

Pero aún así no cabe duda de que en este sistema se priorizaría la capacidad de pago sobre cualquier otro principio y esto sin duda es una cuestión ética peliaguda que merece ser discutida. Veamos entonces cómo es la ética de reparto en un sistema en el que los estados sean los encargados de la producción o provisión de las vacunas.

Para ello veremos cómo se gestiona este proceso en nuestro entorno. En primer lugar se ha optado por una compra centralizada de vacunas a nivel de la Unión Europea, que se ha revelado no muy efectiva, quizás por falta de experiencia de esta administración al hora de contratar este tipo de bienes. El problema es que un fallo en estas negociaciones no se circunscribe al ámbito de un Estado o una comunidad autónoma, sino que afecta al conjunto de la Unión. Un fallo de unas pocas personas en una decisión centralizada afecta, como podemos observar, a centenares de millones de personas.

Podemos ver en cambio cómo países pequeños como Islandia o algunos emiratos árabes o relativamente pequeños como Israel han mostrado una mejor capacidad de afrontar tanto el proceso de compra como el de vacunación. Desde luego la magnitud de la unidad política (a igualdad de renta) no parece afectar positivamente a la gestión. Esta compra centralizada nos aporta un elemento más de discusión que podríamos enlazar con la teoría austríaca del cálculo económico.

El viejo Boris Brutzkus, en su relato de los fallos de la incipiente economía soviética, nos alertaba de los fallos de coordinación. Los soviets tenían buenos barcos de pesca pero carecían de redes y anzuelos, o flamantes tractores sin una adecuada distribución de combustible o repuestos. Algo semejante aconteció en la distribución de vacunas (afortunadamente a mucho menor escala y con una menor duración en el tiempo), pues si bien se produjeron vacunas, las primeras requerían de una sofisticada logística de frío de la que no se disponía aún en todas partes. También se dió, durante un breve lapso de tiempo, la carencia de jeringuillas especiales que permitiesen un óptimo aprovechamiento de los viales, lo que permitiría incrementar cerca de un veinte por ciento las dosis disponibles.

Por último viene el problema de la priorización de colectivos a la hora de proceder a la vacunación. Partamos de una base, la asignación por el Estado no es tampoco igualitaria. Primero, porque la diferencia a la hora de asignar el recurso será entre Estados ricos y estado pobres. Es decir, al igual que en el caso anterior, la capacidad de compra será decisiva a la hora de adquirir el bien, y los ricos tendrán preferencia sobre los pobres, Ello no supone una mejor situación ética, pues sólo se cambiaría la escala y la forma del reparto, pero no su desigualdad intrínseca. Y no parece que sea políticamente factible una situación en la que un Estado se desprenda generosamente de parte de su stcock para cedérselo a otro menos favorecido, sin haber vacunado aún al completo de su población. Se dará la paradoja de vacunar antes a jóvenes sanos de los países ricos que a personas de riesgo en países pobres. El modelo aquí no es muy diferente en esencia del caso anterior.

En segundo lugar, tampoco es igualitario el reparto dentro del propio país, si bien aquí la supuesta injusticia es de menor gravedad. Básicamente, porque el gobierno a la hora de asignar las vacunas escasas determina quiénes deben ser los grupos que primero deben recibirlas, y también un orden de prelación entre ellos. Entiendo que los criterios que se han seguido no son en principio irracionales, y tienen mucha lógica. Pero ello no obsta para que sigan siendo desigualitarios en el sentido de que son los gobernantes quienes deciden qué vidas valen más y cuáles deben esperar. Y que por tanto haya personas que los reciban antes, y por tanto eliminen el riesgo, mientras que otras por desgracia siguen siendo infectadas y a veces mueren simplemente porque no fueron catalogadas como prioritarias.

Al ser una asignación de tipo político, siempre será posible una suerte de “mercado negro” en la asignación, según la cual aquellos más próximos al poder pudiesen tener la tentación de priorizarse a sí mismos en la asignación de las mismas. La escala en que esto suceda dependerá como cualquier otra forma de corrupción moral de la calidad ética de las clases dirigentes. Pero de ser estas poco morales es probable que se reproduzca el fenómeno apuntado más arriba de la aparición de intermediarios o de privilegiados, pero con la consecuencia de que no aportarán tampoco nada al proceso productivo. También habría que comparar su eficacia relativa en relación a la asignación de mercado y tener en cuenta las vidas potenciales perdidas a la hora de valorar cuál de los dos sistemas debería ser el preferido.

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LIII): sobre el nuevo mutualismo de Kevin Carson

Escrito por Miguel Anxo Bastos en enero 29, 2021. Publicado en Análisis diario.

Dentro del mundo del anarcocapitalismo existen corrientes de pensamiento fuertemente emparentadas que sin embargo reniegan de esta etiqueta. Una de ellas es el nuevo mutualismo, o como lo define su principal exponente, Kevin Carson, el anarquismo de libre-mercado. Si bien su propio nombre lo indica, este autor quiere apartarse de la etiqueta capitalista y prefiere centrarse en la defensa de una suerte de mercado libre sin el concurso de grandes corporaciones y por supuesto sin la interferencia estatal. Su obra deriva de los viejos anarquistas individualistas americanos como Josiah Tucker o Lysander Spponer, aunque pueden notarse los ecos del mutualismo de mercado del Proudhon de la idea de Revolución en el siglo XIX. No voy a centrarme en esta ocasión en ellos, aunque bien merecen un estudio detallado, y sí en la obra del mejor de sus continuadores contemporáneos, Kevin Carson. Este es un autor de una gran originalidad y muy elevado nivel académico. Vive en una comunidad rural al margen de la academia, escribiendo y estudiando por su cuenta en el tiempo que tiene libre después de trabajar. Esta vida al margen de la academia es muy probablemente una de las razones por las que escribe con la rotundidad con que lo hace y fuera de las cauces de la habitual corrección política y la deferencia a las vacas sagradas de la profesión.

Su postura, aunque pueda parecer extraña al lector común, no es extraña a todo un buen conocedor del anarcocapitalismo, en especial a las vertientes más de izquierdas, presentes incluso en algunas de las obras del propio Rothbard, especialmente en su época de colaborador en Left and Right, en las que colaboraba con la llamada “Nueva Izquierda” en su lucha contra la guerra del Vietnam. El anarcocapitalismo es defensor de la propiedad privada y el mercado libre, por ello pasa por ser una idología de derechas y sus argumentos son usados en muchas ocasiones en las guerras culturales contra marxistas y socialistas, aunque tiene también un componente de crítica a las grandes corporaciones por su connivencia con el poder estatal, un componente antiimperialista muy pronunciado y una defensa a veces muy polémica de determinadas libertades personales (como todo lo que serefiere a la cuestión del comercio de drogas). Una buena prueba sería el ensayo de Rothbard en el que se satiriza la idea de Ayn Rand de que los grandes empresarios son la minoría más perseguida. Pero, en efecto, la mayor parte de los teóricos libertarios han centrado sus críticas en las regulaciones de todo tipo que los gobiernos establecen para las grandes corporaciones: regulaciones laborales, fiscales o medioambientales han sido objeto de estudios detallados y mordaces críticas. Sin embargo, y tal como Carson nos recuerda, rara vez se analizan las regulaciones que favorecen a las grandes corporaciones y que pueden ser tan importantes o más que las que les pueden perjudicar.

Carson en sus obras, sobre todo en Theory of Organization y The Homebrew Industrial Revolution, detalla la forma en que los gobiernos protegen a muchas de estas grandes empresas. La propia organización corporativa y las leyes que regulan las sociedades anónimas pueden incluir clausulas que limitan su responsabilidad legal y pecuniaria (son hechas a imagen y semjeanza del Estado). Este es un tema muy debatido en el universo anarcocapitalista y no existe aún una postura determinante, pero nuestro autor considera que es un privilegio otorgado, pues en una sociedad de mercado libre este tipo de legislación no existiría y las empresas serían plenamente responsables.

Otro aspecto en el que Carson incide es el de los servicios que los estados prestan de forma gratuita a las empresas y que implican reducciones de costos que estas internalizan y cuyos costes son a su vez total o parcialmente externalizados al conjunto de la sociedad. Se refiere en concreto a la construcción de infraestructuras como vías de alta capacidad, puertos, aeropuertos o vías férreas. Incluso infraestructuras eléctricas o de telecomunicaciones pueden ser prestadas directa o indirectamente por el sector público atendiendo a las necesidades de algunas de estas grandes empresas. En otro ámbito, Carson también critica el desarrollo de currícula académicos orientados a las necesidades laborales de las empresas, de tal forma que buena parte de los costes de formación laboral que muchas empresas necesitan son financiados con cargo a impuestos sufragados por el conjunto de la población. Estas son cuestiones muy interesantes que merecerían alguna evaluación para comprobar si los subsidios que el estado presta a las empresas son o no un beneficio neto, pero bien pudiera ser que para alguno si lo fuera. También el rescate de algunas empresas y de sus accionistas, como en el caso bancario, podrían entrar dentro de su análisis, pero desde luego no cabe objetar que nos hace ver con otra luz el intervencionismo estatal y nos obliga a discutir el “estado de bienestar de las corporaciones”.

El autor abre también una discusión muy interesante en referencia al apoyo que prestan los estados a determinadas empresas transnacionales. Todos podemos observar como en los llamados “viajes de estado” hay una agenda comercial, según la cual los gobernantes negocian acuerdos a favor de algunas empresas, normalmente presentes en la delegación que viaja. O también como la diplomacia económica de los estados también favorece los intereses de algunos sectores económicos, denominados a veces como “estratégicos” para justificar su trato de favor. Aquí se produce una doble discriminación, la primera a favor de las empresas y la segunda de unas empresas sobre otras. Una sociedad de libremercado, tal como la entiende Carson, no perjudicaría a las empresas pero tampoco tendría porque favorecerlas en nada. Lo cierto es que esta es una intervención pocas veces analizada en nuestros círculos, que es mucho más grave si se usa la violencia estatal para respaldarla, a través de amenzas bélicas o incluso del derrocamiento de regímenes políticos pecibidos como hostiles o incluso no lo suficiente amigables para las empresas que capturan la política exterior. Este último elemento es de mucha relevancia teórica pues nos ilustra sobre el debate sobre el imperialismo capitalista que abrieron en su momento los marxistas. Para ellos el Estado es una especie de marioneta en manos del gran capital, cuando en realidad esos elementos del gran capital son parte integrante del estado no ajenos a él y lo usan en su propio beneficio. Esto es muy fácilmente constatable en el caso del denominado complejo militar-industrial que existe en prácticamente todos los estados modernos de ciertas dimensiones. En efecto, existe un determinado tipo de industria, los economistas la denominarían monopsonio, de titularidad formalmente privada, pero cuyo principal cliente es el propio Estado o bien estados con los que el propio mantiene buenas relaciones y a los que le esta permitido vender sus productos o servicios. Los dirigentes de estas industrias, como bien señala Seymour Melman (véase su magnífico libro traducido como El capitalismo del Pentágono), son en muchas ocasiones antiguos miembros del estamento militar o político y no se puede establecer una línea clara de demarcación entre ambos, pues también en ocasiones se da el salto a la inversa. Este bloque de poder cuenta con lealtades también en el aparato de la hegemonía del Estado, contribuyendo entre todos a dirigir la política exterior y la militar de muchos de los estados modernos. Pero para nada se puede entender esta industria como parte del mercado libre. Ni siquiera forma parte de un régimen de propiedad privada, pues los fondos con los que se sostiene derivan en la práctica de los impuestos y exacciones decretados por los estados.

Siguiendo esta línea de argumentación, Carson pone su foco en otro aspecto muy discutido dentro del anarcocapitalismo, como es el tema de la propiedad industrial. Considera a este tipo de propiedad como un ingenio estatal (tal propiedad es definida por la regulación estatal y es cambiante en muchas ocasiones de acuerdo con las necesidades de determinados grupos de presión empresarial) para expropiar la propiedad física en nombre de unos supuestos derechos de autoría intelectual. El la ve como un privilegio con el que se garantizan beneficios a las empresas próximas al Estado a costa de perjudicar al resto de la comunidad. Aquí Carson se transforma en un hábil teórico de la propiedad y se asemeja a las posturas de anarcocapitalistas de “derecha” como Stephan Kinsella. La conclusión de Carson es que cuando los estados definen qué es propiedad, no lo hacen de forma neutra sino en su favor o en favor de su allegados, y que el mundo de relaciones sociales que aquellos construyen, se hace imitando la propia forma corporativa del Estado. El autor es un antiestatista radical y desconfía por tanto de la bondad de tales diseños.

En su obra se discuten también muchos otros puntos de interés para nosotros: la cuestión de la escala de producción o el llamado “subsidio de la historia” (referido al debate sobre la legitimidad o no de la apropiación originaria de la tierra). La escala de producción de aplicado a empresas, organizaciones o estados es un tema poco abordado por la Economía Austríaca y la teoría económica en general. A menudo parece que sólo existe la teoría monetaria o los problemas de la desigualdad y que no hay nada más allá de estos. No obstante, la determinación de la escala de producción de bienes y servicios es un aspecto crucial de la vida económica, política y social. Usualmente nos quedamos con el proverbio de los rendimientos crecientes de escala y no vamos más allá. Criticamos al minifundio o a la pequeña empresa por poco productiva y alabamos las empresas, o países grandes, por ser supuestamente más eficientes a la hora de producir. Carson, discute y desmitifica muchos de estos puntos e intenta abrir un debate que por desgracia sigue sin darse, en nuestra escuela y otras, sobre si es cierto o no ese principio y en que circunstancias. Por su parte, el tema de la propiedad originaria de la tierra y de las injusticias que se derivan de propiedades adquiridas injustamente, tiene un interés más ético y moral que práctico, pues a día de hoy se haría muy difícil determinar a quien debería corresponde la propiedad original. Pero lo razona bien y tiene mucha razón al explicar que no todo fue limpio en los orígenes de nuestro actual sistema de mercado.

La obra de Carson tiene, a mi entender, errores graves, como su teoría del valor trabajo, que por mucho que intente adaptarla al marginalismo sigue siendo inválida, o su crítica del trabajo asalariado y la explotación que saca de la economía clásica o de libertarios de izquierda como Thomas Hodgskin. Estos errores, empero, sólo invalidan muy parcialmente su obra, construida principalmente sobre la de Rothbard y otros anarcocapitalistas, a los que lee parcialmente pero que sin duda inspiran su trabajo. Pocos autores contemporáneos he leido que abran tantos debates y de una forma tan original en nuestro campo, como él. Quizás sea que su lejanía del mundo académico le ha otorgado una libertad de pensamiento y actuación de la que el académico común carece. La Universidad otorga buenos medios para trabajar, pero está sujeta a una suerte de restricciones ambientales y burocráticas como la especialización o la departamentalización que minan en buena medida la originalidad. ¡Bienvenida sea la obra de Carson a nuestro mundo y ojalá se traduzcan al completo sus obras principales!

Nota final: existen traducidos en su web ensayos de menor extensión, pero no por ello de menor interés.

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LII): los ‘cypherpunks’

Escrito por Miguel Anxo Bastos en diciembre 29, 2020. Publicado en Análisis diario.

Si en algún ámbito las ideas libertarias han tenido éxito y han sido capaces de desarrollar propuestas para solventar problemas, tanto los asociadas a la intromisión de los Estados en la vida cotidiana como en los que se refieren a la búsqueda de soluciones para vivir en paz usando mecanismos de interacción voluntarios, ha sido sin duda en el mundo de la informática e internet. Mi querido colega en estas páginas, el señor Polavieja, ha tenido la deferencia de indicármelo y recordar la pertinencia de un breve análisis de sus contribuciones al desarrollo del corpus teórico de los libertarios, que han sido muchas tanto en el ámbito de la teoría como en el de la praxis.

El primero de ellos ha sido el de haber garantizado un mínimo de privacidad en el uso de internet. Como bien nos cuenta Steven Levy en su libro Crypto, en los años 90 se produjo una fiera disputa entre los partidarios del anonimato en la red y los partidarios de la apertura de la misma al escrutinio del Gobierno. En el primer lado estaban varios de los primeros cypherpunks y en el segundo prominentes políticos del partido demócrata, entonces en el Gobierno, entre los que destacaron por su interés el entonces vicepresidente Al Gore y el presidente de la comisión reguladora de estas actividades en el Senado, la entonces joven promesa de la política Joseph Biden, quien ya apuntaba maneras de defensor de las prerrogativas estatales, maneras que todo parece indicar que no ha perdido con los años. Frente a las pretensiones de regular y supervisar el entonces incipiente internet varios libertarios, vinculados a la industria de la programación informática y residentes en la costa oeste de los Estados Unidos, decidieron plantar cara a la intromisión del Gobierno usando el arma que mejor sabían usar, su capacidad de programar y escribir códigos informáticos. De aquellos tiempos datan manifiestos a favor de la criptoanarquía, como el celebre escrito de uno de ellos, Tim May, reivindicándola.

El encriptamiento es una vieja arma usada para esconder información de observadores no deseados. Desde escribir de forma cifrada con claves que pueden ser de gran sofisticación (como el famoso código Enigma usado por los nazis y roto por Allan Turing) al uso de tintas simpáticas y otras formas de ocultación de la información usadas desde siempre tanto por los poderes políticos en sus guerras como por sus opositores. Las formas modernas de encriptación han evolucionad y ahora hacen uso de algoritmos o de códigos informáticos, de tal forma que es imposible, o cuando menos muy difícil, acceder a los contenidos protegidos. Los primeros cypherpunks (denominados así por su uso de herramientas criptográficas y que no deben ser confundidos con sus parientes los fans de la ciencia ficción conocidos como cyberpunks) hicieron uso de sofisticadas técnicas de encriptación para evitar, por la vía de los hechos, que los Gobiernos pudiesen adueñarse de la información almacenada en las redes. Desde entonces se ha producido una lucha contante entre los agentes del Estado y los informáticos libertarios por el control de la privacidad en la red. De esta lucha se han derivado numerosas aplicaciones prácticas demostrando que estas ideas más allá de su relevancia política si pueden tener trascendencia en el ámbito social.

La primera de ellas es la posibilidad de establecer espacios privados en internet, no sujetos a la supervisión del Estado o de personas no deseadas. Digo la posibilidad porque también es posible que este aspecto pueda ser subvertido. El encriptamiento permitió el uso de correos electrónicos o transferencias monetarias libres de control. También facilitó la aparición de comunidades privadas en las que poder dialogar y cambiar opiniones más allá de la censura. El problema potencial es que para conseguir eso se ha descansado en muchas ocasiones en plataformas o redes que sí pueden acceder a nuestros registros y facilitárselo a su vez a los poderes estatales. La profesora Zuboff en su último libro La era del capitalismo de la vigilancia ha incidido mucho en este aspecto. Nuestros supuestos aliados en la lucha por la libertad pueden fácilmente transformarse en sus peores enemigos, no sólo porque almacenen nuestros datos (accedimos a la hora de suscribir el programa a facilitárselos) sino porque puedan dárselos a quien queríamos evitar. Sabemos que Cortana lee y escanea nuestros mails pero también sabemos que en caso de necesidad podría censurarlos o delatarnos incluso a un Gobierno que no necesariamente tiene por qué ser garante de la privacidad. De hecho se podría afirmar que desde la aparición de internet se ha dado un proceso continuado de confrontación y consiguiente coevolución en el que el Estado y los desarrolladores de internet han competido y compiten por adelantar al otro en sus pretensiones, bien de controlar la privacidad bien de sustraerse a tal control.

Fruto de esta dialéctica es la aparición de fenómenos como el bitcoin o el desarrollo de la arquitectura que lo sustenta, el blockchain. Sobre este tema ya se ha escrito bastante y no soy yo el más indicado para exponer la compleja estructura que subyace bajo estos desarrollos, pero si cabría indicar que forman parte de una mentalidad antiestatista. Sus creadores y desarrolladores, Satoshi Nakamoto (sea quien sea) o Vitalik Buterin entre otros no sólo profesan ideas libertarias sino que las llevan a la práctica y, es más, intuyen perfectamente que atacar el monopolio estatal de la moneda y el crédito y su capacidad de recaudación fiscal es una de las formas más efectivas que existen de debilitar el poder gubernamental. No sólo se le quita de gravar con inflación a la sociedad sino que se le elimina de un plumazo el aura de omnipotencia que tienen. Medidas usadas para exhibir poder y apoyar a los grupos de interés amigos, como la inyección de 750.000 millones de la Comisión Europea para aliviar la crisis, ya no serían posibles. Si Lenin decía que para acabar con el capitalismo había que atacar la moneda (y tenía razón), los cypherpunks llevan a cabo una estrategia semejante. La paralela, y en este ámbito también se están dando desarrollos, sería acabar con la capacidad estatal de conformar los sistemas ideológicos y de creencias a través de la erosión de su monopolio de la educación primaria y secundaria y de su capacidad, parcial pero en aumento, de control y regulación de los medios de comunicación de masas. Otro aspecto a destacar del bitcoin es la teoría monetaria que subyace a su arquitectura. Toda moneda digital debe contar con algún tipo de teoría económica detrás que dirija su forma de operar. Podrían perfectamente diseñarse monedas digitales con base keynesiana o monetarista, con algún tipo de órgano centralizado que emitiese nueva moneda bien de forma discrecional o bien que siguiese algún tipo de regla expansiva del tipo del 3% friedmanita. Pero es de destacar que la teoría subyacente al bitcoin, inspirada en el patrón oro clásico, si no es austríaca se le parece mucho. La oferta monetaria está limitada a una cantidad concreta, veintiun millones, y minarlos, al igual que el oro, cuesta cada vez más trabajo. Esto es, no es una moneda que pueda ser expandida a voluntad por algún tipo de voluntad central.

El bitcoin y la arquitectura blockchain pueden ser armas eficaces para reducir el tamaño del Estado, al sustituir algunas de sus funciones, pero el programa político de los cypherpunks no termina aquí, pues entre sus proyectos está el de revivir adaptado a los tiempos de la vieja y protolibertaria doctrina medieval del tiranicidio En sus inicios diseñaron un ficticio “mercado de asesinatos” en el que jugaban a poner precio a la eliminación de los tiranos de la época, con la esperanza de que alguien aceptase la recompensa y se decidiese a acabar con alguno de ellos. Pero el éxito mayor en este ámbito de los cypherpunks no fue este mercado sino la gigantesca filtración de información confidencial vertida en el portal WikiLeaks por Julian Assange (véase la discusión en el libro Los cypherpunks de este último). Consistió en desvelar y publicar miles de cables confidenciales de servicios de inteligencia, gobernantes y diplomáticos en los que se probaba la poca santidad de las medidas que llevan a cabo muchos de los respetables Gobiernos democráticos de nuestra era. Explican cómo se espían los unos a los otros y cómo construyen argumentarios para justificar guerras e intervenciones militares en todas las partes del mundo. También relatan cómo derrocan a los Gobiernos que no les gustan, sean estos o no democráticos, y cómo realizan operaciones de falsa bandera o atentan de forma encubierta contra sus rivales. Pocos fueron los Estados que se libraron de la exhibición de sus miserias más íntimas, pero no dicen nada que no fuese sabido de antes, y su problema es que no lo saben conectar con una teoría general del Estado, que explique que estas desviaciones éticas forman parte de un sistema que las hace poco menos que inevitables. Si no se explica así poco se puede avanzar en a comprensión del fenómeno, que será siempre zanjado con el argumento de la manzana podrida o de las necesidades de defenderse de amenazas potenciales que pudiesen afectar a la seguridad o integridad de nuestros respectivos países, pero con métodos que no pueden ser confesados al gran público. Aquí los cypherpunks aciertan sólo en parte, pues las poblaciones intuyen que no toda la acción de un Gobierno es inmaculada e incluso pueden llegar a justificarlas. Poco pueden deslegitimar esas filtraciones si no se asocian con una conducta general de los Estados, más que con casos particulares.

Por último, otra de las grandes invenciones de nuestro grupo es la de crear nuevas formas de derecho. La pretensión de escribir códigos informáticos que suplanten a las leyes está desde el principio en la obra de Nick Szabo y otros desarrolladores, como antes apuntamos. Su concreción es la formulación de contratos autoejecutables de cumplirse las condiciones pactadas. Si bien algunos juristas han enfatizado su excesiva rigidez a la hora de la ejecución, que no parece admitir matices, son sin duda una idea con un potencial enorme. Muchos contratos, comerciales o civiles, precisan de un aparato organizativo muy sofisticado para hacerlos cumplir en caso de incumplimiento. Abogados, jueces, procuradores, agentes judiciales y, sobre todo, la propia autoridad monopolística del Estado pasarían a un segundo plano de poder desarrollarse de forma fiable con esta tecnología. Bastaría con dar una definición clara de lo que significa un incumplimiento y este se ejecutaría automáticamente a través de arquitecturas como blockchain, que servirían de validadores del incumplimiento. Es el caso del mítico ejemplo del coche inmediatamente bloqueado por mecanismos digitales en caso de impago. En efecto, el código sería implacable en este caso pero lo que no tienen por qué ser rígidas son las condiciones de impago. La máquina podría bloquear, por ejemplo, al cabo de dos o tres impagos o de cualquier otra condición que se establezca. Y desde luego para situaciones en las que no exista un único orden jurídico involucrado, como es el caso del comercio internacional, será sin duda una herramienta de excepcional importancia. Y no se puede descartar incluso su uso futuro en el ámbito del derecho penal en la ejecución de determinadas penas como las de alejamiento.

Lo que nos muestran los cypherpunks es que se pueden llevar a cabo acciones prácticas para reducir de forma efectiva el poder de los Estados modernos sin necesidad de hacer uso de la lucha política y sin la necesidad de violar los derechos de nadie para hacerlos efectivos.

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LI): Estado, justicia y división de poderes

Escrito por Miguel Anxo Bastos en noviembre 27, 2020. Publicado en Análisis diario.

La propuesta del Gobierno de España de reformar el sistema de elección de los órganos de gobierno de los jueces ha abierto un debate, más superficial que profundo, sobre el respeto a la división de poderes y sobre el grado de independencia que deberían tener los jueces en un Estado democrático. Ambas partes comparten una misma visión, la de que la justicia debe estar de una forma u otra influida por la parte política del Estado, esto es, partidos, parlamento y Ejecutivo. En lo que difieren es en el grado de control que debe tener y si este debe corresponder casi en exclusiva al partido o partidos mayoritarios o si debe estar compartido con las principales fuerzas de la oposición. De hecho, es más una lucha de poder dentro de la facción política del Estado que una lucha entre estos y los jueces, aunque estos tengan aún algo que decir al respecto. Los jueces en los Estados democráticos modernos hace ya tiempo que están sometidos al control político, y sólo de conseguir la total autonomía en la elección de sus órganos podríamos decir que han conseguido una mejora en su posición relativa.

Por pura lógica política es normal que partidos y políticos quieran controlar a la judicatura. Como ya vimos, los distintos grupos que componen la estructura del Estado luchan y compiten políticamente entre sí, de forma permanente, por el control de lo que Oppenheimer denomina medios políticos. Operan en un medio anárquico y, por lo tanto, necesitan de pactos entre sí para que el Estado pueda funcionar, pero al operar en un entorno en el que la capacidad de obtener recursos está limitada a la capacidad de extracción de los mismos del resto de la sociedad, en muchas ocasiones sus relaciones son de suma cero, esto es, el poder que uno obtiene es a costa del poder de otros. Cualquier cesión de uno de los grupos es para incrementar el poder de otros, con el límite crítico de que la coalición se deshaga y pierdan todos.

Los políticos necesitan jueces independientes en buena medida como forma de legitimación del sistema político democrático, de tal forma que pueda existir la imagen de una división de poderes y de un ente que controle las desviaciones de poder de los gobernantes. Además, sirve como garantía para los integrantes de la clase política que estén en ese momento en labores de oposición para que sus derechos no sean vulnerados. Pero tampoco les interesa que la autonomía de los jueces sea total, pues de serlo estos podrán neutralizar sus políticas (como bien aprendió Roosevelt en el New Deal) o bien incluso destituirlos o inhabilitarlos para su función, como ocurre con frecuencia en muchos países del mundo. Incluso en algunos casos se ha llegado a hablar de golpes de Estado judiciales, algo perfectamente posible pues, como sabemos, el golpe de Estado se produce cuando una facción del Estado se enfrenta a otra. Algunos acontecimientos recientes sucedidos en Brasil no habrían sido posibles sin la participación, entre otros, del juez Moro, luego ministro de Bolsonaro, que contribuyó al apartamiento del poder de Dilma Rouseff y a la inhabilitación de Lula da Silva. Además, una justicia plenamente independiente podría crear un grupo de jueces casi irresponsable, pues no habría poder externo capaz de controlar sus funciones y podríamos caer en una suerte de despotismo judicial. Recordemos que los jueces, por lo menos en nuestro país, cuentan con una enorme autonomía. En primer lugar, porque controlan el acceso a la carrera judicial, esto es, deciden quién puede ser juez y qué requisitos debe tener. En principio está restringido a titulados en Derecho, algo que habría que explicar con calma, porque no se de dónde se deduce que un titulado en Derecho tenga necesariamente que ser capaz de juzgar mejor que un psicólogo, por ejemplo, sobre determinadas conductas antisociales, o incluso que un economista o un administrador de empresas sobre determinados “delitos” económicos como los derivados de las políticas antitrust. De la misma forma que un juez jurista recibe apoyo técnico de especialistas jueces de otras áreas de conocimiento, podrían tener apoyo de juristas en casos complicados. Circunscribir la profesión a unos determinados estudios tiene bastante de corporativismo, con el problema de que prima la racionalidad jurídica sobre otras racionalidades, que bien podrían enriquecer la profesión. Pero además de restringir el acceso, los órganos corporativos de gobierno de los jueces son los que establecen los criterios de acceso a la función judicial, esto es, establecen cuáles son las formas en que se puede acceder (examen, práctica profesional, etc.) y en cualquier caso determinan cuáles deben ser los contenidos prácticos o teóricos de dichos requisitos. La carrera habitual de juez prima la capacidad de realización de exámenes sobre cualquier otro considerando, sin tener en cuenta que habilidades no demostrables delante de un tribunal pueden ser tan importantes como la capacidad memorística o de redacción. Muchas profesiones de prestigio y de alta responsabilidad no son seleccionadas por examen o sólo por examen, sino por el desempeño del puesto. Y, por supuesto, así debería ser también en la judicatura. El examen, con su origen en el mandarinato chino, es una forma supuestamente objetiva de selección, siempre y cuando se tuviesen en cuenta otros valores imposibles de medir con una prueba de selección. Por otra parte, la mayoría de los contenidos de las pruebas son de carácter jurídico-legal, y se podría echar en falta destreza en otras áreas de conocimiento relevantes para su función, entre ellas la de evaluar las consecuencias que para la economía, la salud o cualquier otro área relevante de la vida social puedan tener sus decisiones. Algunas sentencias, con razonamiento jurídico impecable, han arruinado sectores enteros (pensemos en las sentencias sobre hipotecas o cláusulas suelo), sin que parezca en ocasiones importarles mucho.

Es pues probable que jueces formados de forma semejante y fuertemente corporativizados no sean los mejores jueces (valga la redundancia) de sí mismos, y que tiendan a elegir entre ellos a los que mejor se adecuen a sus propios valores. Otras profesiones también relevantes no escogen a sus representantes ni a sus órganos de gobierno, y no tiene por qué pasar nada grave, salvo que se proponga que todas las profesiones lo hagan. En última instancia es un problema de responsabilidad, pues en caso de una mala praxis y de llegar el caso de un conflicto, unos jueces absolutamente independientes sería juzgados por compañeros con los que no es raro que tengan alguna relación (buena o mala) y, por tanto, su neutralidad puede verse alterada. Sería necesario algún tipo de control externo también en esta profesión. La justicia no estatal allí donde existió no tenía este tipo de problemas, pues era externa al poder político y operaba habitualmente en un marco de libre elección. En la llamada justicia de cadí, como la describe Weber, el juez usualmente era una persona altamente respetada por sus conocimientos, recto juicio, nobleza o santidad, y operaba de forma independiente al poder político, y sus veredictos eran acatados por las partes debido precisamente a su reputación de ecuanimidad. Los criterios de justicia no venían pautados por normas o procedimientos escritos, sino que se confiaba en el buen criterio del juez, que responde con el prestigio de sus sentencias De ser sus sentencias venales o parciales perdería su reputación, y con ello la propia capacidad de ejercer de juez. No dudamos que este modelo no haya estado sujeto a corruptelas o fraudes, como cualquier otra actividad comercial, pero los incentivos funcionan y mucho en contra de tales prácticas. De hecho, la propia posibilidad de escoger al juez (o bien como en el oeste americano preestatal, que cada parte escoja a uno y haya un tercer juez escogido por consenso) y que este no opere obligatoriamente de forma monopolista contribuye a mejorar la calidad de las sentencias. Es más, que el juez sea ajeno al poder estatal contribuye mucho a la limitación del poder del mismo, puesto que los agentes estatales podrían pasar por actores que estos no pueden controlar fácilmente, y de hacerlo supondría una gran pérdida de reputación para ambos. A su vez, los jueces verían limitada su discreción o su venalidad por el propio sistema de competencia que faculta a las partes a hacer uso de otros de ser menester. En el caso de crear algún tipo de órgano de control de los jueces dentro del propio aparato del Estado, sea en el Ejecutivo, sea en el legislativo, se corre el riesgo de que ese órgano se acabe subordinando a la propia legislatura y elimine lo que se pretendía establecer, el principio de una justicia independiente.

Otra cuestión que puede plantearse es como se garantizaría la ejecución de una sentencia en una supuesta sociedad de propiedad privada. Antes de analizarlo debemos tener en cuenta que incluso en una sociedad con justicia estatal no hay ninguna garantía de que las sentencias sean cumplidas, y más si afectan a alguna de las otras ramas del Gobierno. Creo recordar que el presidente Jackson de los Estados Unidos se negó a cumplir una sentencia judicial, y los jueces no pudieron hacer nada al no tener un aparato coactivo a sus servicio. Y sin llegar a este extremo es bien sabido que existen decenas de sentencias judiciales durmiendo el sueño de los justos, haciendo honor al viejo lema de los virreyes españoles de Indias, aquello de “acátese pero no se cumpla”. Si eso ya es así en una sociedad estatalizada, cabría pensar que en una sin esta cualidad la ejecución de las sentencias sería mucho más difícil. Es cierto que se podrían dar problemas, sobre todo al no estar acostumbrados a este modelo, pero en cualquier acción judicial ya partiríamos con el a priori de que no existen instituciones monopolistas que se encarguen de tal función y, por tanto, se haría necesario idearlas. De hecho, haciendo arqueología intelectual, podemos ver cómo se resolvían los conflictos judiciales en estas situaciones. Por ejemplo, en caso de que una de las partes no tenga los medios para hacer cumplir las resoluciones, algunos pueblos antiguos recurrían a la venta del derecho a alguien que sí contase con los medios de hacerlas cumplir. Algo semejante hacemos a día de hoy cuando vendemos una deuda a una agencia encargada de cobro de morosos o alquilamos sus servicios. También pueden ser usados mecanismos diversos de exclusión social al incumplidor. Las viejas técnicas de marcado, propias de la justicia antigua, podrían ser usados en casos así usando los modernos medios informáticos. Es de prever que en una sociedad sin justicia penal estatalizada no todos los delitos se castigarían como ahora con penas de prisión, pues no todos los delitos implican igual riesgo de daño físico para el resto de la sociedad. No es lo mismo un asesino que un estafador por internet, por ejemplo, y mientras que el último podría resolver su caso con restitución o castigo pecuniario, del primero si que podría discutirse la privación de libertad. No soy penalista ni experto en ética, por lo que no me atrevo a ponderar cuáles deberían ser las penas apropiadas a cada delito. No sé si sería admisible algún tipo de trabajo forzoso para financiar la restitución del daño. No es imposible técnicamente y resolvería muchos problemas de financiación del sistema penal, por lo que el debate vendría de si es admisible éticamente o no.

Lo que sí sé es que existen muchas formas factibles de hacer justicia sin hacer uso del Estado, y más con la tecnología actual. Muchas de ellas se han usado y se usan para estos menesteres, por lo que el debate no es de factibilidad sino de legitimidad en su uso. Y por aquí debería discurrir el debate.