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A lo largo de la historia, el dinero utilizado por los seres humanos ha vivido un continuo proceso de cambio: desde el uso de conchas, ganado, grano o sal, pasando por metales preciosos como el oro o la plata, y llegando al papel moneda inconvertible de los actuales bancos centrales.

Sin embargo, es probable que pronto nuestros actuales billetes y monedas también sean cosa del pasado. Los principales bancos centrales llevan varios años trabajando en el desarrollo de una nueva forma de dinero: se trata de las denominadas monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés), también conocidas como ‘govcoins’.

China es quien ha tomado la delantera: está en pleno proyecto piloto, en el que medio millón de ciudadanos han probado a utilizar yuanes digitales, directamente emitidos por el banco central a sus teléfonos móviles, para realizar intercambios permitidos por el Gobierno.

El gigante asiático tiene decidido implementar el e-yuan de manera generalizada antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en febrero de 2022.

Por su lado, los bancos centrales de Estados Unidos, la Eurozona, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza y Suecia, en conjunto con el Banco de Pagos Internacionales, publicaron hace unos meses un documento enunciando los principios fundacionales sobre los que cada uno debía desarrollar sus monedas digitales. La Reserva Federal de EEUU y el Banco de Inglaterra ya han confirmado que tienen equipos trabajando en ello.

El Banco Central Europeo, por su parte, ha anunciado que tiene como objetivo tener su euro digital en pleno funcionamiento para 2025.

Pero, ¿qué son exactamente estas ‘govcoins’? En realidad, la idea es muy sencilla: se trata de hacer que todos los ciudadanos tengan sus depósitos en el banco central y realicen sus pagos transfiriéndose esos pasivos estatales mediante una aplicación del teléfono móvil. En un principio se irían introduciendo poco a poco, de forma que las divisas digitales convivan con el actual dinero físico y con el sistema de pagos bancario. Pero a la larga la idea es terminar reemplazándolos.

La evolución que ha ido experimentando la institución del dinero a lo largo de la historia no siempre ha sido a mejor. Durante el último siglo se ha tendido hacia un sistema monetario de cada vez menor soberanía del individuo en favor de un mayor poder para el Estado.

El reemplazo del sistema de pagos actual por un sistema de moneda digital estatal sería un paso de gigante en esa misma dirección equivocada: constituiría una enorme amenaza para la prosperidad y la libertad de los individuos. Y esto es así por tres grandes motivos.

En primer lugar, pasar a un sistema de monedas digitales de bancos centrales supondría en la práctica la nacionalización del sistema bancario. En la actualidad, la inmensa mayoría de los pagos no se realizan con monedas y billetes, sino mediante el sistema de pagos y cobros que proporcionan los bancos comerciales. Al prestar este servicio, los bancos adquieren la capacidad de canalizar los depósitos de este sistema de pagos para proporcionar financiación a familias y empresas, compitiendo entre ellos en seleccionar los mejores proyectos posibles para generar beneficios y evitar tener pérdidas.

Si el sistema de pagos actual lo reemplazara un monopolio del banco central, no solo se estaría traspasando al Estado dicho sistema de pagos y cobros, sino que también pasaría a centralizar la función de financiación de la economía productiva.

Como en cualquier sistema de planificación central, el Estado no podría realizar esta función de manera correcta porque no tendría los incentivos económicos adecuados ni la información necesaria que solo emerge en un sistema privado descentralizado y en competencia. El Estado decidiría quién obtiene crédito y quién no en base a criterios puramente políticos.

En segundo lugar, supondría la caída del último obstáculo que impide al banco central imponer tipos negativos altos para elevar la inflación. En la actualidad, si se intentan trasladar tipos negativos a las cuentas corrientes de los ciudadanos, estos tenderán a protegerse cambiando a un banco que no se los traslade, o sacando su dinero para guardarlo bajo el colchón.

Sin embargo, en un mundo en el que el propio dinero son los depósitos en el banco central y ha desaparecido el dinero físico, las autoridades monetarias podrían imponer que los depósitos pierdan valor de forma progresiva y no habría forma de escapar del sistema. Los ciudadanos se habrían convertido en rehenes de los banqueros centrales.

Y en tercer lugar, el Estado pasaría a tener un control absoluto sobre las cuentas corrientes de los ciudadanos. Tendría todo su registro de pagos y cobros, y tendría la capacidad de autorizar qué pagos se pueden realizar y cuáles no.

En China ya se ha probado a cobrar multas instantáneas sobre los saldos de tesorería digitales cuando el Estado considera que el individuo lo merece. También se ha probado a inyectar dinero que solo se puede utilizar para compras aprobadas por el gobierno o que desaparece si no se gasta en un tiempo determinado.

Los ahorros de los ciudadanos pasarían a estar directamente en los bolsillos del Estado, y las libertades quedarían supeditadas, aún más, a los caprichos del político de turno.

A menudo se nos venden las monedas digitales de los bancos centrales como una especie de Bitcoin emitida por el Estado. Sin embargo, las características de las govcoins son justo las opuestas a las de criptomonedas como Bitcoin: en lugar de ser una moneda de cantidad limitada, descentralizada, anónima e independiente de los antojos de los bancos centrales, sería una moneda de cantidad ilimitada y absolutamente centralizada, vigilada y controlada por las autoridades políticas. Podría decirse que las ‘govcoins’ son la antítesis de la soberanía individual que representa el Bitcoin.

Las monedas digitales de los bancos centrales representarían la culminación del proceso de nacionalización total del dinero. Los políticos pasarían a ser los custodios de los ahorros monetarios de los ciudadanos, y estos quedarían totalmente a merced de los caprichos de los políticos.

Quedarían eliminadas todas las barreras para que el Estado utilizara los saldos de tesorería de los ciudadanos en su beneficio financiero particular y como herramienta de generación de obediencia.

En definitiva, las ‘govcoins’ serían las cadenas definitivas que terminarían de atar a los ciudadanos a la servidumbre del Estado: generarían todos los incentivos perversos para acabar de arrastrarnos a una era con menor libertad y mayor pobreza individual, a mayor gloria de un Estado omnipotente. En nuestra mano está tratar de poner freno a esta distopía monetaria cuando aún estamos a tiempo.