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Etiqueta: Burocracia

Un laberinto invisible: cómo la burocracia marginaliza

Escrito por Miguél Solís en . Publicado en Análisis diario.

Actualmente, en la mayoría de los países es fácil encontrar entornos burocráticos y fiscales tan complejos, opacos y ambiguos que resulta prácticamente imposible encontrar asesores expertos, internos o externos a la administración, que puedan orientarnos con certeza a surfear esos entornos.

Cualquiera que haya interactuado con la administración pública y con Hacienda sabe de primera mano que los propios funcionarios que atienden al ciudadano suelen tener un conocimiento limitado y generalista de los procedimientos. Los casos particulares casi nunca tienen respuestas claras ni inmediatas, por lo que debemos recurrir a asesores externos que deben estudiar a fondo cada caso solo para ofrecernos una orientación parcial, casi siempre vulnerable a ser contradicha por otra norma, por otro funcionario o por otro experto. La experiencia común de enfrentarse a la burocracia está marcada por la incertidumbre, la sensación de culpa o el temor constante a estar cometiendo —sin saberlo, ni quererlo— una ilegalidad.

El falso culpable

Parte de la crítica más habitual al mercado — la convicción de que genera o acentúa desigualdades — presupone que el sistema de precios margina a quienes menos tienen: pobres, discapacitados y diferentes. Como contraparte surge la idea de que las políticas de inclusión, el Estado del Bienestar y el socialismo son esfuerzos por darle un lugar a aquellos que no lo tienen en sociedades jerarquizadas y capitalistas.

La realidad, sin embargo, desmiente el relato estatista. En el mercado, quienes no consiguen generar valor pueden quedar temporalmente excluidos, pero emergen de forma espontánea mecanismos de asistencia privada, altruismo y apoyo mutuo. El Estado inclusivo, por su parte, no solo fracasa a menudo en rescatar de la marginalidad a los que realmente no pueden producir —por vejez o discapacidad—, sino que además margina a individuos plenamente capaces de crear valor: inmigrantes, pequeños empresarios, minorías étnicas o religiosas

El mercado, apoyado en la creatividad empresarial, genera vías para que quienes enfrentan barreras de idioma, diferencias culturales o baja productividad encuentren nichos donde intercambiar. En contraste, el Estado erige una maraña de normas diseñadas para un ciudadano “modelo” que bloquean la cooperación entre aquellos que se apartan del estándar. Así, un trabajador que no maneja el idioma local o con discapacidad, incapaz de competir en atención al cliente con la misma eficacia que un local cualificado, queda fuera del mercado formal porque el salario mínimo le impide pactar una remuneración acorde con su productividad. La inclusión administrativa se convierte, paradójicamente, en un mecanismo de exclusión.

El Castillo de Kafka

En su novela El castillo, Kafka cuenta la historia de un agrimensor que llega a un pueblo porque, supuestamente, ha sido solicitado desde el Castillo para realizar un trabajo profesional. El problema es que el protagonista nunca logra confirmar si efectivamente ha sido llamado, y queda atrapado en una burocracia restrictiva, opaca e interminable que no le da una negativa clara, pero tampoco una autorización. No se le prohíbe explícitamente trabajar, integrarse ni marcharse, pero tampoco se le permite hacerlo realmente. Ha gastado de su propio dinero para cumplir con el encargo que cree haber recibido, pero nunca es compensado, porque su caso no se resuelve. Kafka nos muestra cómo la burocracia puede convertir a un individuo en un simple expediente, robándole su libertad y dejándolo en una situación de espera eterna, duda, exclusión, impotencia y alienación.

¿Cómo se forma ese Castillo kafkiano?

La burocracia kafkiana es el resultado de una combinación perversa: por un lado, el racionalismo positivista que aspira a construir una sociedad ordenada, impersonal y abstracta, regida por normas que prometen control y eficiencia; por el otro, una práctica política marcada por la arrogancia de los planificadores, el deseo de autopreservación política a través del favorecimiento de los funcionarios públicos, las luchas de poder, la obsesión identitaria, el cortoplacismo electoral y la sobrelegislación.

La burocracia se presenta como la garantía de orden frente al caos, como el camino institucional que deben transitar todos para alcanzar la justicia y la igualdad. Pero en la práctica, las oficinas públicas son entornos desordenados, confusos e ineficientes. El ciudadano debe comportarse como si estuviera ante una maquinaria perfectamente calibrada: debe llegar puntual, con originales y copias, con el expediente completo y en el formato requerido. A cambio, recibe caos e irracionalidad: retrasos, información contradictoria y oculta.

Usted debe presentar una declaración fiscal, aunque nadie le pueda explicar exactamente cómo hacerla bien. Pero si la hace mal, será sancionado, porque el Estado sí sabrá cómo debió haberla hecho. Usted debe actualizar su expediente porque “no hay registro suyo”, aunque el mismo Estado sabrá inmediatamente si ha cambiado de domicilio o empleo. La administración exige comportarse como si fuera ciega, pero cuando quiere todo lo ve.

La burocracia como trampa

Es la burocracia, en todo sentido, paradójica: dice buscar agilidad, pero retrasa; promete orden, pero desordena; presume de racionalidad, pero opera con lógicas absurdas, laberintos y callejones sin salida.

Un ejemplo personal ocurrido esta misma semana en España: como parte de un visado, se me asigna un NIE (número de identificación de extranjero), que debo “activar” dentro del primer mes tras mi entrada al país a través de la toma de huellas en la Policía Nacional. Para hacer esa toma de huellas, debo conseguir una cita (que no se consigue fácilmente), que solo se puede obtener a través del sistema Cl@ve, una plataforma digital que permite identificarse ante la administración. Sin embargo, para registrarse en Cl@ve, es necesario tener un NIE válido, ¡el mismo que solo se valida tras la toma de huellas!… Y con mecanismos como este, la burocracia lleva a la ilegalidad a inmigrantes legales.

Y este tipo de bucles no es una excepción, es la norma. Lo primero que debe hacer un inmigrante en España es empadronarse. Pero para empadronarse debe demostrar que vive en una vivienda de larga estancia. No puede hacerlo desde un hotel, un alquiler temporal ni un Airbnb. Ahora bien: ¿quién en España le va a ofrecer un alquiler de larga estancia a un inmigrante recién llegado, sin cuenta bancaria, sin historial laboral ni registros administrativos?

Esto fuerza al inmigrante a engañar a la administración para poder sortear los trámites. Y lo más absurdo es que la administración lo sabe. Acepta únicamente a quienes la engañan “adecuadamente”. Incluso los propios funcionarios lo dejan entrever con frases como: “No hay citas, tiene que buscar un gestor”, o “No puede empadronarse en un alquiler temporal, tiene que encontrar otra alternativa, aunque esa sea su residencia real”.          

Así funciona el castillo kafkiano: no prohíbe abiertamente la inmigración legal, por ejemplo, pero hace inviable lograrla sin violar sus propias reglas.

La burocracia crece, se atornilla y marginaliza

Lo más duro de todo es que la burocracia no retrocede: solo crece, se enreda y se vuelve más opaca. Cada año, nuevos aspectos de la vida humana quedan sometidos a regulaciones, licencias, autorizaciones o trámites. Cada ministerio, cada municipio, cada departamento aprovecha su cuota de poder para justificar su existencia, crear nuevos cargos y expandir su control. Es la forma más directa y estable que tiene el Estado de mantenerse necesario y que tiene el gobierno de prolongar su vida política.

Cuando la burocracia ya es demasiado grande, se vuelve intocable: aplica la lógica del too big to fail. Cerrar oficinas, eliminar procedimientos o reducir personal implicaría una sacudida económica que ningún político está dispuesto a asumir. El costo electoral de cortar con décadas de mala administración es altísimo: implica pagar los errores acumulados de todos los que vinieron antes. Así que se patea la bola un poco más hacia adelante, siempre.

Finalmente, la burocracia marginaliza porque todos estos actores regulando a la vez solo pueden generar esquemas imposibles de satisfacer, son tantos los intereses y aspiraciones que busca satisfacer la burocracia que simplemente ´´se enreda sola´´ y no puede hacer otra cosa que homogenizar para intentar agilizar. Y en medio de esa maraña, el individuo queda reducido a un trámite, a un expediente que se pierde, se retrasa o se resuelve con suerte. Pero detrás de cada expediente hay un proyecto de vida, una familia, un emprendimiento o un simple deseo de trabajar y contribuir. Aspiraciones que son viables económica y socialmente, pero que son frustradas políticamente, filtradas por un sistema que ha hecho de la exclusión su norma silenciosa.

Asfixia empresarial: Un análisis de la sobrerregulación y la burocracia en España

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Notas de prensa, Carrusel Home, Investigación.

“Asfixia empresarial” es un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, en colaboración con el Aula José Ramón Garcia. A lo largo de casi 70 páginas, el documento presenta un vistazo al problema de sobrerregulación que enfrenta la economía española, llegándotelo a destacadas conclusiones:

  • Cuatro de cada diez empresarios consideran que el problema de sobreregulación y burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de invertir en España. De hecho, otorgan a esta cuestión una importancia similar a la que asignan a los impuestos, de modo que la presión normativa ya tiene una trascendencia comparable a la presión fiscal. Siete de cada diez empresarios consideran que la excesiva carga regulatoria es uno de los factores que más esta afectando a los niveles de inversion, que de hecho llegaron a finales de 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019.
  • Los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5 por ciento del PIB en España, mientras que la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene un coste del 3,5 por ciento del PIB. En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar.
  • El 36 por ciento de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores. Solamente en la última década se han conocido al menos 700 recursos contra decisiones regulatorias que restringen la unidad de mercado en nuestro país.
  • Al actual ritmo de creación de normas, España perderá 100.000 empleos en la próxima década debido a la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias. Esa complejidad también conduce a una mayor litigiosidad, desviando recursos de la economía productiva. De hecho, reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil de nuestro poder judicial permitiría elevar estructuralmente la inversión privada en unos 1.500 millones de euros.
  • La comparativa por comunidades autónomas resulta interesante, puesto que la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera comunidad en 1.141 por persona, destruyendo asimismo unos 52.400 puestos de trabajo.
  • Si comparamos a España con Europa, encontramos que igualar nuestra calidad regulatoria y nuestro aparato burocrático a los niveles observados en Dinamarca permitiría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros. Lamentablemente, los distintos indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la OCDE nos relegan a la zona baja de la tabla.
  • Las regulaciones verdes han crecido con fuerza en el siglo XXI, con 9.489 instancias de este tipo aprobadas de 2000 a 2022. Por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis disposiciones. Sin embargo, la evidencia muestra que una mayor carga regulatoria conduce a peores, no mejores, niveles de protección del medio ambiente. Hay, por tanto, una relación inversa entre regular más en esta línea y obtener mejores resultados.
  • De 1996 a 2022 se han aprobado 22.337 regulaciones de igualdad de género, más de un 80 por ciento de las cuales han sido impulsadas por los gobiernos autonómicos. En base a la evidencia disponible, no se aprecia una correlación entre introducir más carga normativa en este ámbito y obtener mejores resultados en los indicadores de referencia dedicados a la cuestión de igualdad hombre-mujeres, de modo que la clave no es regular más, sino regular menos y regular mejor.
  • La empresa promedio carga con una larga lista de requisitos burocráticos, como encuestas, obligaciones tributarias, obligaciones contables, procedimientos medioambientales e instancias de otro tipo. Su incidencia es muy significativa en términos de tiempo y recursos perdidos por las empresas afectadas, así como en lo tocante a la naturaleza intervencionista de muchas de estas disposiciones.
  • Asimismo, España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales, de modo que el principal coste de empresa (mano de obra) está también sujeto a cotas de hiperregulación que han contribuido a hacer de España el país con más paro de la Unión Europea, con tasas que duplican la media comunitaria.
  • Las obligaciones tributarias no se quedan a la zaga, puesto que hay más de 200 modelos en vigor y las obligaciones de información son cada vez más extensas y tienen distintos calendarios de periodicidad.
  • Como medida complementaria de la complejidad asociada a la regulación tributaria en vigor, vale la pena señalar asimismo que las dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa tributaria van también a más. Por ejemplo, el manual del Impuesto sobre la Renta de la Agencia Tributaria alcanzó en la campaña de 2023 una extensión de 1.921 páginas. En caso del IVA, su extensión en el último ejercicio asciéndelas a 360 páginas. Esta misma rúbrica llega a 796 folios en el caso del Impuesto de Sociedades.
  • Además de deprimir la inversión, la sobrecarga normativa mina el emprendimiento. España está en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios. En lo tocante a las licencias de obra y construcción, recalamos en el número 79 del ranking. Incluso cuando ya se pone en marcha un negocio, el régimen de restricciones puede ser tan asfixiante como vemos en el caso del comercio, donde los grandes establecimientos ven limitada en un 90 por ciento su capacidad de apertura en domingos y festivos, a lo que hay sumar dobles licencias para el funcionamiento cotidiano, limitaciones de las ventas promocionales, impuestos específicos sobre este tipo establecimientos, etc.
  • La nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad eleva de 80 a 1.125 los requerimientos d datos que deben suministrar las empresas. De esos 1.125, solamente un 20 por ciento son cifras puramente cuantitativas, de modo que las empresas deberán generar ingentes cantidades de nueva información cada año. Para una compañía de tamaño mediano, el coste anual rondará los 400.000 euros. Asimismo, la nueva Ley de Consumo Sostenible quiere imponer un régimen de multas especialmente oneroso, con sanciones de 100.000 euros a quienes se desvíen de unas pautas de comunicación recogidas en una guía de 60 folios. Otro reto en materia normativa es el llamado Gran Hermano Turístico contemplado por el Real Decreto 933/2021, que introduce la obligación de recabar hasta dieciocho nuevos datos de los clientes de hoteles, pisos turísticos y otros establecimientos del sector.

Puedes leer el informe completo AQUÍ.

Burocracia

Escrito por Jaime Juárez Rodríguez en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Burocracia

La deuda pública crece, sin freno, en los países occidentales. No es casual que, con ella, lo haga también la burocracia, en una dinámica perversa en la que supuestas necesidades hacen que se cree el órgano, y, una vez creado, este se encarga de mantener/multiplicar las necesidades que justifiquen su existencia. Resulta llamativo que en los países en los que los bienes de producción eran de titularidad estatal, y la economía, por tanto, se dirigía a través de la planificación centralizada, sus líderes (Lenin, Trotsky o Stalin, por ejemplo) fuesen más críticos con esa burocracia de lo que lo somos ahora. En el artículo de hoy vamos a ver algunos de sus planteamientos, por si nos sirviesen para ser conscientes del monstruo que estamos creando.

Es interesante, en primer lugar, ver qué entendían los propios bolcheviques, siguiendo a Marx, por burocracia, para quien esta era el “Estado en cuanto a formalismo”, pero con unos intereses propios y distintos de los “generales” que el Estado debería representar. La burocracia se constituía, así, como una “corporación” completa (Marx, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, 1844) que, tras la revolución francesa,  se convirtió en el instrumento de la clase dominante, es decir, de la burguesía (Marx, 18 de Brumario de Luis Bonaparte, 1852). Así, a partir de la definición de Marx, recogida por los autores bolcheviques que luego veremos, el burócrata sería el funcionario del Estado que goza de ciertos privilegios que lo colocan por encima del resto de ciudadanos.

Vladimir Lenin

Pero claro, el socialismo lo cambiaba todo, y, como recuerda Lenin, en El Estado y la Revolución:

Bajo el socialismo los funcionarios[i] dejan de ser “burócratas”, dejan de ser “funcionarios”, dejan de serlo a medida que se implanta, además de la elegibilidad, la amovilidad en todo momento, y, además de esto, los sueldos equiparados al salario medio de un obrero, y, además de esto, la sustitución de las instituciones parlamentarias por “instituciones del trabajo”, es decir, que dictan leyes y las ejecutan (Lenin, 2006).

Vladimir Lenin. El Estado y la revolución.

Y es que, como decía Marx, y cita Lenin en la misma obra, “Ni en el partido ni en los sindicatos podemos prescindir de los funcionarios”.

Recoger los frutos de la burguesía

Cierto es que desde los primeros años de la Revolución Bolchevique, Lenin reconoció que el modelo que habían impuesto sufría cierta deformación burocrática, pero la justificaba por el atraso histórico del país -con problemas culturales que dificultaban la formación rápida de funcionarios eficaces y leales-,  por la falta de modernización económica de Rusia, y, en definitiva, que el país todavía no estuviese del todo preparado para el cambio hacia el socialismo, con una clara ausencia de cuadros comunistas especializados y bien formados, lo que obligó a los bolcheviques a servirse de las estructuras y funcionarios zaristas. En este sentido, el propio Lenin, en su “Informe sobre el Programa del Partido”, de 1919, señalaba que:

La burguesía reclutaba elementos de la clase precedente; y nuestra tarea actual es la misma; saber tomar, someter, aprovechar los conocimientos, la preparación de la clase que nos precedió y utilizarlos para el triunfo de nuestra clase (…) Hoy, en un Estado organizado a imagen y semejanza de la clase dominante, es preciso proceder como procedieron todos los Estados. Si no queremos colocarnos en las posiciones del utopismo puro y de la fraseología huera, debemos decir que hay que tener en cuenta la experiencia de los años anteriores, que tenemos que asegurar la Ley Fundamental conquistada por la revolución, pero que para las tareas administrativas, para el aparato del Estado, debemos tener hombres que posean la técnica de la administración, que tengan experiencia de la administración estatal y económica, y estos hombres no podemos sacarlos más que del seno de la clase que nos ha precedido.

Vladimir Lenin. Informe sobre el programa del partido.

Una burocratización necesaria

Aun así, la burocratización se superaría a medida que se afianzase el modelo socialista y fuese permeando su ideario en la población y en los funcionarios, erradicando, de raíz, un espíritu capitalista que no hacía sino corromper, como vuelve a reconocer el El Estado y la Revolución.

No podemos prescindir de funcionarios bajo el capitalismo, bajo la dominación de la burguesía. El proletariado está oprimido, las masas trabajadores están esclavizadas por el capitalismo. Bajo el capitalismo, la democracia se ve coartada, cohibida, truncada, mutilada por todo el ambiente de la esclavitud asalariada, por la penuria y la miseria de las masas. Por esto, y solamente por esto, los funcionarios de nuestras organizaciones políticas y sindicales se corrompen (o, por decirlo más exactamente, tienden a corromperse) bajo el ambiente del capitalismo y muestran la tendencia a convertirse en burócratas, es decir, en personas privilegiadas, divorciadas de las masas, situadas por encima de las masas. En esto reside la esencia del burocratismo, y mientras los capitalistas no sean expropiados, mientras no se derribe la burguesía, será inevitable una cierta “burocratización” incluso de los funcionarios proletarios.

Vladimir Lenin. El Estado y la revolución.

Pero Stalin, en la línea de Lenin, tenía, esperanzado, la solución: “intensificar la lucha de clases” para depurar en toda regla al Partido y al Estado.

Trotsky

Trotsky, sin embargo, no era tan optimista:

La burocracia soviética se ha elevado por encima de una clase que apenas salía de la miseria y de las tinieblas, y que no tenía tradiciones demando y de dominio. Mientras que los fascistas, una vez llegados al poder, se alían con la burguesía por los intereses comunes, la amistad, los matrimonios, etc., etc., la burocracia de la URSS asimila las costumbres burguesas sin tener a su lado una burguesía nacional. En este sentido, no se puede negar que es algo más que una simple burocracia. Es la única capa social privilegiada y dominante, en el sentido pleno de estas palabras, en la sociedad soviética.

Trotsky L. La Revolución Traicionada, 1936.

La revolución permanente

Y aunque buscaba su razón en supuestas “contradicciones”, entiendo que “dialécticas”, era mucho más crítico y así, en su La Revolución Permanente señalaba:

El burocratismo soviético (sería más exacto decir antisoviético) es el producto de contradicciones sociales: entre la ciudad y el campo; entre el proletariado y el campesinado (estos dos géneros de contradicciones no coinciden); entre las repúblicas nacionales y sus subdivisiones; entre los diversos grupos del campesinado; entre las diversas capas del proletariado; entre los diversos grupos de consumidores; en fin, entre el estado soviético en su conjunto y su cerco capitalista. Actualmente, por la traducción de todas las relaciones al lenguaje del sistema monetario, las contradicciones económicas van a aparecer a los ojos de todos de una manera especialmente viva.

Trotsky L. La Revolución Permanente.

La burocracia resuelve estas contradicciones elevándose por encima de las masas trabajadoras. Utiliza su función para afirmar su dominación. A través de una dirección incontrolada, arbitraria y sin remedio, acumula nuevas contradicciones. Al explotarlas, crea un régimen de absolutismo burocrático (Trotsky, 1929).

Un aparato burocrático cuya violencia era también criticada por Bujarin, como cita Cohen, en su “Bukharin and de Bolshevik Revolution. A Political Biography, 1888-1938”.

Ello no obstante, ninguno de los dirigentes a los que nos hemos referido supo ver que el propio sistema, además de ese imponente aparato planificación y control, creaba las dinámicas necesarias para que dicho aparato funcionarial se convirtiese, inevitablemente, en la “clase” privilegiada colocada por encima del común de los ciudadanos que denunciaba Trotsky.

La función del Partido

Y ello, como apunta Kornai (“The Socialist System. The Political Economy of Communism”), por las siguientes razones:

A) El Partido, vanguardia del proletariado, es en los países denominados “comunistas” la principal institución en la estructura de poder y no se admiten -salvo excepciones más formales que reales, como la de China o Polonia- otros partidos que le hagan la competencia (es lo que se denomina sistema de partido único); y la jurisdicción de éste cubre, en la práctica tanto i) los nombramientos, como las promociones o los despidos del personal relevante del aparato estatal; ii) las decisiones en la mayor parte de los asuntos del Estado,  alcanzándose dichas decisiones en el seno de los órganos del Partido antes de adoptarse por el órgano estatal correspondiente y iii) supervisión completa de la actuación del aparato del Estado.

En todo caso, el aparato del partido está en permanente contacto con el aparato del Estado y aunque el partido desarrolla las funciones políticas y el Estado las administrativas, dado que miembros del partido ostentan cargos estatales y a la inversa, el Partido en particular y, por extensión, la nomenclatura (entendida como el grupo dirigente) es una organización endogámica y fuertemente controlada por los que ya detentan el poder.

Sin control ni equilibrio

B) Hay, en los modelos comunistas, una carencia de sistemas de equilibrio y control que eviten la adquisición, por parte de la clase dirigente, del monopolio del poder con carácter permanente. En efecto, como destaca Kornai -siguiendo el modelo de análisis de Niskalen, exponente de la Escuela de la Elección Pública-, en los sistemas con parlamentarismo democrático, el legislador, con el ojo puesto en las siguientes elecciones, tiene, al menos supuestamente, el interés y la necesidad de ganarse la confianza de sus votantes.

Atendiendo a esa necesidad, da instrucciones al aparato funcionarial y controla el funcionamiento de esa burocracia, por iguales razones. Vemos, por tanto, que en las democracias la burocracia está supuestamente subordinada al legislativo. En el caso del modelo socialista, sin embargo, las premisas del modelo señalado no se dan: por un lado, el legislativo no depende del votante, sino que sus miembros son nombrados por la propia burocracia, de forma que acaba formando parte de la misma. Pero, por otra parte, y por la misma razón, el legislativo, que no es independiente de la burocracia, ni la regula ni la controla.

Intereses contrapuestos

C) Los intereses de la burocracia son distintos que los de los ciudadanos normales. Como también destaca el modelo de Kornai, existen una serie de elementos que mantienen unidos a los burócratas socialistas como grupo y frente al resto de los ciudadanos: i) la ideología (compartir una serie de ideas, valores, objetivos comunes), sobre todo en las primeras fases, recién alcanzado el poder; ii) el ansia de controlar y retener el poder, iii) prestigio y privilegios de los dirigentes (con ventajas materiales que acompañan al rango que ostentan) y iv) la coerción, ya que todo miembro del Partido tiene obligación de aplicar las resoluciones y las instrucciones de éste, estableciéndose un sistema de disciplina que va desde la censura hasta la expulsión del partido y, en casos todavía más “graves” la persecución gubernamental e incluso la reclusión en un campo de trabajo o la ejecución.

Como consecuencia de las fuerzas inherentes al sistema que acabamos de describir, el aparato burocrático, en la Unión Soviética estalinista, llegó a representar casi un 20 % de la masa laboral, y se constituyó, como no podía ser de otro modo, como una clase social colocada por encima de la generalidad de los ciudadanos, haciendo mayores las desigualdades que, en cualquier sociedad “burguesa”, se dan entre los gobernantes y los gobernados; justo aquello que, teóricamente, el socialismo pretendía erradicar.

Burocracia y casta política

Pero ello, como decimos, no fue consecuencia de una tergiversación del ideario socialista, como pretendía Trotsky, sino la consecuencia lógica y previsible del propio modelo. La pretensión de que, con la instauración de dicho modelo, aparecería el hombre nuevo no es sino una utopía sin apoyo real alguno y que olvida cuál es la naturaleza del ser humano y las propias fuerzas de intereses e incentivos que rodean al individuo y le hacen elegir.

Y eso sin entrar a discutir cómo, además de lo anterior, las motivaciones e incentivos de esa clase dirigente socialista –no sometida a ningún freno ni control- añaden mayores ineficiencias al sistema económico, empobreciendo más a todo el país.

Llámenme loco, pero nuestro modelo, con una “casta” política endogámica y cuyo poder trata de controlarlo todo, incluida la Justicia; un votante que se alimenta generalmente a través de los mismos medios de comunicación financiados a través de la subvención pública y una estructura burocrática con intereses cada vez más alejados de los ciudadanos -véase Bruselas-, nuestro sistema no es tan diferente; al menos en lo relativo a las fuerzas que crean esas estructuras burocráticas opresoras. A lo mejor deberíamos planteárnoslo.

Bibliografía

Aguilera de Prat, C. R. (2005). La teoría bolchevique del Estado socialista. Madrid: Tecnos.

Cohen, S. F. (1980). Bukharin and de Bolshevik Revolution. A Political Biography, 1888-1938. Oxford University Press.

Friedrich, Carl J. y Brzezinski, Zbigniew K. (1965). Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Kornai, J. (2007). The Socialist System. The Political Economy of Communism. Oxford: Oxford University Press.

Lenin. (19 de Marzo de 1919). Informe sobre el Programa del Partido. Obtenido de https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe3/lenin-obras-3-3.pdf

Lenin. (1975). ¿Qué hacer? Madrid: Akal.

Lenin. (1975). Un paso adelante, dos pasos atrás. Madrid: Akal.

Lenin. (2006). El Estado y la Revolución. Madrid: Alianza Editorial.

Marx, K. (1844). Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Obtenido de http://creandopueblo.files.wordpress.com/2013/10/marx-crc3adtica-de-la-filosofc3ada-del-estado-de-hegel.pdf

Marx, K. (1852). 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Obtenido de https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm

Marx, K. (1973). La Guerra civil en Francia. Editorial de Ciencias Sociales.

Mises, L. (1944). Bureaucracy. New Haven: Yale University Press.

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Trotsky, L. (1977). La Revolución traicionada. Qué es y adónde va la Unión Soviética. Barcelona: Fontamara.

Trotsky, L. (s.f.). La Revolución Traicionada. Obtenido de http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/

Ver también

SpaceX contra la burocracia americana. (Fernando Parrilla).

Contra la racionalización de las administraciones públicas. (Miguel Anxo Bastos).

Los funcionarios y sus impuestos

Escrito por José Manuel González Pérez en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Los funcionarios y sus impuestos

Tengo unas notas de debate con mi querido amigo y compañero, José Hernández Cabrera (JHC)[i], él insiste en la tesis: “Es duro asimilar que los empleados públicos, stricto sensu, no pagan impuestos. Imaginemos que el gobierno eximiera de «pagar» cotizaciones e impuestos a los funcionarios, pagándoles exclusivamente el salario neto. Las cuentas del Estado no sufrirán modificación alguna. Ese impuesto, por tanto, es una argucia contable cuya finalidad es ocultar la naturaleza parasitaria de los «servidores» del Estado. En cambio, si a un trabajador del sector privado se le eximiera de pagar impuestos, ese dinero aumentaría su renta” (Véase).

Mi posición, desde un planteamiento, creo, praxeológico, no concluye de igual forma. De hecho, ya señalo que como se siga, sigamos, querido amigo Pepe, y colegas liberales en sus respectivas “categorías”, presentando como ficción los impuestos pagados por los funcionarios y empleados públicos y a estas personas como parásitos, creo que nos va a costar mucha incomprensión ajena y propia. Y desde luego, esta posición poco o nada redunda en la mejor causa liberal. Si vamos al punto importante del argumento de JHC, por donde creo se desliza el error que da pie a un sofisma, es que está definiendo, entendiendo y defendiendo el recurso o factor laboral de empleado público como sector público y que no es sector privado, como persona, como individuo. Ahí creo radica el error que aparentemente (sé, me consta, que su argumento es con buena y recta intención) sustenta el sofisma de la paradoja que presenta como cierta, no siéndolo.

A mi entender, siempre me he ubicado, como individuo, como persona, dentro del segmento “familias” como agente económico, y siempre, en este marco laboral, como oferente de trabajo. Que desde el sector privado ofrezco mis horas de trabajo a cambio de un sueldo, intentando resolver, de alguna manera, el logro de la mayor satisfacción derivada de las dotaciones de renta laboral y de ocio alcanzables. Ello sujeto a la clara restricción exógena y obvia de que cada día hay disponibles 24 horas menos las horas que duermo, y que la renta laboral mía es el resultado de multiplicar el número de horas trabajadas por el salario/hora que me pagan compensando mi renuncia al ocio que también me satisface.  Es verdad, que quien me paga es el sector público, pero ello creo no me hace dejar de ser quien soy, un individuo, recurso, factor, con decisión propia que procede ejecutando un intercambio voluntario en el mercado laboral, accediendo a la función pública, en su respectivo segmento, sin dejar de ser yo, insisto, un individuo o agente económico[ii].

Para nuestra reflexión, ¿no creen que otorgarnos la pertenencia de los empleados públicos al sector público como miembros suyos y negarnos la pertenencia al sector privado como individuos, elementos de las familias, que en su acción humana ofertan sus horas al sector público a cambio de un salario sea, creo, una baza tremenda para el engorde de las tesis públicas, hasta el punto de languidecer al sector privado? ¿Los impuestos que yo pago, no los pago, pagamos, como agentes económicos perteneciente al sector privado que pagan su irpf?, su igic, su ivtm, su ibi, …? ¿A los funcionarios, desde la metodología individualista, les es indiferente la subida y las bajadas de impuestos?

Es claro, para los dos, y para todos, que el 100% del cobro de los impuestos, la recaudación tributaria, es cobrada por el sector público (gobiernos y administraciones) y es pagada por agentes económicos desde el sector privado. Si nos quitas, se nos quita como oferentes de trabajo, del sector privado, entonces nuestros pagos ya no los computas porque cancelas el cargo y el abono y lo tildas como “argucia contable encubridora del parasitismo”. Este es el punto. Permítanme explicarlo en términos contradictorios.

Los dos, y todos, siempre estamos bien dispuestos a la escucha, a aprender y a sorprendernos. Ni los oropeles académicos ni los idearios deben nublar la mente ni el corazón, aunque a veces se nos cuela la bruma en el ojo y en la perspectiva. Querido JHC indicas. A) ‘Las cotizaciones a la SS y los impuestos que pagan los funcionarios es una ficción’. y B) ‘Todo ese dinero sale del sector privado’.

Al respecto:

1.- Estas dos proposiciones en sus contenidos creo es lo que hace vislumbrar que el pago de nuestros impuestos y cotizaciones (de los empleados públicos) los hacemos como elementos del sector privado.

2.- Es verdad la segunda proposición, ‘todo ese dinero sale del sector privado’.

La primera proposición A) para sostenerse necesita identificar al funcionario o empleado público como sector público, cosa que no comparto. Pero, además, si se hace esto entonces no sería verdad la segunda proposición que afirma que ‘todo ese dinero, el recaudado, sale del sector privado’. Cosa que como sabemos, así lo entendemos los dos, como indiqué, el 100% de la recaudación es pagada desde el sector privado. En tu concepción el sumatorio de lo recaudado es menor por excluirnos como agentes del sector privado. Digamos que tus 100% es en recaudación absoluta menor.

Mis impuestos pagados y mis cotizaciones a la SS no son una ficción, al margen de que me encantaría que los impuestos se redujesen, sí son fruto de una “coacción”, son una transferencia obligada y muy real, coercitiva, legalizada, una restricción exógena inexorable que opera en mi problema laboral praxeológico y cataláctico. En mi acción humana (Mises) y en la de muchos individuos, sus resultados se concretan en ‘los procesos sociales dinámicos` que conducen, sin dejar de ser yo, sin dejar ser cada uno, a los ACUERDOS míos y respectivos interactuando voluntariamente en los mercados de bienes y servicios, en los mercados de trabajo, mercados de activos financieros con otros agentes, públicos y privados, a nivel local, regional, nacional e internacional. Al respecto de “la argucia contable”: Partamos de la pregunta alternativa ¿”¿Se podría asimilar, entender que los empleados públicos, stricto sensu, pagan impuestos? Imaginemos que el gobierno NO eximiera de «pagar» cotizaciones e impuestos a los funcionarios, pagándoles el salario bruto; realmente para eso no hay que esforzarse en imaginarlo, es lo que hay. Pregunto, ¿Las cuentas del Estado en su saldo neto sufrirán modificación alguna? No. Tampoco. En su saldo neto, no. Pero las cuentas reflejan así la realidad de las transacciones habidas entre el sector público y su personal (parte propia del sector privado como oferentes de trabajo). Por tanto, la respuesta es sí, si pagan impuestos. Ese impuesto, creo, no es una argucia contable cuya finalidad sea ocultar la naturaleza parasitaria de los «servidores» del Estado. Ese impuesto es un instrumento fiscal, coercitivo, para quien lo pague, no es en absoluto ficción. En cuanto a lo del parasitismo, de todo tipo puede haber y de hecho haylo, en toda organización, si bien es verdad que, en el tiempo, el parasitismo de los que no combaten el despilfarro (sin tregua diría Mises), de los que anidan en la ineficiencia, suelen, según evidencias, durar menos en las organizaciones privadas que en las públicas. Pero ello, no es ningún resultado de teorema explícito conocido, siempre podremos ver puntos y contrapuntos.

[i] Sostenido en septiembre de 2021 y que creo puede justificar la redacción de este artículo para Análisis Diarios del IJM. 

[ii] También, praxeológicamente, desde un enfoque propio de “Individualismo Metodológico”.

Los secretos que nos convengan

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

En un país cuyas administraciones públicas han hecho históricamente alarde de opacidad en la toma de sus decisiones, lo que crea un caldo de cultivo muy propicio para la corrupción institucional, la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno concitó algunas esperanzas de que el control externo de la actividad política y administrativa por parte de una amplia base de legitimados ( Art. 12 )1 arrojaría rayos de transparencia sobre prácticas que no soportan un examen legal de ser conocidas. Como colofón de esa innovación institucional el nivel ético y la rendición de cuentas de políticos y empleados públicos alcanzarían escalas desconocidas hasta el momento y, en definitiva, se harían más factibles los desiderata enunciados en el artículo 103 de la Constitución2.

Más curiosa fue la exultación mostrada por el gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy Brey, que promovió esa legislación. No en balde aquel año había arreciado el escándalo por la financiación ilegal del partido. Las declaraciones de su principal dirigente cuando fue interrogado sobre el famoso intercambio de mensajes con Luis Bárcenas Gutiérrez, tesorero y contable durante 20 años, en el sentido de que los sms solo ratificaban que el Estado de derecho no se sometía a chantaje marcaron un hito en la bellaquería de los políticos españoles, solo muy recientemente superado por el actual inquilino de la Moncloa.

La coincidencia con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de transparencia resultaba un trasunto de la estrategia exhibida por bravos luchadores contra la corrupción anteriores, como Felipe González Márquez, consistente en negarla si afectaba a su banda, en primer lugar, y luego anunciar grandes reformas legislativas para que las conductas corruptas no quedaran impunes.

La aparición de internet años después de la aprobación de la Constitución de 1978 multiplicaría de forma insospechada la capacidad de almacenamiento, publicación y acceso a la archivos públicos, pero la verdad es que ya el artículo 105 b)3 remitía a un desarrollo legislativo que se había demorado más de 35 años. Además, el portal de transparencia del gobierno tardaría un año en ponerse en marcha por las dificultades comprensibles de semejante despliegue de información y archivos potencialmente volcables en la red.

Pues bien, transcurridos más de ocho años desde la promulgación de todas las previsiones legales en materia de transparencia, el balance no resulta demasiado halagüeño. La creación de unidades administrativas específicas para encargarse del cumplimiento de las previsiones de la Ley en cada una de las administraciones públicas parece algo loable, pero la incrustación de un nuevo órgano administrativo mixto, el Consejo de la transparencia, puede prolongar sine die los procedimientos de reclamación de información a las mismas. Si bien puede requerir al gobierno la publicación de informaciones y datos sobre su actividad, a instancia de quiénes no lo hayan obtenido directamente, el incumplimiento por parte de la administración requerida deriva en un punto muerto que demora aún más la intervención de los tribunales contencioso administrativos. En última instancia, ni siquiera tiene consecuencias sancionatorias para los gobernantes o empleados públicos que infrinjan la obligación de dar cuenta sobre informaciones accesibles para los ciudadanos.

Es más. Si ya la ley establece una discrecionalidad excesiva para limitar el acceso a la información por suponer un perjuicio para una larga lista de intereses (Art 14) en la práctica el gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha esgrimido pretextos tramposos y leguleyos para desatender los requerimientos de ese llamado Consejo de la Transparencia. Como muestra dos ejemplos:

  1. El gobierno ha eludido las peticiones de información sobre el compulsivo uso y coste del avión Falcon, que tiene asignado para uso oficial el jefe del gabinete y sobre el que pesan justificadas sospechas de uso indebido. Sorprende que esta información no llegue por vía parlamentaria a cualquier diputado o senador, pero parece una burla que el gobierno esgrima que se trata de una materia clasificada, invocando para negarse a informar la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
  2. Más recientemente, invocando otra vez su supuesto carácter “clasificado”, obstaculiza el conocimiento de sendos informes administrativos, emitidos por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para avalar la subvención de 53 millones de euros – canalizados a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones – a la compañía aérea hispano venezolana Plus Ultra, dentro del fondo de 10.000 millones de euros “de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas”, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. El propio Consejo de Ministros ratificó esa subvención mediante acuerdo de 9 de marzo de 2021.

Como denunció en su día el eurodiputado Luís Garicano Gabilondo para que la comisaria europea de la competencia investigara esa subvención, se incumplieron descaradamente las condiciones establecidas, tanto por el propio gobierno en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, como la Comisión europea

Una vez que este asunto ha llegado a un Juzgado de instrucción penal, que investiga la comisión por parte de los gestores de la S.E.P.I de los presuntos delitos de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos en la concesión de esas subvenciones, resulta obvio el interés del gobierno por impedir el análisis de esos informes por parte de cualquier ciudadano.

En definitiva, casos muy significativos que han llegado al Consejo de la Transparencia, muestran hasta qué punto la proliferación de organismos que supuestamente sirven para controlar o fiscalizar al gobierno y a la administración, solapados sobre otros ya existentes, pueden difuminar o incluso entorpecer la exigencia de responsabilidades políticas, administrativas o penales de los gobernantes y gestores públicos.

1Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

2 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones

3 La ley regulará:

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.