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Los problemas constitucionales de Chile

Escrito por Law & Liberty en . Publicado en Análisis diario.

Por Ojel Rodríguez Burgos. Este artículo fue publicado originalmente en Law&Liberty.

La reivindicación de constituciones nuevas o mejoradas se ha convertido en un grito de guerra de moda y entusiasta para políticos, ideólogos e intelectuales a lo largo de los siglos XX y XXI. La aparición de nuevos Estados, las revoluciones, las convulsiones políticas, las aspiraciones de salvación, las crisis o los Estados derrotados que buscan un nuevo comienzo son algunas de las razones por las que nuestro mundo moderno está cada vez más poblado de constituciones modernas. El objetivo último de este ejercicio popular es la creación de una Carta Magna que rectifique los errores del pasado, allanando el camino para un nuevo y brillante futuro. El esfuerzo más reciente de redacción constitucional tiene su origen en el país latinoamericano de Chile.

El catalizador de este esfuerzo fueron las protestas generalizadas contra las acciones del gobierno de Sebastián Piñera (2018-22). En particular, en relación con el aumento de las tarifas del transporte público y las condiciones sociales y económicas del pueblo de Chile. Aunque el Gobierno de Piñera intentó apaciguar a los manifestantes anunciando varias reformas, estas resultaron insuficientes a los ojos de los manifestantes y sus líderes.

La izquierda plantea un cambio de la Constitución

En su lugar, los manifestantes creían que la única solución viable era un cambio sistémico integral. Este cambio transformador se concibió mediante el establecimiento de una nueva Constitución, destinada a sustituir a la ampliamente modificada adoptada durante el régimen de Augusto Pinochet en la década de 1980, que los manifestantes consideraban la causa fundamental de todos los males que aquejaban al pueblo chileno.

En un referéndum nacional, el pueblo chileno aprobó la propuesta de una convención constitucional. Posteriormente, mediante elecciones, eligió a los miembros de la convención encargada de elaborar el nuevo documento fundacional. El resultado fue un documento que parecía una lista de deseos de la izquierda, lo que no era sorprendente dada la mayoría de la izquierda en la convención. Sin embargo, los votantes chilenos rechazaron el documento, lo que condujo a una nueva convención constitucional con miembros recién elegidos.

En esta ocasión, los miembros del Partido Republicano de José Antonio Kast y de una coalición de centro-derecha, Chile Vamos, influyeron en gran medida en la convención, lo que dio lugar a un documento que se ajusta más a sus preferencias políticas y doctrinales. Sin embargo, este documento también fue rechazado recientemente por los votantes. En consecuencia, Chile se encuentra inmerso en una odisea constitucional, obligado a adoptar una nueva constitución, pero enfrentado a profundas divisiones partidistas sobre el futuro de este proyecto. Además, el electorado que ha rechazado dos propuestas constitucionales está cada vez más cansado de todo el proceso.

El perfeccionismo constitucional

En mi opinión, la odisea constitucional de Chile se debe a la ideología que ha sustentado todo el proceso desde el principio: el perfeccionismo constitucional. El perfeccionismo constitucional es esencialmente la creencia de que se puede crear e imponer una sociedad perfecta a través de un texto constitucional guiado por un proyecto racionalista. Representa la expresión literaria del salvacionismo ideológico, en el que una constitución se considera el vehículo a través del cual la sociedad y los individuos se emanciparán del sistema opresivo al que han estado sometidos.

En contraste con la multitud de constituciones modernas influidas por esta ideología e impuestas a muchos Estados, el perfeccionismo constitucional no es un fenómeno reciente. Sus orígenes se remontan al racionalismo de la Ilustración, al que podemos atribuir algunos de los progresos alcanzados por la humanidad, pero que también ha dado lugar a ideas ideológicas que han dejado numerosas cicatrices en el mundo. Estos racionalistas abrazaron la visión de la razón propugnada por los filósofos clásicos, que postula que la razón es capaz de comprender el orden de las cosas, así como su concepción moderna que ve a la razón encontrando respuestas técnicas a cuestiones cruciales para la satisfacción de los deseos y pasiones humanas. De esta forma de entender la razón, los racionalistas de la Ilustración derivaron la certeza y las soluciones que se creía que podían hacer frente a todos los males que aquejaban a la sociedad.

Adiós al Senado

De manera similar a los racionalistas de la Ilustración, los perfeccionistas constitucionales asumen un conocimiento epistemológico sobre los males que aquejan a la sociedad, a saber, el orden constitucional vigente. A partir de esta revelación percibida, los perfeccionistas constitucionales adoptan soluciones técnicas para emancipar a los oprimidos de lo que consideran un orden constitucional opresivo. Sin embargo, a diferencia de los racionalistas de la Ilustración, que pueden creer en la redimibilidad del sistema actual si se adoptan sus soluciones, el perfeccionista constitucional no alberga tal esperanza y aboga por una constitución completamente nueva.

La nueva Carta Magna imaginada por los perfeccionistas constitucionales debe incorporar varios elementos importantes. En primer lugar, debe ser una carta desprovista de algunas o la mayoría de las prácticas y tradiciones constitucionales establecidas. Esto es evidente, por ejemplo, en la propuesta constitucional realizada por la convención constitucional dominada por la izquierda en Chile, en la que el senado chileno debía ser sustituido por una “cámara de regiones” debilitada. La justificación para descartar el Senado es que los perfeccionistas constitucionales ven esta institución como representativa del sistema opresor y, por tanto, como un obstáculo en el camino hacia la salvación. Paradójicamente, como veremos, los perfeccionistas constitucionales no tienen ningún problema en descartar prácticas e instituciones arraigadas, pero pretenden atrincherar su sueño racionalista más allá de la posibilidad de que las generaciones futuras lo cambien.

Hay otro camino

En segundo lugar, la nueva Constitución debe afianzar las normas acordadas para la sociedad, como el Estado de Derecho, el debido proceso y el habeas corpus. De hecho, hay argumentos a favor de afianzar dichas normas, ya que los redactores de la constitución pueden expresar desconfianza hacia las generaciones futuras. Sin embargo, las normas que se consoliden no deben ser un compendio de lo que se considera bueno y verdadero sobre la vida y la conducta humanas.

Por el contrario, estas normas deben ser principios que, con el paso del tiempo y a través de la sabiduría práctica, hayan evolucionado hasta convertirse en directrices esenciales para fomentar el civismo dentro de una sociedad de individuos que persiguen su propia felicidad e identidad moral. Los países de la Esfera Anglosajona y sus constituciones son ejemplos notables de este tipo de afianzamiento, en el que la norma es el equilibrio entre las partes interesadas y las salvaguardias necesarias para la libertad individual.

Y, sin embargo…

Sin embargo, el afianzamiento que busca el perfeccionista constitucional no es de este tipo, sino que se trata de un proyecto mucho más amplio. El perfeccionista constitucional pretende afianzar sus preferencias doctrinales en el núcleo de su proyecto ideológico. Como he destacado antes, una de las ideas centrales de la ideología es abolir por completo la política. En una sociedad de individualistas, la política se considera conflictiva, contraproducente para la armonía que desean los ideólogos. En una línea similar, el perfeccionista constitucional, al intentar atrincherar sus preferencias doctrinales en el texto, pretende excluir de la deliberación política y del compromiso una multitud de áreas centrales para el proyecto ideológico. Así, en lugar de que una constitución se limite a establecer las reglas del juego, se convierte en el juego mismo.

La experiencia chilena es una buena prueba de este atrincheramiento desbocado. La propuesta constitucional inicial presentada al electorado chileno incluía multitud de artículos que reflejaban las preferencias de la izquierda. La propuesta incluía numerosos derechos positivos, entre ellos disposiciones como la estipulación de que las mujeres debían constituir un mínimo del 50% de la mano de obra en las instituciones estatales, la aplicación de una fiscalidad progresiva, el establecimiento de una versión chilena del Servicio Nacional de Salud y el reconocimiento del derecho a la educación medioambiental y digital. De hecho, la propuesta, más que una constitución, parecía un manifiesto para activistas de izquierdas.

Perfeccionismo en la derecha

El lector se equivocaría si creyera que el perfeccionismo constitucional es dominio exclusivo de los ideólogos de izquierdas. La constitución del régimen de Pinochet también exhibe tendencias perfeccionistas constitucionales, como resulta evidente en el principio subsidiario que la rige. Este principio, recogido en el documento, implica que el Estado debe abstenerse de intervenir en ámbitos en los que los particulares o las asociaciones empresariales puedan gestionarlos eficazmente. Esta limitación restringe el papel del gobierno chileno en la vida económica y social de la nación.

En particular, la propuesta constitucional recientemente rechazada por la convención constitucional dominada por la derecha perpetúa esta tendencia. La propuesta, por ejemplo, presenta un lenguaje ambiguo dirigido a restringir el aborto, establecer derechos para la objeción de conciencia, garantizar el acceso privado a la sanidad, la educación privada y las pensiones privadas, y crear nuevas fuerzas de seguridad pública. Al igual que la primera propuesta constitucional, servía esencialmente como una lista de deseos de las preferencias políticas de la derecha.

Los admiradores de la libertad acogerían sin duda con satisfacción la idea de contar con una constitución que codificara las políticas y los principios fundamentales del libre mercado. Sin embargo, por muy atractivo que pueda resultar, respaldar el perfeccionismo constitucional en aras de la libertad implica abrazar la hostilidad hacia el Occidente moderno y la disposición que lo construyó -el individualismo-, una característica compartida por todas las ideologías. Aunque el perfeccionismo constitucional de libre mercado puede ser más atractivo que el perfeccionismo constitucional de izquierdas, pertenecen a la misma especie destructiva.

Esponer al sistema judicial al juego político

Los defectos inherentes a este enfoque de atrincheramiento, perseguido tanto por la izquierda como por la derecha, emanan de su dependencia de un marco racionalista para lograr victorias políticas. La certeza epistemológica que subyace a la formulación de tales marcos implica afirmar una verdad infalible sobre la actividad política, que suplanta a la individualidad.

Además, cuando estas preferencias políticas se atrincheran más allá del ámbito de la actividad política, los perfeccionistas constitucionales erradican esencialmente la política al excluir diversos ámbitos políticos de las arenas del conflicto, la deliberación y el compromiso. Otra preocupación es que esta forma de afianzamiento es susceptible de fracasar. Incorporar una miríada de derechos positivos o preferencias políticas en una constitución suele conducir a que los gobiernos sean incapaces de cumplirlos y, en algunos casos, agravar la situación imperante.

Por último, el afianzamiento de las políticas expone al poder judicial al partidismo político, incitando a los jueces a asumir el papel de responsables políticos y árbitros del conocimiento de la sociedad. Además, los somete al revisionismo judicial, una ideología que utiliza a los tribunales para consolidar determinadas preferencias políticas o sofocar los debates políticos en áreas políticas específicas mediante el mecanismo de la revisión judicial.

¿Consenso en la era de la polarización?

El perfeccionismo constitucional parece estar influyendo en el proceso constitucional chileno, y los peligros de esta ideología son evidentes. Sin embargo, la solución a esta odisea que salvaguarda la libertad sigue siendo esquiva. Un posible enfoque podría ser emular las constituciones de los países de la Esfera Anglosajona. La historia de la elaboración de constituciones en América Latina ofrece abundantes pruebas de que se ha adoptado este enfoque. Tras su independencia, muchos países latinoamericanos elaboraron Cartas Magnas inspiradas en el documento fundacional de Estados Unidos. Sin embargo, la inestabilidad política y constitucional en la historia de América Latina demuestra que es fácil emular las palabras pero difícil imitar las prácticas de una civilización y una comunidad política.

Abordar los desafíos constitucionales de Chile puede requerir un segundo enfoque: el compromiso. Sin embargo, navegar por esta vía es complicado debido a la profunda polarización del país. Además, para quienes se adhieren al perfeccionismo constitucional, el compromiso se considera inaceptable, dada su pretensión de conocimiento revelador sobre el sistema opresivo, insistiendo en que sólo el cambio total puede ser suficiente. Una tercera solución, y posiblemente la más alineada con la causa de la libertad, sería la elaboración de una nueva constitución que evite el perfeccionismo constitucional y se alinee con las prácticas establecidas y la historia de la vida política y constitucional chilena. Sin embargo, con los perfeccionistas constitucionales de ambos lados buscando afianzar sus proyectos racionalistas, esto parece más una esperanza aspirante que una realidad posible.

Los chilenos no quieren

Los votantes chilenos han rechazado inequívocamente la búsqueda de la perfección constitucional en dos ocasiones. No obstante, es probable que los perfeccionistas constitucionales de ambos bandos persistan en su empeño. Si la historia sirve de guía, es muy probable que los votantes vuelvan a rechazar visiones tan ambiciosas. En última instancia, los retos constitucionales a los que se enfrenta Chile podrían resolverse manteniendo la Constitución actual y aplicando reformas a través del proceso político. Sin embargo, es crucial reconocer que los defensores del perfeccionismo constitucional pueden tratar de explotar estas reformas para promover sus ideales racionalistas. Así, en última instancia, el statu quo existente puede resultar un aliado más propicio para la libertad que el fervor jurídico y político asociado a las alteraciones constitucionales.

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La lección chilena.

La lección chilena

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

Una constitución es siempre un instrumento que se somete a los avatares del tiempo, sus cambios y trascendencias, pero que sobrevive a pesar de los conflictos y el transcurso de las generaciones. Es un acuerdo que se comprometen a cumplir un conjunto de ciudadanos y representantes públicos, más allá de los episodios de una época y de los cambios políticos, sociales o económicos que puedan surgir por los conflictos o las revoluciones sobrevenidas por causas diferentes. En síntesis, este pacto tiene su origen en la conciliación, el compromiso y el encuentro entre diversas visiones de la vida y formas de ver el mundo y comprenderlo.

Ese es el principio bajo el cual se rige la medida hecha para las costuras de una constitución. Vivir en sociedad implica un esfuerzo cotidiano, entender ello supone una virtud que los legisladores o asambleístas deben comprender en el momento de construir una alternativa o cuando tienen la competencia para reformar lo ya establecido, porque la experiencia histórica muestra que es plausible una reforma que pueda ser mejor adaptada a un entorno de cambio o necesidad que un cambio radical que siempre implica empezar de cero, de más está contar en estas líneas las experiencias vividas en Venezuela, Bolivia o Ecuador en este sentido.

No se trata, en consecuencia, de esgrimir un ‘experimento social’ con pretextos caprichosos y arengas hostiles que lo único que demuestran son la verdadera intención detrás de una propuesta que en un primer acto parece una oportunidad de cambio en positivo, de desarrollo y de fortalecimiento de la igualdad, pero que esconde una turbia reforma motivada desde la ideología y la política pura y dura.

A pesar de que en 2020 la mayoría de los chilenos votaron a favor de la redacción de un nuevo proyecto constitucional, el domingo pasado el fervor nacido entonces de ese deseo ha sido contundentemente rechazo por los mismos chilenos. Una propuesta vaga, dogmática, carente de los serios desafíos a los que se enfrenta un país paradigmático en una región obstinadamente perseguida por los fantasmas del populismo, el autoritarismo y la demagogia, que desgasta la institucionalidad y pretende arrasar con la democracia.

Este proceso ha puesto sobre la mesa un problema que trasciende la realidad chilena y que es fácilmente trasladable a otros casos del continente. En concreto, pone en evidencia a unas élites políticas timoratas, incapaces de entender la realidad social y los efectos de una crisis que durará todavía un tiempo. Claro ejemplo de ello fue, precisamente, el último gobierno de Sebastián Piñera, una gestión mediocre reducida a lo administrativo y con una falta de voluntad política propia de los burócratas, cuyas consecuencias son las que hoy testificamos.

El mundo ideal basado en alharacas que promueve derechos fundamentales para todos los aspectos de la vida como a ‘envejecer dignamente’ o una ‘alimentación adecuada’, son una muestra de la improvisación y la falta de reflexión disfrazadas de oportunidad. Entonces la pregunta que nos plantemos después de leer la propuesta constitucional sería ¿qué es digno y qué es adecuado? Pero los vacíos y cuestiones existenciales no se quedan allí. La propuesta de promover un Estado plurinacional como un ideal ambicioso que no se termina de entender ni se practica en el país con el porcentaje de población indígena mayor en toda la región, como es Bolivia, único país ‘plurinacionalmente’ reconocido.

La pretensión del cambio de sistema deriva en una idea radical y sin consistencia cuando se trata de uno de los países con los mejores índices de crecimiento económico y reducción de la desigualdad del continente latinoamericano, y es una prueba del empeño dogmático de los redactores en su intención de desmarcarse de la legalidad cuando argumentan y promueven un Estado asistencial, alejado del principio de subsidiariedad que atiende, en esencia, a la preeminencia de la iniciativa individual y colectiva, la defensa de su libertad y la garantía de sus derechos frente a las estructuras inamovibles e inabarcables de un Estado burocrático que responde a los intereses de su propia oligarquía y busca –siempre– el cumplimiento de los objetivos de quien ostenta el poder público.

Probablemente, esta derrota sea la más importante de toda la gestión gubernamental de Gabriel Boric, de lo que ya va y lo que le queda, que es mucho. El presidente chileno y los constituyentes designados han pretendido ofrecer a la mayoría de los chilenos un proyecto desde la arrogancia y el desdén a esa misma mayoría, que ha respondido de forma contundente, porque una constitución no es un debate ideológico ni una revancha de un grupo social contra otro, es la base de convivencia que involucra a todos los ciudadanos y se constituye en un muro de contención frente a los autoritarismos y desavenencias del poder en todos los ámbitos. La violencia, el discurso de odio y la polarización nunca son tierra óptima para promover una iniciativa de esta magnitud. Esto se construye desde la institucionalidad y el diálogo, no desde el activismo. El radicalismo ideológico nunca será un asidero para una democracia y un futuro compartido e inclusivo. Boric se enfrenta a un paradigma existencial para la propia supervivencia de su proyecto y el de Chile: la imposición o el consenso. Y esperemos que no caiga en el bucle bolivariano.

El periplo de la propuesta constitucional chilena

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El periplo de la propuesta constitucional chilena

El debate sobre la viabilidad de una nueva Constitución en Chile sigue abierto. Después de que en 2019 se encendiera la mecha de lo que entonces se denominó como ‘estallido social’ para posicionar mensajes que, aunque no fueron nuevos en su momento, pretendían mostrar un Chile sumido en una crisis existencial que se extendía desde la ausencia de un sistema de pensiones justo y al alcance de todos los ciudadanos, hasta el aumento de los precios en el transporte público, que fue, precisamente, el motivo de impulso determinante de los convocantes de las protestas en aquel año.

Tres años más tarde, después de la victoria de Gabriel Boric en las elecciones generales de diciembre de 2021 y unas elecciones que dieron pie a la Convención Constituyente en que la derecha chilena quedó reducida a una minoría sin alcance suficiente para constituirse en un punto de quiebre en las negociaciones del nuevo texto constitucional, el próximo 4 de septiembre los chilenos volverán a las urnas para votar en favor o en contra de la Constitución propuesta por los asambleístas elegidos.  

Se trata de una propuesta que pretende dar un giro radical a la carta magna vigente hasta hoy desde hace más de cuarenta años. Se entiende por ello la lógica bajo la cual se ampara el furtivo motivo de impulso de una nueva constitución como si ello fuera una solución a los problemas estructurales de Chile que, con sus falencias incluidas y la falta de eficacia social en diferentes ámbitos, el país se presentó durante las últimas décadas como un ejemplo de crecimiento y fortalecimiento institucional sin parangón en la región latinoamericana.

Una parte importante para entender el fenómeno social, aupado por diferentes demandas que se aglutinaron en un eje de quiebre contra el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, es la maniobra de los grupos de izquierda más radicales que buscan posicionar su modelo frente al éxito demostrado por Chile en los ámbitos social, económico e institucional todos estos años.

Se trata, en síntesis, de promover un Estado asistencial, alejado del principio de subsidiariedad que atiende, en esencia, a la preminencia de la iniciativa individual y colectiva, la defensa de su libertad y la garantía de sus derechos frente a las estructuras inamovibles e inabarcables de un Estado burocrático que responde a los intereses de su propia oligarquía y busca –siempre– el cumplimiento de los objetivos de quien ostenta el poder público.

La tradición constitucional occidental, la que impera en Chile y en el resto de los Estados democráticos que tienen vigentes los principios que soportan su sistema establece que el Estado es, precisamente, un actor accesorio a la estructura de la sociedad y dentro de los procesos de relación entre los ciudadanos con el propio poder público. Es decir, el Estado como actor limitado cuya función no es otra que la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos y, aun así, en este campo la responsabilidad individual prima sobre el papel que deberá tener el Estado en los diferentes campos de acción de los individuos.

Contrario a ello, la idea establecida en el artículo 1 del texto propuesto por la Convención y de su comunicado publicado el 12 de abril de este año, determina lo siguiente: se abandona el concepto de Estado subsidiario, implícito en la actual Constitución, que entrega principalmente a los privados el cumplimiento de los derechos sociales.

En ese sentido, se apela a la suplantación del modelo practicado en Chile como sistema de pesos y contrapesos que ha demostrado ser el más próximo al éxito evidenciado las últimas décadas, tanto a nivel económico como institucional, no el modelo de Estado ‘Leviatán’ pretende prevalecer en Chile con la nueva constitución.

Probablemente, este sea el episodio mas importante de la vida política de Chile desde la Transición iniciada a finales de los años ochenta. Como en todo proceso eleccionario con dos alternativas únicas y opuestas donde se no caben los términos medios, los chilenos elegirán entre la alternativa propuesta por la Convención que busca el predominio del Estado proteccionista y protagonista en la vida de los individuos y en los propios procesos sociales o su rechazo.

La polarización y la ausencia de un acuerdo general de acuerdo con los trabajos iniciados en la Convención se exponen en las últimas encuestas que indican que el rechazo a la nueva Constitución en Chile supera por ocho o más puntos a la aprobación al texto propuesto por los convencionales. De acuerdo con la encuesta de ACTIVA (10-12 de agosto) un 44,4% de los encuestados votaría en contra del proyecto, frente al 33,9% que le daría su respaldo en las urnas.

Chile, el país en que está todo en cuestión

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

Doblaron las campanas en América Latina al saberse las noticias que llegaban desde Chile. Un hálito de desaliento para unos o la efervescencia triunfalista para otros se configura en un país marcado por una polarización que se ha constituido en determinante para los chilenos a la hora de plantear su voto: ¿por cuál de los extremos, finalmente, me inclino?

Pero hay ciertas cuestiones que no podemos dejar de lado en el análisis de un país de referencia para los demócratas del continente. Desde el denominado ‘estallido social’ de 2019 que dio pie a las convulsiones sociales que se prolongaron durante menses, Chile se enfrenta a su propio destino: es el país donde todo está en cuestión.

Todo empezó con las falsas premisas de que el sistema chileno no funcionaba, que las élites no habían hecho su trabajo y que era uno de los países más desiguales del continente. Pero después de que el transporte público incrementase su precio, la mecha se había encendido y todos aquellos argumentarios extraviados parecían calar con sutileza entre un grupo de ciudadanos insatisfechos.

Entonces, como si de un remilgo obsoleto se tratase, empezaron a brotar las arengas empecinadas demandando una nueva Constitución. La historia se repite, las comparaciones son odiosas y nadie aprende en cabeza ajena. La realidad es que la Constitución de 1980 tiene más de cincuenta reformas. En el año 2005 el presidente socialista, Ricardo Lagos, tras la aprobación por el Congreso chileno de una serie de reformas constitucionales propuestas por él mismo, manifestó: 

“Hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos (…) hoy Chile se une tras este texto constitucional”. Entonces, el falaz argumento de que la Constitución del ochenta es la ‘constitución de la dictadura’ o la ‘carta del dictador’, sencillamente, no se sostiene.

En contrapartida, Chile con su actual Constitución es una democracia sólida y la tercera mejor de América Latina donde sus ciudadanos gozan de garantías y libertades plenas. Es el país con las instituciones públicas más respetadas de la región, con los índices más bajos de corrupción y uno de los países que más ha reducido sus índices de pobreza y desigualdad en el continente.

Vargas Llosa había anticipado, a propósito de las elecciones en Chile la situación de la región latinoamericana bajo la siguiente idea: “en estos días podremos estar perdiendo América Latina”. Podemos atender a ese alegato siempre y cuando sepamos con qué envoltura se disfraza el discurso ‘progresista’ amamantado por los mejores intérpretes caribeños y transnacionales: feminismo, igualitarismo, intervencionismo, estatismo y plurinacionalidad. 

Al final del día, para las alegorías iniciales y los discursos radicales resulta que los problemas de Chile no son la economía, el fortalecimiento institucional y democrático, los niveles de desempleo o el desarrollo humano, sino, los mismos que se abordan con ímpetu e ingenuidad rastrera en la España de Pablo Iglesias y Podemos o en la Argentina peronista de Alberto Fernández, entre otros miembros que se jactan de los vicios del perverso modelo político cubano.

Boric será presidente de Chile, ha ganado las elecciones con una interesante diferencia de algo más de diez puntos frente a Kast. Será presidente de aquel país un político que nunca en su vida trabajó ni ha digerido los sinsabores de la clase trabajadora, oprimida o excluida, a la que dice defender. Empezó estudiando Derecho, carrera que nunca pudo concluir y se perfila como primer mandatario de uno de los países con mejores índices de competitividad y educación de América Latina, hasta ahora. 

Las élites chilenas no se han aclarado y no reflexionaron acerca de su capacidad para maniobrar la movilización social que se venía gestando desde tiempo atrás porque se confiaron en una planteamiento erróneo y reiterativo: mientras la economía vaya bien, lo demás vendrá por añadidura…Y todo bajo la estela de un centrismo inocuo, cuando la izquierda nórdica que añoran sus adeptos en América Latina, sencillamente, no existe.

Y sí, la política juega un papel determinante en un ambiente de discursos enfrentados, tanto como la economía y la cohesión social. Algo de lo que han sido incapaces los presidentes, políticos y alfiles del sistema que preceden a este momento histórico.  

Las nuevas generaciones de chilenos que han crecido en ese estado de bienestar que les ha proporcionado su país no han conocido la decadencia, el sufrimiento de la migración, las colas del hambre o las cartillas de racionamiento. Han votado a un presidente que defiende un modelo probadamente fracasado en el mundo y, más aún, en una región que se empecina en repetir sus mismos errores una vez tras otra. Chile, entonces, se suma a la lista del progresismo utópico que nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se viene el Chile de la involución.

El drama chileno

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El drama chileno

El fin de semana pasado los chilenos acudieron a las urnas para elegir a sus 155 representantes para la Convención Constituyente que se encargará de redactar una nueva Constitución. El bloque de izquierda, entre los que se incluyen representantes del centro y la izquierda radical (Apruebo y Apruebo Dignidad) ha obtenido 53 escaños y los llamados ‘independientes’, 48. Los representantes de los pueblos indígenas tienen 25 escaños y el bloque de la derecha tan solo 37. A estos últimos no les alcanza, ni siquiera, para proponer peticiones de veto a las enmiendas. La izquierda radical, contando con los moderados de Apruebo y los independientes, tiene la posibilidad para aprobar la futura Constitución chilena.

El presidente Sebastián Piñera en su comparecencia después de conocer los resultados dijo “no estamos sintonizando adecuadamente con los anhelos de la ciudadanía”. Lo cierto es que los liberales y el centro derecha -no solo en Chile- se niegan a dar la batalla ideológica, y su importancia, parece ser, no está en la agenda, cuando en realidad la batalla ideológica debería ser un eje ineludible para promover un mensaje sobre los buenos resultados obtenidos, en el caso de Chile. Eso es, precisamente, lo que hacen los populistas. Ellos tienen un manejo sólido del lenguaje y cuando las cifras no son halagadoras, se las inventan, pero siempre consideran la comunicación como parte imprescindible de su estrategia y le dan la importancia que se merece al posicionamiento de su narrativa.

Con tan solo el 41 por ciento de participación los asambleístas elegidos crearán una nueva Constitución para los todos los chilenos. Cabe mencionar que la Constitución de 1980 tiene más de cincuenta reformas. En el año 2005 el presidente socialista, Ricardo Lagos, tras la aprobación por el Congreso chileno de una serie de reformas constitucionales propuestas por el entonces presidente, éste manifestó: “Hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos; y hoy Chile se une tras este texto constitucional”. Por ello, el falaz argumento de que la Constitución de 1980 es la “constitución de la dictadura”, no se sostiene.

Algunas de las propuestas para la redacción de la nueva Constitución chilena son: un mayor protagonismo del Estado en la política económica (intervencionismo), la idea de la Plurinacionalidad y la posibilidad de modificar el sistema de gobierno a uno ‘semi presidencialista’.

La Convención Constituyente tiene su antecedente en las protestas sociales de 2019 bajo el discurso de la desigualdad, la injusticia y el retraso social creyendo que una nueva Constitución es la solución a todas las deficiencias estructurales y a la crisis social y económica. Sin embargo, es preciso señalar que Chile con su actual Constitución es una de las mejores democracias del mundo y la tercera de América Latina, es el país con las instituciones más sólidas de la región donde sus ciudadanos gozan de libertades plenas, y uno de los países que más ha reducido sus índices de desigualdad económica y social en el continente.

Entonces, ¿por qué surgen las protestas y una propuesta de nueva Constitución?

En definitiva, la política es el instrumento para transmitir emociones y consolidar intereses. Y a pesar de lo que muchos creen, el crecimiento y la prosperidad no se perciben de forma espontánea, se debe comunicar con ánimo de presentar a la ciudadanía de dónde vienen y el porqué de los resultados.

El populismo se sirve de las crisis con el objetivo de obtener réditos del poder y avanzar en sus proyectos totalitarios. Si la crisis real no existe, juega con la retórica y la comunicación con el ánimo de intoxicar el ambiente político y aumentar la polarización y el enfrentamiento.

Ahora Chile se enfrenta a una dura batalla donde, lamentablemente, primarán los intereses demagógicos sobre los resultados prácticos y evidentes de una de las mejores democracias y economías de la región y de un país que ha alcanzado niveles de desarrollo como pocos en América Latina poniendo en marcha una política de libre mercado y abriendo sus fronteras al mundo.