En la muerte de Lee Kwan Yew
Que la muerte de uno de los políticos más destacados del último medio siglo haya pasado prácticamente desapercibida en España nos da una idea del grado de aldeanismo y cultura política de nuestros medios.
Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo
Pobres… energéticos
En los últimos tiempos un nuevo tipo de pobreza invade los medios de comunicación y los programas políticos: la pobreza energética.
La pobreza y la culpa
La desigualdad es inherente al ser humano. Pero nuestra sociedad digital y posmoderna diferencia entre aquella desigualdad lícita (con origen en aspectos naturales) y la ilícita: “solucionable”.
En defensa del cártel de la leche
La palabra cártel lleva asociada carga evidentemente peyorativa. Sin embargo, la RAE simplemente lo define como un “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”. Eso de “evitar la mutua competencia” no suena del todo bien, aunque tampoco hay motivo para que sea así: si dos agentes no compiten entre sí, simplemente están cooperando. La propia RAE define cooperar como “obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin”: es decir, el cártel es una cooperación empresarial para minimizar la competencia salvaje entre los partícipes en el cártel.
¿Es negativa la cooperación empresarial para no perjudicarse mutuamente? Muchos anticapitalistas consideran que no, que de hecho el Estado debería imponer la sustiución de la competencia por la cooperación entre empresas. Por ejemplo, Christian Felber, en su libro La economía del bien común, propone instaurar un régimen de “cooperación estructural” entre empresas que sustituya a la competencia: “Tal vez el ejercicio de reflexión más difícil de la economía del bien común es la visualización de que las empresas no deben actuar unas contra otras, sino una con otras, y al hacerlo serán recompensadas por ello”. Es decir, Felber defiende que las empresas deben cartelizarse.
Mas que los anticapitalistas rechacen la competencia es algo desde antaño conocido: acaso sorprenderá, en cambio, que un liberal afirme que la competencia directa y enconada entre agentes económicos no siempre tenga por qué ser positiva. Semejante sorpresa probablemente se deba a confundir el liberalismo (y los beneficios económicos que comporta) con el modelo de competencia perfecta. Este modelo supone que la eficiencia económica se alcanza, entre otras condiciones, dentro de un contexto de agentes atomizados, asociales, independientes y sin capacidad alguna de negociación. Pero es obvio que este modelo peca de reduccionista en muchos supuestos fácilmente imaginables: en el mercado también existen las economías de escala (reducción de costes por incremento del número de unidades producidas y vendidas) y las sinergias (complementariedades positivas derivadas de la cooperación del capital humano, físico o financiero de dos o más unidades productivas). Por eso, las adquisiciones y fusiones entre empresas, las joint ventures, las franquicias o los acuerdos de distribución son modalidades de cooperación entre compañías que no encajan dentro del modelo de competencia perfecta pero que pueden ser perfectamente funcionales y eficientes.
De hecho, y llevando el propio modelo de irreal atomización propio de la competencia perfecta hasta el extremo, uno debería concluir que la propia existencia de empresas (sobre todo, cuando son empresas desigualmente organizadas y estructuradas) viola los supuestos del modelo. Una empresa no es más que un acuerdo por el que varios agentes productivos (empresarios y trabajadores de muy distintas categorías) deciden cooperar para producir conjuntamente. ¿Y por qué existen las empresas? Entre otros motivos, porque así minimizamos tanto los costes de transacción asociados con la captación de información en el mercado (Coase) cuanto los costes del oportunismo engendrado por los incentivos perversos propios de contexto con ultraespecificidad de activos (Williamson). Anatema: personas cooperando dentro del capitalismo en lugar de compitiendo hasta aniquilarse mutuamente.
O dicho de otra manera: una de las principales ventajas competitivas es descubrir el tipo de organización empresarial óptima para generar en cada contexto económico el máximo valor posible para los consumidores. ¿Y cuál es esa organización empresarial óptima en cada contexto económico? Simplemente no lo sabemos: para eso existe el mercado… para probar, equivocarse, rectificar y terminar descubriéndolo. La competencia, decía Hayek, es un proceso de descubrimiento: y, por tanto, no sólo hemos de permitir la competencia en el precio o en las cualidades del producto final, sino también en la propia organización empresarial encargada de fabricarlo. ¿Podría ser el cártel una de esas formas de organización empresarial óptima en algunos contextos? Sí, podría.
¿Para qué sirven los cárteles?
Los cárteles son una fusión parcial y reversible entre dos o más empresas dirigidos esencialmente a coordinar los precios y las cantidades que ofertarán a sus clientes así como los precios y las cantidades que demandarán a sus proveedores. Indudablemente, una de las principales razones para establecer un cártel puede ser el de aumentar su poder de negociación frente a sus clientes o proveedores: cobrarles un mayor precio a los primeros y pagarles un menor precio a los segundos.
Ésta es la finalidad que muchos consideran más innoble y censurable de los cárteles: la colusión para parasitar a clientes o a proveedores desequilibrando la posición negociadora de las partes. Pero el cártel bien podría servir para lo contrario: es decir, no para desequilibrar la posición negociadora de las partes, sino para equilibrarla. Si los consumidores o los productores se hallan muy dispersos frente a un gran suministrador o frente a un gran cliente, pueden cartelizarse para ponerse a su altura. En determinados ámbitos, de hecho, estos cárteles por el lado de la demanda y por el lado de la oferta no sólo los consideramos moral y económicamente aceptables, sino incluso del todo imprescindibles.
Por ejemplo, no es inhabitual que los consumidores se agrupen frente a las grandes eléctricas para efectuar compras colectivas de electricidad con las que lograr un precio medio inferior a si cada uno de ellos negociara individualmente (una solución propuesta por el economista Harold Demsetz ya en 1968). ¿Y qué es una agrupación de consumidores para lograr mancomunadamente un menor precio? Pues un muy legítimo cártel de demanda. Lo mismo cabe decir con respecto al más célebre de los cárteles de oferta: los sindicatos. En un sindicato, los trabajadores se unen (se cartelizan) para reivindicar un mayor salario (un mayor precio) frente al empresario; no en vano, la primera de las leyes antitrust de la historia (la Sherman Act estadounidense de 1891) no sólo prohibía los acuerdos entre empresas para fijar precios, sino también los acuerdos sindicales entre trabajadores para fijar salarios (restricción que no se levantó hasta 1914 con la Clayton Act).
Pero los beneficios del cártel no se limitan a otorgar un mayor poder de negociación a alguna de las partes. Los cárteles también sirven para racionalizar la situación de sectores en los que existe sobreproducción (las distintas empresas acuerdan reducir proporcionalmente su producción en lugar de aguantar hasta que alguna de ellas quiebre) o para coordinar la desinversión en industrias maduras minimizando el quebranto asociado.
En suma, los cárteles cumplen una función económica que puede ser valiosa. Remarco elpuede porque, como es obvio, el cártel —como cualquier forma de organización empresarial— también puede ser inadecuado para un determinado contexto económico, infligiendo mayores perjuicios que los beneficios que genera. Para eso sirve, justamente, la verdadera competencia: a saber, la posibilidad de que nuevos empresarios entren a competir en una industria cartelizada ofreciendo precios más bajos para los consumidores o precios más altos para lo proveedores. Si el cártel es verdaderamente artificial e innecesario, romperlo será muy sencillo para cualquier nuevo entrante (e incluso para alguno de los empresarios cartelizados que se salga del acuerdo para lucrarse a costa de quienes siguen suscribiendo el acuerdo colusorio). Mientras el Estado no prohíba la competencia y no conceda privilegios al cártel, éste será por fuerza inestable si carece de toda lógica económica más allá que el mero lucro de los empresarios asociados.
El cártel de la leche
Esta misma semana inundó las páginas de los medios de comunicación la sanción de 88 millonesde euros impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia al llamado “cártel de la leche”: una asociación de empresas transformadoras de leche que manipulaban los precios de mercado. Acaso convenga aclarar, ya desde el comienzo, que se trataba de un cártel de demanda, no de oferta: es decir, las empresas transformadoras se asociaban para ganar poder de negociación frente a sus proveedores ganaderos no frente a los consumidores. La CNMC atestigua pactos para controlar los precios a los que compran la leche cruda, no los precio a los que venden la leche procesada. No obstante, no parece que esto sea suficiente disculpa. ¿Acaso los ganaderos no están siendo explotados por las empresas cartelizadas para pagarles barata la leche cruda?
Ciertamente, uno debe reconocer que los ganaderos están explotados, pero lo están sobre todo por la muy elevada regulación sectorial. La CNMC, por ejemplo, reconoce que “el sector está fuertemente regulado”, lo que “distorsiona el funcionamiento normal del mercado”. Así, a cada ganadero se le asigna una cuota nacional de producción que debe cumplir en un 85% si no quiere perderla para el ejercicio siguiente, y se le obliga a vender esa leche a un “comprador autorizado” por la autoridad competente. La consecuencia es que la legislación otorga un enorme poder a las empresas transformadoras: éstas pueden amenazar al ganadero con no recogerle la leche, lo que le impediría llegar a la utilización mínima del 85% de su cuota láctea y lo expulsarían del mercado al año siguiente. Éste es el verdadero problema de los ganaderos que hay que denunciar enérgicamente y por el que la CNMC pasa absolutamente de puntillas.
En cambio, el cártel de la leche, qua cártel, no debería resultar en sí mismo criticable. Y es que, en ausencia de cuotas y de compradores administrativamente autorizados, serían las empresas transformadoras las que, por sorprendente que pueda parecer, se hallarían en una situación de precariedad negociadora frente a los ganaderos. A la postre, según reconoce la propia CNMC, la competencia descoordinada entre las transformadoras ante un mercado muy volátil y estacional provocaría subidas intensas de precios en época de escasez y, en cambio, resistencia a la baja de precios en época de abundancia: “en estos mercados tan oscilantes y de carácter estacional, [el cártel] estaría permitiendo que las empresas evitaran, por ejemplo, competir entre sí por los ganaderos ofreciendo un precio mayor en épocas de escasez de leche, o perder el aprovisionamiento procedente de algunos ganaderos si las empresas decidían ofrecer un precio demasiado bajo en épocas de excedentes de producción”. ¿Acaso no es razonable que un agente económico tome medidas (cartelizarse) para evitar la fluctuación de precios sistemáticamente en su contra?
De hecho, pese al presuntamente enorme poder de negociación con el que cuentan las empresas transformadoras, no parece que estén logrando un desmesurado lucro en su operativa. Si bien es complicado hallar información financiera específica de las actividades de las empresas sancionadas en este sector, sí contamos con las cuentas anuales de CAPSA (Corporación Alimentaria Peñasanta), la segunda empresa que ha recibido una mayor sanción (21,8 millones de euros: el equivalente a seis años de beneficios de la empresa). ¿Y qué exagerado margen de beneficios tiene CAPSA? El 0,7% en 2013 y el-0,03% en 2012 (generador de una rentabilidad sobre el activo de apenas 1% en 2013 y del –0,06% en 2012). Se trata, pues, de un retorno exiguo que no parece acreditar un enorme poder de negociación por parte de la empresa transformadora (salvo para sobrevivir y no ser devorada por las pérdidas: esa es justo la lógica del cártel… estabilizar donde existe sobrecapacidad).
En definitiva, los problemas de los ganaderos proceden de la regulación estatal que los maniata, no de un cártel de compañías transformadoras que, como todos los cárteles (incluyendo el de los sindicatos o el de las compras colectivas de electricidad), puede tener sentido económico según el contexto concreto. Precisamente, la forma de averiguar si la tiene no es penalizando al cártel mientras se mantiene la intrusiva regulación agropecuaria, sino liberalizando la industria para que pueda darse una efectiva competencia intrasectorial aun cuando algunos de sus actores lleguen a acuerdos colusorios. Por ejemplo, la regulación no debería obstaculizar que fueran los propios ganaderos quienes se cooperativizaran (¿cartelizaran?) en caso de que los compradores de la leche cruda les ofrecieran precios que juzgaran inaceptablemente bajos: en tal caso, la competencia sería endógena a los propios agentes implicados. Necesitamos libertad de mercado, no más engañosa competencia impostada por el Estado que en absoluto solventa los verdaderos problemas de fondo.
Ferran Adriá y el valor de la vanguardia
Hace unas semanas tuve ocasión de visitar la exposición dedica al Bulli, que tiene lugar en el Espacio Telefónica de la Gran Vía madrileña. Además, lo hice de la mano de un guía excepcional: el mismísimo Ferran Adriá.
Confieso que no me atrae especialmente la gastronomía, ni mucho menos la nouvelle cuisine o los platos raros, como los que al parecer se ofrecían en El Bulli. Sin embargo, no hace falta entusiasmo especial, basta un mínimo interés, para disfrutar de la inmersión en áreas de conocimiento hasta ahora inexploradas, como era para mí el mundo del Bulli.
Mucha gente considera estas líneas de actividad vanguardistas como un desperdicio de los recursos de la sociedad. No solo en el ámbito de la gastronomía, sino en otros muchos: nos cuesta apreciar el valor artístico de la escultura y de la pintura moderna; no hay quien aguante determinadas películas de cine, y no digamos ya si se trata de una obra de teatro o algo que se haga llamar así.
Pero lo cierto es que sigue habiendo vanguardia, sigue habiendo emprendedores dispuestos a dejarse la piel por hacer algo nuevo, algo nunca visto, para los que el reto diario es precisamente la novedad. Entre ellos, el cocinero al que va dedicado este comentario.
Si la vanguardia fuera un desperdicio de recursos y no creara riqueza (o sea, la destruyera), entonces estaría empobreciendo a la sociedad. Si esto fuera así, ¿cómo sería posible que siguiera habiendo actividades de vanguardia? Me explico: que la actividad de vanguardia no cree riqueza implica que no hay nadie dispuesto a pagar por ella algo más que el coste de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Por tanto, cada vez que el emprendedor vanguardista realizara la actividad lo haría consumiendo sus recursos sin esperanza de recuperarlos, y su viabilidad tendría un límite claro. La vanguardia sería poco más que una heroicidad y una locura (¿alguna vez no lo ha sido?).
¿Es (o fue) El Bulli un desperdicio de recursos? No hay demasiadas dudas. La teoría económica nos enseña que cualquier transacción libre crea riqueza, por lo menos a priori. Así pues, cada vez que alguien comía en El Bulli y pagaba cantidades astronómicas por esa comida extraña y vanguardista que muchos no entendemos, se creaba riqueza para la sociedad.
Los platos que se servían en El Bulli exigían para su producción procesos completamente nuevos, que a su vez demandaban nuevas herramientas, nuevos componentes alimenticios y nuevas formas de hacer las cosas, que llegaban a afectar a la disposición de las cocinas o a la gestión de los equipos de diseño y producción: cada plato era un nuevo reto que exigía múltiples innovaciones.
La exposición del Espacio Telefónica detalla muchas de estas innovaciones. Por ejemplo, se ideó un sistema de símbolos para clasificar los alimentos que facilitara su localización. Asimismo, para garantizar la adecuada proporción de cada componente en una receta (y evitar constantes broncas, según el propio Adriá) se utilizaban sencillas formas de plastilina de forma que el aspecto del plato real debía resultar similar al confeccionado con las figuritas.
En muchas ocasiones, la elaboración del plato exigía la fabricación de nuevos instrumentos nunca antes vistos en las cocinas. Por ejemplo, para acelerar el trazo de líneas de salsa y conseguir que fueran más delgadas se empezó a utilizar el típico bote sifón para el kétchup de los perritos calientes, algo hasta ese momento impensable en la alta cocina, que para tan delicada actividad solo consideraba a la cucharilla instrumento digno.
Otras veces, la innovación estaba en la forma de presentar el plato. Al parecer, fue en el Bulli donde se empezaron a usar bandejas de pizarra para el emplatado de carnes, algo que ahora está generalmente extendido.
La gran mayoría de sus innovaciones posiblemente no hayan tenido recorrido más allá de las cocinas del Bulli. Pero unas cuantas sí que han abierto brecha, como se ha explicado en los párrafos anteriores, y han contribuido a democratizar los procesos culinarios al hacerlos más eficaces y, por tanto, baratos. Además, las propias recetas han pasado al acervo social, pues era política de este restaurante poner a disposición de todo el mundo las nuevas recetas una vez terminada la temporada, en parte para obligarse a nuevas innovaciones de cara a la siguiente. Ferran afirma esto muy gráficamente cuando dice que cada seis meses abrían un nuevo Bulli.
Así pues, comprobamos que, efectivamente, la vanguardia es capaz de generar riqueza para la sociedad. Y también constatamos que esta riqueza puede ser brutal: la riqueza generada por tan solo una de los cientos de innovaciones creadas en el Bulli tal vez supere los recursos "desperdiciados" en experimentar con todas las demás.
Pero ¿siempre es así? Vienen a la mente esos cuadros, esas esculturas, esos edificios, esas películas u obras de teatro que nadie entiende. Es muy difícil imaginar de qué forma han creado riqueza muchas de estas actividades. ¿De qué depende que la vanguardia sea o no un desperdicio de recursos?
El Bulli tiene una vez más la respuesta: allí la gente iba a comer voluntariamente, luego la vanguardia era sostenida por las decisiones libres de los clientes del Bulli. Si luego el señor Adriá los desperdiciaba en base a innovaciones absurdas, era problema del señor Adría, no de la sociedad. Y si el señor Adriá desperdiciaba más recursos de los que obtenía del restaurante, entonces éste tendría los días contados. Ferran Adriá tenía todos los incentivos para que sus innovaciones de vanguardia fueran exitosas, aunque lo fueran en un porcentaje muy pequeño, porque en caso contrario no podría sostener su actividad de vanguardia.
Cuando el 30 de julio de 2011 cerró el Bulli con una versión libre del Peach Melba, el plato número 1846 allí servido, lo que significaba era que ni siquiera el alto precio pagado por cada menú era capaz de compensar los costes de la vanguardia. A quien sorprenda esta afirmación, que recuerde que los costes son subjetivos y de oportunidad, no son los precios pagados por los alimentos. Dicho de otra forma, llegó un momento en que el famoso cocinero se hartó de pegarse palizas en la cocina (¿quizá ya no era un reto para él conseguir cosas nuevas en la gastronomía?) y prefirió dedicar su tiempo a otros menesteres más rentables para él.
Mire ahora el lector interesado si esas obras citadas más atrás y que nos parecen absurdas han sido financiadas por la gente voluntariamente, o más bien lo han hecho con sus impuestos, y encontrará cómo diferenciar la vanguardia creadora de riqueza de la que la consume. Pocas dudas hay, tanto a priori por ser libres las transacciones de los comensales del Bulli, como a posteriori por las innovaciones trasladadas a la sociedad, de que la del Bulli y Ferran Adriá fue una vanguardia del primer tipo. Y constituyen el mejor ejemplo de que cuando la vanguardia es sostenida libremente, genera una riqueza inmensa para la sociedad.
España se recupera, a pesar del Gobierno
Desde hace décadas, el profesor Carlos Rodríguez Braun desea los buenos días a diario desde la radio y las redes sociales con una fórmula característica: "Buenos días… a pesar del Gobierno". Esta muletilla no sólo es un sello personal del genial economista, que da título a uno de sus libros y encabeza su columna en La Razón. También se ha convertido en un permanente aviso mental que se ha ido instalando en las conciencias de muchos de sus seguidores. Es como una voz interna que a menudo nos recuerda que no todo lo bueno que nos ocurre es gracias al Gobierno. Casi siempre sucede, de hecho, a pesar del Gobierno. Todas las mañanas sale el sol, y ahí estará Rodríguez Braun para recordarnos que si amanece es porque el Gobierno aún no sabe cómo evitarlo.
En la economía española también parece que, tímido, va saliendo el sol. La crisis económica en la que llevamos inmersos desde que se desató en 2008 ha sido tan terrible que ha terminado por consumir las esperanzas de buena parte de los españoles. Desde el principio estaba claro que lo que teníamos delante era una larga depresión, un túnel en el que no se veía ninguna luz que indicase una salida rápida. Por supuesto, la crisis no es una maldición caída del cielo, no es algo que ocurra sin motivo. La crisis, como bien explica la teoría austriaca del ciclo económico, es precisamente la fase en la que se ponen de manifiesto y se empiezan a corregir los desequilibrios acumulados durante el pasado.
En el caso español, la crisis es la resaca tras el fiestón de los años de la burbuja inmobiliaria, tras la gran borrachera del crédito barato. Los españoles de pronto se encontraron con una factura demasiado abultada y con el piso destrozado. Es decir, con una deuda insostenible y con una estructura productiva distorsionada. Tocaba, pues, hacer limpieza. Por un lado, había que reducir el endeudamiento, desapalancarse, y para ello no quedaba otra que aumentar el ahorro. Por otro, había que liquidar las malas inversiones y las empresas inviables, y redirigir los recursos liberados para construir un nuevo modelo productivo. Había que rehacer el tejido empresarial de forma que estuviera coordinado con patrones sostenibles de consumo y ahorro. Para una recuperación ágil, lo que España necesitaba era sencillo: que familias y empresas tuvieran a su disposición la máxima renta disponible para reducir sus deudas y acometer sus reestructuraciones, y un marco institucional flexible y libre. Pero los sucesivos gobiernos no estaban dispuestos a poner las cosas fáciles, e hicieron todo lo contrario.
Hoy, más de seis años después del inicio de la crisis, seguimos sumidos en ella. Ahora se ve una tenue luz al final del túnel. A una lentitud desesperante, poco a poco, la economía española se va recuperando. España cerró el año 2014 con un crecimiento del PIB del 1,4%, una cifra modesta pero destacable dentro del esclerotizado contexto europeo. Para 2015 se espera un crecimiento de entre el 2% y el 2,3%. La tasa de paro, sin duda la gran lacra de la economía española, también ha mejorado, pasando de casi un 27% en 2013 a un 23.7% al final de 2014, año que cerró con un aumento de más de 430.000 ocupados. Para 2015 se estima una creación de al menos 450.000 empleos.
Estas cifras van a ser la principal arma del Gobierno que preside Mariano Rajoy de cara a un caldeado año electoral. Se van a intentar atribuir el mérito de esta mejoría. Pero basta analizar lo hecho durante estos años para comprobar que, si algo cabe achacarle al Gobierno de Rajoy y Montoro, es el hecho de alargar la crisis y hacerla más dolorosa. Decíamos que los españoles necesitaban la máxima renta disponible para amortizar deudas, liquidar las malas inversiones y reconstruir el tejido productivo. Pues si algo ha definido a este Ejecutivo, que es una continuación respecto al anterior de Zapatero, es la intensidad y voracidad con la que ha subido los impuestos. El Gobierno apretaba la soga en el cuello de familias y empresas justo cuando éstas más urgentemente necesitaban renta disponible. Y sobre sus espaldas colocaba, además, la losa adicional de los rescates de negocios quebrados con cargo al contribuyente. Pese a esto, y pese a las políticas monetarias destinadas a promover el endeudamiento, familias y empresas han sido capaces, con mucho esfuerzo, de reducir su deuda en unos 480.000 millones de euros, una reducción de en torno al 20% respecto al máximo de 2010. Mientras tanto, un Estado incapaz de controlar el déficit público, ha aumentado su endeudamiento en más del doble. Si a finales de 2008 la deuda pública era menor del 40% del PIB, a día de hoy roza el 100% del PIB.
Decíamos, por otro lado, que la economía española necesitaba de un marco institucional flexible y libre en el que reconstruir la estructura productiva. Dicho de otro modo, hacían falta reformas estructurales. Si bien el Gobierno de Rajoy ha implementado alguna muy tímida reforma, la verdad es que España sigue teniendo el mismo marco institucional rígido y anquilosado de siempre. España es uno de los países de la OCDE en los que es más difícil invertir y crear empresas, con un mercado laboral enormemente costoso, una regulación asfixiante y una justicia lenta e ineficiente. España ha caído durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy en el Índice de Libertad Económica que publica la Heritage Foundation, desde el puesto 29 en 2009 hasta el 49 en la actualidad. Pero a pesar de las trabas institucionales, los españoles han sido capaces de llevar a cabo un cierto reajuste en la estructura productiva, destacando sobre todo el gran progreso de la industria exportadora. Familias y empresas han logrado corregir casi por completo el tremendo déficit comercial de más del 10% del PIB que teníamos en 2008.
España, de forma lenta, se recupera. Por supuesto, la tarea aún no ha terminado. Queda buena parte del trabajo por hacer para tener una economía completamente saneada. En el horizonte, además, hay graves amenazas e incertidumbres, principalmente institucionales y políticas, que pueden frenar e incluso revertir la recuperación. Pero poco a poco, con gran sufrimiento, la economía va saliendo del hoyo. No deje que los políticos se atribuyan el mérito. 2015 es año electoral y el Gobierno nos va a vender que la tímida recuperación que ahora vemos son los frutos de su sacrificada labor gubernamental. Por fortuna ahí estará esa sabia voz interna recordándonos la coletilla de Carlos Rodríguez Braun. No se deje engañar. Si España se recupera es gracias al esfuerzo y el sufrimiento de las familias y empresas. Si España se recupera no es gracias al Gobierno. Es a pesar del Gobierno.
Desertores
Desde hace años, partidos de todos los colores y todas las ideologías han subrayado la necesidad de reformar las Administraciones Públicas para hacerlas más eficientes. Un ejemplo del ahorro potencial derivado de este tipo de medidas lo tenemos en el gasto corriente y las remuneraciones de los empleados públicos: según explicó en 2010 la Fundación Progreso y Democracia, emular las mejores prácticas autonómicas en este campo podría reducir los presupuestos públicos en 26.000 millones de euros.
Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC) acaba de publicar otro estudio en el que pone de relieve otras costosas fuentes de ineficiencia en los presupuestos del Estado. El documento en cuestión analiza los mecanismos de contratación pública, con ánimo de desentrañar cuál sería el coste de estas adjudicaciones si el erario no tuviese que cargar con los costes de la ineficiencia y la corrupción.
El resultado es desolador: según la CNMC, acabar con las malas prácticas podría ahorrar a los contribuyentes uno de cada cuatro euros comprometidos a la licitación de servicios públicos. Teniendo en cuenta que cada ejercicio se comprometen casi 200.000 millones de euros en este ámbito, hablamos de un sobrecoste de casi 50.000 millones anuales.
Esta cifra supera el umbral del 4,2% del PIB, fijado por el gobierno como el nivel máximo al que podrá llegar el déficit público en 2015. Por tanto, acabar con los sobrecostes y la corrupción permitiría pasar de los números rojos al superávit presupuestario sin necesidad de ajustes adicionales.
De hecho, los casi 50.000 millones de euros que señala el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son prácticamente equivalentes a la factura de todas las subidas de impuestos aprobadas por los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, estimada en 51.000 millones.
Entre los aspectos que habría que corregir para conseguir estos importantes niveles de ahorro, la CNMC destaca los siguientes:
- Acabar con los pactos de reparto de mercado o no competencia, que constituyen cárteles económicos y minan la competencia en las licitaciones públicas.
- Terminar con las empresas públicas que basan su existencia en contratos adjudicados "a dedo" por nuestros gobernantes.
- Acotar la extensión temporal de las concesiones, introduciendo un ritmo de competencia mucho mayor en los procesos de adjudicación.
La economía brasileña pasa de la esperanza a la desesperación
¿Recuerdan las loas y aplausos al "modelo económico" brasileño? Durante años, el gigante sudamericano fue uno de los mercados de moda entre los inversores europeos y estadounidenses. Raro era el informe de perspectivas económicas que no incluía a Brasil entre los países más prometedores del globo.
Sin embargo, el paso del tiempo ha sacado a la superficie las importantes carencias de la economía brasileña. Hay tres datos que certifican el enfriamiento del desarrollo:
- En primer lugar, el déficit por cuenta corriente ya supera el 11% del PIB. Para un país emergente que hasta hace poco basó su "modelo económico" en un fuerte aumento de las exportaciones, estos niveles son escandalosamente elevados.
- En segundo lugar, la inflación para 2015 rondará el 7%. En una economía que está saliendo del subdesarrollo, este ritmo de aumento de los precios se comporta como un factor de empobrecimiento entre las clases más humildes, actuando también contra la acumulación de capital vía ahorro o inversión.
- En tercer lugar, la deuda pública ya se acerca al 65% del PIB. Solamente entre 2013 y 2014 este indicador saltó del 57% al 63% del PIB, al hilo de un creciente déficit fiscal que ya llega al 6,7% del PIB.
El cuadro fiscal brasileño es aún peor si nos atenemos a las estimaciones que ha publicado Moody’s. La agencia de calificación ha estudiado el balance de las empresas públicas y los programas de pensiones del Estado, llegando a la conclusión de que la "deuda oculta" del país elevaría las obligaciones totales de las Administraciones brasileñas a niveles del 100% del PIB.
2014 y 2015: crecimiento cero
El ministro de Finanzas brasileño, Joaquim Levy, admitió en el Foro Económico Mundial 2015 que la economía brasileña "apenas crecerá en 2015". De hecho, el Ejecutivo de Dilma Rousseff ha señalado que este deterioro obligará a asumir nuevas medidas fiscales, basadas en aumentar la presión fiscal y reducir el gasto público.
De acuerdo con los estudios publicados por el Banco Central de Brasil, el PIB apenas aumentará un 0,5% a lo largo del presente ejercicio. Conviene recordar que en 2014 apenas se dio una expansión del 0,15%, por lo que Brasil encadena ya dos años sin apenas crecimiento justo ahora que la tasa de inflación se enquista en el 7%.
Rousseff, a la desesperada
El deterioro que está experimentando la economía del gigante sudamericano es tan pronunciado que el Ejecutivo de Dilma Rousseff ha aprobado medidas de urgencia en diferentes campos. Por ejemplo, ha revisado al alza los impuestos especiales aplicados a la gasolina o a los productos de cosmética. Los ajustes anunciados por el gobierno también llegan a las pensiones y el subsidio de desempleo. En ambos casos, las prestaciones van a ser rebajadas con la esperanza de que las cuentas públicas empiecen a corregir las desviaciones de los últimos años.
El agujero fiscal no es el único problema al que se va a enfrentar Rousseff. Brasil también está lidiando con una crisis energética, especialmente tras los apagones que sufrió buena parte del país en la jornada del lunes 2 de febrero. Levy ya explicó en Davos que el país está estudiado medidas de "racionalización del consumo eléctrico".
El petróleo, otro dolor de cabeza
Hay más. Brasil también está lidiando con la caída en los precios del petróleo, otra fuente de incertidumbre para la economía brasileña. Este complejo ajuste viene acompañado del escándalo que rodea a Petrobras, el gigantesco conglomerado petrolero estatal. Al hilo de esta crisis institucional, toda la cúpula directiva de la empresa dimitió el pasado miércoles 4 de febrero.
El Papa y el beneficio
La carta que Su Santidad el Papa Francisco escribió hace poco al director general de la FAO contiene unas piezas admirables por su incorrección política, como el reconocimiento de que la situación alimentaria mejora en muchos países o la defensa de la familia, la institución que atacan los mismos que aplauden al Papa por su supuesto progresismo. Francisco afirmó que la familia "favorece el diálogo entre diversas generaciones y pone las bases para una verdadera integración social", la familia, no el Estado. Y añade, con acierto:
¿Quién se preocupa más que la familia rural por preservar la naturaleza para las próximas generaciones? ¿Y a quién le interesa más que a ella la cohesión entre las personas y los grupos sociales?
Dos ideas económicas, sin embargo, no son acertadas. La primera se refiere a "la enorme cantidad de alimentos que se desperdician, los productos que se destruyen, la especulación con los precios en nombre del dios beneficio". Y la segunda es esta pregunta:
¿Hasta cuándo se seguirán defendiendo sistemas de producción y de consumo que excluyen a la mayor parte de la población mundial, incluso de las migajas que caen de las mesas de los ricos?
La primera idea es bastante popular pero cuestionable. Supongamos unos desalmados que sólo atiendan al "dios beneficio". Incluso si tales personas existieran, lo que no harían nunca en condiciones de competencia es destruir la producción. Como es lógico, si buscan el beneficio lo que deben hacer es venderla. Otra cosa muy distinta es cuando hay intervención política en los precios: entonces sí, al separarse la necesidad del consumidor del beneficio del productor, entonces el "dios beneficio" puede llevar a producir mucho más de lo que se necesita, y a destruir por consiguiente lo producido. Pero eso nunca sucede en el mercado. En cambio, sucede a menudo en el Estado, como sabemos muy bien en la Unión Europea, cuya delirante Política Agraria Común ha producido los famosos lagos de leche y otros desperdicios masivos. Esos casos de intervención no tienen nada que ver con el mercado ni con el legítimo beneficio del empresario en competencia. Que hay empresarios que se lucran con la intervención es indudable, y ha sido condenado por el liberalismo desde Adam Smith, pero eso guarda relación con la política y no con el mercado.
Lo de la "especulación con los precios" es otra imagen popular, y equivocada, en la medida en que transmite la idea de que alguien controla los precios en los mercados, lo que es imposible, salvo que, otra vez, no se trate de mercados sino de acciones políticas, legislativas o burocráticas, otra vez, alejadas de lo que habitualmente entienden los moralistas por "el dios beneficio", aunque, como es sabido, están lejos de ser desinteresadas. (Sobre el poder real de los supuestos especuladores en los mercados escribí hace unos veinte años en El País "Esos jóvenes en mangas de camisa", que puede verse aquí.)
La segunda idea del Pontífice, vinculada con la anterior, es también extraña, porque parece que hay unos villanos que pretenden aprovecharse excluyendo de la producción y del consumo a la mayor parte de la población mundial, nada menos. Esto es extraño: las grandes rentabilidades que buscarían lógicamente los adoradores del "dios beneficio" se consiguen haciendo exactamente lo contrario, es decir, incluyendo a cuantas más personas, mejor. ¿Hay que explicar que Henry Ford se hizo muy rico vendiéndoles coches a millones de obreros, mientras que los Rolls-Royce no dan ni para beneficiar a unos pocos miles de personas?
Posiblemente la explicación estribe en que el Papa no ha prestado atención a cómo funcionan la producción y el consumo, y por eso habla de pobres privados hasta de las migajas de los ricos, como si los pobres se enriquecieran con donaciones de los ricos que vayan más allá de las migajas. Este argumento es incorrecto porque los pobres se enriquecen con su trabajo y su comercio, si les dejan. Y los que les dejan, o no, nunca son "los ricos" sino los gobernantes.
Venezuela en ruinas: los frutos del socialismo
"Huid del país donde uno ejerce todos los poderes: es un país de esclavos".
Simón Bolívar.
Venezuela es un país en ruinas. Resultan sobrecogedoras las imágenes de supermercados vacíos, arrasados. De una ciudadanía que pierde días enteros haciendo colas interminables con el único objetivo de comprar comida. De lamentables peleas multitudinarias para hacerse con los escasísimos productos básicos. Hay desabastecimiento de comida, agua potable, medicinas y hasta de papel higiénico. El riesgo de estallido social y de golpes políticos se ha disparado. La suspensión de pagos del gobierno bolivariano resulta inevitable. Por ello, su Presidente lleva dos semanas de gira por el mundo, mendigando un balón de oxígeno financiero a sus maltrechos aliados internacionales. Nicolás Maduro, como un paranoico, ha optado por culpar de todos los problemas económicos a una supuesta conspiración internacional encabezada por Washington. Es incapaz de reconocer que la causa del caos económico y social del país es del propio régimen que él preside con poderes absolutos. ¿Cómo ha podido caer Venezuela en una crisis humanitaria tan salvaje?
Al llegar de su gira internacional esta semana, Maduro tuvo el valor de afirmar que la salida de la crisis pasa por que Venezuela profundice en el socialismo. Debe de ser que la dosis de socialismo aún no ha sido suficiente. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y desde entonces el régimen no ha hecho otra cosa que recorrer la senda del socialismo del siglo XXI, transitar hacia una "economía post-capitalista sobre la base de un amplio sustento público, social y colectivo de la propiedad sobre los medios de producción". La economía de mercado y el sector privado quedan completamente supeditados a los arbitrios del poder político.
Para la posteridad quedan aquellas deplorables imágenes de Hugo Chávez en el centro de Caracas requisando edificios y negocios a la orden de "exprópiese". La propiedad privada y la seguridad jurídica se deshacían como un azucarillo entre los aplausos cómplices de quienes creían que así un país podía prosperar. Emprender en Venezuela se convirtió en una locura; invertir, en una temeridad. El gobierno, arrogándose todos los poderes, se convertía en el encargado absoluto de la actividad económica, a base, claro, de expropiaciones y subsidios.
Pero, ¿cómo puede el gobierno alimentar a la población cuando el sector privado ha sido arrasado y la inversión extranjera ha desaparecido? ¿Cómo, si el Estado es incapaz de producir de forma eficiente por los insalvables problemas de cálculo económico del socialismo? Dado que Venezuela es el país con mayores reservas petroleras probadas del mundo, la idea original es sencilla: exportando petróleo. El 96% de las exportaciones del país corresponden al crudo. Con lo ingresado, se compra en el exterior la práctica totalidad de los bienes de primera necesidad que consume la sociedad venezolana. Así, la renta de Venezuela fluctúa al son de las cotizaciones internacionales del petróleo, y la población queda en una situación de extrema fragilidad, a merced del precio del crudo y del gobierno. Y cuando, como ahora, el precio del petróleo se desploma, el insostenible sistema chavista se rompe en mil pedazos.
Pero los problemas de base no son de ahora. Incluso durante los años en los que el crudo estaba disparado, Venezuela no era capaz de cubrir sus necesidades sólo con petróleo, y menos con un gobierno omnímodo y populista que se encuentra entre los más corruptos del planeta. Por tanto el Estado lleva casi una década con un déficit público crónico. Para resolverlo recurrieron de forma automática a ese sistema de robo encubierto que es la inflación: se imprimen los bolívares necesarios para afrontar los pagos y punto. En consecuencia, el país ha sufrido una inflación acumulada de más del 1.900% desde 1999. En 2014, teniendo en cuenta sólo las maquilladas cifras oficiales, Venezuela ha sufrido una inflación de más del 60%, la más alta del mundo.
La culpa de todo esto, según el gobierno, no tiene nada que ver con el Estado, sino con la avaricia de los comerciantes. Como en todo régimen socialista, las consecuencias de cada medida intervencionista crea problemas aún mayores que justifican adicionales dosis de intervencionismo. El siguiente paso era obvio: imposición generalizada de controles de precios. Éste es un caso paradigmático, de libro de texto, de cómo descoordinar por completo la actividad económica. Por un lado, a precios menores de los de mercado, la oferta se estrangula: los pocos productores que quedaban dejan de producir, por no poder ni recuperar sus crecientes costes. Por otro, la demanda se dispara. En consecuencia, aparece el fenómeno del desabastecimiento crónico y la paralización de la producción. Aparecen los estantes vacíos, las colas interminables, las peleas en los supermercados, la cartilla de racionamiento y los mercados negros. Aparecen, en fin, las señas de identidad del socialismo: la miseria, el caos y el conflicto social.
Hoy el gobierno de Venezuela no hace más que recoger la cosecha de lo sembrado durante más de una década y media en el poder. Éstos son los frutos del socialismo: una Venezuela en ruinas, al borde de la quiebra económica y la ruptura social. ¿Existe alguna solución a esta desesperada situación? Sí, existe. La solución pasa por que se asuma el fracaso del socialismo y se implemente un ambicioso plan de choque. Hace falta una estabilización monetaria, una liberalización seria de la economía y una reestructuración del aparato estatal. Es imprescindible que Venezuela sea un lugar donde los venezolanos se atrevan a ahorrar, invertir y emprender, un lugar capaz de atraer capital extranjero. Sobre los cimientos de la propiedad privada y la seguridad jurídica, el pueblo venezolano tiene que reconstruir, sin la asfixia gubernamental, el tejido productivo, empresarial e industrial del país. Desandar la senda del socialismo del siglo XXI, que no es sino el socialismo de toda la vida, es un proceso duro y difícil. Pero ésta es la solución, y no hay otra.
