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Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

El informe Tamames sobre libertad comercial

El recién publicado Informe sobre libertad comercial en España (Ediciones 2010), dirigido por el profesor Ramón Tamames, es un relevante análisis que vuelve a cuestionar, al igual que similares estudios anteriores, la radical limitación de horarios regulada desde 2004 que beneficia descaradamente a los supermercados y perjudica con rotundidad a la inmensa mayoría de los consumidores en nuestro país.

Desde Émile Zola hasta las últimas recomendaciones del Banco de España, pasando por Hayek, el ejemplo irlandés o los consejos de la Unión Europea, son numerosas y clarificadoras las opiniones (y las cifras) que desvelan, gracias a este trabajo, la sinrazón de las medidas que hoy mutilan la libertad de vender y comprar. El Informe Tamames, a partir de ese perfil estructuralista propio de su autor, ofrece múltiples argumentos que deben ser tenidos en cuenta acerca de esta cuestión. Para el comentario pueden destacarse tres aspectos: el itinerario político que acabó en la restrictiva Ley 1/2004, la pertinaz mentalidad antiliberal en ciertas regiones y el ahorro que se les escapa de las manos a los clientes por culpa del cerrojazo comercial.

La nueva normativa, que entró en vigor en Enero de 2005, es el involuntario y desafortunado desenlace de una estrategia liberalizadora ya derribada. El pasado gobierno popular liberó el comercio, es verdad, a partir de un Decreto-Ley de 2000, pero pospuso al presente año la plena libertad, con la intención de lograr máximos consensos con las autonomías. No fue posible. Los acontecimientos conocidos por todos anularon el escenario de doce años de segura gobernación de la derecha. Y es que la libertad no debe ofrecerse a cuentagotas; esperar doce meses en política es una eternidad. Fue un grave error que los intervencionistas aprovecharon. La Historia siempre ha sido para los audaces y termina despreciando a los acomplejados. La ley socialista de 2004 minimiza a 8 festivos y 70 horas semanales las posibilidades de apertura. 7.000 trabajadores que se han quedado sin empleo por esa arbitrariedad lo recuerdan.

Es significativa la encuesta de la OCU en 2004, recogida en el Informe, en la que el 65 por 100 de los encuestados prefieren la amplitud en los horarios comerciales para ellos mismos. No obstante, llama la atención que –a las preguntas de si se considera importante la libertad de horarios en general, para la propia familia y para otros consumidores– en Asturias, Cataluña, Navarra y País Vasco las opiniones negativas llegan a alcanzar el 40 por ciento. Aparece en el Noreste un auténtico “cinturón del no” indolente al progreso comercial y que probablemente explica muchas cosas de la actualidad española. Por no hablar de la segunda licencia autonómica, abusivo doble peaje para la creación de establecimientos. Sobre superficies de 2500 m2, Asturias, por ejemplo, recauda un tipo impositivo medio de 17 euros por m2, mientras que Cataluña cobra 0,01 euros. No aparece incluso la posibilidad de encontrar un federalismo razonable para la prosperidad; los subasteros gubernamentales parecen acordar entre sí, de modo más o menos involuntario, los precios de salida en los negocios.

No es la protección de privilegios particulares sino el amparo de la moralidad económica para la mayoría social. El Informe echa cuentas en las economías de alcance (la posibilidad de ahorro significativo de tiempo en el punto de venta) y calcula en 408 los euros atesorados por cada familia si se lograse la emancipación de las tiendas, cifra nada trivial, próxima al 1 por 100 del PIB y al 5 por 100 del gasto total de la población en compras en el comercio. Los responsables de Comercio, dondequiera que ejerzan, no reparan esos absurdos legales que tiranizan la vida cotidiana. Algunos, si fueran auténticos servidores, ayudarían a muchos a mitigar la complejidad urbana con bien poco, más hoy no les place ni parece posible.

Los argumentos, decía Tomás de Aquino, son válidos “no a causa de la autoridad de aquellos que lo dicen, sino a causa de lo dicho”. El Informe Tamames es útil porque todo refuerzo es bueno para evidenciar, en este invierno de ideas que se avecina, una situación claramente insoportable.

La dictadura del mercado

De toda la mercancía caducada que venden los grupos antiglobalización, el artículo que mejor salida está teniendo entre la gente normal es el de la “dictadura del mercado”. La cosa viene a ser más o menos así: la globalización ha traído un nuevo tipo de relaciones económicas de las que se están beneficiando las grandes empresas de ámbito multinacional. Esto ha ocasionado que la riqueza se esté distribuyendo peor que nunca y que los políticos democráticamente elegidos por la ciudadanía estén plegados a los intereses de esas corporaciones transnacionales. Corporaciones que sólo quieren ganar más y más dinero a costa de la explotación sin tasa del tercer mundo, del medioambiente y de las depauperadas clases medias de las naciones desarrolladas. El resultado final es que hoy, en el mundo, mandan unas pocas familias que ponen y quitan gobiernos a su antojo. Punto. Los axiomas de la izquierda son así de sencillos.

No voy a entrar en obviedades como explicar que, en un entorno libre de concesiones estatales, si una empresa es grande se debe a que ha servido bien a sus clientes. Eso está al alcance de cualquiera que tenga más de dos dedos de frente. Si Coca Cola se vende por doquier y en cantidades asombrosas es porque esta bebida tiene el sabor y el precio adecuado como para que mucha gente esté dispuesta a pagar por ella. Parece mentira, pero estas cosas hay que recordarlas. A nadie le han encarcelado por no querer beber Coca Cola. No se puede decir lo mismo de quienes han decidido no pagar la Seguridad Social.

En una economía globalizada como la que está empezando a nacer a gran escala el proceso es el mismo. Los ofertantes más dinámicos y que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes triunfan, los que no son ni lo uno, ni hacen lo otro, fracasan sin remedio. Cuando las leyes lo permiten y hay capital, las empresas más exitosas salen de sus países de origen para expandir sus actividades. Esto no perjudica a nadie, muy al contrario, beneficia a todas las partes. A los dueños de la empresa porque verán revalorizado el capital invertido y aumentarán sus dividendos. A los nuevos clientes porque dispondrán de un bien o un servicio del que antes no disfrutaban o lo hacían en régimen de monopolio. Y, por último, a la sociedad en su conjunto, porque el comercio es una poderosa fuente de riqueza, y, claro, la riqueza, antes de distribuirla, hay que crearla. En este extremo nadie se ha mostrado más eficiente que el emprendedor persiguiendo sus propios fines.

La dictadura del mercado no es tal a la vista de los hechos. A nadie le ponen una pistola en la sien por consumir tal o cual marca. Los empresarios, además, carecen de poder legislativo, más bien lo padecen cuando a algún político le da, en aras de un supuesto bien común, por meter la nariz donde nadie le ha llamado. Decir que existe una dictadura del mercado o que nos encaminamos hacia ella es una majadería propia de analfabetos en materia económica o de comunistas, que, bien mirado, viene a ser la misma cosa.

Lo más curioso de todo esto es que, lejos de ser una dictadura de facto o de servir de sustento a las ya existentes, la libertad de mercado es un vigoroso acicate para la libertad política. De hecho siempre van de la mano. Cuando un país sumido en una dictadura abraza las bondades del libre cambio y el respeto por los contratos y la propiedad, no tarda en producirse el milagro de la democracia representativa y los derechos civiles. España es un buen ejemplo. El franquismo firmó su sentencia de muerte cuando, en 1959, la economía española se abrió tímidamente al mercado mundial. Remitiéndose a la experiencia, el mercado no engendra dictadura alguna, la conjura para siempre. Esto es así aunque muchos se hayan empeñado en lo contrario.

Nueva Orleáns: Cómo provocar una catástrofe

La reciente tragedia de Nueva Orleáns es un magnífico ejemplo de cómo el estado puede transformar un evento climático dañino pero manejable en una catástrofe a gran escala. La mayoría de la prensa, siempre fiel al estatus quo y a todo lo que suene políticamente correcto, ha echado al capitalismo la culpa de los daños humanos y materiales producidos, bien sea porque se le responsabiliza de un supuesto cambio climático peligroso –en esta vertiente ABC ha destacado en nuestro país por su propaganda demagógica y su constante tergiversación de los hechos-, bien porque limita el intervencionismo estatal y el propio tamaño del estado –de ésta El País ha sido, quizá, el principal abanderado. He tratado de mostrar lo equivocado de estos dos argumentos en otro lugar. Ahora me interesa analizar cómo se logró que un huracán que pasó causando menos daños de los esperados se convirtiera en una catástrofe de grandes proporciones.

La primera explicación de lo ocurrido la encontramos en el monopolio de la gestión de los diques que protegen la ciudad de Nueva Orleáns, el río Misisipi y el lago Ponchartrain. El origen de este monopolio público hay que buscarlo, como ocurre con tantos aspectos negativos de la sociedad estadounidense, en la guerra civil de aquel país. Como cuenta Mark Thornton en su artículo de 1999, The Government´s Great Flood, el cuerpo de ingenieros del ejército de Lincoln logró el control permanente de la gestión de los ríos a partir de la creación de la Comisión del Río Misisipi. Otro tanto pasaría más adelante con los diques del Golfo de México. Se trata de un ejemplo más de cómo las guerras han marcado la conversión del estado mínimo diseñado por los padres fundadores de la constitución americana en el leviatán que es hoy en día. Desde entonces y hasta hoy en día la responsabilidad del mantenimiento y mejora de los diques y otros dispositivos que pretenden proteger a los habitantes de la zona contra las inundaciones ha recaído en el ejército estadounidense.

El problema de que sea el ejército el responsable de los diques no es que sus miembros sean lerdos. Ni mucho menos. El problema es que no existe un propietario que se juegue sus cuartos con el buen funcionamiento de los diques y que, para colmo, no tiene competencia. El estado estadounidense no está sujeto a las pérdidas y las ganancias como lo estaría una sociedad mercantil. El contribuyente paga la factura tanto si los recursos son utilizados eficaz y eficientemente como si no. Como suele ocurrir en todos los casos de monopolio (público o privado) decretado por el estado, el servicio es pobre y el precio elevado. Los sistemas de protección contra las crecidas del Río han estado envueltos en la polémica (entre ingenieros civiles y militares) desde que se tomaran las primeras decisiones allá por el siglo XIX. El cuerpo de Ingenieros del Ejército decidió optar por una protección basada únicamente en la construcción de un gran dique y muchos ingenieros civiles contestaron que esta solución de corto plazo traería graves consecuencias futuras debido a la elevación que provocaría en el nivel del río. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Tan sólo recordar que no es posible saber cuál es el mejor sistema de defensa de la población frente a las crecidas del Mississippi ni frente a los tornados o los huracanes provenientes del Caribe mientras estos sistemas no sean poseídos por agentes privados sujetos al sistema de pérdidas y ganancias y abiertos a la potencial competencia de otras empresas. ¿Cuál es entonces el mejor sistema de defensa frente a estos eventos climáticos? La respuesta es sencilla y, para muchos, puede que decepcionante: no lo sabemos porque en este sector no hay un mercado libre. Sucede lo que le ocurría a Internet cuando era gestionado por el estado norteamericano. Lo que sí podemos aventurar es que si existiera mercado sería plausible que operasen distintas empresas en distintas zonas tratando de innovar y simultáneamente emular los logros técnicos de la competencia (si el estado no se lo impide con la concesión de patentes). En algunas zonas es posible que no compensara poner en marcha una infraestructura de protección y que las personas que decidieran vivir en esa zona lo hicieran por su cuenta y riesgo. Son especulaciones. Lo cierto es que, como era de esperar, el monopolio público no prestó un servicio ni tan siquiera mediocre para un evento que se esperaba desde hacía décadas y para cuya prevención y preparación se dedicaron miles de millones de dólares.

El movimiento ecologista también parece haber tenido parte de responsabilidad en la catástrofe. Y no sólo por llevar años diciendo que venía el lobo cuando lo que venían eran corderitos. Mucho más decisiva fue su oposición sistemática a blindar la costa del golfo y la ciudad de Nueva Orleáns frente a catástrofes de categoría 4 y 5. Los ingenieros del ejército sabían perfectamente lo que podía ocurrirle a esta ciudad fundada por canarios y a otras poblaciones costeras de la zona y, aún con los pocos incentivos que cuentan para mejorar la calidad del servicio que prestan, proyectaron construir una barrera móvil a lo largo de la I-10. Este proyecto fue paralizado por medio de una denuncia presentada por un nutrido grupo de organizaciones ecologistas alegando que el estudio de impacto ambiental no era lo suficientemente profundo y que el proyecto podía tener graves efectos sobre algunas especies. En diciembre de 1977 el juez encargado del caso dio la razón a los ecologistas y paralizó la construcción de las barreras aduciendo que los ecologistas habían demostrado las personas que viven en esta área se verían dañados irreparablemente en el supuesto de que el proyecto se llevase a cabo. El cuerpo de ingenieros olvidó la idea y se concentró en mejorar los diques de la ciudad de Nueva Orleáns de modo que pudieran aguantar huracanes más potentes. Pero de nuevo en 1996 un grupo de organizaciones ecologistas radicales, encabezadas por el Sierra Club, presentaron una denuncia alegando que el proyecto suponía un peligro para el oso negro y para diversas especies de aves. En 1997 el proyecto fue paralizado durante dos años a la espera de un nuevo estudio de impacto ambiental. La continua oposición ecologista a la construcción de barreras artificiales a la crecida de las aguas es lo que ha motivado que el representante por Luisiana Bob Livingston haya afirmado que uno de los principales responsables de la catástrofe son los ecologistas.

La alteración de los incentivos o desincentivos que valoran los individuos a la hora de actuar frente a las eventuales situaciones de riesgo también son determinantes en los daños de todo desastre. Por desgracia la historia del intervencionismo en el sector de los seguros de inundaciones, que forman parte del coste de oportunidad de vivir en zonas de riesgo, es extensa. La mayor parte de la asfixiante legislación puede retrotraerse al año 1927. En ese año tuvo lugar otra gran catástrofe debido a la inundación de las mismas zonas que este año se han encontrado bajo las aguas; según diversos ingenieros causado por el mencionado sistema de protección elegido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Fuese por lo que fuese, la gran inundación de 1927 llevó a un tal Hoover a dirigir la Agencia Federal de Emergencias (FEMA). Ese puesto no sólo serviría a Hoover como trampolín a la fama primero y a la Casa Blanca después, sino como laboratorio en el que ensayar la mayoría de las políticas intervencionistas estilo “Estado del Bienestar” con las que estrangularía la economía americana en los siguientes años. Ayudas públicas, préstamos estatales, intervención en los seguros, regulación de precios y hasta desplazamiento de la población o la creación de verdaderos campos de concentración ya fueron puestas en práctica por Hoover.

Como en casi todas las ocasiones en las que el estado se entromete en el negocio asegurador, el motivo es que las empresas privadas no ofrecen un tipo determinado de seguro. En efecto, siguiendo los pasos marcados por Hoover, el estado se metió de lleno a regular y ofrecer seguros contra inundaciones en 1968 porque las aseguradoras no los ofrecían en determinadas áreas de altísimo riesgo. La inexistencia de seguros de este tipo sirve como desincentivo o advertencia a quienes quieren vivir en una zona cuya probabilidad de verse cubierta de agua es extrema. Sin embargo, los políticos, siempre prestos a mostrar a la población que ellos son capaces de llevar a cabo lo que el mercado libre no puede, decidieron establecer un sistema de seguros públicos. Así, quienes deseaban vivir en la preciosa y peligrosa costa de Luisiana no encontraban inconveniente alguno. “¿Quiere vivir en una zona de alto riesgo? ¿No encuentra asegurador? No pasa nada, papá estado le hace un seguro a su medida.” Si, como afirma un estudio de una agencia gubernamental anterior al desastre de Nueva Orleáns, la espectacular urbanización de las zonas costeras de alto riesgo en las últimas décadas constituye el principal factor de riesgo en los casos de huracanes de categorías elevadas, no cabe duda de que el intervencionismo estatal en materia de seguros fue un componente esencial para fraguar la catástrofe de Nueva Orleáns.

Para colmo, el sistema de ayudas para daños por inundaciones establece que éstas quedan reservadas para quienes no tengan seguro privados contra inundaciones. El resultado es obvio: se desincentiva la contratación de seguros privados en zonas en las que las empresas que operan en el mercado libre sí ofrecen estos seguros.

Por último, conviene no olvidar la desastrosa gestión de una catástrofe. Mucho dinero se ha enterrado en este aspecto de la seguridad. Pero aunque el FEMA tenga un presupuesto por habitante para catástrofes unas 50 veces superior al español, la calidad de un servicio no se mide por el dinero que se gasta en él sino por la correcta asignación de los recursos con los que se cuenta de cara a lograr un elevado nivel de satisfacción de la necesidad de la que se trate. Y, qué duda cabe, que las agencias estatales no están preparadas para responder a emergencias en las que hay que la logística tiene una gran importancia. Eso sólo lo puede hacer una empresa privada y hasta que la protección civil no sea un servicio contratado libremente y financiado voluntariamente difícilmente veremos grandes y exitosas operaciones en este campo.

Todos estos ingredientes fueron aderezados con la construcción de autopistas inseguras, disputas políticas que bloqueaban los recursos movilizados, campañas de “información” para casos de emergencias que no se correspondían con lo que la gente tenía que saber para ponerse a salvo en caso de necesidad y, sobre todo, con una fe tan ciega como falaz en las posibilidades del estado para proteger a los ciudadanos en caso de desastre. Así fue como el estatismo forjó la catástrofe de Nueva Orleáns. Esperemos que la negra experiencia sirva para que el estado se retire y permita el ejercicio de la libre empresarialidad en todos los sectores involucrados en la prevención y gestión de catástrofes y emergencias.

El mandato exterminador

No entienden qué es la globalización, intentan evitar sus efectos beneficiosos sobre los millones de pobres del mundo y afirman que es compatible con sus políticas intervencionistas.

La globalización es el nombre que se le ha dado al avance de la división del trabajo y del conocimiento a escala planetaria. En su estado original, el hombre era un ser mísero que a duras penas conseguía satisfacer sus necesidades más apremiantes a base de mezclar su trabajo con los siempre escasos recursos económicos. La escasez de medios para alcanzar sus fines y ese estado de mera subsistencia fue mejorando a medida que cada individuo fue aumentando los intercambios pacíficos con otros seres humanos. Gracias al intercambio, los individuos dejaron de tener que proveerse mediante la producción propia de todo tipo de bienes y se especializaron en lo que relativamente mejor sabían hacer. Ese proceso no sólo aumentó la productividad permitiendo que los individuos alcanzaran más y mejores fines con los mismos medios, sino que provocó la multiplicación de las oportunidades de intercambio al reducir el valor que cada cual concede a su producto, e incrementar el que otorga a los productos del prójimo.

Ese maravilloso proceso que conocemos como división del trabajo y del conocimiento, ha permitido el enriquecimiento paulatino de quienes participaban en él y una progresiva acumulación de capital que, a su vez, elevaba la productividad del trabajo a cotas aún superiores. A medida que este proceso se desarrolla, la contribución de las personas menos capacitadas al proceso de satisfacción social de necesidades cobra una importancia exponencial. El coste de oportunidad, para quien se ha vuelto muy productivo, de llevar a cabo tareas relativamente sencillas y menos valoradas se vuelve enorme y por eso estará dispuesto a pagar crecientes cantidades, incluso a personas con poca cualificación, para que las realicen.

En eso consiste la maravillosa globalización y el problema no es su existencia sino su limitadísimo avance actual por culpa de las regulaciones y las barreras al comercio internacional y al libre movimiento de capitales y personas. La hipocresía del movimiento antiglobalización y de la inmensa mayoría de políticos que se nominan a campeones de la solidaridad internacional queda al descubierto en reuniones como la del Consejo Europeo en la que los políticos franceses han advertido –con el asentimiento del resto– que no están dispuestos a que los países pobres puedan vender libremente sus productos agrícolas en Europa. Esa aberración –bajo la formulación “garantizar la integridad de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) adoptada en 2003”– es parte del mandato de negociación que han otorgado a la Comisión Europea en su negociación en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

El “estado social europeo”, ese residuo irreciclable del socialismo, es incompatible con la mejora sostenida de las condiciones de vida de los seres humanos; de los que viven en países pobres y de los que viven en la decadente Europa que cada día es menos competitiva y más consumidora del capital que generó cuando era relativamente libre. Ya sólo se sostiene, y sólo temporalmente, a base de mandatos que prohíben que los demás nos puedan ofrecer el mejor resultado de sus actividades. Sin duda, el mandato dado a la Comisión defiende el alargamiento de la agonía de ese “estado social europeo” pero, al mismo tiempo, somete a cientos de millones de seres humanos a la pobreza forzosa. Un mandato exterminador que avergüenza a cualquier persona honrada de su condición de europeo.

Capitalistas contra el capitalismo

Asociar el liberalismo con las grandes empresas en un contexto en el que éstas a menudo proceden en connivencia con el Estado y se benefician de sus prebendas y privilegios resulta, cuando menos, grotesco. El Estado sirve a los grupos de presión y éstos con frecuencia los componen empresas y corporaciones, pues poseen la capacidad organizativa suficiente para pujar e influir en la gestión pública en pro de medidas políticas que les favorezcan directamente.

Un ejemplo reciente lo hallamos en la firma Wal-Mart, cuyo director general ha sorprendido a muchos reclamando al Congreso una subida del salario mínimo. Así, con este llamamiento progresista que contribuye a redimir su imagen de multinacional explotadora, Wal-Mart pugna en realidad por cercenar la competencia: Wal-Mart paga a sus empleados el doble del salario mínimo, con lo cual éste puede aumentar hasta un 100% sin que ello afecte a la compañía. Pero los competidores que, como Target Union, pagan salarios inferiores a los de Wal-Mart verían aumentados sus costes laborales y serían desplazados del mercado. El corolario, pues, de imponer cargas a las empresas es la expulsión del mercado de aquellas que no pueden asumirlas en beneficio de aquellas que ya las tienen asumidas, que ahora ya no deben competir con las anteriores.

Las empresas establecidas se benefician del régimen de licencias que, en innumerables sectores, veda el acceso a las competidores que no cumplen con los arbitrarios requisitos estipulados o que exceden el cupo dispuesto por la autoridad. Las subvenciones y los aranceles son igualmente una forma de proteccionismo que privilegia a unas empresas en detrimento de otras y a expensas de los consumidores. Del mismo modo el sistema de patentes y de copyrights confiere a determinadas empresas el monopolio legal sobre la explotación de ciertas ideas, garantizándoles así un flujo constante de rentas.

Mediante la expropiación forzosa las compañías pueden desarrollar proyectos sumamente ambiciosos sin que el rechazo de los propietarios de los terrenos suponga un impedimento. El Estado, en aras del “interés público”, expropia viviendas y negocios para que empresas privadas puedan construir en su lugar hoteles, centros comerciales, fábricas y oficinas. La subcontratación llevada a cabo por el Estado permite asimismo que múltiples empresas se lucren al margen del mercado. ¿Hasta qué punto pueden considerarse privadas aquellas corporaciones que, como algunas armamentísticas, obtienen sus ingresos del Estado y por tanto son financiadas con el dinero de los contribuyentes?

Los bancos, por otro lado, son los primeros beneficiarios de las políticas de expansión crediticia, pues pueden enriquecerse prestando un dinero que no tienen (dinero no respaldado por activos reales). Las empresas que antes reciben el nuevo dinero son las que se benefician en segunda instancia, pues disponen de un monto adicional para gastar previo a la subida de los precios.

Las corporaciones y las empresas no son inherentemente abusivas ni son producto de la intervención del Estado; se configuran espontáneamente en el mercado como organizaciones eficientes para gestionar recursos. Pero muchas de ellas, sin embargo, puede que no sean tanto víctimas como beneficiarios del estatismo. Quienes asocian el capitalismo con los intereses de la industria no saben distinguir entre la libre empresa, caracterizada por la ausencia de intervención pública, y el mercantilismo, la intervención estatal en defensa de ciertas empresas. Es preciso insistir, una y otra vez, en que el liberalismo no favorece los intereses de ningún colectivo particular, sino los derechos de todos y cada uno de los individuos.

Cuando lo real se oculta

Muy poca gente sabe que hace sólo medio siglo Cuba era más rica que Italia, o que Paraguay doblaba en ingreso per cápita a Corea del Sur, país este que, por aquel entonces, igualaba en riqueza a Zambia. Y si la gente no lo sabe es porque nadie se ha ocupado en decírselo. Lo que deberíamos hacerlo solemos pasarlo por alto porque lo damos por hecho. Tan convencidos estamos del poder creador del libre mercado que, por lo general, olvidamos que un buen ejemplo vale más que la mejor teoría. Pero no toda la culpa es nuestra. Un velo de silencio ha caído sobre las naciones no occidentales que han prosperado en los últimos cincuenta años.

Decir que un buen puñado de países, muchos de ellos superpoblados y hasta ayer pobres de solemnidad, se ha incorporado al primer mundo y hoy disfruta de rentas anuales más abultadas que las de la explotadora Europa no es, digamos, “económicamente correcto”. La letanía de los neosocialistas, es decir, de los del “Otro mundo es posible” consiste esencialmente en pintar un panorama catastrófico en el que los pobres serán cada vez más pobres por culpa de los ricos que quieren ser cada vez más ricos y poderosos a costa, naturalmente, de las penurias de los primeros.

Es el marxismo de siempre, la división del mundo en una dialéctica perversa que no conoce más que opresores y oprimidos. Así, el papel de las depauperadas masas proletarias lo interpretan ahora los no menos depauperados países del Tercer Mundo. El clásico ejercicio por el cual la riqueza en una sencilla operación de suma cero. Si yo tengo algo es porque te lo he quitado a la fuerza. Una injustísima relación provocada por “términos de intercambio” que sólo benefician a una parte y que exigen reparación inmediata. La nueva vanguardia revolucionaria son los movimientos indigenistas –los pueblos– guiados sabiamente por líderes justicieros en la línea de Chávez, Castro, Evo Morales o Mugabe. No importa demasiado que Venezuela, Cuba o Zimbabwe sean una ruina política, económica y moral. Los detalles no importan demasiado, sólo cabe remarcar el meritorio hecho de que estos valientes han roto con el nudo gordiano de la dominación capitalista invirtiendo los dichosos “términos de intercambio”.

La realidad, sin embargo, es terca y se niega a plegarse a los dictados de los apóstoles del caos. Extremo oriente es el mejor ejemplo pero no el único. Hong Kong, por ejemplo, es ahora más rico que su antigua metrópoli. Y esto es necesario recordarlo porque, con el manual en la mano, los hongkoneses estarían condenados a la perpetua explotación de sus antiguos dominadores. ¿Cómo es posible que sean ahora más ricos que ellos? Tailandia avanza con paso firme hacia el primer mundo mientras que su vecino, Birmania, uno de los de esos edenes socialistas que viven al margen del mundo, no llega a fin de mes y padece una cruel dictadura desde hace décadas.

En África, madre patria de todas las miserias, el patrón se repite. Los que han abrazado, aunque sea ligeramente, las recetas liberales disfrutan de un mejor pasar que los que perseveran en los controles de precios y las expropiaciones. Bostwana, sin ir más lejos, que, desde el principio, promovió el libre comercio y respetó la propiedad privada, crece resueltamente y hoy se encuentra a la cabeza del continente en renta per cápita.

En concreto, los bosquimanos gozan de unos privilegiados ingresos de 9.200 dólares por barba, es decir, justo la mitad de los portugueses. ¿Cuánta gente sabe esto? Sus vecinos, dilectos alumnos de la escuela del tercermundismo, se encuentran a años luz en términos de renta per cápita. Zambia no llega a los 1.000 dólares, Angola pasa con apuros de los 2.000 y Zimbabwe estaba el año pasado en 1.900 dólares y bajando, porque la desdichada nación africana decrece a un ritmo del 8% anual. Los tres países se encuentran, además, exportando emigrantes a Bostswana desde hace años, y esto no requiere demasiada explicación. ¿Le sorprende que nadie antes se haya ocupado en hacer una comparación tan simple? Normal, casi nadie la hace, y no porque salte a la vista sino porque no interesa. La causa de los “pobres de la tierra” no sólo se defiende con propaganda sino con toneladas de desinformación. Cuando es imposible negar lo real la única vía es ocultarlo.

El liberalismo, lo pequeño y lo grandioso

En una ocasión un amigo mío me lanzó su enésima crítica al liberalismo. De haber triunfado desde el comienzo de la humanidad, me decía, no contaríamos con muchas de las grandes obras que conocemos y admiramos. Que han sido motivo de inspiración de poetas y literatos, que están asociadas a momentos de la historia que los cronistas de nuestro pasado reproducen con fruición y asocian a palabras como grandeza, esplendor o belleza. Se erigen en símbolos del poder del hombre, de sus conquistas sobre la naturaleza. Son victorias excelsas; y son victorias del Estado.

Por supuesto, mi amigo tenía razón. Si las sociedades humanas hubieran sabido mantener su libertad desde antiguo seguramente no existirían las pirámides de Egipto, ni las de Méjico. Ni el Taj Mahal, ni palacios como el de Versalles. Los ejemplos son innumerables, pueden llenar miles de páginas, porque las han llenado, y solo ilustran esta verdad esencial sobre el liberalismo.

Claro, que si miramos de cerca cada una de esas maravillas, si no nos cegamos con el brillo de su esplendor, lo que emerge es la brutal coacción a la sociedad por parte del Estado al servicio de sus más celebrados criminales. Las pirámides de Egipto las construyeron ejércitos de esclavos, forzados a dedicar sus esfuerzos a muros proyectados para cerrar el cadáver de sus amos. Cuando la sociedad se hizo más compleja, el esclavismo directo se fue sustituyendo por el más indirecto, que no fuerza a dedicar el esfuerzo personal a los deseos del Estado, pero sí los frutos del mismo, por medio de los impuestos.

¿Qué se hubiera producido si los antiguos, y después de estos quienes les seguimos, hubieran mantenido su libertad? Una familia habría podido comer carne una segunda vez al mes, otra podría haber reparado la casa, una tercera hubiera acumulado el ahorro necesario para una tierra y unos aperos que hubieran asegurado el futuro de la siguiente generación o un carro más que habría llevado los productos del lugar a otro más lejano, donde habrían sido bien recibidos a cambio de dinero. Miles de historias pequeñas que no merecerían la mirada de los poetas, el juicio elogioso de los arbitristas o el asombro de historiadores y artistas. Simples historias personales, que cambian la vida real de las familias y contribuyen a su progreso y el de sus hijos y no a los caprichos o a las necesidades “de Estado” de los dirigentes.

 

Todo ello no quiere decir que las sociedades libres, en creciente complejidad, no hubieran dado lugar a creaciones grandiosas. Pero en lugar de estar al servicio de reyes, cortes y políticos, estarían al servicio de los ciudadanos de a pie y de quienes han creado la suficiente riqueza como para elevarse sobre las necesidades más inmediatas y comunes.

El veredicto de lo real

Los socialistas suelen, por regla general y cuando se ven derrotados en el campo de las ideas, apelar al dictamen de la realidad. Así, para acallar las críticas que caen a cientos sobre el comunismo cubano recuerdan los logros de la revolución. Logros que enfatizan repitiendo las palabras sanidad y educación con la solemnidad de un iluminado que ha visto realizada su profecía. El latiguillo de los logros de la revolución cubana es análogo al cuento del pleno empleo del que se valían los defensores de la Unión Soviética. -“No podrán salir del país, no, pero allí no existe el paro mientras que aquí, ya ves tú, las oficinas de empleo no dan abasto” aseguraban convencidos de haber dado con la cuadratura del círculo.

Lo cierto es que, efectivamente, en la Unión Soviética y sus satélites no existía el paro pero, por alguna extraña razón, los habitantes de aquel paraíso morían (literalmente) por salir de él e integrarse prestos a la cola de nuestras abarrotadas oficinas del INEM. Algo parecido sucede con la sanidad y la educación cubana. Es tan buena la primera que los pocos cubanos que pueden permitírselo se tratan las enfermedades graves en el extranjero. En cuanto a la segunda, considerar un logro dedicar más de diez años al adoctrinamiento ideológico intensivo, al trabajo voluntario y a los desfiles infantiles es una muestra más de la fe del carbonero que mueve a la progresía de todo el mundo.

El hecho innegable, y en esto hay que darles la razón, es que la realidad es mucho más convincente que mil eslóganes, mucho más persuasiva que la más elegante teoría. Los liberales, sin embargo, no terminamos por darnos por aludidos en este particular. Sobrados como andamos de ejemplos donde el capitalismo ha mejorado las condiciones de vida del ser humano y le ha abierto las puertas de la democracia, nos empeñamos en seguir hilvanando primero nuestro breviario de ideas para, y cuando creemos haber convencido al interlocutor, pasar a verificarlo sobre el tapete de lo real. Craso error. Del mismo modo que el socialismo se desgañita invocando los prodigios que su programa obra en el mundo real, los liberales debemos insistir en qué es lo que pasa cuando se limita el poder del gobierno y triunfa el imperio de la ley y la libertad de mercado. Nuestra mejor arma es la realidad y la historia comparada.

No hay mejor modo de enseñar las bondades del libre mercado que enfrentar los dos modelos y su desarrollo en el mundo real. Más que tratar de demostrar al profano que el control de precios es un disparate deberíamos ponerle encima de la mesa el mapa de Alemania. Las dos Alemanias, la Federal y la soviética, fueron durante cuatro décadas un inmejorable tubo de ensayo donde ambos sistemas se mostraron tal cual eran. Puerta con puerta, familia con familia, si una terminó por comerse a la otra es porque ésta era ya un cadáver putrefacto víctima del colectivismo y de la abyecta tiranía que inevitablemente engendra. Pero hay más. Las dos Coreas son un ejemplo aún vivo y en perfecto estado de conservación de cómo las recetas liberales juegan a favor de la especie mientras que las socialistas lo hacen en contra. Y sin llegar a analogías tan cercanas como las anteriormente expuestas, el mundo moderno nos ofrece un catálogo completo de cuáles son las consecuencias que padecen los países que ignoran el mercado y la libertad y abrazan el socialismo y la esclavitud. China frente a Taiwán, Tailandia frente a Birmania, los tigres de oriente frente al África negra, Canadá frente a Argentina son sólo algunos de los binomios que pueden salir de paseo cada vez que alguien hable de la nacionalización de la banca, las trabas al libre comercio o la expropiación sistemática de los capitales y haciendas de los ciudadanos corrientes.

 

Escalando la comparación y con vista a llevarnos al desconfiado a nuestro terreno bien podrían ponerse cara a cara los países intervencionistas y los inclinados a dejar a la gente a ir a lo suyo. Si en el primer caso sobran los ejemplos el segundo no le va a la zaga. ¿Por qué es más rico y libre el Reino Unido que Francia, Chile que Uruguay, Baviera que Renania del Norte, Valencia que Andalucía? Alguien dijo que el liberalismo no era más que el sentido común llevado a la política. Apliquémoslo pues al debate. Falta hace.

Trabajo infantil y coacción estatal

Sublevada por la noticia de que unos niños están trabajando en una fábrica de la India o de Vietnam la gente clama instintivamente por la prohibición del trabajo infantil. No agrada una concreta realidad y se apela al Estado para que la haga desaparecer por decreto. Pero siendo como es que los padres no quieren menos a sus hijos en la pobreza, no sería fútil que antes de invocar la intervención pública nos preguntáramos por qué los padres les mandan a trabajar y no a la escuela si presuntamente lo adecuado para ellos es lo segundo.

En los países subdesarrollados la alternativa al trabajo infantil es el hambre. Su prohibición priva a las familias de unos mayores ingresos en un entorno de extrema necesidad, coartando el ahorro y la acumulación de capital en esa sociedad y ralentizando así el proceso por el cual deviene innecesario que los niños laboren y provechoso el que se dediquen a formarse. Para erradicar el trabajo infantil es preciso atacar su causa, la pobreza, y la pobreza sólo cabe combatirla propiciando un mercado libre que permita la acumulación de capital y el aumento de la productividad. La jornada laboral en el siglo XIX, por ejemplo, antes de que se limitara por ley se redujo de facto como resultado de la prosperidad que desató la Revolución Industrial. El trabajo infantil, que no era por aquel entonces ni tan insalubre ni tan gravoso como la mitología se encargó de popularizar, también fue remitiendo paulatinamente conforme se expandían las estructuras productivas. Así la legislación posterior en buena medida sólo vino a refrendar algo que ya se estaba generalizando de forma espontánea en el mercado, por lo que desde el punto de vista de los prohibicionistas mismos debería considerarse superflua.

El trabajo infantil no es una invención del capitalismo o de la globalización, antes al contrario, es una realidad inherente a la pobreza que ha existido desde que el hombre es hombre y que sólo el reciente desarrollo económico motivado por el libre mercado convirtió en superable. Por eso nadie debiera sorprenderse de que perdure allí donde la industrialización se halla en un estado más bien incipiente o donde ni tan siquiera ha tenido lugar.

Con todo, las disposiciones que prohíben trabajar a los menores no son únicamente deleznables en un contexto de perentoria carestía. Constituyen un ejercicio de arbitrariedad que atenta abiertamente contra los derechos de los niños y de los padres y que no tiene cabida en una sociedad libre. ¿En razón de qué es ilícito que un niño cobre por hacer de jardinero o trabaje para su padre recolectando hortalizas cuando no es ilegal que se dedique a cuidar el jardín de su casa porque le divierte o a ganarse la paga haciendo tareas domésticas? ¿Qué tiene de malo que un niño monte junto con sus amigos una parada de limonadas? ¿Por qué es reprobable el hecho de que labore por un jornal y en cambio se tolera que sea obligado a asistir a la escuela seis horas al día? ¿No podría ser beneficioso para un chico de 13 años que no quiere ni oír hablar de estudios dejar que se emplee en un taller y adquiera experiencia laboral en lugar de encerrarle en una aula contra su voluntad? Debería ser la familia, o el propio niño alcanzada cierta edad, quien decidiera sobre tales asuntos, no el Estado.

Parece que reivindicar la prohibición del trabajo infantil apacigua las conciencias de los que, por vivir en una sociedad sumamente productiva, disponen de suficientes medios para enviar a sus hijos a la escuela. Pero eso no va ayudar ni a los niños que trabajan ni a sus familias. En todo caso lo que necesitan es salir de la pobreza, no que se les cercene sus ingresos y su capacidad de ahorro. Y sólo hay un antídoto contra la pobreza: el libre mercado. Por otro lado no incumbe al Estado sino a los menores y a sus padres decidir en qué van a emplearse. La discriminación impuesta aquí por razones de edad no está más justificada que otra suerte de mandatos coactivos.

El silencio de los consumidores

El culebrón económico del verano ha sido el bloqueo de los textiles chinos, almacenados en los puertos europeos sin poder llegar a su destino. Ropa que llenaría las tiendas del ramo de productos más baratos que los actuales, para gozo y disfrute de los consumidores de nuestro continente. Sin embargo, en las noticias que veíamos en la televisión contemplábamos las protestas de los productores locales de textil por la competencia china, pero jamás las protestas de los consumidores y sus asociaciones porque se les prohibiera consumir. Y es que jamás se ha visto ninguna protesta de las organizaciones de consumidores por los aranceles y las cuotas a los productos extranjeros, cuando son una de las principales causas de precios elevados de mucho de lo que consumimos.

Si vemos las notas de prensa de la OCU, la más conocida asociación de consumidores, veremos que durante el verano se ha mostrado tremendamente preocupada porque las compañías de móviles cobren por segundos en lugar de por fracción de minuto, y hasta por el elevado precio de las palomitas en los cines. Pero con respecto a las decisiones políticas que elevan artificialmente el precio de la ropa que llevamos no encontramos más que el silencio absoluto.

Las notas de prensa de la CECU hacen notar sus vacaciones de verano, puesto que parece que en agosto los consumidores no existan, además de la ausencia de menciones. Eso sí, como sucede con la FACUA, mucha preocupación por los transgénicos, pese a que no se tengan noticias de que hayan provocado nunca problema de salud alguno. Esta asociación parece ocuparse mucho más de los graves riesgos de… ¡Gmail! Tampoco CEACCU, ASGECO, HISPACOOP, UNAE o FUCI parecen preocupadas en lo más mínimo.

Y es que las organizaciones españolas se inquietan mucho por lo que puedan hacer las empresas y muy poco por lo que puedan hacer los gobiernos. Pertenecen a la escuela de Ralph Nader, el político americano de extrema izquierda que inició su carrera escribiendo el libro “Unsafe at any speed”, en el que un coche llamado Corvair provocaba sus ataques por su gran inseguridad. Nader logró que se prohibiera el coche, pese a que investigaciones posteriores del gobierno no mostraron que fuese un automóvil especialmente peligroso en comparación con sus coetáneos. Ese libro y la campaña que le siguió le convirtieron, sin embargo, en el más famoso “defensor de los consumidores”. Sin embargo, cuando publicó el libro las víctimas por accidente de coche estaban cayendo dramáticamente, sin que Nader ni las regulaciones posteriores inspiradas por él y los suyos marcaran demasiada diferencia.

La defensa de los consumidores, desde entonces, consiste en reducir las opciones de los mismos a las que ellos consideren apropiadas. El propio Nader llegó a escribir que “el consumidor debe ser protegido a veces de su propia indiscreción y vanidad”. Las organizaciones españolas parecen seguir ese modelo, y como para prohibir opciones a los usuarios necesitan del gobierno y la Unión Europea, no parece que las acciones de éstos en contra de los consumidores vayan a ser nunca blanco de sus ataques.