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Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

Desastre a la francesa

El corte de la interconexión eléctrica entre España y Francia el pasado mes de junio fue el penúltimo capítulo del desbarajuste eléctrico que desde hace dos años padecen nuestros vecinos del norte. El último y más poderoso monopolio de la electricidad del viejo continente se niega a que su dueño, el estado francés, ponga en marcha el proceso que devuelva EDF a la sociedad civil. El plan del Gobierno es cambiar el estatuto de la empresa, de Ente Público a Sociedad Anónima y dejar franco el acceso a nuevos inversores, por ejemplo, en el parqué parisino.

La decisión de, al menos en parte, privatizar la gigantesca EDF, Electricité de France, proviene de la directriz europea de liberalización de la energía que, a fecha de hoy, se ha aplicado en la práctica totalidad de la Unión a excepción de Francia. El apego que los gobiernos franceses, ya sean de derecha o izquierda, tienen por el sector público no es un secreto para nadie, y es por ello que desde París se ha retrasado todo lo posible la liberalización del mercado eléctrico para evitar los previsibles males mayores con los sindicatos del sector. 

EDF tiene unos 112.000 empleados, es decir, el equivalente a la población de Lérida. La española Endesa cuenta en comparación y a nivel mundial con tan sólo 24.000 empleados. Tal cantidad de asalariados disfruta además de unos privilegios sociales que no están, ni mucho menos, al alcance del resto de sus compatriotas. Contratos fijos cuasi funcionariales, jornada de 35 horas y, sobre todo, un plan de pensiones propio al margen del sistema estatal que garantiza la jubilación al resto de franceses. Los afortunados empleados de EDF trabajan menos horas, contribuyen en menor medida al sistema de pensiones y se jubilan antes, mucho antes que sus vecinos, en torno a los 57 años de promedio. El plan de pensiones de EDF, tan generoso para sus participantes como desastroso para las arcas del estado, arrastra un déficit de más de dos billones de euros anuales, y creciendo. Para defender lo que los trabajadores consideran suyo (y de nadie más) no sólo se han echado a la calle con una pancarta. En las últimas semanas piquetes sindicales han llevado a cabo acciones más propias de una cuadrilla de saboteadores que de unos trabajadores preocupados por su empleo. Aparte de la faena que nos han hecho cercenando la línea transpirenaica, los sindicatos han provocado cortes de luz selectivos en los domicilios de ciertos políticos y empresarios, han paralizado el sistema de cercanías de París o –y esto ya bordea los límites del absurdo- han devuelto el suministro a clientes morosos. Todo sea por mantener la dignidad del empleo que diría algún microcéfalo del comité de empresa.

Los planes del ejecutivo Raffarin de privatizar la empresa chocan con los deseos y los privilegios de su nutrida nómina de empleados. Porque, ¿qué empresa en su sano juicio va a invertir en tan ruinosa y conflictiva compañía? Desde El Eliseo se vende como un gran negocio, no en vano EDF es la principal generadora de energía nuclear del mundo, dispone de un mercado casi cautivo de 60 millones de consumidores y cuenta con el apoyo explícito de un gobierno que pretende conservar una participación en la sociedad.

Los números sin embargo no son tan atractivos como los pintan desde los despachos gubernamentales. Observando de cerca sus finanzas la deuda neta de la compañía es de 24 billones de euros, mientras que los activos de sus accionistas apenas llegan a los 19 billones. EDF es por lo tanto una empresa técnicamente en quiebra. Al ser de titularidad pública las leyes la protegen de esta eventualidad, es decir, que no puede presentar la bancarrota. Una vez en el mercado, en manos privadas, un balance semejante no podría aguantarse más allá de un ejercicio sin hacer profundas reformas. Esto es lo que temen los sindicatos. Quizá EDF no necesite 112.000 personas para seguir funcionando, quizá 35 horas son pocas, quizá muchos de los privilegios de los que disfrutan sus empleados son eso mismo, privilegios que en el mercado abierto no se pueden mantener.

Desde el pasado 1 de julio EDF, una vez más por presión europea, ha dejado de ser un monopolio oficial en Francia. Pero tan sólo para los grandes consumidores de electricidad. Los franceses de a pie, el consumo doméstico, seguirán enchufados a la empresa pública durante al menos tres años más. Entonces el mercado francés de electricidad tendrá que abrirse en su totalidad y el monstruito estatal habrá de competir en justa lid con el resto de eléctricas europeas. Quedan tres años y lo mejor – o lo peor – está aun por escribirse.

El futuro previsible

El juez, con el rostro impasible, empezó a dar su veredicto. "La empresa Google, que ha sido denunciada por prácticas monopolísticas, habrá de ser dividida para impedir que se haga con todo el mercado de Internet. Ya sé que sus abogados han intentado convencernos de que dicho mercado es muy amplio, que hay sitio para más actores y que tan sólo hace falta innovación para echarles. Pero su monopolio actual sobre los buscadores, la publicidad segmentada, el correo web y la mensajería instantánea desmiente ese ridículo argumento, propio de economistas neoliberales."

"Su empresa, con inhumana avaricia, fue dejando a las demás sin posibilidad de competir. Primero fue un buscador mucho más eficaz y completo que los de los demás. El público estaba feliz y no se quejaba, más bien al contrario pero, ¿qué me dice de las demás punto com? ¿Acaso pretende insinuar que su ineficiencia obligaba a que se retiraran del mercado? ¿Y qué haríamos con las inversiones realizadas, con los trabajadores que se irían al paro? ¿Dónde quedarían sus derechos? ¿Quién donaría dinero para las campañas políticas?"

"Repitieron su logro a base de regalar un giga de espacio para el correo, cuando incluso el gigante Microsoft ofrecía solo un 0,2% de forma gratuita, obligando a sus competidoras a encarar la ruina y reducir sus ingresos provenientes de las cuentas de correo electrónico de pago."

"Y no contentos con ello, aprovecharon toda esta clientela para imponerles el uso de su cliente de mensajería instantánea. Ya sé que éste permitía conectarse a otras redes, pero ustedes saben tan bien como yo que eso no sólo no impidió que los usuarios abandonaran su clienet habitual, normalmente el Messenger de Microsoft, sino que hizo más fácil que lo abandonaran para usar el suyo. Ustedes se aprovecharon de su monopolio previo en el correo electrónico gratuito para hacerse con el de la mensajería instantánea, ofreciendo mejor servicio que sus competidores. Y eso no se puede consentir."

De modo que el juez dictó sentencia. Y Google fue separada. A pesar de que en el momento en que se agotaron los recursos a más altas instancias, buena parte del supuesto monopolio que ostentaba estaba hecho trizas por la competencia. Pero todo se hizo para cuidar al público del excesivo poder de la empresa. Como debe ser.

Microsoft y las multas

La Unión Europea ha hecho gala de una sinceridad abrumadora. Ha condenado a Microsoft por aprovecharse de su situación de "cuasi-monopolio". Me pregunto si dentro de poco me sancionarán por realizar un "cuasi-hurto" o un "cuasi-asesinato". Este grado de arbitrariedad, la verdad, no me produce demasiada tranquilidad.

Lo de menos es la multa, que si sigue en pie tras los cuatro o cinco años de pleitos se comerán cruda los agricultores del comunismo de la PAC. No parece que vaya esa cifra a hacer un daño irreparable a Microsoft, aunque desde luego no les hará mucha gracia pagarlo. Más importantes parecen las sanciones que les obligan a eliminar su sistema de reproducción de vídeo de Windows y publicar algunos protocolos que facilitarían la interoperabilidad de software de terceros con Windows.

La primera sanción resulta un verdadero incordio. Si bien es cierto que Windows Media Player no es estrictamente necesario para que Windows funcione correctamente, también lo es que resulta cómodo y seguro saber que todo Windows tiene preinstalado un sistema de reproducción de vídeo y audio. La propuesta de Microsoft de ofrecer una versión de su sistema operativo que instalara reproductores de la competencia parecía más razonable que la imposición adoptada.

La segunda puede parecer, en cambio, más razonable, puesto que uno de los grandes problemas de los competidores de Microsoft es la imposibilidad de presentar productos plenamente compatibles con los sistemas Windows. Sin embargo, el problema es, de nuevo, que se intenta poner un parche que no arregla el problema de fondo, que es que tanto Microsoft como otras empresas pueden ofrecer protocolos cerrados e incompatibles con otros productos por la prohibición de realizar ingeniería inversa.

Sería mejor que la Unión Europea eliminara restricciones absurdas en lugar de intentar restaurar la competencia por medio de decisiones tan arbitrarias como ésta. Pero es el viejo camino de servidumbre, en el que una intervención gubernamental termina siendo seguida por otras, inexorablemente.

Mercados libres, o algo así

La Asociación de Internautas acaba de publicar hace unos días un informe en el que detalla el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España. Más allá de algunos posibles errores, como indicar que lo de la energía en California ha sido un proceso liberalizador o que no se puede aplicar reglas de mercado a sectores donde no existe competencia perfecta (que son todos), los datos y las conclusiones son esclarecedoras. Se ha establecido un modelo en el que, para que surgieran nuevas operadoras y se ofreciera un aspecto de competencia, se desincentiva la inversión. Para mantenerlo, el Gobierno debería intervenir y regular cada vez más. Todo un caso modelo para la Escuela de Elección Pública.

Todos, espero, recordamos la época de Telefónica como monopolio público, cuando había que esperar meses o, incluso, años, para que te instalaran una línea y que luego, a la hora de hablar, se nos mezclaran nuestras conversaciones con las de desconocidos. Desde entonces, algo se ha mejorado. Parece que los datos indican que no se ha mejorado lo suficiente. El monopolio público no funciona y el privado tampoco. El mercado regulado, hasta el extremo de imponer precios desde el Estado, tampoco. ¿A alguien se le ha ocurrido probar con el mercado libre?

Es un riesgo y una decisión difícil. Si se diera el caso, Telefónica tendría que elegir entre subir los precios aprovechándose de su posición dominante, mantenerlos o bajarlos para eliminar competencia. En este último caso yo no me iba a quejar. Pero si se diera el primero, quizá el más probable, los precios subirían, lo que no haría mucha gracia a unos usuarios que, de vez en cuando, votan. Pero es esa subida la que crearía el incentivo necesario para la inversión de las demás operadoras, la competencia real y, finalmente, la mejora de precio y calidad para el cliente. Especialmente teniendo en cuenta que la telefonía fija tradicional ya no está sola, sino que padece la competencia de la telefonía móvil, el cable y, en un futuro cercano, de las compañías eléctricas y la tecnología wi-fi.

El problema es que no creo que nadie se atreva. Piqué, al que le quedan dos telediarios, no ha dado nunca muestras de tan extrema osadía liberal. Y entre los ministrables que se rumorean, el panorama se vislumbra estremecedor. Folgado, aquel que regañaba a los empresarios por no poner los precios que a él le parecían correctos. Ana Mato, la que aseguraba que el impulso de la telefonía móvil se debía a Birulés y no a empresas y consumidores. Quizá López Blanco, que tuvo la delicadeza de mostrarse en contra de la subvención de ordenadores, podría atreverse. Pero no creo que a un año de las elecciones lo haga nadie.

¿Es Microsoft un monopolio?

No es suficiente con tener éxito

Durante el juicio contra Microsoft, el jefe de Netscape preguntó a la sala donde se celebraba cuántos de los presentes tenían un ordenador personal y, de ellos, cuántos tenían instalado un sistema operativo Windows. La práctica unanimidad de manos levantadas se vio como un símbolo de que, sin lugar a dudas, Microsoft disfrutaba de una posición monopolística.

Yo también tenía esa postura. No obstante, lo malo de ser liberal es que se tiene cierto apego a la verdad; de modo que, cuando algunos amigos me hicieron ver que mi posición era muy poco sostenible, me vi en la necesidad de estudiar el caso más a fondo. Efectivamente, resulta difícil mantener que un simple y notable éxito empresarial sea malo para los consumidores si éstos no son forzados a adquirir ese producto. Resulta difícil ver qué pueda haber de malo para la gente en una situación que esa misma gente ha propiciado.

El mal nombre del monopolio es debido a las barreras legales que impiden la competencia con el mismo. Telefónica era un monopolio porque la ley impedía, por medio de la fuerza, toda posible competencia. La Seguridad Social es otro monopolio del que empiezo a dudar que nos vayamos a librar algún día. PRISA parte del monopolio concedido a base de licencias de radio y televisión.

Un supuesto monopolio que no tiene su fuente en una concesión legal no puede mantener su puesto durante mucho tiempo si no consigue impedir que la competencia le rebaje los humos. Y para conseguirlo tiene dos medios: mantener los precios bajos (en cuyo caso no parece que exista un gran problema) o presionando a las autoridades para conseguir convertirse en un monopolio legalizado. Este es el verdadero problema de una posición de dominio de un mercado logrado gracias a la superioridad de la empresa. Las preguntas que debemos hacernos son, por tanto, si Microsoft disfruta de algún beneficio legal que le permita tener el éxito que tiene y si está empleando su éxito para perpetuarse legalmente en su posición.

Ingeniería inversa

La ingeniería inversa consiste en desmontar un objeto para ver cómo funciona y, de ese modo, duplicar o mejorar el mismo. Por ejemplo, si Ford compra un SEAT Panda y lo descompone para ver cómo han hecho un coche tan cutre y barato, estaría realizando ingeniería inversa. En el ámbito informático, existen dos maneras de llevarla a cabo:

1. Empleando métodos de “caja negra”, que consiste en observar desde fuera el comportamiento de un programa al que se somete a una serie de casos de uso. Esto es factible en programas pequeños. Por poner un ejemplo, existe un programa llamado Trillian que accede a las redes de mensajería instantánea de MSN, ICQ o Yahoo!, habilidad obtenida por este método. Microsoft hizo algo parecido para que su MSN interoperara con el software de AOL.

2. El otro consistiría en descompilar un programa de modo que se obtenga el código fuente, legible por un programador, del mismo a partir del código que ejecutamos en nuestro ordenador, compuesto por unos y ceros. Es la única manera con programas grandes, como sistemas operativos.

En el ámbito del software, esta práctica está prohibida, tanto por las licencias con las que se vende como por leyes (aunque en este último caso la primera opción se permite). En general, la ingeniería inversa en un trabajo muy costoso y largo, que no suele ofrecer beneficios que justifiquen su uso. La legislación vigente en Europa, Estados Unidos y Japón parecen permitirla en el caso de que facilite la interoperabilidad entre los productos, pero en ningún otro caso.

Algunos de los usos de la descompilación no tienen relación ni con la copia del programa original ni con la interoperabilidad, único uso permitido. Se emplea para aprender a partir del código ajeno, aunque el auge del software libre ha reducido este uso, para mejorar una herramienta existente o adaptarla a un uso particular o, incluso, para comprobar si un competidor ha copiado tu código. Un caso curioso que se puede considerar prohibido por la ley es la descompilación de virus que realizan rutinariamente las compañías de antivirus para poder neutralizarlos. Claro que ningún creador de virus se va a dedicar a demandarles.

No obstante, si el código de un programa es la única fuente de la que obtener datos sobre su funcionamiento, ¿es legítimo evitar su examen para lanzar al mercado un competidor, aún cuando éste no copie el código original? Este es el caso en la legislación actual, lo que permite que buena parte de Windows siga siendo un gran secreto.

Barrera legal sobre Windows

Existe un programa que funciona bajo sistemas Unix llamado Wine, que emula el comportamiento de Windows y es el mejor en su género. Es el usado por Lindows para intentar convencer a sus clientes que su sistema operativo puede ejecutar tanto programas Windows como Linux. Es un proyecto iniciado en 1993, desarrollado empleando tanto el método de “caja negra” como el uso de las especificaciones publicadas, y sus resultados son, cuando menos, discutibles. Se pueden ejecutar muchos programas en él, pero presenta grandes dificultades con algunos, especialmente con los de Microsoft, como el Access o el Internet Explorer.

El caso de Microsoft no es un caso de demanda inelástica, especialmente porque la piratería hace realmente arduo estudiar la demanda de Windows. Son los consumidores los que deciden qué bienes son homogéneos y forman un mercado. En el campo empresarial hay una competencia dura porque los consumidores consideran a los sistemas operativos como un mercado en el que Windows no es más que uno de los participantes. En el ámbito doméstico, en cambio, sólo existe el “mercado Windows”, al que no pueden acceder sus competidores porque no pueden realizar Windows alternativos. Y no pueden hacerlo porque la herramienta para lograrlo está prohibida.

No obstante, tampoco es un caso de monopolio clásico de concesión gubernamental, pues las leyes sobre ingeniería inversa atañen a todos los creadores de software. Es evidente que ha beneficiado más a unas empresas que a otras, pero dado que no hay voces que clamen por su abolición, las quejas del resto de la industria parecen infundadas. Tampoco parece que la compañía de Redmond haya presionado a favor de dichas leyes. De modo que sólo cabe concluir en la responsabilidad de los gobiernos occidentales. Claro que ellos no se van a imponer sanciones a sí mismos, claro.

Sin embargo, sí es cierto que la actuación de Microsoft como lobby puede ser un intento de obtener ventajas legales que le permitan perpetuarse sin necesidad de satisfacer a sus consumidores. Ésta se ha centrado en la persecución del software libre, y en procurar que no se acepten estas licencias en la administración pública. Dado que sus mayores competidores emplean este tipo de aplicaciones, no parece que sus intentos tengan otro objetivo que mantenerse legalmente apartado de la competencia. Y eso sí que debería ser punible.

Falacias insostenibles

 “Planificación económica”; “crecimiento cero”; “desarrollo sostenible”. El envase varía, el contenido no. Dispusieron a su antojo de un tercio de la humanidad, de un volumen de recursos físicos aún más amplio y de tiempo, mucho tiempo… demasiado tiempo. Prometieron abundancia sin límites. Trajeron muerte, miseria y terror sin límites. La utopía se convirtió en pesadilla. Nadie les ha pedido cuentas. Ellos son “los que se preocupan”, “los que tienen conciencia social”, “los que no se mueven exclusivamente por el lucro egoísta”. Las intenciones eran buenas. Las intenciones siguen siendo buenas…

“Es verdad, el socialismo económico no producía abundancia como prometíamos, pero sí que evitará el Apocalipsis ecológico”. Completamente desprestigiada con sus viejos ropajes, la planificación completa de la economía –o sea, de la vida humana misma– reaparece con un nuevo disfraz. En los años 70 se llamó “crecimiento cero”. Todavía pueden repasarse en bibliotecas y hemerotecas las profecías –y los remedios–- que entonces realizaban –y proponían–, el Club de Roma, Paul Ehrlich y tantos otros: “En el año 2000 Inglaterra habrá desaparecido por falta de alimentos y de otros muchos recursos”; “Antes del año 2000, al menos sesenta millones de estadounidenses habrán perecido por el hambre”; “Carece de sentido tratar de salvar al subcontinente indio. Sus más de mil millones de habitantes están condenados y nadie podrá salvarlos”; “Una nueva glaciación, causada por el hombre, ha comenzado”, etc. ¿Los remedios? Esterilización forzosa; “redistribución” masiva de la renta; racionamiento de todos los recursos a través de un organismo político internacional (adivinen quiénes se ofrecían para gobernarlo). Se llegó incluso a proponer la adición de sustancias anticonceptivas en toda la comida que se vendiese en los EE.UU.

Como todo esto ya resulta grotesco, la bestia ha vuelto a cambiarse el disfraz. Ahora no se llama “crecimiento cero”, sino “desarrollo sostenible”. Eso de no crecer no parecía muy atractivo. Así que ahora nos proponen lo mismo, pero eso sí, “desarrollándonos”. La nueva revolución no sólo viene avalada por los tardo marxistas y la ONU. Ahora la apoyan también –seguramente sin saber siquiera que significa– bastantes gobiernos supuestamente liberal-conservadores, como el de José María Aznar.

Por si no se han enterado de qué se trata (el terrible bodrio de siempre), cito textualmente a Herman Daly, uno de los principales ideólogos del ‘desarrollo sostenible’: “Sin embargo, el crecimiento entre un 5 y un 10 por ciento en el tamaño de la economía (…) requeriría, aun poniendo el máximo énfasis en el desarrollo, un enorme crecimiento de la producción total que sería ecológicamente devastador. La lucha contra la pobreza será mucho más difícil en ausencia de crecimiento. El desarrollo puede ayudar, pero una seria disminución de la pobreza exigirá el control de la población y una redistribución dirigida a limitar las desigualdades de riqueza. Estas dos implicaciones del desarrollo sostenible son demasiado radicales para ser afirmadas abiertamente”. Las cursivas son mías.

No me extenderé ahora sobre todos los sofismas que contiene la teoría del desarrollo sostenible, incluido el concepto de capital “natural” que utilizan. Me conformaré con apuntar que ninguno de los puntos de los que parten son ni remotamente ciertos. La economía humana NO es un subsistema de un ecosistema global finito que no crece. No estamos en Nave Tierra con una despensa que no podemos aumentar y ya casi vacía. Más bien, somos como un niño que ha pasado su uña por el borde del Everest y al que un “ecologista coñazo” le increpa porque va acabar desgastando la montaña hasta que ésta desaparezca. El hombre no está en los confines del Universo, espalda contra espalda, con todos los recursos dominados y todo el conocimiento técnico para explotarlos ya descubierto. El hombre ya hoy en día (imagínense en el futuro) construye ecosistemas en los que sobrevive y prospera incluso en el espacio o a muchos metros bajo el nivel del mar. Algo, por cierto, mucho más confortable que ser un eslabón más en el ciclo biológico de la selva y ser devorado por los mosquitos de la malaria. Si lo prefieren, los límites del crecimiento de la economía coinciden con los del Universo. América estaba más lejos para los hombres de la Edad de Piedra, que la Luna lo está para el hombre contemporáneo. Desde un punto de vista físico, toda la Naturaleza es materia y energía. Éstas se presentan en cantidades inagotables en la Tierra, el Sistema Solar, La Vía Láctea o el Universo. Sólo desde un punto de vista económico, los recursos naturales relevantes para la acción son escasos y limitados en un momento dado. Ello es así porque sólo sobre una pequeñísima parte de toda esa materia y esa energía ha conseguido el hombre el poder de disposición físico y la capacidad técnica para, trasformándolos, ponerlos al servicio de sus necesidades. En eso consiste precisamente crear riqueza. En conseguir control sobre el entorno para hacerlo más habitable y confortable. No exagero pues si digo que la agenda de los ideólogos del “desarrollo sostenible” es impedir la creación de riqueza. Quieren impedirnos tomar el control de esa materia y de esa energía en estado “salvaje”.

Estaríamos entonces en un juego de suma cero. La despensa no podría aumentar y las raciones que se obtendrían no dependerían de lo que se lograse aportar a tal despensa, sino de otras consideraciones mucho más animales. Sabrían entonces los que creen que el mercado es un sistema darwinista, en qué consiste de verdad la Ley de la Selva. Sólo sería posible “prosperar” a costa de reducir el consumo de otros. Daly lo ha visto bien. El control forzoso de la población. Que nadie más nazca. Aborto no sólo libre y gratuito, sino además obligatorio. Si es posible también, deshagámonos de los que sobran.

Si la perspectiva les parece atractiva, aún hay más: La redistribución de la riqueza. Si, como sostienen los ideólogos del desarrollo sostenible, para que la producción sea sustentable a largo plazo, el capital (en la peculiar definición de Daly) no puede ser consumido en mayor grado de lo que es repuesto, uno no entiende para qué hay que redistribuir la riqueza. En todo caso lo que habría que redistribuir sería la renta que se consume. No se engañe aquí la gente. Tal redistribución no sería fundamentalmente entre Botín y cuarenta familias de gitanos, sino sobre todo, entre los habitantes medios de Europa y los de África. Entre los de Norteamérica y los de China. Entre los de Japón y los de la India… Suponiendo que tal redistribución se llevase a cabo (yo no veo a la gente tan dispuesta) y que no afectase a la propia estructura y volumen de producción total –algo imposible a todas luces–, les aseguro que muy pocos españoles “saldrían ganando”. Si tal redistribución no se realizase y se aplican con ortodoxia las ideas del desarrollo sostenible, los pobres jamás podrían salir de su condición. A esta bancarrota ideológica ha llegado la “progresía”. No está mal.

Sobre la competencia

En una entrevista concedida a EFE el fin de semana pasado, el presidente Aznar declaró respecto a la cuestión de la competencia: “No tenemos más interés que el del consumidor”. Se trataría pues de conocer qué entiende el gobierno por el interés del consumidor. La Ciencia Económica siempre ha considerado como un ideal la soberanía del consumidor. Ninguna producción merece ser mantenida si no proporciona los bienes más urgentemente demandados por los consumidores, con la mayor calidad y al menor precio. Desde luego, la calidad del producto y la urgencia de la necesidad entendidas de acuerdo con las subjetivas apreciaciones de los compradores y no según algún fantasmagórico análisis técnico de supuestos expertos. Ningún vendedor debe poder oponerse a cambios en la producción porque vayan en contra de sus intereses como productor. El fin de toda la actividad económica es la mejor y más abundante satisfacción de las necesidades al menor coste posible.

Dos son las condiciones necesarias para que ese ideal se materialice. La primera, que el consumidor disponga de una moneda sana. Que pueda decidir no comprar cuando los productos que se le ofrecen no le satisfagan. Que no se vea empujado a deshacerse de la unidad monetaria por el temor a su depreciación. Con un dinero de papel que en el mejor de los casos pierde la mitad de su valor cada quince años, éste ideal no se cumple ni de lejos. Llama la atención además que toda la macroeconomía keynesiana trate precisamente de conseguir lo contrario. Se trataría de mantener siempre la demanda por encima de la oferta, sin importar los precios que se pidan, la calidad que se ofrezca, la cantidad de cada bien que se produzca, o los costes en que se incurran. El paraíso de los productores ineptos donde nadie quiebra.

La segunda condición es la libre entrada en el mercado de cualquier nueva empresa. Este punto necesita algún desarrollo, pues frecuentemente ha sido mal interpretado. En el Antiguo Régimen, las compañías que deseaban operar en el mercado necesitaban de una concesión real u octroi. Igualmente, las profesiones y las artes estaban controladas por corporaciones gremiales que, mantenían escaseces artificiales limitando las afiliaciones. Finalmente, las barreras arancelarias impedían el libre acceso al mercado de los productos extranjeros más interesantes. El liberalismo removió esas barreras.

Conscientes de su impopularidad, los intervencionistas han cambiado su discurso. Se trata de volver al Antiguo Régimen utilizando para ello argumentos “en defensa del consumidor”. Dios me guarde de mis amigos, que de mis enemigos me guardo yo. La competencia ya no ha de ser libre, sino regulada. Esgrimiendo el espantajo de un solo productor que someterá a servidumbre a sus compradores, se justifica toda intervención. Hasta se crea un Tribunal de Defensa de la Competencia para el que comunistas y socialistas (qué mala señal) piden más amplios poderes. Aparecen curiosos conceptos. No obtener beneficios desde el principio y tratar de atraer clientela con precios bajos se considera “predatorio”. Se argumenta que lo que se busca es hacer quebrar a todos y luego abusar de la recién adquirida “posición dominante”. Nada de esto es cierto. Dado que vender por “debajo de coste” es un concepto imposible de objetivar, los burócratas tienen carta blanca para actuar selectivamente cuando así lo desean.

Conviene recordar que casi todas las empresas de la Nueva Economía tienen pérdidas en la actualidad y que no arrojarán beneficios hasta dentro de varios años. Eso querría decir que están “vendiendo por debajo de sus costes” y deberían ser sancionadas. Bien, con ello se haría imposible desarrollar los productos. Los estudios empíricos de lo que se conoce como learning by doing (aprender haciéndolo), demuestran que los costes pueden llegar a caer más de un 20% en las primeras evoluciones de un producto. Todo eso sería inalcanzable si las empresas no pudiesen “vender por debajo del coste” al principio. En realidad, los costes, igual que los ingresos, se periodifican en el tiempo y las inversiones se valoran a largo plazo.

Por otro lado, si alguien desea introducirse en un mercado, más le vale que venda más barato que los ya instalados. Los productos de éstos últimos gozan de una reputación ganada que el consumidor valora. Sólo unos precios bastante atractivos inducirán a probar lo que fabrica el nuevo desconocido. Las supuestas “barreras a la entrada” que suponen las marcas comerciales nada tienen que ver con las restricciones a la competencia. Allí donde existen, constituyen manifestaciones de una trayectoria de buen servicio al consumidor que éste aprecia.

Los intervencionistas se han valido de un modelo microeconómico neoclásico para presentar el ideal de la competencia perfecta. En ese modelo hay muchas empresas que hacen todas lo mismo, sin que ninguna obtenga beneficios “extraordinarios”. Desgraciadamente, dicho modelo no es ni real, ni ideal. No es real porque es estático. Es un modelo que no da cabida a la diferenciación de los productos para ajustarse todavía mejor a los deseos de los consumidores. Tampoco contempla la introducción de nuevas técnicas de fabricación por parte de los empresarios para producir a menores costes.

El modelo de “competencia perfecta” es un fantasmagórico mundo en el que nadie compite y todos elaboran día tras día y año tras año el mismo producto con las mismas técnicas. Lo grave es que ese modelo se presenta como ideal. ¿De qué pregunto yo? ¿Del estancamiento y la monotonía uniforme? Competir no es aceptar precios y costes, utilizar técnicas comunes y hacer lo mismo que los demás. Competir es innovar. Es descubrir las oportunidades de ganancia que el mercado ofrece. Es ajustar el tamaño de la planta para aprovechar las economías de escala a veces mediante fusiones o absorciones. Puede ocurrir que como consecuencia de todo ello, en algún caso y durante un determinado momento unas pocas empresas aparezcan como principales suministradoras en una determinada industria. Ese “oligopolio de facto” puede tener una apariencia externa similar al oligopolio creado por las concesiones y restricciones gubernamentales. Ahí terminan todos los parecidos. El primer oligopolio es creado o mantenido por la excelencia. El segundo, por la violencia. Las “barreras de entrada” en el primer caso son los precios atractivos, la producción eficiente y la trayectoria impecable. Las barreras de entrada en el segundo, las pistolas y las cárceles.

Aznar y la competencia eléctrica

 Dos importantes empresas de la industria eléctrica española, Endesa e Iberdrola, están planeando una posible fusión que incrementaría la concentración empresarial en el sector. Según el presidente Aznar, esto supondría una reducción de la competencia, ya que para él lo importante es el número de competidores; el gobierno debe oponerse a la fusión, para garantizar que no decrezca el número de competidores, que ahora son cuatro, y además exigir fuertes desinversiones como garantías a la competencia.

Así que parece que cuatro es un número hermoso y aceptable, pero tres no lo es. Quizás se les ocurra a los directivos que negocian la fusión crear otra empresa eléctrica diminuta (el presidente no se ha referido para nada al tamaño de las operadoras, sólo a su número) para mantener la cantidad total, aunque esto suena un poco a trampa.

El señor Aznar muestra con sus declaraciones su ignorancia económica. La competencia va inextricablemente unida a la libertad, entendida esta como el respeto a la propiedad privada y a la libertad contractual. No puede haber competencia real en un mercado que no es libre, y el mercado de la energía eléctrica está fuertemente regulado por el Estado. Esto explica por qué usted no ha recibido nunca publicidad de ninguna compañía eléctrica con atractivas ofertas de mejores precios y mejor servicio. Las eléctricas no compiten, sino que se reparten el territorio nacional con el beneplácito del Estado, que es quien les fija los precios. Dependiendo de dónde tenga usted su vivienda le corresponde una empresa y no otra, por lo cual éstas no necesitan esforzarse para mantener satisfechos a sus clientes cautivos: no hay posibilidad de elección, no hay alternativa.

En un mercado libre el número de operadores es un sector es completamente irrelevante para que éste sea competitivo. Un único proveedor puede ser eficiente según las circunstancias, si los consumidores están satisfechos y así lo deciden. Los monopolios nocivos son los mantenidos mediante las regulaciones estatales que dificultan o impiden la libre entrada y salida de empresas y consumidores en el mercado.

Como grupo de presión, las compañías eléctricas sí que son muy competentes, y pretenden recibir subvenciones a costa de los consumidores y contribuyentes que les indemnicen por los costes de la transición a la competencia. Antes se aprovechaban de que no tenían que competir, ahora hay que recompensarles por dejar de abusar del consumidor.