Etiqueta: Competencia institucional

Durante el último año, Pedro Gómez Martín-Romo ha ofrecido conferencias sobre el contenido de sus libros. Uno de ellos llamado “Competencia Institucional Normativa” y el otro “El Patrón Interés”. Hoy, en mi primer artículo para el IJM, quería tratar sobre estas recientes aportaciones. La competencia Institucional Normativa me parece verdaderamente interesante, y mis críticas serán constructivas, con el objetivo de que, si es posible, se pueda mejorar la idea. El Patrón Interés, por el contrario, considero que es una idea errónea, y mi crítica será una enmienda a la totalidad. Lo trataré en un segundo artículo. Resumiré ambas ideas. Pero, para quien tenga interés, aquí puede escuchar ambas conferencias: Competencia Institucional Normativa y El Patrón Interés.

En primer lugar, debo informar que mis críticas son a lo expuesto en las conferencias, y no en los libros, que no he leído. Existe la posibilidad de que se trate alguna de ellas en los libros y por eso yo no lo tenga en cuenta, pero dudo que sea el caso para las críticas principales, dado que eso implicaría contradecir categóricamente casi todo lo dicho en las conferencias.

A partir de aquí, dividiré el artículo en tres secciones. En la primera, el grueso del artículo serán una serie de críticas constructivas a la Competencia Institucional Normativa (en adelante, CIN). En la segunda, criticaré algunas ideas o términos que utiliza el autor, no necesariamente relacionados con la CIN. Por último, trataré el patrón interés.

Competencia institucional normativa

En mi humilde opinión, la búsqueda de un sistema político-económico ideal debe implicar, más que la solución a cada problema concreto, la creación de un marco que genere fuertes incentivos a la solución adecuada de estos problemas. Es decir, un equilibrio de Nash fuerte. Esto debe hacerse para todos los problemas reales de una sociedad, especialmente los más importantes, reconociendo que en muchos casos existen diferencias entre ellos y que la solución puede no ser la misma en todos los casos. No se debe, por tanto, olvidar o ignorar ciertos problemas por el hecho de que echen por tierra el modelo que se pretende defender.

Esta es una regla muy básica y necesaria, y tan difícil para todos de cumplir por lo complejo del mundo. No son pocos los autores a lo largo de la historia han tratado de cumplirla con sus propuestas, y probablemente ninguno todavía la ha satisfecho en su totalidad.

Implicaciones

La Competencia Institucional Normativa implica los siguientes cambios:

• Permitir que se formen, a distintos niveles territoriales agencias regulatorias con jurisdicción sobre un territorio y sobre un tema en concreto (fontanería, jardines, sector del calzado…) siempre y cuando cuenten con al menos el 25% de los profesionales del sector. De este modo, se permite (que no obliga, como veremos) la descentralización de la toma de decisiones, de modo que además participen los expertos e interesados.

• Entrada en competencia de esas jurisdicciones con las existentes, y las existentes entre ellas. Existirían, de mayor a menor nivel de jurisdicción territorial, el Estado central, los regionales, locales y estos nuevos reguladores cuasi-privados.

• Si el Estado central (se entiende que el Parlamento) aprueba una ley, por ejemplo, con el 65% de los votos que no funciona adecuadamente en la provincia de Valencia, el gobierno regional puede votarlo. Y, si obtienen al menos un voto más que el 65%, pueden aplicar una ley distinta (o derogar la ley nueva) sobre el territorio de su jurisdicción. De igual modo, si una región promulga una ley absurda, el Estado central puede derogarla si obtiene un porcentaje superior de los votos.

• Asimismo, también pueden hacerse a nivel local o al nivel que opere el regulador de este tema específico.

“Cálculo social”

Una sociedad funcional no sólo necesita cálculo económico, sino también lo que el autor llama “cálculo social”. Es decir, una competencia y “mercado” de normas y leyes que incentiven a la innovación normativa, así como una diversidad que las permita acercarse a las realidades empíricas de grano fino de cada territorio.

Comenzaré con un elogio. Las ideas expuestas me parecen verdaderamente interesantes y, hasta donde sé personalmente, innovadoras. Es precisamente desde el aprecio por lo expuesto que me dispongo a efectuar una serie de críticas cuyo objetivo es que, en el mejor de los casos, sean resueltas o tenidas en cuenta. Lo que sí es cierto es que algunas de las críticas, en mi opinión, no son triviales y representan desafíos importantes que se han de superar.

Sin entrar aún en los detalles, quiero recalcar que este me parece un enfoque general muy correcto para tratar de encontrar un óptimo político. Es decir, no solo preguntarse qué leyes debe haber, sino cuál tiene que ser el ámbito de actuación de esas leyes, el tamaño de la comunidad política así como los incentivos para la creación continua de leyes correctas y adaptadas al tiempo y territorio. No es el primer autor liberal en tratar el tema con este enfoque, ni mucho menos (la descentralización es un tema tradicional ya en el liberalismo), pero sí ha hecho una propuesta muy interesante.

El control del mal

No tener en cuenta este enfoque en el liberalismo/libertarismo lleva a la clasificación entre anarcocapitalistas, minarquistas y liberales clásicos, por orden del más puro y verdaderamente liberal al más cobarde y menos consecuente. Este modelo es demasiado simple por no tener en cuenta el ámbito de aplicación.

Las críticas que lanzo están relacionadas entre sí, siendo algunas de las últimas más sencillas, en el sentido de que son defectos que podrían ser corregidos de forma arbitraria, aunque la solución correcta no tiene por qué ser sencilla de determinar. Cada una de ellas va sumando sobre lo anterior. Trataré además de proporcionar ejemplos que permitan entender cada una de ellas.

Por si acaso alguien considera que algún ejemplo es demasiado rebuscado, quisiera añadir que, del mismo modo que existe un mercado regular, de bienes y servicios, que incentiva que la gente desarrolle el ingenio por su propio interés, la existencia de un marco legal genera incentivos para tratar de encontrar trampas y agujeros legales que les permitan sacar provecho y vivir de los demás. Cuando los incentivos son correctos, la gente es muy buena. Cuando no… Dicho de forma más coloquial, hay gente muy mala y deseosa de aprovecharse. Hay que blindarlo todo muy bien, con mucho mimo y esfuerzo, tapar todos los agujeros. A ser posible, a priori.

Medidas a distinta escala.

Algunas normas requieren de aplicación a una cierta escala para ser funcionales. Por ejemplo, las externalidades se pueden extender a gran escala y puede existir el problema del free rider. La aplicación de la CIN podría permitir a ciertas regiones escaquearse y causar desequilibrios o perjuicios.

• Emisiones de gases: El autor utiliza el ejemplo de los vehículos eléctricos o de combustión como un ejemplo de algo que podría solucionarse con la CIN. El problema es que, para la solución de problemas climáticos, es necesario que colaboren todos o, al menos, la mayor parte de los territorios, siendo además algo que les genera coste. El incentivo al free rider es muy claro. ¿Qué ocurre si una región decide escaquearse en el futuro de la prohibición de emitir ciertas sustancias (que se diseminarían por todo el planeta)? ¿Sería aceptable? El efecto del dióxido de carbono, por ejemplo, está actualmente en debate científico. Pero otros gases, como los clorofluorocarbonos (CFCs) generan daños severos a la capa de ozono con relativamente pocas emisiones.

• Contaminación de ríos: Un municipio pequeño por donde pasa un río tiene una empresa que da trabajo a todas las familias y que les dice que, o votan por permitir el desagüe de residuos tóxicos en el río, o la empresa abandona el pueblo. Sale elegida esa exención por aplastante mayoría. El río pasa por otros municipios después.

• Defensa dónut: Una región del interior, alejada de posibles invasores, se niega a contribuir (monetariamente, en especie o de cualquier forma) con la defensa nacional, beneficiándose sin embargo inevitablemente de la defensa pagada por el resto de regiones que la rodean por todas direcciones.

Externalidades y ósmosis

• Externalidad de riesgos: Un municipio aprueba aplastantemente la construcción de una central nuclear con medidas de seguridad muy deficientes, que en caso de fallo pondría en serio peligro a las regiones e incluso países colindantes.

• Radio: Una región aprueba salirse de la regulación estatal de radiofrecuencias, y comienza a emitir en su propia red. De este modo, tanto la red de dentro como la de fuera comienzan a interferirse entre ellas, siendo costosísimo o imposible sortear las fronteras.

• Ósmosis: Tomemos por caso un ejemplo usado por el autor en la conferencia. España prohíbe las botellas de plástico, pero Valencia consigue eximirse. Para empezar, existe el problema del escaqueo. Se afirma que esto se hace porque Valencia tiene un mejor sistema de tratamiento de residuos, pero este no tiene por qué ser el caso. Dado que el peligro es que estas botellas puedan acabar en el océano (tragedia de los comunes), una comunidad podría sencillamente no querer asumir los costes de la prohibición y punto. Pero, además, el hecho de que solo se pueda comprar y vender agua embotellada en Valencia no impide a los clientes comprarla en Valencia y llevársela a otro lugar. Lo importante es dónde acaba desechada la botella. En especial, si la prohibición es costosa, se genera un incentivo de mercado (incluso mercado negro) para saltársela. Es cierto que este problema existe ya entre países (y es problemático), pero aumentar las jurisdicciones (y, por tanto, reducir la distancia entre jurisdicciones distintas) facilitaría mucho este proceso. ¿Habría que instalar aduanas entre todas las jurisdicciones? Esto tendría un coste enorme.

Captura por grupos de interés

• Captura por grupos de interés: El autor afirma que ve difícil que ciertos agentes capturen regulatoriamente un territorio. Menciona que las regiones y jurisdicciones inferiores corregirían los excesos, errores o locuras de las superiores y las superiores las de las inferiores. Sin embargo, si existen suficientes intereses, también puede ocurrir lo contrario. En mi opinión, esto es más probable de lo que parece, especialmente en jurisdicciones pequeñas. Personas con mucho poder económico obtenido a nivel nacional o global podrían sobornar, presionar o intimidar a los interesados de cierto municipio o región para tener favores personales, e incluso, en el extremo, tener un vacío legal en cierto territorio para llevar a cabo acciones moralmente cuestionables que sean ilegales en cualquier otro sitio.

Reguladores privados

Además, el autor menciona que suficientes profesionales de un sector (en torno a un 25%) pueden constituir un regulador local. Eso se argumenta como algo positivo, ya que fomenta que decidan los interesados y expertos. Al fin y al cabo, los profesionales de una región (que son, según el autor, los integrantes de las agencias regulatorias) suelen ser agentes interesados. Para bien (cuando les interesa que se tome la decisión correcta) o para mal (cuando son los productores y pueden capturar al consumidor y establecer monopolios). Esto genera incentivos al abuso de poder, la tiranía del productor, gremios… Al final, los consumidores también son agentes interesados. Pero, por no ser expertos, quedarían excluidos de la decisión.

¿Quiénes pueden participar en el regulador? El autor dice que quienes tengan un título oficial y quienes tengan 5 años de experiencia en el sector. Lo de los 5 años, ¿es discutible? ¿Quién puede cambiarlo? ¿Quién decide qué es un título oficial? ¿No está esto abierto a sabotaje desde dentro?

Gremios

• Privilegios gremiales: Una proporción de profesionales de un sector de un territorio deciden asociarse para prohibir la competencia de grandes empresas extranjeras en su sector, permitiéndose solo a pequeños artesanos locales. Esto puede hacerse de forma descarada y directa o con regulaciones ad-hoc diseñadas para dificultar o impedir esa competencia, excepto para las personas interesadas. Los ebanistas locales pueden querer prohibir IKEA; las tiendas locales prohibir El Corte Inglés y cantidad de situaciones similares.

• Privilegios gremiales 2: Siguiendo el ejemplo anterior, se crearía un incentivo a que profesionales de un sector se mudasen en grupo a cierta población, para pasar a constituir allí mayoría suficiente para crear o controlar un regulador y establecer un monopolio u oligopolio.

• Privilegios gremiales 3: Una serie de graduados de economía de una universidad minoritaria que cerró sus puertas años atrás deciden mudarse a un municipio pequeño. Allí son mayoría suficiente para constituir un regulador, cuya primera medida consiste en decretar que el único título válido para ser considerado experto en economía es el de su universidad, de modo que se convierten en los únicos con derecho a decidir, abriendo la puerta a casos como los anteriores, teniendo ahora unanimidad total sobre ese regulador. Puede parecer un ejemplo extremo, pero también puede darse en casos más rebuscados. La gente es muy lista. Críticas similares a esta se hacen a los proponentes de que haya que pasar ciertos exámenes de conocimiento político para votar, y son de sobra conocidas las ofertas de empleo, por ejemplo, en universidades, cuyos requisitos están convenientemente diseñados para que el candidato perfecto sea un amigo de quien la redactó.

Ámbito de aplicación

• Ámbito de aplicación: ¿Qué tipo de leyes y regulaciones están sujetas a competencia regulatoria? ¿Reglamentos, leyes, la constitución…? ¿Sería posible, por ejemplo, abolir la prohibición del asesinato? ¿Podría permitirse en cierta región la firma de contratos de servidumbre perpetua? Si no se pueden cuestionar ciertas normas, ¿cuáles y por qué? ¿Existe peligro de que se utilice mi argumento como excusa para blindar leyes que no deberían estarlo? Hay que recalcar que estos ejemplos pueden resultar locos o absurdos porque no es algo que hayamos visto pasar nunca, pero eso es porque es imposible en nuestro sistema político actual. Pero el mundo es complicado, y cosas de estas pasan. Dejarse un agujero abierto pensando que nadie en su sano juicio lo aprovechará o que es muy descabellado es arriesgado, y puede abrir la puerta a situaciones realmente desastrosas.

• Un municipio decide amparar a agentes peligrosos o terroristas. Parece un caso remoto, pero no debemos olvidar que hay zonas en España y otros países en las que existen simpatías políticas con ciertos sectores violentos.

Bienes peligrosos

• Sustancias, artefactos o programas peligrosos: Un municipio decide (deliberadamente o por accidente al derogar una prohibición general) permitir la fabricación o posesión de sustancias químicas extremadamente peligrosas, armamento nuclear (que por suerte es actualmente difícil de fabricar sin más, pero esto podría cambiar), laboratorios de armas biológicas o incluso futuros programas informáticos o inteligencias artificiales muy dañinos. Incluso la fabricación o venta de armas de fuego convencionales podría generar peligro de que esas armas se filtrasen a territorios colindantes libres de armas. Si ya las armas yugoslavas acabaron por todo el mundo, no imaginemos si fuese un asunto a decidir a nivel regional o municipal. Este ejemplo también atañe a la primera crítica.

• Disputas entre jurisdicciones: Este es un problema que ya existe en la actualidad, y que podría agravarse con la CIN. Dada la aparición de internet y los delitos cibernéticos, ¿cómo se solucionan las disputas cuando agresor y agredido no están en la misma jurisdicción (y las normas en cada una son distintas)? ¿Se aplica la ley del territorio del agresor o del agredido? Cualquiera de las dos opciones es potencialmente abusiva.

Estafas, insultos

• Estafas por internet: Un agente ofrece un contrato libre a quienes estén dispuestos a aceptarlo. Gente vulnerable cae en la trampa. El estafador está en una jurisdicción en la que, mientras se haga por contrato, todo vale. En la del estafado hay normas para evitar el abuso contractual. ¿Solución?

• Insultos por internet: Una persona insulta por Twitter a un ídolo, profeta o tradición religioso, cosa prohibida en jurisdicciones inmediatamente colindantes, pero no en la suya. ¿Solución?

• Resolución de empates: Puede parecer rebuscado, o que la solución podría incluso ser trivial. Pero, especialmente en casos extremos, puede ser importante.

Conflictos

• Si una jurisdicción entra en conflicto con otra superior (por ejemplo, una provincia con el estado central), hasta el punto de que en ambas hay un consenso de un 100% de los votos (en cada una a favor de lo contrario), ¿cómo se resuelve?

• Resolución de problemas o conflictos graves a posteriori: Supongamos que uno de los puntos anteriores generase un problema que no se hubiera contemplado en el ordenamiento jurídico. Es decir, hemos fracasado en la tarea de tapar un agujero legal a priori.

• Resulta evidente que una región se está aprovechando injustamente de su poder o ha sido capturada por grupos de interés, pero ese problema en concreto no ha sido contemplado como posible excepción. ¿Hay alguna forma de estado de emergencia que permita invalidar o desautorizar a ese regulador? De haberla, existiría también la posibilidad de corromper ese poder, evidentemente, pero eso no significa que su ausencia no pudiese ser también problemática.

Pedro Gómez Martín-Romo, profeta

Tanto en el caso de la CIN como del patrón interés, el autor las presenta como ideas revolucionarias, correctas, prácticamente sin lugar a dudas y que, por tanto, tampoco hay duda alguna de que se aplicarán en el futuro.

Esta es una forma algo arriesgada y, a mi modo de ver, mejorable forma de presentar las ideas. Especialmente cuando se presenta una idea nueva y, efectivamente, revolucionaria, conviene estar abierto a la posibilidad de que haya problemas con esa idea, aunque sean menores. Y esto lo digo desde el respeto e incluso cierta admiración, ya que lo que propone me parece realmente meritorio e interesante.

Se me asemeja solo en este asunto a Karl Marx, que hablaba del comunismo como una fase histórica que iba a llegar sin duda. Se presenta a sí mismo como un mero catalizador para que la revolución sucediese antes. Asumamos que el autor tuviese razón en la totalidad de su propuesta. No por ello existe un determinismo que lleve a que se lleven a cabo. Son muchos los autores de diversos ámbitos, quizá especialmente en economía, que publicaron ideas hoy consideradas correctas, pero que, sin embargo, fueron olvidados por la historia, convirtiéndose en mainstream otros autores que tratan ese mismo ámbito con una teoría menos cierta o más simplona.

Insuficiente atención a la alternativa al socialismo

Durante la conferencia, el autor critica a los liberales por haber dedicado demasiado tiempo y energía a la crítica al estatismo y socialismo e insuficiente a tratar de explicar los beneficios del mercado, diciendo que esta es la causa del fracaso del liberalismo a la hora de lograr éxito político. Esto está en línea con su modo de ver las cosas. Si lo hubieran hecho, eso habría llevado a la sociedad a adoptar esas ideas, por ser correctas.

Sin embargo, no es cierto. Es cierto que muchos liberales han adoptado y adoptan una actitud de “encerrarse en su torre teórica de marfil”. Pero son muchos los que han escrito extensamente, con mayor o menor éxito, sobre las ventajas y virtudes del mercado. No por ello se ha ganado automáticamente la batalla cultural. Al contrario, mucho ha quedado en el olvido o la heterodoxia.

Si bien es cierto que el desarrollo y la creciente complejidad de las sociedades llevan a cambios sociales que son relativamente predecibles (especialmente a posteriori), la batalla de las ideas es importantísima también. Y, en este caso, no creo que haya un mecanismo histórico demasiado determinista que lleve a la aplicación de la CIN.

Cálculo social

Como he expuesto, el autor llama “cálculo social” a la competencia entre distintas jurisdicciones que permite incentivos similares a los del mercado para la creación de normas y leyes óptimos y cercanos a la realidad empírica de cada lugar.

Mi crítica se dirige exclusivamente al nombre elegido para este mecanismo. Es cierto que es la sociedad la que calcula, pero esto ocurre también en el cálculo económico. Se le llama cálculo económico porque ese cálculo que realiza la sociedad tiene que ver con asuntos económicos. Del mismo modo, dado que en este caso el cálculo tiene que ver con asuntos normativos o legales, creo que serían más apropiados los nombres “cálculo normativo” o “competencia normativa”.

El mercado normativo

El mercado normativo: El autor argumenta que su propuesta de CIN crearía un mercado normativo. Estoy de acuerdo con esta afirmación, pero no por lo que el autor argumenta.

Él utiliza el símil para referirse a la competencia entre administraciones por establecer la norma, siendo el porcentaje de votos obtenido el equivalente al precio. Considero que no es adecuado llamar a esto mercado. Más bien, competencia democrática (que a su vez permite el cálculo normativo). No se comporta como un mercado. Cada consumidor no obtiene aquello que elige, sino que los resultados de esa competencia se aplican a toda la jurisdicción de aplicación.

No obstante, sí se crea algo que puede llamarse mercado normativo. Y es la situación para el individuo/consumidor en la que puede elegir en qué jurisdicción vivir. Lo que se suele llamar votar con los pies. De este modo, el producto/servicio sería vivir en esa jurisdicción, con sus ventajas naturales y sus normas, y el precio sería pagar los impuestos correspondientes.

Definición de capitalismo

El autor define el capitalismo como “el puro y libre intercambio de trabajo”. Me sorprendió al escucharlo, pero dado que lo dice de igual modo en varias conferencias distintas, parece que no se trata de un lapsus.

El motivo por el que me sorprendió es porque, en vez de “trabajo”, esperaba escuchar “bienes y servicios”. Sustituir este término por “trabajo” lleva a pensar en la teoría del valor trabajo. Esto es extraordinariamente inusual en los liberales desde Menger y la revolución subjetivista.

De hecho, no creo siquiera que los marxistas llegasen a aceptar esta definición. Admiten que la teoría del valor trabajo aplica solo a las mercancías fruto del trabajo, y no a recursos naturales escasos como los diamantes. En este caso, su precio no depende (sólo) del trabajo requerido para encontrarlos o minarlos. Y es evidente que existe mercado (y capitalismo) de diamantes y otros recursos similares.