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Etiqueta: Democracia

Anomalías democráticas (I)

Escrito por cristobal.mataran@gmail.com en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Anomalías democráticas (I)

En las sociedades democráticas sanas, Montesquieu nos enseñó que deberían regirse por un principio de separación de poderes. Así, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben retroalimentarse y vigilarse los unos a los otros. Los ciudadanos, a través de elecciones libres y democráticas, son los que, en última instancia, controlan los poderes. Ninguno de ellos debe sobreponerse al resto. Todos se controlan y deben rendirse cuentas entre sí, siempre con el ordenamiento jurídico por encima de todos.

Ahora bien, esto es la teoría. La práctica es que todos los gobiernos intentan sobreponerse al resto de poderes, invadiendo sus legítimas competencias. Es frecuente ver cómo los gobiernos pierden en los tribunales por intentar invadir competencias que otros gobiernos, regionales o autonómicos, así como del resto de poderes, tienen asignados. Por no hablar de las declaraciones, más o menos veladas, acusando a los otros de poderes de algún tipo de confabulación contra el pueblo, ya que el gobierno, al haber sido elegido en las urnas, cuenta con algún tipo de transustanciación que le hace inmune a cualquier tipo de ordenamiento jurídico.

Sin embargo, el propio proceso democrático ha desarrollado un nuevo actor que, en circunstancias normales, debería controlar todos los poderes, especialmente al ejecutivo. Hablamos de la prensa, entendida en sentido amplio. El cuarto poder en las sociedades democráticos debe ostentarse a través de un periodismo independiente que busque las miserias del poder y las ponga en evidencia ante la opinión pública.

De nuevo, esta sería la teoría. Los gobiernos intentan, a semejanza del ejemplo anterior, moldear la opinión pública a través de la prensa con incentivos perversos. El primero de ellos es la existencia de televisiones, radios, agencias de noticias y, en ocasiones, periódicos estatales. Resulta inadmisible que el propio gobierno controle algún tipo de medio de comunicación directamente. No es posible conseguir la cuadratura del círculo: los puestos de dirección de dichos medios dependerán del favor político del momento, por lo que pedir independencia a personas cuyos puestos dependen de los vientos políticos no es de recibo.

Pero no sólo eso. El gobierno puede intervenir, además, sobre los medios privados a través de la publicidad institucional. Que el Estado, con todas sus administraciones, se haya convertido en el mayor anunciante en nuestro país es un síntoma de baja calidad democrática. Urge realizar los cambios normativos necesarios para evitar que cualquier administración tenga la posibilidad de anunciarse en los medios de comunicación privados, ya que éstos se han convertido en los mayores sostenedores de redes clientelares periodísticas.

Bien es cierto que, evolutiva y consuetudinariamente, algunos periodistas que honran la profesión han abandonado, o están abandonando, la posibilidad de la publicidad institucional. Para ello, el propio proceso de mercado ha desarrollado algunas herramientas que permiten desgajarse del chantaje de la publicidad institucional. Entre ellas, el crowfounding o la financiación a través de donaciones privadas y voluntarias destacan por su respuesta por parte de unos consumidores de contenidos comprometidos con las ideas expresadas en dichos espacios informativos.

Pero no sólo esto. Aparte de estas dos intervenciones, los Estados han entrado de lleno en el control de la prensa a través de organismos que, entre otras funciones son los encargados de otorgar las licencias de emisión. Por ejemplo, en España se necesita una licencia por parte del gobierno para emitir en un canal de televisión o emisora de radio. Con la excusa del “interés general”, los gobiernos tienen capacidad para decidir quiénes emiten en abierto y quién se queda fuera del reparto.

Pero, lo que es más novedoso es que la tecnología ha permitido saltarse estas restricciones. La función empresarial al servicio de la libertad ha encontrado formas de emitir programas, a través de podcast, por ejemplo, que ya superan en audiencia durante varias horas a las televisiones estatales. De hecho, se podría hablar de una creciente brecha generacional en este sentido: mientras los adultos siguen consumiendo los cada vez más en entredicho canales generalistas, las nuevas generaciones viran su consumo hacia plataformas sin control estatal. De ahí que la nueva vuelta de tuerca de los gobiernos pase por el control de las comunicaciones que quedan fuera de su alcance. Para ello, el concurso de las grandes tecnológicas resulta indispensable. De ahí que el siguiente campo de batalla sea este matrimonio de conveniencia entre las tecnológicas y los gobiernos. De nuevo, volvemos al punto de partida.

El comisariado

Escrito por cristobal.mataran@gmail.com en . Publicado en Análisis diario. 4 comentarios en El comisariado

Cuando vemos la oscarizada La vida de los otros (2006), nos suele llamar la atención cómo una sociedad entró en el más absoluto pánico. Un pánico irracional hacia sus vecinos. No consistía en el miedo hacia la dictadura comunista de la República Democrática Alemana, sino hacia los propios amigos o parientes. De hecho, tras la caída del Muro de Berlín en 1989 se supo que la Stasi llegó a contar con una cuarta parte de la población del país como confidente.

Una de las características fundamentales de las sociedades no democráticas, aquellas que anulan totalmente la libertad del individuo, es inocular en su población un miedo permanente. Con el fin de atomizar a los individuos, es decir, de convertirlos en entes sin capacidad de raciocinio independientes (en el mal sentido) de los demás, los regímenes dictatoriales deben dividir a la población. Ya sea entre capitalistas y proletarios, arios y judíos, o cualquier otro tipo de división que nos imaginemos, los regímenes antidemocráticos deben vivir en una división permanente de sus sociedades.

Para ello, el papel de los medios de comunicación es vital. Estos regímenes necesitan la colaboración, o directamente la intervención, de los medios. El discurso oficial debe prevalecer en cualquier aspecto del debate público. De hecho, todas las personas consideradas indeseables por el régimen deben, en primer lugar, convertirse en mal vistas por la opinión pública en general. La manipulación de estadísticas, las cuales pueden demostrar cualquier cosa que se proponga el que las formula, ha de llegar a extremos inimaginables.

El fin de este hecho es buscar la división entre la sociedad. Toda trifulca entre individuos, toda división que hagan entre ellos, es un contencioso que se ahorran los gobernantes. El triunfo máximo de este sistema consiste en que los individuos se conviertan en agentes estatales a título gratuito, como en la película. De esa forma, el Estado conseguirá enfrentar a sus individuos entre sí, ignorando por completo a los que hayan promulgado las normas que los dividen. Cuando estas normas no consigan los resultados esperados, el haber marcado de forma independiente a ciertos sectores de la sociedad hará mucho más fácil añadir ulteriores dosis de intervención como pretexto al mal comportamiento de algunos, exactamente como explicó Hayek hace tres cuartos de siglo.

Los agentes estatales no llegan, ni de cerca, al 1% de la población. No es viable para una administración establecer una política que vigile a la totalidad de los individuos. Necesita del concurso, gratuito, de gente motivada que crea que está luchando por un bien superior, algo que le han enseñado que es la bondad y la normativa que va a llevar a la sociedad a un estado de perfección. Tienen que vivir en el convencimiento absoluto de que están realizando un bien impagable para la sociedad. Da igual que sean vecinos, amigos o inclusive parientes. Se trata de hacer el vacío, dejar de lado a todas las personas que no vayan comulgando con la narrativa oficial. Ya no serán personas con las que hayan convivido en paz, puede que hasta con favores personales o cordialidad a lo largo de toda una vida. Ahora serán personas que, por algún motivo, ya no son dignas de confianza o que pongan en peligro su seguridad, inclusive con su simple presencia.

Sin embargo, este proceso no es abrupto ni instantáneo. Se trata de ir laminando poco a poco la moral de los habitantes. Las normativas absurdas y discriminadoras deben ser promulgadas poco a poco. No se le puede decir a la población, de golpe y porrazo, que tienen que dejar a sus amistades. Se les tiene que ir arrinconando poco a poco. Primero, no se les permitirá la entrada en ciertos establecimientos. Gracias a un bombardeo constante desde los medios de comunicación, esta discriminación estará más que justificada. Ningún argumento racional o lógico sacará a la mayoría de la población de sus fobias. La propia sociedad los irá dejando de lado. De esta forma, ellos mismo se irán asociando o juntando entre ellos, siendo más fácil dirigir las críticas. Así, nuevas dosis de intervención estarían justificadas ante la opinión pública. Antes que asumir el fracaso de la intervención y asumir que ha sido utilizada con motivos espurios, la sociedad preferirá mayores dosis de intervención con las que cargar sobre sus hombres antes que asumir sus errores.

¿Les suena?

¿Está en crisis nuestra democracia?

Escrito por José Manuel González Pérez en . Publicado en Análisis diario.

En fechas donde hacemos memoria de nuestra Constitución siempre reflexiono sobre este marco y sobre ello escribo. En noviembre de 2017 escribí esto que comparto. Nuestra misión, al menos la mía y seguro la de mucha gente sensata, no es sólo acatar la democracia, es apreciarla, cuidarla y mejorarla. Yo he votado la Constitución del 78 con 18 años. La valoro; es inmensa, generosa, firme y, claro, mejorable. No puedo calificar de dudosa nuestra democracia. Algunos sí lo hacen.

Tampoco puedo identificar a la democracia con nuestros gobernantes. ¡No!, es tan mía y suya, que lee esto, como de los que gobiernan, legislan o enjuician, es del sector público y del privado. Es el soporte para la confianza mutua. Es el campo de encuentro cívico, es lo que nos hemos dado como marco, el marco de la Ley de leyes. Necesito y necesitamos este campo, para pisar suelo firme, para poder tener cierto grado de seguridad jurídica para apoyar y defender la Libertad. Y esto lo necesita tanto yo, como usted, nosotros, vosotros y ellos, todos y cada uno. Es un principio básico, la igualdad de todos bajo la ley para la defensa de la Libertad, es un sostén fundamental. La Justicia cuida de la Libertad como la Economía cuida de la Política. Lo sabemos, sin ingenuidad, pero no por definición, sino por su praxis y, bueno, las praxis siempre están condicionada o depende de quienes la practican. 

¿Democracia dudosa? ¡No, en absoluto! mejorable sí, pero indiscutible para marcar las rayas del ‘fuera de juego’ al que incumple la ley, sea quien sea, gobernante o no. Las rayas bien definidas por la Constitución Española y el Estatut de Catalunya se han traspasado nítidamente. Lo sabe Europa y el mundo, aunque sutilmente lo oculte el independentismo bajo la falsa apariencia pacífica.

Aquel Govern, 72 o 70 diputados no avalan la legitimidad de las leyes de transitoriedad, “las de desconexión“, ni la DUI. La verdad de una injusticia la han envuelto y tapado, violenta y sutilmente, en una mentira; “con 72 diputados decidieron unilateralmente era suficiente”, no 90. Para seguidamente pretender legitimarlo en el Parlament el 6 y 7 de septiembre y con un muy discutible e irreputado referendum ilegal el 1-O, con signos de pucherazo y múltiples irregularidades, los porcentajes de votos a favor, en contra, en blanco y nulos o defectuosos sumaban más del 100%.

Así, con todo, el Govern y los 72 o los 70 pretendieron dar “carta de ciudadanía” a la imposición independentista. Pretendieron darle halo democrático a un totalitarismo. Esto que han hecho los independentistas es una gran mentira, una tremenda impostura totalitaria. Nada legal, nada democrática y nada que ver con la Libertad. Así, el art. 155 de la Constitución de España, no aplicado hasta aquella fecha, se ha mostrado como una gran herramienta, una obra maestra, es el artículo garante de la restauración de la seguridad jurídica para todos y cada uno, lo alaban los agentes económicos y lo avala la distensión de las variables económicas, micro y macro, ¡hasta Freixenet y toda las gentes de San Sadurní y tantos más!, artículo garante del orden legítimo, garante ante los reales abusos de “responsables”  de administraciones públicas, ante los “rebeldes”, sediciosos, malversadores y mentirosos. Artículo el 155 del que se vale el estado social democrático de derecho para restaurar las heridas y encauzar los caminos para la concordia rota.

Pero mirando la historia democrática, sí es verdad que efectivamente, a la luz del hoy convulso, demasiadas concesiones se les ha otorgado en negociaciones a los “nacionalistas” en nuestra democracia. Pero las diacronías en los juicios suelen ser difícilmente objetivas. Las democracias están llenas de vitalidad, estamos vivos, llenos de gente que en su acción humana deciden, eligen, renuncian y acuerdan sujetos a las restricciones exógensa y endógenas que operen, agentes que también aciertan y se equivocan. Esa es su esencia. Los apoyos para gobernar son los que son y están las personas que están, en cada momento.

Efectivamente, la historia y la realidad futura es siempre consecuencia de las decisiones, elecciones, renuncias y acuerdos previos y presentes, pero del futuro, más allá de una legislatura, poco se suele vislumbrar, de eso poco o nada se trata, es sólo perspectiva del gran estadista, de la alta política y del discernimiento ‘profético’. Ello sí creo ha faltado, en mayor o menor grado, en las sucesivas legislaturas. ¿Aprenderemos con todo esto? Yo sí quiero aprenderlo y no olvidarlo, pero a la luz de los acontecimientos vistos en el convulso transcurrir político durante todo este periodo y ya en 2022, con el papel ejercen los reales apoyos que sostienen el gobierno del PSOE y de Podemos, poco aprendizaje y mucho olvido ha habido y, sin duda, el exceso de intervencionismo público regulador y la sobredimensión del Estado ha generado la falta de confianza mutua, la merma de la actividad económica y una patente pérdida de libertad al resentirse la confianza.

Normas y leyes, tiranía y democracia

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Normas y leyes, tiranía y democracia

La convivencia entre seres humanos se ha sujetado siempre a normas, algo inevitable a la luz de la naturaleza hipersocial de nuestra especie. Los individuos estamos llamados a convivir si queremos sobrevivir, y esa vida en común exige normas sencillas o complejas, en relación con la propia complejidad de la comunidad que convive.

El origen de estas normas de convivencia es evidente que no puede estar en los modernos parlamentos, como pudiera ser nuestro Congreso de los Diputados o los distintos parlamentos autonómicos. Digo que es evidente porque las reglas de convivencia se han necesitado siempre, desde mucho antes que tales instituciones existieran. Hayek y Bruno Leoni explican de forma persuasiva y contundente como dichas normas se crean de forma espontánea con las interacciones sociales, y aparecen según se requieren para ir resolviendo situaciones con frecuencia de aparición creciente. No aparecen normas para situaciones excepcionales, sino para aquellas que son comunes y en las que el coste de redescubrir cada vez la solución sería prohibitivo para la sociedad.

Estas normas de convivencia funcionan aunque no se expliciten formalmente. De hecho, cuenta Bruno Leoni, la misión de los jueces romanos no era aplicar la norma, sino descubrir la norma que era de aplicación en una situación. Para ello, se valían de jurisconsultos, cuya misión consistía en investigar y documentar situaciones similares a la planteada para ver cómo las resolvía típicamente la comunidad.

Evidentemente, la complejidad de la tarea del jurisconsulto (o sus similares en otros momentos y lugares) se reduciría enormemente si alguien se encargara de llevar un registro de estas normas o costumbres. En esto consistía la codificación de las normas, esfuerzos ingentes abordados de vez en cuando por soberanos u otras instituciones, para dar lugar a los códigos. 

Es importante destacar que estos códigos no los escribía ningún soberano de acuerdo a su voluntad; por el contrario, se limitaban a recopilar los usos y costumbres con que se regía la comunidad. Lo que sí se dejaba al soberano eran las labores de justicia y ejecución que dimanaban de dichos códigos. Así por ejemplo, los reyes castellanos que querían serlo en el País Vasco, tenían que jurar los fueros de estos territorios, bajo el mítico árbol de Guernica. Los reyes juraban hacer cumplir dichos fueros, pero no se planteaban alterarlos. Eran las normas que se habían dado esas comunidades, y lo único que les tocaba hacer era asegurar su cumplimiento, no cambiarlas.

El monarca que hubiera tratado de cambiar dichas normas hubiera recibido, sin duda, el calificativo de tirano. Dejo para la opinión de cada uno si existe alguna forma de tiranía más extrema que cambiar unilateralmente las normas de convivencia que una comunidad se ha dado a sí misma.

Y, sin embargo, eso es lo que diariamente hacen todas las cámaras legislativas de los países democráticos. Cada vez que un Parlamento, una House o una Assamblée emite una ley, altera unilateralmente y desde fuera las normas de convivencia que una comunidad se ha dado o se está dando. Puede ser que lo hagan con la mejor intención, o puede ser que estén llevando a cabo algún tipo de ingeniería social, pero los efectos son los mismos: alterar la forma en que convive la gente contra la voluntad espontánea que se expresa con cada acción. Es por eso que en el título distingo normas, las que aparecen espontáneamente como resultado de la convivencia de los individuos, y leyes, las normas que son emitidas por un agente externo, y cuya validez no viene de su utilidad probada para resolver problemas de convivencia, si no de la voluntad de ciertos individuos legitimados de una u otra forma para emitirlas.

La legitimación en los países democráticos procede de los votos recogidos en la “fiesta de la democracia”, las elecciones. Se supone que los legisladores son representantes de sus electores y de alguna forma son capaces de expresar su voluntad. Pero no por ello su acción es menos tiránica, en el sentido de alterar unilateralmente las formas de convivencia que la comunidad se ha dado.

En la actualidad, la labor de los Parlamentos parece incuestionable pese a los evidentes ribetes tiránicos que describo más arriba. Sin embargo, el lector se preguntará, cuando aparecieron estas instituciones, ¿nadie era consciente de que en el fondo se estaba sustituyendo una tiranía, la del rey o monarca no electo, por otra, la de los representantes del pueblo elegidos periódicamente?1

Lo cierto es que, en origen, la función  de los Parlamentos, si no me equivoco, no era emitir normas que regularan las relaciones sociales. No: el objetivo de estas instituciones era exclusivamente el de regular al Gobierno, al que había otorgado el monopolio de la violencia para una mejor convivencia.

En otras palabras, los Parlamentos únicamente podían emitir normas de lo que llamamos en la actualidad derecho administrativo. O sea, en vez de dejarse a una persona legitimada por criterios míticos (como su sangre) la gestión del monopolio de  la violencia, lo que se decidió es que tal monopolio sería gestionado por todos los ciudadanos mediante mecanismos democráticos. Los revolucionarios franceses no hacen la Revolución para cambiar el código civil o el mercantil, lo que querían era evitar que el monarca se valiera de su monopolio de la violencia para imponerles cargas e impuestos, y la solución que encuentran es su sustitución por un órgano de decisión elegido por la sociedad.

El problema es que es muy fácil saltar de emitir normas administrativas a Leyes que regulen la convivencia social, y así convertir una democracia en una tiranía. Y en eso estamos, y nos parece tan normal. Algún día cambiarán por decreto las tablas de multiplicar para hacerlas sostenibles, igualitarias y ecológicas, y nos quedaremos tan panchos. 

(1) No se olvide además que la tiranía del rey no electo tiene una visión de largo plazo, al contrario que la de los representantes de elección periódica, con importantes consecuencias para la eficiencia de las decisiones en cada caso, como demuestra Hans-Hermann Hoppe.

La emergencia de Cuba

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La emergencia de Cuba

América Latina es un continente marcado, con algunas excepciones, por la inestabilidad política y por las tentaciones autoritarias de dirigentes circunstanciales que aprovechan las crisis de orden económico, social o político, para impulsar sus proyectos totalitarios a lo largo y ancho del subcontinente. Estas ideologías, marcadas por las corrientes del proteccionismo, la estatización y el cooperativismo están vinculadas, a su vez, a la mala praxis de una realidad de la que adolece constantemente la región: la corrupción, la desigualdad social, la pobreza y la ausencia de instituciones fuertes son algunos de los elementos que facilita el arribo de caudillos populistas, la versión contemporánea del totalitarismo de antaño.

No obstante, existe en el continente un ejemplo paradigmático de la resistencia comunista del siglo pasado que desde sus inicios intentó cruzar sus fronteras. Lo logró en los casos venezolano y nicaragüense y su influencia transciende a toda la región. La dictadura de los Castro en Cuba lleva en el poder desde el 1959, año en que Fidel Castro asume la jefatura de la nación después del golpe militar-guerrillero contra Fulgencio Batista. Desde entonces, el régimen autoritario de Fidel sobrevivió a las denuncias permanentes del mundo libre e incluso al fracaso de la Unión Soviética en 1991.

En el mundo sólo quedan dos países de gobiernos totalitarios con economías de carácter marxista: Cuba y Corea del Norte. El gobierno cubano es considerado como una de las dictaduras totalitarias más restrictivas e iliberales que siguen vigentes desde el siglo pasado y el último reducto en el mundo que preserva el modelo ideológico marxista, anticapitalista y antiimperialista. Su posicionamiento sigue una estrategia geopolítica que pretende impulsar su proyecto por una razón fundamental: la subsistencia del régimen y de sus allegados. Más allá de las consideraciones ideológicas que guardan en su asidero las líneas del autoritarismo comunista que caracterizó el desprecio de la libertad en las comunistas China o Rusia, la idea es desestabilizar los sistemas democráticos del continente.

El proyecto multinacional se extendió con el Foro de Sao Pablo a partir de 1990 cuando el régimen castrista entendió, tras la caída del Muro de Berlín y el fracaso de la URSS, que la conquista del poder ya no cabría a través de la lucha armada o la revolución socialista, sino por medio de la movilización social y la pugna electoral que permite la democracia como sistema de gobierno. Entonces, su razonamiento se escuda bajo la lógica del secuestro de las instituciones públicas y los poderes del Estado por medios pacíficos.

La estrategia continúa vigente y sigue los mismos pasos de los cuales la región ha sido testigo las ultimas décadas. El ejemplo más lúcido del caos e inestabilidad que siembra el régimen cubano más allá de sus fronteras es Venezuela, un país destruido en menos de veinte años por el comunismo, la persecución y la hambruna.

Pero el aparato ideológico ejercido desde La Habana no se limita a hechos temporales u oportunidades circunstanciales para mantener al régimen vivo, como ocurre con el caso venezolano, el fin último es que la ‘revolución socialista’ como hacía referencia Castro, se extrapole a otros escenarios más complejos. Los últimos meses hemos sido testigos de los acontecimientos ocurridos en Chile, Colombia o Perú. En caso de chileno, a pesar de que el país logró estándares sobresalientes en términos económicos y de desarrollo y además de ser uno de los países de la región más libres en cuanto a derechos políticos y sociales, cuenta con las instituciones más fuertes en términos de lucha contra la corrupción e independencia de los poderes del Estado, incluido el sistema judicial, las protestas desentrañaron una idea adversa a los avances conseguidos hasta hoy. Eso demuestra, además, la importancia de articular estrategias para comunicar los éxitos obtenidos en la gestión pública. No basta con obtener buenos resultados en términos de crecimiento, desarrollo y desempeño social si no se transmiten con contundencia y se gana el relato en el debate político.

Perú y Colombia son otros casos recientes, donde el mensaje de la izquierda más radical del continente supo ganarse el relato e imponerlo. Como consecuencia de ello, en Perú asumirá la presidencia un maestro rural vinculado al maoísmo de la sierra peruana que defiende sin tapujos la ‘democracia venezolana’ y en Colombia, que vive a la sombra de una de las guerrillas más oscuras de la historia latinoamericana, repunta en las últimas encuestas el senador Gustavo Petro, íntimo aliado de los gobiernos populistas que azotan a la región y simpatizante de la dictadura castrista.

No es baladí pensar que, tras todas estas movilizaciones y apariciones no casuales de líderes formados bajo la estela autoritaria de Cuba, se encuentren intereses trasnacionales que pretenden desestabilizar a toda la región. Se suman a la lista ejemplos paradigmáticos del retorno de viejos caudillos como Evo Morales en Bolivia y sus prácticas autoritarias o Daniel Ortega que pretende perpetuarse en el poder en Nicaragua, a costa de la persecución a la oposición política y a la ciudadanía disidente.  

Pero, a pesar de décadas de la dictadura más dura y las amenazas del dictador de turno, Díaz Canel, en Cuba aparecen protestas nada habituales contra el régimen, bajo las consignas de ‘Patria y Vida’, ‘libertad’, ‘no tenemos miedo’ o ‘muera el comunismo’. Gritos que no tienen que ver con algún tipo de injerencia extranjera –como el régimen pretende justificar sin pruebas–, demuestran el hastío de la población y encienden una chispa inevitable, algo que pocos se imaginaban considerando la raigambre totalitaria que el régimen construyó durante décadas.

No obstante, si bien las manifestaciones son una muestra ineludible del desgaste del régimen y del despertar social, las transiciones suelen ser traumáticas y tal como lo expresó el dictador Díaz Canel “tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución (…) estamos dispuestos a todo y estaremos en la calle combatiendo”. En efecto, sabemos a lo que están dispuestos porque son hijos de aquel revolucionario, mal estratega y cobarde que dijo en su mensaje a la Tricontinental en 1967: “el odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar”. Era la cara cruel del Che Guevara, ese rostro que el castrismo intentó ocultar durante años y que muchos ignoran hasta hoy.

Lo cierto es que el gobierno de La Habana está preocupado y llegarán hasta las últimas consecuencias con el objetivo de conservar el poder. El resultado final puede demorar mucho tiempo. La región latinoamericana ha vivido constantemente a expensas y bajo la influencia del régimen castrista, cuyas consecuencias han sido nefastas para la democracia y la libertad de países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Cuando la dictadura comunista de Cuba llegue a su fin podremos pensar en una nueva oportunidad para la democracia en la región, aunque ello implique dejar a muchos desamparados sin templo ni religión en todo el mundo. No será tarea sencilla, pero remitámonos a la historia: en 1987 nadie se imaginaba que el Muro de Berlín caería solo dos años después.