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Etiqueta: Drogas

Drogas: malas justificaciones del prohibicionismo

Todas las drogas deberían estar legalizadas. Siempre que no dañemos la propiedad de los demás, deberíamos de ser libres de hacer con la nuestra lo que deseásemos, sobre todo de nuestra piel hacia dentro donde, como le gustaba decir a Antonio Escohotado, empieza nuestra exclusiva jurisdicción. La historia del prohibicionismo es una historia reciente que en su brevedad ha causado demasiado sufrimiento y muertes.

Una de las consecuencias de la prohibición es que las drogas pierden pureza, que el consumidor, al tener que recurrir al mercado negro tiene menos y peores medios para comprobar lo que está comprando, que los vendedores tienen incentivos a vender sustancias más adictivas o a sintetizar las suyas para hacerlas más adictivas, que los ingresos del narcotráfico ayudan a financiar a grupos criminales y que la gente equipara el consumo de drogas como algo necesariamente negativo, estigmatizándolo y haciendo que los consumidores se aparten de la sociedad y no fomentando una buena educación sobre estas sustancias.

Sin buenas razones

No obstante, podríamos decir que, a pesar de las consecuencias negativas del consumo, las drogas deberían estar ilegalizadas por ciertos motivos suficientes para ello. El problema es que no hay buenas razones para prohibirlas. En primer lugar, prohibirte usar tu propiedad privada como desees, en este caso consumiendo las sustancias que estimes, es de primeras injusto. Requiere ejercer violencia contra alguien para impedirle actuar de una manera que en principio no daña a nadie. Por lo tanto, la prohibición de las drogas es prima facie injusta porque viola el derecho general contra la coerción dañina, atenta contra tu derecho a controlar tu propio cuerpo.

Si crees que tienes derechos propios, el derecho sobre tu cuerpo es el más obvio, y consumir drogas para el caso más claro de un ejemplo de ejercer el derecho de control sobre tu cuerpo. Si dañas el derecho de otro durante el consumo, entonces ahí sí que hay pena, pero no antes, no se debe castigar antes de cometer el daño, si no, se podría castigar todo tipo de conductas.

Por lo tanto, cualquier argumento a favor de la prohibición tendrá que demostrar más allá de cualquier duda razonable que esta agresión sobre la propiedad de cada ciudadano está justificada. Aunque la prohibición al consumo y compraventa delas drogas siempre será injusta, todavía podríamos aceptar que tuviese lugar en ciertos contextos siempre que pudiésemos encontrar una justificación lo suficientemente buena. Pero las razones para la prohibición no superan los derechos de los usuarios a su propiedad, por lo que carecen de cualquier justificación legal.

Justicia ante la ley

Podemos dividir las justificaciones del prohibicionismo, siguiendo el esquema de Michael Huemer en Justice Before the Law, en tres tipos: los que justifican la prohibición porque dañan al usuario, porque generan externalidades positivas o porque dañan a terceros.

En primer lugar, podemos defender el prohibicionismo porque el consumo de sustancias estupefacientes genera efectos nocivos muy importantes a los usuarios de estas. Las drogas pueden volverte adicto a ellas hasta el punto de que te puede dar una sobredosis o puedes volverte violento para conseguirlas, hacerte tan perezoso que hasta pierdas el trabajo, arruinar tus relaciones con tu familia, amigos y conocidos. Estos argumentos se basan en el paternalismo, en el principio según el cual está permitido ejercer violencia—al final es necesaria para imponer la prohibición, en forma última de encerrarte en una jaula—por tu propio bien. Si Fulanito fuma tabaco, bebe alcohol y come comida basura, no lo ilegalizamos, aunque más gente muera por los efectos de estas sustancias que por las ilegales.

Los usuarios supuestamente protegidos por el prohibicionismo se hacen daño únicamente por acciones voluntarias e imprudentes. Pero estos mismos no quieren los beneficios supuestos de la prohibición.  Imagina que en un hospital entra una persona con un riñón dañado por su mal uso de éxtasis, cocaína y metanfetamina. Esta persona las tomó conociendo los riesgos y de manera voluntaria. No quiere que en el hospital le curen haciéndole un trasplante de riñón. Los médicos le atan a la cama y le fuerzan a recibir un riñón nuevo contra su voluntad, dañándole en el proceso y gastando recursos que estarían mejor dedicados en otra actividad. Eso es lo que pasa cuando proteges a los usuarios prohibiéndoles el consumo. El remedio es peor que la enfermedad.

Paternalismo criminal

Los prohibicionistas paternalistas pretenden imponerse por la fuerza por nuestro propio bien. Pero envían a los consumidores de drogas a la cárcel, el peor sitio en el que vive parte de nuestra sociedad. Las cárceles son los sitios donde podemos encontrar el peor segmento de ciudadanos y más criminales por metro cuadrado (después del Congreso de los Diputados). Ir a la cárcel es mucho peor para el usuario que consumir felizmente en su casa.

El estado obliga al que viola la ley a pasarse meses o años en celdas rodeados de criminales, arruinándoles la vida al ser luego más difícil que se reinserten. Todos aquellos que han acabado en la cárcel porque los políticos buscaban lo mejor para ellos, están ahora mucho peor que si esos políticos no hubieran hecho nada. Es una coerción prolongada en el tiempo y muy dañina. Y para más INRI, tampoco esto les impide consumir drogas durante su tiempo en la cárcel. Así que el argumento paternalista no justifica la existencia de leyes contra el consumo, intercambio o producción.

Los argumentos paternalistas se basan en que se el usuario se hace daño a sí mismo y en que se genera adicción. Pero, como decía, estos motivos no sirven para justificar la prohibición de las drogas. A nivel mundial, el tabaco y el alcohol son las dos drogas que más muertes causan, de lejos (indirectamente como factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades y también directamente). Y aun así el alcohol y el tabaco son legales. La droga que más muerte causa en EEUU, el fentanilo, por ejemplo, también es legal. Por lo que, siguiendo su coherencia interna, si de verdad se quisiese evitar el daño, estas dos sustancias estarían prohibidas.

Adicción

Tampoco se puede justificar la prohibición en que las drogas son muy adictivas. El tabaco y el alcohol son mucho más adictivos que la marihuana y el MDMA y aun así estos últimos sí que están prohibidos.

Para ver aún más claro por qué este tipo de argumentos no funciona, voy a presentar una analogía. Fulanito tiene un portátil y hace muy mal uso de él. Come encima del teclado, toca la pantalla con los dedos llenos de doritos, se le cae el Sprite encima del teclado, se le ha caído varias veces al suelo, se descarga programas que añaden barras al buscador ralentizando el portátil. Un buen día, el ordenador dejó de funcionar.

¿Cómo podemos impedir que Fulanito no vuelva a hacer mal uso de su portátil? Podríamos llamar a la policía para que le lleven a la cárcel, impidiendo así que maltrate su portátil y enviando una señal a Menganito para que no le imite.  Su comportamiento no ha violado ninguna ley, quizá la rabia de que el portátil no funciona le lleve a hacerlo, pero el maltrato del portátil no es ningún crimen. La pregunta es si debería serlo.

Responderemos que no porque el daño lo ha infligido a su propio ordenador. Si hubiese dañado el ordenador de otro o a alguien con su ordenador tirándoselo, por ejemplo, entonces sí. Pero como el daño se lo ha causado él a sí mismo, pensamos que no se le debe penar por ello. Por este mismo motivo, porque dañar presuntamente tu cuerpo no genera daños a otros, las drogas no deberían ser ilegales. Si hacerse daño a uno mismo no es ilegal, ¿por qué lo es usar sustancias que pueden generarte ese daño?

Imponer una forma de vida

Además, si crees que es legítimo darle al legislador el poder de usar la fuerza estatal para impedir a la gente consumir ciertas sustancias por ser nocivas para ellos, le concedes a la mayoría (o quien sea que dirija al legislador) el poder de imponer su modo de vida a la minoría. No se va a detener en las prohibiciones a la heroína, sino que también llegará hasta el alcohol, la nicotina, la cafeína o la carne. El mismo argumento que es válido para la cocaína puede serlo para la cafeína y hasta para los alimentos que podemos consumir y no.

Contra este argumento reside mi principal defensa a favor de las drogas. Siempre que las drogas se hayan conseguido legítimamente y sean nuestras, deberíamos poder hacer con ellas y con nuestro cuerpo lo que quisiéramos, y en esto incluye consumir estas sustancias. Se debe respetar la propiedad privada siempre y cuando su uso no inicie agresión contra un tercero. Tomar drogas es un acto que como mucho perjudica al usuario, es un delito sin víctimas. Por lo que se debe dejar que cada ciudadano decida dentro de su responsabilidad cómo actuar.

Otro tipo de argumentos dice que lo importante es que ilegalizar las drogas genera beneficios a terceros, es decir, genera externalidades positivas. Al ilegalizar las drogas, los usuarios se comportarán mejor en sociedad y además se disuadirá a muchos ciudadanos a consumir, generando así externalidades positivas.

La disuasión

Esto a primera vista no parece justificar la agresión a gente inocente. ¿Hasta qué punto podemos hacer daño a un individuo para beneficiar a los otros? Aceptando que al castigar a unos por consumir se genera una externalidad positiva al desincentivar que otros consuman, no podemos obviar que los castigados tienen un derecho de propiedad sobre su propio cuerpo y sobre las drogas adquiridas legitimante que nadie debería poder violar, ni por el beneficio de una persona ni de cincuenta. Por otro lado, la disuasión puede ser hasta contraproducente. Puede que haya gente, especialmente joven, que el motivo que los lleva a consumir es que es ilegal y buscan un acto de rebeldía. Si no lo fuese y viesen a sus padres consumir, puede que muchos no lo hiciesen al perder parte de ese encanto por estar prohibido.

Tampoco se justifica el hecho de que los usuarios vayan a ser miembros más integrados en la sociedad. Si una persona trabajase de funcionario, pasase sus horas libres tirada en el sofá, viendo la sexta y comiendo dulces, por muy malo para su salud física y mental que esto fuese y por poco que aportase a la sociedad, no lo ilegalizamos. Una manera de ver que este argumento no funciona es viendo que en otros casos con el mismo resultado—dejar de ser una persona productiva para la sociedad—, pero sin consumir drogas no estarían ilegalizados. Fulanito puede dejar su trabajo, abandonar a su familia y desentenderse de la sociedad volviéndose un ermitaño que mientras sea sin consumo de por medio no es ilegal.

Daños a terceros

Es decir, la generación de externalidades positivas en otros no es suficiente excusa. La disuasión, por un lado, no está garantizada. Y no ser un miembro productivo de la sociedad no supone un problema en ningún otro caso o, al menos, no se utiliza como justificación para prohibir, salvo al hablar de drogas. Por lo que estas justificaciones también son invalidas para defender el prohibicionismo.

En último lugar tenemos los motivos de daños a terceros. Estos supuestos daños no son causados por el uso de violencia, por lo que no deberían ser ilegales. Los llamamos daños coloquialmente, pero no son agresiones, son parecidos al daño que puedo ejercerte alguien al construir un edificio muy feo al lado de tu casa y te daña porque reduce el valor de tu propiedad o al montarse una empresa que te hace la competencia.

Hacer un daño figurado a alguien no es un crimen, debería seguir no siéndolo, y tampoco debería ser un motivante para ilegalizar las drogas. Nosotros solo tenemos derecho a no ser dañados cuando este daño sea causado por la violencia o el fraude, no por un comportamiento de otro que genere externalidades negativas o competencia en el mercado.

Prohibir las agresiones

Lo que debería ser ilegal es, por ejemplo, lesionar a alguien. Pero eso ya lo es. No hace falta lo que en derecho llamamos una ley del caballo, una regulación específica para la compraventa de caballos, como tampoco hace falta una regulación para las lesiones bajo los efectos de las drogas. Se deben prohibir las agresiones, no las actividades que creamos que suelen llevar a la comisión de crímenes. Igual que de normal no ilegalizamos grupos porque pensemos que son más propensos a cometer ciertos crímenes. Se castiga el crimen. Pero ahora mismo se castiga a los que quieren consumir drogas porque al hacerlo eres supuestamente más probable a cometer un crimen, más allá del crimen de consumir la droga.

De hecho, este motivo resulta contraproducente porque la prohibición genera más crímenes de otro tipo al ser las drogas ilegales una fuente de ingresos para los criminales, si no la principal. Veremos después exactamente como, pero por ahora basta decir que no tiene sentido prohibir algo con la excusa de que esto puede generar más crímenes cuando su prohibición causa aún más crímenes.

Los motivos para prohibir el consumo y la compraventa drogas fallan. No son suficientes para justificar la agresión a la propiedad privada los individuos que la regulación asociada a estos supone. Reclamemos la libertad en uno de los muchos campos en los que la hemos perdido estos últimos años.

Ver también

Diez razones para prohibir las drogas. (Adolfo Lozano).

Sócrates y la cocaína. (José Carlos Rodríguez).

Legalización del cannabis: liberalismo de Nozick contra el moralismo legal de Devlin. (Juan Morillo).

La droga es lo de menos. (Manuel Llamas).

¿Deberíamos prohibir las drogas si la prohibición es eficaz? (José María Escorihuela).

La nueva edad dorada del crimen organizado

El 29 de noviembre del año pasado The Objective publicó en la red social X un vídeo que me causó una gran conmoción. En él se puede ver a una lancha rápida (también conocidas como narco lanchas) arrojando a inmigrantes al agua, como si de fardos de droga se tratase. Según se informaba en el mismo post, cuatro de estos inmigrantes acabaron ahogándose. Número que podría haber sido superior sin la intervención de los ciudadanos que se encontraban allí y que acudieron a socorrer a los supervivientes.

Pero al drama humano de la escena se sumó algo mucho peor: la noticia pasó sin pena ni gloria entre la sociedad española. A nuestros medios de comunicación, a nuestros intelectuales y a nuestros líderes de opinión, que una embarcación sin identificar arroje por la borda a seres humanos no les parece digno de mención. Curioso en un país donde el desahucio de una persona que no paga el alquiler pudiendo hacerlo ocupa docenas de horas de televisión.

Narcolanchas

No es un caso aislado. Las narcolanchas llevan meses protagonizando escenas espectaculares que solo se reseñan en medios especializados y redes sociales. Llama especialmente la atención que el Reino de España, con sus 66 mil policías nacionales y 77 mil guardias civiles no puedan controlar el tráfico de drogas, no ya en nuestras costas, sino en un río como el Guadalquivir, que no es precisamente el Amazonas. De hecho, según las imágenes que se filtran en las redes, nuestras fuerzas de seguridad no pueden ni evitar que los traficantes fondeen en los puertos del Estado cuando hay temporal marítimo.

Aunque, repito, lo peor no es la situación en sí, sino el silencio sobre ella. Tenemos imágenes que avergüenzan a nuestras fuerzas de seguridad, a asociaciones policiales denunciando situaciones de alto riesgo y personas muriendo. Pero no parece importar.

El control de nuestras aguas territoriales no está en su mejor momento, pero seguramente será la punta del iceberg de la negligencia estatal sobre su presunta lucha contra el narcotráfico. Solo hay que echar un vistazo a las distintas operaciones que se realizan en los puertos españoles para sospechar que la entrada de toneladas de droga debe ser algo habitual. En el puerto de Málaga los escáneres son gestionados directamente por el narco, que sufragan generosamente su coste y mantenimiento. Son una especie de Amancio Ortega, pero sin su espíritu benefactor ni, curiosamente, su mala prensa.

Inoperancia o complicidad

A la vista de estas evidencias, la situación del narcotráfico en España solo tiene dos lecturas posibles: o el Estado es claramente impotente para impedir el crecimiento de la actividad, o directamente partes cada vez más extensas de sus estructuras participan activamente en el negocio. Seguramente la realidad engloba ambas posibilidades.

En México ya hay investigaciones sólidas que apuntan a lo evidente: su presidente fue financiado por el narco. Pero no hace falta cruzar el atlántico para preocuparse. En Suecia y Holanda ya son habituales los artefactos explosivos para ajustar cuentas entre bandas criminales. Mientras que en Grecia o Italia los peces gordos del crimen circulan con fusiles automáticos y coches blindados. Y en la propia España los capos de la droga consiguen algo que solo estaba al alcance de Elvis Presley: fingir su muerte.

La situación es grave y compleja. Cada vez que se dan estos dos factores se cae en el mismo error: plantear soluciones fáciles. Así que no hace falta ser adivino para saber que en cuanto el problema no pueda ser barrido debajo de la alfombra surgirá un movimiento que pedirá lo de siempre: más Estado. Así que aprovechemos que todavía no hemos llegado a este punto para analizar la situación desde otro punto de vista.

“Soy miembro de los Talibán”

Nos situamos ahora en el 3 de julio de 2022. Unos jóvenes británicos se dirigen en avión a España para pasar sus vacaciones. Uno de ellos, de origen indio, decide hacer una broma en un grupo privado de Snapchat donde solo están sus amigos de viaje. Junto a una foto suya entrando en el avión escribe el siguiente texto: De camino a estallar el avión. Soy miembro de los Talibán. No es la broma más original del mundo, pero a su edad seguro que divirtió a sus amigos.

Lo que no sabían en ese momento es que se iba a hacer realidad un famoso meme de la época de Obama, donde en la conversación telefónica entre dos personas siempre estaba el presidente escuchando. En este caso fueron los servicios de inteligencia de Reino Unido los que, de forma desconocida, consiguieron interceptar la comunicación privada de este grupo de amigos, no entendieron la broma y terminaron provocando que el gobierno español movilizase un avión de combate para escoltar al vuelo comercial donde viajaban los chavales.

Gritar “fuego” en un teatro lleno

Seguramente no nos habríamos enterado de todo esto, si no fuera porque la burocracia estatal española fue incapaz de entender que lo mejor era dejarlo correr una vez se vio que era una falsa alarma. En vez de eso, la fiscalía y abogacía del Estado tuvieron la genial idea de acusar al pobre bromista de desórdenes públicos, basándose en el siguiente artículo de nuestro código penal:

Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.

Hay que ser muy majadero para acusar a alguien de movilizar a los servicios de emergencias por escribir una broma en un grupo privado donde esos servicios de emergencias no deberían tener acceso, reconociendo en el proceso que estos servicios tuvieron acceso a una comunicación privada, que es el único delito que se cometió ese día. Por suerte, el tribunal que juzgó el caso mantuvo la cordura y terminó absolviendo al joven británico, mientras se dejaba en el aire la duda de cómo llegó a las autoridades la broma.

Espionaje y control de la “desinformación”

Dejando a un lado la incompetencia funcionarial española, el caso nos ha hecho un servicio al resto de ciudadanos: conocer que el gobierno británico es capaz de acceder a conversaciones cifradas de extremo a extremo de una popular red social (algo que en teoría debería ser imposible).

Ante este hecho, las palabras de Ursula von der Leyen en el Foro de Davos pidiendo colaboración entre entidades públicas y privadas para poner freno a la desinformación cobran más importancia. ¿Saltarse el cifrado en las comunicaciones privadas de los ciudadanos europeos va a formar parte de esa colaboración?

Pero no vayamos al futuro, el presente ya viene con amenazas de sobra a nuestra privacidad. Hacienda va a obligar a las entidades de pago a informar de todas nuestras transacciones. En paralelo, los medios que escasean en nuestras costas y puertos se dirigen a abastecer al Tesoro nacional con nuestro dinero. Para este fin se utiliza el software más puntero. El Estado escrutará hasta las personas que se hayan refugiado en los cripto activos para castigar cualquier omisión con el fisco si no han tenido la preocupación de ser anónimos en sus operaciones.

A esto hay que sumar la nueva cruzada de nuestro presidente del gobierno: la pornografía. En unos meses, si la incapacidad estatal para echar a andar estas cosas no lo retrasa, todos tendremos que identificarnos para acceder a contenido para adultos. La pantalla de nuestros dispositivos se va a convertir en las televisiones del Gran Hermano de Orwell. Mientras nosotros vemos un contenido delicado, la pantalla nos ve a nosotros, toma nota y deja esa información disponible para aquellos que tengan acceso a ella. Que, dada la seguridad informática de los ministerios, podrá ser cualquiera.

Crimen organizado a ambos lados de la ley

Por último, la madre de todos los peligros para nuestros derechos: las CBDCs. Como ya adelantó Christine Lagarde, este nuevo dinero no va a poder garantizar nuestra privacidad, precisamente, porque hay que ponerle coto al blanqueo de capitales del crimen organizado y la financiación del terrorismo. Curioso, siendo dos sectores que, como hemos visto, crecen al mismo ritmo que la intervención del Estado en nuestras vidas.

Y es que todo apunta a que vamos a ver converger dos hechos aparentemente contradictorios: un Estado con un control social enorme junto con un crimen organizado más poderoso que nunca.

Pero no hay tal contradicción. El propio negocio de la droga lo pone en evidencia. Su ilegalización, o, dicho de otra forma, el empeño estatal en controlar lo que consumen los ciudadanos, ha sido el responsable de regalar un negocio multimillonario a personajes sin escrúpulos. El caudal de dinero es ya tan grande, que las propias estructuras del Estado terminan infiltradas. Y todo con el control de una única mercancía: la droga. ¿Qué poder alcanzaría el crimen organizado si el Estado va dirigiendo a la población al mercado negro en más y más productos y servicios?

Todo apunta a que lo vamos a averiguar en los próximos años.

Ver también

10 razones para legalizar las drogas. (Adolfo D. Lozano).

La droga es lo de menos. (Manuel Llamas).