Ir al contenido principal

Etiqueta: educación

Hablemos de sexo (y educación)

¿Cómo aprendió lo de los pájaros y las abejas?

Crecí en una familia católica muy tradicional y en la escuela no me daban clases de educación sexual. Pasé ese tiempo en la biblioteca del colegio leyendo una serie de libros que mostraban cómo hacer aviones de papel cada vez más complicados. Así que me perdí todo eso de los pepinos y los condones, pero creo que al final salí bien: Tengo cuatro hijos encantadores y amplios conocimientos de aviación A4.

Educación sexual obligatoria

Sin embargo, para asegurarse de que todos los niños reciben una formación básica en salud, relaciones y educación sexual, el Gobierno hizo obligatorias las dos primeras en todos los colegios, y la educación sexual en secundaria, que se impartirá a partir de septiembre de 2020.

Como se puede imaginar, hubo toda una serie de puntos de vista sobre lo que debe y no debe ser cubierto. Todo lo relacionado con los valores morales es difícil de manejar, dada la diversidad de opiniones en la sociedad.

Se pidió al equipo encargado de la tarea que elaborara algo que suscitara un amplio acuerdo, y el plan de estudios final y las directrices legales para las escuelas son una clase magistral de búsqueda de consenso.

Imposición…

En la actualidad, la enseñanza de estas materias en las escuelas es un tema cada vez más candente. Cada vez son más los padres que se quejan de que a sus hijos se les enseñan cosas con las que no están de acuerdo o de un modo que consideran demasiado explícito para la escuela. Algunos pertenecen a grupos religiosos con creencias especialmente conservadoras en materia de sexo y familia, pero la mayoría no.

Y no es difícil entender por qué están preocupados. Un libro de texto que se utiliza en las escuelas de todo el país aconseja a los profesores que:

Puede ser una buena idea dejar los sentimientos para el final. Aquí se puede hacer hincapié en que el amor y el afecto son a menudo partes importantes del buen sexo, pero no siempre. Para otros, el buen sexo es rápido, duro y anónimo. También puedes explorar el hecho de que algunas personas disfrutan sintiendo dolor durante el sexo, lo que a menudo se conoce como kink o BDSM. Como en todas las prácticas sexuales, lo importante es que el sexo sea consentido y que los miembros de la pareja sepan escuchar y respetar los deseos del otro.

Está dirigido a los adolescentes.

Y ocultación

También parece haber varios casos en los que las escuelas impiden a los padres ver el material utilizado con los alumnos alegando derechos de autor o privacidad. Incluso se ha llevado un caso a la Oficina del Comisario de Información (ICO), donde el regulador falló a favor de que la escuela negara a las familias el acceso a los recursos. Esto equivale a decir que los padres no tienen derecho a saber lo que se enseña a sus hijos.

Si a esto añadimos la preocupación por la forma en que las escuelas tratan las cuestiones de transexualidad con los alumnos sin informar a los padres, el resultado son crecientes peticiones de intervención gubernamental. El año pasado, algunos diputados propusieron enmiendas al proyecto de ley de escuelas (ahora desechado) para reforzar aún más la transparencia de los planes de estudios.

No estaba previsto que fuera así, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Chris Jones, Director de Estrategia Corporativa del Ofsted, lo explica:

Los directores pedían sobre todo información sobre lo que debía o no debía enseñarse a cada edad. A los directores se les dejaba decidir cuándo se debía enseñar algo, pero algunos percibían esto como una falta de apoyo por parte del Departamento de Educación (DfE).

Las orientaciones identifican un requisito mínimo, pero no contemplan ningún tope sobre lo que se puede enseñar a qué edad, por lo que puede haber presiones para ir más allá, lo que puede causar conflictos con algunos padres”.

En manos de activistas

Para que quede claro, el Ministerio de Educación indicó a las escuelas el mínimo que debían cubrir, pero no dónde podían o debían detenerse. Además, introdujo estos requisitos sin tener en cuenta los recursos que las escuelas podían utilizar. Esto dejó a los profesores y a los padres sin saber cuáles eran las obligaciones de las escuelas, y un vacío de recursos que llenaron varias organizaciones activistas que vieron la oportunidad de utilizar las escuelas para impulsar y ganar dinero con su propia agenda.

El miedo al Ofsted (Oficina de Estándares en Educación, Servicios para la Infancia y Habilidades) tampoco ayuda. Las escuelas siempre se preocupan por cómo van a ser juzgadas, y aunque algunas escuelas han tenido malas notas en las inspecciones porque no cubrían lo suficiente con sus hijos, todavía no se ha tirado de ninguna escuela por ir demasiado lejos. La presión va en una sola dirección.

Ofsted dirá que esto se debe a que sólo pueden inspeccionar de acuerdo con la ley y las directrices, y éstas no establecen lo que es “ir demasiado lejos”. Es un argumento razonable. En los casos en los que anteriormente se ha puntuado negativamente a los centros por prácticas que no habían sido explícitamente descartadas por el Departamento de Educación (DfE) -como el inicio temprano de los GCSE por parte de los niños, o la amplitud o profundidad de determinados planes de estudios-, se produjo un revuelo en el sector y tuvieron que dar marcha atrás.

Así que corresponde al DfE resolver las cosas.

Una revisión urgente

La buena noticia es que cuando se estableció la obligatoriedad de la educación sexual, el Ministerio se comprometió a revisar la situación cada tres años.

Pero dada la actual controversia y el hecho de que el departamento ya está trabajando en la orientación para las escuelas sobre cuestiones de transexualidad, los ministros no deberían esperar hasta entonces. Aunque para evitar abrir la caja de Pandora, yo sugeriría que se limitaran a hacer tres cosas.

En primer lugar, encargar una revisión de la práctica de la Educación Sexual y las Relaciones (ESR), con términos de referencia muy específicos que se limiten a definir dónde debe estar el “techo” para cada rango de edad, y qué deben hacer las escuelas para implicar a los padres en la creación, impartición y evaluación de su currículo de ESR.

En segundo lugar, deben aclarar a las escuelas -y, si es necesario, al ICO y a los editores- que los padres tienen el derecho legal de ver, comentar y, si es necesario, compartir los materiales utilizados para el plan de estudios. Si existen impedimentos legales para ello, deberían estudiar la forma de eliminarlos.

El papel de los hogares

Por último, el Ofsted debe explicar cómo utilizará las nuevas orientaciones en sus inspecciones y cómo los padres u otras personas pueden manifestar sus preocupaciones.

La transparencia es casi siempre la mejor manera de eliminar las malas prácticas, promover mejores enfoques y tranquilizar a las personas preocupadas. En última instancia, los niños “pertenecen” a su familia, por lo que la educación sexual y reproductiva debe enfocarse siempre como una colaboración entre el hogar y la escuela.

Y si el Gobierno consigue revisar correctamente la educación sexual, habrá más niños mejor preparados para crecer sanos y salvos, aunque quizá con menos conocimientos sobre cómo hacer aviones de papel, lo cual no es malo.

¿Avanzamos por fin hacia un debate abierto y objetivo sobre la identidad de género en las escuelas?

Mark Lehain. Este artículo fue originalmente publicado en CapX.

Teniendo en cuenta lo acalorados que pueden llegar a ser los debates en torno a las cuestiones trans, fue refrescante ver cuán tranquilas y ponderadas que fueron las preguntas sobre el tema en la Cámara de los Lores la semana pasada.

El asunto en cuestión eran las directrices para las escuelas sobre la identidad trans que está elaborando actualmente el Departamento de Educación (DfE). Anunciadas la pasada primavera, las directrices debían publicarse originalmente para su consulta en otoño, pero, dados los recientes tejemanejes ministeriales, es comprensible que estén tardando en ver la luz.

Acuerdos y desacuerdos

Como ilustran las preguntas de los Lores, hay mucho en juego en este documento. Hay todo tipo de puntos de vista sobre cómo estos temas sensibles deben ser tratados por los profesores. La mayoría de esos puntos de vista provienen de un lugar de compasión y cuidado, pero muchos de ellos están completamente en desacuerdo entre sí.

Va a ser muy difícil producir algo con lo que todo el mundo esté de acuerdo, así que probablemente merezca la pena revisar cómo hemos llegado a este punto y qué es lo que probablemente salga del departamento en algún momento de esta primavera.

Un documento

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la sugerencia de que era necesaria una guía no vino del Gobierno, sino del Presidente de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. La Comisión ha recibido un flujo constante de preguntas de profesores, familias y otras personas sobre lo que las escuelas deben y no deben enseñar sobre la identidad de género, o lo que deben hacer para apoyar a los alumnos que cuestionan su género. Era evidente la necesidad de contar con un resumen objetivo de las cosas, ya que, a falta de orientaciones oficiales del Gobierno, varias organizaciones habían creado las suyas propias, muchas de las cuales chocaban entre sí, e interpretaban la ley y su aplicación de maneras muy diferentes.

El entonces Secretario de Educación, Nadhim Zahawi, ministro del Gabinete responsable de la infancia y la escuela, aceptó la sugerencia de la EHRC y encargó a los funcionarios que elaboraran un documento lo más definitivo y objetivo posible. Como era de esperar, el anuncio se trató como un gran problema, y varias personas de todos los bandos del debate exigieron que se ordenara a las escuelas que hicieran lo que creyeran que debían hacer, y no necesariamente lo que exigía la ley.

Algunos incluso argumentaron que la identidad de género no era una cuestión que debiera tratarse en las escuelas, o que la orientación debería basarse en lo que las escuelas ya hacían.

Un tiro errado

Sin embargo, esto era más bien errar el tiro. El rápido aumento de niños que cuestionan su género es un fenómeno reciente en la sociedad, por lo que no es de extrañar que la gente no esté segura de cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Los profesores son expertos en enseñanza, aprendizaje y apoyo pastoral en general, pero no son profesionales de la medicina ni están cualificados para realizar diagnósticos.

Es un panorama complejo, pero afortunadamente, en lo que respecta a las escuelas, hay algunas cosas que sustentan e informan lo que hacen los profesores, que “guían la orientación”, si se quiere. Lo primero y más importante, y absolutamente innegociable, es el requisito de mantener la seguridad de los alumnos. Después, hay requisitos como la imparcialidad política y el derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos en la medida de lo posible.

También hay tres pilares importantes y claros de la ley y la práctica en los que se basará y reflejará la orientación: la ley, en particular la Ley de Igualdad; la práctica de la igualdad, guiada por la EHRC; y la Revisión Cass de los servicios de identidad de género para los jóvenes. Como dijo la baronesa Barran en el debate de la semana pasada, las orientaciones no crearán nuevas leyes ni responsabilidades. Se limitará a explicar, claramente y en un solo lugar, lo que significan las implicaciones de estos tres pilares a la hora de educar y cuidar a los niños.

Los profesores, entre los activistas y las familias

Cuando se piensa en la gama de cosas que se ven afectadas por la aparición de la identidad de género como una cuestión, la claridad no puede llegar lo suficientemente pronto. Ya se trate de las políticas de admisión, el acceso a instalaciones para un solo sexo, los equipos deportivos, las clases de educación física, los internados, los pronombres de los alumnos, la transición social -e incluso cómo enseñar la propia identidad de género a los alumnos-, sé por lo que he hablado con profesores de todo el país que andan con pies de plomo, atrapados entre activistas y familias, desesperados por hacer lo correcto y preocupados por si se equivocan.

Aunque confío en que la mayoría de los centros educativos están haciendo las cosas bien, he visto y oído bastantes casos en los que no es así. Por eso son tan necesarias estas orientaciones. Necesitamos saber, por ejemplo, si está bien enseñar a los escolares que el modelo de identidad del pan de jengibre es un hecho, en lugar de una idea. O si las escuelas deben afirmar que un adolescente es “no binario” sin que lo diga un médico. O si pueden hacerlo sin informar a los padres.

Un debate transparente

Por supuesto, no podrá dar respuestas definitivas a todo. Seguirá habiendo zonas grises, sobre todo porque, como ha señalado el informe Cass, las cuestiones de identidad de género no se han abordado de forma tan abierta o coherente como otras. Sin embargo, cuando las directrices vean la luz, espero que disipen gran parte de la polémica. No satisfará a todo el mundo, pero por fin habrá un lenguaje común y un entendimiento sobre cómo deben abordarlo las escuelas.

Y lo que es más importante, será transparente y estará a disposición de todos, que podrán verlo y comentarlo. Esto es mucho mejor que la situación actual, en la que las decisiones se han tomado a puerta cerrada y se ha dejado que las escuelas se las arreglen sobre la marcha y esperen lo mejor. Incluso podría ayudarnos a mantener discusiones tan tranquilas y educadas como el debate de la semana pasada en la Cámara de los Lores, ¡y eso sería maravilloso!

Si han conseguido miles de millones, ¿por qué los sindicatos de Enseñanza siguen en huelga?

Mark Lehain. Artículo publicado anteriormente en CapX.

Imagina que eres director de escuela en verano.

Estás absolutamente destrozado. Todo ha sido un no parar para ti y tus colegas desde que llegó Covid. Te has arrastrado a ti mismo y a tu colegio durante uno de los años más duros de la historia: el caos causado por la variante ómicron, las enormes ausencias de personal y alumnos, etcétera. También conseguiste que tus hijos pasaran los exámenes SAT o GCSE, etc.

Incluso conseguiste elaborar un presupuesto para el siguiente curso académico que casi cuadraba. Parte de ello se debió al aumento de 4.000 millones de libras en efectivo procedentes del Gobierno, pero también a algunas vacantes que quedaron sin cubrir para septiembre a pesar de los repetidos intentos de encontrar gente.

Y justo cuando crees que todo está bajo control, el Gobierno recomienda una subida salarial para los profesores muy superior a la prevista (pero por debajo de la inflación) y los precios de la energía se disparan. Ahora tienes que hacer frente a un déficit y recortar personal o ayudas a los estudiantes.

No es de extrañar que quienes trabajan en las escuelas se sientan tan angustiados. Como todo el mundo, han sido unos años difíciles debido a Covid, y ahora la crisis del coste de la vida también se está cebando con ellos.

Por eso no es de extrañar que los sindicatos escolares hayan convocado una huelga. No estoy de acuerdo con ellos, pero comprendo su frustración. Fui profesor y director de escuela durante 15 años, y la mayoría de mis compañeros están en la profesión. Entiendo por qué empezaron por este camino.

Pero no entiendo por qué siguen presionando para ir a la huelga ahora que la Declaración de Otoño les ha dado el dinero extra por el que estaban haciendo campaña.

El Gobierno se había comprometido en 2019 a devolver la financiación por alumno en términos reales a los niveles de 2010 -recordados como una época de abundancia por aquellos de nosotros que estábamos en las escuelas entonces-. En la revisión del gasto del año pasado se prometió un gran aumento de la financiación, que en aquel momento era suficiente para cumplir esta promesa. Entonces la inflación se disparó -y ha sido incluso más alta para las escuelas que en otros lugares- y parecía que las cosas se torcían.

Sin embargo, las hábiles maniobras públicas y la reactivación de la campaña de recortes en las escuelas ejercieron suficiente presión para que Rishi Sunak diera una última sacudida al árbol mágico del dinero y encontrara 2.300 millones de libras más para cada uno de los dos próximos años. De un plumazo, el nivel mágico de financiación de 2010 volvía a estar en marcha para 2024. Y no hay que fiarse de la palabra del Gobierno: hasta el siempre escéptico IFS está de acuerdo.

Ayer, el Ministerio de Educación esbozó cómo se repartiría este dinero, y parece que aterrizará en los presupuestos a partir del próximo mes de septiembre con un mínimo de alboroto o retoques, lo cual es estupendo de ver.

Sin embargo, los sindicatos siguen amenazando con la huelga. Exigen aumentos salariales acordes con la inflación, sin pensar de dónde saldrá el dinero. Al escuchar la retórica de los líderes sindicales, uno pensaría que sus miembros se enfrentan a un desafío único del coste de la vida, en lugar de a un azote que afecta a todo el país.

El salario medio de los profesores en 2021 fue de 42.358 libras: 39.000 libras para un profesor de aula, 57.100 libras para los altos cargos y 74.100 libras para los directores. Puede que esto no sea tan bueno como antes o como les gustaría a los profesores, pero siguen siendo realmente buenos en comparación con la media del Reino Unido de 32.000 libras. Y, por supuesto, eso es antes de añadir la contribución a la pensión de casi el 24%, lo que supone unas 10.000 libras más de media.

Teniendo esto en cuenta, exigir ahora aumentos salariales que se salten la inflación es una insensatez, y se corre el riesgo de dañar la merecida confianza que el público ha ganado con tanto esfuerzo en la profesión. Sólo nos queda esperar que alguien en la dirección del NEU sepa leer el ambiente y recapacite sobre la acción sindical.

Tampoco podrán contar necesariamente con el apoyo incondicional del público. Por supuesto, puede que ahora los encuestadores digan que apoyan la huelga de los profesores, pero ¿sentirán lo mismo cuando pierdan su sueldo, la escuela de su hijo cierre y no puedan trabajar? ¿Qué credibilidad tendrá el personal que persigue a los niños con baja asistencia para que vayan a la escuela, cuando hace poco han cerrado esa misma escuela por una huelga?

¿De verdad creen que “estamos en huelga por el bien de los niños” es creíble, cuando los dos últimos años han dejado tan claro lo terrible que puede ser el impacto del cierre de escuelas para los niños? Ahora más que nunca, los niños necesitan pasar todo el tiempo posible en la escuela.

Si las huelgas siguen adelante, será una situación en la que todos saldrán perdiendo: el país, los niños y la profesión.

No discuto que las cosas estén realmente difíciles en estos momentos, pero esa es una razón más para que ahora no sea el momento de hacer huelga. Los niños necesitan sus escuelas más que nunca. También necesitan que sus profesores utilicen su capital político para poner de relieve dónde están los peores puntos de presión, y eso no es el sueldo de los profesores. Son los problemas del sistema de asistencia social, las listas de espera para recibir ayuda en salud mental, la insuficiencia de plazas en centros alternativos y especializados, etcétera.

Espero que los directores de escuela y otros se lo piensen mucho antes de votar a favor de la huelga estas Navidades. Ocupan un lugar muy valioso en las comunidades a las que sirven. En estos tiempos difíciles, las familias acudirán a ellos en busca de apoyo y soluciones, no de huelgas.

Anomalías democráticas (y V)

El sistema universitario, por su forma de ser, constituye una anomalía que debe ser analizada desde un punto de vista independiente del sistema educativo. Para empezar, no se trata del sistema educativo propiamente dicho, esto es, los alumnos que alcanzan un grado universitario se presumen que ya han alcanzado un nivel suficiente de conocimientos. Los alumnos no van a las universidades a educarse, sino más bien a aprender una profesión de alta remuneración.

Pues bien, la primera salvedad sería por qué el sistema universitario debe estar estatalizado. Si las justificaciones para un sistema educativo básico regido por el Estado de forma directa ya son cuanto menos discutibles, no termina de entender por qué el Estado tiene que organizar y gestionar directamente la enseñanza posobligatoria. Una vez que los niños hayan recibido la instrucción básica, el Estado no cuenta con ningún incentivo para seguir el proceso educativo de los estudiantes. La democratización de la universidad ha llevado a la proliferación de estas, a la existencia de campus en prácticamente todas las ciudades de tamaño pequeño y, como consecuencia de ello, a la minusvaloración de los títulos por parte del mercado de trabajo.

Sin embargo, una vez que se conoce el sistema educativo desde dentro, la cuestión comienza a cobrar sentido. El sistema universitario estatal, como todos los servicios públicos, son un fin en sí mismos. No se trata de ofrecer una educación de calidad, sino la constatación de la cantidad de personas que viven del sector. Ahí tenemos los ránquines internacionales en los que las universidades españolas no es que queden mal, es que directamente ni aparecen. Claustros y alumnado luchan a capa y espada para que cualquier tipo de innovación educativa, especialmente el acercamiento de la realidad empresarial a las aulas quede totalmente al margen.

Pero existe una cuestión aún más perniciosa respecto de la enseñanza universitaria: su regresión. Frente a unos Estados modernos que claman la redistribución de la renta como uno de sus principales papeles (aunque esto viole el principio de igualdad ante la ley), las universidades toman su financiación de los contribuyentes (léase, las clases medias) para financiar los estudios de unos pocos estudiantes (más de los que deberían, en realidad). Al subvencionar los estudios universitarios, los estudiantes no asumen el coste íntegro de su acción, por lo que arrojan sobre la espalda de los contribuyentes parte de sus costes. Un joven que comience a trabajar lo antes posible, por ejemplo, estará financiando con sus impuestos los estudios de otros jóvenes de su edad que decidan continuar estudiando.

Pero no sólo eso. La universidad es un tipo de sector en el que se vuelve a competir deslealmente entre el Estado y los entes privados, al igual que sucedía con los medios de comunicación. Así, mientras las universidades privadas viven de las matrículas de sus alumnos y los derechos sobre patentes que puedan obtener de sus investigaciones, las universidades públicas siempre contarán con la financiación estatal, con el perverso incentivo sobre la productividad que ello supone.

Sin embargo, en el debate entre universidades públicas y privadas, los defensores del estatismo argumentan que la enseñanza pública cuenta con mayor calidad precisamente por situarse en mayores niveles de sexenios, acreditaciones y todo tipo de beneplácitos administrativos de la propia administración. Esto es, las universidades estatales cuentan con mejores certificaciones estatales. Pero, es debido a esa liberación de horas y de carga de trabajo que puede sustentarse sobre las espaldas de los contribuyentes la razón principal por la que un profesor de la universidad estatal puede dedicar parte de su jornada laboral a la investigación, mientras que los profesores de la enseñanza privada tienen la necesidad de impartir más docencia para justificar los beneficios de sus universidades.

Pero la última cuestión, y puede que la más hiriente, sea cómo la universidad estatal se convierte en correa de transmisión del poder político. No es infrecuente ver cómo catedráticos, decanos o rectores van y vuelven de la universidad estatal a la política y viceversa. Las promociones estatales de estudiantes son cantera del sector público, tanto en funcionariado como de cargos públicos. Pese a tratarse, en teoría, de entes autónomos, lo cierto es que las universidades viven en una matrimonio de conveniencia con el poder político, en cierto modo parecido a la banca o las compañías eléctricas.

Serie ‘Anomalías democráticas’ I, II, III, IV

¿Quo vadis, educación? El dogma lila

Un fantasma recorre nuestras aulas; es el fantasma de la ideología de género y el igualitarismo entendido de la peor manera posible. Es decir, en el sentido de la búsqueda y exaltación de la igualdad de resultados enmascarada de una presunta igualdad de oportunidades. Ambas no dejan de ser una quimera. Aun así, siempre será más favorable potenciar esta última, puesto que el talento es un bien muy escaso y debe ser galvanizado para beneficio de todos.

Por mi formación conozco relativamente bien cómo funciona la Educación[1], en concreto, la Secundaria Obligatoria. Después de mi paso fugaz por las aulas debo afirmar que la situación es catastrófica. Por si algún lector intrépido tuviera interés en saber qué está ocurriendo en un sector tan delicado e importante como es este, le emplazo la obra de José Sánchez Tortosa, especialmente: El profesor en la trinchera (2008), El culto pedagógico. Crítica del populismo educativo (2018), y también a Gregorio Luri, La escuela no es parque de atracciones (2020).

Empieza a florecer la literatura contra el mainstream educativo y los dogmas instaurados a fuego por parte de unos pedagogos que quieren jugar a ser guardianes de la moral y convertirse en una especie de ingenieros sociales que moldeen al alumnado a su imagen y semejanza. Siempre izan la bandera de la tolerancia, el respeto hacia la diversidad y demás frases rimbombantes que tienen un sustento condicional, es decir, tolerante en tanto en cuanto digas y opines lo que yo dictamino que es correcto. Diversidad sí, pero no ideológica (¿un profesor liberal? ¿conservador?). Para muestra un botón. Animo a cualquier lector a plantear una conferencia provida en un instituto de secundaria o en alguna universidad (públicos ambos). La respuesta será categórica: no. Argüirán que se trata de intolerancia, fundamentalismo religioso (católico, por supuesto), fascismo o algún argumento comodín. En la universidad, en el mejor de los casos, si se llegara a celebrar sería “escracheada” por aquellos que enarbolan la bandera de la libertad de expresión. Si la cuestión provida se sustituyera por “una defensa del capitalismo”, el resultado con mucha seguridad sería el mismo.

Esto es el desenlace de una completa hegemonía cultural y educativa por parte de la izquierda. Los mismos que reparten carnets de demócrata deciden quién puede participar y quien no en espacios públicos. De ahí que, bufones de la corte de “Progretiland”, puedan convertir nuestros institutos en auténticos sumideros de ideologías totalitarias o nihilistas hasta la saciedad. Un ejemplo claro: el albardán de Pamela Palenciano humillando en un instituto público a chavales de 15 años. Para más inri, con dinero público (con capital privado tampoco estaría justificado). Podría pensarse que estas conferencias feministas no son la norma, puedo aseverar que sí que lo son. De hecho, después de cursar el Máster de Formación de Profesorado en la UAB puedo afirmar categóricamente que se trata de planes de estudios organizados por una especie de Politburó lila cuyo fin es la proyección negativa de sus propias frustraciones.

Este término sacado de la psicología (proyección) fue acuñado por Freud a finales del s.XIX en referencia a personalidades paranoides y ególatras. La premisa básica que impregna el concepto es que no se ve el mundo como es, sino como somos nosotros. Esta cohorte de (des)educadores sienten ofensas percibidas desde fuera, esto es un arcaico mecanismo de defensa para los sentimientos de ansiedad y culpabilidad. Dichos mecanismos defensivos salen a flote cuando la función del ego de demostrar la realidad se ve seriamente dañada por una regresión narcisista. Es dentro de la paranoia donde este espíritu de proyección alcanza su mayor potencial, el clímax son los delirios persecutorios que experimentan dichos sujetos con las sensaciones que sienten interiormente, el psicoanalista Otto Fenichel lo postuló de la siguiente manera “In general, the organism prefers to feel dangers as threats from without rather than from within because certain mechanisms of protection against overly intense stimuli can be set in motion against external stimuli only” (Fenichel, 2014, pág. 131).

Esta especie de “dictablanda” está encabezada por pedagogos, los cuales son a la educación lo que los demagogos a la política. Más allá que esto pueda parecer una hipérbole para desprestigiarlos es importante mencionar el correlato etimológico entre ambas palabras: demagogo como conductor de masas y pedagogo como conducción o educación del niño (Tortosa, 2018, págs. 28-29). Las concomitancias entre ambos en la educación actual son cada vez más notorias. La visión del mundo con las “gafas lilas” hace que aumente la miopía y el astigmatismo con una tendencia patente de distorsión de la realidad a voluntad propia. Se trata de la sintomatología de una época posmoderna que ensalza los valores de la subjetividad hasta límites insospechados, lo cual no deja de ser la culminación de un largo proceso iniciado en los albores del “Mayo francés” entre adoquines y estructuralismo.

Es importante mencionar quiénes son estos pedagogos. De ejemplos hay muchos. Quizás lo más importante sean sus características ideológicas: anticapitalismo, feminismo radical (anti-terf, seguramente) y cualquier “lucha” minoritaria que se ponga por delante. En muchos casos, se trata de personas que consiguen plazas fijas en universidades, que están dentro del mundo editorial, educativo, en medios de comunicación y demás. Aún así, creen firmemente que se les silencia. Es curiosa la tradición occidental de financiar a sus propios “revolucionarios” para que se dediquen a difamar a nuestra cultura mientras ostentan cargos públicos bien remunerados y viven bajo el paraguas de un estado permisivo y protector.

Haciendo un salto temporal, los revolucionarios de principios del siglo pasado sí que tenían un coste de oportunidad altísimo, un ejemplo es Stalin. El que después sería el sátrapa soviético, disponía de unas convicciones con las cuales se jugó de facto la vida robando bancos en la Rusia zarista para así financiar la revolución, con esto no estoy insinuando que atracar bancos sea correcto o que Stalin sea ejemplo positivo de nada, lo que articulo es que en las sociedades occidentales hay una izquierda “radical chic” (como lo postuló Tom Wolfe) que se dedica a despotricar y organizar protestas románticas donde confluyen batucadas y fotos en redes que nada tiene que ver con la “Revolución”, sino más bien con un ansia desmesurada de alimentar el ego. Y por supuesto, donde el coste de oportunidad personal es ínfimo. Lo que hoy tenemos son revolucionarios anticapitalistas financiados desde la Administración y es precisamente la abundancia generada por el sistema económico la que permite que esto suceda[2].

Por eso debemos preguntarnos hacia dónde va la Educación de nuestros hijos, adolescentes, adultos. ¿Qué valores se inculcan? Hasta donde yo he podido ver, el valor fundamental en el cual hacen hincapié es el de la igualdad de género (aunque no es el único, se inocula también la cosmovisión anticapitalista, colectivista y en algunos casos, predomina un halo de marxismo cultural). Es significativo que la premisa igualitaria se aplique sólo dónde ellos creen conveniente, puesto que las mujeres representan el 66,6% (es decir, dos tercios) del total del profesorado[3]. No hace falta mencionar que en este campo donde hay predominio femenino no se pide una paridad 50-50 como en otros lugares bien remunerados, curiosamente nadie pide paridad asfaltando carreteras a 40º a la sombra en verano. Sea como fuere, si durante el Franquismo la religión católica ocupaba un grueso importante dentro del sistema educativo, con la secularización se han conseguido potenciar religiones intramundanas (como postuló Eric Voeglin) como es, de facto el feminismo en la actualidad.

Así pues, considero de vital importancia inmiscuirnos dentro de la Educación y no dejarla inmersa en un pozo de ignorancia supina, exaltación de la mediocridad, fervor por la subjetividad sentimental, frenesí de ideología revestida con tintes de “ciencia” y, en definitiva, del desprestigio hacia el intelectualismo y a los valores de responsabilidad individual y trabajo duro. Los que somos hijos de la educación pública, debemos proteger este ascensor social que nos permite analizar críticamente la realidad sin dejarnos embaucar por las ínfulas totalitarias de los ingenieros sociales que pululan a su antojo parasitando instituciones públicas. Especialmente, profesores (universitarios) que olvidan que su objetivo es aportar conocimiento, conseguir que el alumnado aprenda y no hacer de activistas sociales. Para ello hace falta una alternativa a esta izquierda que gobierna, pero no convence, y conseguir derogar el mantra propuesto por James Carville de “[it’s] the economy, stupid”. Hay que empezar a poner el foco en la cultura, esa área tan descuidada por la derecha.

Bibliografía

Bell, D. (2015). El final de la ideología. Madrid: Alianza Editorial .

Fenichel, O. (2014). The psychoanalytic theory of neurosis. Londres: Routledge.

Tortosa, J. S. (2018). El culto pedagógico. Crítica del populismo educativo . Madrid: Akal.


[1] El término procede del latín educatio, sustantivación de educare, próximo a ducere, que significa sacar fuera, criar.

[2] Esta concepción se la debo al sociólogo estadunidense Daniel Bell en referencia a los estudiantes del “Mayo francés” diciendo lo siguiente: La riqueza de la sociedad permitió que estos hijos floridos se desentendieran de todo y vivieran de lo que les mandaban sus padres (Bell, 2015, pág. 128). Bell también expone el ejemplo de Stalin, no como algo positivo, sino como muestra de que los revolucionarios antes se jugaban la vida, no sólo por los actos delictivos, sino a veces por el simple hecho de escribir un libelo que no le gustará al poder de turno. Mi posicionamiento es el mismo.

[3] Pueden consultarse los datos en el siguiente enlace: https://stecyl.net/informe-indicadores-de-la-educacion-2020-pofesorado-del-sistema-educativo-por-edad-y-sexo/

Anomalías democráticas (IV)

La educación no universitaria como forma de coacción estatal surgió en nuestro país a comienzos del s. XIX con la denominada Ley Moyano (1857), elaborada por Manuel Alonso Martínez, un ministro de Isabel II que impuso por primera vez la educación obligatoria. Así, entre los seis y los nueve años se reservaba la instrucción básica, aunque se dependía en buena medida de los ayuntamientos y de la beneficencia para su correcta implantación, ya que el Estado no contaba con los recursos suficientes para hacerla cumplir. Posteriormente, la enseñanza media, que incluía el título de magisterio, se situaría en las capitales de provincia, obligadas a contar con, al menos, un instituto. La educación universitaria se reservaría en exclusividad para el Estado, algo que sobrevivió hasta finales del s. XX.

Un punto de inflexión fue la Ley General de Educación (1970). España, metida en guerras varias hasta bien entrado el s. XX, apenas tuvo tiempo de organizar de forma clara una educación estatal duradera. Como podemos suponer, esta ley supuso una escenificación de la dictadura franquista. Aquí vemos un gran ejemplo de la ideología y la imposición en el ámbito educativo. Así, asignaturas como Formación de Espíritu Nacional y Hogar (para ellas) son algunos ejemplos. Además, aumentó la edad mínima de instrucción por parte del Estado hasta los catorce años. Sin embargo, la ley contaba con una característica que la hacía única, así como imperdurable en un sistema democrático: la dureza en el acceso a las becas. La consecuencia más palpable es que la educación era un verdadero ascensor social, algo que las posteriores leyes educativas se ocuparon de finiquitar.

El siguiente punto de inflexión llegaría con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990), más conocida como LOGSE. Aquí la primera novedad fue el aumento de la edad de instrucción estatal hasta los dieciséis años. Pero en lo que destacó la LOGSE fue por deteriorar el sistema educativo hasta niveles nunca vistos. Podrá decirse que la educación estatal es pura instrucción, que lo era, pero el sistema de becas y acceso a la universidad era razonablemente justo. Esto cambia a partir de los 90. Desde entonces, el sistema educativo se ha concebido en su forma más democrática posible, esto es, todos deben tener derecho, no a la instrucción, sino al título. Vamos ya para dos décadas largas de deterioro inexorable del sistema educativo, especialmente de la enseñanza media.

La educación estatal ha llegado a un punto en el que se ha convertido en una carísima maquinaria burocrática que produce analfabetos a gran escala. Los estudiantes acaban la enseñanza media sin haber leído un libro, sin el más mínimo conocimiento de la historia de su país, de la lengua que hablan (no hablemos ya de otras) o de las matemáticas más básicas. No es en absoluto infrecuente que los estudiantes deban acudir a academias privadas para obtener títulos certificados por instituciones extranjeras para acreditar cierto nivel de conocimientos en otros idiomas, lo cual escenifica a la perfección dónde está el sistema estatal. Poco se puede añadir de una prueba estatal de acceso a grado universitario en la que casi la totalidad (llevamos dos años rozando el 100% de aprobados) consiguen acceder a estudios superiores con el nombre de selectividad. El ascensor social que, en otro tiempo, supuso la educación ha sido pulverizado por el buenismo y la obligación moral de dar un título académico a todo el mundo. Se trata de un ejemplo palmario de cómo el Estado va copando otra área más de la sociedad para, poco a poco, desprestigiarla y convertirla en un elemento igualador, no diferenciador. Ya estamos en el momento en el que se impone titular o pasar de curso sin necesidad de superar todas las asignaturas de un plan de estudios.

Pero no sólo eso. El propio sistema de acceso a la profesión de docente queda en entredicho cuando se le conoce estudia brevemente. Al burocratizar el sistema educativo, los trabajadores de dicho sector se convierten en meros funcionarios sin incentivos por la mejora. De hecho, la Junta de Andalucía trató a comienzos de la década pasada de establecer un sistema de incentivos en el que los profesores recibieran un plus en sus sueldos si suspendían a pocos alumnos, en un incentivo perverso de manual. La obsesión por las estadísticas ha llegado a un punto en el que la solución es la reducción constante del nivel académico, con el fin de ofrecer una apariencia de mejora. El sistema educativo ha virado totalmente su razón de ser a favor de una educación basada en las metodologías en lugar de focalizarse en los contenidos. Así estamos.

Serie “Anomalías democráticas”: I, II, III.

Mejor un cheque escolar de 2.000 millones de euros

El Gobierno de PSOE-Podemos planea invertir 2.000 millones de euros en reforzar los centros de enseñanza españoles a partir de septiembre. La educación es uno de los motores clave en la prosperidad de cualquier país y, a la vez, ha sido uno de los sectores más sacudidos por el coronavirus (en tanto en cuanto se han suspendido las clases como medida de distanciamiento social contra la pandemia). Es lógico, por consiguiente, que se plantee una modernización y adaptación de los centros educativos a este periodo de nueva normalidad: si hay cambios estructurales —o, al menos, cabe la posibilidad de que los haya— en el modo en que ha de proveerse la enseñanza, entonces las escuelas deberán readaptarse en consecuencia.

Hasta aquí, no debería haber demasiado espacio para la polémica salvo por el mal uso que pueda terminar efectuándose de esos 2.000 millones de euros (el tan extendido vicio político de arrojar centenares de millones de euros sobre un problema sin preocuparse mínimamente por la eficiencia con que se emplean). La controversia ha arrancado, en cambio, cuando PSOE y Podemos han decidido excluir de esos 2.000 millones de euros a los colegios concertados, a los que asiste alrededor de una cuarta parte de todo el alumnado patrio.

La justificación que ha empleado el Ejecutivo de izquierdas para semejante exclusión parece a simple vista razonable: el dinero público debe permanecer exclusivamente en el sector público y no transferirse a bolsillos privados (a bolsillos privados que no sean los del personal o los de los proveedores de la escuela pública, se entiende), de modo que los concertados deberán costearse su reconversión con su propio capital… si es que pueden. Tal argumento, empero, se antoja extremadamente débil por dos razones.

Primero, este mismo Gobierno de izquierdas que plantea una radical separación entre las fuentes de financiación públicas y las fuentes de financiación privadas en el ámbito educativo es el mismo Gobierno de izquierdas que no tiene ningún empacho a la hora de inyectar hasta 10.000 millones de euros de dinero público en grandes corporaciones ‘estratégicas’ de titularidad privada (como Iberia), que otorga cuantiosas subvenciones indirectas a determinadas empresas bien conectadas con el poder político (como las automovilísticas) o que reclama cientos de miles de millones de euros a Bruselas para potenciar una transformación del modelo productivo privado a golpe de talonario. No deja de resultar contradictorio que la concertada no pueda recibir parte de esos 2.000 millones de euros bajo el pretexto de que el dinero público no debe transferirse al sector privado cuando este Gobierno se ha pasado toda la crisis del coronavirus trasvasando dinero público al sector privado.

Segundo, cuando se afirma que el dinero público ha de permanecer en el sector público, se está presuponiendo de algún modo que el dinero público es propiedad del Estado y que, por tanto, aquellos agentes privados que aspiran a captarlo se lo estarían arrebatando a él. Pero el dinero público no es dinero del Estado: el dinero público no es más que riqueza que el Estado previamente ha sustraído al sector privado. Que esa riqueza confiscada a las empresas y a las familias deba permanecer dentro de la burocracia parasitaria del Estado en lugar de regresar al sector privado de donde emergió es una pura arbitrariedad política, no el curso natural de los acontecimientos (por supuesto, uno debe estar siempre vigilante de que una parte del sector privado no instrumente al Estado para, vía subvenciones u otro tipo de intervenciones, parasitar a otra parte del sector privado: pero asimismo también ha de estar vigilante de que el Estado no parasite finalistamente al conjunto del sector privado).

En el caso que nos ocupa, parece bastante obvio que una porción de los impuestos que abonan las familias va dirigida a sufragar gastos educativos en presunto beneficio de esas mismas familias. De ahí que lo más respetuoso con su libertad y su propiedad privada sería que, al menos, ellas pudieran escoger —en su calidad de pagadoras de impuestos— en qué centros —públicos o privados— desean que se desembolsen esos fondos educativos que gestiona el Estado por la sencilla razón de que previamente se los ha arrebatado vía impuestos.

O expresado desde otro ángulo: quienes argumentan que han de ser las familias que llevan a sus hijos a un concertado quienes se costeen de su bolsillo la reconversión de las escuelas concertadas están obviando que los 2.000 millones de euros con los que se regará la escuela pública… ¡salen en parte del bolsillo de esas familias! Sí, que se costeen ellas la reconversión de la escuela concertada… pero sin arrebatarles en primer lugar el dinero con el que se les obliga a costear la reconversión de la pública a la que no asisten. A la postre, si el Estado les vacía los bolsillos, difícilmente esas familias podrán rascárselos para impulsar aquella escuela privada o pública que resulte de su preferencia.

En definitiva, cuando el Gobierno de PSOE-Podemos decide excluir a la escuela concertada de ese fondo de 2.000 millones de euros para la reconversión de los centros educativos —amasado a partir del dinero que ha sustraído o que va a sustraer a los españoles—, no está actuando desde una ponderada neutralidad, sino desde un abierto sectarismo anti-libertad de elección educativa: lo que busca deliberadamente es arrinconar a la escuela concertada para que poco a poco vaya desapareciendo al tiempo que se sigue engordando de financiación la escuela pública, no porque así lo deseen los padres sino porque así lo imponen los políticos.

Por supuesto, en este asunto como en tantos otros en materia de enseñanza, la solución no debería pasar con mantener ese dinero público en las manos de los gobernantes para que estos lo repartan caprichosa —y quizá corruptamente— entre actores públicos o privados: la solución debería pasar por que esos 2.000 millones de euros regresen a las familias —por ejemplo, en forma de cheques escolares— de modo que sea cada una de ellas quien lo distribuya entre sus centros de enseñanza predilectos.