Etiqueta: El lenguaje económico

El lenguaje económico (LIV): ¿es el gobierno una mafia?

Escrito por José Hernández Cabrera en agosto 1, 2025. Publicado en Análisis diario.

El anarcocapitalismo ve a los gobiernos como organizaciones violentas y las ha llamado metafóricamente «mafias». Pero, a raíz de los continuos casos de corrupción política que asolan España, el apelativo «mafia» se ha popularizado entre los hablantes. Este «despertar» o visión descarnada del gobierno merece, por nuestra parte, una reflexión comparativa (no exclusivamente económica) para dilucidar si el gobierno es en realidad una mafia.

Fines

Los fines de una mafia son exclusivamente económicos, a saber, el robo de la propiedad ajena. Los fines de los gobiernos son más amplios: poder y dinero, en este orden. La máxima satisfacción de un gobernante es obtener obediencia, recibir honores y pleitesía, y sentirse amado o temido (según el caso) por el pueblo. El enriquecimiento suele ser un fin secundario, aunque no baladí.

Medios y modus operandi

Mafias y gobiernos capturan bienes económicos de terceros mediante la intimidación, amenaza y/o uso efectivo de la violencia. Las primeras actúan abierta y brutalmente mediante una pandilla de matones que recauda a punta de pistola. En caso de incumplimiento o retraso en el pago, es el propio matón quien ejecuta el castigo. Las mafias no imponen una burocracia a sus víctimas y todo el proceso confiscatorio es muy sencillo. Los gobiernos, por su parte, confiscan de forma «civilizada» mediante un sofisticado e intrincado sistema legal, burocrático, policial y judicial.

Además de la recaudación de múltiples y variados tributos, los gobiernos tienen a su disposición una forma invisible de robo, a saber, la inflación monetaria que le proporciona el monopolio de producción de dinero (banco central). En ocasiones, políticos y funcionarios, insatisfechos con su salario, amplían sus operaciones al margen de la ley y actúan como mafias: a) Amenazando a sus víctimas —individuos y empresas— con penas de cárcel, por falsos delitos fiscales, para luego alcanzar «acuerdos» económicos extrajudiciales.[1] b) Exigiendo comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos.[2] c) Legislando en favor de ciertas empresas o grupos de interés a cambio de comisiones.[3]

Territorio

Según Max Weber (1979: 83): «Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el «territorio» es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima». Las zonas de actuación de las mafias suelen ser reducidas —calles, barrios, ciudades— y dinámicas: varían frecuentemente en función de las luchas y/o acuerdos entre los distintos grupos o cárteles. Por su parte, las jurisdicciones políticas — municipios, provincias, regiones, estados— son más amplias, definidas y estables en el tiempo.

Monopolio de la violencia

Mafias y gobiernos, para alcanzar sus fines, deben monopolizar la violencia en sus respectivos ámbitos: privado y estatal. Ambos monopolios se alcanzan mediante la violencia (física) o los pactos.[4] Las mafias luchan a muerte entre sí hasta que solo quede una, pero también se reparten el «mercado» formando cárteles. Por su parte, los gobiernos hacen guerras o alcanzan acuerdos internacionales. Las mafias son relativamente pequeñas, aunque las grandes pueden tener estructuras territoriales. Los estados, por su parte, son mucho mayores y el poder político está repartido y solapado en diferentes niveles: local, regional, nacional y supranacional.

Las mafias nunca ceden voluntariamente su monopolio. Los gobiernos, puntualmente, permiten ejercer la violencia física con impunidad a ciertos grupos (sindicatos, ocupas) y también legalizan, con carácter duradero, específicos crímenes.[5] Una mafia, necesariamente, actúa en el seno de uno o más estados, amenazando sus monopolios: violencia, legal, fiscal, policial, judicial, etc. Los gobiernos procuran detener, juzgar y encarcelar a los mafiosos, pero en ocasiones, políticos y funcionarios hacen negocios con ellos y establecen una «entente cordial»; en este caso, las víctimas sufren una doble violencia.

Legitimidad de la violencia y falsificación de dinero

Las mafias son organizaciones criminales y así es visto por sus propios miembros y por la sociedad. Los gobiernos, en cambio, de forma evolutiva, han conseguido legitimarse: la gran mayoría de ciudadanos piensa (acertada o equivocadamente) que el pago forzoso de tributos no es un robo y acepta, en general, el orden social vigente.

Desde el punto de vista económico, no existe diferencia alguna entre la falsificación (ilegal) de dinero que realiza una mafia y la impresión (legal) de billetes por parte de un banco central o, incluso, del enriquecimiento ilegítimo que perpetra el sistema bancario de reserva fraccionaria.

Liderazgo

En sus conferencias, el profesor Miguel A. Bastos señala que los gobiernos, al igual que las mafias, son «bandas organizadas» que funcionan en anarquía. Los grupos que ejercen poder, políticos o mafiosos, se organizan y actúan según costumbres y reglas no escritas. Frecuentemente, los hombres más crueles e inmorales alcanzan el liderazgo en las mafias, pero también en la política. Refiriéndose a la democracia, afirma Hoppe (2012: 91):

En agudo contraste [con la monarquía hereditaria], la selección de los gobernantes mediante elecciones populares hace imposible que una persona inofensiva o decente pueda llegar a lo más alto del gobierno alguna vez. Los presidentes y los jefes de gobierno se alzan con sus magistraturas como consecuencia de su gran eficacia como demagogos moralmente desinhibidos. Por eso, la democracia es el régimen que asegura que únicamente los tipos peligrosos lleguen arriba.

Protección

Mafias y gobiernos proveen una protección sui generis a sus clientes porque estos se ven forzados a pagarla y consumirla sin su consentimiento. En una relación jerárquica no existe un intercambio genuino y lo que se recibe es necesariamente de inferior cantidad y calidad (con respecto a una relación contractual). Conviene aquí matizar que ciertos proveedores ilegales de sustancias (drogas) o servicios (transporte transfronterizo de personas) pueden ser mafias según el estado, pero nunca para sus clientes, que han aceptado libremente el intercambio. Desde una óptica praxeológica, el traficante de drogas es un mero comerciante y el traficante de inmigrantes es un mero transportista.

Es la legislación la que convierte a un honrado empresario es un mafioso. Las mafias protegen a sus «clientes», pero solo frente a otras mafias, no pudiendo evitar la violencia estatal. Algunos gobiernos, en ocasiones, tampoco pueden evitar la acción de mafias, guerrillas y grupos paramilitares. Además de la confiscación de la propiedad, los gobiernos agreden a la población de múltiples formas, principalmente con leyes malas e injustas, pero sin duda, su principal externalidad es la guerra y otras formas masivas de violencia. El politólogo R. J. Rummel (1994) llama «democidio» al asesinato sistemático de poblaciones por parte de sus gobiernos, incluyendo genocidios, masacres políticas, ejecuciones extrajudiciales y hambrunas provocadas.

Riesgo y estilo de vida

Por su actividad criminal los mafiosos soportan elevados riesgos personales: pueden ser asesinados por otras mafias rivales y son perseguidos y encarcelados por el aparato estatal. Ello les obliga a soportar incomodidades tales como esconderse, cambiar frecuentemente de domicilio, etc. Los gobernantes, en cambio, pueden confiscar la propiedad ad libitum y, al mismo tiempo, gozar de un gran prestigio social. Aún delinquiendo, los políticos suelen eludir la responsabilidad de sus errores señalando como culpables a técnicos y funcionarios; y cuando esto no es suficiente, tienen privilegios para eludir la acción ordinaria de la justicia (aforamiento)— y las penas de cárcel (indulto).

Conclusión

Hemos visto bastantes similitudes entre una mafia y un gobierno. La principal es que ambas organizaciones utilizan la violencia para confiscar la propiedad ajena. La gran diferencia es que los gobiernos han evolucionado hasta conseguir legitimarse, lo cual proporciona a sus miembros un sustento económico y otras canonjías. Sin embargo, la corrupción gubernamental merma su legitimidad y los ciudadanos ya no distinguen entre mafia y gobierno. De igual forma que los dioses mueren cuando la gente ya no cree en ellos, el estado se extinguirá cuando sea visto como una mafia disfrazada.

Bibliografía

Hoppe, H. (2012): Monarquía, democracia y orden natural. Madrid: Unión Editorial.
Rummel, R. J. (1994). Death by government. New Jersey: Transaction Publishers.
Weber, M. (1979): El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial.

Notas

[1] Ejemplos: Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Carlo Ancelotti, etc.

[2] Pascual Maragall, durante un pleno parlamentario (24/02/2005), interpeló al líder de la oposición, Artur Mas (CDC), con estas palabras: «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama tres por ciento».

^[3] Cristóbal Montoro (PP) está actualmente imputado por haber dirigido, desde el Ministerio de Hacienda, una trama que extorsionaba a las empresas.

[4] La violencia genuina debe ser objetiva y, por tanto, física. La apología, los sentimientos (odio) o los estados psicológicos no son crímenes.

[5] Ejemplos: a) La reserva fraccionaria, en favor de la banca privada; b) El overbooking, en favor de las aerolíneas; c) El incumplimiento de contratos de arrendamiento en favor de determinados colectivos «vulnerables», etc. d) El aborto, en favor de las mujeres y ejecutantes del acto (clínicas).

Serie ‘El lenguaje económico’

El lenguaje económico (LIII): sobre la ley de Say

Escrito por José Hernández Cabrera en julio 1, 2025. Publicado en Análisis diario. 4 comentarios en El lenguaje económico (LIII): sobre la ley de Say

Jean-Baptiste Say (1767 – 1832) fue un economista en la tradición francesa de laissez faire y también empresario textil, que gozó de gran reconocimiento en Europa y Norteamérica por su Tratado de Economía Política (1803), obra que se caracteriza por su rigor lógico y gran claridad expositiva. Esto afirmaba Schumpeter: «Su razonamiento discurre con tal limpidez que el lector apenas se detiene alguna vez a pensar y rara vez experimenta alguna sospecha de que pudiese haber cosas más profundas por debajo de esta fluida superficie» (Rothbard, 2012: 31). Los economistas clásicos y los austriacos, por su parte, interpretaron a Say correctamente, pero John M. Keynes la reformuló de forma errónea y confusa: «La oferta crea su propia demanda».

Lo que dijo J. B. Say (1803, cap. XV):

El hombre cuya industria se aplica a dar valor a las cosas, disponiéndolas de modo que tengan un uso cualquiera que sea, no puede esperar que sea apreciado y pagado este valor sino donde haya otros hombres que tengan medios para adquirirle. ¿Y en qué consisten estos medios? En otros valores y productos, fruto de su industria, de sus capitales y de sus tierras […] Si nada produce, nada podrá comprar.

Resulta obvio que, para consumir, primero es preciso haber producido algo. El bien producido puede ser consumido directamente, trocado o, más frecuentemente, intercambiado por dinero.

La moneda que haya servido en la venta de sus productos, y en la compra que haya hecho de los productos de otro, servirá dentro de un momento para el mismo uso entre otros dos contratantes; después servirá para otros y otros en una serie progresiva que no acabará jamás

Say nunca dijo que lo producido tendría una salida (venta) automática: «Las mercancías que no se venden, o se venden con pérdida […] porque se han producido cantidades demasiado considerables o más bien porque han decaído otras producciones». Algunas ideas de Say son proto-austriacas: a) Fue el precursor de la praxeología como método válido para el estudio de la economía (Rothbard, 2012: 32). b) Mito de la balanza comercial «desfavorable»: «Una nación se halla en el mismo caso con respecto a la nación vecina, que una provincia con respecto a otra» […] «No se perjudica a la producción y a la industria de los indígenas o nacionales, cuando se compran e importan las mercancías del extranjero»; c) Error de considerar la economía en clases o categorías: «Es fútil la clasificación de las naciones en agrícolas, fabricantes y comerciantes»; d) Mito keynesiano de fomentar el consumo: «Los malos gobiernos excitan a consumir, y los buenos a producir».

Por último, Say intuyó la Teoría austriaca del ciclo económico al detectar que las crisis eran causadas por un «fallo general en la previsión y el ‘cálculo’ empresarial que conduce a lo que viene a ser una puja de costes excesivos» (Rothbard, 2012: 58). J. B. Say nunca supo que ese error, a su vez, provenía de una expansión crediticia artificial (sin ahorro real) que creaba malinversiones y que luego colapsan al revelarse insostenibles.

La interpretación de los economistas clásicos

En su libro Principios de Economía Política (Lib. III, cap. XIV) John S. Mill, reproduce fielmente la ley de Say:

Los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consisten en los bienes que posee […] Si pudiéramos duplicar repentinamente las fuerzas productoras de un país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta de bienes en todos los mercados; pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. Todos ejercerían una demanda y una oferta dobles; todos podrían comprar el doble, porque tendrían dos veces más que ofrecer en cambio.

La interpretación schumpeteriana

En su monumental Historia del Análisis Económico, Schumpeter hace una exégesis de la ley de Say y descarta cualquier confusión: «la significación está suficientemente clara gracias a ejemplos y consecuencias» (Schumpeter, 2012: 683). En la economía no hay un problema de sobreproducción o de infraconsumo. Si una mercancía no tiene salida, sea en el comercio interior o internacional, es porque no es del gusto de los consumidores o porque estos no tienen nada que ofrecer a cambio. Schumpeter achaca la confusión al error de hacer agregados económicos.

La interpretación keynesiana

John M. Keynes, ya fuera por diletantismo^[1] o por interés espurio, puso en boca de Say y de los economistas clásicos una frase inventada por él mismo: «La oferta crea su propia demanda» (Keynes, 1943: 28).

Desde los tiempos de Say y Ricardo los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su propia demanda […] que el total de los costos de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente en comprar los productos.

Keynes tergiversó la ley de Say al presentarla como «la oferta siempre iguala a la demanda», ignorando el papel de los precios y la estructura de producción. Los excedentes se corrigen con ajustes de precios y no con la intervención estatal. Repitieron el error keynesiano conspicuos discípulos como Samuelson y Nordhaus (2006: 715):

Ley de los mercados de Say. Teoría que afirma que “la oferta crea su propia demanda”. J. B. Say afirmó, en 1803, que, debido a que el poder total de compra es exactamente igual al total de los ingresos y de los productos, es imposible que se presente un exceso de demanda o de oferta.

Conclusión

La interpretación correcta de la ley de Say es: «La producción [de unos productos] es la que da salida [venta] a los [otros] productos». Ni Say, ni ningún economista clásico afirmó: «La oferta crea su propia demanda», ni que toda producción se vendiera (tener salida) automáticamente, sino que la producción previa genera los ingresos necesarios para demandar otros bienes. La ley de Say muestra que el estado no puede crear una demanda real (gasto público) porque solo confisca y redistribuye bienes sin aumentar la producción. Lamentablemente, el error (Keynes) triunfó sobre la verdad (Say), probablemente, porque justificaba el intervencionismo estatal: estímulos, gasto deficitario e inflación monetaria.

Bibliografía

Keynes, J. (1943). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: FCE.

Mill, J. S. (1848). Principios de economía política.

Rothbard, M. (2012). Historia del Pensamiento Económico, vol. II. Madrid: Unión Editorial.

Samuelson y Nordhaus (2006): Economía, 18ª edición. McGraw-Hill

Say, J. B. (1820). Tratado de economía política. Ed. Internet.

Schumpeter, J. A. (2012): Historia del análisis económico. Barcelona: Ariel.

Notas

[1] Keynes no era economista y, según Hayek, sabía muy poco de economía.

Serie ‘El lenguaje económico’

El lenguaje económico (LII): el chivo expiatorio

Escrito por José Hernández Cabrera en junio 3, 2025. Publicado en Análisis diario.

Dice el economista e insigne comunicador, D. Carlos Rodríguez Braun, que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y lleva mucha razón. Asiduamente, las personas no se molestan en averiguar las causas reales de los problemas y dirigen su ira contra uno o varios culpables imaginarios. Hoy veremos 3 ejemplos de chivo expiatorio en el ámbito económico.

La Revolución francesa y los panaderos

Justo un año antes de la toma de la Bastilla (14 julio de 1789), una tormenta de granizo asoló Francia. A la sequía del verano de 1788, siguió un invierno cuya severidad no había sido vista desde 1709 (Schama, 2019: 337). Las enormes pérdidas en las cosechas de frutas y cereales causaron una gran escasez de alimentos. Incluso el trigo disponible tampoco podía ser convertido en harina porque los ríos congelados inutilizaban los molinos. El comercio internacional podría haber mitigado la escasez, pero las heladas, la escasez de otros países vecinos y las guerras en los mares Mediterráneo (rusoturca) y Báltico dificultaron las importaciones de cereales y arroz.

La hambruna, unida a los problemas estructurales del Antiguo Régimen (elevados impuestos, privilegios reales, déficit presupuestario del estado), desató la ira de las masas. Del encarecimiento de los alimentos (harina, pan, aceite) se culpó a molineros, panaderos, conspiradores, especuladores y acaparadores, para quienes algunos cahiers [1] rurales pedían la pena de muerte.[2] Por su parte, Robespierre, pedía impuestos progresivos y requisas forzosas a los ricos egoístas y sanguijuelas. «Había llegado el momento de declarar la guerra a esos traidores de la economía» (Schama, 2019: 773). Comerciantes e intermediarios fueron culpados de una inevitable subida de los precios, fruto de la escasez debida a causas naturales.

El Tercer Reich y los judíos

En Alemania, la república de Weimar financió la Primera Guerra Mundial y las reparaciones monetarias a los vencedores (tratado de Versalles) con emisión masiva de dinero (sin respaldo), llevando al marco a una depreciación extrema.[3] La hiperinflación de 1923 dejó a la clase media completamente arruinada. El gobierno, ante la pérdida de credibilidad, culpó a los judíos, comunistas y otros «enemigos internos» de la nación, a los que se acusaba de controlar las finanzas internacionales y de haber contribuido a la derrota militar de Alemania («puñalada en la espalda»). En particular, muchos empresarios judíos fueron linchados por «acaparadores». Todo ello fomentó la popularidad del nazismo y el ascenso de Hitler al poder. Las crisis nacionales suelen ser utilizadas por los gobiernos para aumentar su poder y control sobre la población (Higgs, 1987).

El turista

Este es nuestro último y más reciente chivo expiatorio. En los últimos años, colectivistas, ecologistas y nacionalistas —entre otros—, vienen culpando al turista de casi todo: deterioro medioambiental, parasitismo fiscal, inseguridad ciudadana, masificación, gentrificación, encarecimiento de la vivienda, colapso de los servicios públicos, etc. En Canarias, en 2024 y 2025, se han producido sendas manifestaciones bajo el lema: «Canarias tiene un límite». No es preciso repetir el artículo del año pasado, pero recordemos lo más importante: a) el incremento del coste de la vida no es culpa del turismo, sino el efecto de la última inflación (2021) creada por el gobierno; b) el encarecimiento de los alquileres, además de la inflación, es fruto de las restricciones institucionales sobre la oferta: escaso suelo disponible (legal), burocracia, inseguridad jurídica de propietarios, arrendadores y empresarios, etc.

En España, la industria turística genera el 12,3% del PIB y el 11,6% del empleo.[4] Atacar a los turistas no solo está injustificado, sino que significa «pegarse un tiro en el pie». Nuestro bienestar económico no pasa por culpar a los turistas del daño ocasionado por la legislación, el intervencionismo y las trabas al libre mercado, sino por aumentar y mejorar la oferta turística.

Bibliografía

Higgs, R. (1987). Crisis and Leviathan. Independent Institute.

Schama, S. (2019). Ciudadanos. Una crónica de la Revolución francesa. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.

Notas

^[1] Los cuadernos de quejas (en francés: cahiers de doléances) fueron unos memoriales de peticiones y quejas que realizaban las asambleas de cada circunscripción francesa durante los Estados Generales de la Revolución francesa.

[2] El 26 de julio de 1793, la Convención aprobó la pena de muerte para los acaparadores.

[3] En noviembre de 1923, 1 US dólar = 4.2 billones de marcos.

[4] I.N.E., 2023

El lenguaje económico (LI): sobre la guerra comercial

Escrito por José Hernández Cabrera en mayo 1, 2025. Publicado en Análisis diario.

El incremento de los aranceles decretado por el presidente Trump y las represalias fiscales de otros estados y bloques económicos (UE) trae a la actualidad la bien conocida retórica bélica en los asuntos económicos.

¿Qué es el arancel?

Es un impuesto estatal que grava la entrada de mercancías a un territorio.[1] Frente a un incremento del arancel, el importador tiene dos opciones: a) No repercutirlo a su cliente y asumir una reducción del beneficio. b) Trasladar toda o parte de la subida al precio final del producto, lo que supone inexorablemente una reducción en el número de unidades vendidas.

Cada importador buscará la mejor forma de encajar el rejón arancelario. En última instancia, cualquier impuesto —IVA, arancel, IRPF, sociedades— de forma inmediata o diferida, reduce (violentamente) el consumo del individuo y, por tanto, su nivel de vida. El gobierno, en cambio, aumenta el ingreso fiscal para su propio interés: consumo y reparto del botín fiscal.

No nos dejemos engañar con eslóganes patrióticos y proteccionistas. El arancel no mejora la economía de la nación, sino la del propio gobierno y la de específicas empresas menos eficientes que sus competidoras extranjeras. La guerra comercial no se produce entre naciones, tal y como muestra la retórica política. La única finalidad del arancel es la confiscación, es decir, el robo, pero los gobiernos emplean diferentes subterfugios para engañar a la población. Según Rothbard (2009: 1102): «Los argumentos a favor de los aranceles tienen una cosa en común: todos intentan demostrar que los consumidores del área protegida no son explotados por el arancel».

También existen aranceles locales, por ejemplo, en Canarias, tenemos el Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (AIEM), popularmente conocido como «impuesto revolucionario». Otro engaño es llamar «tasa» a lo que es simple y llanamente otro impuesto más, por ejemplo, la tasa turística (Cataluña y Baleares) grava las pernoctaciones y tiene las mismas consecuencias económicas que un arancel: reduce el consumo de los turistas a la vez que los desvía a otros destinos.

America First

Primero, es falso afirmar que el arancel defienda la (en singular) industria nacional. El arancel solo beneficia a específicas empresas que son protegidas de la competencia de productos foráneos, mejores y/o más baratos. Estos últimos no nos «atacan», al revés, nos benefician. Segundo, combatir la salida (o entrada) de empresas de un país es otro error porque la «deslocalización» de industrias no es otra cosa que la «mejor localización» del capital, algo que produce un doble beneficio: abarata la producción a la vez que aumenta los salarios en los lugares de destino. El retorno de las fábricas a EE.UU., tal y como pretende el presidente Trump, reducirá los beneficios de la división internacional del trabajo, perjudicando principalmente a los consumidores estadounidenses, pero también los de terceros países.

El tercer error es interferir la movilidad laboral internacional. Los flujos migratorios se producen en sentido contrario al del capital: los trabajadores se desplazan hacia países más capitalizados, donde obtienen mejores salarios; por su parte, los países receptores aumentan la disponibilidad del recurso más escaso: la mano de obra.

Balanza comercial «desfavorable»

El mercantilismo (S. XVI al XVIII) fue una doctrina económica que afirmaba que la riqueza de una nación consistía en la acumulación de metales preciosos (oro y plata). Si un país quería enriquecerse, era preciso que las exportaciones superaran a las importaciones, algo que los gobiernos fomentaban gravando las importaciones (aranceles) y subsidiando las industrias locales. Este es el origen teorético e histórico de la mítica balanza comercial «favorable o desfavorable», error mercantilista que, por desgracia, todavía goza de gran popularidad. Como dice Rothbard (2009: 1102):

«’Desfavorable’ es un término engañoso porque cualquier compra es la acción más favorable para el individuo en ese momento». En otras palabras, cualquier situación de la balanza comercial siempre es favorable para quienes intercambian y carece de lógica económica pretender equilibrar cualquier balanza: bilateral, regional o global. Veamos su futilidad: ¿A alguien le importa la balanza comercial entre África y Oceanía, entre Galicia y Aragón o entre Getafe y Leganés? Y si analizamos la balanza comercial de un empleado, será «favorable» con su empleador y «desfavorable» con todos sus proveedores de bienes. ¿Acaso no sería absurdo intentar equilibrarlas?

Guerra comercial

La expresión «guerra comercial» es un oxímoron: la guerra es violenta, el comercio es pacífico. Según Mises (2011: 969): «La economía de mercado presupone la cooperación pacífica». Las empresas no combaten ni luchan a muerte entre sí, sino que compiten satisfaciendo cumplidamente las necesidades y deseos de los consumidores. La mal llamada «guerra comercial» no es un fenómeno mercantil, sino político. Son los gobiernos, no los comerciantes, quienes restringen el comercio internacional mediante impuestos y regulaciones. Al oír «guerra comercial», el hablante común cree que su gobierno se defiende (siempre es otro el que ataca) con represalias fiscales.

Por ejemplo, EE.UU. afirma que se defiende del proteccionismo sui generis que practica la Unión Europea: tasa “Google” y multas millonarias a grandes corporaciones como Meta, Amazon o Intel. Los beneficiarios directos de la escalada arancelaria son los respectivos fiscos, que aumentan su ingreso a expensas de los consumidores. Bajo la apariencia de un conflicto de intereses entre estados, la guerra comercial es un excelente negocio para ambos gobiernos. Y si la propaganda gubernamental es efectiva, el político obtiene respaldo (votos) de los mismos ciudadanos a quienes esquilma con el arancel.

Pegarse un tiro en el pie

Los efectos perversos del intervencionismo están claramente identificados por la teoría económica. La subida de aranceles no afecta solamente a productos de consumo final, sino también a las materias primas, componentes y productos semielaborados foráneos que deben ser importados por los fabricantes locales a precios más elevados. En 2018, la «protección» arancelaria causó a Ford pérdidas por $1.000 millones y hoy Tesla se enfrenta a un aumento de costes debido al arancel sobre las baterías chinas. «Pegarse un tiro en el pie» significa hacerse daño a sí mismo, pero Trump y el resto de gobiernos no apuntan a su propio pie, sino a los pies de los consumidores.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
Rothbard, M. (2009). Man, Economy, and State with Power and Market. Alabama: Ludwig von Mises Institute.

Serie ‘El lenguaje económico’

^[1] Solo el 1.5% de los aranceles globales son a las exportaciones (Banco Mundial, 2023).

El lenguaje económico (L): Ambigüedad

Escrito por José Hernández Cabrera en abril 1, 2025. Publicado en Análisis diario.

Un tipo de falacia informal consiste en usar el lenguaje de modo ilegítimo, abusivo o inductor a confusión; en otras palabras: el hablante usa términos ambiguos, equívocos o imprecisos (Vega, 2007: 196). Veamos algunos ejemplos.

Desarrollo sostenible

Aunque se refiere a un crecimiento que satisface las necesidades del presente sin comprometer las futuras, su aplicación práctica es imprecisa. No siempre está claro cómo se miden los límites de la sostenibilidad o cómo se equilibran los objetivos económicos, sociales y ambientales.

Establecer categorías o clases de bienes

Los economistas clásicos no entendían por qué el «hierro» valía menos que el «oro», siendo el primero más útil que el segundo. La famosa paradoja del valor fue debida a que «los primitivos economistas no se percataron del peligro que encerraba el emplear tales vocablos de uso general sin adoptar las oportunas precauciones» (Mises, 2011: 750). Es propio de la teoría económica manejar conceptos —capitalismo, intervencionismo, valor, dinero, beneficio, interés, etc.— e incluso categorías de bienes —materias primas, bienes de capital, servicios, etc. —, pero sin olvidar que el hombre siempre actúa (produciendo, intercambiando, consumiendo) sobre específicas cantidades y calidades de bienes económicos.

Flexibilidad laboral

Para un sindicalista, «flexibilidad» laboral significa que sus patrocinados disfruten de horarios y condiciones de trabajo mejores de los que obtendrían en el libre mercado. Estas «mejoras» proceden de la violencia sindical y la complicidad del gobierno. En cambio, para los empresarios y, en general, amantes de la libertad, flexibilidad laboral significa menor regulación y mayor libertad contractual.

Inflación

Los hablantes en general entienden por inflación la subida generalizada de los precios. Un economista sabe que la inflación, stricto sensu, es el aumento artificial de la cantidad de dinero, producido por el banco central y por la banca con reserva fraccionaria. Este aumento, desde el punto de vista económico, provoca los mismos efectos que una falsificación privada de dinero: enriquece al falsificador a expensas del resto de la población, que ve reducida su capacidad adquisitiva. La subida de los precios, por tanto, no es la inflación, sino su consecuencia. Cuando ésta es acusada, es frecuente apelar a metáforas equinas: inflación «galopante» o «desbocada», como si de un fenómeno externo se tratara.

Inversión pública

Es una expresión equívoca porque la inversión es un fenómeno exclusivo del sector privado. Los gobiernos nunca invierten, solo gastan. Recordemos el artículo La falacia de la inversión pública.

Libre mercado

En la práctica, ningún mercado es completamente libre de intervención estatal o regulación. Interpretar qué es un «mercado libre» varía según la ideología, por ejemplo, para un anarcocapitalista, libertad de mercado es la ausencia absoluta de coacción gubernamental o laissez faire; para un minarquista, es «mínima» coacción mercantil; por su parte, el socialista odia el libre mercado y lo mantiene parcialmente intervenido porque la planificación económica pura significaría la ruina de la sociedad.

Movilización del ahorro privado

«Movilizar» bien podría significar una confiscación directa —quita— de las cuentas corrientes de los europeos, pero siendo esto tan impopular, lo más probable es que Bruselas legisle dando «palo y zanahoria»: castigo a quienes no inviertan su dinero en aquello que los políticos consideran apropiado y premio a los obedientes.

Pensiones garantizadas

Por mal que funcione el Estado, siempre quedará algo de dinero para pagar las pensiones públicas. Nunca se dice si la nómina del pensionista le permitirá vivir dignamente o en la miseria.

Solidaridad intergeneracional e interterritorial

En el primer caso, el gobierno confisca violentamente el dinero de los trabajadores activos para dárselo a los pensionistas. En el segundo, confisca el dinero de los ciudadanos de una región y lo transfiere a los de otra. En ambos casos, no es solidaridad, sino robo y reparto del botín fiscal.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
Vega, L. (2007): Si de argumentar se trata. España: Montesinos

Serie ‘El lenguaje económico’

El lenguaje económico (XLVIII): Sobre las cosas «gratis»

Escrito por José Hernández Cabrera en febrero 3, 2025. Publicado en Análisis diario.

En los estados democráticos actuales, la competencia entre los partidos políticos por ganarse el favor de los votantes ha desembocado en una oferta creciente de servicios públicos gratuitos. Es verdaderamente lamentable que una mayoría de votantes, bien por interés personal en las dádivas, bien por falta de perspicacia o bien por ingenuidad, se muestren favorables o anuentes ante estas ofertas. Mediante un sencillo análisis praxeológico podemos identificar sus efectos nocivos y también, cualitativamente, quienes —individuos o grupos— salen beneficiados y perjudicados con las medidas.

Nada es gratis

A excepción del aire que respiramos, nada de lo que consumimos es gratis.[1] Todos los servicios públicos —sanidad, educación, seguridad, defensa, justicia, alumbrado, mantenimiento de carreteras, recogida de residuos, limpieza viaria, etc.— son bienes económicos (escasos) que deben ser producidos y sufragados por alguien. La desconexión existente entre el consumo y el pago de los bienes públicos crea inevitablemente dos grupos económicos: ganadores y perdedores. Unos, reciben más de lo que pagan y otros, al revés. Bajo este sistema asistencialista, consistente en el reparto del botín fiscal, el empobrecimiento material y moral de la sociedad es inevitable.

Demanda ilimitada de las cosas «gratis»

Un efecto perverso de los bienes gratis es su ilimitada demanda. En el caso del transporte, los vehículos van saturados de viajeros e inevitablemente aparecen colas y listas de espera. Otro ejemplo: en el caso de los medicamentos, se consumen y acopian en exceso, se dejan caducar, se reenvían a familiares residentes en otros países o incluso se venden en el mercado negro.

Servicios «gratis» de ocio, bienestar y salud

Este es otro ámbito donde la oferta de servicios gratis se ha disparado en los últimos años. En julio de 2013, siete municipios^[2] españoles pusieron en marcha el proyecto “Fifty-Fifty“, de 15 meses de duración, cuyo objeto era fomentar hábitos de vida saludables en los adultos para combatir la obesidad y el sedentarismo. Con este tipo de proyectos, los ciudadanos que se cuidan por sí mismos y sufragan los costes con su peculio, tienen también que costear —mediante sus impuestos— la burocracia y los monitores municipales que imparten clases «gratis».

Esta injusta transferencia está presente en todos los programas asistenciales por bondadosos y útiles que aparenten ser. A medida que lo público (subsidiado o gratis) aumenta, lo privado se restringe debido al efecto expulsión. Los negocios marginales no pueden soportar la competencia estatal y quiebran; sus empleados serán eventualmente contratados por el mismo ente público que los mandó al paro. Esta sustitución paulatina del mercado por el Estado no es otra cosa que un «Camino de servidumbre», tal y como se titula el famoso libro de F. A. Hayek (1944).

Transporte «gratis»

Otra figura destacada de lo «gratis» es el transporte colectivo. Todos los gobiernos —central, autonómicos y locales—, utilizando sus empresas públicas, vienen ofreciendo gratis sus medios —trenes, tranvías, metros, autobuses— a diferentes colectivos —desempleados, jubilados, estudiantes— y en determinados tiempos. Sería muy prolijo enumerar todos los casos por lo que solo expondremos uno muy curioso, bautizado el «Camello taxi». El ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife), esta pasada Navidad, ha vuelto a ofrecer (9ª edición) un servicio gratis de taxi compartido para promover las compras en el comercio local. Los taxistas del municipio harán su particular agosto en Navidad porque el ayuntamiento pagará sus servicios «gratis».

¿Quiénes ganan?: a) Los taxistas, que incrementan la facturación porque la demanda de bienes «gratis» es ilimitada. b) Los comerciantes locales, que tienen una mayor afluencia de clientes y, eventualmente, aumentan sus ventas. c) Los pasajeros agraciados, que viajan gratis. d) El equipo de gobierno municipal, que gana votos de los tres grupos anteriores y de otros votantes que aplauden la medida. ¿Quiénes pierden? a) Los usuarios del taxi que se dirigen a otros destinos, que ven restringida la oferta. b) Los comerciantes ubicados en otras zonas, que eventualmente ven reducidas las visitas y la facturación. c) La inmensa mayoría de vecinos, que pagan la fiesta con sus impuestos, sin recibir nada a cambio.

[1] El aire no es un bien económico porque no es escaso.

[2] Barcelona, Cambrils (Tarragona), Guadix (granada), Manresa (Barcelona), Molina de Segura (murcia), San Fernando de Henares (Madrid) y Villanueva de la Cañada (Madrid).

El lenguaje económico (XLVI): eufemismos

Escrito por José Hernández Cabrera en diciembre 2, 2024. Publicado en Análisis diario.

Eufemismo es una «manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante». En el ámbito económico, los eufemismos se utilizan frecuentemente para disfrazar la coacción, sea estatal o privada; por ejemplo, el recaudador intenta disfrazar la naturaleza violenta del impuesto empleando verbos —aportar, colaborar, contribuir, dar, destinar, pagar, participar, prestar, sufragar— que infieren voluntariedad en su pago. Las organizaciones criminales privadas emplean esta misma técnica, por ejemplo, miren como E.T.A. se dirigía al abuelo de Santiago Abascal: «Sr. ABASCAL, hace algún tiempo recibió Vd. una carta nuestra en la que le hacíamos petición de 10 millones de pesetas como contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco […]». Muchos eufemismos se han instalado en el habla cotidiana, pero nosotros llamaremos hoy a las cosas por su nombre:

Contribuyente

El impuesto no es una contribución genuina, sino un pago forzoso. El cobro de impuestos es un acto violento, mientras que la contribución —dinero, recursos, servicios— es un acto pacífico y voluntario. Por ejemplo, nadie llamaría «contribuyente» a la víctima de un atraco. Hasta 1990, también de forma eufemística, el actual impuesto de bienes inmuebles (IBI) se llamaba «contribución» urbana. En definitiva, sería más correcto decir «confiscado», en lugar de «contribuyente».

«Lo que das vuelve»

Este es el reciente eslogan publicitario del Ministerio de Hacienda cuya finalidad es reducir la natural resistencia de todo ser humano ante la confiscación de su propiedad. Es un burdo engaño hacer creer a la gente que el dinero sustraído retorna a la víctima en forma de servicios estatales: sanidad, educación, infraestructuras, etc. El primer eufemismo es que el dinero de los impuestos no se «da», sino que es arrebatado violentamente por el fisco. En segundo lugar, observamos en el lema una falacia informal llamada «abuso de imprecisión» (Vega, 2007: 196) porque no es posible comparar la utilidad de lo que «vuelve» con la desutilidad lo confiscado.

Nadie puede saber si lo recibido —en su naturaleza, cantidad y calidad— es mejor o peor que lo sustraído. Inexorablemente, unos —consumidores netos de impuestos— reciben más que lo que «dan» y otros —proveedores netos de impuestos— reciben menos. Por tanto, es falso que la sociedad en su conjunto salga beneficiada. Lo que sí sabemos es que bajo un vínculo hegemónico (Estado vs. ciudadano), el que ordena se beneficia a expensas del que obedece. Solo un vínculo contractual —mercado— proporciona utilidad a «todos» los que intercambian.

Pero supongamos (a efectos dialécticos) que el Estado devolviera al individuo un bien cuyo precio de mercado coincidiera 100% con el dinero confiscado, por ejemplo, «regalándole» un décimo de la lotería de Navidad, previa confiscación de su importe exacto (20 €) ¿supondría ello una utilidad para la sociedad? La respuesta es no. Ganarían los loteros y el propio Estado (mayor recaudación fiscal) y perderían todos aquellos que no deseaban adquirir lotería.

Pagar el sueldo a los políticos

No es cierto que los ciudadanos «paguen» el salario a los políticos o funcionarios. El proceso es éste: las haciendas confiscan el dinero a los ciudadanos y los políticos ordenan el abono de específicas cantidades de dinero (nóminas) en sus cuentas corrientes, cantidades estipuladas por los mismos mediante votación.

Período «voluntario» de pago

El colmo del cinismo es denominar «voluntario» al período de pago (sin recargo) de ciertos tributos municipales: I.B.I., tasa de basura, impuesto de circulación, etc.

El pago de impuestos nunca es voluntario, ni antes, ni después de la fecha límite establecida para el pago; por tanto, una denominación más correcta sería período «ordinario» de pago.

Redistribución de la riqueza

En una economía de mercado no hay tal cosa como «redistribución». «Todos los bienes, desde un principio, son siempre propiedad de alguien. Si se quiere redistribuirlos es preciso proceder previamente a su confiscación» (Mises, 2011: 947). Hablando en román paladino: el Estado confisca la propiedad privada y luego reparte el botín. Políticos y funcionarios son los principales beneficiados.

Solidaridad

Otros eufemismos se observan en el uso indebido de los términos «solidario» y «solidaridad». Por ejemplo, «impuesto solidario» es un oxímoron, pues, al igual que la caridad, la solidaridad genuina siempre es voluntaria, y si se impone mediante la coacción legislativa, dejaría de serlo. Las leyes no pueden aumentar la bondad, su función es otra: disuasión del crimen y, en su caso, resarcir a la víctima del daño ocasionado. Según Gracía-Trevijano, la solidaridad tiene valor jurídico, moral y religioso, pero no político. Cuando se habla de «solidaridad entre las regiones», en realidad, asistimos a un mecanismo coactivo de redistribución de rentas. Y cuando, refiriéndonos al sistema de pensiones de reparto, hablamos de «solidaridad intergeneracional», estamos ante un fraude piramidal o esquema Ponzi.

Bibliografía

Constitución española de 1978.

Mises, L. (2011): La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Vega, L. (2007): Si de argumentar se trata. España: Montesinos.

Serie ‘El lenguaje económico’

El lenguaje económico (XLV): huelga de alquileres

Escrito por José Hernández Cabrera en noviembre 1, 2024. Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El lenguaje económico (XLV): huelga de alquileres

El 12 de mayo de 2017, en Hostafrancs, (Barcelona) se funda el Sindicat de Llogatres (Sindicato de Inquilinos) con el objetivo de hacer frente al incremento de los precios del alquiler y la especulación inmobiliaria.

Sindicato vs. asociación

Habitualmente, para la promoción de sus intereses, los consumidores crean asociaciones y los trabajadores crean sindicatos. Entonces, ¿por qué llamar sindicato a una asociación? Según Luis Vega (2007: 196), estamos ante: «Falacias debidas a usos equívocos de términos, abusos de imprecisión, deslices discursivos…».

Las asociaciones de consumidores pueden ser informativas (i.e. OCU) o incluso más activistas y reivindicativas (i.e. FACUA), pero no emplean directamente la violencia. Por su parte, como vimos el pasado septiembre, el sindicalismo es una institución que persigue sus fines violentamente, siendo la huelga una de forma de «acción directa». Los marxistas han sido pioneros en esta estrategia de llamar (y convertir) sindicatos a las asociaciones, por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes español, fundado en 1986, organización estudiantil, comunista, revolucionaria y anticapitalista, declara que: «La lucha es el único camino».[1] La finalidad de esta mutación es clara: legitimar el derecho a ejercer violencia que, como consumidores, no tienen reconocido legalmente.

Los sedicentes huelguistas

Un inquilino no es un trabajador, sino un consumidor. No es el empleado de su casero, sino su cliente. No existe una relación laboral entre ambos. En España, ni los estudiantes, ni los inquilinos, ni los consumidores, en general, tienen derecho a organizar una huelga. Dejar de pagar parte o la totalidad de la renta no es una huelga, es una acción concertada para incumplir los contratos y sustraer a los arrendadores específicas cantidades de dinero. Vean la lógica de estos sedicentes huelguistas: si el gobierno no interviene el mercado —bajando los precios del alquiler— actuaremos nosotros mismos aplicando unilateralmente un descuento en los importes de la renta. Si el seguimiento de la «huelga» tiene éxito y el número de impagos es elevado, el Estado no tendrá capacidad para hacer justicia y efectuar los desahucios y lanzamientos de estos okupas sindicados.

El falso «derecho a la vivienda»

Los siete ponentes que redactaron la Constitución española de 1978 ^[2] tienen mucha culpa de lo que ocurre, pues consagraron en su texto un falso derecho que hoy es interpretado (positivamente) en forma de reclamación.

Art. 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

El derecho genuino a la vivienda (al igual que el resto de derechos) es negativo, es decir, entendido como ausencia de interferencia ajena en la construcción, compra o alquiler de una vivienda. Es la regulación estatal, no los arrendadores, quien viola realmente este derecho. Los «huelguistas» se equivocan pensando que alguien —¿el gobierno? ¿la sociedad? — tiene el deber de proporcionarles un techo digno.

Las consecuencias

Toda violación del derecho de propiedad tiene un efecto descivilizatorio. La intervención del mercado del alquiler, que algunos proponen, producirá inevitablemente los nefastos resultados que predice la teoría económica (Rothbard, 2013). Un escenario más sombrío sería el éxito de la falsa huelga y que los alzados impagaran —total o parcialmente— sus rentas. La inseguridad jurídica de este acto revolucionario provocaría una retracción automática de la oferta del alquiler residencial, agravando aún más la situación.

Bibliografía

Rothbard, M. (2013): Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.

Vega, L. (2007): Si de argumentar se trata. España: Montesinos.

Notas

[1] Pág. Web: sindicatodeestudiantes.net

[2] UCD: Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo; PSOE: Gregorio Peces-Barba Martínez; PCE: Jordi Solé Tura; AP: Manuel Fraga Iribarne; y por Minoría Catalana: Miquel Roca i Junyent.

Serie ‘El lenguaje económico’

El lenguaje económico (XLII): contraeconomía

Escrito por José Hernández Cabrera en agosto 1, 2024. Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El lenguaje económico (XLII): contraeconomía

En 1974, en Los Ángeles (EE.UU.), el libertario Samuel Edward Konkin III, presenta su Manifiesto Neolibertario. El agorismo[1] es una filosofía política que aboga por la creación de una sociedad basada en el libre intercambio y la no agresión, siendo la contraeconomía su herramienta o plan de acción. Según Huerta de Soto (2011): «Estamos ante el primer texto de la historia que describe toda una serie de tácticas, estrategias y fases para llevar a cabo una práctica activista anarcocapitalista». «Contraeconomía», sin embargo, es un término que resulta confuso por su ambivalencia; es decir, sus resultados son económicos para quien la practica, pero contraconómicos para el Estado.

Planes de acción: ideología vs filosofía

La filosofía deviene en ideología cuando las ideas incorporan deliberados planes de acción en el ámbito social. Según Sánchez (1977: 120):

«La ideología es: a) un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que: b) responden a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado y que: c) guían y justifican un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, aspiraciones e ideales»

Las actividades ideológicas pueden ser pacíficas o violentas, según sean los medios empleados para la consecución de sus fines. Por ejemplo, las ideas de la Revolución francesa fueron acompañadas de una violencia inusitada: solo durante los meses del «Terror» unas 40.000 personas fueron asesinadas por ser (supuestamente) antirrevolucionarias; lo cual solo fue un pequeño anticipo de los 6 millones de muertos que ocasionarían las guerras napoleónicas en toda Europa. El siglo XX fue incluso peor: las ideologías colectivistas y estatistas —marxismo, comunismo, nacional-socialismo, fascismo, maoísmo—, de la mano ejecutora de los Estados, causaron unos 200 millones de muertos en todo el mundo.

La filosofía de la libertad

A excepción de la «contraeconomía», la defensa de la libertad y la propiedad no ha incorporado planes de acción, quedando restringida a acciones aisladas de individuos y a la actividad de intelectuales y círculos académicos: fundaciones, institutos, think tanks, etc. Esta ausencia de planes tiene su lógica: acorde con la máxima «vive y deja vivir», los libertarios no aspiran a ejercer poder, robar la propiedad privada u ordenar la conducta ajena. Frente al crimen organizado que perpetra el Estado, los individuos secularmente se han defendido de forma particular e intuitiva. Determinados preceptos religiosos, en cambio, fomentan conductas colectivas en defensa de la libertad; por ejemplo, los Testigos de Jehová y los judíos ortodoxos se oponen tenazmente al alistamiento militar. Los colectivistas, en cambio, son gregarios y se asocian frecuentemente para alcanzar sus fines.

El colectivismo, per se, no es bueno ni malo, todo depende si es o no violento. Por ejemplo, las comunidades monásticas o los grupos amish son colectivismos pacíficos y, por tanto, constituyen asociaciones legítimas. Por desgracia, lo que más abunda son las ideologías agresivas: comunismo, socialismo, igualitarismo, intervencionismo, estatismo, sindicalismo, feminismo, ecologismo, etc. Todas ellas apelan a la violencia del Estado para alcanzar sus fines, vía legislación.

Medidas contraeconómicas

Las más importantes y frecuentes pretenden eliminar o reducir el robo fiscal, ya sea de forma legal (elusión) o ilegal (evasión). Formas legales, por ejemplo, son el trueque, el exilio fiscal de deportistas a Mónaco, de jugadores profesionales de póker a Malta o de youtubers a Andorra. Formas ilegales, por ejemplo, es cobrar facturas «sin IVA», no declarar ciertos ingresos o realizar cualquier actividad económica informal (mercado negro). De alguna manera, todos somos naturalmente «contraeconomistas» en el sentido que siempre intentamos pagar menos impuestos, solo que actuando de forma particular, intuitiva y ocasional. Konkin III, como revolucionario, propone a los individuos tomar conciencia y actuar de forma concertada.

Si como decía Frank Chodorov (2002: vii): «Un gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos», combatir su poder requiere privarlo de recursos económicos. Esta estrategia, en el ámbito militar, se denomina «interdicción»:[2] impedir o interferir la llegada de recursos bélicos del enemigo al campo de batalla. La contraeconomía, análogamente, es la «interdicción económica del Estado», utilizando medios pacíficos.

Un agorista tampoco compra deuda pública por considerarla inmoral, es decir, no desea beneficiarse del robo futuro que implicará su redención. Muy probablemente, el uso de criptomonedas sea la medida contraeconómica de mayor calado y potencial. El dinero cripto es pseudónimo y, aunque el fisco lograra identificar al propietario, en última instancia, es inconfiscable y las cuentas inembargables. Su creciente popularidad es, sin duda, una seria amenaza para las haciendas gubernamentales.

Ámbitos no económicos

Para que el agorismo sea un movimiento efectivo es preciso un cambio en las ideas de un número creciente de personas. El Estado ya no es visto como un ente benefactor, sino un impostor o un «rey desnudo». Desenmascarar al Estado no es tarea fácil, dado su enorme poder propagandístico. La contraeconomía, por tanto, debe hacerse extensiva a otros ámbitos no económicos —político, jurídico, social, cultural, deportivo— rechazando cualquier tipo de prestación personal forzosa y/o colaboración con las autoridades y funcionarios.

El agorista se opone a la conscripción militar, pero también a otras formas menores de servidumbre, como la realización forzosa de servicios electorales (mesas), judiciales (miembro del jurado), demoscópicos (realización forzosa de encuestas del I.N.E.) o incluso deportivos (participación forzosa en selecciones nacionales). Por último, tenemos la abstención en actividades voluntarias que legitiman al Estado (elecciones democráticas), le nutren de fondos (compra de loterías y apuestas) o le dan voz (sintonización de canales de comunicación públicos o afines al gobierno).

Bibliografía

Chodorov, F. (2002). “The income tax: root of all evil”. Ludwig von Mises Institute.

Konkin, S. (1980). Manifiesto neolibertario. Innesfree.

Sánchez, A. (1977). «Filosofía e ideología». Recuperado de: www.revistas.una.ac.cr. Pag. 117 a 124.

[1] Del griego, ágora: mercado.

[2] Del latín, interdicere: prohibir o privar de algo.

Serie ‘El lenguaje económico’

El lenguaje económico (XLI): Metales

Escrito por José Hernández Cabrera en julio 1, 2024. Publicado en Análisis diario.

Los metales —hierro, bronce, oro— se utilizan en economía como metáforas con la finalidad de imprimir mayor solidez o contundencia a ciertas afirmaciones. Por ejemplo, decimos que una ley es de «hierro» o que una regla es de «oro» para trasmitir a la audiencia su supuesta inexorabilidad o infalibilidad. Sin embargo, tal y como veremos, las metáforas metálicas pueden ser engañosas.

Ley de hierro de los salarios

Esta «ley», atribuida al economista clásico David Ricardo, sostiene que los salarios reales tienden, a largo plazo, a mantenerse en el mínimo necesario para la subsistencia de los trabajadores y sus familias. Ello se debe a que cualquier aumento salarial por encima de aquél produciría un aumento de la población, lo que a su vez aumentaría la oferta de mano de obra, reduciendo nuevamente los salarios al nivel de subsistencia.

Ricardo y Malthus, que eran amigos íntimos, se equivocaron en sus visiones pesimistas, a saber, que la población estaba atrapada en un ciclo de pobreza, donde cualquier mejora material quedaba automáticamente anulada por un aumento demográfico. Posteriormente (1863), el socialista Ferdinand Lassalle divulgó esta misma ley llamándola de «bronce», al compararla con la perennidad de las leyes escritas en placas de ese metal.

Salario y capital

En el ámbito religioso, tenemos otro caso de pretender veracidad acudiendo a la escritura en placas metálicas. Joseph Smith, fundador del mormonismo, recibió (supuestamente), en 1827, unas placas de oro de manos del ángel Moroni, que Smith tradujo al inglés y publicó como el Libro de Mormón. Sin embargo, la verdad de una proposición no se mide por la dureza —piedra, bronce, oro— del soporte de la escritura, ni por las metáforas con que se adornan.

La ley de hierro de los salarios es completamente falsa y ha sido refutada teoréticamente y empíricamente:

Lo que acrecienta las retribuciones laborables es la ampliación del capital disponible a un ritmo superior al crecimiento de la población, o, dicho en otras palabras, ascienden los salarios a medida que se incrementa la cuota de capital invertido por obrero.
(Mises, 2011: 721)

Y como tampoco es cierto que la población se reproduzca conforme aumenta la productividad, el resultado final es un incremento de la tasa de capitalización[1] y, por tanto, de la riqueza material de los empleados.

Ley de hierro de la oligarquía

El sociólogo alemán, Robert Michels —con más fortuna que Ricardo—, en su libro «Los partidos políticos» (1911), afirma que todas las organizaciones, sean o no democráticas, tienden a desarrollar estructuras oligárquicas con el tiempo. Es decir, cuando la organización crece en tamaño y complejidad, inevitablemente el poder se concentra en manos de una camarilla de líderes.

Michels también observa que la mayoría de miembros de una organización suele estar menos interesada y menos involucrada en la toma de decisiones cotidianas, lo que deja el campo libre a los líderes para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en las comunidades de propietarios es frecuente observar la desidia de los comuneros ante los problemas que afectan a la conservación y funcionamiento del inmueble. Se dejan completamente en las manos del presidente y del administrador de fincas.

También en los clubes y asociaciones unos pocos dirigen la organización con la anuencia del resto. En el más alto nivel de la política, los partidos, gobiernos y parlamentos se dirigen por una camarilla, algo que cuestiona la idea de democracia representativa. La idea de que cada parlamentario representa al conjunto del pueblo no solo es una imposibilidad lógica, sino una gran estafa política.

Las reglas de oro

Existe variadas reglas de oro cuyos defensores las consideran principios de probada eficacia en sus respectivos campos de acción. Por ejemplo, la regla de oro fiscal afirma que los gobiernos deben limitar el endeudamiento a la financiación de inversiones y no utilizarlo para financiar gasto corriente —salarios, pensiones, redención de deuda—. Este debe cubrirse con ingreso corriente. Su finalidad es asegurar el equilibrio presupuestario y evitar la acumulación de deuda. Aquí debemos matizar que «inversiones» significa, en realidad, “gasto en infraestructuras públicas”. Pues la inversión es un fenómeno exclusivo del sector privado.

No hay tal cosa como «inversión pública». Las metáforas áureas no son exclusivas de la economía, sino que abundan en cualquier ámbito y actividad: hay «7 reglas de oro» para el liderazgo, el marketing, las relaciones en pareja, la electricidad, la seguridad, para la buena redacción, etc. En definitiva, una regla de oro no deja de ser una invocación lingüística a una supuesta bondad o efectividad de la norma, sin que podamos atribuirle, por ello, una mayor credibilidad o valor epistémico.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Ricardo, D. (1978). Principles of Political Economy and Taxation. México: FCE.

[1] Cantidad de capital per cápita.