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El lenguaje económico (XXXIV): Lo social (II)

Escrito por José Hernández Cabrera en diciembre 1, 2023. Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El lenguaje económico (XXXIV): Lo social (II)

El pasado mes vimos que el adjetivo social es espurio y que se utiliza principalmente para legitimar la acción redistributiva del Estado. La mayoría de la población ha aceptado como justo que el Estado (nunca los particulares) confisque la propiedad de unos —los más ricos— para entregársela a otros —los más pobres. De esta manera se crea una ética sui generis: un robo deja de serlo cuando: a) Lo perpetra el Estado, y b) El botín se emplea con fines sociales.

Bienestar social y conquista social

La acción intervencionista del Estado nunca produce un bienestar sobre el conjunto de la sociedad. La confiscación y su posterior redistribución no puede agradar a todos. Una parte de la sociedad —los consumidores netos de impuestos— aumenta su bienestar a expensas de la otra parte —los proveedores netos de impuestos—, que ve aumentar su malestar.

La expresión «conquista social» está asociada a la idea de progreso y mejora en diferentes aspectos de la vida social, conseguidos habitualmente mediante alguna forma de lucha: revoluciones, activismo, huelgas, etc. Por ejemplo, el sufragio universal puede ser entendido rectamente como una conquista social al haber promovido la igualdad jurídica para todos. En el ámbito económico la situación es distinta: las mejoras laborales, salariales o la erradicación del trabajo infantil (entre otras) no son fruto de la coacción gubernamental o sindical, sino de la mayor productividad del sistema capitalista.

Contrato Social

Para entender que el «contrato social» solo es una mala metáfora, podemos imaginar a un proveedor de seguridad que llamase a nuestra puerta y dijera: «Nuestra empresa no le garantiza protección en caso de una agresión criminal; si apresáramos al delincuente, tampoco le garantizamos que recupere lo perdido y además, le cobraremos un suplemento para mantenerlo entre rejas, bien alimentado y con todas las comodidades; por último, el precio lo fijaremos nosotros unilateralmente»; ¿firmaría alguien en su sano juicio un contrato de estas características? Una de las más prolijas refutaciones del mito de la Constitución como contrato social la realizó, en 1867, el anarquista y abogado estadounidense Lysander Spooner (2013) en su obra: No Treason: the constitution of no authority.

La relación entre el proveedor monopolista y el consumidor de protección no reúne la principal seña de identidad de un contrato: el consentimiento manifiesto de las partes. La presunción de que las cláusulas del contrato social, aunque «no hayan sido jamás formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas y han sido en todas partes tácitamente reconocidas y admitidas» (Rousseau, 1998: 34) nos parece inverosímil. Todas las teorías contractualistas (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant y Rawls) adolecen de los requisitos de un contrato genuino, a saber, que cualquiera de las partes —protector y protegido— puede unilateralmente denunciar el pacto. El mito del «contrato social» todavía persiste hasta el punto de que algunos políticos lo han plasmado «ante notario» en un claro ejercicio de trilerismo electoral.^[1]

Economía Social de Mercado

Estamos ante un pleonasmo o un oxímoron. Primero, es una redundancia porque tanto la economía (ciencia) como el mercado (institución) son categorías sociales, pues se producen en el seno de la sociedad. Segundo, si por «economía social de mercado» entendemos un sistema económico que combine lo mejor del libre mercado con la acción «correctora» del Estado, estamos ante una profunda contradicción. La pacífica cooperación que caracteriza al mercado es incompatible con la coacción propia de la intervención gubernamental.

Sobre esta «tercera vía» o mezcla de sistemas (economía de mercado y planificación central) afirma Mises (2011: 845): «No es posible combinarlos ni entremezclarlos; ninguna transición gradual lleva de uno a otro; son mutuamente incompatibles». Nunca la violencia, aunque sea limitada, puede mejorar los resultados de la libre cooperación humana.

Justicia social

Dice Alberto Benegas Lynch (h) (2014) afirma que la «justicia social» tiene dos interpretaciones: o bien es una redundancia grotesca porque la justicia no puede ser animal, vegetal o mineral, es siempre social; o bien es una contradicción en los términos, pues resulta injusto robar a unos para entregar a otros. Algunos liberales critican la confiscación porque se produce una «redistribución negativa»: las clases medias y bajas —generalmente asalariados— soportan la mayor parte de los tributos. Este argumento resulta peligroso, dado que podría inferirse que existe otra «redistribución positiva»: confiscar a los ricos para entregar a los pobres.

Notables anarcocapitalistas —Benegas, Huerta de Soto, Rothbard, Hoppe— defienden los principios éticos de forma inequívoca: un robo es un robo, independientemente de quienes sean las víctimas, los victimarios o los receptores del botín. En definitiva, la justicia social es espuria porque la justicia genuina siempre es referida a específicos individuos y situaciones donde hay un conflicto de derechos. La justicia, según Ulpiano, es «dar a cada uno lo suyo», en singular.

Bibliografía

Benegas, A. (2014). «El rol de la desigualdad de ingresos y patrimonios». www.youtube.com/watch?v=ZZ-mfv9-Ohs&t=833s>.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial

Rousseau, J. J. (1998) [1762]. El Contrato Social. Barcelona: Edicomunicación.

Spooner, L. (2013). Sin traición. La constitución sin autoridad. [V. Kindle] Editorial Innisfree.

[1] En 2006, el líder de Convergencia i Unió (CiU), Artur Mas, tuvo la ocurrencia de firmar, ante notario, un «contrato con los catalanes», donde se recogían 21 compromisos electorales; los firmantes fueron Artur Mas i Gavarró y el notario Joan Carles Ollé i Favaró; incomprensiblemente, ni uno solo de los 5,3 millones de catalanes acudió a la notaría para firmar lo que, sin duda, era puro teatro: una promesa electoral disfrazada de contrato.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XXXIII) Lo social (I)

(XXXII) El free rider

El lenguaje económico (XXXIII): lo social (I)

Escrito por José Hernández Cabrera en noviembre 1, 2023. Publicado en Análisis diario.

Muy probablemente, de todos los términos analizados hasta la fecha, el más pervertido sea «social». Actualmente, todo concepto —ayuda, bono, cohesión, comedor, demanda, derecho, diálogo, doctrina (Iglesia católica), economía, escudo, estado, función, gasto, institución, justicia, política, paz, presupuesto, responsabilidad corporativa, salario, seguridad, utilidad, vivienda, etc.— acuñado «social» adquiere automáticamente un estatus político y ético incuestionable. Hoy criticaremos el adjetivo más confuso del último siglo (Hayek, 2015: 188):

Aun cuando sea tan equívoco el sustantivo «sociedad», mucho más lo es el adjetivo «social», que probablemente se ha convertido en la principal fuente de confusión de nuestro vocabulario moral y político. La extensión de tal proceso ha tenido lugar a lo largo de los últimos cien años, periodo durante el cual, a partir de la Alemania de Bismarck, su poderosa influencia ha alcanzado a todas las regiones del orbe.

Los grupos de interés

Según el diccionario de la R.A.E., «social» es aquello «perteneciente o relativo a la sociedad» o a una «compañía» (sociedad mercantil). Este adjetivo puede emplearse de forma meramente descriptiva, es decir, cuando su significado es neutro y no infiere una connotación moral; por ejemplo: capital social, ciencia social, club social, domicilio social, graduado social, realidad social, red social, trabajador social, etc. En el segundo caso, el adjetivo confiere al sustantivo que le precede un halo de bondad y justicia.

Numerosas demandas ilegítimas son calificadas «sociales» para que sean respaldadas por la opinión pública y, pari passu, por las autoridades políticas. De ahí su empleo extensivo para legitimar cualquier pretensión por parte de grupos organizados. Lo «social», con frecuencia, se asocia a personas con bajos ingresos o con necesidades básicas no cubiertas; por ejemplo: comedor social, guardería social, salario social, etc. Otras veces, el adjetivo se añade a sustantivos —ayuda, rescate, responsabilidad, valor— que connotan positividad de tal forma que el tándem resulta irresistible.

“Debería tacharse de antisocial”

¿Puede haber alguien en contra de la «cohesión social»? La Universidad de Málaga concede «Becas de Comedor de Cohesión Social» y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un «Área de Gobierno de Cohesión Social e Igualdad». En definitiva, para que una idea, proyecto o medida tenga una acogida favorable, deberemos afirmar que es «social» y que su implantación mejorará la sociedad.

Por desgracia, detrás de lo «social», se esconden pretensiones espurias de minorías organizadas o “rent seekers”[1] que buscan apropiarse de fondos públicos o que se promulgue una legislación ad hoc que favorezca sus intereses. Decía Hayek (2015: 193): “Lo ‘social’ debería más bien tacharse de antisocial”. Si la sociedad es el conjunto de “todos” los individuos, lo único genuinamente social es aquello que siendo bueno para algunos no perjudica a nadie. Robar a unos para entregárselo a otros —da igual quien lo haga— es antisocial porque destruye los principios de libertad y propiedad privada que caracterizan un orden justo.

Ayuda social

El fin no justifica los medios. Una ayuda solo es lícita en ausencia de violencia. La ayuda genuina se realiza voluntariamente y con medios propios: servicios, productos, fondos, etc. Solo las organizaciones —religiosas, filantrópicas, mutualidades, fundaciones— que utilizan fondos privados y los particulares que hacen donativos son benefactores sociales genuinos. Tanto el donante como el receptor han mejorado su situación (utilidad psicológica y material, respectivamente) y ningún tercero ha sido perjudicado. Solo aquí podemos afirmar que la «sociedad» ha mejorado.

Así mismo, toda actividad económica (que no implique robo o fraude) es social porque beneficia a quienes intercambian sin perjudicar a nadie. En cambio, las ayudas otorgadas por el gobierno son antisociales porque benefician a unos a expensas de otros. Por ejemplo, una beca privada es social y otra pública es antisocial. Lo que llamamos «dinero público» es en realidad «dinero confiscado al público».

El dinero público nunca es de «todos». Antes de ser confiscado, pertenecía a específicos individuos, después pasa a manos del Estado y finalmente termina en los bolsillos de los receptores de la «ayuda». «Estado social» es un oxímoron porque su actuación origina dos clases socialmente antagónicas: los consumidores y los proveedores netos de impuestos (Calhoun, 1953).

Demanda y utilidad sociales

Eminentes economistas afirman que el Estado asume «proyectos socialmente útiles, como la exploración espacial o la investigación científica» (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34). La «utilidad social» es una falacia colectivista que sirve principalmente a los fines del intervencionismo. En primer lugar, la utilidad es un fenómeno psicológico y subjetivo que no admite manejos aritméticos. Hayek (2014: 277) critica que los servicios tengan valor para la sociedad:

Aunque los economistas emplean a veces alegremente el concepto de «valor para la sociedad», se trata de un concepto que no existe en absoluto, y la expresión implica el mismo tipo de antropomorfismo o personificación de la sociedad que hallamos en la expresión «justicia social». Los servicios sólo pueden tener valor para unas personas en particular (o una organización), y todo servicio específico tendrá valores muy distintos para los diversos miembros de la misma sociedad.

¿Y cómo saber lo que demanda cada miembro de la sociedad? El mercado nos lo dice, a través del sistema de precios (no interferidos), que indica al empresario la cantidad y calidad de bienes que debe producir. La fidedigna «demanda» social es la expresada libremente por los individuos en un mercado libre. Según Mises (2011: 233): «La relación de intercambio es la relación social por excelencia». Si los consumidores, en su caso, no están dispuestos a financiar la exploración espacial porque tienen otras prioridades, el gobierno debería abstenerse de alterar violentamente sus preferencias. En un artículo anterior ya tratamos la falacia de la «inversión» pública.

Bibliografía

Hayek, F. (2014). Derecho, legislación y libertad. Madrid: Unión Editorial.

Hayek, F. (2015). La fatal arrogancia. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006). Economía. Méjico: McGraw Hill (18ª ed.).

[1] Del inglés: buscadores de rentas

Serie ‘El lenguaje económico’

(XXXII) El free rider

El lenguaje económico (XXXII): el free rider

Escrito por José Hernández Cabrera en octubre 2, 2023. Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El lenguaje económico (XXXII): el free rider

La literatura económica define al free-rider como «polizón», «parásito», «oportunista», «gorrón», etc. Hoy analizaremos todos estos términos —normalmente acusatorios— para demostrar que el comportamiento del free-rider es impecable desde las ópticas económica, jurídica y ética.

Externalidades

En ocasiones, el productor de un bien anticipa que ciertas personas —los free-riders— pueden consumirlo sin pagarlo. Según Mises (2011: 777) caben dos posibilidades:

1. El interesado estima tan grande su ganancia personal que está dispuesto a soportar íntegramente los costes.

2. El coste resulta tan elevado que ninguno de los potenciales beneficiarios está dispuesto a soportarlo íntegramente por separado y la obra únicamente puede ejecutarse si un número suficiente de personas aúna sus esfuerzos.

“Polizón” y “parásito”

Llamar al free-rider «polizón» es incorrecto. El polizón embarca, clandestinamente, ilegalmente, en un medio de transporte. Para viajar «gratis», debe previamente invadir una propiedad privada, sin autorización del propietario. El free-rider, por el contrario, es un beneficiario no intencional: no invade la propiedad privada y no viola la ley. Solamente se aprovecha de una circunstancia sobrevenida sobre la que no tiene control. La conducta del free-rider, en definitiva, es jurídicamente correcta, pues no viola derecho alguno, en particular: la propiedad del productor o la de terceros que pagan.

Un parásito es un organismo que vive sobre otro organismo —huésped— o en su interior y del que se alimenta. Desde un punto de vista biológico, un parásito (al igual que un depredador) no es mejor ni peor que su huésped. En el ámbito humano, en cambio, la metáfora «parásito» introduce un juicio moral condenatorio. El parásito biológico vive a expensas de su huésped depauperándolo, enfermándolo e incluso matándolo; es decir, el parásito invade a su huésped perjudicándolo.

En cambio, el consumo del free-rider no se produce en detrimento de terceros que pagan. Cabalmente, solo podemos decir que A parasita a B cuando, de forma invasiva, el primero vive a expensas del segundo; ello implica un vínculo hegemónico, de fuerza entre A y B. Esta circunstancia no se da en el free-rider, en cambio, se produce cotidianamente cuando políticos, funcionarios y otros consumidores netos de impuestos viven a expensas de los productores del sector privado.

“Gorrón” y “oportunista”

Tal vez, «gorrón» sea la definición más aproximada al free-rider, pero un «aprovechado», en su caso, no invade, no ataca, ni sustrae la propiedad privada de terceros. El gorrón, eventualmente, puede tener un comportamiento egoísta y antisocial, pero no viola ninguna ley ni comete crimen alguno.

¿Es malo ser un oportunista? Una oportunidad es una situación que, debidamente identificada^[1] y gestionada, proporciona al agente un gran beneficio en relación con el coste soportado. El oportunismo es propio de la función empresarial, pero también de la acción humana misma. Disfrutar los beneficios de una situación preexistente o sobrevenida no solo forma parte de la racionalidad económica, sino que es una causa no intencionada del progreso humano: «Heredamos de nuestros antepasados no solo bienes y productos diversos, de los que derivamos riquezas materiales, sino también ideas y pensamientos, teorías y técnicas, a las que nuestra inteligencia debe su fecundidad» (Mises, 2011: 214).

El mito de la «deseabilidad social»

Un grave error de la teoría de los bienes públicos es colectivizar el valor, ya que este es subjetivo. Solo el individuo puede saber si una determinada externalidad le beneficia o perjudica. Por ejemplo, conspicuos economistas afirman que los fuegos artificiales constituyen una externalidad positiva que debe sufragarse mediante la coacción fiscal, de otro modo, la cantidad producida sería menor a la «deseable socialmente»; pero sólo los individuos tienen deseos.

Los pirómanos seguramente desearían quemar más pólvora, mientras que otros sufren el ruido de las explosiones y desearían su prohibición. ¿Cuál es el estándar para determinar que la cantidad producida de un determinado bien sea «excesiva» o «insuficiente»? ¿Es posible conocer los deseos de todos los individuos? Y aún dándolos por sabidos, ¿es posible sumarlos y restarlos? Solo el libre mercado, mediante el sistema de precios, puede producir las cantidades y calidades de bienes que los consumidores demandan.

¿Debe el free-rider pagar por la externalidad?

En el supuesto de existir una externalidad positiva, el beneficio del free-rider no procede de una relación contractual, explícita o tácita, que obligue al pago de la utilidad recibida. Como dice Block (1983: 9): «Ciertamente, él no ha demandado esos beneficios y, en ningún caso, puede alegarse que los haya contratado».

Bibliografía

Block, W. (1983): «Public Goods and Externalities: The Case of Roads». Journal of Libertarian Studies, vol. VII, n.o 1, primavera, pp. 1-34.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

[1] Las oportunidades no se crean, tal y como dice la publicidad del BBVA. Las oportunidades son preexistentes y solo pueden ser descubiertas.

Ver también

El paraíso de los free riders. (María Blanco).

El free rider y sus secuelas. (Joaquín Santiago).

Serie ‘El lenguaje económico’