Los países más socialistas del mundo son también los más corruptos. Hablo de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela, de China, de Ecuador. La esencia del socialismo es el poder absoluto del Estado.
Un dirigente de Podemos contesta una llamada y responde al periodista de un medio nada apreciado por el partido de Pablo Iglesias: “Te he cogido el teléfono porque no sabía quién eras”. Una vez que haya guardado el número en su agenda del móvil seguramente, la próxima vez deje que el aparato suene hasta que el comunicante se aburra. Es lo que hacen otros altos cargos de la formación y algunos responsables de prensa de la misma.
Uno de estos últimos responde de forma excepcional a una llamada del mismo periodista, que le pide poder entrevistar a una dirigente del partido. La respuesta es contundente: “Os concederemos entrevistas cuando veamos que sois un medio de fiar”. Traducido del ‘podemita’ a román paladino significa: “cuando nos doréis la píldora en vez de escribir sobre nuestras miserias, os concederemos entrevistas”.
Se celebra la rueda de prensa de presentación de Ahora Madrid (partido instrumental con el que Podemos se presenta a la alcaldía de la capital de España). El mismo periodista habla con uno de los portavoces y le pregunta si ellos sí van a atender a sus llamadas. La respuesta no tiene tampoco precio: “No sé decirte, eso lo tendrán que decidir los de prensa”.
Todas y cada una de estas anéctodatos son reales. Las ha vivido durante las últimas semanas el autor de este artículo. Es el testimonio de cómo trata el partido de Iglesias, Monedero, Errejón, Bescansa y compañía a los medios que no les jalean.
Y hasta con los medios que podrían considerar afines empiezan a perder las formas. Cada vez son más las ocasiones en las que los dirigentes de Podemos protestan en un programa de televisión porque se tratan temas que no le gustan. Pablo Iglesias ya ha abroncado a Javier Gallego (Carne Cruda) por preguntarle por Monedero y a Jesús Cintora (Cuatro) por permitir que le inquieran sobre Venezuela. En ambos casos se trata de presentadores que siempre se han mostrado complacientes con la formación ultraizquierdista española.
Las muestras de prepotencia y la actitud de ordeno y mando se han producido en otros programas. Luis Alegre le exigió a Ana Rosa Quintana (Telecinco) que purgara de sus tertulias a Alfonso Rojo y Eduardo Inda. Ramón Espinar, que representa a Podemos en Un Tiempo Nuevo (Telecinco), ha exigido en dos programas seguidos que se deje de hablar de Venezuela. La presentadora, Sandra Barneda, le ha tenido que recordar en la segunda ocasión que cuando va al programa ya sabe los temas que se van a tocar y tiene la opción de no acudir.
Hay otros ejemplos. Pero no dejan de ser más casos en los que los representantes de Podemos pretenden vetar cuestiones o periodistas para que no se les moleste.
Asunto aparte son las ruedas de prensa de Podemos y sus filiales. Cuando un político comparece ante los medios, suele haber un toque de seriedad y cierta austeridad. El ponente dice unas pocas palabras, se le pregunta, él responde lo que quiere y cuando se acaba, todo el mundo se marcha o se hacen corrillos sin que se oiga un aplauso. Podemos funciona de otra manera.
Introducen militantes bien entre los periodistas bien en los laterales y al fondo. Tras la intervención inicial, que suele ser larga y mitinera, suenan aplausos. Como un profesional toque temas incómodos en sus preguntas, no es descartable que se oiga algún improperio amedrantador del tipo “ya están los de siempre”, “lo mismo de todas las veces” o “ya están tocando las narices”. Lo cierto es que de poco les sirve, pero lo hacen. Y al terminar el acto, vuelven los aplausos.
Todas estas prácticas demuestran una falta total de respeto a la libertad de expresión y de prensa. Son señales del papel que otorgan a los medios, que para ellos son o meras comparsas o enemigos. ¿A qué recuerda todo esto?
La Gala de los Goya siguió el guion cinematopolítico y terminó convirtiéndose en un acto de resistencia fiscal contra el Gobierno, representado por el ministro Wert. El auditorio se constituyó en un clamor unánime contra las subidas de impuestos o, mejor dicho, contra la subida de impuestos. Porque al parecer, y atendiendo al discurso oficialista de los Goya, desde que el nefasto Ejecutivo del PP llegó al poder sólo se ha producido un sangrante incremento fiscal: el del IVA cultural.
"Ya va siendo hora de que nos bajen el maldito IVA", exclamó el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho. Nótese el complemento indirecto de la oración: nos. Porque de eso se trata justamente: el IVA cultural es un impuesto malo porque les afecta directamente a ellos, a su negociado; todos las demás brutales subidas de impuestos impulsadas por Montoro durante esta legislatura –más de cincuenta padecidas por los españoles de todas las condiciones– o no merecen consideración alguna o, incluso, son subidas buenas, en tanto castiguen a los más ricos.
Ciertamente, no pretendo que la Academia de Cine se instituya en el representante de los intereses del pueblo español (aun cuando muchas veces se haya arrogado ese papel, convirtiéndose en "el mundo de la cultura", "los intelectuales" "o la conciencia crítica" de los españoles): lo lógico es que concentre sus esfuerzos en defender sus propios intereses, y sus propios intereses pasan en este caso por reclamar legítimamente una reducción del IVA cultural. Que nos bajen el maldito IVA. Ahora bien, precisamente por ello jamás deberíamos haber perdido de vista que la Academia de Cine es un lobby: un grupo de presión constituido para orientar la acción del Gobierno hacia la defensa de sus intereses privativos, al margen de cuáles sean los intereses del conjunto de los españoles.
Desde luego, no estoy afirmando que la Academia de Cine sea el lobby: son un lobby más –unos cazadores de rentas más–, y no particularmente poderoso frente a otros grupos de presión con muchos más recursos y mejores conexiones. Pero sí son un lobby que convendría que la ciudadanía española comenzara a percibir como tal, para así filtrar sus bondadosas palabras. A la postre, el propio González Macho recalcó durante los Goya que había que convertir el cine en un "tema de Estado"; entiéndase, pues, el mensaje que verdaderamente estaba emitiendo como director de este lobby patrio:
Nuestros intereses particulares merecen una mayor consideración que los intereses particulares de cualquier españolito de a pie, y por eso estamos legitimados para que el Estado instrumente su coacción contra los españoles y a nuestro favor.
Puede que ni siquiera los propios integrantes de este lobby patrio se reconozcan en ese mensaje –la fuerza del autoengaño es muy poderosa–, pero ése es su discurso de fondo: reivindicamos simultáneamente la necesidad de maximizar las subvenciones al cine y de minimizar los impuestos que soporta el cine; esto es, reivindicamos recibir las máximas transferencias del Estado y hacernos cargo de las mínimas transferencias al Estado. Puedo entender, aunque no compartir, el discurso de aquellas personas que reclaman un mayor gasto público aceptando que tendrán que contribuir a financiarlo con mayores impuestos; también puedo entender y compartir posiciones con aquellos otros que abogan por unos menores impuestos siendo conscientes de que ello acarreará un menor gasto público. Lo que no puedo ni entender ni compartir –salvo desde la sectaria óptica del lobby– es que uno reivindique un mayor gasto público sin estar dispuesto a contribuir a financiarlo fiscalmente: las mieles para mí, las hieles para los demás.
Ojalá la ciudadanía española vaya tomando conciencia de que el comportamiento habitual de la inmensa mayoría de actores en la esfera público-estatal no es más que una permanente impostura para lograr instrumentar la coacción estatal en su privativo interés. La Academia de Cine es sólo una anécdota dentro de una categoría, por desgracia, infinitamente más amplia. Si de verdad queremos librarnos de la lacra de los lobbies de todas las corrientes y orientaciones, nada mejor que minimizar el intervencionismo estatal: sin BOE, no hay lobbies que valgan.
El modelo de financiación estatal debería asegurar el mismo acceso a los servicios públicos a toda la población, como dice la diputada del PSOE, Patricia Hernández Gutiérrez, independientemente de donde vivas. No se trata de que quien más paga, más exige. Eso es propio del ámbito privado, donde si has pagado un hotel de cuatro estrellas, tienes derecho a exigir servicios estándares de cuatro estrellas, y si no es así puedes denunciarlo. En el ámbito público, dado el principio de solidaridad interterritorial, las cosas funcionan de otra forma. Así que puede ser que te toque vivir en una Comunidad Autónoma que aporta mucho y recibe poco, o en otra que aporte poco y reciba mucho. Pero la universalidad de los servicios públicos debe estar asegurada.
El problema, más allá del ataque frontal a la existencia del Estado, que no es dogma de fe del liberalismo, sino solamente una opción, es cómo se delimita el conjunto de servicios que deben ser universales. Porque podemos pensar en la educación y la sanidad, pero en esas categorías, muy importantes y a la vez muy amplias, caben muchos epígrafes que no son la atención médica estricta o la investigación o el salario de los profesores o la calefacción de las aulas. Lo ideal sería que la administración dispusiera de un presupuesto tan generoso como para que todos pudiéramos exigir jacuzzi individual, clases de violín, instrumento incluido, puesto de trabajo vitalicio, pisito con garaje, etc., financiado por el Estado, simplemente por ser residente español.
Pero no es el caso. La situación es otra. Los impuestos no cubren los gastos, y no lo hacen desde hace mucho. ¿Cómo hemos llegado a ser titulares de una deuda estatal que en el segundo trimestre del 2014 representaba algo más del 96% del PIB?
Y aquí es donde hay que reflexionar acerca de ese "nuevo" modelo de financiación que dice que necesitamos la socialista canaria, afiliada al PSOE desde los 18 años y diputada con 24 por esas cosas de la cuota. ¿Qué modelo necesitamos? Obviamente, uno que ajuste ingresos y gastos. Pero a la vez, uno que asegure la universalidad de los servicios públicos. Y eso implica reducir la lista de servicios públicos, desglosar las partidas de gasto, revisar qué es imprescindible, qué es necesario y qué es superfluo. Porque lo que está muy claro es que este modelo de financiación no da más de sí. Yo me temo que su señoría no se refería a eso, supongo que la idea de Patricia Hernández era la cuadratura del círculo, aumentar el gasto para que quienes viven lejos no se vean perjudicados y puedan disfrutar de servicios universales y que el déficit sea sostenible.
Esa mentalidad es el origen del problema y es una herencia del mal llamado "estado del bienestar" que, lejos de asegurar la mejora de la condición de los menos favorecidos a costa de la solidaridad de todos, consigue que nos acostumbremos al recurso a la deuda, a una deuda creciente, hiperinflada y difícil de asumir.
La idea de un "estado asistencial" que supere los límites de la subsidiaridad es la semilla del problema. El Estado debía hacerse cargo de todos los males de la sociedad. Después, debía hacerse cargo de asegurar derechos universales cuya lista no tiene final. El resultado es que se puede retrasar pero no eludir por completo la quiebra de este modelo asistencial y engañoso con un nombre que ha calado hasta los huesos de todo el mundo. Y cuanto más deteriorada es la situación económica, más se agarran nuestras mentes al sueño imposible de mayor bienestar para los menos favorecidos, a la idea de "un mundo feliz" dictado desde arriba y al que hay que someterse.
Un breve análisis de la señora diputada de su propia frase podría llevarle a plantearse que tal vez, así no.
Una de las propuestas más sonadas y reconocidas de Podemos fue la de implantar una renta básica. El concepto de renta básica tiene un significado muy acotado en filosofía política y en economía: en palabras de su más conocido defensor, Philippe Van Parijs, la renta básica es un ingreso abonado por la comunidad política a todos sus miembros y sin ningún tipo de condicionalidad. Remarco sus dos características básicas: universalidad e incondicionalidad.
Algunos ya alertamos de que semejante propuesta era un disparate, por cuanto promovía la ruptura de la cooperación social voluntaria y, en última instancia, resultaba infinanciable. Asumiendo un pago anual per capita de 8.100 euros por adulto (el mínimo para cubrir el umbral de la pobreza) y 4.050 euros por menor (el 50% de ese umbral), los costes netos de este esquema se disparaban hasta los 250.000 millones de euros: el 25% del PIB… ahí es nada.
Posteriormente, los economistas de Podemos llegaron con las rebajas y se limitaron a prometer una asignación anual que ni siquiera cubría el umbral de la pobreza: 6.000 euros para adultos y 1.000 euros para menores. En tal caso, la factura de su ocurrencia se les rebajaba hasta 145.000 millones de euros… alrededor del 14% del PIB. Obviamente, seguía siendo del todo infinanciable.
En esas estábamos cuando, de repente, Podemos ha optado por renunciar a su propuesta más emblemática. Acaso porque resulte a todas luces inviable económicamente e invendible políticamente, acaso porque sus nuevos asesores económicos —Vicenç Navarro y Juan Torres— se hayan opuesto en público a su implantación, acaso porque cuando se acaricia el poder sea necesario ocultarse bajo la piel de cordero: sea como fuere, la renuncia a la renta básica parece un hecho.
Enmienda a la totalidad
Así, hace dos semanas, el economista de Podemos, Alberto Montero, reconocía la irrealidad de la medida y proponía reemplazarla por unos “mínimos vitales” garantizados por el Estado cuyo coste total rondaría los 22.000 millones de euros al año (2% del PIB). Asimismo, el sábado pasado en La Sexta Noche, Carolina Bescansa todavía aguó más la propuesta, redenominándola renta de “integración social” y cifrando su coste en 11.000 millones de euros anuales (1% del PIB). De la renta básica, pues, hemos pasado a una renta mínima de inserción, un mecanismo ya presente en diversas comunidades autónomas y cuyas notas características son la no universalidad y la condicionalidad (características opuestas a la renta básica): de hecho, los defensores académicos de la renta básica suelen ser enemigos acérrimos de las rentas de inserción por cuanto las consideran —acertadamente— en las antípodas de sus ideas.
El giro de Podemos, por tanto, no es anecdótico: se trata de una enmienda a la totalidad de una parte muy significativa de su programa. En cierto modo, cabrá concluir que la renta básica se ha convertido oficialmente en un unicornio: en una irrealizable y populista idea más, de ésas que blandió en las europeas para arañar algunos votos a parte de unos engañados electores. Cuando su principal promotor dentro del panorama político patrio arroja a la renta básica por la borda a las primeras de cambio, tal vez sea que, en el fondo, no resulte demasiado factible.
Conscientes o no, sin embargo, este entierro de la sardina de Podemos también contribuye a poner de manifiesto las grietas argumentales de su discurso tradicional. Al menos en dos extremos: la total pauperización de la sociedad española y la preeminencia de la voluntad política sobre las leyes económicas.
En cuanto a lo primero, sabido es que Podemos ha construido parte de su popularidad sobre la denuncia de la creciente pauperización que sufre la mayor parte de la sociedad española (a excepción de una pequeña minoría tildada de “casta”). A este discurso contribuyen recurrentemente informes amarillistas y tergiversados, como el muy reciente de Intermon Oxfam. Pues bien, si el coste estimado para esta nueva renta de inserción oscila entre 11.000 y 22.000 millones de euros y si asumimos un pago mínimo de 600 euros al mes por beneficiario (cifra por debajo de un bajísimo salario mínimo que, según los de Podemos, no da para vivir), tendremos que el número total de receptores de la misma oscilará entre los 1,5 y los 3 millones de personas, esto es, entre el 3% y el 6,5% de la población española. Por tanto, ésas serían las auténticas cifras de pobres que maneja el propio Podemos, y no otros porcentajes cada vez más extendidos que llegan a ser incluso diez veces superiores (el último informe de Cáritas, por ejemplo, sostenía que el 66% de los españoles mostraban algún rasgo de exclusión social).
Unicornio por corcel
Segundo, y mucho más importante, la misma articulación del proyecto político de Podemos se basaba en una idea tan sencilla como falaz: querer es poder. Más en concreto: la voluntad popular ha de ubicarse por encima de todo, incluidas las leyes económicas. El propio nombre del partido recoge esa pretensión: frente a tantos economistas aguafiestas que rechazan programas “ilusionantes” plegándose de hombros y profiriendo un “no se puede”, Podemos pretendía plantarse y gritarles un “sí se puede, claro que se puede: podemos”. Pero no: está visto que, en contra de lo que siguen afirmando muchos de sus líderes, no todo se puede. De entrada, la renta básica no se puede. No porque no se quiera, sino porque no es ni económica ni socialmente viable (al menos no en las cuantías propuestas: es obvio que una renta básica de un euro mensual sí sería factible).
La cuestión, claro está, es cuántas otras cosas que sigue proponiendo Podemos tampoco se pueden. Una vez abierto el cajón de los unicornios, ¿cuántos otros unicornios quedan dentro? O todavía peor, ¿a cuántos unicornios les disimularán el cuerno para hacerlos pasar por saludables corceles durante la campaña electoral? Porque si Podemos empieza a reconocer que no lo puede todo, es lógico pasar a preguntarse cuántas cosas de las que desea son, en realidad, factibles. A mi juicio, no demasiadas: ni la jubilación a los 60 años es sostenible, ni la reestructuración de la deuda es posible sin muy notables perjuicios económicos, ni aumentar la presión fiscal hasta el 50% del PIB es viable sin sangrar a las rentas medias y a las rentas bajas, ni la recuperación económica asentada en el estimulo burbujista de la demanda es verosímil. La renta básica tampoco lo era y desde Podemos han terminado por admitirlo antes siquiera de concurrir a las siguientes elecciones: ¿responsabilidad o tacticismo? Ojalá fuera lo primero, pero apuesto por lo segundo: lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses según quieran darnos unicornio por corcel.
¡Qué verano agonizante! Keira Knightley ha posado en cueros para Interview, que muestra en blanco y negro su figura estilizada, apenas remarcada por un busto escueto. Claire Cohen, de The Telegraph, la ha cubierto en elogios. Es, nos dice, un desnudo “feminista” por sus “pechos menos voluminosos”; el culo y las témporas por fin juntos. El feminismo de Clare abomina de la mujer como objeto de belleza, especialmente si se expone a su explotación comercial. Pero ¿qué tiene que ver eso con la sucinta figura de Knightley? Pero las modelos de la moda, epítome de la belleza femenina al servicio del mercado, quedarían expulsadas a los paddok de la Fórmula 1 con una talla más generosa, y lo viene a reconocer en su entusiasta y fallido artículo. Al final dice que gracias a sus medidas, ella es el producto comercial, con lo cual tampoco hemos avanzado mucho en su recatado feminismo. Claro, que para celebrar la naturalidad cuando tan de moda está la realidad aumentada tampoco hace falta ser feminista.
En este mismo capítulo de ideologías fallidas está nuestro Luis Tosar. Tiene la cara de mala leche más acrisolada del cine español. La tenía ya antes de que Hacienda repasase sus cuentas a ver si el robo se ajustaba a la ley o no. No vamos a prejuzgar nada. Aunque Montoro había hecho una acusación generalizada con el gremio: “Alguno de nuestros famosos actores no paga impuestos en España”. “Dicho y hecho”, ha declarado Tosar.
Hombre, hombre. Tosar. Pues claro. Tú crees que podemos. Que el Estado debe controlarnos a todos, robarnos más aún, repartir las migajas, y llamas a eso justicia. Solidaridad. Montoro es un aprendiz de brujo al lado de lo que pides. La política fiscal de Podemos es los Jemeres Rojos en la Agencia Tributaria. Montoro hace política. Persigue a los críticos con el Gobierno. ¿No quieres política? Toma dos tazas.
En esta confusión finicanicular, en este crepúsculo veraniego, nos preparamos para un curso político apasionante, con una España roja y rota, y Cañete colocado en Europa.
Posiblemente han visto ustedes la película protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, Lost in Translation (2003). Éxito de crítica y de taquilla, el segundo film dirigido por Sofia Coppola narra las tribulaciones de Bob Harris (Murray), un actor en su crisis de los 50 que ha viajado a Tokio a rodar un anuncio publicitario; y de Charlotte (Johansson), joven esposa de un fotógrafo más interesado en las modelos que retrata que en su mujer.
Si la han visto, quizás recuerden la escena del rodaje del spot en la que el director japonés imparte con pasión detalladas instrucciones que son traducidas por una lacónica intérprete de forma muy incompleta. Pues bien, algo parecido ocurre con muchos economistas “perdidos en la traducción” cuando, aterrados por la deflación, tratan de asimilar el caso de España al de Japón, y pierden una gran cantidad de matices.
La tentación de simplificar la riqueza de datos sobre ambas economías, muy diferentes en historia, estructura y cultura, para inferir un mismo destino –deflación y estancamiento económico– a partir de un suceso parecido –burbuja inmobiliaria y crisis del sistema financiero–, es poderosa.
Sin embargo, víctimas del sesgo confirmatorio, muchos insisten en esta errónea equiparación cada vez que se publican cifras negativas del IPC. Les sugiero que cuando los tintadictos aludan a Japón y a sus “dos décadas perdidas” para atemorizarles y reclamar ese robo en pequeñas dosis que es la inflación, consideren (i) si es la referencia adecuada para comparar y (ii) si los ciudadanos nipones realmente han perdido los últimos veinticinco años por culpa de la deflación.
Seguramente no sea necesario haber vivido largas temporadas en Japón –aunque quien haya tenido esa suerte podrá confirmarlo– para poder afirmar, sin temor a equivocarse, que la distancia, no sólo geográfica, sino cultural y económica con nuestro país, es enorme. Basta echar un vistazo a las principales magnitudes para corroborar que cuantitativamente no nos parecemos demasiado al país del sol naciente.
Destaca especialmente el altísimo porcentaje de la deuda pública nipona en manos de residentes (>90%) respecto al caso español (endeudarse cerca de dos veces y media el PIB a tipos de interés prácticamente gratis (0,5%).
Tampoco cualitativamente puede sostenerse la tesis del parecido razonable. Por ejemplo, entre las empresas del Fortune 500, España sólo cuenta con ocho compañías frente a las 57 de esa lista que tienen su sede en Japón. Y, por desgracia, es conocida por todos ustedes la incapacidad de nuestro sistema de educación universitaria para colocar a siquiera uno de sus centros entre las 100 mejores universidades del mundo, mientras en ese mismo ranking aparecen cinco japonesas. Por no hablar de la posición en otras clasificaciones como la de transparencia (40º de España frente al 18º de Japón), competitividad (35º contra 9º) o facilidad para hacer negocios, Doing Business, (52º frente a 27º).
Merece, pues, la pena, ser cautos a la hora de establecer comparaciones entre una y otra economía y extrapolar conclusiones a partir de un solo dato como es el del IPC. Además, realizadas las aclaraciones anteriores, cabe considerar si realmente puede simplificarse la historia reciente de Japón en la pérdida de más de dos décadas por culpa de la deflación. Pues, como en el caso de la escena mencionada de Lost in Translation, es probable que se nos estén escapando detalles importantes en la traducción.
Les propongo dejar para más adelante la evolución reciente de la economía japonesa en los últimos 3-4 años y les sugiero que se fijen en las dos famosas décadas desde que estallara la burbuja japonesa a principios de los años 90. Comprobarán que en ese periodo, pese al tan aireado estancamiento secular, el superávit por cuenta corriente nipón se multiplicó por un factor de más de cinco, mientras que el yen, en ese mismo lapso de tiempo, se apreció frente al dólar un 65%.
Dos simples datos que, estarán de acuerdo, se pegan con la leyenda del terrible daño que ha hecho la deflación a la economía del Japón. Y, por cierto, una invitación a la reflexión a aquellos que sostienen que para ser competitivos hay que devaluar la propia moneda.
Como advirtió el año pasado en un discurso el antiguo viceministro de finanzas japonés Eisuke Sakakibara, apodado Mr. Yen, a pesar de dos décadas sin crecimiento nominal, la japonesa es una sociedad bien acomodada y cuyos ciudadanos han prosperado económicamente durante estos años. Fíjense, si no, en la evolución de la renta per cápita de Japón en su historia reciente, y pregúntense si no es verdad que, a pesar de la imagen de desastre económico dibujada en la prensa, el país nipón ha venido produciendo un crecimiento robusto para sus habitantes en términos reales. Avance económico, por cierto, que se ha realizado en la misma proporción que países tan poco sospechosos como Alemania o Francia (ver gráfico).
Sin ánimo de elevar la anécdota a rango de categoría y sin pretender venderles una película de Hollywood como prueba empírica, sino sólo a título ilustrativo, les invito a recordar las escenas de la película mencionada al inicio –si se la perdieron, pueden echar un vistazo al tráiler oficial–. Rodada a mediados de las dos décadas, las imágenes mostradas no parecen reflejar las de una sociedad estancada, ¿no es verdad? Tampoco parecen compatibles con una economía languideciente el incremento de conexiones a internet por fibra óptica –de cero a más de 20 millones–, el aumento de la esperanza de vida en casi cinco años, o la construcción en Tokio de 80 rascacielos de más de 150 metros –frente a 64 en Nueva York– durante las dos décadas “perdidas”.
No parece, pues, que la deflación haya tenido efectos tan terribles en la economía de los hogares japoneses, ¿no creen? Sin embargo, el culto al crecimiento nominal del PIB y la estrecha visión que del progreso económico tienen la mayoría de los economistas, vinculándolo casi exclusivamente al consumo, hacen que se “pierdan en la traducción” cuando miran al caso japonés. Y la más dramática de las consecuencias la están sufriendo los propios nipones, al hallarse en el mismo error conceptual sus propios gobernantes –léase Shinzo Abe y Haruiko Kuroda– en los últimos años. El riesgo es dar al traste con el progreso económico real por su obcecación en las medidas keynesianas de estímulo de la demanda agregada, vía gasto público e inflación.
En el último post "El peligroso juego de la ‘indeflación‘", un amable lector me preguntó en el foro acerca de la relación de la indeflación con lo ocurrido en Japón en los últimos 25 años. En parte, este artículo está motivado por esa pregunta y la respuesta es que tiene todo que ver. En aquel juego de la soga, las fuerzas deflacionistas han venido ganando la batalla en esos veinte años y parece que a los japoneses no les ha ido del todo mal, como hemos visto. Sin embargo, en los últimos años, el esfuerzo de los políticos está siendo de tal magnitud y la intervención tan masiva que empiezan a dominar las fuerzas opuestas, con un final mucho más incierto.
Muestra de la espiral suicida en la que la Abenomics está metiendo a Japón, pueden verla en las últimas cifras publicadas, que arrojan una contracción anualizada del 6,8% de su PIB mientras que los precios al consumo crecieron en junio un 3,3% interanual. Es decir, una caída en términos reales de más de un 10%. Y todo ello tras meter a la antigua potencia exportadora en un importante déficit comercial –un -2,4% del PIB en 2013– y debilitar profundamente al yen –que perdió en 2013 un 21% de su valor frente al dólar–. Un fracaso en toda regla que debería hacer pensar a todos aquellos que creen que a un país le va mejor con moneda propia y con libertad para imprimir y devaluar.
Permítanme que cierre el artículo con una pregunta. ¿En qué Japón preferirían vivir ustedes? ¿En el de las dos décadas perdidas o en el actual de la Abenomics?
"Hamás, Hamás, judíos a la cámara de gas". Esa fue la consigna en varias ciudades de Europa. Todo se ha visto y oído durante el enfrentamiento entre la banda terrorista Hamás e Israel. Desde esvásticas pintadas en las sinagogas y cementerios judíos en diversas partes del mundo hasta grupos que coreaban ese infame pareado.
La mayor parte de los judíos (y los demócratas verdaderamente responsables) están tristemente asombrados por la intensidad del antiisraelismo mostrado por el grueso de los medios de comunicación en Occidente, por las reacciones de algunos gobiernos europeos y latinoamericanos –Brasil entre ellos– y por los numerosos incidentes callejeros antisemitas.
El origen del pleito lo resume magistralmente el escritor Amos Oz con un par de preguntas formuladas a Deutsche Welle:
¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente se sienta en el balcón, pone a su niños sobre él y comienza a disparar una ametralladora contra la habitación de sus hijos? ¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente cava un túnel desde su casa hasta la habitación de sus hijos con el objetivo de volar su hogar por los aires o secuestrar a su familia?
Es obvio que los judíos contraatacaron. ¿Es tan difícil entender la posición israelí? Luego de comenzado el conflicto se supo que por los casi cuarenta túneles descubiertos (probablemente hay otros) los comandos suicidas de Hamás iban a desatar una carnicería atroz el 24 de septiembre, fecha en que los judíos celebrarán su año nuevo (Rosh Hashaná).
¿Por qué el antisemitismo ha resurgido con tanta virulencia? Por varias razones.
Los seres humanos formulan sus juicios basados en estereotipos y en categorías. Es nuestra manera de asomarnos a la compleja realidad. Creemos tener una idea de cómo son los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los catalanes, los negros, los blancos, los chinos. Esas visiones esquemáticas con frecuencia están cargadas de connotaciones negativas.
Lamentablemente, la idea del judío fue acuñada por sus enemigos cristianos. Un pleito en la sinagoga –unos pocos judíos se convencieron de que ya había llegado el Mesías y se llamaba Jesús– se convirtió en una persecución cruel e interminable tan pronto el cristianismo, esa rama hereje del judaísmo, se convirtió en la religión del imperio romano por obra y gracia del Edicto de Tesalónica (año 380), promulgado por Teodosio I el Grande, un resuelto emperador que declaró "loco y malvado" a todo aquel que desconociera la autoridad del patriarca de Antioquía.
A partir de ese punto, y por los siguientes mil seiscientos años, los judíos fueron caracterizados como demoniacos, perversos, avaros, traidores, desleales y sucios. Los persiguieron, masacraron, expulsaron, difamaron y encerraron en guetos. Los marcaron como infames y los condenaron a llevar distintivos visibles, los obligaron a abjurar de sus creencias, so pena de muerte, y se crearon instituciones represivas, como la Santa Inquisición, que tenían entre sus objetivos destruirlos o purificarlos en las hogueras.
Este acoso permanente acuñó un estereotipo muy negativo; se perpetró de manera continuada el asesinato de la reputación de todo un pueblo. La gran literatura se encargó luego de recoger y esparcir esa bazofia: Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo, Voltaire, Dickens, T. S. Eliot, Pío Baroja, Dostoiveski y otros cien magníficos autores incurrieron en diversas manifestaciones de antisemitismo que mantuvieron viva la llama del odio.
Fue Napoleón quien comenzó la liberación de los judíos, derribando las murallas de los guetos a principios del siglo XIX, pero el cambio de las leyes no impidió que la tradición del antisemitismo se mantuviera hasta llegar al paroxismo nazi: unos tipos convencidos de que la erradicación total de este pueblo solucionaría casi todos los problemas de la humanidad. La felicidad, sostenían, llegaría de la mano de un monstruoso genocidio.
Hoy, el viejo antisemitismo de la Inquisición, de los cosacos, de los nazis, es una de las señas de identidad de los grupos llamados progresistas. Si en nuestros angustiosos días alguien quiere asumir instantáneamente un rol revolucionario, la manera más eficiente de lograrlo es mostrar su rechazo a los judíos y su condena a Israel. Es el equivalente de colgar un póster del Che o ponerse una camiseta con su efigie.
Afortunadamente, la terrible etiqueta colgada al pueblo judío es reversible. El hecho de que Israel, rodeado de enemigos, sea una sociedad tercamente democrática, próspera, creativa, generadora de ciencia y tecnología, donde viven los únicos árabes –mujeres incluidas– libres de toda aquella torturada zona, desmiente el maligno estereotipo. Poco a poco se irá abriendo paso la verdad: Israel es la más exitosa y digna experiencia política de la segunda mitad del siglo XX. Pero hay que decirlo en voz alta y sin miedo.
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De pronto, la retórica económica se ha visto enriquecida con un nuevo verbo. Tituló La Razón: "El Ejecutivo moviliza 11.000 millones para apuntalar el despegue". Y leí en Expansión: "Canarias movilizará 7.000 millones para modernizar el turismo". ¿Cómo no se nos había ocurrido antes que movilizar era una cosa tan estupenda?
Estupenda se puso doña Soraya Sáenz de Santamaría al hablar de tanta movilización cuando presentó el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, que esta gente que nos gobierna jamás hace planes para cosas malas. Aseguró la señora vicepresidenta que la movilización es para "consolidar la recuperación económica y ampliar sus efectos a todos los niveles". Todos, oiga, todos. A ver quién es el guapo que se atreve a oponerse. Y todo, todo es estupendo: créditos baratos, subvenciones, dinero público a tope. Y, para que no tengamos la impresión de que hay algo en lo que el Gobierno deja de mimarnos, se anunció entonces que el Gobierno procedería a limitar las comisiones de las tarjetas de crédito, para apoyar al comercio minorista. Si es que piensan en todo.
Como siempre, se trata de una espectacular tomadura de pelo. Lógicamente, el Gobierno no puede movilizar nada que no haya removido antes: todos los efectos supuestamente plausibles del gasto público deben contraponerse a los efectos dañinos que dicha redistribución perpetra contra los ciudadanos y empresas que en última instancia la pagan.
Hablando de pagar, lo de las tarjetas de crédito es otro camelo. Presentado como un favor que generosamente hacen las autoridades a los comerciantes, en realidad es un castigo a los consumidores. Como era de esperar, lo primero que dijeron los emisores de esas tarjetas es que si obtienen menos ingresos de los comerciantes compensarán la pérdida aumentando las cuotas que pagan los titulares de las tarjetas. El Gobierno, pues, ha beneficiado a los comerciantes en cada compra pero ha castigado a todos los ciudadanos que tienen tarjetas de crédito, compren o no.
Nada de esto tiene relación alguna con la recuperación económica, que se producirá a pesar del Gobierno y sus reiterados y onerosos castigos a empresarios y trabajadores.
Y los trabajadores son los que quitan el sueño al impar Paulino Rivero, dispuesto también a movilizar lo que sea menester para resolver el 33% de paro que padecen los canarios, la segunda mayor tasa de desempleo de España, después de la de Andalucía. Y con la movilización va a cuadrar el círculo y a hacer frente al reto de Canarias: crear empleo y a la vez potenciar un sector (vamos ¿no lo adivina usted?) "estratégico". Proclamó Rivero:
No hay forma de bajar de forma significativa la tasa de desempleo si no somos capaces de impulsar el sector de la construcción, el único que puede crear puestos de trabajo de manera masiva a corto y medio plazo.
Usted se llevará las manos a la cabeza: ¡estos insensatos quieren promover más la construcción cuando hay cientos de miles de viviendas vacías! Calle, calle, que estos son unos genios. A ver: ¿cómo se moviliza la construcción sin aumentar la oferta de nuevas viviendas? Pues está claro: rehabilitando las viejas. Y así se crea empleo y a la vez se potencia el turismo. ¿No es genial?
Pues no, no es genial, es otro disparate que ignora los costes privados de la movilización pública y pretende sustituir el dinamismo empresarial por la burocracia política a la hora de buscar oportunidades de inversión. Es muy difícil que esto acabe beneficiando a la población.
Está claro que cuando las autoridades hablan de "movilizar" pretenden utilizar la primera acepción de dicha palabra: "Poner en actividad o movimiento". La realidad, empero, se ajusta más a la coacción política y legislativa que implica la clásica segunda acepción, con todo lo que supone de obediencia y sumisión: "Convocar, incorporar a filas, poner en pie de guerra tropas u otros elementos militares".
La semana pasada un buen puñado de ciudades europeas amaneció sin taxis, y no pasó nada. El taxi es simplemente un modo de transporte más en una ciudad moderna, el más caro y exclusivo, dicho sea de paso, ya que los otros modos están fuertemente subsidiados por la administración, lo que encarece los servicios discrecionales. Los taxistas sacaron sus automóviles de la calle para protestar por la irrupción de un nuevo servicio de transporte en forma de aplicación para teléfonos móviles llamado Uber. No es la primera app de este estilo aunque sí es la más disruptiva. Uber permite que cualquiera con un teléfono móvil pueda emplear su coche privado como transporte discrecional de viajeros. El mecanismo es simple. Por un lado los demandantes de transporte, por otro los ofertantes y entre medias la dichosa aplicación distribuyendo tráfico. En principio no tiene nada de malo. En un lugar como Madrid hay siempre miles de personas que necesitan ir de un lado a otro. Pueden hacerlo en Metro, en tren o en autobús, pero muchas veces, por cuestiones de horario o de preferencia personal, el medio elegido es el automóvil, que imprime a la movilidad urbana comodidad, intimidad y rapidez. Pero, ay, Uber no se limita a coordinar la oferta y la demanda, sino que establece un sistema de precios que permite la remuneración de los transportistas. Con la tutela y el apoyo logístico de Google, valiéndose de la geolocalización, cobra una tarifa sensiblemente inferior a la de los taxis convencionales. Inferior, he ahí la clave de todo.
Hasta la fecha el servicio remunerado de transporte de viajeros en automóvil por la ciudad de Madrid era monopolio del gremio del taxi, que goza de ciertos privilegios otorgados por la administración a cambio de someterse a una draconiana regulación. Una regulación que al común de los mortales nos sorprendería de conocerla en detalle. El ayuntamiento fija los precios, dicta horarios de trabajo, determina el número de plazas, el modelo de coche que pueden comprar los taxistas para efectuar el servicio y hasta el tipo de combustible que utiliza. Todos estos condicionantes –y unos cuantos más– han convertido al taxi en uno de los sectores más intervenidos y rígidos de España.
En un mercado complejo y cambiante como el del transporte, el corsé regulatorio que padecen los taxistas repercute directamente en la demanda, los viajeros, que carecen de alternativas y observan como la diversificación de servicios y precios que se da en otros sectores brilla por su ausencia en el del transporte urbano de viajeros en coche. Y es en este punto donde entra Uber. Los taxistas contemplan con asombro, preocupación, envidia y rabia que cualquiera pueda ofrecer el servicio que ellos prestan en exclusiva sin tener que someterse a la maraña de regulaciones e impuestos con la que se han acostumbrado a vivir. Su enojo tiene fundamento ya que las reglas no son las mismas para unos y para otros. Pero lo curioso es que, en su gran mayoría, no han aprovechado la ocasión para pedir a la administración que afloje el asfixiante dogal regulatorio, sino todo lo contrario. Claman para que el Gobierno cierre a cal y canto cualquier iniciativa que les arrebate un solo viajero con disparatadas penas como las que recientemente anunció el ministerio de Fomento. Un incomprensible “¡Vivan las caenas!” entonado a coro por un grupo de laboriosos y sacrificados autónomos.
El hecho, constatable en la realidad –esa misma a la que pretenden dar la espalda–, es que su protesta no ha podido obtener peores resultados. Con una huelga tan salvaje como la del miércoles pasado han multiplicado las descargas diarias de Uber hasta convertirla en una de las más populares, y la publicidad gratuita hecha por los mismos taxistas la ha dado a conocer entre gente que desconocía su existencia. Uber, en definitiva, ha recibido el espaldarazo definitivo en nuestro país de la mano de los taxistas. Increíble pero cierto. Los creadores de la aplicación han debido quedarse estupefactos en su oficina de San Francisco tras enterarse de la noticia. Nada sorprendente si partimos de que los taxis en Madrid están representados por dos asociaciones de marcado carácter lobista, lideradas por equipos escasamente preparados, amantes de las algaradas callejeras y la descalificación personal, que no conciben otra forma de obtener mejoras que arrastrándose por los pasillos del ayuntamiento buscando el apoyo de los mismos burócratas que hacen la vida imposible a los taxistas en el día a día.
La solución, por lo tanto, no es matar al mensajero, cometer un ubericidio, porque a estas alturas ya es imposible, habida cuenta de la oposición de la comisaria Neelie Kroes. Los taxistas harían mal en olvidar una importante lección, elemental en los tiempos que corren, si los políticos proscriben Uber, mañana aparecerá otra con un nombre distinto, más difícil de detectar, perfeccionada hasta extremos que hoy no podemos ni imaginar. Los taxistas europeos en general y los madrileños en particular han de adaptarse al nuevo tipo de demanda que pide servicios diferenciados, alejados de los estereotipos clásicos. Es necesario ofrecer lo que la gente solicita y no obligar a utilizar un servicio estandarizado en que miles de ofertantes concurren con el mismo servicio, el mismo precio y hasta el mismo automóvil.
La entrada de estas nuevas aplicaciones puede ser el acicate que empuje al sector a emanciparse del yugo regulatorio que constriñe el servicio y las iniciativas empresariales. Uber es, aunque parezca chocante, una bendición, la excusa perfecta para que la vieja y honorable profesión de taxista se libere y entre de una vez en el mercado. A fin de cuentas, el fin último de este negocio no es servir a una enloquecida ordenanza municipal ni a la rancia ley de transportes terrestres que debe ser modificada urgentemente, sino crear valor para los dueños de un taxi al tiempo que se satisfacen las necesidades de sus usuarios. En esto último los taxistas llevan la delantera. Son cien años mejorando, acumulando conocimiento, puliendo errores, evolucionando a pesar de las mil limitaciones impuestas por el Leviatán burocrático. Quizá no se pueda derrotar a Uber –y a todas las aplicaciones que vengan después porque los bits son libres–, pero si se le puede plantar cara ofreciendo la garantía de profesionales experimentados, la excelencia en el servicio y un trato personalizado para cada cliente.
