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Etiqueta: Enemigos de la libertad

Renta básica universal insolidaria y empobrecedora

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

La Red de la Renta Básica, integrada en la Asamblea Popular de Gran Canaria, presentó estos días una iniciativa legislativa popular para otorgar a todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, una renta básica con carácter «universal, individual, incondicional y suficiente que cubra sus necesidades básicas», la misma que llevó recientemente en su programa la nueva agrupación política Podemos. Según los promotores, la consideran «de justicia» y «la mejor herramienta para acabar con la desigualdad».

Una renta universal de 8.114 euros anuales, umbral de la pobreza, para todos los 34,2 millones de españoles mayores de edad tendría un coste aproximado de 308.000 millones de euros, el 30% del PIB. Si restamos los nueve millones de pensionistas y los que ya cobran por desempleo y otras prestaciones sociales, nos ahorraríamos en torno a 100.000 millones. Por ello, «el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del PIB», tal como ha publicado recientemente el doctor en economía y director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo.

Ni la A. P. de Gran Canaria ni Podemos han explicado que para llevar a cabo este propósito habría que aumentar el gasto público en más de un 60% del PIB, cosa inviable si no se elimina el Estado del Bienestar o se expropia a los españoles gran parte de sus ahorros duplicando la presión fiscal o saliendo del euro y devaluando nuestra moneda en al menos un 30%. Como la eliminación del Estado del Bienestar seguro que no está entre las posibilidades barajadas, no hay que ser ningún genio para saber que cualquiera de las otras alternativas puede que nos haga más iguales, pero lo que es seguro es que nos haría a todos mucho más pobres.

Por otro lado, en una sociedad libre, el que quiere lograr mediante intercambios voluntarios bienes y servicios que han producido otros con su trabajo y esfuerzo deberá ofrecer bienes o servicios que los otros valoren. De esta forma, a través del mercado es imposible conseguir más de lo que nosotros aportamos a los demás y para conseguir nuestros fines necesitamos satisfacer las demandas del resto.

Sin embargo, lo que esta empobrecedora e infinanciable renta plantea es poder vivir sin trabajar ni generar valor para los demás, o dicho de otra forma, esclavizar a unos para satisfacer a otros sin que estos ofrezcan nada a cambio. Por todo ello, esta renta sería injusta e insolidaria, pues eliminaría la cooperación social de mercado para ser sustituida por el individualismo egoísta y antisocial, es decir, obtener cosas sin tener que contribuir por ellas.

La propuesta ‘estrella’ de Podemos: 650 euros al mes para todos sin ninguna condición

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Definida como "activista por la soberanía alimentaria", dijo doña Esther Vivas al Diario de Teruel:

Vivimos en un mundo que genera hambre en un planeta de la abundancia (…) hay comida para alimentar a 12.000 millones de personas –casi el doble de la población mundial–, mientras que uno de cada siete seres humanos en el mundo pasa hambre (…) Es la cara más cruenta, el ejemplo más claro de que este sistema no funciona.

Antes de entrar en por qué la señora Vivas cree que el "sistema no funciona", conviene subrayar algunas evidencias. La primera es que nunca ha habido en toda la historia de la humanidad menos hambre que ahora. La segunda es que el hambre, en efecto, no es en la época moderna un problema de recursos sino de libertad. Si los comunistas mataron a millones de personas de inanición en Rusia, China o Corea del Norte no fue porque faltara comida, sino porque faltó libertad y porque las dictaduras socialistas arrasaron con las instituciones de la libertad: la propiedad privada y los contratos voluntarios. La consecuencia fueron unas terribles hambrunas. No es, por tanto, la escasez de recursos lo que lleva a que el socialismo empobrezca al pueblo. Si no hay medicinas en La Habana ni harina en Caracas no es porque no existan esos bienes sino porque el antiliberalismo de las autoridades impide que sean producidos y lleguen a los consumidores. Habría que coincidir, pues, con doña Esther: claramente, es un "sistema" que no funciona. Sin embargo…

Nuestro gozo en un pozo. Resulta que la señora Vivas le echa la culpa del hambre a… las empresas. Veamos su razonamiento: 

Llegamos a esta situación porque actualmente son unas pocas empresas las que acaban monopolizando la producción, la distribución y el consumo de alimentos (…) anteponen sus intereses de ganar dinero con la comida en lugar de priorizar el acceso de las personas a la misma.

Y tras demonizar al comercio y a los transgénicos concluye que Nestlé, Monsanto, Kraft, Mercadona, El Corte Inglés o Alcampo

son las que deciden qué comemos y las que monopolizan el sistema (…) para conseguir productos a un precio competitivo.

No cabe encontrar en estas palabras algo que sea verdad. Ante todo, la industria alimentaria no está monopolizada en el sentido de que alguien maneje arbitrariamente los precios, encareciéndolos artificialmente con respecto a los que existirían en un mercado libre. Hay grandes empresas, igual que las hay en la industria textil, pero no quiere decir que Inditex pueda hacer con los precios y las calidades de los productos que vende lo que desee.

El segundo error es el antiguo desvarío de que las empresas son malas porque quieren ganar dinero en lugar de regalar sus productos. Pero el beneficio empresarial no es solamente un ingreso legítimo, sino que es imprescindible para que los ciudadanos puedan tener acceso a los bienes. Una larga experiencia demuestra que los inconvenientes de que existan capitalistas empalidecen frente al drama que padecen los pueblos cuando los empresarios no existen. Es el drama que sufren cuando el poder político (porque sólo él puede hacerlo) impide el comercio o pone trabas al progreso técnico, como el que representan los productos transgénicos.

Son precisamente los amigos de la coacción del poder político y legislativo los que, para avalar sus incursiones punitivas contra la libertad de la gente, deben sugerir que dicha coacción es necesaria porque la gente es imbécil. Detrás de todo estatista hay un paternalista, alguien que cree que las personas no pueden ser dejadas en libertad, porque no sabrán o no podrán decidir. Es el caso de doña Esther Vivas, que seriamente sostiene que cuando vamos a El Corte Inglés o a Mercadona no somos nosotros los que elegimos qué cosa vamos a comprar, sino que Isidoro Álvarez y Juan Roig, pérfidos y agazapados, nos obligan a comprar lo que ellos quieren.

Por fin, anotemos que la señora Vivas no sólo se halla en flagrante contradicción con la realidad, también con ella misma. Empieza diciendo que las malvadas empresas son "monopolistas", pero termina asegurando que hacen justo lo contrario de lo que hace cualquier monopolista, a saber, "conseguir productos a un precio competitivo".

Piketty se equivoca

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“There is always inequality in life. Some men are killed in a war and some men are wounded and some men never leave the country. Life is unfair” John F. Kennedy.

Si recuerdan el incidente del año pasado con las famosas hojas de Excel de Rogoff y Reinhardt, no les sorprenderá la ronda de acusaciones que hemos vivido esta semana respecto al polémico libro de Thomas Piketty “El Capital en el siglo XXI”. 

El Financial Times publicaba el pasado sábado un artículo cuestionando los datos y las conclusiones del libro sobre el aumento desproporcionado de la riqueza en las clases altas en los últimos años. Piketty respondía en detalle unos días después. Gracias a la polémica, hoy disponemos de gran cantidad de datos y se puede contrastar la relevancia de cada uno.

El problema de fondo siempre es el mismo. No es el análisis económico, sino la conclusión política lo que falla. Lo mismo ocurrió con las conclusiones sobre deuda y crecimiento de Reinhardt y Rogoff. Aunque no se desmentía que los países con más endeudamiento crecen menos, sí se ponía en duda la conclusión drástica de que dejasen de crecer o decreciesen.

En el caso de Piketty es similar. No se desmiente la validez de muchos datos, pero se desmonta radicalmente la conclusión política, que aparece forzada, retorcida y desligada de los mismos. Su recomendación de que se debe expropiar y confiscar la riqueza no proviene de la información recopilada, enormemente valiosa, sino de su filosofía personal y percepción política: que la riqueza es injustificada y debe ser redistribuida, por supuesto, por el Estado. Desprecia el factor riesgo y el esfuerzo en la generación de riqueza e ignora las ineficiencias y obstáculos creados por el estado.

Piketty asume que la acumulación de riqueza es uniforme y constante, a pesar de mostrar, en sus propios datos, enormes caídas y fluctuaciones –de hasta el 78%- en los periodos recesivos. Para él la riqueza es simplemente acumulativa, cuando el propio análisis de las mayores fortunas en treinta años muestra bancarrotas y variaciones muy relevantes.

Piketty también olvida, al calcular la riqueza del 1% de la población, un factor esencial: la deuda contraída. En vez de analizar una rentabilidad sobre el capital empleado de los distintos extractos de población, asume que quien ha tomado un préstamo, creado una empresa y ganado una fortuna, no merece el fruto de su riesgo y esfuerzo comparado con quien se haya quedado en casa. O aún peor, asume que ese esfuerzo es irrelevante, su fruto inmerecido y que debe entregarse al Estado para que lo redistribuya, … si lo hace. Piketty no analiza en ningún caso si las políticas redistributivas aplicadas en su país, Francia, han sido efectivas. Claramente no, cuando muestra un aumento de la desigualdad similar al de países más liberales.

Olvidar, como hace Piketty, que el importantísimo aumento de la riqueza en las clases bajas que él mismo muestra en sus datos es una gran noticia y un éxito del capitalismo demuestra una perspectiva de la economía recaudatoria. Dicho aumento de riqueza proviene de depósitos y valor de inmuebles, con un porcentaje de deuda contraída mucho menor que el de las clases medias o altas.

Ignorar el riesgo y esfuerzo tomado para acceder a esa riqueza lleva a desincentivar que se siga creciendo. ¿Para qué esforzarse? Al asumir la riqueza en los países avanzados como una anomalía injusta, casi gratuita, comete un grave error. Lo demuestra el hecho de que ignore totalmente el impacto negativo en crecimiento y desigualdad de los países con un alto nivel de clientelismo e intervencionismo o corrupción.

No es de extrañar, porque Piketty no cuestiona el papel de los estados ni su nivel de intervención en la economía, de hecho la justifica, al analizar la riqueza desde un punto de vista recaudatorio, no de esfuerzo, riesgo o creación de valor.

Redistribución. Siempre, por supuesto, partiendo de la base de que su dinero no es suyo y su éxito, inmerecido.

Si algo se desprende de los datos del libro de Piketty, y confirmado por Angus Deaton en el excelente libro “The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality” es que el mundo hoy ha conseguido reducir la pobreza radicalmente y mejorar la calidad de vida de la mayoría.

Lo que olvida Piketty es donde se crea el verdadero problema de pobreza y desigualdad, que no es en Estados Unidos, Suecia o Reino Unido, países a los que gran parte de los ciudadanos del mundo buscan emigrar por sus oportunidades, sino en los países muy intervenidos y los eternamente emergentes. El propio Kenneth Rogoff lo mencionaba en un excelente artículo “¿Donde está el problema de la desigualdad?”. El capitalismo ha conseguido una mayor reducción de la pobreza global en los últimos treinta años que en todo el periodo analizado por Piketty en su libro.

En mi opinión, Piketty pierde la perspectiva sobre el gran problema, que es el intervencionismo, clientelismo y corrupción. Merece la pena leer el estudio de Anne Krueger “La economía política de las sociedades rentistas"1, donde se muestra que la falta de libertad, instituciones independientes y transparencia tienen mayor impacto sobre la desigualdad, pobreza y crecimiento para todos los ciudadanos.

Piketty no rechaza la desigualdad como algo negativo, pero asumía, incorrectamente, que los niveles de la misma llegaban a máximos cercanos a los registrados antes de graves conflictos o guerras y que, por lo tanto, se debía prevenir con megaimpuestos para evitar un estallido bélico.

Pues bien, ese análisis apocalíptico se desmonta cuando los datos muestran que los niveles de desigualdad no son ni remotamente cercanos a los de épocas pre-bélicas y, sobre todo, cuando pasa de puntillas, no por casualidad, sobre el hecho de que el mayor aumento de la riqueza de las clases pobres y medias se dio entre 1980 y 1995, esa era neoliberal malvada para algunos. Un aumento en Reino Unido del 34% de la renta per cápita real para las clases más pobres y un 39% en Estados Unidos. Lo comentaba en “Desigualdad, pobreza e ideología”.

Los mayores errores del libro de Piketty se encuentran en las conclusiones sobre el Reino Unido, donde la diferencia entre sus datos y los del Financial Times llevan a conclusiones diametralmente diferentes, como muestra The Economist y, en el caso de Estados Unidos, John Cassidy. No sólo no ha aumentado la desigualdad a niveles pre-belicos, sino que en el caso de Reino Unido se ha moderado. En el caso de Estados Unidos se muestra que el porcentaje de riqueza total del primer percentil alcanzó su máximo en 1995 y no ha aumentado, de hecho ha descendido.

A Piketty no parece preocuparle si el Estado distribuye bien o mal, despilfarra, o acapara hasta un 50% de la riqueza y propone algo que es simplemente impracticable: una tasa global a la riqueza. Es imposible asumir que todos los países del mundo adopten una medida así. Y él lo sabe, pero su propuesta será recibida con brazos abiertos por gobiernos y partidos. Ya lo comentábamos cuando hablábamos de los paraísos fiscales. No se puede pretender una medida global de semejante calado por una sencilla razón: siempre va a existir un grupo de países que no van a estar dispuestos a implementarla.

Buscar la igualdad a cualquier precio es desincentivar la creación de riqueza y empobrecer a todos. Pretender que un mega-impuesto distribuye correctamente la riqueza es despreciar el esfuerzo y el riesgo. Pensar que las medidas confiscatorias no tienen impacto sobre el crecimiento y el progreso es más que aventurado, sobre todo cuando no menciona que el periodo en que más ha crecido la desigualdad en los países con más sector público de Europa, según sus propios datos, ha coincidido con un creciente gasto y poder político.

Atraer capital y crear riqueza, mejorando la renta disponible de todos, genera más oportunidades y crecimiento. La desigualdad no se reduce con políticas confiscatorias, sino con incentivos para crear riqueza.

No hace falta entrar en medidas confiscatorias. El fracaso de las mismas ya lo vivimos hace muy poco, cuando la tasa marginal del impuesto sobre la renta era del 80% y Reino Unido, por ejemplo, era “el enfermo de Europa, condenado a mendigar, pedir prestado o robar” (Henry Kissinger).

El objetivo primordial debe ser garantizar la libertad, que permite crecimiento y desarrollo. Como me decía un taxista el otro día en Londres “volver a 1973 le debe parecer estupendo a cualquiera que no haya vivido en 1973… o a un loco”.

El premio Pulitzer Charles Krauthammer decía que «existe una razón por la que en Nueva York hay una estatua de la libertad. Que no es una estatua de la igualdad.». El debate continuará.

1 Krueger, Anne “The Political Economy of the Rent-seeking society” American Economic Review"

Renta básica: infinanciable y egoísta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La renta básica universal (RBU) vuelve a estar de moda a partir de su inclusión en el programa electoral de Podemos. Y, ciertamente, la devastada situación económica y social de un país como España parece conducir a la inexorable necesidad de adoptar alguna medida de este cariz. Por desgracia, y como voy a tratar de probar en los próximos párrafos, la RBU dista de ser una solución satisfactoria, muy en especial tal como la está impulsando Podemos: habrá que plantearse, pues, la conveniencia de otras alternativas.

Qué es y qué no es la renta básica universal

Antes de comenzar, conviene definir exactamente qué entendemos por renta básica universal: se trata de una renta que perciben incondicionalmente todos los ciudadanos de un país por el mero hecho de ser ciudadanos. La renta básica universal no distingue entre ciudadanos ricos o ciudadanos pobres, ciudadanos con empleo o ciudadanos sin empleo, ciudadanos socialmente comprometidos o ciudadanos huraños y aislados. Todos reciben el mismo importe por la mera circunstancia de existir. Las únicas limitaciones parciales que suelen plantearse afectan a los extranjeros, a los menores de edad y a los criminales (si bien la limitación del importe de la renta no tiene por qué ser total). La propuesta de Podemos es justamente ésa (ver su propuesta 1.12).

¿Cuánto costaría?

A mediados de 2013, en España residían 41,7 millones de españoles, de los cuales 34,2 millones eran mayores de edad. Asumiendo una remuneración igual al umbral de pobreza nacional (8.114 euros) para los adultos y del 50% de ese umbral de pobreza para los menores de edad, el coste de la aplicación de la renta básica universal sería de 308.000 millones de euros, alrededor del 30% del PIB. Si extendiéramos su aplicación a todos los residentes legales, el coste se incrementaría hasta los 344.000 millones de euros.

Dado que a pensionistas y desempleados no se les abonaría la RBU en adición de sus prestaciones actuales, habría que deducir del coste bruto de la RBU las actuales prestaciones estatales de hasta 8.114 euros. Así, en 2013 había alrededor de nueve millones de pensiones con un importe medio de 11.600 euros: asumiendo que esas pensiones se eliminaran en la parte abonada por la RBU, el gasto en pensiones se reduciría en alrededor de 73.000 millones de euros. Asumiendo, además, una reducción de 27.000 millones de euros adicionales en materia de desempleo y otras prestaciones sociales, tendríamos que el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del PIB.

Una suma absolutamente infinanciable en los términos en que plantea Podemos: a saber, no como una alternativa al Estado de Bienestar sino como un complemento. Si actualmente el gasto público asciende al 44% del PIB, habría que elevarlo al 65%-70%, lo que equivaldría prácticamente a duplicar la presión fiscal que ahora mismo padecemos. Distinto sería el caso de que, a cambio de recibir la RBU, se privatizaran totalmente la sanidad y la educación públicas: en tal caso, el tamaño del Estado sólo aumentaría hasta el 52-56% del PIB, un porcentaje muy alto pero no imposible. Claro que no parece que Podemos y muchos defensores de la RBU estén por la labor de privatizar totalmente la sanidad, la educación y las pensiones a cambio de proporcionar a cada persona una renta anual de 8.114 euros.

El profundo egoísmo de la RBU

Contra la RBU se han dirigido numerosas críticas: que supone un ataque contra los derechos individuales, que es infinanciable o que distorsiona gravemente el comportamiento de los individuos. Lo que no se suele mencionar es que, asimismo, resulta profundamente insolidaria. No en vano, la principal virtud que suele asignársele a la RBU es que instituye una solidaridad estructural entre los ciudadanos de una comunidad política. Sin embargo, la realidad es más bien la opuesta.

Toda sociedad se asienta sobre la cooperación de sus miembros en muy distintos órdenes: defensivo, cultural, afectivo, asistencial o productivo. Afortunadamente, los beneficios de vivir en sociedad exceden con mucho los beneficios de aislarse de la sociedad cual ermitaño huraño. No obstante, que vivir en sociedad sea más provechoso que vivir aislado no significa que cada individuo no trate de aprovecharse del resto de la sociedad: es decir, que intente extraer más de los demás de lo que él aporta a los demás.

El libre mercado, empero, fuerza a los individuos a establecer una cooperación estructural de carácter económico: si una persona desea acceder a los bienes o servicios que han producido otras personas deberá ofrecerles bienes o servicios que esas otras personas valoren. A través de los intercambios voluntarios, nadie puede extraer más valor al prójimo de aquel que el prójimo extrae de él y, gracias a ello, cada uno de nosotros debemos dedicar parte de nuestro tiempo a satisfacer las necesidades ajenas y no a satisfacer las necesidades propias.

Evidentemente, todos desearíamos que los demás trabajaran para nosotros (que produjeran todos aquellos bienes y servicios que necesitamos y que no fabricamos por nosotros mismos) y que, en cambio, nosotros pudiéramos dedicarnos exclusivamente a aquellas actividades que satisfacen nuestras necesidades aun cuando no satisfagan las necesidades ajenas. Sin embargo, es fácil comprender que si todos adoptáramos esa actitud netamente egoísta, la cooperación económica se disolvería como un azucarillo: todos nos dedicaríamos a fabricar lo que nosotros queremos y no lo que quieren los demás (esto es, la división del trabajo desaparecería). Por ese motivo, romper unilateralmente esta cooperación estructural resulta tan costoso dentro de un mercado libre: si un individuo no genera (o no ha generado y ahorrado) bienes y servicios valiosos para los demás, se hallará en una situación económica muy precaria, esto es, no podrá acceder a los bienes y servicios fabricados por los demás. De ahí que el mercado libre desincentive el individualismo antisocial y promueva la socialización económica.

La renta básica universal es, justamente, la herramienta que habilita a cada individuo dejar de cooperar con el resto de la sociedad sin al mismo tiempo sufrir los costes de esa ruptura unilateral de la cooperación social: cada individuo recibe una porción de la producción de los demás sin aportarles a los demás producción propia que ellos consideren suficientemente valiosa (si así se hiciera, no se necesitaría la RBU, ya que bastaría con que unos y otros intercambiaran voluntariamente sus respectivas producciones). En otras palabras, la RBU es una subvención al individualismo antisocial (el tipo de individualismo que Hayek tildó de antiliberal) que permite a las personas vivir a costa de los demás sin preocuparse por los demás.

No por casualidad, los defensores de la RBU suelen aducir que, por el mero hecho de percibirla, la inmensa mayoría de la gente no dejaría de trabajar, sino que se dedicaría a desarrollar aquellas tareas que la autorrealizaran. Pero con semejante aseveración sólo se está reconociendo implícitamente que los receptores de la RBU podrían desentenderse de las necesidades ajenas y concentrarse egoístamente en las propias: a la postre, si las actividades específicas que autorrealizaran a un cierto individuo fueran losuficientemente valoradas por los restantes individuos, bastaría que intercambiar sus servicios en un mercado libre. Que se necesite de una RBU para puentear al mercado claramente demuestra que se quiere vivir de los demás sin preocuparse por los demás.

La alternativa: renta de propietarios y renta de subsistencia subsidiaria

En el fondo, si ese error intelectual llamado RBU resulta tan atractivo para muchos individuos es porque aúna las características de dos rentas que sí son socialmente deseables.

La primera es una renta que nos permita vivir sin trabajar y que nos proporcione suficiente tiempo libre para dedicarnos a aquellas actividades personales que nos autorrealicen. Nótese que hablo de una renta que permita vivir sin trabajar, no sin generar valor para los demás. Éste es el caso de las rentas del capital: una persona puede ahorrar a lo largo de su vida, invertir juiciosamente ese ahorro y vivir de la renta que se derive de esa inversión (renta que se materializa en forma de bienes y servicios valiosos para los demás). Ciertamente, deberíamos avanzar hacia una sociedad de propietarios que permitiera que todo trabajador ahorrador percibiera, tan pronto como fuera posible, una renta de propietarios. Pero para ello, claro, resulta imprescindible reducir drásticamente la salvaje fiscalidad que padecen los españoles.

La segunda es una renta de subsistencia de carácter subsidiario. En toda sociedad existen personas que, transitoria o permanentemente, son incapaces de generar bienes y servicios valiosos para los demás. Parece equitativo y razonable que esas personas que no pueden cooperar con los demás por incapacidad —y no por capricho— reciban una ayuda del resto: se trataría de una renta dirigida a garantizar su subsistencia y que tendría un carácter subsidiario frente a todas las demás fuentes de renta. Muchas personas confunden la RBU con esta renta de subsistencia subsidiaria, pero sus notas características son muy distintas: ni es universal (sino específica para los que la necesidan), ni es incondicional (sino sometida a la condición de que, por ejemplo, la persona no pueda valerse por sí misma en un mercado libre). Aquellos que puedan pero no quieran cooperar con los demás no la recibirían (a diferencia de lo que sucede con la RBU).

Esta última renta ha sido, de hecho, defendida por algunos pensadores liberales como Friedrich Hayek (suele afirmarse que Hayek defendió la RBU, pero no: se limitó a defender unos ingresos mínimos garantizados exclusivamente para aquellos que no pudiesen valerse por sí mismos en un mercado libre). Yo mismo en Una revolución liberal para España defiendo este tipo de esquemas, tratando de exponer por qué la lógica y la evidencia histórica apuntan a que emergerían en una sociedad libre sin necesidad de que el Estado los impusiera (si bien, si fuera menester, un Estado mínimo podría imponerla para garantizar que nadie se quedara descolgado) y que conllevarían un coste máximo del 4% del PIB.

La renta de propietarios y la renta de subsistencia subsidiaria son dos rentas compatibles con un orden social libre, voluntario y cooperativo. Por el contrario, la RBU contribuye a socavar las bases de ese orden social libre, voluntario y cooperativo: no es más que el aguinaldo social a la asociabilidad.

¿Quién es el corrupto?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Además de la corrupción que persiguen las leyes, hay otra corrupción, institucionalizada, que vertebra y hace viable el sistema estatal.

Más allá de los robos y trapicheos, el Estado promueve una corrupción de todos con todos. Bajo la ilusión de que lo público es gratis, la gente espera recibir servicios públicos pagados por otros, “los ricos”. Y siempre hay otros que son considerados más ricos, que son los que se espera que paguen esos servicios.

Gracias al entramado de subvenciones y ayudas que riegan todos los sectores y llegan hasta el último rincón, los individuos pasan a ser estatodependientes. No importa la cuantía o el motivo, pero no podemos encontrar actividad económica o profesional que dentro del Estado no dependa de una concesión, publicidad institucional, concurso público o, directamente, subvención. Los grupos organizados más poderosos son quienes obtienen más beneficios estatales mientras que los más miserables deben conformarse con las migajas, y aun así agradecerlas.

Durante la crisis algunas de estas subvenciones y ayudas se han visto recortadas, limadas en porcentajes irrisorios teniendo en cuenta el montante total, pero rápidamente estos sectores subvencionados han clamado contra un austericidio inexistente. Semejante indignación siempre ha ido encaminada a exigir más Estado, más sistema. Suelen autodenominarse antisistema pero si se examinan sus propuestas se verá que son conservadores en su peor acepción, en el mejor de los casos pretenden mantener sus privilegios y subvenciones y en el peor, aumentarlos.

La compra de favores no es algo nuevo en la humanidad y una democracia sin controles puede degenerar fácilmente en la compra de votos a través de rentas aseguradas por los presupuestos generales del Estado. Un sistema así generalizado garantiza la estabilidad y perpetuación del sistema de rapiña del emprendedor. Nada cambiará pese a que lleguen al poder partidos de otros colores mientras su alternativa siga hacer viable el Bienestar del Estado o aquellos que quieran aumentar el establo de unicornios de los “derechos sociales” sin tener en cuenta cómo alimentarlos. Nada cambiará porque en el fondo todo el mundo sabe que de una forma u otra depende del Estado. Así que sólo cabe preguntarse quién es el corrupto.

Estado minotauro

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Bertrand de Jouvenel (1903-1987) [1] [2] en su obra Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento definió un nuevo tipo de Estado que bautizó con el nombre de Estado Minotauro.

Empleó el mito griego de Teseo, para describir un Estado Minotauro que equivale a la bestia gigantesca, mitad toro y mitad hombre, que recibía como alimento a los jóvenes ciudadanos de Atenas que eran encerrados en un laberinto, como precio a pagar por los atenienses por haber perdido la guerra contra Creta: la pérdida de la libertad a cambio de la seguridad.

Forma política del Estado

La forma política del Estado moderno surgió a finales del siglo XV en Europa y, en España, fue con los Reyes Católicos. El Estado-Administración era incipiente y el Gobierno podía limitarse por el principio de consentimiento de los ciudadanos y, como argumentaban algunos autores escolásticos españoles, los derechos individuales están por encima de cualquier forma del poder terrenal.

Sin embargo, desde finales del siglo XIX con los derechos "sociales" y, especialmente, a lo largo de los siglos XX y XXI surge el Estado Minotauro, que definió Bertrand de Jouvenel, con el crecimiento exponencial del tamaño del Estado-Administración.

Como explica el profesor Armando Zerolo [3] [4] en su obra Génesis del Estado Minotauro (2013), es la nueva forma de tiranía democrática y, también, es el último estadio al que llega un aparato burocrático-administrativo al servicio de una casta política o, si se prefiere, de una oligarquía de élites extractivas, en una involución institucional que se fundamenta en la resolución estatista de los problemas a partir de las revoluciones políticas desde 1789.

Inicialmente, durante la economía preindustrial, la forma política del Estado representaba entorno al 5% del PIB de los países en los siglos XVI, XVII y XVIII. A partir de la revolución industrial y, especialmente, desde la revolución francesa, el tamaño del Estado creció paulatinamente hasta alcanzar cerca del 15% del PIB después de la Primera Guerra Mundial.

Después de estallar en 1929 la crisis deflacionaria, conocida como Gran Depresión, los ciudadanos quedaron inermes ante las diversas soluciones estatistas para los problemas sociales que las oligarquías de élites extractivas fueron imponiendo en Europa, y el tamaño del Estado creció hasta los niveles máximos del nacional-socialismo de la Alemania nazi y del socialismo real o comunismo de la antigua URSS.

Si lo Político se expresó antiguamente de un modo natural con las formas políticas de la ciudad, el reino o el imperio, con las revoluciones guiadas por el racionalismo constructivista, el tamaño de la forma política "artificial" del Estado ha aumentado exponencialmente durante los siglos XX y XXI pero, sin embargo, no parece que vaya a reducirse por el «consenso socialdemócrata» existente entre la oligarquía en el poder. Más bien, al contrario.

Después de estallar en agosto de 2007 la actual crisis deflacionaria, conocida como Gran Recesión, se observa un cambio en la percepción de los ciudadanos con gran descontento e indignación hacia la clase política. Sin embargo, como señala el catedrático Dalmacio Negro, que exista una situación prerrevolucionaria, no quiere decir que, en caso de producirse una revolución, el Estado vaya a disminuir. 

Revolución Francesa (1789)

La Revolución francesa de 1789 fue el punto de inflexión y no retorno en el crecimiento del Estado. A partir de entonces, la legislación fabricada por el Estado-Administración se impone a los ciudadanos aplastando los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la ley.

Desde entonces, los ciudadanos consienten todo aquello que legisle la supuesta autoridad política. Los derechos individuales están secuestrados por el estatismo imperante en el "ethos" colectivo; significando la vida, la libertad y la propiedad lo que, en cada momento y en cada país, determine la oligarquía de élites extractivas por medio del derecho público, del derecho fiscal.

Con el crecimiento desbocado del Estado se impone la legislación positiva como formadora del Derecho con la "ratio status" o la "razón de Estado" imponiéndose por encima del uso y las costumbres, la "common Law" inglesa o, si se prefiere, el "derecho de gentes" que defendía la escolástica española de los siglos XVI y XVII.

El poder político reside en todos y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, cuando el "ethos" colectivo deposita la toma de decisiones en una casta política, sin dispersión pluralista del poder y sin barreras institucionales (referéndum) frente al intervencionismo, la forma política del Estado se transforma en una maquinaria burocrática y legislativa al servicio de la oligarquía presente en cada ciudad, en cada región y en cada país, cuya esencia es el crecimiento y la invasión competencias del ámbito de decisión de los ciudadanos.

Después de depositar su voto cada cuatro años, la mayoría de los ciudadanos son espectadores pasivos de los juegos de las oligarquías por repartirse el poder y son meras comparsas de la redistribución por el orden político de la riqueza que genera el orden de mercado.

Tamaño del Estado

La amenaza más seria para la democracia en Europa es el tamaño del Estado que, nuevamente, está situado en niveles cercanos al 50% del PIB e, incluso, superiores; lo que imposibilita que se pueda competir internacionalmente con otras áreas económicas, quedando aprisionados los derechos individuales e intervenidos los mercados por la maraña de leyes y las redes de intereses tejidas por las oligarquías de élites extractivas de cada país.

En su obra Derecho, Legislación y Libertad, Friedrich A. Hayek (1899-1992) señalaba un tamaño de Estado del 50% del PIB en el Reino Unido en el año 1979; razón por la cual la ex primera ministra Margaret Thatcher intentó limitar el tamaño del Estado en su país desde 1979 y hasta 1990:

La tendencia del sector público a crecer progresivamente y de manera indefinida llevó, hace aproximadamente un siglo, a formular la ley sobre el creciente gasto del gobierno. En algunos países como Gran Bretaña, este crecimiento ha alcanzado ya un punto en el que el porcentaje de la renta nacional controlado por el gobierno llega a superar el 50%. Esta es sólo una consecuencia de la tendencia intrínseca de las instituciones actuales a la expansión del mecanismo estatal; y no puede esperarse otra cosa en un sistema en el que primero se fijan las «necesidades» y luego los medios disponibles, por decisión de gente que piensa que no tiene que pagarlos directamente… Puede ser que, habiéndose echado sobre la espalda demasiadas funciones, el gobierno descuide las más importantes…

Friedrich A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad (Unión Editorial, 2006), Páginas 420-421.

Si bien en España el tamaño era del 25% PIB en el año 1975 al comienzo de la transición a la democracia, ahora mismo el Estado sobrepasa el 50% del PIB en el año 2014 si se tiene en cuenta el volumen de gasto de las administraciones públicas central, autonómicas, provinciales y locales y, también, los correspondientes entramados público empresariales junto con las miles de entidades que se alimentan de los presupuestos públicos.

Cuanto mayor es el tamaño del Estado, mayor poder tienen el orden político para intervenir con leyes y actuaciones y, por tanto, mayor perjuicio se ocasiona al funcionamiento del orden de mercado.

Si bien no se puede obviar que existe un orden político, conviene analizar que marco institucional permite minimizar la intervención del orden político sobre el orden de mercado.

Algunos autores pensamos que el tamaño del Estado es perjudicial cuando está situado en niveles superiores al 15% del PIB que era el que existía a comienzos del siglo XX y, especialmente, cuando el marco institucional y el gasto público va más allá de garantizar la triple seguridad.

En la situación actual, sería factible reducir paulatinamente el gasto público hasta un 40% del PIB y liberalizar la economía para permitir que España pueda competir internacionalmente. 

Estado Minotauro

El «consenso socialdemócrata» imperante en los partidos políticos y de la imposición de bioideologías (eutanasia, eugenesia…) son consecuencias lógicas de un Estado Minotauro que devora los derechos de los ciudadanos con un gasto público que representa más del 50% del PIB y alimenta un aparato burocrático-legal al servicio de las oligarquías de élites extractivas formadas por los partidos políticos, los sindicatos, las patronales empresariales y los medios de comunicación que realizan la propaganda del régimen.

El Estado Minotauro emplea cientos de excusas para la depredación de los recursos públicos como, entre otras, la justicia "social", el bien "común", el interés "general", la redistribución de la riqueza, la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la educación para la ciudadanía, la memoria histórica…

Por supuesto, aquellos que critiquen el Estado Minotauro y el consenso socialdemócrata que lo sostiene, quedan excluidos socialmente por la oligarquía y catalogados como alternativos, extremistas o radicales, cuando lo único que ponen de manifiesto es el recorte de las libertades políticas y la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo en un Estado Minotauro que rebasa el 50% del PIB.

Ante un Estado Minotauro, sólo existen dos opciones. Se puede votar con los pies y emigrar o bien se puede dar la batalla ideológica para cambiar la actitud personal de la oligarquía y de los ciudadanos que dan soporte electoral a la misma, modificando su errónea percepción sobre las soluciones estatistas y exigiendo los cambios institucionales para vivir en una sociedad más abierta con un Estado limitado o mínimo.

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La no vuelta al cole

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Septiembre nos trae cuadernos en blanco, largas listas de material escolar y carísimos libros de texto. Los niños apuran sus últimos días de libertad y los profesores, en algunos lares, se ponen en pie de guerra. Mientras los “agentes educativos” se ocupan de cuestiones menores, otros nos preguntamos para qué sirve realmente el tinglado escolar e intentamos discernir cuál es la mejor educación que podemos dar a nuestros hijos.

Los departamentos de admisiones de Harvard y Princeton, por ejemplo, no miran apenas el expediente académico de los aspirantes a alumnos sino que les interesa más saber a qué dedica uno su tiempo cuando puede disponer de él. Por eso les importa más conocer tus hobbies que tus calificaciones escolares. Consideran que las aficiones son la única información honesta que se puede extraer de un currículum, que son una ventana a la mente y al corazón de una persona.

Idealmente, dicen, uno debería tener al menos tres hobbies: uno físico, uno intelectual y otro social. La actividad social debería aportar valor a las demás personas, no sólo uno mismo. Y no, bajar al bar a tomarse unas cañas no cuenta como hobbie social. La actividad intelectual debería no estar relacionada con el currículum oficial de las escuelas, a menos que te permita llegar a dominar la materia elegida mucho más allá del nivel probablemente mediocre que te aportará la escuela. Pero donde realmente se marca la diferencia es en lo referente al hobbie físico. En las escuelas (y por extensión, en la mayoría de las familias) se valora enormemente que los niños practiquen un deporte de equipo, por aquello de bajarle el ego y de aprender a trabajar con otros. La palabra “individual” es casi obscena hoy en día. Por el contrario, en Harvard y Princeton (entre otras) valoran enormemente que la actividad física sea individual pero añaden, además, otra característica: que sea una actividad que implique un riesgo físico. Así que el tenis y el pádel quedan descartados, pues el riesgo físico es muy bajo. Debe tratarse de una actividad donde te juegues algo más que el riesgo a sufrir una tendinitis o un esguince. Algo como la hípica o la escalada, donde un error puede ser fatal para quienes los practican.

Les cuento esto porque cada año somos más las familias que, en una semana como ésta, celebramos la no vuelta al cole. Cuando comenzó el verano no nos preguntamos qué diablos íbamos a hacer tantas horas al día con los niños en casa, durante tantas semanas. No suspiramos porque alguien los quite de nuestra vista. Al contrario, los hemos tenido para estar con ellos y hacernos cargo. Ahora empieza el curso escolar y nuestro ritmo no tiene porque ser diferente. No habrá peleas a la hora de acostarse, no habrá madrugones ni llantos. Compraremos el material que queramos o que necesitemos, sólo dentro de nuestras posibilidades, sin que nadie nos imponga de qué color ha de ser la libreta de los dictados. Eso si decidimos tener una libreta de dictados. Grandes y pequeños elegiremos las actividades a las que queremos dedicar nuestro tiempo este año, juntos o por separado. Tal vez sigamos los consejos de Harvard y Princeton.

Grosso Modo

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La izquierda del siglo XXI, al igual que la del precedente, necesita cultivar la ficción de que existe un totalitarismo imperialista occidental que constituye la principal amenaza mundial a todos los demás pueblos, que buscan la paz. Al igual que sucedió en la mal llamada "guerra fría", la libertad de expresión e información asimétricas fueron parcialmente utilizadas en beneficio de los verdaderamente totalitarios. Solo la mayor fortaleza real que la libertad proporciona permitió a Occidente sobrevivir a aquel episodio.

Es cierto que se producen violaciones de los derechos humanos, espionajes, represiones e injusticias dentro del paraguas que, mal que bien, proporciona el sistema político y social que nos caracteriza. Es una evidencia que no debe ser ocultada y que debemos criticar y perseguir con toda la fuerza que la pasión por la libertad proporciona. Pero para lograr el objetivo de reducir en nuestro ámbito las injusticias que se producen, debemos perseguirlas, denunciarlas y aminorarlas cuanto más mejor, pero existe una frontera que, traspasada, supone lograr el efecto contrario: consolidar los totalitarismos.

El riesgo de lograr esto es tanto mayor cuanta menos capacidad de análisis concreto seamos capaces de llevar a cabo y más síntesis grosso modo se realicen. De igual manera que nunca se resolvió o aclaró algo bajo la pobre fórmula "todos son iguales", tampoco se llega al fondo de problema alguno incluyendo en el mismo casillero ideológico a las democracias occidentales y a los socialismos antillanos además de a la plutocracia rusa.

Es necesario extirpar y depurar los casos de injusticias, atentados a la libertad individual o a la misma libertad para pensar y moverse que gobernantes occidentales tengan llevados por el malsano impulso del control por todos los medios, sin duda. Pero es difícil igualar tal impulso cuando lo protagoniza un político que opera dentro de los esquemas de un régimen democrático al modo liberal de Occidente a cuando lo lleva a cabo un tirano dentro de un sistema de tiranía.

Lo pernicioso de este batiburrillo en que se convierte el "todos son iguales" no está solo en la injusticia que se comete al igualar las causas de las transgresiones a la libertad de uno y otro campo político, sino también en el hecho de que, cuando eso se hace, se extiende un color uniforme sobre el peligro que los gobiernos en general suponen para las libertades perjudicando en mayor medida al campo político que más protege las libertades, que más libertad de expresión y denuncia admite y que, por tanto, más ejemplos visibles de violaciones a los derechos de las personas ofrece.

En un clima de sospecha generalizada encontraremos ejemplos que la corroboran solo allí donde es posible encontrarlos, ya publicados, desde un cómodo sofá con el portátil en las rodillas: en Occidente. Pero, ¿es eso intelectualmente honesto? ¿Es justo moralmente? No lo parece. Es un caso flagrante de deformación del objetivo que no podemos permitirnos salvo que lo demos también por bueno en el ámbito de la ciencia o, por ejemplo, en la medicina. ¿Es óptimo curar de igual manera una rotura ósea y una gangrena solo porque no tengamos más que una sierra?

El Estado de Bienestar y la violencia

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Si mañana el Estado decidiera prohibir las relaciones homosexuales, tendría que acompañar la medida de un despliegue coactivo de tal envergadura que inmediatamente provocaría el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad. Los medios de comunicación difundirían imágenes de homosexuales pacíficos siendo detenidos, o testimonios emotivos de los que hubiera preferido esconder su orientación sexual antes de ir a la cárcel. Toda persona sensata, al ver a gente pacífica siendo acosada de tal modo, estaría escandalizada y exigiría al gobierno que rectificara dicha medida de inmediato.

Si preguntáramos a esos ciudadanos por qué se oponen a la prohibición, muy pocos contestarían que, simplemente, a ellos les parece bien ser homosexual y por tanto el Estado debe legalizar esta orientación sexual en concreto. No, la mayoría basaría su posición en que el Estado no puede prohibir algo que se hace libremente entre dos adultos y que no perjudica a nadie.

Por desgracia, esta posición tan razonable, o bien no se ha interiorizado, o bien se abandona a las primeras de cambio en cuanto el algo que se hace libremente no es del agrado del que juzga.

El ejemplo más claro es la prostitución en adultos. Al igual que con las relaciones homosexuales, se trata de dos o más adultos actuando de mutuo acuerdo, y sin hacer daño a nadie. Pero claro, cuando algo no te gusta, ahí están las excusas argumentales para hacer que sea fácil tirar tus principios por el desagüe; por ejemplo, que la supuesta falta de dinero del que presta el servicio le obliga a dedicarse a esos menesteres, y de ahí la ilegitimidad de ejercer esa profesión.

Por suerte, en este tema la sociedad está avanzando y cada vez más voces se levantan a favor de la legalización total.

Por desgracia, hay otros temas en los que la coacción estatal aún campa a sus anchas con el beneplácito de la mayor parte de la población; me refiero a la persecución fiscal a causa del llamado Estado de bienestar.

Al Estado de bienestar se le ataca desde el liberalismo por muchas cosas, y todas son importantes. Pero en lo que no se hace suficiente hincapié es que, al igual que todos los entramados mastodónticos Estatales, se sustenta en algo muy simple: la coacción sobre el individuo pacífico que no hace daño a nadie. O lo que es lo mismo, sobre la violencia gratuita.

Al igual que el homosexual o la prostituta, la persona que decide no usar los servicios del Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones, etc.) no hace ningún daño a nadie. El disfrute de los servicios puede ser, y es, restringido y por tanto nadie que no participara en su financiación podría ser excluido sin el más mínimo problema.

Pese a esto, millones de personas que suscriben sin ningún pudor la máxima del vive y deja vivir se manifiestan a favor de monitorizar, auditar, perseguir y meter en la cárcel si es necesario a todos los ciudadanos del país con tal de que nadie se escape de mantener esa maquinaría de gastar dinero que tanto les gusta.

Pues ya va siendo hora de que se empiece a decir alto y claro que se puede estar a favor de los servicios públicos del Estado de bienestar. Pero siempre que se deje perfectamente claro que se está en contra del vive y deja vivir. Porque todo defensor de lo público es alguien que no deja vivir a los demás. Alguien que sustrae dinero, y por tanto horas, ideas, esfuerzo, y en general, la vida a otros, en nombre de lo que él cree adecuado por su moral, sin importarle lo que la otra persona piensa o lo que podría hacer con esos recursos si tuviera la oportunidad. En otras palabras: alguien que cree en la violencia y desprecia la libertad.

La autocracia del petrobolívar y del exprópiese

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, la renta per cápita venezolana era de 1.809 bolívares; en 2012, cerró en 2.024 bolívares equivalentes (eliminando el efecto de la inflación). Así pues, la era Chávez, ese paradigma del socialismo del s. XXI, se ha saldado con un crecimiento de la renta real por ciudadano del 0,8% anual. Durante ese mismo período, otras economías menos glamurosamente bolivarianas han crecido entre tres y cuatro veces más: Chile lo ha hecho al 2,8%, Colombia al 2,2%, Perú al 3,6% y Uruguay al 2,3%. Si efectuamos la comparativa en dólares internacionales, Venezuela tenía en 1998 una renta per cápita similar a la chilena y a la uruguaya, al tiempo que casi duplicaba la peruana y la colombiana; hoy, la renta chilena es un 50% superior a la venezolana y la uruguaya la supera en un 20%, mientras que la peruana y la colombiana sólo se hallan ya un 20% por debajo. Acaso alguien crea que medir los logros de estos países por tan crematísticas magnitudes resulta parcial e injusto, pero lo cierto es que la mejora de todos los restantes indicadores sociales (pobreza, alfabetización, esperanza de vida, mortandad infantil, salubridad, etc.) que obviamente han tenido lugar se retrotraen en el fondo a tan singular hecho: sus ciudadanos son más ricos y, como son más ricos, viven mejor en sus muy variadas facetas.

Sucede, sin embargo, que el crecimiento de Venezuela, a diferencia de los otros cuatro países, se ha producido a lomos del pelotazo petrolero, es decir, de los muy extraordinarios ingresos derivados de sus exportaciones de crudo. Merced al estallido de los precios del oro negro (que se han multiplicado por más de diez desde 1998), los ingresos netos del país a cuenta de su exportación se dispararon durante los gobiernos de Chávez hasta cotas jamás vistas. En 2006, por ejemplo, equivalían al 40% del PIB, lo que hubiese permitido repartir un cheque de 4.500 dólares internacionales a cada venezolano. Un notable empujoncito del que no han disfrutado ni Chile, ni Perú, ni Uruguay (Colombia, en cambio, cuenta con unos ingresos netos por crudo inferiores al 8% del PIB). Difícil, pues, que creciendo América Latina a las mayores tasas del último medio siglo y contando con unas regalías petroleras propias de un emirato árabe, el nivel de vida de los venezolanos no haya experimentado una cierta mejora en estos catorce años a pesar de las disparatadas y bravuconas intervenciones del neosocialista régimen populista bolivariano.

Mas el verdadero fracaso de la política económica chavista no debería medirse por los diferenciales de renta per cápita con sus vecinos, sino por cómo el hiperintervencionista modelo bolivariano ha socavado las bases de la prosperidad futura de los venezolanos. Lejos de tratar de capitalizar las superlativas rentas petroleras en agrandar el patrimonio privado de los ciudadanos, Chávez optó por crear un Estado asistencial de cuyas dádivas dependiera el precario bienestar de esos ciudadanos: no buscó propietarios sino siervos de la gleba. Así, mientras que en estos catorce años el peso del sector público se ha mantenido estable en Chile (23% del PIB), Colombia (28%), Perú (19%) y Uruguay (33%), en Venezuela ha pasado del 28% del PIB en 1998 al 44% en 2012: o dicho de otro modo, mientras que el más acelerado crecimiento de la renta per cápita de los países no bolivarianos se ha quedado en los bolsillos y patrimonios de sus familias y empresas, en la república chavista casi la mitad de esa renta la ha terminado manejando el Estado. En este sentido, su tridente confiscatorio con el que ha fustigado a los venezolanos en aras de un Gobierno gigantesco han sido las nacionalizaciones (el famoso exprópiese), los elevados impuestos (la presión fiscal ha aumentado un 50% con respecto a 1998) y la absolutamente disparatada inflación (el IPC ha aumentado un 2.000% y el bolívar ha perdido más del 75% de su valor frente al dólar).

A diferencia de Chile o Perú, Venezuela no ha visto cómo su clase media se agrandaba y enriquecía, logrando así una mayor autonomía personal y financiera. Por el contrario, lo único que ha engordado Chávez ha sido un todopoderoso Estado cuyo propósito esencial era evitar la promoción social y económica de sus ciudadanos dentro del mercado para perpetuar su poder merced a sus redes clientelares dentro del Estado. En el fondo, pues, el socialismo del s. XXI no se diferencia tanto del socialismo del s. XX: ambos ambicionan construir un Estado que lo cope todo sobre los cimientos de la rapiña universal de una población pauperizada y dependiente de las migajas que éste tenga a bien repartirles.

A estas alturas, por consiguiente, el auténtico cambio económico necesita Venezuela tras la muerte de Chávez no es tanto que el país crezca unas décimas más que Perú o Colombia, sino que los frutos de esa expansiva creación de riqueza redunden en una sociedad más libre y más autónoma de un Estado con orwelliana vocación fagocitadora. Desde 1998, las rentas del petróleo y el saqueo de la acosada clase media se han dirigido en esencia a reforzar sus estructuras de control económico y social, en erigir una autocracia del petrobolívar y del exprópiese. Ojalá que, tras década y media, las cosas comiencen a cambiar y Venezuela cambie de rumbo para terminar convirtiéndose en otro Chile (o en otra Suiza, Nueva Zelanda o Singapur) y no en otra Cuba.