Etiqueta: Enemigos de la libertad

El capitalismo de Estado en el que vivimos alimenta la crisis con la expansión crediticia y todo tipo de intervenciones que distorsionan la información que recibimos, facilitando que se tomen malas decisiones y se lleven a cabo desastrosas inversiones. Las consecuencias las sufrimos todos cuando se pinchan las burbujas y los hechos tozudos terminan por amargar las ideas felices de los burócratas que se depuran en forma de destrucción de empleo y desinversión en sectores o empresas que en un mercado libre jamás habrían existido.

Son las malas decisiones políticas las que agravan las crisis y dificultan la recuperación. El problema es que no existen buenas decisiones políticas, todas se toman de espaldas al mercado sin tener en cuenta las necesidades particulares que cada uno conoce mejor que nadie. Toda política pública necesita un presupuesto y que haya dinero en la caja para poder hacerla realidad. En los momentos históricos en los que la sociedad crea riqueza los políticos pujan por el voto con promesas inasumibles para la contabilidad pública sin que los contribuyentes se preocupen demasiado por su dinero ya que parece que al ser público no es de nadie y cualquier compromiso político, por descabellado que sea, puede llegar a cumplirse confundiendo los deseos con la realidad. La irresponsabilidad no es solo de los políticos sino compartida con los votantes que se dejan embaucar.

No obstante, la propia naturaleza del Estado que busca perpetuarse y la voluntad de sus gentes de vivir sin penurias coinciden actuando como contrapeso y escapatoria de la trampa democrática. El propio Leviatán es capaz de desprenderse de su estructura más superflua para proteger los monopolios esenciales con el fin de conservar el poder (el de la violencia, el legal y de la moneda) mientras que el votante se aferra a los políticos más realistas para llevar a cabo las políticas que el sistema necesita para mantenerse. Los ciclos se imponen así en la política superando la dialéctica que los marxistas aplican a todas las materias, incluido el cambio social. No hay superación de la tesis y su antítesis por una síntesis superior, sino una tensión en equilibrio entre opuestos a menos que se vuelen los pilares sobre los que se asientan. Mientras tanto, pendulamos entre momentos políticos en los que la expansión crediticia permitirá que aliviemos nuestras conciencias ayudando al prójimo con los ahorros de un tercero hasta que esa situación se torne inviable y volvamos a replegarnos sobre proyectos asumibles por las necesidad del mercado. Así, hasta que la riqueza generada permita de nuevo que los caprichos de nuestra opulencia nos lleven a la quiebra otra vez.

En los momentos de lucidez de los votantes y de necesidad del Estado de autolimitarse para asegurar su supervivencia, es cuando deberíamos aprovechar para ingeniar controles y garantías que limiten la futura y previsible irresponsabilidad en la que volveremos a caer. Por desgracia, la visión ilimitada y sentimental de la política terminará por sortear y superar todos los controles y volveremos a tropezar con la misma piedra.

La imprevisbilidad de la acción humana nos lleva a la incapacidad de descartar otros escenarios. No sería la primera vez que ante la cercanía de un barranco una colectividad decide acelerar el paso en lugar de corregir la marcha. No hay soluciones ideales pero siempre estamos a tiempo de empeorar.

Pese a la degeneración semántica del término, democracia equivale, a grandes rasgos, a aquel régimen político que se caracteriza por un sometimiento de la formación y la acción del gobierno al control y refrendo popular. Un gobierno democrático no conlleva que todos y cada uno de los miembros de la comunidad política sean partícipes activos y persistentes en las decisiones que afectan a lo común. Democracia no significa un predominio absoluto de lo general sobre lo particular, la extensión de lo político sobre el resto de órdenes o la colectivización del patrimonio y la cultura.

La opinión pública, liberado el dogma moral y religioso del monopolio eclesiástico, alcanzó su apogeo de forma paralela a la consolidación de la prensa libre. Cualquier régimen desde entonces ha quedado sometido a un tipo de opinión que establece tendencias y consolida cambios que han sido imposibles de contener por la autoridad pública. El contenido que se desprenda de dicha creencia compartida hará oscilar el sentido común en una u otra dirección.

No obstante, el apogeo de las ideologías, en plena decadencia del proceso liberal de la opinión pública, ayudó a reforzar, extender y dotar de un inmerecido halo científico a opiniones y meras creencias. En el orbe económico este fenómeno se tradujo en que el estudio y comprensión de los fenómenos sociales, en sentido amplio, quedara, por siempre, supeditado a la voluntariedad política. Esta tendencia, aunando fuerzas con el cientismo imperante y la ética constructivista que introduce el estatismo, hizo más fuerte la creencia general sobre la necesidad, e incluso la deseabilidad, de que el Estado interfiriera en la forma de vida del individuo, así como en sus intereses particulares. El imperio (político) pasó a sustituir al dominio (jurídico/económico).

Veamos las contradicciones que encierra el concepto de “democracia económica”. El socialismo ha unido estos dos términos, utilizando “democracia” como sinónimo de igualdad material, compensación intersubjetiva, redistribución de la renta… Lo cierto es que la única democracia económica que no resulta contradictoria con el significado y el sentido que encierran estas palabras es aquella en la que el Estado se abstiene de intervenir, permitiendo que sean los propios individuos, fundamentalmente adoptando la posición de consumidores, quienes determinen el éxito empresarial y el destino de la producción. Los agentes que intervienen en el mercado intercambiando bienes, persiguiendo fines particulares y definiendo las instituciones sociales de forma no deliberada y a través de las consecuencias no queridas que se derivan de sus acciones racionales, no actúan gracias al principio político de la imposición, sino al estrictamente jurídico-económico del dominio plural, real, limitado y competitivo sobre aquello que resulta apropiable.

El imperio, como poder inapelable, excluyente y absoluto, es una manifestación genuina del poder político, ahora en manos del pueblo, que es quien en situaciones de excepcionalidad respalda el liderazgo y la opinión (consenso social como hecho prepolítico) que termina por definir el estado político, moral y económico finalmente constituido (poder constituyente).

En el mercado, las relaciones sociales se definen en función de otro elemento, el dominio, que no es absoluto, tampoco inapelable y mucho menos exclusivo. La propiedad, partiendo de una esencia relativamente clara y definida, evoluciona como institución garante del interés particular, la libertad individual y el orden jurídico. No lo hace de forma dogmática e imperturbable, sino como una institución dinámica y flexible, pero consistente, que se fundamenta en la exclusión integradora, al contrario que la soberanía política.

Hablar de la vigencia de una “democracia económica”, excluyendo por completo la “soberanía del consumidor”, subvierte el orden económico. Se trata, como ya se ha visto, de enfrentar dos tipos de poder (N. Matteucci): por una parte, la soberanía política, que es exclusiva, absoluta y no derivada, y se ejerce a través del Estado de manera imperativa (real y personal), y por otra, la soberanía de los consumidores, que es un poder descentralizado, plural, y así, limitado, competitivo y dinámico, traducido en forma de dominios parciales sobre bienes ciertos y determinados.

En la teoría de órdenes (D. Negro), sólo el Derecho, u orden jurídico, somete al económico, y nunca a la inversa, como también lo hace con el político, convirtiendo el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres en requisito indispensable para que un régimen pueda ser considerado “liberal”. En esta situación, la legislación no pretenderá (ni tendrá competencia para ello) suplantar la esfera de lo jurídico (el Derecho), quedando relegada a las normas que sean internas y funcionales de la administración de lo común.

La alternativa, sencillamente, nos devuelve a un estadio similar a la expresión más oscura y regresiva del Medievo: la unidad de la opinión y la persecución inquisitorial del discrepante. De alguna manera, la revolución protestante termina cuando en el interior de la opinión pública afloran hasta dominarla prejuicios y supersticiones morales y económicas que germinan en forma de “pensamiento único”.

Si entendemos democracia económica como la posibilidad de que la política interfiera en lo económico a través del ejercicio del Imperio, el dominio plural, bien desaparece, o, en el mejor de los casos, queda desnaturalizado y sometido. Empero, esto no implica que la soberanía económica pase de manos de todos a manos de uno (un reverenciado Estado social que representa cierta racionalización del interés general). En realidad, el Estado industrial es orgánicamente complejo, múltiple y un instrumento al servicio de intereses particulares organizados en grupos de presión. El mito del interés general se desvanece sin más (N. Matteucci).

La ingenuidad pseudocientífica que se desprende de toda construcción teórica monista y perfeccionista, que atribuye a la centralidad política, con mayor o menor intensidad, la capacidad de coordinar, armonizar y mejorar la eficacia de todos los órdenes (Hayek), se ha convertido en dogma de fe para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que variando en sus opiniones, comparten este núcleo fundamental. Se unen, de este modo, una mala ciencia, o una ciencia deficiente e incontrolable (Popper), que teoriza sobre la capacidad del Estado para mejorar la coordinación social, y una opinión pública idiotizada, que se cierra en banda ante las propuestas que apoyan la devolución institucional a una dinámica espontánea de formación y definición: libre mercado y dominio plural frente a una organización estatizada soportada por la soberanía política.

La democracia es incompatible con la unificación del poder económico. La redistribución patrimonial, así como la interferencia pública en los negocios privados que representa el Estado de Bienestar, provocan la descomposición del régimen democrático. No es casualidad que los países más socialistas acaben siendo gobernados de forma totalitaria (Mises).

La democracia no sólo exige representatividad y participación en la formación de los órganos de gobierno de una nación, sino que, además, se define por garantizar principios como el respeto de la libertad individual, el imperio de la ley frente al gobierno arbitrario, y la alternancia pacífica en el ejercicio del poder político (Acton). La gobernabilidad exige que tanto las diferentes potestades como la estructura del poder y su administración sean consideradas elementos pre-constituidos en unos términos que resulten inalterables por quien ejerce de manera contingente dicha autoridad.

La representatividad no equivale al gobierno asambleario. La extensión del orden político hace imposible que la mayoría de las decisiones sean adoptadas con el apoyo o la desaprobación directos provenientes de los ciudadanos. La representación se vuelve inevitable. También, a medida que el orden se hace más extenso, la representación se desliga del mandato imperativo, e incluso de la proporcionalidad estricta en relación con el apoyo explícito concitado. Los sistemas democráticos amplios aspiran a un tipo de gobernabilidad que impide aplicar mecanismos que son propios del concejo abierto. No obstante, la acción política queda sometida a la presión de la opinión pública (Weber, Mises, Hayek).

El Estado de Bienestar representa la última forma histórica conocida de esa expresión moderna de asociación de dominación que es el Estado (D. Negro). La socialdemocracia ha hecho suyo el artefacto, venciendo en la contienda disputada entre totalitarismos durante gran parte del siglo XX (Jouvenel). El Estado de Bienestar no se limita a excluir del legítimo uso de la violencia a otro tipo de organizaciones o individuos existentes dentro o fuera del territorio que aspira a dominar (Bastiat). Personifica además la clase de fuerza social que ha logrado extirpar del orden espontáneo instituciones primordiales como son el Derecho y el Dinero (Hayek).

La tesis que considera incompatible cualquier tipo de organización democrática del poder político con la existencia del Estado de Bienestar se explica en Burocracia, de L. von Mises. La centralización de las decisiones y su inclusión en un sistema de mandatos específicos convierten al individuo en una pieza determinada dentro del engranaje del Estado. Asimismo, la complejidad de las decisiones que debe afrontar el gobernante requiere de la formación de una estructura burocrática que acabará convirtiendo a los representantes políticos en simples "asambleas de hombres-sí". La pretendida omnisciencia del Estado hace que una tropa de funcionarios tenga reconocida la facultad de influir directa y meticulosamente en la vida y expectativas de los ciudadanos. A través del Derecho administrativo se pretende constreñir la arbitrariedad de estos pequeños tiranos, suplantando progresivamente al Derecho civil en ámbitos que habían sido tradicionalmente privados. Los funcionarios (fijos y políticos), a pesar de las limitaciones predispuestas, son quienes impulsan la necesidad presupuestaria, el grado de persecución del infractor, el contenido específico del mandato… A medida que crece la necesidad de burocratizar el Estado, éste se aleja más y más de la democracia efectiva.

Sin embargo, no sólo la burocracia representa un obstáculo que cercena los principios de libertad individual, gobernabilidad y representatividad, que constituyen el fundamento de la democracia. El político, a través de su ejercicio de adhesión organizativa e ideológica, degenera en un tipo de agente profesionalizado que deja de vivir para la política, para empezar a vivir de ella (Weber). Los partidos quedan integrados dentro del Estado de Bienestar como una pieza básica de su engranaje, reproduciendo dentro de su propia estructura la necesidad burocrática que tiene la administración pública. Los políticos profesionales admiten, e incluso abrazan, su divorcio del resto del cuerpo social, formando así una élite gobernante (Pareto). Desde ahí, pasan a convertirse en funcionarios del Estado, pero no en su sentido convencional (tampoco de manera directa y permanente), ya que adoptan con facilidad la categoría de activos reclamados por la empresa privada en orden de incorporarse dentro de sus cuadros directivos. El objetivo de aquellas es lograr unas relaciones satisfactorias con los órganos de intervención y las autoridades que más perturben su ámbito de actividad empresarial. Existe incluso el "político" que permanece siempre afecto a esta situación, sin ejercer nunca cargo o magistratura formalmente interna del Estado.

El Estado de Bienestar genera burocracia, destruye con sutileza el sistema democrático, y junto a él, los principios de libertad y participación que se le presuponen. Al mismo tiempo, el Estado de Bienestar genera una élite de agentes que ejercen sus funciones también en el sector privado a modo de conexión entre mercado, partidos políticos, sindicatos y administración pública. La estructura de dominación representada por este tipo de Estado hace inevitables tanto el retroceso de las libertades como la impracticabilidad democrática.

Es ilógico y contradictorio considerar que el Estado de Bienestar resulta compatible con el régimen democrático. El uso de la palabra democracia dentro de un programa político que aspire a incrementar la intervención del Estado será, en el mejor de los casos, un gravísimo error intelectual. Desgraciadamente, la historia nos proporciona ejemplos de cómo la bandera democrática ha servido de coartada para ocultar la ferocidad del discurso totalitario.