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Etiqueta: Enemigos de la libertad

Cuando la desigualdad es progreso

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Para expresarlos de modo sencillo, el informe divide las personas estudiadas en cinco grupos iguales en número (quintiles), ordenadas de menor a mayor renta. Bien, pues según ha observado el estudio, el 58 por ciento del quienes estaban en 1996 en el primer grupo, el de ingresos más bajos, habían pasado en 2005 a otro de mayores rentas. De media aumentaron la renta que generaban en un 90,3 por ciento. Sólo el 1 por ciento con mayores rentas ha caído en este tiempo.

Este resultado es compatible con el de otros informes, como uno que siguió la evolución de las rentas de un grupo de personas entre 1975 y 1991. Según éste, sólo uno de cada veinte personas que estaban en el quintil más bajo en 1975 seguían allí 16 años después. Cuatro de cada cinco habían dado el salto a los grupos intermedio, cuarto y quinto.

Estos datos dan que pensar. Resulta que las estadísticas que miden la desigualdad de rentas también miden la desigualdad de edades. Es decir, que en los ingresos más bajos están los más jóvenes y que la edad media va subiendo con la renta (o viceversa), hasta llegar al quintil con mayores ingresos, en la culminación de la carrera profesional, justo antes de jubilarte y disfrutar de la jubilación más todo el capital que haya logrado acumular en una vida de trabajo y ahorro.

La correspondencia entre ingresos y edad no es exacta, claro, pero sí alta. Nada que no podamos apreciar simplemente mirando en nuestro derredor. Pero no lo solemos tener en cuenta cuando vemos estadísticas de desigualdad de rentas. Resulta que lo que miden es cuánto puede progresar una persona en aquella sociedad. Quizá por ello son siempre mayores las desigualdades en Estados Unidos.

¿Por qué nadie ve españoladas?

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Se han estrenado más películas que el último año pero cada vez menos gente las quiere ver. Según el Anuario, se han estrenado 142 películas españolas, un 11% más que en el año anterior. A pesar del aumento de producción, las españoladas perdieron casi 2,5 millones de espectadores. La película nacional más vista ha sido El Orfanato situada en el puesto 19 del ranking, la única española entre las 25 más vistas. En la cantidad no está la calidad, y en la subvención no está la solución.

¿Por qué el cine de nuestro país no nos atrae y el americano sí? La respuesta es tan sencilla como preguntarse a quién van dirigidas las películas de unos y otros. Sabemos muy bien en quién piensan los estudios norteamericanos cuando hacen un film: en la gente de la calle, en aquellos que las pagan en taquilla. En definitiva, en el cliente final. ¿Y las españolas a quién van dirigidas? Naturalmente, también a su cliente, sólo que en su caso éste no está formado por las personas que van al cine, sino que es el Gobierno, concretamente el burócrata que autoriza la subvención del largometraje. Gran parte de las películas españolas no son más que un reflejo de lo que el Gobierno quiere que se muestre. Ofrecer semejante producto no tiene ninguna dificultad para el empresario subvencionado, sólo ha de seguir el manual y tener una paciencia de santo para rellenar todo el papeleo. Aquí no importa la competencia, la calidad ni el éxito del proyecto. Cualquier producción que tenga el plácet de la administración, sin que importe si gustará a alguien o no, se llevará adelante.

Evidentemente, la cuestión no es la buena o mala aceptación del cine español, como nos intenta inculcar el Gobierno y el lobby de actores. El gran problema es que es la sociedad civil quien carga con el coste de los fracasos. La administración no nos pregunta si queremos contribuir a sufragar el film, simplemente nos mete la mano el bolsillo, aún contra nuestra voluntad, nos arrebata nuestro dinero y nos dice que es para el bien nacional y la cultura del país. Al Gobierno no le importa que las familias no lleguen a final de mes y se malgaste su precioso dinero en mantener a un sector que, viendo sus resultados en España, posiblemente no tendría ni por qué existir.

Es momento ya de dejar este sistema feudal de distribución donde un grupo de personas deciden qué se hace y qué no. La excesiva protección al cine sólo crea un efecto expulsión (crowding out) que deja el sector estático, medio muerto, donde sólo tienen entrada las películas que el jerarca quiere admitir y que, como vemos, está totalmente reñido con lo que la gente busca. La visión señorial y elitista propia de la cultura de la subvención ha de dejar paso a una actitud popular, moderna y capitalista. Que sea la gente quien decida qué quiere que haga la industria cinematográfica nacional y qué no. Qué productores y cineastas dejen de vivir del sufrido pagador de impuestos e ingresen en el libre mercado.

Si la libre competencia nos da mejores coches, todo tipo de alimentos y vestimentas o televisores de todos los tamaños y calidades, ¿por qué ha de ser diferente el sector de la producción audiovisual? Es una cuestión de datos y lógica. Para que una película triunfe, como cualquier otro producto, no hace falta dinero a chorros incautado por la fuerza a las familias de este país, sino entender bien al cliente final para así poder ofrecérselo. Algo que jamás ha interesado al cine español.

¿Son realmente demagogos los políticos del PP?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El problema es que no está nada claro que los políticos del PP estén fingiendo cuando abrazan con tanto fervor las banderas ideológicas de la izquierda. Al contrario, todo parece indicar que las asumen porque están absolutamente de acuerdo con ellas. Aquí van un par de ejemplos, espigados de entre los más recientes:

– Ley de Dependencia. La secretaria sectorial del Partido Popular, Ana Pastor, dijo en su día que es una magnífica ley, y que si salió adelante fue gracias al impulso del PP. Defendía así su cuota de protagonismo en la gestación de la criatura.

Pues bien, la ley de marras es nefasta para la sociedad civil y la célula familiar: desincentiva el que los hijos cuiden de sus padres ancianos (como es su obligación); debilita los lazos familiares, pues ni los padres dependen de los hijos ni los hijos de los padres (el Estado se encarga de eso); entrega dinero a gente que no lo necesita tras habérselo arrebatado a las personas productivas; aumenta la carga fiscal del país para favorecer a un determinado grupo social sin tener en cuenta la necesidad real de los subsidios.

Tal y como está concebida, habrá muchas parejas ancianas sin elevados ingresos pero poseedoras de un patrimonio notable que recibirán un extra proveniente de un amplio sector de la sociedad (parejas jóvenes, sin trabajo estable, etc.) que, con toda seguridad, necesita ese dinero que el Estado les quita a través de los impuestos para llegar a fin de mes. Eso, por no hablar de la competencia desleal que el Estado va a hacer a las residencias privadas.

– Cambio climático. La mayor operación de propaganda montada por la izquierda mundial desde la caída del Muro de Berlín cuenta también en el PP con insignes defensores.

Juan Costa, curioso personaje, delfín de Rodrigo Rato y actualmente el principal responsable de la campaña electoral del PP para las próximas generales, incluyó el llamado cambio climático por causas antropogénicas entre los tres asuntos de mayor importancia que el PP va a incluir en su programa electoral. ¿Sabe Juan Costa que la propaganda del cambio climático se basa en datos sesgados, modelos informáticos fallidos, extrapolaciones abusivas de estudios limitados en el tiempo, conclusiones alocadas sin relación con los análisis reales y mentiras a mansalva?

Sólo la relación entre el CO2 y el calentamiento de la atmósfera (la realidad no es que con el aumento del CO2 suba la temperatura, sino que, al revés, cuando aumenta la temperatura de la atmósfera comienza a incrementarse la presencia del CO2) debería darle una pista de que le están estafando. Si consultara a los científicos más brillantes, esos que no necesitan subvenciones públicas para sobrevivir, sabría que la teoría más fiable que manejan es que la temperatura del planeta sube o baja en función de los ciclos largos de la actividad solar. Así que, a menos de que el tal Costa invente un paraguas para proteger al planeta del Sol, el clima va a seguir cambiando como lo viene haciendo desde que nació la Tierra, hace 4.500 millones de años.

Todo esto no es demagogia. Es una forma de suicidio político. Los políticos de derechas no hacen política de izquierdas con la nariz tapada para arañar votos: lo hacen porque se avergüenzan de sus ideas, de su cultura política y de su tradición filosófica; y en función de esta tara mental se suben al carro de su rival político para ver si algún día se les concede el salvoconducto de progresista.

Una cosa que se escucha a menudo entre la gente del PP es que hay que "arrebatar" a la izquierda la bandera de tal o cual reivindicación. O sea, que se trata de arrebatar banderas, no de exhibir las propias. No se dan cuenta de que, así, lo que hacen es legitimar las políticas de izquierda, en las que ellos serán siempre considerados unos advenedizos.

Por mucho que las instituciones gobernadas por la derecha subvencionen a los majaderos de ultraizquierda y su peculiar forma de entender el arte; por mucho que creen direcciones generales para el cambio climático (Murcia tiene una de reciente creación, gracias a lo cual seguramente los osos polares se ahogarán menos); por mucho que Ana Pastor se felicite por lo buenos que son la Ley de Dependencia y el cheque bebé –que, si por ella fuera, sería de 3.000 euros, en lugar de los 2.500 prometidos por Z–, tanto la financiación del artisteo como la campaña irracional para el llamado cambio climático o la subvención pura y dura a través de los impuestos que pagamos todos serán méritos que la gente otorgará siempre a la izquierda política.

No hay ninguna cuestión que el PP utilice con claros fines demagógicos, esto es, que patrocine aunque sepa que sólo servirá para ganar votos. En cambio, la izquierda sí utiliza magistralmente la demagogia. Por ejemplo, con la política económica. Las directrices económicas de todos los Gobiernos europeos de izquierda son un calco de las que tradicionalmente han defendido conservadores y liberales. Con algún matiz, si se quiere, pero estructuralmente la política económica de Solbes no difiere de la de Rodrigo Rato.

Aquí el PSOE hace demagogia a costa de las ideas del PP. Lo que sucede es que, como las ideas de la derecha que roba el PSOE son correctas y moralmente sanas, al final los socialistas salen beneficiados. El PP tiene el problema contrario: cuando copia al PSOE, está copiando ideas moralmente corruptas y socialmente dañinas para la ciudadanía media, que es la que, precisamente, vota a la derecha. De esta forma, la izquierda tiene la partida ganada desde el principio, pues su adversario juega también a su favor.

Cuando gobierna la izquierda hay una economía saneada (gracias a las ideas que copia a la derecha) y un montón de políticas disolventes de la sociedad tradicional, con las cuales se diferencia del adversario para ganar votos. Y cuando gana el PP pasa exactamente igual, pues la economía es la misma y las políticas estatistas… también (aborto, Ley de Dependencia, educación pública, seguridad social pública, subvenciones a mansalva…). O sea, que, gane quien gane, las clases medias, que son las que votan a la derecha, pierden siempre.

Sin embargo, hay infinidad de cuestiones en las que el PP podría ser revolucionario, y el mensaje lo entendería perfectamente su electorado: la racionalización de las subvenciones a los sectores improductivos (empezando por el cine español); la defensa de la propiedad privada como el principal derecho de los ciudadanos; las bajadas de impuestos; la reforma de la Seguridad Social, para que cada uno sea dueño del dinero que guarda para su jubilación; la libertad de enseñanza a través del cheque escolar (aunque haya que cerrar colegios públicos por falta de alumnos); la liberalización de los mercados cautivos (energía, telecomunicaciones…); la reforma de la Ley del Suelo, declarando todo urbanizable menos los espacios protegidos; la derogación inmediata, por motivos higiénicos, de leyes absurdas del PSOE como las relativas a la enseñanza, la universidad o la llamada memoria histórica: he aquí cuestiones sobre las que un partido conservador-liberal tendría muchas cosas que decir y hacer.

Pero no, prefieren seguir formando parte del cotarro progresista, confiando en que su defensa indudable de la unidad de la nación española y su claridad en la lucha contra el terrorismo basten como elemento diferenciador del adversario político. En el resto de asuntos, su discurso se diferencia bien poco del socialismo.

No es demagogia porque no lo hacen con voluntad de engañar. Lo hacen así porque han asumido en lo más profundo que la razón, la verdad y la moral pertenecen a la izquierda. En realidad es exactamente lo contrario, pero a ver quién les convence de ello.

Zapatero, como los nuevos ricos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Eso está muy bien, pero desgraciadamente, imbuida de lo políticamente correcto, quiere llegar a un consenso que incluya a todas las partes presuntamente implicadas: o sea, que va a pedir a los que disfrutan de privilegios proteccionistas que por favor, si no les viene mal, hagan el favor de renunciar a ellos; obviamente ni los sindicatos ni el pequeño comercio parecen dispuestos a ceder, y la valentía política en la defensa fundamentada de la libertad es un bien muy escaso. Los ciudadanos de a pie difícilmente serán consultados, ya que no están organizados como grupo de presión y sólo votan muy de vez en cuando. Sus preferencias pueden comprobarse fácilmente con su asistencia masiva a los grandes centros comerciales todos los festivos que les permiten abrir.

Liberalizar no consiste en que las grandes superficies impongan su ley sobre las pequeñas: se trata de que ningún grupo de presión imponga la defensa de sus intereses a costa de la libertad ajena. Los auténticos malos de esta película, a pesar de las apariencias, son muchos pequeños comercios y supermercados, y no las grandes superficies (centros comerciales e hipermercados); ellos ya tienen plena libertad para determinar cuándo abrir y cerrar, pero se la niegan a sus competidores con la excusa de que son demasiado grandes y fuertes (o sea, que lo hacen mejor que ellos según las preferencias subjetivas de los compradores). Quizás resulte que tienen un derecho especial a subsistir sin necesidad de adaptarse por sus propios medios a los cambios sociales y económicos.

Tampoco se trata de que los consumidores, al comprar cuando ellos quieran, estén agrediendo los derechos laborales de los trabajadores de la distribución. Esos derechos deben negociarlos libremente los trabajadores con sus empleadores. No se está obligando a nadie por la fuerza a trabajar en festivo. Con total desvergüenza, como es habitual, los sindicatos aseguran que el calendario actual satisface plenamente las necesidades de los ciudadanos y que detrás de la voluntad liberalizadora está la intención de favorecer a los centros comerciales frente a las pequeñas tiendas que van perdiendo competitividad. A quien se defiende en realidad es al ciudadano de a pie, a quien los sindicatos no representan en absoluto y cuyas preferencias falsean; el consumidor con su dinero es quien decide si es rentable o no abrir en festivos cualquier tipo de tienda.

Los liberticidas no siempre están motivados ideológicamente; a menudo simplemente defienden sus privilegios ilegítimos con discursos falaces y demagógicos. Es el caso de Ignacio García-Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), quien quiere asustarnos con que "el domingo sale caro". Este personaje nos recuerda que los precios de alimentación en España son de los más bajos de Europa, en parte por la fuerte competencia que existe en el sector; y asegura que esto se debe en buena medida a la regulación estatal, que es buena, soluciona problemas, garantiza la competencia y trata de impedir abusos, así que cuidado con cambiarla. Además, la regulación española de horarios comerciales, comparada con las de otros países europeos, es una de las que más flexibilidad permite a los empresarios: la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales tiene libertad absoluta de horarios y apertura en festivos.

Efectivamente sus asociados son parte de esa mayoría "liberada" a quienes no conviene que los otros también se liberen. Esos otros que tal vez son minoría como número de empresas, pero que quizás son mayoritarios si se contabilizan sus consumidores y ventas. No es extraño que él, beneficiado de la regulación, aplauda al regulador. Y total, para qué pedimos más si en otros sitios están peor…

García-Magarzo afirma con total descaro que sólo son las grandes superficies quienes piden cambios en la regulación, y que usan como excusa los intereses de los consumidores, ocultándoles que la liberalización implicaría un incremento de los precios (inevitable según su peculiar "racionalidad económica"): "sólo una subida de precios puede ser la consecuencia de aumentar los costes de todo tipo de las empresas –abriendo un día más– sin aumentar las ventas, ya que el gasto depende de las necesidades reales de las personas que, lógicamente, no aumentan por disponer de un día más para comprar. ¿Se puede evitar ese incremento de precios aumentando la eficiencia? Sí, pero, hoy por hoy, sólo cabría hacerlo de una forma: eliminando competidores."

El cuento intervencionista de siempre: los consumidores somos tontos manipulados que pedimos libertad contra nuestros propios intereses; además tenemos unas "necesidades reales" invariables que sólo podemos redistribuir temporalmente. Y ya es patético pretender que se puede ganar eficiencia eliminando competencia. La verdad es que impedir la libertad de horarios de apertura perjudica a los consumidores que ven limitadas sus opciones. Si algunos comerciantes no sirven adecuadamente sus intereses deben adaptarse o desaparecer y no mendigar protección legal. Lo que suceda con los precios es imposible saberlo con seguridad: no es correcto ver sólo los incrementos de costes, pues también se estará aprovechando mejor el capital fijo y quizás eso permita mejores márgenes. La liberalización no obliga a nadie a abrir todos los días, y si hacerlo le supusiera a alguna empresa un incremento de costes excesivo podría ocupar el nicho de precios bajos con menos días de apertura. Pero en muchos casos, teniendo que asumir los costes fijos por el alquiler del local, a los comerciantes les interesa aprovechar las oportunidades de negocio de todos los días de la semana. Y aunque los precios subieran en general, tal vez los consumidores lo preferirían si así pudieran hacer sus compras con menos agobios y restricciones temporales.

Siguiendo con su "lógica": ¿El sábado también sale caro? ¿Y el viernes? ¿Por qué no abrir sólo un día a la semana y así ahorrar costes de verdad?

La demagogia supina de ZP y Chacón

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Por ello, y aunque los tipos de interés no subirán más y las crisis no afectan a países zapatistas, la pareja ha pensado que no estaría de más prometerles a aquellas familias que pudieran dejar de pagar las letras de su hipoteca y quedasen, por tanto, amenazadas de desahucio, que Papá Estado se haga cargo de la cuenta hasta que "la situación sea mejor".

No sé si a ZP o a Chacón se les ha ocurrido pensar que esta acción animará a los prestatarios de dudoso pago a embarcarse en aventuras arriesgadas, a los bancos a dar rienda suelta a la creatividad prestamista en el campo inmobiliario y a los empresarios a confiar que por muchos grifos que cierre el Banco Central Europeo, siempre habrá grifos aledaños que abra el Gobierno por el bien y la felicidad eterna de sus electores. Lo que Zapatero propone con la complacencia de Chacón, o viceversa, es crear un fondo de garantía ante impagos. El problema de vivir en un mundo de Alicia es que uno no se molesta en estudiar ningún problema social más allá de la capa más superficial.

Los economistas que se encuentran alejados del estado de embriaguez que afecta al presidente saben que estas propuestas no pueden realizarse sin producir cambios en el comportamiento de los agraciados que, a su vez, modifican el riesgo asociado de impago. El famoso riesgo moral tiene lugar cuando los agentes no actúan igual que si no hubiese habido un seguro. Bien, me juego lo que sea con Chacón a que la gente interpretará esta medida como un mensaje bien sencillo: aquí se puede uno endeudar cuanto quiera que al final Papá Estado vendrá al rescate. Los bancos pensarán lo mismo pero con respecto a la concesión de créditos: "Si el Estado garantiza el pago, ¿por qué no expandir el crédito todo lo que pueda?"

En Estados Unidos el problema crediticio actual tiene mucho que ver con la expansión crediticia estatal y con el riesgo moral. Allí, políticos de talante progresista pensaron que no podía permitirse que gente con un mal historial crediticio quedara excluida del mercado hipotecario. Así construyeron la Community Reinvestment Act, una ley que obligaba a prestar dinero a personas que no tenían crédito. El riesgo asociado a estas personas no disminuyó porque le pusieran la hipoteca en bandeja sino más bien todo lo contrario. En España, con políticas como las de ZP, el problema no va a ser de hipotecas subprime sino de demagogia supina.

El Estado, la gran ficción

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Saben ya los españoles que el Gobierno es improductivo, sólo gasta, y su financiación nace únicamente de hipotecar nuestra producción –deuda– y de la recaudación de los impuestos? Como dijo Frédéric Bastiat, "el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo".

El Estado del bienestar pretendía instaurar el paraíso celestial en la Tierra por medio de la ley. Sus insalvables contradicciones jamás le permitieron conseguir tal hito. Después de décadas y décadas de Estado del bienestar siguen habiendo pobres hasta el punto de que en algunos lugares, como Barcelona, quieren expulsarlos. Tenemos una sanidad pública que no requiere de dinero para acceder a ella, pero nos exige hacer largas colas y una enorme dosis de paciencia, a veces de años, para que nos pueda sanar. Tenemos también una educación pública, pero no hay donde impartir la enseñanza. Sólo en Cataluña este curso escolar ha comenzado dándose clase en más de 800 barracones (un 7% más que el año pasado).

También hay sectores fuertemente regulados por el Estado con la excusa de que así darán un buen servicio. La intromisión estatal en el abastecimiento de agua ha creado restricciones y llamadas al no consumo debido a su venta por debajo del precio de mercado, una diferencia que se refinancia con impuestos. Estamos pagando ahora la electricidad que consumimos hace varios años, generando un abultadísimo déficit que terminará siendo cubierto un día de éstos vía impuestos; cada verano se hacen más habituales los apagones. El Gobierno nos aseguró una pensión y los menores de 40 años difícilmente la van a cobrar.

Ni el Gobierno ni los políticos han ganado en sensatez, honestidad ni eficiencia desde que una de las primeras leyes socialistas del capitalismo, la reforma a la Ley de Pobres que se produjo en la Inglaterra del siglo XIX y que generó, en parte, enormes penurias económicas popularizadas por las novelas de Charles Dickens.

La compra de votos es, como nos enseña la historia y expresa bien el refranero popular, "pan para hoy, hambre para mañana". El Estado no es un cuerno de la abundancia ni un ente distributivo responsable. Si el Estado, con grandes promesas lanzadas al crédulo y al incauto toma la economía para burocratizarla corremos el riesgo de tener derecho a todo por ley y a nada de facto, creando pérdidas totales netas e irreversibles en nuestro tejido productivo.

¿Qué cree que pasará si el Estado se dedica a sacar más dinero de nuestros bolsillos para gastárselo en aumentar su peso y en hacernos más dependientes de él? ¿Y qué cree que ocurrirá en un entorno de creciente globalización, deslocalización de empresas, aumento de la presión fiscal y a las puertas de una posible recesión? Cuando el Estado no pueda hacer frente a sus deudas o haga chapuzas para parchear los problemas que él mismo ha creado como aumentar la edad de jubilación o pagar pensiones por debajo del nivel de subsistencia, como ya ocurre, ¿seguirá votando como solución a los partidos que le prometan más Estado y más derechos sociales?

Pisos para todos

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Al grito de "pisos gratis", la Junta de Andalucía ofrece llevar a la práctica el derecho a la vivienda ya presente en la Constitución Española. Específicamente, el anteproyecto andaluz pretende garantizar que las familias no dediquen más que un tercio del salario a la compra de una casa (o un cuarto, en el caso de alquiler de la misma).

Según publica Libertad Digital, "los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 Euros". El Gobierno de Zapatero parece estar de acuerdo con esta medida, hasta el punto de que la ministra de Vivienda, Carme Chacón ha animado a otras Comunidades a que sigan el ejemplo de Andalucía, autonomía ejemplar, sin duda.

La medida aplicaría a más de 46.500 andaluces y generaría un efecto llamada, lo que inevitablemente supondría que el Señor Chaves tendría que subir los impuestos autonómicos o reclamar más dinero al Estado.

Probablemente lo que acabe sucediendo es que Chaves se vea obligado a limitar la aplicación de la medida, mientras que el precio de la vivienda, en lugar de bajar, seguirá subiendo, ya que los vendedores contarán con que, gracias a la ayuda de la Junta, los potenciales compradores pueden pagar más por los pisos. Así que los andaluces no se podrán relajar sino que tendrán que seguir trabajando más y más para pagarse el piso.

En lugar de prometer aligerarnos la carga que soportamos como ciudadanos, lo que los Gobiernos autonómicos podrían hacer es liberalizar el suelo inmediatamente, dejar de limitar alturas, como ha propuesto Esperanza y, cómo no, revisar el tipo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para reducir el coste que tienen que soportar las constructoras. De esta forma, se reducirían notablemente los costes de la vivienda, lo que se trasladaría a los precios. Evidentemente, mientras los Ayuntamientos sean los que decidan si se puede o no construir estaremos ante un problema irresoluble.

Al margen del efecto económico perverso y el deseo de captar votos de los socialistas, la cuestión tiene una enorme importancia en el plano moral. Con este tipo de promesas, se incentiva que la gente actúe de forma menos responsable porque el Estado siempre estará cuidando de nosotros. Si bien es cierto que comprar un piso es casi un lujo, esto no es óbice para decir que el Estado tiene necesariamente que inmiscuirse en los asuntos de cada uno. Está claro que si recibo un subsidio mi situación mejorará pero a costa de otros, aunque esos otros no percibirán un coste directo ya que los costes del Estado se reparten entre todos. Pero a la larga, el intervencionismo se paga porque a más Estado, menos individualismo y a menos individualismo, menos creatividad y prosperidad para todos, es decir, que acabamos dependiendo más del Gobierno de turno y menos de nuestro esfuerzo y de la solidaridad natural de nuestros familiares y amigos y de la sociedad, en general. Al fin y al cabo, ¿si el Estado se ocupa de todo, para qué necesitamos hacer un esfuerzo o pedir a nuestros semejantes que nos ayuden?

Cualquier "derecho a", como el que ha planteado Chaves en materia de vivienda, derecho que, como hemos dicho, reconoce nuestra Constitución socialista de 1978, supone en último término que se legitime el latrocinio fiscal, porque para dar a unos hay que quitar a otros y la mejor forma de redistribuir la renta son los impuestos. Por cada euro que el Estado le prometa, antes ha tenido que quitar varios a todos los ciudadanos, incluyéndole a usted. La diferencia es el coste (enorme) en que tiene que incurrir para procurarle ese euro.

Mientras tengamos una Carta Magna que reconozca estos derechos, no hay que ser muy listo para llegar a la conclusión de que la propiedad y la libertad de actuar estarán en peligro, porque actuar tendrá costes y, para mantener la propiedad, habrá que ceder una parte de la misma como peaje. Como siempre, habrá muchos que estén dispuestos a que otros tengan que renunciar a sus derechos para procurarse bienestar material, aunque no se percaten de que apostar por el intervencionismo es pedir a gritos, no un piso, sino un futuro más negro para todos.

Paternalismo y economía del comportamiento

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

La economía del comportamiento o “behavioral economics” estudia las anomalías del comportamiento humano y sus efectos sobre las decisiones económicas. En la medida en que estas anomalías describen a un sujeto distinto del individuo racional de los modelos económicos neoclásicos, se considera que esta línea de investigación socava los fundamentos teóricos del libre mercado. Porque si la eficiencia del mercado depende de que los agentes económicos actúen racionalmente, como la economía neoclásica presupone, el descubrimiento de anomalías sistemáticas, de irracionalidad, en su comportamiento sugiere que el mercado real es menos eficiente de lo que indican los modelos. La intervención del Estado deviene necesaria para corregir esa irracionalidad. (Para una excelente crítica, desde diversos ángulos, a las conclusiones estatistas de la economía del comportamiento, véase “Skepticism and Freedom: A Modern Case for Classical Liberalism”, de Richard Epstein, capítulos 8 y 9).

Scott Beaulier y Bryan Caplan argumentan en un reciente ensayo que la economía del comportamiento sirve, quizás a pesar de las intenciones de sus promotores, de micro-fundamento a la crítica del Estado del Bienestar, en particular de las ayudas públicas a los pobres. Sin salirse del marco neoclásico, Beaulier y Caplan arguyen que si los individuos son irracionales y ello hace que tomen decisiones equivocadas, incrementar sus posibilidades de elegir mediante subsidios y prestaciones públicas conlleva que tomen más decisiones equivocadas. Si además tenemos en cuenta que según los estudios empíricos los pobres padecen esas anomalías en una proporción mucho mayor que el resto de la población, las ayudas públicas actúan como un incentivo a actuar irracionalmente, condenando a los pobres a seguir siéndolo.

Tomemos la siguiente anomalía: la falta de auto-control. Se entiende que los individuos padecen esta anolomía cuando lamentan predeciblemente sus elecciones. Por ejemplo, cuando un fumador toma su dosis sabiendo, en cierto sentido, que luego va a lamentarlo, como si su preferencia inmediata chocara con una suerte de metapreferencia (el deseo de dejar el vicio), o como si un “yo corto-placista” estuviera en continua pugna con un “yo largo-placista”.

Esta anomalía explicaría que algunas chicas jóvenes tengan hijos no deseados fuera del matrimonio, lo cual reduce sus ingresos futuros, o que algunos individuos permanezcan desempleados. Dos adolescentes practicando sexo sin protección sería una muestra de falta de auto-control si están sobreestimando sus preferencias inmediatas a costa de despreciar el riesgo de unos costes elevados en el largo plazo (a costa, pues, de su suspuesta “metapreferencia” a no tener hijos en ese momento). Asimismo algunos individuos tienden a abandonar el empleo tan pronto como identifican algo que les desagrada, anteponiendo la satisfacción inmediata a su metapreferencia (encontrar trabajo): cada renuncia caprichosa les hace menos empleables.

Los estudios empíricos revelan que anomalías como la falta de auto-control están más presentes entre los pobres que en el resto de la población. Unos índices generales de inteligencia inferiores, determinados valores de clase baja transmitidos de generación en generación o las actitudes de la familia podrían explicar, según Beaulier y Caplan, esta diferencia. En dicho contexto, las ayudas a los pobres (incluso privadas) pueden incentivar sus “malos” comportamientos, saboteando sus posibilidades de salir de la pobreza. Prestaciones para las madres solteras con hijos o subsidios de paro incentivan que los jóvenes mantengan relaciones sexuales sin protección o que el paro infunda menos respeto y se busque trabajo con menos ahínco.

Los autores concluyen, sin embargo, que la tesis de su trabajo es simétrica: si incrementar las opciones de elección de los individuos por encima del nivel de mercado hace que se tomen más decisiones equivocadas, reducir las opciones de la elección por debajo del nivel de mercado tiene que ser beneficioso. Si los subsidios de desempleo incentivan la falta de auto-control y perjudican a los parados, las leyes que prohíben la vagancia la desincentivan y son beneficiosas, a pesar de ser anti-liberales. Si bien los autores no profundizan en esta cuestión, vale la pena apuntar por qué las enseñanzas de la economía del comportamiento no son simétricamente válidas para criticar el libre mercado.

Más allá de lo discutible de algunos presupuestos de la economía del comportamiento (como la primacía de las metapreferencias sobre las preferencias inmediatas), el hecho de que las personas se equivoquen decidiendo por culpa de sus anomalías no significa que el Estado pueda mejorar esas elecciones. En realidad, aunque teóricamente pudiera, nada nos garantiza que, una vez dotado del poder para interferir, vaya a hacerlo en la dirección que deseamos o que no vaya a desbordar el papel encomendado.

Las anomalías que afectan a las personas en general también afectan a los burócratas en particular. Un marco descentralizado y competitivo instituye los incentivos para controlar o corregir las anomalías que tienen resultados ineficientes, mientras que lo contrario ocurre en el caso de un monopolio público o agencia gubernamental, que no internaliza completamente los costes de sus errores.

Por otro lado, como señala Gary Becker, el derecho a equivocarse permite aprender de los errores, creando a la larga individuos competentes, independientes y que confían en sí mismos. Es el “proceso” de tomar decisiones lo que lleva a las personas a tomar mejores decisiones. Quizás llegar a ser una persona competente y responsable es una “meta-meta-preferencia” más importante que la metapreferencia de abandonar el tabaco.

En definitiva, la economía del comportamiento parece reforzar la conclusión de que las ayudas estatales incentivan los comportamientos que conducen a la gente a la pobreza, agravándola y perpetuándola. Incrementar las posibilidades de elección de los pobres por encima del nivel de mercado implica que los pobres no internalizarán los costes de los errores que son producto de esas anomalías (por ejemplo, la falta de auto-control), y que no tendrán incentivos para corregirlas. Pero reducir las posibilidades de elección de los pobres por debajo del nivel del mercado (mediante leyes contra la vagancia, por ejemplo), aparte de violar sus derechos y ser costosas para el contribuyente, mermaría su autonomía y su responsabilidad, creando personas dependientes, que no saben auto-disciplinarse y decidir por sí mismas, lo cual puede luego repercutir negativamente en muchas otras facetas de sus vidas.

Una radiografía de la justicia redistributiva

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

Agotado un tanto el filón de la telebasura "fabricada", las televisiones parecen haberse puesto de acuerdo en elaborar programas de telebasura "revelada", por usar las categorías taxonómicas del profesor Gustavo Bueno. En el primer caso estarían programas como Gran Hermano o similares, y en el segundo los espacios de testimonio o, simplemente, los retratos costumbristas realizados con pretensiones documentales por un periodista y un cámara. Uno de estos últimos casos es el programa Callejeros de la cadena Cuatro, cuyo visionado aconsejo a todos aquellos que aún dudan de la perversión intrínseca del llamado Estado del bienestar.

Dos ejemplos. El primero es el de un anciano que malvive en un cuchitril del barrio del Raval en Barcelona, cuya única forma de supervivencia es la pensión de cuatrocientos euros que el Estado paga a todas aquellas personas que no han cotizado al sistema público en toda su vida. Interrogado por las causas de su estado de necesidad, el anciano relata a la cámara que en toda su vida no hizo otra cosa que actuar, esporádicamente, en tablaos flamencos. Y lo pasaba muy bien, venga taca-taca-taca-taca y arsa y olé. Nunca ahorró ni un euro ni se le pasó por la cabeza destinar una parte de sus ingresos para cuando sus articulaciones ya no le permitieran bailar zapateados. El resultado es el normal en estos casos, malvivir con una pensión y sufrir toda clase de penalidades, con más motivo aún cuando no existe una familia a la que recurrir. ¿Debemos sentir pena por este señor, que es lo que parece que el reportaje quería provocar en el espectador, con imágenes dramáticas y lágrimas furtivas cayendo por el rostro del personaje? ¿O debemos, por el contrario, convenir en que el drama de este anciano se debe únicamente a su entera responsabilidad?

Segundo ejemplo. En un barrio de Madrid, un edificio entero está habitado por vecinos de la etnia gitana. Durante el reportaje, la periodista entrevista a varios adolescentes, ninguno de los cuales acude al colegio. En su lugar, la mayoría de ellos se dedica al lucrativo negocio del robo de motocicletas. Incluso detallan a la cámara cómo hacen para cambiar las matrículas y evitar la detención de la policía. Los más mayores se dedican a otros negocios más interesantes, como atestigua la clientela que acude a los aledaños del edificio a comprar la mercancía que ofrecen. En algunas viviendas hay mucha gente hacinada y, en otras, el programa recoge testimonios de jóvenes casaderas que quieren independizarse. Quieren, en pocas palabras, que el Gobierno les dé una casita para irse a vivir con sus churumbeles y su marido. La periodista (recuerden, de la Cuatro), que después de varios meses escuchando la misma retórica parece haber empezado a poner en cuestión la moralidad de que unos deban financiar a otros lo que no quieren obtener por la vía del trabajo y el esfuerzo, pregunta a una de las entrevistadas:

– Los gitanos siempre pedís viviendas. ¿Por qué no las compráis como hace todo el mundo.
– Porque… porque no tengo con qué – zanja la interfecta.

En las calles que rodean al edificio, entre montones de basura sin recoger, aparecen perfectamente aparcados varios vehículos de superlujo.

Estos son algunos resultados de la redistribución de riqueza por el estado: el subsidiar a los vagos a costa de la gente productiva. ¿Cuál de estas actitudes vitales resulta incentivada por este estado de cosas? La respuesta es tan obvia que incluso el ministro Caldera podría responderla a poco que se concentre.

El volumen real de la denominada redistribución de la riqueza

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La socialdemocracia, integrada por todos los partidos occidentales a excepción de los residuos extremistas a uno y otro lado del espectro, sostiene la necesidad de que el Estado combata la desigualdad mediante transferencias coactivas de riqueza. Asume como un principio fundador que la desigualdad es una lacra que hay que combatir, en lugar de una condición intrínseca del ser humano, que por su propia naturaleza tiende a la diversidad y no al igualitarismo. ¿Pero cuál es el montante real del dinero que el Estado hace cambiar de bolsillo en aras de este fin supremo preconizado por las elites políticas desde el Manifiesto Comunista?

En los presupuestos públicos, los conceptos de gastos e ingresos están estructurados en capítulos en función de su naturaleza. En concreto, el capítulo IV de cualquier presupuesto estatal o autonómico está destinado a las llamadas "transferencias corrientes". Este es el dinero que el poder político entrega directamente a los beneficiarios designados previamente en función de su criterio, o a otras Administraciones, que presupuestan y gastan de forma similar. Podría parecer que esta es una actividad marginal de los gobiernos, mucho más interesados en crear infraestructuras públicas y en garantizar el orden y la justicia. Sin embargo, lo que probablemente poca gente conozca es que la maquinaria estatal destinada a la redistribución supone en España algo más de la mitad del gasto total del Estado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007, el capítulo IV suma algo menos de doscientos mil millones de euros, lo que supone un 56% del total del presupuesto. Por poner un ejemplo de Comunidad Autónoma, la de Murcia destina a transferencias corrientes un 55% del total, lo que supone algo más de dos mil doscientos millones de euros.

De esta forma, el principal esfuerzo de la burocracia estatal es transferir dinero de unos bolsillos a otros, para lo cual incurre a su vez en un gasto brutal en materia de personal y servicios, cuyo montante se agrupa en los capítulos I y II.

En lugar de dejar que estas transferencias se produzcan espontáneamente en función de los intereses de los ciudadanos, el Estado realiza esa labor de forma coactiva. Ante los réditos electorales que los partidos buscan obtener mediante los subsidios a todo tipo de colectivos supuestamente agraviados, los resultados nefastos que esta forma de hacer las cosas produce en términos de desincentivación y resentimiento social carecen de importancia.

Es cierto que si alguna vez se implantaran fórmulas que dieran más autonomía al individuo (pienso ahora en el cheque escolar), el mecanismo necesario para llevarlas a cabo desde el Estado sería a través de estas transferencias. Es éticamente menos nocivo entregar dinero a los ciudadanos para elegir qué tipo de servicio quieren, que proporcionarlo directamente y a la fuerza. Pero la situación real es que esto no se produce (la educación y la sanidad públicas, por ejemplo, se financian con las aportaciones del estado a los capítulos I y II del presupuesto y no cabe elegir si se prefiere ese servicio u otro privado), y que la práctica totalidad de ese casi sesenta por ciento de los recursos estatales desemboca en los bolsillos de los sectores agraciados, como el cine español o las ONGs, por poner dos ejemplos especialmente queridos por quien esto suscribe.

La socialdemocracia ni siquiera disimula a la hora de manifestar con hechos que su interés no es el bien común sino el preservar a los partidos políticos en el poder a cualquier precio. El volumen de lo que nos roban para este objetivo es, por tanto, una razón excelente para declararse objetor fiscal.