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Etiqueta: Enemigos de la libertad

Solidarios a todo ritmo

Este verano he leído un librito delicioso titulado "Do as I say (not as I do)". Lo he comprado directamente a Estados Unidos, por ayudar financieramente al imperialismo del Gran Satán y colaborar con el capitalismo opresor, a partes iguales. Se trata de un breviario con las hazañas de las estrellas norteamericanas más comprometidas con la ideas de izquierda y la forma en que las ponen en práctica en su vida privada. Por ejemplo, Michael Moore, fiel inquisidor del militarismo norteamericano y al mismo tiempo importante accionista de la empresa de Dick Cheney, la genocida Halliburton. O los Kennedy, Hillary Clinton y Babra Streisand, grandes personajes también con serias dificultades para aplicar a su conducta personal los principios que exigen al resto de los mortales. En fin, una lectura divertidísima y muy aleccionadora.

Pero el capítulo más interesante es el que su autor dedica a Noam Chomsky. El famoso lingüista, icono de la izquierda mundial por su impecable compromiso anticapitalista, se ha distinguido entre otras batallas por defender el mantenimiento del impuesto de sucesiones como eficaz herramienta distribuidora de la riqueza. Lo curioso es que el propio Chomsky tiene creadas varias sociedades fiduciarias a nombre de personas de su familia, de forma que el fisco, llegado el momento, no tenga acceso a ni un centavo de lo que deje en herencia a sus deudos. Interpelado por el autor del libro, Chomsky se defendió apelando a su derecho de preservar la herencia de sus hijos. Un argumento muy razonable pero, entonces, ¿por qué niega ese mismo derecho a los demás, que en la mayoría de los casos no ganan tanto como él?

Pero el virus de la solidaridad con los bienes ajenos no es dolencia exclusiva de los norteamericanos, sino que está extendida entre los iconos progres de ambos lados del océano a modo de pandemia.

Bob Geldof es una estrella de la música pop y un incansable activista a favor del tercer mundo. Sus catilinarias al mundo desarrollado, por mantener a gran parte del planeta bajo el yugo de la explotación capitalista, son de las que hacen época. Geldof apela constantemente, no a la generosidad, sino un sentido superior de la justicia, para exigir que los ciudadanos de los países occidentales, a través de sus gobiernos, destinen cada vez más recursos al mundo subdesarrollado, a poder ser a través de su ONG Live Aid. Sin embargo, Mister Geldof no destina ni uno sólo de los euros que gana en sus actuaciones a fin tan encomiable. En su suite de superlujo, rodeado de "estrechas colaboradoras" y tomando caviar beluga (todo ello según establece el modelo tipo de contrato que utiliza para sus actuaciones), confesó a una redactora del diario El Mundo, infiltrada entre sus colaboradores, que cuando viaja a África lo hace única y exclusivamente por negocios.

Bono, cantante de U2, es partidario también de que los gobiernos destinen el 0,7% del PIB a la ayuda al tercer mundo. Él no, porque a pesar de estar podrido de dinero, según propia confesión, repartirlo todo entre los pobres "no solucionaría nada". Ahora sabemos también que acaba de trasladar sus empresas a los Países Bajos, con el fin de pagar menos impuestos que en su Irlanda natal. No hay nada que objetar. Como decía el Príncipe Rainiero, no existen los paraísos fiscales, sino los infiernos fiscales, y Bono tiene perfecto derecho a organizar sus finanzas de la forma menos gravosa para sus intereses. Por eso su empeño en transferir dinero de los pobres del primer mundo a los dictadores del tercero suena a hipocresía.

Los artistas millonarios deberían sentirse orgullosos del dinero que han ganado honradamente con su talento y dedicarse a disfrutarlo como mejor consideren. Y si quieren lavar una absurda mala conciencia que lo repartan todo entre los pobres y se vayan a un monte de anacoretas. Todo menos exigirnos a los demás el esfuerzo impositivo que ellos eluden con ingeniería financiera y muy poca vergüenza.

Jo tampoc t’espere, coherència

Como liberal, sostengo que cualquier persona tiene derecho a gestionar su propiedad del modo que considere más adecuado, sin que ningún agente externo pueda sustraérsela para alcanzar fines supuestamente superiores. Como católico, rechazo la sumisión y dependencia financiera de la Iglesia a una estructura coactiva, el Estado, cuyo objetivo consiste en la absorción, nacionalización, control y destrucción de la fe católica.

El catolicismo no puede perpetuarse a la sombra del Estado, precisamente porque su mensaje es de libertad y no de esclavitud. Cuanto más se acerque la Iglesia al Estado, como sabiamente observó Ratzinger, más se desnaturalizará y corromperá.

Desde esta perspectiva, resulta consecuente rechazar que el gobierno valenciano haya destinado sumas de dinero –procedentes de los impuestos a los valencianos– a preparar la, por otra parte, muy esperada visita de Benedicto XVI. Sólo hace falta observar la masiva acogida nacional e internacional que ha despertado el Encuentro Mundial de las Familias, para comprender que no habría sido necesario la participación y vigilancia del Estado para organizar tan monumental evento.

La Iglesia, entendiéndola como el conjunto de todos los católicos, tiene entidad y autonomía suficiente para impresionar al mundo con su minuciosa coordinación sin necesidad de ningún tipo de asistencia estatal. De hecho, habría que preguntarse hasta qué punto las rigideces burocráticas, la lentitud administrativa o las ansias políticas de aprovechar la visita del Papa como reclamo electoral, no han ralentizado y dificultado el evento.

Sabido es que una de las críticas vertidas por los cuatro pelagatos del colectivo Jo no t’espere ha sido, precisamente, ese desmesurado gasto del gobierno valenciano. En su preescolar manifiesto podemos leer que: "No es aceptable que las instituciones públicas estén destinando un volumen ingente de recursos humanos, económicos, infraestructuras… a unos actos que no dejan de ser una propuesta de una organización, la Iglesia católica, que ni nos representa a todos ni es parte del interés común que debe guiar la actuación de los poderes públicos".

Es curioso cómo la izquierda, obsesionada por que el Estado controle todos los recursos de la economía, se rasga las vestiduras cuando ese mismo Estado que con tanto ahínco han promovido, los destina a partidas que no le gustan.

La misma izquierda que defiende que los demás no deben tener derecho a gastar su dinero, quiere alzarse con el derecho a gastar el dinero de los demás. La protesta se convierte en una pataleta de niños malcriados: rompo la baraja cuando no me gusta cómo se desarrolla la partida.

Es cierto que la Iglesia, aun cuando tenga una aspiración universalista, no representa a toda la población y que, por tanto, sólo quienes sientan una especial vinculación a ella deberían contribuir a su financiación. Ahora bien, este razonable argumento no se concilia bien con la indigesta hipogresía de la izquierda. Si la Iglesia no debe recibir financiación porque no nos representa a todos, ¿qué asociación debería recibirla?

Los mismos jonotesperianos que rechazan la financiación estatal de la infraestructura del Encuentro Mundial de las Familias, sugieren en otro comunicado que ese dinero debería emplearse en suplir las "carencias sociales urgentes para muchos colectivos de nuestras ciudades". Y yo me pregunto, ¿acaso esos colectivos representan a toda la sociedad? ¿Son sus necesidades las de la universalidad de los contribuyentes?

Pero si nos adentramos un poco más en la personalidad de Jo no t’espere podemos encontrar auténticos gestas del fariseísmo. Veamos qué solicitan los suscriptores originales de un manifiesto donde se negaba a la Iglesia cualquier financiación por el hecho de no representar a toda la población:

El colectivo "Lambda de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales", por ejemplo, pide "poder realizar nuestro proceso de transexualización en la Sanidad Pública", así como "políticas de discriminación positiva en el trabajo hacia la población transexual".

El grupo "Ca Revolta" exige en varios de sus comunicados "el derecho al aborto libre y gratuito", y reivindica "el agua como un derecho básico y fuente de la vida que no puede ser privatizado, así como la recuperación del control sobre los bienes comunes y los recursos naturales que han de estar libres de los intereses privados y de las multinacionales".

La página web Barriodelcarmen.net, muy en la línea mussoliniana, pide que el gobierno nos proporcione "la jornada laboral de 35 horas", "la jubilación a los 60 años" y un "trabajo fijo y digno para todos".

Tres ejemplos que no agotan una característica común: la voluntad de vivir de Papá Estado a costa del contribuyente. Se nos pide que financiemos las operaciones de cambio de sexo, que impidamos a los empresarios organizar su negocio, que fustiguemos a los trabajadores, que robemos el agua a los pequeños y a los grandes propietarios en el Tercer Mundo –con las muy graves consecuencias que ello acarrea–, que subvencionemos un aborto libre y a go-go, y que los contribuyentes actuales paguen coactivamente a la seguridad social pensiones aun más tempranas. ¡Todo ello en nombre del interés común!

¿Pero de qué estamos hablando? Si todas estas medidas coactivas y redistributivas que tienen unos beneficiarios muy concretos y particulares son medidas de interés común, con más razón lo será la visita de un señor que representa una institución con 2000 años de historia y a mil millones de creyentes en todo el mundo.

La doblez e incoherencia de los impulsores de la plataforma Jo no t’espere es más que evidente. Para ellos el Estado no es más que un cortijo particular que debe explotar a los ciudadanos, según sus propios parámetros. Algunas frases de sus comunicados como "nosotros no prohibimos nada a nadie, nosotros sólo pedimos que no se nos impongan creencias o morales", no son más que letra muerta; subterfugios con los que camelar a los lectores bienintencionados para imponer finalmente su dictadura moral.

Una cosa es que la Iglesia debería autofinanciarse, otra muy distinta que los chupópteros profesionales de este país, los expertos en vivir del cuento, embolsarse subvenciones y exigir prestaciones a costa de la cuenta corriente ajena, vengan a darnos lecciones de liberalismo y de catolicismo.

La desvergüenza tiene un límite. La coherencia también; aquí ni está ni se la espera. Yo, al menos, no.

La tiranía invisible

La realidad de los sistemas totalitarios se expresa sin ambages. Los gulags, las hambrunas provocadas y los asesinatos en masa son pruebas suficientes del horror soviético. Mao aniquiló a 70 millones de chinos y Pol Pot a un tercio de la población camboyana. Los balseros van de Cuba a Florida, no de Florida a Cuba, y los cientos de miles de "boat people" vietnamitas no estaban emigrando a climas mejores sino huyendo del despotismo. Sólo había francotiradores en el lado comunista del muro de la vergüenza y son las playas norcoreanas las que están cercadas con alambre de espino para impedir que la gente se fugue por mar. Basta comparar Alemania oriental con Alemania occidental en tiempos de la Guerra Fría o Corea del Norte con Corea del Sur para advertir que la planificación central de toda la economía va de la mano de la miseria más absoluta. Cualquier persona de bien que no esté cegada por prejuicios asocia sin dificultad el régimen totalitario con sus atroces consecuencias: están a la vista de todos y la relación causal es demasiado evidente. Pero a medida que la tiranía toma cauces menos perceptibles, se vuelve sutil en sus métodos y el nexo de relaciones causales adquiere complejidad, cuesta más identificar la injusticia y señalar al culpable.

A veces cuando en una discusión los liberales comparamos el Estado del Bienestar con el nazismo o el comunismo nuestro interlocutor se sorprende y niega que sea de recibo la analogía. "No es lo mismo", objeta. Naturalmente no lo es ni puede serlo, ya que plantear una analogía es poner en relación cosas distintas con atributos comunes. Nosotros lo que nos proponemos es enfatizar dichos atributos comunes y sugerir que la diferencia entre un sistema totalitario y el Estado del Bienestar democrático no es tanto cualitativa como cuantitativa o de grado. Pero nuestro interlocutor sigue rechazando la lógica de este planteamiento. "Hitler y Stalin asesinaban a la gente, los gobiernos democráticos no hacen nada de esto", puede decirnos. No, está claro que no matan a la gente por pensar diferente, ¿pero seguro que no son responsables de la muerte de nadie? No te envían a Siberia, sin embargo ponen en peligro tu vida cuando racionan la sanidad y te ponen en lista de espera, cuando restringen el comercio de órganos y retrasan la salida de medicamentos al mercado, cuando son ineficientes aplacando la delincuencia o cuando te prohíben portar un arma para defenderte. Al mismo tiempo ponen en peligro la vida de otras personas cuando obstaculizan el progreso del tercer mundo con medidas proteccionistas y patrocinan con ayudas públicas modelos de desarrollo obsoletos. Pero los efectos letales de la acción del Estado del Bienestar son indirectos y no se distinguen fácilmente. La relación de causa y efectos entre la muerte de un individuo inocente y la orden de fusilamiento de Stalin es directa y no escapa a la comprensión de nadie. La relación de causa y efecto, no obstante, entre la muerte de decenas de miles de personas y los controles de calidad públicos que retrasan artificialmente la salida de medicamentos al mercado no es menos real ni menos trágica, aunque sí más sutil.

"Pero los regímenes comunistas no permitían la propiedad privada y los gobiernos democráticos sí la respetan". Nominalmente sí, de facto… El expolio no deja de ser expolio por reducirse la cuantía del botín. Antes la gente trabajaba los 365 días del año para el Estado, ahora "sólo" la mitad del año. Esclavismo a tiempo parcial. El Estado usurpa los ingresos de los individuos y regula severamente el modo en que pueden emplear su cuerpo, su casa, su negocio… ¿Nos encontramos ante una diferencia cualitativa o de grado?

La cuestión es que la propiedad pública de todos los medios de producción acarrea una miseria terrible, mientras que el Estado social-democrático deja al mercado margen suficiente para crear una enorme riqueza. Así, la gente puede asociar de un vistazo el comunismo con la pobreza, pero no asocia el Estado del Bienestar con la pauperización económica. Las relaciones de causa y efecto son más profundas, menos visibles, y es preciso comprender los entresijos de los procesos sociales para identificar la enfermedad, el virus que la causa y la cura necesaria. Poca gente sabe que el alza general de precios es un fenómeno causado por la intervención pública en el ámbito monetario y que sus efectos asimétricos golpean especialmente a las capas menos pudientes, que tienen que asumir precios más altos antes de que suban sus salarios. Para llegar a esta conclusión hace falta saber qué es el dinero, cómo se forma su precio y por qué la introducción de nuevos medios de pago no respaldados no es neutral. Del mismo modo mucha gente ignora lo que comporta un sistema de pensiones redistributivo como el actual: los trabajadores no están ahorrando parte de su renta para su futuro sino que están destinándola al consumo de los jubilados; el ahorro hubiera servido para capitalizar las estructuras productivas, aumentar la productividad y producir más y mejor en el futuro, así como para devolver el principal más intereses y pagar pensiones de jubilación elevadas. Hoy no se crea riqueza alguna con el sistema de pensiones –el dinero simplemente cambia de manos–, pero para entender por qué esto es así antes es preciso saber en qué consiste el ahorro y la acumulación de capital. La gente también desconoce que la causa del desempleo son las regulaciones laborales y el salario mínimo. El paro es una realidad visible, pero su causa no es fácilmente identificable para el profano. Las regulaciones laborales hacen que el coste de contratar un trabajador sea mayor y el salario mínimo impide contratar por debajo de un determinado precio; si el coste de contratar al trabajador supera el valor de su contribución el empresario no le contratará, no le sale a cuenta. Para advertir esta consecuencia hay que tener alguna noción de cómo se forman los precios en general y los salarios en particular.

Juzgar las cosas por su apariencia puede ser harto engañoso en este contexto. El prisionero que, complacido con el plato de comida que le traen cada día, no repara en lo bien que viviría si le dejaran salir de la mazmorra, no parece estar evaluando su situación con acierto. La tiranía social-demócrata tampoco nos mata de hambre, pero nos niega una prosperidad mucho mayor: el crecimiento medio de las economías con un sector público en relación con el PIB inferior al 25% es del 6,6% anual. Si España hubiera crecido a este ritmo en los últimos 20 años hoy seríamos el doble de ricos. ¿Qué haría usted con el doble de renta? Si el sector público desapareciera o quedara reducido a su mínima expresión y hubiéramos experimentado, pongamos, un crecimiento económico del 10% anual sólo en los últimos 20 años, hoy tendríamos el triple de renta per cápita. ¿Se imaginan un crecimiento del 10% pero durante todo el siglo XX? Supone doblar la riqueza nacional cada 8 años.

Como dijera Bastiat, una de las principales enseñanzas de la economía es que no debemos juzgar las cosas sólo a partir de lo que vemos, más bien debemos juzgarlas a partir de lo que no vemos. No basta con tener en cuenta los réditos de tomar un camino determinado, hay que ponderar también lo que dejamos de ganar por renunciar a los caminos alternativos. Los procesos sociales son complejos y las relaciones causales en el marco del Estado del Bienestar no están a la vista de todos. Por eso es necesario que señalemos las injusticias de este sistema político y expongamos lo que estamos dejando de ganar, haciendo visible esta tiranía invisible. No podemos esperar que la gente se rebele en tanto no mire más allá de su ostentoso plato de comida y sea consciente de que está tras unos barrotes, de que otro mundo es posible ahí fuera, un mundo de libertad sin concesiones y extraordinaria prosperidad.

Aprendices de brujo

Si algo hay que reconocerle al socialismo es su capacidad para reemplazar su indigencia científica con sobresalientes dosis de demagogia. Sin calentarse mucho la cabeza, hasta tenemos donde elegir para erradicar la pobreza y acabar con los males de este mundo. Si optamos por la ortodoxia tardomarxista, bastará con devolverle al trabajador lo que es suyo –la plusvalía que el capitalista le arrebata en forma de rentas del capital–. Si preferimos la redistribución de la riqueza que propone, sin ir más lejos, un Joaquín Estefanía, no tenemos más que confiscar la riqueza de esa decena de millar de familias cuyo patrimonio supera el PIB anual del conjunto de las naciones más pobres del planeta.

Las implicaciones teóricas de la teoría de la plusvalía pueden apreciarse con un sencillo ejemplo. Imagine el lector un edificio lleno de apartamentos propiedad de, digamos, cincuenta viejecitas distintas que tienen alquiladas dichas residencias a cincuenta familias también diferentes. Cada apartamento se alquila por 600€/mes. El mantenimiento y la vigilancia del edificio están a cargo de un portero, que es el único asalariado de la finca. Pues nada, según los marxistas, las viejecitas habrían de quedarse sin sus pensiones de 600€ al mes para que el empleado de la finca pudiera cobrar los ¡30.000€ mensuales! a los que “tiene derecho”, recuperando toda la plusvalía que le están extrayendo como rendimientos del capital. Por algo dicen en Cuba que no hay nada como ser portero bajo el socialismo.

Una primera aproximación a las limitaciones respecto a la redistribución del capital quizás puedan apreciarse con el mismo ejemplo anterior. Con una renta por apartamento de 7.200€ anuales y valorados dichos inmuebles a un múltiplo de 30 veces su renta (216.000€), los socialistas, con su increíble perspicacia, han descubierto que cada viejecita tiene una riqueza equivalente a las rentas anuales que serían suficientes para dar una vivienda digna a 30 familias. Vamos que el problema no es que el edificio sólo tenga cabida para 50 familias, sino que la riqueza está mal distribuida. Con quitarle a las viejecitas sus apartamentos, 1.500 familias más podrían ser alojadas… en el mismo edificio. Toma ya.

Si el ejemplo de los inmuebles ya es chocante, cuando para aliviar la pobreza nos ponemos a “redistribuir” como renta el valor cotizado de las empresas, la cosa es todavía más esperpéntica. En este caso nos encontramos además con que las acciones cotizan muy por encima del precio de coste de cada uno de sus componentes. Así por ejemplo la fortuna de Sergei Bind y Larry Page, fundadores de Google y dos de los treinta hombres más ricos del mundo, consiste esencialmente en un paquete de acciones de una compañía que cotiza a sesenta veces lo que dejó de beneficio el año pasado y a más de diez veces su valor contable (el coste de cada uno de los elementos adquiridos). O, dicho de otro modo, en su valoración tienen mucha más importancia sus expectativas de crecimiento que el material informático o los locales que tiene la compañía.

En resumidas cuentas, el valor de una buena empresa es como el de una gallina de los huevos de oro. Sólo es posible comprenderlo por su capacidad para generar beneficios futuros y éstos sólo pueden ser generados si se la deja vivir y funcionar. Los socialistas siguen viviendo de espaldas –no se sabe si por supina ignorancia o por pura mala fe– al hecho de que riqueza y renta son dos magnitudes distintas. Así, cada vez que los socialistas toman el poder, millares de estas gallinas de oro son sacrificadas en el altar de la envidia, quedándose con el despiece las élites de la robolución. Aunque la pérdida neta de riqueza sea bestial y la pobreza no haga más que agravarse y generalizarse, dichas élites políticas alcanzan un poder y bienestar con el que jamás podrían haber soñado. La inteligentsia convenientemente bien engrasada se encarga del resto del trabajo.

Gastando lo indefendible

¿Somos conscientes del increíble montante que llega a gastar el Estado cada año a expensas de los ciudadanos y de la economía productiva?¿Hasta qué punto los progresistas son conscientes de que el gasto público excede con creces la cuantía necesaria para garantizar los servicios básicos a toda la población?¿Se dan cuenta de que muchas políticas de gasto no tienen absolutamente nada que ver con la asistencia a los más desfavorecidos y la igualdad de oportunidades?¿Saben que los efectos redistributivos del gasto público son prácticamente nulos y que este intervencionismo galopante inhibe la creación de riqueza y en buena medida se ceba en los más pobres

El presupuesto del Estado central español para 2006, incluyendo las cotizaciones sociales, las transferencias a otras administraciones y la deuda pública, asciende a 301.488.420.680 euros. En total el sector público español gestiona el 40% de la riqueza nacional, además de regular el conjunto de la economía. Sanidad, educación, vivienda e infraestructuras ni siquiera representan un 7% del gasto público. Aun añadiendo las partidas de defensa, seguridad ciudadana y justicia, no alcanzamos el 12% del presupuesto del Estado. Si sumamos las pensiones, el mayor capítulo de todos, llegamos al 39,9%. Todavía nos falta un 60%… El Gobierno de Estados Unidos, que algunos ingenuamente asocian al liberalismo, destina a las categorías de justicia, seguridad, defensa nacional, educación, carreteras, protección ambiental y Reserva Federal cerca de un 40% del gasto público. También nos falta un 60%… ¿Cómo puede justificarse, incluso desde posiciones rawlsianas o de tercera vía, semejante cuadro de expolio y despilfarro?¿Qué tiene que ver la cultura y el deporte con la justicia social y la ayuda a los necesitados?¿O la agricultura y el turismo?¿O las subvenciones al transporte y la regulación de la industria y la energía? Sólo desde el desconocimiento o el estatismo más acérrimo puede defenderse un Estado como el que padecemos en la actualidad, no digamos uno de mayores proporciones. Los ciudadanos no siente la necesidad de rebelarse porque sólo tiene en cuenta lo que palpan y lo que ven: la ingente riqueza que esa fracción libre del mercado consigue producir. Las cosas no van tan mal vistas desde esta miope perspectiva, pero es como si el prisionero se complaciera con la comida que le traen cada día sin reparar en lo bien que comería si le dejaran salir de la mazmorra. No se trata de considerar únicamente la prosperidad de que gozamos, también hay que sopesar la prosperidad sacrificada en el altar del Estado del Bienestar. Es una prosperidad no materializada, en cierto sentido invisible, pero su pérdida no por ello es menos real.

Los que defienden este volumen de gasto público apelando a la redistribución de la renta entre ricos y pobres aluden a un Estado idealizado que responde a sus deseos, no a la estructura de incentivos a la que están sometidos legisladores, burócratas y votantes en el mundo real. El Estado de sus sueños redistribuye la riqueza y ayuda a los más pobres, pero al Estado real los más pobres le importan muy poco, y la riqueza la redistribuye horizontalmente para satisfacer a unos grupos en detrimento de otros. En Francia el 30% más pobre recibe el 35% de las prestaciones sociales, el 30% más rico el 25%, y el 40% del medio recibe el 40% de las prestaciones. En Alemania el 30% más pobre recibe el 32% de las prestaciones, el 30% más rico recibe el 31% de las prestaciones, y el 40% del medio recibe el 37%. El caso de Italia es aún más ilustrativo: el 30% más pobre recibe el 20% de las prestaciones, mientras que el 30% más rico recibe el 35%; el restante 45% es para el 40% del medio. Es decir, no sólo los pobres no reciben más que los que no son tan pobres, sino que a veces incluso reciben menos que los ricos. Si a esto añadimos que numerosas Haciendas Públicas casi recaudan lo mismo en concepto de imposición indirecta (regresiva, acostumbra a penalizar a las rentas más bajas) que en concepto de imposición directa (progresiva, penaliza a las rentas más altas), ¿de qué redistribución estamos hablando?

David Friedman caricaturiza el proceso de redistribución estatal de una forma muy gráfica: cien personas se sientan en círculo, cada uno con los bolsillos repletos de dólares. Un político recorre el círculo tomando a su paso un dólar de cada uno. A nadie le importa, ¿a quién le importa un simple dólar? Cuando ha dado la vuelta completa deposita 50 dólares en la mano de uno de los presentes, que se regocija de felicidad ante ese inesperado regalo. Luego el político vuelve a repetir el proceso dejando cada vez 50 dólares en las manos de un individuo distinto. Al final, después de 100 vueltas, todos son 100 dólares más pobres, 50 dólares más ricos, y felices.

El coste de una prestación, como viene a decir la analogía de Friedman, se reparte entre todos los contribuyentes, mientras que los beneficios los disfruta en exclusividad el receptor de dicha prestación. Así, los individuos tienden a despreciar los costes de que otros reclamen ayudas y prestaciones (pues se reparten entre todos los contribuyentes) y al mismo tiempo tienden a codiciar las prebendas estatales (cuyos beneficios recoge en exclusividad el agraciado). El resultado: todos se lanzan a pedir prestaciones y el gasto público se dispara. Al final los subsidios se generalizan hasta tal extremo que mucha de la gente que creía beneficiarse acaba pagando más de lo que obtiene. En este contexto, en palabras de Arnold Kling: “se supone que el Estado del Bienestar redistribuye los ingresos y reduce la pobreza. De hecho, pienso que lo que hace el Estado del Bienestar es redistribuir la pobreza y reducir los ingresos. Como dijo Karl Kraus refiriéndose al psicoanálisis, el Estado del Bienestar es la enfermedad que éste pretende curar.”

El gasto público ha alcanzado cotas delirantes, y la redistribución horizontal de la renta deja, si cabe, aún más en evidencia a los apologistas del statu quo. Es posible que la situación no degenere pasado cierto punto: si bien todo Estado alberga en su seno un Estado absoluto y tiende a expandirse, tampoco beneficiaría a la casta burocrática matar a la gallina de los huevos de oro. En cualquier caso, aunque llegue a prevalecer un equilibrio entre opresión y libertad como el que padecemos en la actualidad, no hay motivo para congratularse y tolerar la intervención masiva del Estado. No tenemos por qué soportar el expolio y la mengua de oportunidades como precio por una parcela de libertad.

Los derechos de Joan Saura

El conseller se escandaliza y no entiende que alguien pueda estar en contra de los derechos que él quiere instaurar, razón por la que siempre carga contra la derecha, el mal de todos los males. ¿Pero qué significa "derechos" en el idioma de Saura? Para este hombre de izquierdas, los derechos no son un don natural inalienable que posee el individuo y que pueda ejercer a su voluntad, sino que son una concesión del burócrata al hombre. En su visión, el jerarca supremo, él y los políticos, deciden quién ha de tener libertad y quién puede vivir a costa del resto de la sociedad. Libertad para el conseller es poder dirigir una sociedad de dueños y esclavos.

Les pondré un ejemplo. Saura se sorprende que alguien pueda estar en contra de una "renta básica" para los más pobres (artículo 24 del estatut), y así lo va proclamando por todas partes. Las conocimientos de la palabra libertad y economía no son lo suyo. Desde el punto de vista de la libertad, la redistribución estatal económica es un robo. Significa arrebatar por la fuerza el trabajo de una persona para dárselo a otra. La redistribución estatal puede estar muy bien vista, puede ser todo lo guay y socialista que queramos, pero es el antónimo a la palabra libertad. Si el señor Saura redistribuye el dinero de otros con la amenaza de la obligación gubernamental, entre quien sea, significa que el catalán que con su esfuerzo y trabajo se ha ganado su dinero no podrá disfrutarlo porque el conseller se lo habrá usurpado para transferirlo a otra persona o para engrosar las arcas del gobierno catalán. En otras palabras, Saura defiende expropiar la producción de una persona para que trabaje gratis para otra. A esta acción no se le puede llamar altruismo, sino esclavitud y tiranía. Altruista sería que nuestro conseller destinara una parte de su abultado sueldo a la beneficencia, redujera drásticamente su salario para que quedase en manos del pagar de impuestos catalán o incluso bajase los impuestos. La solidaridad es un acto voluntario, no una imposición que tenga que nacer de las leyes y ser acatada por el miedo.

El estatut de Cataluña es un peligro para la economía de los catalanes y para su auténtica libertad individual. Transfiere la responsabilidad del hombre libre al burócrata para que éste la gestione con total impunidad. Cuando oigamos a un político hablar de derechos y libertad, no nos tenemos que alegrar, sino asustar y coger bien fuerte nuestra cartera. El léxico de los políticos no tiene nada que ver con nuestra realidad. El estatut es un peligro, y quien mejor lo ha demostrado es el señor Saura.

¿Cuántos transexuales necesita Madrid?

En realidad, los socialistas están diciendo que hay que utilizar la fuerza (Estado) para proveer aquellos bienes que los individuos no desean cuando se les permite elegir (mercado). Sin embargo, hay que reconocer que el argumento tiene una cierta lógica aparente, incluso para ciertos liberales: dado que los individuos tienen ciertas necesidades que el mercado, por alguna extraña razón, no puede satisfacer, que sea el Estado quien lo haga.

La semana pasada nos enterábamos de que la Comunidad de Madrid rebasaba por la izquierda al Gobierno de ZP anunciando su intención de pagar las operaciones de cambio de sexo para los transexuales con el dinero incautado a los madrileños.

Atendiendo a esta justificación inicial e ingenua del Estado, las operaciones de cambio de sexo serían un bien colectivo imprescindible que el mercado no podría proveer por sí solo y que, por tanto, deberíamos costearlas entre todos.

Siendo ello así, habría que preguntarse qué cantidad de transexuales tiene que proporcionar el Gobierno regional para que la sociedad madrileña pueda funcionar de manera adecuada. ¿Cuál es la producción óptima a la que sólo puede conducirnos el sabio directorio estatal y no el errático mercado? ¿Qué número de transexuales necesitan los madrileños no transexuales para seguir viviendo? El hecho de que estas preguntas nos parezcan absurdas ilustra que la propuesta del Gobierno madrileño lo es en igual medida.

Hemos pasado de un estatismo formalmente timorato a un estatismo abiertamente desinhibido; un estatismo que ha sustituido (o complementado) su subsidiariedad retórica por su preeminencia práctica. Es el Estado quien define cómo y en qué hemos de emplear nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestra libertad. Ya no se trata de que el Estado haga lo que nosotros queramos que haga, sino de que hagamos lo que el Estado quiere que hagamos.

En otras palabras, el Estado se muestra sin más medias tintas como un arma por la cual una minoría de la población explota a la mayoría o, como diría el liberal francés Frédéric Bastiat, una gran ficción a través de la cual todo el mundo intenta vivir a costa de los demás.

Esto lo podemos ver con claridad en la justificación ofrecida por la Consejería de Sanidad acerca de su renovado arrebato intervencionista con los transexuales: "Se trata de dar una respuesta a las necesidades de este colectivo".

Esta frase mete la pata en dos cuestiones esenciales. Primero, hablar de "colectivo transexual" supone caer en una de las típicas generalizaciones colectivistas que tanto agradan a nuestros políticos. Ni todos los transexuales han tenido que recurrir al dinero ajeno para operarse, ni todos los presentes o futuros transexuales han ejercido la presión sobre los burócratas para que se les concedan semejantes prebendas. En realidad, este uso ligero y simplón del lenguaje responde a un calculado objetivo de vender a la población madrileña el amañado humo de una militancia cerrada y sin fisuras entre los beneficiados por la gracia estatal.

El colectivo no existe salvo en la mente de los políticos que lo han diseñado. El transexual no integra una categoría distinta a la del común de los mortales; el hecho de que haya o quiera cambiar de sexo no es motivo suficiente para segregarlo en un colectivo apartado del resto de la humanidad. Son los políticos quienes dan auténtica carta de naturaleza a esas discriminaciones, marcando por ley a las personas en función de su arbitrario criterio caciquil.

La propuesta del Gobierno madrileño también explota a muchos transexuales que no integrarán esa categoría artificial pergeñada por la Administración. Pensemos simplemente en un transexual que ya se ha cambiado de sexo con su propio dinero; a partir de ahora, financiará la operación, coaccionado, a otros transexuales. El robo no lo perpetran los transexuales a los no transexuales, sino ciertos individuos concretos al resto de la población madrileña, entre la que también hay transexuales. ¿De qué agraciado colectivo hablamos?

Pero si el cliché gregario ya es sintomático, la concepción de un Estado que deba existir para servir intereses particulares lo es en mayor medida. La Consejería está reconociendo que el "colectivo" transexual se sirve del Estado para arrebatar dinero al resto de los madrileños, con el cual satisfacer sus fines privativos. Y dado que, como hemos visto, no existe ningún colectivo, sino sólo una suma de rapaces individuos, deberemos concluir que para la Consejería los intereses, los objetivos, los fines o los sueños de algunos madrileños son más importantes que los de otros; en otras palabras, para la Consejería, ciertos madrileños deberán vivir al servicio de otros madrileños.

Como decíamos, la coacción estatal se convierte en el instrumento por el que imponer a los demás mi escala de objetivos; a través de ella puedo utilizar a los seres humanos como medios inanimados de mis proyectos: les arrebato la riqueza que han generado y la utilizo para mi propio disfrute.

Nadie está negando el derecho de los transexuales a realizarse cuantas operaciones consideren convenientes y necesarias, muy al contrario. A lo que no tienen derecho es a realizarse esas operaciones a costa del dinero ajeno; a quedarse con la riqueza ajena e imponer sus fines particulares.

Por desgracia, en todo este asunto está muy presente el politiqueo, las burocracias y el clientelismo partidista, pero muy poco la libertad. Los transexuales tienen vía expedita para cambiarse de sexo del mismo modo que el resto de los mortales satisface sus fines cuando no parasitan al Estado: trabajando, ahorrando y pagando. El mercado sí puede proporcionar las operaciones que la gente necesita y está dispuesta a pagar: no existe ningún "fallo de mercado" que deba remedir el Estado. Lo que sobra son políticos, y lo que falta es esfuerzo personal.

Si los beneficios del cambio de sexo son puramente individuales, ¿por qué el coste de ese cambio debe provenir del trabajo y el ahorro ajenos? ¿Alguien ha preguntado a cada contribuyente por todos los fines que han dejado y siguen dejando de realizar como consecuencia del atraco fiscal? ¿Qué sentido tiene afirmar que la necesidad de cambiar de sexo resulta prioritaria sobre cualquier otra, hasta el punto de promoverla y obstaculizar las demás? ¿También se trata de un asunto urgente y fundamental para aquellos que no quieren cambiarse de sexo y que sin embargo están obligados a pagar?

Si los políticos quieren ser misericordiosos con ciertas personas, nadie les impide serlo; pero que lo paguen de sus bolsillos. Ser generoso con el dinero ajeno resulta tremendamente sencillo e hipócrita. Estamos ante un cochambroso pasteleo electoralista entre una parte del Estado y ciertos chupasangres bien colocados. Como siempre, el contribuyente paga la factura de esta desenfrenada orgía de votos y privilegios.

La búsqueda de la felicidad

Libertad, igualdad y fraternidad fueron los retos que se marcaron hace unos doscientos años los revolucionarios franceses. En ese tiempo se ha podido contemplar lo difícil que resulta establecer igualdades y fraternidades desde el gobierno. Pues se da por descontado que esos tres retos consistían en órdenes que el pueblo daba a sus dirigentes para que hicieran algo que cambiase su situación.

Sin embargo, poco antes, al otro lado del Atlántico, otra revolución había acuñado tres conceptos diferentes: Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. O, como decía uno de sus símbolos: ¡No Me Pisotees!

Agobiados ambos pueblos por gobiernos tiránicos, llegaron a conclusiones algo divergentes. En Francia, estaban hartos de ver como una pandilla de aristócratas aprovechados se pegaba la gran vida mientras el pueblo malvivía, por eso pusieron el énfasis en acabar con las desigualdades. En las Trece Colonias, en cambio, lo que les fastidiaba era que las intrigas en una corte al otro lado del Mar Océano les estaban impidiendo vivir a su manera, así que pusieron el énfasis en eso del déjame en paz.

En el país vecino, trataron de conseguir un gobierno lo suficientemente ilustrado y grande como para dirigir la sociedad hacia esa igualdad y fraternidad, respetando, en la medida de lo posible, las libertades.

En los Estados Unidos, en cambio, querían un gobierno suficientemente fuerte como para impedir que el vecino se metiera con la vida de uno pero no tan fuerte como para que el mismísimo gobierno hiciese lo propio.

Con el paso del tiempo, estos ideales han ido mezclándose con otros y con las necesidades del momento para determinar el rumbo de estas dos naciones. Pero la diferencia sigue ahí y sigue atrayendo a gentes con diferentes visiones de la vida.

¿Se lo ha planteado alguna vez? Imagínese que es usted más bien pobre y tiene la posibilidad de elegir entre estas dos alternativas. Puede vivir en un país donde los demás son tan pobres como usted y donde tratarán de asegurarse de que la prosperidad de usted vaya aparejada a la de los demás. La otra posibilidad consistiría en vivir en un país donde habrá con seguridad mucha gente mucho más rica que usted y donde la prosperidad de usted esté en sus propias manos.

En principio, si usted no está muy convencido de poder alcanzar un nivel de bienestar por sus propios medios o si le resulta insufrible ver como otros le adelantan, elegirá el primer país. Si, en cambio, prefiere usted ganarse el pan con su propio esfuerzo aunque eso signifique contemplar como otros se ponen las botas, elegirá el segundo.

El segundo país, mientras se mantenga fiel a estos ideales, dejará sus puertas abiertas de par en par, sabedor de que solamente atrae a aquellos que están deseosos de esforzarse porque sólo así prosperarán. Poco les importará a los autóctonos que la piel de los recién llegados sea de un color exótico o que sean un atajo de hambrientos harapientos. No harán el más mínimo esfuerzo por obligarles a adoptar el idioma o la religión local. No se meterán con ellos, simplemente les dejarán el camino expedito para prosperar. Y aquellos verán que, para conseguirlo, la mejor forma será mediante las relaciones mutuamente beneficiosas.

Pero en un país donde se adopten los ideales igualitarios, la inmigración será un peligro constante pues no habrá forma de saber quien entra impelido por el único deseo de aprovecharse de la beneficencia igualitarista. Es más, no por mucho tiempo permanecerán en ese país los creativos y los emprendedores al ver que o no puede llevar a cabo proyectos innovadores o que estos les son arrebatados para lanzarlos cual limosna al público en general. Tampoco fructificarán allí las iniciativas humanitarias pues la caridad será ya obligatoria y monopolizada. Después se hablará de fuga de cerebros, de deslocalización, de egoísmo, de perversos intereses económicos y de peligros extranjeros al tiempo que se pedirá protección para los que se quedan dentro.

España va bien

La tasa de paro ha subido en el primer trimestre de 2006 y se sitúa por encima del 9%. Sin embargo, los españoles hemos creado 907.500 puestos de trabajo en el último año haciendo que la tasa de desempleo haya bajado en algo más de un punto porcentual. La inflación de precios parece estar fuera de control. En términos interanuales se sitúa en el 3,9%, la tasa más elevada desde el año 2001. Este fuerte ritmo de incremento de los precios está causado por una expansión crediticia espectacular unida a unas menguantes tasas de ahorro. El euribor sube (ya está al 3,22%) y las endeudadísimas familias españolas tendrán que apechugar si quieren pagar las hipotecas de sus viviendas. Muchas empresas españolas pierden competitividad –por el diferencial de inflación y por las tasas negativas de productividad del trabajo– y esto se refleja en un incremento del déficit comercial. Por otro lado cabe resaltar que las cuentas públicas arrojan un superávit histórico.

Lo cierto es que la economía podría ir mucho mejor pero no va mal si nos comparamos con los decadentes países del entorno. En parte porque había cogido carrerilla durante los dos gobiernos del PP y en parte porque la política del ministerio de economía del actual gobierno no se diferencia mucho de aquella, ambas bastante menos intervencionistas que las de los gobiernos socialistas de Felipe González.

Las desatinadas acciones que dirigen a nuestra economía lentamente hacia el despeñadero proceden del resto de los ministerios. Esta gente no parece tener conciencia de que la libertad individual y el estricto respeto de la propiedad privada son los factores que determinan la salud de una economía a medio y largo plazo. La ley de igualdad, la de dependencia, los proyectos de ley sobre medicamentos, las nuevas normativas sobre construcción de viviendas, las medidas adoptadas en materia de medio ambiente, la ley de adoctrinamiento educativo, las subidas de salarios mínimos o el descarado intervencionismo energético son ejemplos cotidianos de un intervencionismo rampante.

No todo ha ido en esa nefasta dirección. Ha habido algunas honrosas excepciones. El permiso de libre circulación, residencia y trabajo en nuestro país para las personas provenientes de los países de este de Europa recién incorporados a la Unión Europea y la disposición a establecer un sistema de financiación autonómico con mayor grado de corresponsabilidad son los dos únicos ejemplos que me vienen a la mente.

Por desgracia, las próximas reformas laborales y fiscales no hacen pensar que este gobierno vaya a cambiar el rumbo socializante que emprendió hace dos años y que nos dirige hacia un futuro sombrío y falto de libertades. Si Zapatero no sufre una transmutación ideológica seguiremos padeciendo el talante autoritario adornado con sonrisitas y glamour cutre de oenegé que hunde lentamente la economía y empobrece a los españoles.

Libertad de oportunidades

Los liberales solemos afirmar que somos favorables a la igualdad de oportunidades pero no a la de resultados. En principio, contemplamos la primera como la creación de un conjunto de circunstancias homogéneas a partir de las cuales todo el mundo pueda prosperar; mientras que la segunda se correspondería con la instauración de un sistema socialista donde cada cual recibiera según sus necesidades aun cuando no hubiera aportado según sus capacidades. En realidad, la diferencia entre ambos tipos de igualdades es mucho menor de lo que parece y, por tanto, deberían merecer un rechazo similar.

Tengamos presente que la ideología del igualitarismo es una de las más perversas que han sido concebidas por el ser humano, ya que pretende reducirlo a un animal gregario cuya acción sólo es relevante y lícita en tanto sea igual a la del resto de los miembros. La finalidad y el modo de realización de la acción carecen de importancia para el igualitarismo: la bondad queda definida según su ajuste al patrón igualitario. No hay valores, ni moral, ni ética: sólo pretensión de simetría.

El liberalismo, por tanto, debería ser especialmente cuidadoso a la hora de apoyar igualitarismos con coletilla aparentemente atractiva; la igualdad de oportunidades "suena bien", pero no por ello debe ser aplaudida con efusión y utilizada como ariete contra la igualdad de resultados.

Una oportunidad es toda posibilidad de acción exitosa por parte del actor. Cuando una persona sabe cómo alcanzar un fin estamos ante una oportunidad. La oportunidad, de este modo, es una creación de la acción humana; depende de las percepciones, de los juicios y, sobre todo, de los fines del actor. A cada fin le corresponden diversas oportunidades potenciales en tanto sean creadas por el actor.

La igualdad de oportunidades yerra precisamente en este punto. No se pueden igualar las oportunidades de dos individuos porque tanto sus fines como su conocimiento acerca de cómo satisfacerlos son distintos. Igualar las oportunidades significa necesariamente igualar los fines y establecer un modo óptimo de satisfacerlos ex ante; en otras palabras, la igualdad de oportunidades requiere eliminar la libertad y establecer un sistema de planificación centralizada.

De hecho, si igualamos las oportunidades estamos indirectamente igualando los resultados. Cuando tenemos y conocemos las mismas posibilidades de acción exitosa hacia unos fines idénticos, el resultado sólo puede ser único para todos. Así mismo, en tanto los resultados fueran distintos para los diversos individuos, se generaría una distribución desigual de los medios creados "ex novo" que, en definitiva, crearía una desigualdad de oportunidades.

Tanto la igualdad de resultados como la de oportunidades, por consiguiente, requiere de una tabula rasa continuada que elimine al ser humano y su acción. El mundo debe ser planificado de acuerdo con los dictados igualitarios y no con los libres acuerdos de las partes.

Pero si rechazamos la igualdad de oportunidades, ¿qué nos queda? Pues volver a nuestros valores fundacionales: la libertad de oportunidades. Lo importante no es que todo el mundo tenga unas mismas oportunidades, sino que todo el mundo tenga la libertad de crear sus propias oportunidades; esto es, de descubrir los planes adecuados para satisfacer sus fines concretos.

De nuevo, frente al histerismo socialista que utiliza la igualdad para cercenar la libertad y el progreso, debemos recordar que las oportunidades no pueden igualarse salvo a través de la más intensa represión y siempre a costa de eliminar el bienestar de los individuos.

Ni igualdad de oportunidades ni igualdad de resultados: libertad de oportunidades.